viernes, 17 de noviembre de 2017

Magna Movilización de la ANUEE 2017-11-16

Protestan integrantes de Anuee por electricidad


Ciudad de México. Miles de miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee) marcharon este jueves sobre Paseo de la Reforma para exigir a la Secretaría de Gobernación (SG) que cumpla los acuerdos firmados el 23 de mayo pasado con la organización, principalmente en su demanda de que haya una tarifa social que garantice el acceso de los ciudadanos a recibir el servicio eléctrico, así como el borrón y cuenta nueva para quienes desde la entrada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al centro del país, dejaron de pagar sus recibos de luz en protesta por los altos cobros y la falta de contratos.
“Nosotros no reconocemos legalmente a la CFE en la zona centro del país, que anteriormente atendía Luz y Fuerza del Centro. La legislación anterior y la actual establecen la necesidad de celebrar un contrato y ellos llegaron aquí sin celebrar absolutamente nada. Simplemente tomaron posesión de la zona, empezaron a emitir recibos y empezaron a distribuir a su gente en la zona”, explicó Juan Carlos Escalante, uno de los dirigentes de la Asamblea.
En entrevista durante la movilización que partió de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad -ubicadas en Río Ródano- a la Secretaría de Gobernación, Escalante señaló que el gobierno está siguiendo un programa de privatización del sector eléctrico en beneficio de algunas empresas y de las grandes trasnacionales, pero en perjuicio de los usuarios.
La Anuee, creada el 11 de octubre de 2010, un año después de que el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ha interpuesto recursos jurídicos que le han permitido suspender los pagos de los usuarios sin que les corten el suministro eléctrico.
Lo anterior, a través de quejas administrativas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que “tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento”.
Sin embargo, Escalante asegura que lo anterior no ha impedido el proceso de criminalización de la protesta social, pues a la fecha 18 miembros de la Asamblea están sujetos a procesos jurídico, acusados de oponerse a la realización de obras de la CFE.
Uno de los casos es el de Judith de la Cruz Victoriano, dirigente de la Anuee en Chimalhuacán, Estado de México, a quien esta semana le notificaron que tiene cinco órdenes de presentación ante el Ministerio Público Federal.
“Yo salgo a informar a la gente que si ellos no quieren no pueden obligarlos a aceptar el cambio de medidores, pero ellos (los empleados de CFE) nos amenazan y nos dicen que si no permitimos que pongan los postes o que cambien los medidores nos van a dejar sin servicio”, dijo De la Cruz en entrevista.
Escalante señala que la Anuee ya ganó un juicio en el penal del Altiplano en donde el juez otorgó la libertad a dos compañeros del municipio de Naucalpan.
“Desde el 23 de mayo se comprometieron a parar las denuncias ante la PGR, pero ha habido nuevas denuncias en julio, agosto y este mes”, dijo.
Escalante informó que la Asamblea lleva seis lunes seguidos organizando tomas simbólicas de instalaciones de la CFE en demanda de que se cumplan los acuerdos que ya firmaron con las autoridades . El lunes pasado se tomaron cerca de 80 centros en Hidalgo, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
Según los organizadores, en la marcha de este jueves, que llegó hasta la calle de Bucareli, aglutinó a más de 20 mil personas y se espera que las acciones de protesta continúen en los próximos meses si no hay respuesta de las autoridades.

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Xochináhuac, donde la CFE se llevó “hasta el perico”

Uno más de los centros de trabajo recuperados por el SME

*  Al tomar posesión de las instalaciones del centro de trabajo ubicado en Azcapotzalco, los electricistas del SME encontraron un total saqueo; los empleados de la CFE se llevaron materiales, herramientas y hasta máquinas; pese a todo, iniciarán las labores de rehabilitación de la que será una de las unidades de la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro

