martes, 21 de agosto de 2018

Electricidad es vital para hospitales, un corte es un riesgo para los pacientes

Ciudad de México (David García / Energía Hoy).- En cualquier lugar y situación, mantener estabilidad en los sistemas de alimentación de las instalaciones posee una gran importancia; cuando se trata de entornos hospitalarios, resulta un elemento vital.
Si se produce un corte de suministro, la investigación crítica y las vidas de los pacientes podrían correr peligro. Para prevenir dicha situación, Schneider Electric ha desarrollado EcoStruxure™ Power, herramienta que ya se encuentra en labores dentro del Centro Médico de la Universidad de Rochester.
EcoStruxure™ Power ofrece sistemas de alimentación de las instalaciones fiables que les permiten identificar problemas potenciales antes de que un fallo afecte a las vidas de los pacientes y la investigación crítica.
Dentro de las posibilidades que ofrece la tecnología desarrollada por Schneider Electric se encuentra EcoStruxure Asset Advisor, solución que ofrece seguridad y fiabilidad a través de sus aplicaciones, analytics y servicios.
Actualmente, EcoStruxure™ Asset Advisor conecta y supervisa los equipos de distribución eléctrica más críticos de Rochester a través de la nube, enviando las notificaciones de eventos al personal de las instalaciones, advirtiéndoles con antelación de problemas potenciales.
Aquí puedes consultar:  EcoStruxure™ Power
Para colaborar con el desarrollo del centro de salud, la oficina de servicio de Schneider Electric analiza los datos de rendimiento de los equipos y proporciona observaciones para ayudar a la gerencia de la instalación a implantar recursos de manera eficiente y ayudar a evitar fallos en los equipos.
De acuerdo con Schneider Electric, la tecnología que ofrece EcoStruxure™ Asset Advisor surge luego de reconocer los desafíos que enfrenta el sector, el cual debe mantener una infraestructura de suministro que abarca 464.500 metros cuadrados de hospital e instalaciones de investigación con recursos limitados.
Además, en ocasiones se debe enviar personal propio a realizar mediciones de campo, supervisar y realizar mantenimiento preventivo en más de 26.000 partes de equipos, lo que resulta costoso, con exigencias grandes de tiempo.
Gracias a la utilización de dicha herramienta, es posible el mantenimiento predictivo basado en la condición. Aunado a esto, se obtiene casi 1 millón de dólares de ahorro derivado de la detección temprana de problemas en los equipos, lo que se traduce en una proporción de 20 a 1 en el retorno de la inversión (ROI).
Finalmente, con esto la gerencia de la instalación está tranquila al saber que sus equipos están siendo supervisados continuamente, con la garantía de eficiencia y seguridad que la marca europea ofrece.

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Así no puede haber trabajo decente ni digno TRABAJO MAL PAGADO Y SIN PENSIONES EN MÉXICO

Por el Lic. Jesús Luna Hernández,
Colaborador voluntario y especialista en Derechos Laboral
El gobierno federal e instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, realizan promociones señalando como logros que en el actual sexenio se han logrado más empleos que en los sexenios que gobernó el Partido Acción Nacional. Lo que es importante que sepamos es qué tipo de empleos se han generado y cual su beneficio económico y de seguridad social para los trabajadores.
Comenzaremos señalando que en el primer trimestre del 2018 la población que está integrada en nuestro país por 124'286,623 habitantes de estos la Población Económicamente Activa (PEA) es de 52'876,916. Los cuales están conformados de la siguiente forma:
  2017 2018
Nacional 51, 859,895 52, 876,916
Subordinados y Remunerados
 
35,692,469 36,423,725
Empleadores
 
2,415,614 2,501,688
Por Cuenta Propia
 
11,400,455 11,730,835
 
No Remunerados 2,351,357 2,220,668
 
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre, 2018. Caracterización del Mercado Laboral en México Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE - Primer Trimestre 2017 y 2018 -Julio, 2018.
•  Trabajadores subordinados y remunerados: persona que tiene un empleo a cambio del cual percibe una retribución económica en monetario.
•  Empleador: es la persona que emplea los servicios de uno o varios trabajadores a cambio de una remuneración económica en monetario o especie.
•  Cuenta propia: es el ocupado que trabaja solo o con el apoyo de integrantes de su propio hogar o ajenos, pero sin el compromiso de pagarles por sus servicios .
•  No remunerado: persona ocupada que no recibe ningún tipo de pago (monetario o en especie), por su ocupación. Aunque es susceptible de recibir algún tipo de prestaciones .
En el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, se concentra el 40.12% de la PEA, pero también donde se da la mayor concentración de la población desocupada (42.83%). Mientras que en entidades como Tlaxcala, Aguascalientes, Campeche, Baja California Sur, y Colima es donde se localiza la menor PEA. Estas entidades representan el 4.3% de la PEA Nacional.
Ahora bien ¿en qué sectores se localizan la PEA?
La PEA ocupada por sector de actividades Económicas está ubicada de la siguiente manera:
 
SECTOR 1° TRIMESTRE DE 2018
NACIONAL 52'876,916
PRIMARIO 6'720,104
SECUNDARIO 13'643,766
TERCIARIO 32'219,301
NO ESPECIFICADO 293,745
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre, 2018.Caracterización del Mercado Laboral en México Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE - Primer Trimestre 2017 y 2018 -Julio, 2018.
•  SECTOR PRIMARIO Producción Agropecuaria
•  SECTOR SECUNDARIO Manufacturas e Industria
•  SECTOR TERCIARIO Servicios
¿CUÁNTO GANAN LOS TRABAJADORES O LO QUE SE CONOCE COMO PEA?
En la siguiente tabla se presentara un comparativo con el año 2017 ya que consideramos que en un solo año se incrementó el pago de bajos salarios y esto nos refleja que tipo de empleos se generaron y su repercusión en la seguridad social fundamentalmente en los seguros de pensiones tanto de cesantía en edad avanzada y vejez, como los seguros de invalidez enfermedades profesionales y riesgos de trabajo.
RUBRO 2017
(PERSONAS)
2018
(PERSONAS)
VARIACION %
 
NACIONAL 51'859,895 52'876,916 1.96%
HASTA UN SALARIO MINIMO 7'442,463 8'645,273 16.16%
DE UNO HASTA TRES SALARIOS MINIMOS 25'480,961 25'008,476 -1.85%
DE TRES HASTA CINCO SALARIOS MINIMOS 6'601,395 6'707,166 1.60%
MAS DE CINCO SALARIOS MINIMOS 2'704,520 2'272,438 -15.98%
NO RECIBE INGRESOS 3'133.797 2'965,555 -5.37%
NO ESPECIFICADO 6'496,759 7'278,008 12.03%
 
