viernes, 19 de septiembre de 2014

Mensaje del Comité Central 2014-09-19



 

La Pro Secretaría de Cultura y Recreación da a conocer nuevos convenios.


Creciendo como la espuma


Es sabido por todos los mexicanos, que las cifras alegres que año con año nos ofrece el gobierno federal en la denominada Ley de Ingresos, más tarda en salir que en lo que se debilita y cae.
Los pronósticos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), crecimiento económico, demanda agregada, aumento de exportaciones no petroleras, etc., etc., etc. Son tan fuertes como columnas de mazapanes.
Sin embargo hay una cifra en la que generalmente siempre se queda corta: la deuda pública. Y es que este indicador cada año supera las expectativas de todos los economistas nacionales e internacionales.
Según las cifras oficiales para el año 2015 el porcentaje de endeudamiento con respecto al PIB alcanzará la tasa del 43.3% cifra que supera incluso a los Criterios Generales de Política Económica 2015 que corresponde a un 42.3%, en pocas palabras, el gobierno plantea un endeudamiento máximo de 42.3% y el propio gobierno emite una Ley de ingresos en la cual supera en un punto porcentual el nivel de endeudamiento (aunque usted no lo crea). Por si esto fuera poco, dicha tasa del 42.3% el ejecutivo propone que se logre hasta el 2018, justo en año electoral, en el cual la historia refuta con el hecho de que en dichos años el endeudamiento aumenta.
En contraste, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) calcula que al final del sexenio de Enrique Peña, la tasa de endeudamiento será del 51% del PIB con la cual, la próxima administración se verá forzada a realizar de manera inmediata una nueva reforma fiscal que incentive la generación de más ingresos.
Por su parte  el Instituto Mexicano de Contadores Públicos argumentó que de seguir esta tendencia en el crecimiento del endeudamiento México tendría una deuda del 100% en 2026. Si echamos una mirada a la Ley de Ingresos  para el año 2014, observamos que las estimaciones para el endeudamiento para 2014 era del 40.5% y para el 2015 del 41.0%, con lo que queda demostrado que la realidad siempre supera las expectativas. Según analistas económicos internacionales la tasa de endeudamiento actual de México es del 48.48%. no muy lejos del que propone el CIEP
A manera de corolario afirmamos: en México no crece la economía, no aumenta el salario, no aumenta el bienestar, en México lo único que crece como la espuma es el endeudamiento público; el endeudamiento de todos los mexicanos.

Hugo Garrido

Ratifica Senado a “tecnocracia dorada” en organismos energéticos

PROCESO 


18 de septiembre de 2014
Destacado
Sesión en el Senado. Foto: Octavio Gómez
Sesión en el Senado.
Foto: Octavio Gómez
MEXICO, D.F. (apro).- Sin modificación o comparecencia alguna, los 18 nombramientos que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado para su ratificación fueron votados a favor por PRI, PAN y PVEM, a pesar de las insistentes críticas de legisladores de PRD y PT, quienes señalaron a estos funcionarios como parte de la “tecnocracia dorada” y con claros conflictos de interés.
En una larga jornada y con “la prisa” por cumplir los nombramientos, según el priista David Penchyna, el Senado primero ratificó por 74 votos a favor y 19 en contra los nombramientos de Héctor Alberto Félix Acosta y Sergio Pimentel Vargas como comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el organismo responsable de vigilar y transparentar el nuevo régimen de contratos con los organismos privados.
Con 77 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, los senadores aprobaron los nombramientos de Marcelino Madrigal Martínez, Cecilia Montserrat Ramírez y Jesús Serrano Landeros para integrarse como comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, con influencia tanto en el sector energético como el eléctrico.
Después de una extensa discusión, por la tarde el Senado ratificó por 65 votos a favor, 12 en contra y cuatro abstenciones a los integrantes del Consejo de Administración de la CFE por orden escalonado: Rubén Filemón Flores García (hasta 2016), Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo (2017); a José Mario Molina Pasquel y Henríquez (2018), y a Enrique de Jesús Zambrano Benítez (2019).
En el caso de los nuevos consejeros independientes del Consejo de Administración de Pemex, fueron aprobados por 66 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones los siguientes especialistas: Albert Tiburcio Celorio (2016); Octavio Francisco Pastrana (2017); Jorge José Borja Navarrete (2018); Jaime Lomelín Guillén (2019), y Carlos Elizondo Mayer Sierra (2020).
En el caso del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, nuevo organismo que administrará los fondos derivados de los contratos y de la renta petrolera, fueron ratificados por 69 votos a favor, 15 en contra y una abstención, los siguientes exfuncionarios: Rafael Rangel Sostman (2015); Luis Téllez Kuenzler, uno de los más cuestionados por PRD y PT (2017); Federico Reyes Heroles González Garza (2019), y Arturo Manuel Fernández Pérez (2021).
Posiciones encontradas
Desde la mañana, la senadora Dolores Padierna, del PRD, presentó un voto particular en contra, argumentando que estos nombramientos son resultado de “acuerdos cupulares” entre PRI y PAN, y que son el reflejo de “la captura política de muchas instituciones”.
Padierna mencionó que se trata de “cuotas y cuates” y que los perfiles de los aspirantes responden a intereses políticos y económicos específicos.
La perredista destacó el caso de Luis Téllez como el “mejor ejemplo de la simbiosis del funcionario público-gerente privado”.
A su vez, Manuel Bartlett, del PT, criticó que en algunos casos, como Marcelino Madrigal, ni siquiera viven en México, sino en Washington, y consideró que los consejeros propuestos en CFE, Pemex y el Fondo Mexicano del Petróleo no representan los intereses nacionales sino que están vinculados a los intereses de “las grandes trasnacionales”.
En la sesión del pleno, Rabrindanath Salazar, Benjamín Robles, Enrique Mayans y Fidel Demédicis, todos del PRD, reprocharon que ninguno de los candidatos haya comparecido ante comisiones, a pesar de que tendrán en sus manos el manejo de la riqueza energética del país y serán los responsables de hacer cumplir la reforma energética.
El senador Alejandro Encinas, del PRD, argumentó que se trata de una “coalición conservadora” encabezada por PRI y PAN.
También cuestionó la falta de neutralidad de varios de los propuestos, ya que coinciden en una misma línea ideológica para desmantelar las principales industrias energéticas.
Por su parte, los priistas David Penchynna y Ernesto Gándara Camou defendieron tanto el perfil de los aspirantes como el procedimiento para ratificarlos en el Senado.
Penchyna reprochó a los perredistas el que hablaran “medias verdades” y “calumnias” en contra de los aspirantes. “No hay uno solo que no acredite tres requisitos: experiencia académica, trayectoria pública en el sector energético y algunos experiencia privada”.
El priista de Hidalgo argumentó que ni los consejeros de Pemex, CFE o del Fondo Mexicano Petrolero tienen “filiación partidista” ni han tenido cargos de elección popular.
Por el PAN fueron pocos los senadores que hicieron uso de la tribuna para defender el dictamen. Francisco Cabeza de Vaca afirmó que estos perfiles garantizarán “la autonomía operativa y de gestión” y su intervención no involucrará injerencias foráneas.