Por La Redacción
Especial de Expediente Ultra
Es de mañana y la bruma que anuncia el invierno comienza a disiparse con los rayos del sol y aquí en uno de los barrios de la delegación Azcapotzalco,  unos mil electricistas del SME esperan a que las puertas de que fuera su centro de trabajo Xochináhuac, se abran para recibirlos como lo hacían de manera cotidiana hace ocho años, antes de ser despojados de sus empleos por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, emitido por el expresidente Felipe Calderón , el 11 de octubre del 2009.
El predio es amplio, 66 mil metros cuadrados, y aquí existieron talleres donde los electricistas laboraron por generaciones antes de que los militares disfrazados de policías irrumpieran en las sombras de la noche para expulsarlos con violencia de sus trabajos, sin ninguna explicación más que el lenguaje frío y amenazante de las armas.
Es viernes 10 de noviembre cuando el dirigente Martín Esparza Flores charla sobre la recuperación de este centro de trabajo que, explica, formará parte de los inmuebles recuperados por su organización para hacer funcionar la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, abriendo la opción de trabajo a los electricistas que no se liquidaron y dieron la lucha de resistencia por ocho años.
Saqueo y desolación dejó a su paso la CFE
El dirigente recuerda con un dejo de amargura y coraje: “Este centro de trabajo de Xochináhuac fue tomado por elementos del ejército vestidos de policías federales; entraron también del Distrito Federal y de un día para otros 44 mil trabajadores se fueron a la calle”.
Prosigue Esparza: “Ha sido una lucha muy larga, desigual porque no enfrentamos a un patrón, sino a un sistema, un gobierno y un Estado”;  no obstante lo padecido en los largos  años de lucha, el balance para emparejar los cartones   es alentador  pues explica que tras la negociación política con el gobierno para acabar con el conflicto obtuvieron en concesión, por 30 años, “las hidroeléctricas que tenía Luz y Fuerza del Centro  ya las tenemos y vamos para dos años generando energía  renovable a través del agua, también estamos por firmar un contrato de compra venta de energía con el gobierno federal  para construir una planta de ciclo combinado a través de gas natural  en un predio que ya tenemos en nuestra posesión que es la termoeléctrica Jorge Luque”.
Las instalaciones recuperadas se van llenando de trabajadores; abrazos, apretones de mano, choque de puños y, podría decirse, una mezcla de alegría con rabia y rencor porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tuvo la posesión de las instalaciones todos estos años sencillamente vacío todo: no hay maquinarias, materiales y ni una sola herramienta.  En palabras del adagio popular: no dejaron ni el perico.
Los líderes smeítas durante el evento de Azcapotzalco
Pero eso sí, a Esparza y varios de los miembros de su comité, la CFE los ha acusado de despojo y robo ante la PGR. ¿Robo? Nos preguntamos al hacer el recorrido. ¿Pero qué pudieran haberse robado si todo se lo llevaron?
Eso sí, nos detallan los electricistas, la CFE quería quedarse con parte del predio luego de que sus trabajadores hurtaron lo que era propiedad del gobierno. Y nos volvemos a preguntarnos: ¿Y a ellos por qué la PGR no los acusa?
Comenta Esparza Flores que dentro de las conquistas del SME — a cumplir  en diciembre 103 años de existencia–, se encuentran también el otorgar servicios al sector eléctrico no únicamente del centro del país sino de toda la república al tener vigente su registro como sindicato de industria; además, nos dice, ya cuentan con dos suministradoras para dar servicio a los usuarios calificados que consumen más de un megawatt al año y para  enero 2018 en que se abrirá el mercado para usuarios de consumo básico podrán colocar su energía en millones de hogares, ofreciendo un precio más bajo.
Conforme se recorren las instalaciones, las miradas de poco más de mil electricistas congregados en Xochináhuac, pasan de la incredulidad al natural coraje; ahí donde antes se encontraban las herramientas, los materiales, las maquinarias, los lockers y demás enseres de su centro de trabajo ahora sólo quedan las estructuras vacías.
El Secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca no se amilana ni desalienta y dice al respecto:” Algunos de los que critican, que nos menosprecian de lo que hemos alcanzado lo hacen porque no están dispuestos a trabajar y no tienen el conocimiento de qué somos capaces como organización y como colectivo para transformar las cosas”.
Convencido, como todos sus compañeros, que con sus manos, talento y esfuerzo pueden dar vida a este camposanto laboral que les dejó la CFE, agrega: “vamos a transformar este centro de trabajo; aquí se va a ubicar la unidad productiva de distribución, vamos a ocupar a los compañeros de foráneas, de líneas, de cables subterráneos y taller”.
Ahora como sus propios patrones, y como explican sus líderes, el SME, ofrecerá sus servicios a los clientes que antes los conocieron y que están seguros “No nos han olvidado”.
Y en los galerones vacíos, pero ahora llenos de entusiasmo, retumba la consigna: “Dame una “S”; dame una “M”, dame una “E”. ¿Cómo dice?: ¡SME! ¡SME¡ ¡SME¡…