De acuerdo con estos datos 33'653,749 mexicanos ganan hasta tres salarios mínimos lo cual es insuficiente para tener un bienestar como se señala en la Constitución Política de los Estado Unidos mexicanos en sus artículos 1°y 123 específicamente lo estipulado en su fracción VI.
El hecho que los salarios sean insuficientes se aúna que muchos trabajadores no cuentan con acceso a Instituciones de Salud para el 3° trimestre de 2018, 32'902,014 trabajadores no cuentan con algún sistema de salud y consecuentemente con ninguna posibilidad de tener derecho a una pensión.
En el programa FRECUENCIA LABORAL que se trasmite todos los sábados de 07 a 08 horas, se ha venido informando del problema que represente para los trabajadores el hecho que no sólo no tengan un salario remunerador como está estipulado en el artículo 123 de la Constitución, sino que de los 33 millones 653 mil 749 de trabajadores que ganan hasta 3 salarios mínimos, obtendrán una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez en el mejor de los casos será recibir la pensión mínima garantizada que es de un salario mínimo.
La maestra Lourdes Martínez en su libro-tesis de maestría señala que; “La mayoría de los trabajadores que son los verdaderos dueños del dinero que se deposita en las AFORES, no tendrán derecho a una pensión vitalicia con ese sistema privado porque no cubrirán los requisitos obligatorios que se imponen por la ley (CONSAR, 2017) como son:
•  Aportar mil 250 semanas de cuota
•  Cumplir 35 años de vida laboral activa
En ese lapso de tiempo el trabajador debe reunir al final de su vida laboral, un saldo total de dinero acumulado en su cuenta de retiro –densidad de cotización como le denominan- de al menos 637 mil 766 pesos, para que su pensión sea mayor a un salario mínimo”…
Esta es nuestra realidad, si tomamos como ejemplo que un trabajador gane al mes 4 mil pesos y considerando que su aportación al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez es de 6.5% más el 5% del INFONAVIT que se tomara para efectos de capital para una pensión si es que no tiene algún crédito otorgado por el INFONAVIT. El trabajador depositará en su cuenta de Afore, en 35 años de trabajo continuo aproximadamente 278 mil 698 pesos.
Amigo radio-escucha los datos los tiene a la vista lo que sigue es ¿qué piensa usted hacer? Su vejez puede estar más próxima de lo que considera. 

Mantendré la reforma educativa hasta el final: Peña; se cancelará: AMLO

Rosa Elvira Vargas y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de agosto de 2018, p. 4
Una de las mayores diferencias que existen entre el gobierno que termina y el que llegará el primero de diciembre, la reforma educativa, quedó de manifiesto en la tercera reunión entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Los cambios legales en la enseñanza mantendrán el impulso a lo que está en la ley, dijo el jefe del Ejecutivo, en tanto el presidente electo ratificó su decisión de cancelarla para dar paso a un nuevo modelo en cuya elaboración se escuchará a los maestros y a los padres de familia.
En el patio de honor de Palacio Nacional y en el día del inicio del ciclo escolar 2018-19, el presidente Peña admitió: hay una visión distinta en ambos equipos. Este gobierno promovió y publicitó ampliamente los alcances de la reforma educativa y así se mantendrá hasta el 30 de noviembre.
El cambio en el sistema de enseñanza fue ubicado siempre por esta administración como el más importante, el de mayor calado. Y ayer así lo reivindicó el mandatario: fue una reforma de fondo en cuya aplicación se habrá de perseverar en los 100 días que restan a su gestión, si bien respetará los cambios que incorpore la próxima administración.
Evidentemente, al haber una posición o una visión diferente, de haber ajustes, corresponderá al próximo gobierno la implementación de los mismos. (Pero) de algo estoy cierto: ambos gobiernos, el saliente y el entrante, buscamos que los jóvenes tengan acceso a una educación laica, gratuita, de calidad. En esto no hay disputa, sino más bien ópticas distintas sobre cómo alcanzar ese propósito.
López Obrador insistió en dejar de manifiesto que en su momento y en tiempo y forma se presentarán las iniciativas para cancelar la reforma educativa.
Un plan distinto
A partir de ahí, indicó, se dará a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias.
En tanto ello ocurre, añadió, acatará lo establecido en las leyes y se respetará el mandato constitucional del presidente Peña Nieto. La política educativa es una facultad del Estado mexicano y a éste corresponderá definirla.
Si en el proceso de cancelar esa reforma se interponen controversias, éstas deberá dirimirlas el Poder Judicial, dijo López Obrador.
Puede mejorarse mucho la calidad de la enseñanza –añadió el presidente electo– y al mismo tiempo ampliarse la cobertura, la equidad y el derecho a la educación, porque ésta no es un privilegio, sino un derecho. Todo eso se buscará con la nueva política educativa.
Enseguida precisó: tenemos que convencer, no vencer. Debemos incorporar a los maestros, porque ninguna reforma educativa se puede hacer sin ellos, porque son quienes transmiten el conocimiento en el aula. Se construirá un consenso con los profesores y los padres de familia.
Peña Nieto también fue puntual en esto: este gobierno mantendrá su actuación y el impulso al modelo educativo en términos de lo que hoy está en la ley, y el que entre el primero de diciembre hará lo propio en términos de la visión y de la óptica que ellos estén impulsando.
 
 
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Paro y falta de aulas al dar comienzo el ciclo escolar