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Tiene Pemex pasivos laborales por cerca de un billón 113 mil millones de pesos


Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2014, p. 37 


Petróleos Mexicanos (Pemex) calculó en unos 85 mil 600 millones de dólares (alrededor de un billón 113 mil millones de pesos) el monto del pasivo que adeuda a sus trabajadores como jubilaciones, pensiones y otras prestaciones para el retiro.
La petrolera mexicana remitió un informe a la Comisión de Valores y Cambios (SEC) de Estados Unidos, órgano regulador del mercado de valores de ese país, donde calculó en ese monto el tamaño del pasivo laboral y explica que deberá ser el gobierno federal quien lo asuma para estar en condiciones de afrontar la apertura del mercado energético en el país.
Se sabe además que desde el año pasado, y apoyados por la Secretaría de Hacienda, altos funcionarios de Pemex mantienen negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para modificar las condiciones del contrato colectivo de trabajo e impulsar un cambio en el régimen de pensiones para el establecimiento del sistema de cuentas individuales.
Adicionalmente otros documentos oficiales distribuidos entre inversionistas hacen referencia a que la provisión por beneficios a los empleados representa aproximadamente 50 por ciento de los pasivos totales de Pemex.
En el informe remitido a las autoridades del mercado de valores de Estados Unidos, Pemex explica que la legislación secundaria (de la reforma energética) permite al gobierno mexicano asumir una parte de nuestra reserva sin fondos para las pensiones de jubilación y primas de antigüedad, que al 31 de diciembre de 2013, era equivalente a aproximadamente 85 mil 600 millones de dólares. A su vez, nos veremos obligados a renegociar el contrato colectivo de trabajo entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y modificar el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios con el fin de cumplir algunas condiciones, entre otras, ofrecer a nuestros nuevos empleados planes de retiro individualizados con aportaciones definidas a través del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Sobre el elevado adeudo por pasivo laboral, en su más reciente informe financiero Pemex explicó a inversionistas que ya arrancó la operación de un plan de pensiones por beneficios definidos, el cual “requiere que se hagan aportaciones a un fondo administrado por separado. El costo de la prestación bajo el plan de beneficios definidos se determina utilizando el método de valuación de crédito unitario proyectado. Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen en otras partidas de resultado integral en el momento en que se determinan.
El costo por servicios pasados se reconoce como un gasto en el periodo en el que se determinan. El activo o pasivo por beneficios definidos comprende el valor presente de la obligación por beneficios definidos, menos el valor razonable de los activos del plan de los cuales las obligaciones deben liquidarse directamente.
Un reporte realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la revisión de la cuenta pública 2012 menciona que ese año Pemex “contaba con un total de 95 mil 617 pensionados, de los cuales 76 mil 941 fueron pensionados por jubilación y 18 mil 676 correspondieron a pensiones por viudez y orfandad, el incremento promedio anual de 2007 a 2012 fue de 4.3 por ciento, al pasar de 77 mil 620 a 95 mil 617 en 2012, a diferencia del incremento promedio anual de trabajadores activos que creció en promedio anual 1.2 por ciento, al pasar de 117 mil 842 a 125 mil 260, por lo que la proporción de pensionados por trabajador activo se incrementó de 65.9 por ciento en 2007 a 76.3 por ciento en 2012.


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Acuerda CNTE con Gobernación reiniciar las mesas de diálogo

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Integrantes de la CNTE marcharon ayer del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir la reapertura de una mesa nacional de negociaciónFoto Carlos Ramos Mamahua
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2014, p. 49
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron con la Secretaría de Gobernación (SG) reiniciar las mesas de diálogo estado por estado a partir de la próxima semana, a fin de concretar acuerdos muy precisos sobre la regularización de plazas a docentes en servicio, la solución a los casos de profesores cesados y frenar todo acto de represión administrativa y laboral, afirmaron dirigentes magisteriales.
Al mediodía decenas de maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, así como estudiantes normalistas guerrenses, marcharon del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir la reinstalación de las mesas de negociación.
Previamente al encuentro, integrantes de la Comisión Única Nacional de Negociación sostuvieron una reunión para definir los puntos centrales que se abordarían al reiniciar las conversaciones con funcionarios del gobierno federal, donde ratificaron que las movilizaciones del magisterio disidente no se van a suspender, porque sigue en pie una de nuestras demandas principales, que es la abrogación de la reforma educativa.
Tras ingresar a la sede de la SG poco después de las 13 horas, estudiantes normalistas participaron en un mitin en las inmediaciones del Palacio de Covián, donde exigieron que las secretarías de Educación Pública y Hacienda otorguen las plazas que se requieren en las comunidades más alejadas y de mayor marginación de Guerrero, donde no hay maestros debido a la alta tasa de jubilaciones.
Estudiantes de segundo y tercer años de la licenciatura en educación primaria de la Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron que las instituciones de formación inicial para maestros están en total abandono, no sólo en su infraestructura, equipamiento y acceso a materiales didácticos. Hay un deterioro acelerado de la plantilla docente, que no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para formar a futuras generaciones de docentes.
Agregaron que a esto se suman las condiciones de hacinamiento en dormitorios y áreas comunes, así como la baja calidad de la alimentación del internado, pues sólo contamos con 50 pesos diarios para los tres alimentos, lo que hace que las raciones sean escasas y de mala calidad.
Por su parte, Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 del DF, señaló que tras la reunión con el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava se aprobó que la próxima mesa nacional de negociación se convocará el 23 de septiembre a las 18 horas, a fin de definir un calendario de reuniones con maestros de cada uno de los estados.