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Este mes, acuerdo para elevar el salario mínimo, prevé STPS


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 23
En los próximos días los representantes ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) llegarán a un acuerdo para incrementar estos sueldos, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y puntualizó que se prevé que esto se concrete antes de diciembre.
El funcionario planteó que el aumento que se acordará en breve, deberá ser prudente y responsable y seguir la tendencia de la recuperación del poder adquisitivo, sin que las medidas terminen siendo contrarias a los propios trabajadores.
En entrevista, expuso que la dependencia a su cargo buscará acercamientos con la dirección de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) para conocer las más recientes mediciones respecto de la línea de bienestar de los mexicanos, con la finalidad de valorar si con los aumentos que se propongan al mínimo la mayoría de los trabajadores alcanzan este nivel.
Lo importante es que hay voluntad de todos los sectores abierta y de buena fe, de buscar la recuperación del poder adquisitivo, y que el aumento no resulte contraproducente para los propios trabajadores en el mediano plazo.
Se trata, según dijo Navarrete Prida, de tener cuidado de no tomar medidas que rompan una inercia positiva, sino que ayuden a mejorar el poder de compra de la clase trabajadora.
El funcionario estaba acompañado del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien planteó sobre el mismo tema que en la definición del aumento a los salarios mínimos se tiene que buscar un monto responsable, por el impacto inflacionario que pudiera tener.
Sabemos que los trabajadores requieren incrementar más su ingreso, pero lo tenemos que hacer de manera responsable, para que sea sustancial y no tenga repercusión, pero además se busca privilegiar el empleo, sostuvo luego de aclarar que siguen las negociaciones en la mesa de la Conasami y éstas van en el sentido de que es necesario ir por el camino de la recuperación.
Queremos incluso que el aumento permita superar la línea de la pobreza marcada por el Coneval, comentó el empresario, y reiteró que el acuerdo puede lograrse antes de diciembre.
Cabe referir que este incremento sería adicional al que cada año negocian los sectores para el salario mínimo y que se aplica a partir del 1º de enero.

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“¡Créditos no, rescate sí!”, la protesta en la ALDF contra la ley de reconstrucción de Mancera


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinación General de Damnificados que integra a más de 500 familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre se manifestó a las afueras de la Asamblea Legislativa local (AlDF) para exigir que se detenga la aprobación de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación, que propuso el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera el pasado 14 de noviembre.
Las familias se oponen a la iniciativa promovida por el mandatario capitalino pues consideran que viola sus derechos y privilegia los intereses de empresas inmobiliarias.
Principalmente por los puntos que sostiene una densificación de los edificios dañados hasta en un 35%, así como el otorgamiento de créditos para las familias afectadas como parte de la política de construcción.
“¡Créditos no, rescate sí!”, “¡Los damnificados queremos ser escuchados!”, consignaron.

Vecinos representantes de las unidades habitacionales de Tlalpan, Osa Mayor, Paseos de Taxqueña, Girasoles, Benito Juárez, Avenida del Taller, Saratoga e Iztapalapa denunciaron que la iniciativa no fue consultada con los afectados.
“El problema de fondo es la falta de voluntad de este órgano legislativo para permitir a los damnificados ser parte de la construcción de la solución al grave problema que enfrentamos.
“Queremos dejar muy en claro que los damnificados de la Ciudad de México no legitimamos un proceso legislativo que nos ignora, qué nos condena a convertirnos en deudores y que nos vuelve a exponer a la inseguridad de las construcciones”, señalaron.
Por ello exigieron también una reunión con las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, Administración Pública Local y Desarrollo e Infraestructura Urbana a más tardar la próxima semana.
“A dos meses del sismo seguimos en las calles ante la insensibilidad y la falta de atención del gobierno de la capital y los diputados.
“Pretenden quitarnos todo lo que nos queda que son nuestros terrenos, para hacer más inmuebles y luego venderlos”, acusó uno de los afectados mientras otros tiraron cubetas de sus escombros sobre letreros de venta de inmuebles que han encontrado en sus delegaciones”.
Además, cuestionaron la viabilidad de los censos elaborados por el gobierno de la capital.
Dentro del recinto legislativo a la par que continúan las diferencias de las fracciones parlamentarias de Morena y del PRD, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, aseguró que eran demandas “amañadas” pues detrás de los manifestantes estaba el partido Morena.