Foto
▲ Alumnos de la secundaria técnica numero 50, en Juchitán, Oaxaca, iniciaron clases ayer a la sombra de árboles y lonas, debido a la lenta reconstrucción de sus aulas, dañadas por el sismo del 7 de septiembre pasado.Foto Diana Manzo
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de agosto de 2018, p. 26
El ciclo escolar se inició en Sinaloa con el paro de cerca de 15 mil maestros y personal administrativo de todos los niveles para exigir al gobierno del estado cubrir un adeudo de 700 millones de pesos al magisterio, informó Fernando Sandoval Ángulo, dirigente de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Explicó que la Secretaría de Educación Pública y Cultura debe a 2 mil 906 docentes 60 millones de pesos por interinatos, permisos económicos, gravidez y cuidados maternos.
Detalló además que de los 700 millones, 300 corresponden, entre otros rubros, al fideicomiso global de trabajadores de la educación y al pago de 17 días de gratificación por prejubilación a profesores del Colegio de Bachilleres.
Sandoval Angulo advirtió que ‘‘no habrá tolerancia hacia el gobierno estatal’’. Agregó que el problema fue revisado por la Secretaría de Finanzas, que prometió pagar, ‘‘y ahora sale con que no tiene recursos’’.
En Morelos y Oaxaca, afectados por los sismos del año pasado, las clases comenzaron al aire libre en varios planteles que no han sido reconstruidos.
En el municipio morelense de Zacatepec, los 120 alumnos de la telesecundaria Lázaro Cárdenas recibieron clases en el estacionamiento de la sección 72 del sindicato nacional azucarero, al aire libre y con cortinas de tela para dividir los grupos.
El director, Martín Ocampo, instó a los gobiernos federal y estatal a acelerar las obras de su plantel, y aseguró que autoridades del Instituto de Educación del Estado de Morelos acudieron un mes después del sismo del 19 de septiembre a la sede alterna, pero ‘‘ni una butaca nos dieron’’.
A los niños de la primaria Enrique Rodríguez Cano los metieron en aulas de plástico instaladas en el campo deportivo del ingenio azucarero Emiliano Zapata. En Jojutla, el municipio más afectado por el sismo, se usaron aulas improvisadas.
En Juchitán, Oaxaca, los estudiantes de la secundaria técnica 50 tomaron clases bajo árboles y lonas porque no han sido reconstruidas sus aulas, dañadas por el sismo del 7 de septiembre del 2017.
El gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, declaró inaugurado el ciclo escolar en la primaria José María Morelos del municipio de San Agustín Etla, donde entregó mobiliario y equipo de cómputo.
En Tepic, Nayarit, 100 alumnos de primaria de la colonia Antonio Echevarría tomaron clases en las cocheras de dos viviendas cercanas al plantel recién terminado, que aún no tiene clave ni nombre.
En Acapulco, Guerrero, unos 500 alumnos de la primaria Plan de Ayala, en la colonia Emiliano Zapata, iniciaron actividades en una cancha de futbol cubierta con tablones y lonas debido a que el plantel está en reconstrucción tras el sismo de septiembre de 2017.
El secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero, sostuvo que hay suficientes recursos para cubrir las vacantes en centros educativos.
Sin embargo, padres de alumnos de la escuela Himno Nacional, de Petatlán, en la región de la Costa Grande, bloquearon en forma intermitente la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo desde las siete de la mañana para exigir tres maestros.
En tanto, autoridades estatales informaron que, debido a la violencia y la inseguridad, más de 600 escuelas son vigiladas por el Ejército Mexicano en Guerrero, 150 de ellas en Acapulco.
(Irene Sánchez, Cristian Díaz, Diana Manzo, Jorge A. Pérez, Rubicela Morelos, Myriam Navarro y Héctor Briseño)

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Afectados por derrame en Río Sonora exigen ser consultados por ampliación de presa de Grupo México

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Afectados por el derrame de 40 millones de litros sulfato de cobre en los ríos Bacánuchi y Sonora hace cuatro años, exigieron a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se les reconozca su derecho a ser consultados sobre la ampliación de una presa de jales construida por Grupo México, empresa responsable del desastre ecológico más grave causado por la minería en el país.
Acompañados por activistas de diversos movimientos de defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente en el país, en particular por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT), los habitantes de la comunidad de Bacánuchi, la más afectada por el derrame, realizaron una protesta frente a la SCJN para pedir a los ministros que atiendan sus demandas plasmadas una solicitud de amparo, que estaría por resolverse este miércoles 22.

A los asistentes de la manifestación, Maribel Bustamante mostró las palmas de sus manos, en las que se advierten daños causados por el derrame de las aguas contaminadas, debido a que ella se encontraba en el río el 6 de agosto de 2014, por lo que sufrió daños también en otras partes de su cuerpo.
Recordó que estuvo expuesta directamente a las aguas contaminadas y se le suspendió el tratamiento alegando que “tenía hongos” en la piel.
Maribel, como los habitantes de las cuencas de los ríos afectados, están espantados por saber que Grupo México está construyendo una presa de jales 80 mil veces más grande que la que le provocó daños en la piel.
“Exigimos a los ministros de la SCJN que reconozcan nuestros derechos humanos a conocer los proyectos que va a hacer el gobierno y Grupo México y cómo nos van a afectar”, dijo la mujer que junto con decenas más, se desplazaron desde Sonora para protestar contra la ampliación de la presa de jales de la minera Buenavista del Cobre.
“Nos quedamos sin cultivos, ya no sembramos elotes porque tenemos miedo de que estén envenenados; los duraznos se pudren en las matas; a los vecinos se les ha muerto el ganado, Grupo México dijo que nos iba a dotar de agua potable durante seis años y no lo hizo, ahora tenemos que comprar garrafones y quien no tiene dinero, toma el agua de la llave”, narró por su parte María Elena Bustamante.
María Elena recordó que por el desastre minero fueron afectadas 22 mil personas de forma directa y 250 mil indirectas, de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Bavícora y Ures, al señalar que “el derrame de hace cuatro años nos cambió la vida”.
Los habitantes de los municipios afectados se congregaron en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), a través del que han dirigido su estrategia jurídica, acompañados de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
“Nadie nos ha escuchado”, lamentó Martín Valenzuela, representante de los CCRS, quien agregó que tras el desastre “la minera y el gobierno se confabularon y crearon un fideicomiso que nunca llegó a los afectados; hubo promesas de reubicación de pozos que no se hicieron, y ahora los daños llegan hasta Hermosillo”.
Valenzuela recordó que luego del desastre, Grupo México abrió un fideicomiso con dos mil millones de pesos, de los cuales “se supone se gastaron mil 200 millones, de los 800 no se sabe nada, pero lo cierto es que no hubo una reparación real para los afectados”.
De acuerdo con el abogado de Poder, Luis Miguel Cano, el fideicomiso entregó recursos por única vez a razón de 10 mil pesos por hectárea “sin importar la siembra”; 14 por negocio y 15 por daños a la salud.
Cano explicó que el fondo del amparo es que los magistrados reconozcan el derecho de las poblaciones a ser consultados en temas de medio ambiente cuando megaproyectos afectan su comunidad.
Dijo que en la actualidad hay deficiencias en la legislación que rige los temas de medio ambiente, que no obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat) a informar a las zonas afectadas por los megaproyectos, sino que “las comunidades sean las que tengan que estar a las vivas”, y revisar los listados que se publican en internet.
Cano dijo que los ministros tienen “dos alternativas muy claras: poner de pretexto la ley, decir que tiene insuficiencias, que tiene lagunas, que ahí no está prevista la participación para todos los casos, que no hay necesidad de informar”, o bien dar la razón a los demandantes y “comportarse a la altura de un tribunal constitucional, a la altura de sus remuneraciones, ser garante de derechos humanos y (…) decidir que el derecho a participar de manera informada en los temas medioambientales está en la constitución en los tratados internacionales que es su obligación proteger la mayor protección de las personas”.
Puntualizó que la decisión que tomen los ministros de la segunda sala el próximo miércoles puede sentar un precedente para otros casos y prevenir los que vengan, porque en este país “todos estamos expuestos a que un día amanezcamos con una obra al lado de nuestra casa, en nuestra comunidad”.
Trinidad Ramírez, integrante del FPDT insistió en el llamado a los ministros de la SCJN para atender el reclamo de las comunidades afectadas por el derrame de material nocivo en los ríos Bacánuchi y Sonora.
Ramírez llamó a los ministros a razonar que “la lucha de los pueblos también es de ellos” y que los pueblos “sólo tienen su voz para enfrentar al poder de los dueños del dinero”, por lo que exigió que dejen de “proteger a los que nos despojan de nuestro territorio, que no tengamos que ir a instancias internacionales a buscar justicia, si ellos pueden garantizarla aquí”.
Benjamin Cokelet, representante de Poder, coincidió en que la SCJ “tiene la oportunidad histórica para poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.
María Colín representante en México de Greenpeace, anunció que junto con otras organizaciones como ProDesc, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Litiga Ole, Oxfam México y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) así como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), entregarían un amicus curie a los ministros de la SCJN para respaldar la demanda de amparo.
“El máximo tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental”, dijo Colín antes de entregar el amicus.
“Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la SCJN consideraciones legales sobre la participación ciudadana en las políticas públicas, que es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aún cuando sean discordantes con su visión”, concluyó.
Durante la manifestación frente a la SCJN, inconformes con otros megaproyectos en Puebla, Estado de México y Mexicali, Baja California, expresaron su solidaridad con los afectados por el derrame de aguas contaminadas en los ríos Bacánuchi y Sorona hace cuatro años.