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Aeroméxico y ASSA ponen fin a conflicto que arrastraban desde 2013

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18 de septiembre de 2014
Nacional
Un avión de Aeroméxico en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Foto: Benjamin Flores
Un avión de Aeroméxico en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Aeroméxico y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) anunciaron el fin del conflicto de naturaleza económica que mantenían desde el 2013.
Casualmente, el acuerdo coincide con el 80 aniversario de la aerolínea.
En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que el convenio consistió en dar certidumbre laboral para la contratación de nuevos sobrecargos en el marco del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.
“Las nuevas condiciones laborales que tendrán los futuros sobrecargos permitirán reforzar el plan de negocios de Aeroméxico en el corto y mediano plazos, lo que se traducirá en beneficio de clientes, colaboradores, socios comerciales e inversionistas”, dijo.
El secretario general de ASSA, Ricardo del Valle, indicó: “La sensibilidad mostrada por Aeroméxico fue fundamental para alcanzar un acuerdo que le permite a la planta de sobrecargos contar con condiciones laborales adecuadas y abre los espacios para la creación de empleo. Hemos logrado construir una nueva relación de respeto y entendimiento con la empresa para mantenernos como líderes en el mercado”.
A su vez, el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, señaló:
“La aerolínea reconoce la disposición mostrada por la dirigencia de la ASSA para encontrar condiciones laborales que promueven la productividad de nuestros compañeros sobrecargos, al mismo tiempo les brinda la posibilidad de desarrollo en la empresa.
“Los sobrecargos de Aeroméxico son los más calificados de la aviación nacional y por ello constituyen un activo muy valioso para la empresa”.
Por su parte, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, expresó su beneplácito por este “gran acuerdo”.

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Burócratas de Michoacán reanudan paro

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El mediodía de ayer el lider del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán, Antonio Ferreyra Piñón, anunció que 3 mil 700 empleados de todas las dependencias del gobierno del estado pararon labores en demanda de aumento salarialFoto Iván Sánchez
 
 
Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2014, p. 43
Morelia, Mich., 18 de septiembre.
Más de 7 mil 500 trabajadores sindicalizados del Poder Ejecutivo estatal colocaron la mañana de este jueves las banderas rojinegras para continuar la huelga que iniciaron el 22 de abril y que suspendieron el primero de mayo después de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente.
Antonio Ferreyra Piñón, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe), afirmó que la justicia federal resolvió en su favor el amparo que interpusieron después del fallo mencionado.
Ferreyra Piñón sostuvo que el paro terminará cuando sean atendidas sus demandas de 20 por ciento de incremento al salario directo y revisión de prestaciones laborales. Dijo que varios trabajadores han sido amenazados por funcionarios.
A las 68 dependencias estatales que participaron inicialmente en el paro se sumarán las oficinas descentralizadas. Sólo habrá servicios de salud, seguridad, protección civil, bomberos y otros en caso de emergencia, añadió,
José Miguel Jiménez Martínez, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, explicó que no ha recibido la resolución del juzgado séptimo de distrito sobre el amparo que interpuso el Staspe; además, esta resolución no definiría la sentencia, pues la otra parte podría recurrir a instancias superiores. No hay ningún fallo definitivo en favor del sindicato, por lo que, nuevamente, este paro es ilegal, enfatizó.
El dirigente sindical informó que se reunió con el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, pero no lograron acuerdos porque las autoridades estatales desconocen la legalidad del paro.
En conferencia de prensa, Oseguera emplazó al Staspe a liberar las oficinas y a reanudar actividades; advirtió que la administración estatal no permitirá que los trabajadores actúen al margen de la ley.
Fuentes de la administración estatal sostuvieron que el sindicato hizo una interpretación errónea del fallo el juez. Por tanto, el gobierno del estado comenzó a levantar actas administrativas; también se podrían aplicar descuentos.
En abril, cuando aún estaba al frente del gobierno estatal Fausto Vallejo Figueroa, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga. Los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, que junto con los de confianza y eventuales suman más de 14 mil, levantaron la huelga, pero de inmediato tramitaron un amparo.

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Chalchihuapan: Deudos y víctimas demandarán ante la PGR a Moreno Valle

Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie. Foto: Octavio Gómez
Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie.
Foto: Octavio Gómez
PUEBLA, Pue. (apro).- Los deudos y las víctimas de la represión policiaca en los municipios Chalchihuapan, Ajalpan y Tehuacán alistan una demanda colectiva contra el gobierno de Rafael Moreno Valle, que en los próximos días será presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Así lo confirmó el alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien detalló que una de las denunciantes es la madre de José Luis Tehuatlie Tamayo, el menor que perdió la vida a consecuencia del proyectil disparado por la policía estatal durante el desalojo en la carretera Puebla-Atlixco, en julio pasado.
“El gobernador Moreno Valle no puede deslindarse de lo que ocurrió, decir que lo de Chalchihuapan fue un caso aislado, porque la policía también disparó antes contra habitantes de Ajalpan y de Tehuacán, y con eso se confirma que esa es una forma de actuar de su gobierno. Sólo él pudo ordenar eso”, precisó.
Incluso, recordó que en el caso de Ajalpan la policía también hirió en la cabeza a un niño, cuya familia se fue del pueblo o se encuentra desaparecida después de ese incidente.
Montes Bautista criticó también la indagatoria realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que derivó en una recomendación contra el gobierno de Moreno Valle. En su opinión, el presidente del organismo, Raúl Plascencia, buscó quedar bien “con Dios y con el diablo”.
La recomendación, subrayó, no genera justicia porque exonera y protege al gobernador al darle la posibilidad de que su misma administración se encargue de investigar las irregularidades que se cometieron en contra de los pobladores.
“Es claro que hubo una negociación antes de emitir la recomendación”, recalcó el alcalde.
Y descartó que los pobladores vayan a colaborar en las investigaciones que encabezará el recién nombrado fiscal especial Antonio Pérez Bravo, quien además tiene un pasado “cuestionable” si se toma en cuenta que fue el encargado de sostener la tesis del supuesto suicidio de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa.
“¿A poco le vamos a entregar (al fiscal) los cartuchos que tenemos? Si se los damos nos quedamos sin nada. No, cómo vamos a confiar”, exclamó Montes.
En su sexta recomendación al gobierno poblano, la CNDH establece que el gobernador debe instruir “a quien corresponda” para que ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo.
El encargado de dar cumplimiento a las recomendaciones del organismo de derechos humanos, Juan Pablo Piña, jefe de la oficina del gobernador, anunció que la disculpa se dará en breve, pero que al evento sólo acudirían representantes de las secretarías de Seguridad y de Gobierno, así como de la Procuraduría General de Justicia del estado.
En respuesta, el alcalde de Chalchihuapan advirtió que no asistirán a un acto así, porque carece de validez para las víctimas y sus familiares, quienes consideran que el responsable directo de lo ocurrido el pasado 9 de julio es Moreno Valle.
“Sólo acudiríamos si el gobernador pide disculpas, porque al final él es el culpable, porque él fue quien dio la
orden. No puede ser tan cobarde de esconderse o poner a otra persona a hacer este trabajo”, reclamó.
El alcalde acusó que aun después de la recomendación emitida por el organismo de derechos humanos, el gobierno poblano mantiene una actitud de “soberbia” que le impide aceptar su responsabilidad en los hechos, al grado que hasta ahora ningún funcionario ha buscado un acercamiento con Elia Tamayo, madre del niño fallecido, ni con las otras ocho personas que resultaron heridas de gravedad durante la represión policíaca, para iniciar la reparación de daños, tercera recomendación de la CNDH.
Y luego de considerar que el ombudsman se prestó para “blindar” a Moreno Valle, manifestó que el dictamen que emitieron los peritos servirá de base para recurrir a otras instancias y exigir que se haga justicia.
Museo de la represión
El alcalde Javier Montes Bautista anunció que para evitar que quede en el olvido la violencia ordenada por el mandatario estatal en las comunidades indígenas de Puebla, instalarán en Chalchihuapan un Museo de la Represión, sobre todo para frenar a Moreno Valle en su intento de ser candidato a la presidencia de la República.
“Es para que esto no se vaya quedando en el olvido de aquí al 2018. Con el apoyo de la comunidad vamos a montar un museo con las fotografías, los vídeos, los testimonios, con todos los artefactos que recolectamos. Que quede para la historia lo que ocurrió aquí y lo que ha pasado en otros pueblos durante el gobierno de Moreno Valle”, precisó.

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Quinta marcha para demandar la renuncia de Rafael Moreno Valle

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Miles de integrantes de organizaciones civiles marcharon ayer por el centro de la ciudad de Puebla en demanda de que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas deje el cargo y sea sometido a juicio políticoFoto Rafael García Otero
Mónica Camacho
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2014, p. 41
Puebla, Pue., 18 de septiembre.
Unas 13 mil personas, entre integrantes de diversas organizaciones sociales, maestros y pobladores de comunidades marcharon en esta ciudad para exigir la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Fue la quinta movilización contra la administración estatal a raíz de la represión policiaca del 9 de julio en Chalchihuapan, la cual provocó la muerte del adolescente José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y dejó 40 heridos de gravedad.
Los manifestantes recorrieron cuatro kilómetros desde el centro de la ciudad hasta Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno, donde acusaron que el resolutivo que el 11 de septiembre emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte del menor fue insuficiente porque no derivó en un juicio político en contra del mandatario local.
Un orador exigió a la administración estatal cumplir las recomendaciones de la CNDH y sancionar a los responsables de la muerte del Tehuatlie Tamayo.
Otros grupos se sumaron a la protesta para repudiar cinco proyectos impulsados por el gobierno estatal sin aval de los ciudadanos, entre los que destaca la privatización del servicio de agua potable y el cierre de las oficinas de registro civil en las juntas auxiliares.
Los inconformes repudiaron el apoyo de la administración estatal a la instalación del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl, el intento de expropiación de terrenos para construir un parque temático en San Andrés y San Pedro Cholula, así como la remodelación del Parque Ecológico de la capital, que pone en riesgo un aviario con ejemplares de 200 especies.
Entre las organizaciones que se manifestaron estaban la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la cual exigió la reinstalación de maestros despedidos por el gobierno estatal debido a que se negaron a hacer la prueba Enlace–, el Movimiento Nacional Los de Abajo, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre y el Movimiento Independiente de Organizaciones Campesinas, Urbanas y Populares.
Los miles de asistentes abarrotaron uno de los sentidos de la avenida Juárez, la cual se extiende a lo largo de 10 calles antes de dar acceso al primer cuadro de la ciudad.
Camino a Casa Aguayo, la marcha hizo tres escalas: en las oficinas de Tv Azteca Puebla para denunciar el cerco informativo de los medios oficiales contra las movilizaciones; en el Congreso del estado, donde se exigió la derogación de la llamada ley bala, por propiciar represión contras las comunidades, y en palacio municipal, donde despacha el edil capitalino, Antonio Gali Fayad, ex secretario de Infraestructura de Moreno Valle.
Los manifestantes encontraron los inmuebles públicos cerrados deliberadamente. Las oficinas del ayuntamiento de Puebla estaban custodiadas por 50 granaderos con equipo antimotines.