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Se alista venta de base de Mexicana: Aspa

César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 23
La base de mantenimiento de Mexicana, MRO Services (MRO), único remanente con utilidades de esta empresa declarada en quiebra hace siete años, será evaluada para su venta con el objetivo de pagar a los ex trabajadores, señaló el capitán Rafael Gutiérrez, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (Aspa) de México.
Luego de sostener una reunión de más de cinco horas con el Comité Técnico encargado del Fidecomiso 2100 Mexicana MRO, explicó que el dinero que se recaude se sumará a 10.35 millones de dólares obtenidos por la venta de nueve aviones y 17 motores de Mexicana de Aviación y se entregarán a los empleados.
Prácticamente, los sindicatos tenemos los acuerdos hechos. Están listas las reglas de operación. No se votaron ahorita porque vamos a checar algunos aspectos jurídicos, pero quedamos de reunirnos el próximo 29 de noviembre.
Recordó que el fideicomiso MRO Services se constituyó en el Banco Invex y a partir de ahí se generaron recursos por la venta de nueve aeronaves y 17 motores. Ello se suma al valor de MRO de aproximadamente 100 millones de dólares, según cálculos extraoficiales.
“El dinero que entre al fideicomiso y el resultado de la venta de todos estos inmuebles se repartirá a los beneficiarios, como especifican las reglas de operación. No nos han dicho el número de clientes que tiene, pero lo que sí nos reporta el administrador es que la base de mantenimiento tiene entre sus clientes a importantes líneas aéreas, que están trabajando a una buena capacidad y que ya podría estar listo para iniciar los avalúos y la venta.
“Hay muy buena disposición de todos los sindicatos de llegar acuerdos, con la idea de que esto camine. Finalmente los empleados de Mexicana de Aviación, Click y Link recibirán el pago de este beneficio, que no es una liquidación. La liquidación la recibirán los trabajadores a través de una de las tres compañías mencionadas donde trabajaban.
Esto meramente es un fideicomiso, que se forma con bienes de la extinta empresa que de alguna manera se han ido recuperando de lo que era la aerolínea, añadió.

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Publicidad oficial: dispendio y mordaza

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La señal de que México dista mucho de ser un país democrático es el ejercicio opaco y excesivo del gasto de comunicación social. Ello ha sido una eficiente herramienta de control sobre los medios de comunicación. Dispendio de dinero público utilizado para censurar, esa es la historia de la llamada publicidad oficial desde hace décadas.
El sistema de medios de comunicación en México mantiene un basamento autoritario propio del régimen de partido hegemónico. Pocas cosas en la relación medios-poder han mutado desde la célebre frase del expresidente José López Portillo: “no pago para que me peguen”, acuñada en abril de 1982, justo cuando arbitrariamente había decidido retirar publicidad del gobierno de la Revista Proceso por la información crítica de su administración publicada en el medio.