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Pide Jiménez Espriú a ingenieros emitir opinión objetiva sobre el NAICM

Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de agosto de 2018, p. 5
El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, entregó a los colegios de ingenieros los dictámenes técnicos comparativos sobre las dos opciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) y los llamó a emitir una opinión objetiva y veraz. Adelantó que si se mantiene la construcción del actual proyecto en Texcoco, se harán ajustes para quitar los lujos y reducir costos.
Jiménez Espriú se reunió ayer en el Palacio de Minería con los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y de la Academia de Ingenieros de México, a quienes entregó copia impresa de un resumen comparativo con pros y contras del proyecto de Texcoco, así como la propuesta de mantener el actual y ampliarlo con dos pistas en Santa Lucía, además de entregarles una memoria USB con la información ampliada.
Frente a los presidentes de dichas agrupaciones, y alrededor de un centenar de dirigentes de las organizaciones y colegios que agrupan, el futuro funcionario señaló que con su aportación busca empoderar a la ingeniería mexicana como consultor gubernamental.
Dicho informe deberá ser entregado el 5 de septiembre para que pueda difundirse a la población antes de la serie de foros de consulta que iniciarán el 8 de ese mes, ya que dijo que prologar la decisión generaría incertidumbre y costos.
Quisiéramos recabar la opinión de ustedes; sabemos que muchos han estado involucrados en el tema. Quisiéramos también que nos dieran una opinión clara, objetiva, veraz y verificable, señaló.
El próximo titular de Comunicaciones y Transportes explicó que el proyecto de Texcoco que se mantiene en marcha tiene un retraso considerable, por lo que, de continuar con éste, estaría terminado en su primera etapa hasta 2023, casi al final de la administración de López Obrador. Ello obligaría a elaborar un plan alterno para solucionar por los siguientes cinco años la saturación del actual aeropuerto.
En entrevista al concluir la reunión, agregó que si se mantiene el proyecto que ya está en construcción se revisará, y estimó que se pueden quitar lujos innecesarios, cancelar alguna obra es muy probable. Vamos a llegar a un aeropuerto, éste o el que sea, digno, funcional, correcto y austero.
Confirmó que el actual gobierno ya aceptó la petición que hizo el equipo de transición para detener nuevas licitaciones en el aeropuerto de Texcoco y sólo continuar con las obras que ya estaban en curso.

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Exbraceros, fraude transexenal



 

Empobrecidos y con más de 70 años de vida, los exbraceros que trabajaron legalmente en Estados Unidos de 1942 a 1962 siguen a la espera de recuperar el 10 por ciento del salario que el gobierno mexicano les retuvo. Han ocupado la Presidencia ocho priístas y dos panistas y todos han mostrado la misma indolencia frente a los trabajadores

El cansancio marca sus cuerpos, encorvados en su andar lento. Han llegado a las 7 y 8 décadas de vida. Dormitan involuntariamente y la fuerza de sus manos se ha quedado en algunas señales de reumatismo. Sus cabezas blancas se cubren con sombreros de paja. De origen campesino, Nicasio y Norberto vienen a la capital del país en busca de justicia.
Llevan 16 años pugnando por que les sean entregados los recursos que el Estado mexicano les descontó de sus salarios como migrantes legales en Estados Unidos, allá por las décadas de 1940 a 1960, con los intereses generados.
La pobreza ha sido insuperable desde antes de realizar aquellos viajes en los que salieron a trabajar como jornaleros, a ganar lo que sus tierras no les daban. Al igual que otros 3.5 millones de campesinos, según documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se apegaron al Programa Bracero, pactado entre ambos gobiernos, en un momento en que Estados Unidos lo necesitaba.
El Bracero History Archive señala que se firmaron 4.6 millones de contratos temporales, y este pacto se convirtió en el mayor programa laboral contratado con Estados Unidos, el mismo en el que “muchos trabajadores enfrentaron un sin número de injusticias y abusos, incluyendo alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, documenta.
El Archivo Historia del Bracero es un proyecto del Centro para la Historia y Nuevos Medios, la Universidad George Mason, el Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian, la Universidad Brown y el Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso.
Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, la carencia de mano de obra en las granjas estadunidenses motivó que, bajo el mandato de Franklin Delano Roosevelt, en aquel país y de Manuel Ávila Camacho, en México, los países acordaran emplear en esos campos a los mexicanos.
El 4 de agosto de 1942, Estados Unidos concluyó un acuerdo intergubernamental temporal para el uso del trabajo agrícola mexicano en las granjas de Estados Unidos (oficialmente denominado Programa de Trabajo Agrícola Mexicano), y comenzó la afluencia de trabajadores legales temporales mexicanos. Pero el programa duró mucho más de lo previsto.
En 1951, documenta el archivo histórico estadunidense, después de casi una década de existencia, las preocupaciones sobre la producción y la entrada de Estados Unidos en el conflicto coreano llevaron al Congreso a formalizar el Programa Bracero con la Ley Pública 78.