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Dictan formal prisión a líder yaqui


18 de septiembre de 2014
Estados
Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, y Tomás Rojo, consejero. Foto: Germán Canseco
Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, y Tomás Rojo, consejero.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F., (apro).- El Juez Tercero de Distrito en Hermosillo dictó la tarde del miércoles pasado auto de formal prisión contra el líder yaqui Mario Luna Romero por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.
La defensa del inculpado había solicitado la ampliación del término constitucional, pero el juzgador determinó iniciar formalmente el juicio en contra de Luna Romero por delitos que le pueden costar hasta 14 años de prisión.
Luna, uno de los principales opositores al Acueducto Independencia, ideado por el gobernador Guillermo Padrés Elías, fue aprehendido el pasado miércoles 11 en Ciudad Obregón, Sonora, por hombres armados vestidos de civil que tripulaban cuatro camionetas.
Luego de la detención, el convoy, presuntamente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no lo presentó ante un agente del Ministerio Público en Ciudad Obregón, sino que lo mantuvo incomunicado y lo trasladaron vía aérea a Hermosillo.
Luna fue acusado de privar de su libertad, en junio de 2013, a otro yaqui, Francisco Delgado Romo, quien está desaparecido desde finales de agosto de este año.
Luna Romero, Tomás Rojo Valencia son los rostros visibles del movimiento de la etnia Yaqui en contra del Acueducto Independencia, la principal obra del gobernador panista y contra ambos existe orden de aprehensión.
En entrevista telefónica con El Norte, Rojo Valencia atribuyó la detención de Mario Luna a una persecución política porque el delito de privación ilegal que se le imputa no está considerado en la tradición indígena.
Según su dicho, al momento de atar y azotar a Francisco Delgado Romo, solo se cumplía con esa justicia tradicional indígena.
Por su parte, el exgobernador yaqui del pueblo de Vícam, Guadalupe Olea Sombra, relató en su lengua natal, que el 8 de junio de 2013, el yaqui Francisco Delgado Romo estuvo a punto de arrollar con una camioneta a una mujer y su hijo, por lo que cinco miembros de la autoridad tradicional ordenaron detenerlo y castigarlo, según usos y costumbres.

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Despiden a 153 policías que “instigaron” al paro laboral en Oaxaca


18 de septiembre de 2014
Estados
MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Alberto Esteva Salinas, despidió a 153 elementos de la Policía Estatal Preventiva que presuntamente instigaron al paro laboral que este jueves cumplió cinco días.
La dependencia también instaló una mesa para recabar la firma de lealtad del resto de los uniformados, con el objetivo de que regresen a sus labores de inmediato.
El titular de la SSP y aspirante a la gubernatura advirtió que la seguridad pública no puede suspenderse ni condicionarse, y que por esa razón decidió dar de baja a 153 uniformados por “agitadores”, además de iniciarles procesos penales a esos elementos.
“Estos elementos incitadores no se movieron solos, lo hicieron obedeciendo intereses políticos para dañar a Oaxaca, y su castigo es que salgan de la corporación”, justificó el funcionario.
No obstante, dijo que el resto de los elementos tiene la oportunidad de acercarse para demostrar su lealtad y en lo inmediato regresar a sus actividades normales.
Además, resaltó que poco más de 353 efectivos, la mayoría empleados administrativos, han desistido del paro y se han reincorporado a sus labores.
Sobre los reclamos de los inconformes, Esteva Salinas insistió en que ya se pagaron 2.5 millones de pesos en viáticos retenidos, se liberaron un millón 400 mil para útiles escolares y se ofreció un aumento de 40% en los montos por alimentación.
Los instigadores del paro, denunció, tienen en su poder todo el parque vehicular, así como 2 mil armas de alto poder, dentro del cuartel que mantienen bajo su control.

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FARSA ELECTORAL LA CAMPAÑA DE SALARIO DIGNO DEL PAN

*El Salario Mínimo Debería ser de Mil Pesos Diarios Para que sea Constitucional:CAM

 Como nunca en la historia contemporánea de México representantes de derecha e izquierda presentaron iniciativas de ley a favor del incremento al salario mínimo pero, principalmente en el caso del Partido Acción Nacional (PAN), que se fundó para proteger los intereses patronales, todo es una farsa electorera, opinó el maestro en Economía, Luis Lozano, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (CAM_UNAM).