Esta visión patrimonialista del presupuesto y el subsecuente sometimiento casi natural de los medios a través del dinero público son las señales más alarmantes de un ejercicio de poder que ocluye cualquier posibilidad de construcción democrática. Los medios y periodistas críticos siguen siendo –desafortunadamente– marginales, además de perseguidos y hostigados. Es tal el nivel de control de la información, mimetizado con la violencia estatal y social de la última década, que contamos ya 23 periodistas desaparecidos y 111 asesinados en los que va del siglo. “Plata o plomo” es la disyuntiva para la prensa en México.
Para dar un golpe en el tablero y cambiar esta simbiosis dañina para los propios medios, pero sobre todo para una sociedad desprovista de información plural, veraz, oportuna y objetiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de resolver un amparo interpuesto por Artículo 19 contra la omisión legislativa de regular la asignación del gasto de publicidad oficial. Omisión que, por cierto, corre desde el 30 de abril de 2014 sin que al Congreso de la Unión le preocupe dictaminar (ya no se diga aprobar) 17 iniciativas presentadas en la materia. Esto significa que además de omisión tenemos parálisis legislativa.
No es cosa menor que la SCJN pueda restaurar el orden constitucional y la vigencia de los derechos humanos frente a las veleidades del Poder Legislativo. Otra omisión, por ejemplo, ha generado el contexto de crisis de la procuración de justicia en México. Nos mantiene inmersos en una de las peores crisis de impunidad y corrupción, el cálculo electoral en la aprobación de la normatividad que regirá la nueva Fiscalía General de la República y la subsecuente designación de quien encabezará la institución ministerial (ahora autónoma).
Abrir el camino para reclamar a través del juicio de amparo lo que el legislador deja de hacer, pese a la existencia de un mandato constitucional expreso, es ampliar las posibilidades de tener un Estado de Derecho, nada más y nada menos.
Pero dicho litigio también coloca en el centro de la discusión un derecho que es piedra angular de la democracia: la libertad de expresión. El ominoso gasto en comunicación social tiene varios aspectos. Uno es que las campañas publicitarias gubernamentales tienen más carácter propagandístico que informativo. Ello no se traduce en información valiosa para la sociedad que le sea útil para el ejercicio de otros derechos. Aquí se desvirtúa el sentido primordial de la publicidad oficial: concientizar a la población sobre aspectos relevantes de la vida pública en cuestiones como salud, prevención de desastres o educación.
Según datos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, de 2013 a 2017 Enrique Peña Nieto ha gastado más de 38 mil 247 millones de pesos (mdp). Pero el gobierno federal no solamente gasta mucho, sino que gasta más de lo asignado en el presupuesto. De 2013 a 2016 se ha ejercido 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados; es decir, pasó de 21 mil 099 mdp a 36 mil 261 mdp. El monto sobreejercido equivale a más de 15 mil mdp adicionales en un periodo donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio ambiente.
A nivel estatal, en 2015 las entidades ejercieron 11 mil 895 mdp, concentrando el 70% del gasto en los poderes ejecutivos. Todo este gasto, en efecto, ha sido para promover a los gobiernos y sus instituciones, no los derechos de la población.
Aún peor, ese dinero público despilfarrado se utiliza de manera discrecional y discriminatoria para condicionar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Ejemplo de ello se documenta en las recomendaciones 57/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –caso revista Contra Línea–, así como en la 60/2009 –caso Diario A.M y Al Día– y la 35/2012 –caso Proceso–. En tales recomendaciones se pudo acreditar cómo la deficiencia o ausencia legislativa ha permitido que el manejo de la publicidad oficial por el Estado Mexicano sea absolutamente discrecional y que por ello sirva como mecanismo de censura y como herramienta para violar la libertad de expresión y de prensa.
De hecho, no sería la primera vez que la Primera Sala de la SCJN se pronunciara sobre la necesidad de la existencia de criterios no discrecionales ni discriminatorios que aseguren una asignación de la publicidad oficial basada en el principio de igualdad. En los casos de radios comunitarias (amparos en revisión 531/2011 y 248/2011), tuvo la oportunidad de manifestarse sobre la posibilidad de que dicha publicidad se constituye como medio indirecto de censura. La diferencia es que en este caso sí estaría ordenando que el Congreso discuta y apruebe una ley con plazo hasta el 30 de abril de 2019.
En resumen, el día de hoy, 15 de noviembre, la Primera Sala tomará la decisión. Podrá optar –o no– por iniciar un cambio estructural que brinde garantías efectivas y eficaces al derecho a la información y frene el desangramiento presupuestal en comunicación social. Si anhelamos una democracia de derechos, es apremiante un cambio en el panorama mediático. Urge acabar con el dispendio y la mordaza.
*Leopoldo Maldonado es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica

Mujeres víctimas de abusos en Atenco narraron las atroces acciones policiacas


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 8
Las mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido.
En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, cinco de las 11 denunciantes narraron el horror y las atroces acciones de los policías en su contra. No fue sencilla su comparecencia. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar aquellos hechos.
Fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas. Las agresiones sexuales incluyeron tocamientos y la introducción de dedos en vagina, y en un caso en el ano. Médicos legistas y agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y desestimaron sus denuncias; y las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos.
Los jueces de la Corte se mostraron sensibles con los relatos, y no se limitaron a preguntar exclusivamente sobre la denuncia por tortura sexual, sino que ahondaron en el contexto, en cómo se dio el operativo y los procesos judiciales contra las denunciantes, sobre la lucha contra el nuevo aeropuerto internacional de México, y hasta pidieron saber el nombre del entonces gobernador del estado de México.
Los representantes del gobierno mexicano, en principio, se limitaron a preguntar a las comparecientes si conocían los términos de las propuestas del Estado para la solución amistosa, si sabían que se había consignado a 52 servidores públicos o si se enteraron de que un día antes de los hechos se había dado un enfrentamiento entre pobladores y policías. Esto motivó que los jueces llamaran la atención de los funcionarios, pues consideraron que ese tipo de interrogantes no profundizaban con los objetivos de la audiencia.
Vengan a calentar a esta puta, dijeron varios policías al tener sometida a Bárbara Italia Méndez, recordó. Abusaron de ella: apretaron sus senos, mordieron y chuparon varias partes de su cuerpo e introdujeron sus dedos en su vagina. Fue el horror. En su búsqueda de justicia, aceptó realizarse un peritaje un año después con la fiscalía de mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR). Fue revictimizante: mientras estaba desnuda en un pequeño cuarto, en el exterior se escuchaba el tumulto de varios policías que hacían chistes sexistas, además, las dos mujeres que le aplicaron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares.
Norma Jiménez fue agredida en el asiento trasero de un autobús por varios policías. Ante los jueces dijo que cuando solicitó a un médico legista que la revisara porque había sido violada, éste le contestó que seguramente ellas mismas se habían infligido las lesiones. Su padre no le habla. Cree que estoy equivocada por estar denunciando esto aquí. En respuesta, la juez Elizabeth Odio le dijo: Las mujeres no nos equivocamos cuando denunciamos. Claudia Hernández recordó que los uniformados le arrancaron la ropa y cuando se dieron cuenta de que estaba en su periodo menstrual, gritaron: Vamos a ensuciar más a esta perra. Y comenzó su tormento. Varias ocasiones pensó en quitarse la vida.
Angélica Patricia Torres vivió el mismo suplicio. Exigió que el Estado aclare públicamente que no mintieron. En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que mentíamos..., cuando contaba esto, un juez le pidió decir el nombre del entonces mandatario estatal. Enrique Peña Nieto, contestó. Gracias, reviró el juzgador.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República condenaron los hechos de violencia sexual y tortura en contra de 11 víctimas y expusieron su disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana.

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En la CoIDH, señalan a Peña como el promotor de la campaña de desprestigio hacia las mujeres de Atenco