Pactos incumplidos

Los de Nicasio y Roberto fueron contratos pactados como consecuencia de que en aquel país no había suficiente mano de obra en el sector rural y los bajos salarios eran despreciados por los mismos estadunidenses, aunque para los hombres oriundos de Tlaxcala significó una leve mejora en su economía.
Nicasio Martínez Juárez cuenta 82 años de edad. Forma parte de la Asamblea Nacional de Braceros (ANB), donde otros 300 de sus afiliados buscan un pago justo por la deuda que ha reconocido el Estado.
Tenía 22 años cuando viajó por primera vez a Estados Unidos, llegó a Michigan para la cosecha de pepino, trabajó 45 días y lo regresaron al país con el 10 por ciento menos de su salario. “Cuando nos entregaban el cheque ya nos habían quitado el 10 por ciento, era 1943 y así siguieron haciendo a los braceros de esta época”.
“Preguntamos por el destino de ese 10 por ciento y nos dijeron que nos sería devuelto 30 días después de regresar a México, pero ya han pasado muchos años y esto no ha ocurrido”. Han vivido al desamparo de las autoridades.
En aquel tiempo, comenta Nicasio, la devolución pudo haber sido material, con la entrega de alguno de los instrumentos que utilizan en el campo: una pala, una hoz, un machete, “toda clase de herramienta que usábamos en el campo, pero no se nos regresó nada y nosotros, desgraciadamente, no sabíamos a fondo lo que había pasado”.
Al dinero le perdieron la pista, hasta que en Estados Unidos se comenzaron a entregar recursos a miles de personas que como ellos habían formado parte del ejército jornalero que migró por más de dos décadas. Una nota publicada en un diario de circulación local en Los Ángeles, California, los puso en tanto.
De la nota periodística se hicieron volantes que circularon por diversas zonas de la República Mexicana. En ella, platica Nicasio, decía que los braceros que se habían quedado en Estados Unidos ya iban a cobrar su dinero. Entonces, “se hicieron volantes, los repartieron en los pueblos. Nosotros nos encontrábamos con la abogada Luz Rivera quien ha llevado el caso”.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en dicho programa se incluyó un fondo con la retención del 10 por ciento de los salarios de cada uno de los trabajadores. El porcentaje se depositó durante 14 años en el Banco Wells Fargo y, presumiblemente, ascendió a 700 millones de dólares.

Negligencia transexenal

La voluntad de Nicasio por recuperar los recursos que se le descontaron en aquella época no ceja. Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada ha venido luchando por recuperarlos, pero ninguno de los que conforman la Asamblea ha conseguido ser atendido por algún funcionario.
Durante la administración de Fox Quesada hubo miles de exbraceros que se apegaron al cobro de 38 mil pesos, como parte de la campaña que hizo el gobierno para apaciguar el reclamo de miles de personas y, en el caso de fallecimiento, de sus familiares más cercanos.
“El gobierno hizo las oficinas en todos los estados y les recogieron sus documentos a todos los braceros, les iniciaron el trámite, pero a muchos ya no se les devolvió la documentación ni el dinero”, dice Nicasio.
Norberto Flores Heliosa tiene 78 años de edad; 53 más que cuando viajó por primera vez a San Diego de Santa Ana, en Estados Unidos, uno más de los defraudados por el propio gobierno, pues “en el convenio que se hizo estipula rotundamente que nos descontarían un 10 por ciento como un ahorro para que cuando regresáramos a México trajéramos unos centavos más, pero no fue así”.
Don Norberto dice que, pese a su edad, no ha dejado de trabajar el campo, pues todavía es su único sustento. Ha decidido seguir en el reclamo de sus ahorros, pese al desgaste que esto significa para él y decenas de sus compañeros.
Oriundo de Tlaxcala, Norberto comenta que la negligencia del gobierno para atenderlos ha pasado de un sexenio a otro: “¿Cuándo nos van a regresar ese dinero, con sus respectivos intereses? Calculamos que nos corresponden, aproximadamente, 1 millón de pesos por bracero”, espeta.
El movimiento que ellos llevan ha sido atractivo para quienes buscan llegar a un puesto de elección popular, pues han llegado de diversos partidos políticos a ofréceles la solución de sus peticiones a cambio del voto.
“Ellos sólo han jugado con nosotros y han dejado que la gente se vaya muriendo. Quedamos unas 300 personas en la Asociación: de Oaxaca, Puebla, Hidalgo… muchos ya son mayores y nos han ido dejando porque ya no pueden continuar por motivos de salud, o mueren. ¡No es justo!”, dice el campesino de 78 años.
En 2005, el Poder Legislativo aprobó y publicó la Ley que creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En dicha ley se estableció el otorgamiento de 38 mil pesos a los Ex Trabajadores Migratorios que prestaron sus servicios en Estados Unidos de 1942 a 1964, de conformidad con el Programa Bracero o, en su caso, a los cónyuges o hijos que sobrevivan y acrediten la procedencia del mismo.
Las inconsistencias en la operación de este fondo han sido motivo de desconfianza entre los integrantes de la Asamblea Nacional de Braceros; y por ello, la petición de esclarecimiento a niveles presidenciales.
Lourdes Guilliem Partida es hija de Amador Guilliem Salcedo, un exbracero que murió sin saber que el gobierno mexicano había recibido el 10 por ciento de sus ganancias en aquel país.
Lulú, como la llaman los excompañeros de sus padres, es una de las encargadas en llevar escritos a las oficinas de gobierno y legislativas. Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el 13 de abril de 2013, llevó la primera carta a Palacio Nacional, para el ahora presidente saliente. La misiva fue turnada a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y nunca se obtuvo respuesta.
En ella, los integrantes de la Asamblea Nacional de Exbraceros, originarios de Tlaxcala, solicitan la “entrega de nuestro fondo de ahorro, constituido con una retención del 10 por ciento que para ese efecto nos descontaban los subempleadores […] ponemos a su apreciable consideración nuestros anhelos últimos de recuperación de nuestro fondo de ahorro […]. Wells Fargo, en Estados Unidos, fue el encargado del fondo de ahorro, en tanto que en México fue operado por el Banco de Crédito Agrícola.
“[…] No deseamos que por nuestra urgencia y necesidad, la autoridad nos quite nuestro derecho laboral al fondo de ahorro campesino a cambio de un apoyo, obligándonos a firmar un documento en el que renunciemos a ese derecho. La alevosía y ventaja con que se conduce el fideicomiso no es para nosotros, que en momentos como la Segunda Guerra Mundial, contribuimos con nuestro trabajo al bienestar nacional. Ahora, no queremos que el gobierno nos apoye, sino que nos cumpla, entregándonos nuestro fondo de ahorro, para sobrellevar lo que nos quede de vida”, exigían hace 6 años.
En una nueva carta, ahora dirigida al actual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitan su intervención urgente para atender a los exbraceros, a quienes “se nos ha despojado de nuestro pago del ahorro campesino que nos corresponde derivado del periodo en que laboramos en Estados Unidos”.
Los exbraceros de la ANB exigen la devolución del 10 por ciento de los salarios pagados para constituir a su favor el Fondo de Ahorro Campesino, y del cual se prometió la devolución monetaria o en especie, “lo que no sucedió por lo que las autoridades se quedaron con nuestro dinero, incumpliendo con ello su obligación legal de entregar el ahorro”.
Los trabajadores enfatizan que “son pocas ya las personas que quedan”. Siguen esperando el pronunciamiento de las autoridades, a efecto de que resuelvan a su favor. “Somos personas de la tercera edad, esparcidos en toda la República Mexicana, que por ser ancianos no podemos aspirar a un trabajo, o trabajamos de lo que podemos; somos ancianos sin dinero, sin trabajo… somos campesinos violentados en nuestros derechos humanos y en nuestra integridad física y emocional”.
Los exbraceros indican que no están pidiendo “ni una dadiva ni queremos quitarle nada a nadie, ni que se nos regale algo; no deseamos formar parte un programa de gobierno de asistencia social porque, aunque si lo necesitamos, lo que necesitamos aún más es justicia”.