Para que el ingreso básico de los trabajadores cumpla con los requisitos constitucionales se requiere aumentar a mil pesos diarios el salario mínimo que en en la ciudad de México es de apenas 64.25 pesos al día, detalló el investigador universitario.
"Hay estudios que señalan que el salario mínimo constitucional debe de ser de mil pesos diarios. Para poder comer, vestir, calzar, pagar renta, transporte, para el trabajador y su familia. ¿pero quién va a pagar mil pesos diarios, si ahora el salario mínimo en el Distrito Federal es de 64 pesos con 25 centavos, es un salario miserable".
El caso del Partido Acción Nacional (PAN), que se fundó para proteger los intereses patronales desplegó toda una campaña con pintas en bardas con la consigna de “Salario Digno para el Trabajador”. Y el jueves 04 de septiembre del 2014 entregó en la Cámara de Diputados 2 millones de firmas para que en la consulta popular de las elecciones de 2015 se pregunte a la ciudadanía si están de acuerdo con un aumento al salario mínimo.
En cambio sobre bajar el salario de los altos funcionarios públicos nadie habla. Incluso la Ley de Salarios Máximos que se aprobó durante la gestión del ex presidente Felipe Calderón para que ningún alto directivos del gobierno federal ganara más que el primer mandatario, finalmente se quedó congelada en la Cámara de Diputados, por lo que ministros, magistrados, consejeros electorales, gobernadores, ganan más de medio millón de pesos al mes. Y otros, como senadores, diputados federales, ganan hasta un cuarto de millón de pesos. (Leer Noticia Relacionada: PAGAREMOS MÁS IMPUESTOS PARA LOS SALARIAZOS PARA ALTOS FUNCIONARIOS link: http://www.frecuencialaboral.com/salariazosaltosfuncionarios2014.html)
En entrevista con Frecuencia Laboral el coordinador colegiado del CAM-UNAM, Luis Lozano, recordó que durante los dos sexenios que gobernó el PAN en México, lo que hizo fue afectar los derechos de los trabajadores, provocó el desempleo masivo de mineros y electricistas para favorecer a los empresarios y no se registró aumento salarial real.
El maestro Lozano, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, señaló que de acuerdo a sus estudios la pérdida del poder adquisitivo fue del 45%, entre 2006-2012, durante el sexenio que gobernó el panista Felipe Calderón. ( Leer el estudio del CAM: COTE DE CAJA EN EL CALDERONAZO...CAE EL PODER ADQUISITIVO 45.11% )
Pero eso se debe interpretar como una campaña electorera, advirtió el coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, maestro en economía, Luis Lozano.
"Pienso que con esa consulta el PAN trata de atraer votos para las elecciones del año próximo. Es una posición que tiene en el ámbito del oportunismo, porque la razón de ser del Partido Acción Nacional fue defender al sector patronal y sigue siendo...Cuando estuvo Calderón a los que les aumentó muchísimo el ingreso fue a las fuerzas públicas, a la policía al ejército. Les aumentó cerca del 100 por ciento, lo que no se ha dado con los trabajadores que viven de su ingreso".
Por su parte el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, entregó en el martes 02 de septiembre del 2014 tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores su propuesta para que deje de utilizarse el salario mínimo como parámetro de multas y aumentos a otros precios.
El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG, dijo ante los senadores que recibieron la propuesta que el salario mínimo en Mëxico, en el mercado laboral es un factor de reproducción de la pobreza y reporta una pérdida del poder adquisitivo del 75 por ciento.
Y agregó que ya se están recuperando los empleos que en la ciudad de México se perdieron con las crisis de los gobiernos federales panistas. Sin embargo, los empleos recuperados son y están por debajo de las percepciones que se tenían previas a la crisis. 

Desempleo en Ecuador se sitúa en el 3,91%, el más bajo de la región


El desempleo cayó un 25 por ciento, al pasar del 5,22 por ciento en junio de 2008 al 3,91 por ciento en junio de 2013.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) de Ecuador, informó que Ecuador presentó la tasa de desempleo más baja de América Latina durante el 2013.
De acuerdo con declaraciones del vicepresidente andino, Jorge Glas, “más de un millón 264 mil familias gozan de seguridad social”.
Según datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), las cifras entorno al desempleo en Ecuador, permitieron que por primera vez la ocupación plena (52 por ciento, en 2013) supere al subempleo, que se sitúa en 43 por ciento.
De acuerdo a lo señalado por el Inec el desempleo cayó un 25 por ciento, al pasar del 5,22 por ciento en junio de 2008 al 3,91 por ciento en junio de 2013.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) atribuye estos logros a las políticas laborales, así como al estímulo para la contratación formal de trabajadores.
Producto de estas política se ha reducido la tercerización laboral y el abuso del contrato por horas. Por ello, actualmente 70 mil personas con discapacidad tienen empleo con salarios dignos.
Según el presidente Rafael Correa, la política neoliberal convirtió al “trabajo humano en un instrumento de acumulación del capital, y en nombre de la competitividad precarizó las relaciones laborales”.
Durante los 7 años de gobierno, el Ejecutivo proclamó como principio fundamental del socialismo del Buen Vivir “la supremacía del trabajo humano sobre el capital”.
Telesur 

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Policía de EEUU asesina a otro joven afroamericano en Utah


Agentes de la policía de Utah asesinaron esta semana a otro joven afroamericano, el tercero en dos meses abatido por autoridades norteamericanas, hecho denunciado por la madre de la víctima como crimen racial.
Darrien Hunto, de 22 años de edad, vestía un disfraz de un personaje de una serie animada japonesa, por lo que llevaba una espada samurai de juguete y se le “confundió” con una persona sospechosa previamente reportada por los cuerpos policiales.
Familiares de la víctima y su abogado denunciaron que los agentes dispararon en seis oportunidades al joven afroamericano, lo que ocasionó la muerte rápida de Hunt, quien cayó inmediatamente al suelo.
Randall Edwards, abogado defensor del caso, reveló que gracias a la autopsia se pudo determinar que el disparo mortal fue uno recibido en el centro de la espalda, mientras otros cinco fueron recibidos en piernas, hombros, codos y manos.
Por su parte, la madre de la víctima afirmó que se trata de otro nuevo caso de tipo racial.
“Estoy en Saratoga Springs (en Utah, al oeste del país norteamericano) porque es una pequeña comunidad segura, y lo mataron. Mataron a mi hijo porque es negro “, dijo la madre de Hunt, quien agregó “ningún chico blanco con una espada sería disparado mientras está huyendo”.
El caso de Hunt se suma al asesinato del joven afroamericano Michael Brown, de 18 años de edad, en Ferguson, una localidad cercana a San Luis, Missouri, y al de otro joven afroamericano de 23 años de edad.
AVN 

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Recortará Microsoft otros 2,100 puestos de trabajo

Afp
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2014, p. 34
San Francisco, 18 de septiembre.
Microsoft dio a conocer que reducirá otros 2 mil 100 puestos de trabajo en la segunda vuelta de recortes anunciada a principios de año. El gigante tecnológico estadunidense anunció en julio sus planes de eliminar en total 18 mil puestos de su red mundial a lo largo de este año, en su mayoría personal de la recién adquirida unidad de telefonía de Nokia.
En la primera ronda, Microsoft sacó de su plantilla a 13 mil trabajadores. Hoy hemos dado otro paso en el proceso, con la eliminación de unos 2 mil 100 empleos, sostuvo Microsoft este jueves en un correo electrónico en respuesta a una consulta realizada por Afp. Las reducciones que tienen lugar hoy estarán distribuidas en distintas unidades de negocio, en diversos países.
Microsoft mencionó que continuarán los recortes de la forma más cuidadosa, ofreciendo paquetes de indemnización para aquellos cuyos puestos sean eliminados. El total de la reducción de personal anunciada en julio es la mayor jamás realizada en la compañía y tiene lugar a raíz de que el jefe ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, apostara por darle un nuevo foco de la compañía y a la vez integrar a la división de teléfonos de Nokia.