 
PROCESO 
 
SAN JOSÉ, Costa Rica (apro).- Cinco de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, exigieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) castigo a los responsables intelectuales y a la cadena de mando por los agravios sufridos en mayo de 2006.
Los hechos descritos por las mujeres ocurrieron durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador quien, a instancias del juez de Ecuador, Patricio Pazmiño Freire, fue mencionado con nombre y apellido por una de las víctimas como actor principal en la campaña de desprestigio en contra de las víctimas, cuando declaró que las mujeres no habían sido violadas y que habían seguido un “manualito” para denunciar las agresiones.
En la audiencia pública presidida por el juez brasileño Roberto F. Caldas, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo declararon sobre la represión contra la población de San Salvador Atenco, donde ellas se encontraban, ya sea como activistas o estudiantes, así como las detenciones arbitrarias, las torturas física, psicológica y sexual que sufrieron a manos de policías de las corporaciones municipal, estatal y federal.
Ante la delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, las mujeres narraron los horrores sufridos durante los operativos policiacos en Texcoco y Atenco, así como la falta de atención médica y asistencia jurídica.
Las mujeres que desde 2008 acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ante la negación de verdad y justicia en México, acudieron este jueves a la CoIDH acompañadas de sus representantes, abogadas del Centro Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
A la audiencia también asistió la comisionada sobre asuntos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, como representante del órgano que turnó el caso a la Corte una vez que durante dos años el Estado mexicano desatendió las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo sobre el caso Atenco, centradas en el esclarecimiento y castigo a responsables intelectuales y materiales de los hechos, así como a los funcionarios que negaron el acceso a la justicia.
Tras escuchar las atrocidades vividas por Patricia Torres Linares a manos de policías la mañana del 4 de mayo del 2006, el juez ecuatoriano Pazmiño la cuestionó sobre qué significaba para ellas la búsqueda de “verdad” que reiteradamente alegaron en la audiencia las cinco mujeres.
La mujer, quien hace 11 años fue sacada de manera violenta de la casa en la que se encontraba refugiada, sostuvo de manera firme que, para ellas la intención de acudir a la Corte es “que se diga la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se castigue a toda la cadena de mando, a todos los que tuvieron participación (…) ninguna persona de la burocracia se manda por sí sola, es evidente que alguien les dijo que pueden golpear a la gente, pueden violar a las mujeres, y en 11 años no ha habido castigo”.
Torres Linares, quien hacía referencia al “gobernador de entonces” como el actor político que encabezó las descalificaciones hacia las mujeres que denunciaron las agresiones, fue conminada por el juez Pazmiño a dar el nombre y apellido del entonces mandatario del Estado de México.
Tras tomar aire, Patricia pronunció con firmeza: “El licenciado Enrique Peña Nieto, él dos días después de los hechos del 3 y 4 de mayo, salió a decir en la televisión que éramos unas mentirosas, que no habíamos sido violadas, que lo que decíamos lo habíamos aprendido en un manualito y que la policía sólo había restablecido el Estado de Derecho”.
Las cinco mujeres reiteraron su demanda de exigir el castigo a la cadena de mando, no sólo a los policías de bajo rango, que ni siquiera han sido sancionados debidamente.
Por parte del representante del Estado, las preguntas hacia las mujeres se centraron en cuestionarlas si sus representantes les habían informado sobre que 52 servidores públicos habían sido procesados por los hechos y que, en marzo de 2013, ante la CIDH, hubo un reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en los hechos.
Norma Jiménez y Claudia Hernández reconocieron que contaban con esa información, pero que estaban enteradas de que los procesados eran de bajo rango, que el asunto fue radicado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y no a nivel federal, pese a la participación de policías federales, y que hasta ahora ni siquiera han sido sentenciados.
Ante el proyecto de las mujeres de crear un centro de atención para las víctimas de tortura sexual, la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero, cuestionó si estarían de acuerdo en que el gobierno de Peña Nieto financiara su propuesta, Italia Méndez respondió que “eso se determinará con la sentencia de la Corte”.
Suhelen Gabriela Cuevas cerró los testimonios de las mujeres describiendo que, como estudiante de periodismo de la Universidad del Valle de México (UVM), acudió a cubrir la represión en Atenco y que se mantuvo en el lugar en espera de entrevistar a representantes de la policía, pero lo que atestiguó fue violencia.
“Vi cómo llegaban los policías a golpear a todo mundo, a niños, mujeres, viejitos y hasta a los perros, cuando vi eso, que hasta a los perros golpeaban, corrí a esconderme en una casa, de donde después me sacaron con toda la gente que estaba ahí”, dijo Cuevas, quien fue procesada por secuestro.
Suhelen, quien como sus compañeras se vio obligada a suspender su proyecto de vida por los hechos, narró que los impactos de los hechos en ellas son “mujeres rotas, que no confían en los hombres”, y que se ha complicado su interrelación con el sexo masculino, incluso con familiares.
A la audiencia asistieron como expertos Ernesto López Portillo y Julissa Mantilla para hablar sobre la situación de los estándares de actuación de los cuerpos policiacos en México y de la tortura sexual a mujeres.
Este viernes 17 las partes en el juicio presentarán sus conclusiones ante los jueces, quienes en las siguientes semanas darán a conocer la sentencia por el caso Atenco.

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Centrales obreras requieren cambiar, señala el vicepresidente del CT