Indican que hasta hoy desconocen el destino de sus ahorros: “Nos hemos acercado a la Secretaría de Gobernación y aunque les hemos manifestado nuestro sentir, sus respuestas siguen siendo evasivas, no contamos con el apoyo de ninguna institución y las que se han acercado, desafortunadamente lejos de hacernos un bien, nos han afectado”.
Érika Ramírez

Proponen crear la bolsa mexicana de maíz

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de agosto de 2018, p. 14
El Sistema Producto Maíz informó que entregó al designado próximo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, su propuesta de políticas públicas para este sector.
En el proyecto plantea la creación de la bolsa mexicana de maíz, fijar un precio de siete pesos por kilogramo de grano, unificar el presupuesto para este alimento en un solo programa, eliminar el clientelismo político y los subsidios, regionalizar la producción de maíz amarillo en cuatro estados del país y que Diconsa compre las cosechas a los agricultores, ya que los grandes comercializadores se quedan con los apoyos.
El líder de la organización, Vicente Álvarez Delgado, dijo que se reunió en privado con Víctor Villalobos, a quien presentó la propuesta denominada Organización, Producción y Comercialización con el fin de que en el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo aplique para elevar la productividad maicera.
Nuestro país, quinto productor en el mundo
Por otra parte, expuso que México es el quinto productor de este grano, con 3 por ciento de la producción mundial, y el segundo importador, con 9 por ciento del volumen comercializado.
Cosechamos 24 millones de toneladas en 7.1 millones de hectáreas lo que nos da un promedio de 3.4 toneladas por hectárea, dijo.
Álvarez Delgado propuso que los presupuestos relacionados con este grano estén integrados en una sola área y bajo una dirección que aglutine los diferentes componentes de las políticas públicas relacionadas con éste.
La creación de la bolsa mexicana de maíz, explicó, es para apoyar la compra de coberturas comerciales con nuevas reglas y fórmulas hechas por especialistas y con la participación de los productores que eviten las trampas.

lunes, 20 de agosto de 2018

2a Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores


Protesta la ANUEE en el AICM contra la reforma energética

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Ciudad de México. En el contexto de la protesta que mantienen hace casi dos meses a las afueras de la Secretaría de Energía, en demanda de “borrón y cuenta nueva” en los adeudos de electricidad y promover el “derecho humano a la energía eléctrica”, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), se manifestaron en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los manifestantes también expresaron su repudio a la reforma energética, la cual piden sea cancelada. A la par demandaron el establecimiento de una tarifa social por el fluido eléctrico.
Se estableció un dispositivo policiaco en las inmediaciones de la terminal aérea.
La protesta se realizó en el área de mostradores de Mexicana de Aviación.
Según la ANUEE el anuncio hecho por el nuevo gobierno respecto a condonar deudas no es claro, no se sabe si será nacional o estatal.

AMLO exhorta a los jóvenes a innovar e impulsar energías limpias

Ciudade México (Iliana Chávez / Energía Hoy.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México exhortó a los jóvenes a impulsar la innovación en tecnología y estudiar las energías limpias, así como cuidar las energías no renovables, pues se les debe heredar a las próximas generaciones petróleo y gas.
Al asistir al cierre del Mundial de Robótica, destacó la importancia de “la innovación, de seguir investigando, estudiando sobre las energías limpias, renovables alternativas como la energía eólica, la energía solar y otras más. Para eso es muy importante la ciencia, la tecnología, la innovación, la robótica”.

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Regresan a clases 25.4 millones de alumnos bajo el Nuevo Modelo Educativo

 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este lunes, unos 25.4 millones de alumnos y 1.2 millones de maestros de 226 mil 200 escuelas públicas y privadas del país, inician el ciclo escolar 2018-2019 en el que se aplicará la
primera fase del Nuevo Modelo Educativo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), informó las escuelas públicas y privadas de educación básica impartirán clases bajo los lineamientos del nuevo modelo, para los tres grados de preescolar, 1° y 2° de primaria y 1° de secundaria.

De acuerdo con dicho modelo, el nuevo currículo tendrá tres componentes: Formación académica, que consiste en las asignaturas de observancia nacional; Desarrollo Personal y Social, entre las que se incluyen habilidades socioemocionales; y Autonomía Curricular, que da a comunidades escolares la oportunidad de definir una parte del currículo, según sus intereses y necesidades.
La SEP capacitó a un millón 19 mil 90 docentes durante la Estrategia de Formación Continua y a unos mil supervisores de las 32 entidades en el Taller Nacional de Supervisión Escolar, a fin de poner en marcha el Nuevo Modelo Educativo.

La matrícula total para el ciclo escolar 2018-2019, será de 36.6 millones de alumnos, de los cuales 25.4 millones son de educación básica, 9.2 millones de educación media superior y superior, 1.9 millones cursarán estudios de capacitación para el trabajo, y 88 mil 400 de educación normal.
La SEP publicó el calendario escolar 2018-2019 que aplicará a toda la República para educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica.
El calendario se compone de 185 días para educación básica, será vigente para escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo, iniciará este lunes 20 de agosto y concluirá el 24 de junio de 2019.
El calendario de 195 días, para el mismo año lectivo, también comienza el 20 de agosto, pero terminará el 8 de julio del próximo año.
Por lo que se refiere al calendario escolar de 200 días para educación normal y para la formación de maestros de educación básica, está vigente para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. En este caso, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los lineamientos que expide la SEP, mismo que da inicio el próximo lunes y finaliza el 15 de julio de 2019.
En el país se iniciarán clases en casi el 99% de las escuelas de educación básica, y se mantendrán las aulas móviles necesarias en los casos en que las escuelas continúen en rehabilitación tras los sismos de septiembre pasado. Según la SEP en los estados afectados por los sismos resultaron afectaos mil 900 planteles de los cuales nueve tuvieron daño grave y ya están rehabilitados en su totalidad.
En la CDMX aplican operativo de seguridad
En la Ciudad de México más de 1.3 millones de alumnos de educación básica de escuelas públicas regresan a clases, y el 2%, es decir, 52 de dos mil 800 planteles, lo hará en sedes alternas y aulas temporales, debido a trabajos de rehabilitación en sus planteles tras el sismo de septiembre pasado.
Según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y la Autoridad Educativa Federal en la CDMX 98% de las escuelas capitalinas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado fueron totalmente rehabilitados y operarán con normalidad para el inicio de este ciclo escolar.
Las escuelas que aún se encuentran en rehabilitación están en las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco y Gustavo A. Madero.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) puso en marcha un operativo conformado por 28 mil policías para vigilar el regreso a clases.
El titular de la dependencia, Raymundo Collins Flores, indicó que a partir de las 06:00 horas de este lunes, se implementó la acción preventiva para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población escolar, personal docente, padres de familia y población en general por el regreso a clases.
En el operativo, dijo, se utilizan dos mil 156 vehículos, 20 ambulancias, 31 grúas y ocho helicópteros que, junto con los vuelos de seguridad, estarán pendientes de las áreas y los caminos de los estudiantes.
Agregó que personal de los Centros de Comando y Control (C2) Centro, Norte, Poniente, Oriente, Sur y del Centro de Comando, Control Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) realizarán el monitoreo sobre las zonas.
El C5 utilizará dos mil 582 cámaras en las inmediaciones de los planteles educativos, desde el nivel preescolar hasta superior con lo que se cubrirán los planteles escolares. Además, se cuenta con el número de emergencias 911 que tiene un tiempo de respuesta, dijo, de dos a dos minutos y medio.
También, subrayó, se pondrá mucha atención en la vigilancia en el regreso de los estudiantes de sus planteles a sus casas.