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jueves, 18 de septiembre de 2014

La Revolución de las Canas 2014-09-18

Grupo México pone en riesgo vidas: diputados

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Oferta de trabajo del consorcio minero, donde el único requisito es ‘‘no ser de Cananea’’Foto La Jornada
Alma E. Muñoz y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de septiembre de 2014, p. 3
El pleno de la Cámara de Diputados exigió la suspensión inmediata de las actividades de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, y concluyó que Grupo México es una empresa que gana 4.4 millones de dólares diarios a costa de la pobreza de los sonorenses y de poner en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
Ayer, la cámara validó el informe de la comisión especial que investigó el derrame de sulfato de cobre, la cual anunció que documentará la violación a las leyes por parte de la minera para exigir a la Secretaría de Economía (SE) cancelar la concesión a Grupo México.
Además, aceptó exigir que ese consorcio –encabezado por Germán Larrea– asuma la carga completa del costo social y constituya un fondo regional con un piso mínimo de 5 mil millones de pesos, que permita detonar el desarrollo que la minera ‘‘le ha escamoteado’’ a Sonora.
Los legisladores determinaron que el gobierno de Sonora, a cargo del panista Guillermo Padrés Elías, no aplicó los protocolos de protección civil y recomendaron al gobierno federal estrechar la vigilancia y supervisión a Buenavista del Cobre.
El pleno aplicó el término ‘‘responsabilidad en forma estricta’’ al consorcio minero porque, explicó, desde el punto de vista económico esto evitará la socialización de costos y la disputa por distribuir responsabilidades.
Daños que prevalecerán
Acotó que si bien un primer informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere daños económicos de más de 702 millones de pesos, los perjuicios en la calidad del agua, la salud de los habitantes y la economía de Sonora prevalecerán durante varios años.
También aceptó solicitar al gobierno federal aplique una sanción ejemplar, penal, social y administrativa a la empresa de Germán Larrea ‘‘y a los mandos directivos que resulten responsables’’ de lo que la Cámara de Diputados definió como una catástrofe causada por la indolencia de la minera, ‘‘que incurrió en delitos en materia ambiental’’.
El documento aprobado este miércoles cuestionó que la minera tiene un historial negativo y de impunidad, no protege la salud de sus trabajadores, a los que únicamente proporciona mascarillas de papel, y por tanto ‘‘no puede ser considerada empresa socialmente responsable’’.
La comisión propuso que se haga una evaluación de los daños en dos etapas: determinar las consecuencias biofísicas del derrame tóxico, y cuantificar las pérdidas económicas asociadas a las consecuencias biofísicas.
Al respecto, consideró que la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, es estrictamente responsable por tres tipos genéricos de costos: de mitigación y limpieza del daño; daños particulares a jornaleros, productores, comercio, ganaderos, hogares y en los niveles de morbilidad presente y futura atribuible al derrame, y por daños a recursos de la nación, aguas superficiales, recursos del subsuelo y ecosistemas.
También definió que los daños causados por el derrame incluyen, entre otros, los siguientes cambios adversos: a la sobrevivencia, crecimiento y reproducción de las especies asociadas a las actividades agropecuarias; a los procesos ecológicos; en la calidad y estructura del hábitat físico y químico humano y de la biosfera; en los servicios públicos, y en la conducta, ingreso y composición de las comunidades.
‘‘El monto de los daños es aún incuantificable y debe considerarse que el total se fije en el orden de miles de millones de pesos, considerando lo que dejaron de percibir los pobladores y añadiendo las indemnizaciones, las multas del orden administrativo que deberá pagar la minera, la responsabilidad civil y penal, así como las consecuencias en consumidores finales de productos de la región que hayan sido contaminados’’, explicó.
El pleno respaldó las observaciones de la comisión especial en su visita de inspección a Cananea, donde encontraron ‘‘indolencia y poca disposición de los responsables de Grupo México para reconocer la gravedad del daño ambiental y social, así como de hacerse cargo de las indemnizaciones y acciones que deben realizar y son responsabilidad del grupo empresarial’’.
Entre los hechos que muestran la indolencia de la compañía, los diputados mencionaron que durante el recorrido en helicóptero ‘‘se observó ganado abrevando en el río sin alguna prevención ni restricción sanitaria, que son obligatorias en situación de emergencia’’.
La Cámara de Diputados definió que la responsabilidad al causante del desastre debe incluir al menos la compensación por el valor económico-social perdido a causa del incidente, restauración física de los daños ambientales, sanciones del orden civil y penal atribuibles a los factores causales del derrame y suspensión indefinida de la extracción y transformación de cobre.
Al respecto, planteó que las autoridades correspondientes cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, a aguas nacionales y a la biosfera, a corto, mediano y largo plazos, y en general los causados a los 24 mil 48 habitantes de los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.
Más aún, reprochó que Grupo México ‘‘sigue exponiendo al peligro a la población afectada’’, porque no ha realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados.
‘‘Se puede apreciar claramente que el tubo que se refiere roto y del cual emanaba la sustancia derramada no ha sido arreglado, mismo que, junto a una pileta a medio construir río abajo, y una tercera pileta que no se construyó, constituyen una clara violación a las normas que se emiten para la operación de una mina de esta naturaleza’’, detalló el informe.
Además, los diputados comprobaron que para la magnitud del derrame ‘‘se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que se retiraba del afluente se llevaba a espacio a cielo abierto junto a Buenavista del Cobre, en Cananea’’, y las únicas herramientas que utilizaban eran picos y palas.
También se recomendó garantizar servicios de salud que atiendan las repercusiones presentes y futuras provocadas por el derrame y realizar estudios para determinar si la región presenta mayor incidencia de enfermedades imputables al desastre como cáncer, malformaciones, padecimientos crónico-degenerativos y envenenamiento paulatino.