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El NAIM será operable hasta el 2022: gerente del proyecto

Como va, la obra requiere además de un programa radical de ahorro y reducción del gasto, concluyó el equipo de transición.


El NAIM será operable hasta el 2022: gerente del proyecto

El debate público sobre continuar o no con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) permitió saber que si se mantienen los trabajos en marcha, estará listo para ser operado hasta julio del 2022 y no en octubre del 2020, como afirmaba el gobierno federal, y el nuevo gobierno tendría que aplicar un programa radical de ahorro y reducción del gasto.
Entre la información que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) entregó este mes al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, a petición expresa, se encuentra un documento del gerente del proyecto, Parsons (firma de ingeniería estadunidense) donde se plantea el nuevo cronograma.
En el texto se menciona que el edificio terminal, que costará 98,400.9 millones de pesos y está a cargo del consorcio Constructora Terminal del Valle de México (donde participa ICA, Cicsa, GIA, Prodemex y La Peninsular, entre otras empresas), tiene un avance de 3.3% y estará concluido en agosto del 2021.
Sin embargo, dicha fecha no coincide con la señalada en la única modificación que se ha hecho al contrato respectivo (en abril pasado), donde se plantea que la fecha para terminar los trabajos es el 7 de noviembre del 2020 y no en octubre del mismo año como se planteó originalmente.
El ajuste, que ya fue publicado por El Economista, tenía el argumento reconocido por las partes de una entrega tardía del sitio de trabajo, lo que motivó que las constructoras no pudieran iniciar sus labores el 13 de febrero del 2017, como está referido originalmente, y lo hicieran el mes siguiente.
Además, Parsons señala que las primeras dos pistas de la terminal (2 y 3) serán acabadas en mayo del 2019 y que tienen un avance físico de 63.3 y 51.3%, respectivamente.
Lo anterior contrasta con las declaraciones del director del GACM, Federico Patiño, quien antes del proceso electoral (ante la posibilidad de detener la obra por parte de AMLO) reiteró en diversos foros que antes de que termine la actual administración federal entregarían completas las dos pistas y “el cascarón” del edificio terminal.
Aún con esos ajustes de tiempo en las pistas, el GACM afirma que: “Debido a que la condición del suelo es relativamente mejor a la esperada, se están implementando medidas adicionales que incluyen bombeo activo y más precarga para alcanzar los asentamientos objetivos y/o consolidación objetivo dentro del cronograma de construcción”.
Conocedor de esta información, Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, asegura que en el mejor de los casos, el NAIM estaría listo para finales del 2023, porque que a los riesgos de la construcción del edificio terminal hay que agregar “los de la integración de los sistemas, así como el período de pruebas de toda la operación, que el GACM hoy plantea como de seis meses, pero que en la práctica, en casos como éste, no es menor de un año”.

Se optaría por un control de gastos

Con la información entregada por el GACM al equipo de transición en la materia de comunicaciones y transportes, éste elaboró el dictamen sobre la viabilidad de seguir o no con el NAIM y en la parte financiera explica:
“Se han invertido, según el GACM, por obras realizadas, 60,000 millones de pesos y se han comprometido, aunque no se han desembolsado, 120,000 millones más y por comprometer, 105,000 millones, además de que se han obtenido recursos por 197,000 millones de pesos (119,000 millones de pesos de un bono de 6,000 millones de dólares garantizados con la Tarifa de Uso Aeroportuario) del actual aeropuerto y en su momento del nuevo”, se explica.
Sobre el resto, 30,000 millones de pesos se obtuvieron a través de la Fibra E; 20,000 millones de pesos de una línea de crédito aún no ejercida de Banobras, y 28,000 millones de pesos de recursos fiscales, por lo que se tiene actualmente una liquidez de 139,000 millones de pesos que permitiría, en caso dado, continuar las obras hasta el primer semestre del 2020.
En tal escenario, Espriú señala en el dictamen que independientemente de eso, “si se opta por continuar con el NAIM, será importante revisar los costos de construcción pendientes y aplicar un programa radical de ahorro y reducción del gasto”.
empresas@eleconomista.mx

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Cierran paso a Tehuantepec para demandar agua potable

Exigen usuarios que se destituya al administrador del sistema local
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▲ Pobladores de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, protestan frente a las oficinas centrales del sistema operador de agua potable de esa localidad por la escasez que padecen desde hace meses.Foto Diana Manzo
Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2018, p. 31
Tehuantepec, Oax.
Vecinos de diversos barrios y colonias del municipio de Santo Domingo Tehuantepec informaron que desde hace meses padecen escasez de agua potable y no han recibido atención del administrador del sistema local de abasto, Víctor Vásquez Salinas, por lo cual exigieron que sea destituido de inmediato.
Los colonos, quienes la semana pasada ocuparon las oficinas centrales del organismo operador de Tehuantepec y este fin de semana bloquearon el acceso principal a la cabecera municipal, a la altura del llamado ‘‘puente de fierro’’, anunciaron que este lunes continuarán con sus protestas porque no les han ofrecido solución.
Señalaron que existen grupos que están a favor de que el administrador siga en el cargo, pese a que los vecinos deben comprar garrafones o pagar por el envío de pipas.
Explicaron que aproximadamente 600 familias de colonias y fraccionamientos carecen del líquido debido a que el sistema de bombeo del pozo número uno de la zona está averiado y las autoridades no tienen interés en rehabilitarlo. ‘‘Por ejemplo, en los barrios Guichivere, Jerónimo, Jacinto, Sebastián y parte del centro el agua sólo llega viernes, sábado y domingo por la tarde’’, señalaron.
Selene del Carmen Sibaja, representante de Barrios Hermanos de Tehuantepec AC, informó que no hay solución de las autoridades después de varias mesas de trabajo.
Dijo que al administrador del sistema local de suministro no le importa rehabilitar tuberías y pozos, a pesar de que algunos son obsoletos y requieren atención urgente.

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Bloquean ejidatarios las obras de un gasoducto en Zacatecas

Utilizarían sus tierras por 30 años; les dieron sólo $4200
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▲ Habitantes del ejido Santiaguillo, en Fresnillo, Zacatecas, impiden la construcción de un gasoducto en sus tierras en protesta por el pago de sólo 4 mil 200 pesos a cada ejidatario a cambio de ocupar sus tierras por 30 años.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2018, p. 29
Zacatecas, Zac.
Campesinos del ejido Santiaguillo, municipio de Fresnillo, inconformes con el pago de 4 mil 200 pesos a cada ejidatario por un contrato de derecho de paso durante 30 años, mantienen bloqueada la construcción de un ducto para gas natural que va de El Encino, Aguascalientes, a La Laguna, en Torreón, Coahuila, y cruza Zacatecas.
Los ejidatarios aseguran que autoridades ejidales recibieron sobornos de representantes de cuatro empresas asociadas en este proyecto: las mexicanas Grupo Desarrollo Infraestructura (GDI), Fermaca y su filial Bienes Raíces y Construcción (Brycsa), la italiana Sicim Pipeline y Mex Gas International, filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).
La instalación del gasoducto de 48 pulgadas de diámetro y 450 kilómetros de longitud está detenida desde el 8 de abril pasado justo donde inicia el ejido Santiaguillo, en el centro de Zacatecas. Con esta obra se pretende conducir mil millones de pies cúbicos de gas al día.
Los ejidatarios denunciaron que nunca se realizó una asamblea para decidir sobre el paso del gasoducto y acusaron a las autoridades ejidales, encabezadas por José Guzmán, presidente del comisariado, de haber recibido dádivas de los promotores del proyecto.
Aseguran que si no hay una asamblea en la cual la mayoría de los labriegos apruebe que se firme un contrato de renta de sus tierras por un millón 500 mil pesos para cada uno de los 154 integrantes del ejido, ‘‘el gasoducto tendrá que pasar por otro lado’’.
División e inconformidad
La comunidad de Santiaguillo se ubica 52 kilómetros al norte de la capital del estado. La mayoría de los ejidatarios acusan a los integrantes de la mesa directiva del ejido, que concluyó funciones a finales de julio pasado, de recibir 930 mil pesos de las empresas que construirán el gasoducto a cambio de la firma de un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso.
Señalan que José Guzmán entregó a cada uno de los 154 ejidatarios 4 mil 200 pesos, para un total de 646 mil 800. Los 283 mil 200 restantes, aseguran, se los habrían repartido los integrantes de la mesa directiva. Sin embargo, ese pago no fue para autorizar el paso del gasoducto, sino sólo para que acudieran a una asamblea ‘‘informativa’’.
Ante representantes de las empresas se pidió a los ejidatarios que firmaran una ‘‘lista de asistencia’’ que fue usada indebidamente como autorización para desmontar una franja de 30 metros de ancho que cruza sus tierras de siembra y agostaderos, expresan los campesinos.
Con menos de un mes como presidente del comisariado ejidal de Santiaguillo, José Manuel Soriano, dijo estar interesado en aclarar las irregularidades en el proyecto, pero cuando se le pidió su versión sobre el conflicto aseguró que sólo ‘‘falta afinar unos detallitos’’.
–¿Ha habido pagos?
–Al inicio hubo un pago de 4 mil 200 pesos por ejidatario, y somos 154. El proyecto está detenido, pero no sabemos por qué. Sería cuestión de que la empresa demuestre que tiene en regla sus permisos ante las dependencias correspondientes y otros documentos– respondió.
Sobre la queja de los ejidatarios acerca de que han sido arrasados miles de ejemplares de mezquite, yuca, huizache, nopal, biznaga y agaves, entre otras especies, para colocar el ducto de acero, expuso: ‘‘Sí está un poco destruido. Nos habían notificado que (la franja para colocar el ducto) era de 30 metros para construcción y al final iba a quedar en 12 metros. Eso se dijo y es lo que sabemos desde un principio’’.
Los opositores denunciaron que los trabajadores de las empresas ‘‘se metieron a desmontar sin autorización. Fuimos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a otra dependencia para ver si tenían los permisos, y no los hay’’, explicó Esteban Valle Ramírez.
‘‘Parece que los comisarios ejidales se aliaron y autorizaron ese trabajo, pero no contaban con los ejidatarios, porque el terreno no es de ellos para que lo donen.
‘‘Como nos dieron unos centavos, la compañía dice que tiene permiso, pero no es así, porque mientras 70 más uno de los ejidatarios no firmen en asamblea no tienen autorización para meterse aquí.’’
Otra ejidataria, Cástula González Ramírez, también delegada municipal de Santiaguillo, cuestionó: ‘‘¿Usted cree que por 4 mil pesos yo me voy a meter a una propiedad sin papeles y sin nada?’’.
Retó a los empresarios a que ‘‘presenten sus papeles (contratos), porque los comisarios ejidales no se mandan solos. Debieron haber hecho una asamblea con todos los ejidatarios a ver si estábamos de acuerdo. El día que vinieron trajeron un notario, pero se salió de la reunión, ya no quiso nada con nosotros porque nos vio enojados.
‘‘Nosotros ese día firmamos la asistencia a la asamblea. Fue todo. Esos 4 mil pesos sí nos los dieron, pero ¿cómo vamos a firmar que nos hagan todos estos desastres por 4 mil pesos? No se vale.’’
Sobre la vegetación desmontada en la región, la delegada municipal sostuvo que ‘‘nomás debieron haber limpiado el pedacito por donde va el tubo. Tumbaron bastante nopal. ¡Si yo me pongo a desmontar media hectárea o una hectárea en mis tierras viene el gobierno federal y me friega! ¿Por qué ahora no?’’
En los tres meses recientes los inconformes han acudido a la Semarnat, a la Comisión Nacional del Agua, al Registro Agrario Nacional y a otras dependencias federales para exigir copias de los permisos de desmonte y la manifestación de impacto ambiental de la obra, pero les han asegurado que no existen dichos permisos.
Faustino Adame Ortiz, ejidatario y abogado que encabeza a los inconformes, señaló que las empresas involucradas en el gasoducto ‘‘hicieron acuerdos con los comisarios ejidales en lo oscurito, no en asambleas abiertas.
“Ahora quieren hacer creer que esos 4 mil 200 pesos son el pago por el derecho de paso por 30 años, y que se puede renegociar pasando ese periodo. No estamos de acuerdo con eso. Que se haga un contrato de arrendamiento, ante notario público. No se va a vender la tierra. Nada más es arrendamiento’’, concluyó.

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