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Acusa Bernal a la empresa de Larrea de violar normatividad de la industria minera


Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de septiembre de 2014, p. 5 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados acusó a Grupo México de violar la normatividad nacional e internacional que rige la industria minera, y consideró inaceptable la falta de compromiso social de la empresa –la cual diariamente gana 4.4 millones de dólares por la extracción de riqueza nacional– para hacer frente a la problemática que generó el derrame de químicos de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora.
Marco Antonio Bernal, presidente de la comisión especial que investiga el caso, acusó la falta de disposición del consorcio para asumir su responsabilidad, ante el incumplimiento de normas ambientales y de seguridad industrial, y su falta de interés por los derechos de los trabajadores.
Desde tribuna, el también vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro preguntó: ‘‘¿Cómo explicar que el hospital en la zona esté cerrado y que, como atestiguamos (los legisladores integrantes de la citada comisión en un recorrido por la zona afectada), un requisito para contratarse como minero en esa empresa es no ser originario del municipio de Cananea, cuna de la Revolución, símbolo de los derechos sociales?’’
Advirtió que el daño ambiental y las afectaciones que alteraron la vida cotidiana en Sonora, las actividades productivas, valor de tierras, ingreso y gasto familiar, por el derrame de los químicos en los ríos Sonora y Bacanuchi siguen sin cuantificarse totalmente ni han encontrado remedio.
Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), señaló que Grupo México actúa con indolencia y su estrategia es ‘‘tratar de zafarse de la responsabilidad de haber derramado (miles) de litros (metros cúbicos) de sulfato de cobre’’, a pesar de que ‘‘gana 40 millones de pesos en media hora en un día de operaciones, el mismo monto de la multa que se le quiere imponer’’.
Expresó que a 41 días del más grande ecocidio causado por la minería en México, se carece todavía de un diagnóstico real sobre lo ocurrido y la empresa sigue sin cumplir las reglas básicas de seguridad.
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Marco Antonio Bernal, presidente de la comisión especial que investiga el caso de la mina Buenavista del CobreFoto Jesús Villaseca
‘‘Se ha publicado que para limpiar los excesos de sulfato de cobre en la tierra y en el agua, los empleados de Grupo México utilizaban máscaras de papel. Nosotros vimos que no les dan absolutamente nada; los mineros que sacan el sulfato de cobre en la parte alta del río Bacanuchi utilizan sus propias camisetas para cubrirse nariz y boca para no tener daños respiratorios, y ni siquiera sabemos cuáles serán las consecuencias’’.
La legisladora petista también advirtió sobre la falta de claridad del fideicomiso que operará para hacer frente a la situación, y alertó que en los módulos de Grupo México piden a los ciudadanos sonorenses que firmen un deslinde de responsabilidad.
En entrevista, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, llamó a que se realicen las modificaciones necesarias para determinar con mayor precisión el tipo de sanciones a que se harían acreedoras las empresas mineras que incurran en este tipo de ilícitos.
Se trata de que ‘‘no queden impunes y sobre todo garantizar los derechos y la protección de los ciudadanos frente a asuntos tan delicados y graves como el que aconteció en Sonora’’, dijo el diputado perredista.
Apuntó que hasta ahora la legislación ‘‘ha sido demasiado laxa en el marco de las concesiones; se ha sido muy complaciente con las empresas y los grupos dedicados a la explotación minera, y muy indolente frente a las exigencias de los afectados’’.
Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado José Enrique Reina Lizárraga pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que visite la zona afectada por el impacto ambiental ocasionado por Grupo México.

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Exigen diputados fondo de 5 mil mdd por derrame en Sonora

PROCESO 


17 de septiembre de 2014
Destacado
Los desechos tóxicos en el río Sonora. Foto: Tomada de Twitter @loudeer
Los desechos tóxicos en el río Sonora.
Foto: Tomada de Twitter @loudeer
MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados demandó que Grupo México instaure un fondo de desarrollo regional con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, con el fin de contrarrestar los daños que ocasionó su minera Buenavista del Cobre en los ríos de Sonora y Bacanuchi, además de sugerir la “suspensión de labores” y que se evalúe la cancelación de la concesión.
Al entregar su primer informe a la Mesa Directiva, el presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal, destacó que el consorcio “reporta ganancia de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios, como el hospital de Ronquillo”.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Manlio Fabio Beltrones, hizo suyas las recomendaciones de la comisión especial entre las que destacan la creación del mencionado fondo, adicional al fideicomiso de 2 mil millones de pesos que Grupo México aceptó crear y financiar.
Al dar cuenta de su reporte, Bernal dijo que Grupo México no puede ser considerada como una empresa socialmente responsable, “es por ello que esta soberanía recomienda la creación de un fondo de desarrollo regional solventado por la empresa, que comprenda los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, como lo son salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas, como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva y con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportados por la empresa y que con ellos se detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad”.
En sus recomendaciones cuarta y quinta, la comisión especial hizo referencia a la concesión y, aunque no propone de manera abierta su cancelación, sí lo hace de manera indirecta cuando establece:
“Hacer valer el imperio de la ley, exigiendo a todas las autoridades competentes el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables.
“Hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre SA, con el fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.
En el documento, avalado por el pleno, también se exige que el fideicomiso, propuesto por el gobierno federal y que aceptó financiar Grupo México, debe tener “un objeto”, y éste debe ser preponderantemente humano, así como “priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general a toda la población afectada de la región, con una perspectiva de largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental infligido”.
Además, destaca que el fideicomiso debe garantizar el abasto suficiente de agua potable. Este último punto, así como el de establecer “el objeto” del fideicomiso, fueron puestos sobre la mesa por los diputados Lilia Aguilar, del PT, y Alfonso Durazo, del MC, quienes supeditaron la aprobación del informe a la inclusión de esos temas, lo que obligó a los priistas a aceptarlos.

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