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 46
En México gran parte de los trabajadores sindicalizados ya no se sienten representados por las centrales obreras, las cuales tendrán que replantear su actuación para recuperar credibilidad, señaló en entrevista el vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), Reyes Soberanis.
Sostuvo que el sector obrero tiene que analizar todo el terreno que ha perdido y rescatar la dignidad que tuvo la lucha sindical. También deberá hacer un análisis de su responsabilidad en la situación actual de los trabajadores mexicanos; ver dónde y por qué se perdió la recuperación real de los salarios y nos fuimos en sentido contrario, porque ese camino se tiene que volver a andar.
El dirigente, quien también es secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), planteó lo anterior al señalar que este fin de semana esta organización cumple 50 años y no tiene que ser una fecha más a festejar, sino un momento de análisis de la situación actual del sindicalismo y de su necesaria transformación.
Definitivamente no es para presumir el hecho de que en México se tienen los salarios más bajos de América Latina y la mayor parte del mundo, que es donde se trabajan más horas y los obreros viven peor. Se tiene que revertir eso y en ello juega un papel muy importante los sindicatos.
Se dejó caer la representación sindical en diversos sentidos, ya que antes tenía más peso frente al gobierno, incluso en el poder legislativo, pero también frente a los trabajadores y reactivar esto es lo que toca a las actuales dirigencias, apuntó Reyes Soberanis.
Advirtió que frente a vacíos que han dejado los sectores, el outsourcing se ha propagado en el país, afectando a los trabajadores, ya que parte de los costos laborales que se ahorran las empresas se los pagan a los subcontratistas. Y lo que no es válido es que las compañías terciarias sean las que se lleven millonarias ganancias, mientras a los trabajadores los tienen sin prestaciones y con ínfimos salarios.
Es un error que se promocione al país entre los inversionistas internacionales como de costos laborales bajos, y no como uno de altísima calidad en mano de obra y otras ventas comparativas. Los salarios bajos además de no son dignos para los trabajadores, no incentivan la productividad de las empresas y, en cambio, mantienen sin reactivar el mercado interno y le pegan a la economía, expuso, y por último comentó que el aumento extraordinario al sueldo mínimo, por lo menos debe llevarlos por arriba de 100 pesos.

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Bachelet promulga en Chile leyes de su ambiciosa reforma educativa

Afp y Dpa
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 33
Santiago.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó este jueves uno de los pilares de su ambiciosa reforma educativa: la ley que crea el nuevo sistema que gradualmente sacará a los colegios públicos de la administración de los municipios.
Esta iniciativa forma parte del paquete de medidas implementadas por Bachelet para reformar el sistema educativo legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que al final de su régimen dictó una ley que dejó en manos de los municipios la administración de las escuelas públicas.
Esa dependencia provocó una gran desigualdad en los recursos asignados a cada colegio, condicionados por los ingresos de los municipios.
Estamos dejando atrás un sistema que recargaba a los municipios de Chile funciones que son propias de la sociedad en su conjunto, dijo la mandataria en la ceremonia de promulgación en el palacio de La Moneda.
En remplazo se creará una nueva institucionalidad para la educación pública, dedicada ciento por ciento a gestionar la administración de más de 5 mil 200 liceos, escuelas y jardines hoy municipales, por medio de 70 Servicios Locales de Educación (SLE).
La ley se suma a la gratuidad universitaria instaurada por Bachelet y que hoy beneficia a unos 260 mil estudiantes, junto a una normativa que eliminó la selección y el copago de los padres en escuelas que reciben aportes del Estado.
Bachelet promulgó, además, una nueva ley de carrera docente, a la que hoy están adscritos casi un millón de profesionales.
La reforma educativa fue la gran promesa de campaña de Bachelet tras las gigantescas protestas estudiantiles que antecedieron a su gobierno, en reclamo de educación pública, gratuita y de calidad en uno de los países con uno de los sistemas educativos más caros y desiguales del planeta.
Por otra parte, Bachelet renovó su llamado a los chilenos a votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales del domingo, en medio de temores de que pudiera repetirse la alta abstención registrada en 2016, cuando más de 65 por ciento se abstuvo de votar para elegir alcaldes y concejales.
Ocho candidatos se presentaron a la elección presidencial, la séptima desde el término del régimen militar, en la que el favorito para ganar la primera vuelta es, según encuestas recientes, el conservador Sebastián Piñera, que ya gobernó entre 2010 y 2014.
Los estudios indican, sin embargo, que la votación no le alcanzaría para evitar la segunda vuelta programada para el 17 de diciembre.
En la eventualidad de una segunda vuelta, Piñera se enfrentaría al periodista Alejandro Guillier, senador independiente cercano a la alianza oficialista que llega dividida a estos comicios.

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jueves, 16 de noviembre de 2017

Hoy, gran movilización de la ANUEE.


Presupuestos castigados por la Reforma Energética




El colapso inducido que asoma en al menos cuatro de las seis refinerías en el país anuncia el principio del fin para Petróleos Mexicanos (Pemex). De enero a julio de este año la producción de gasolinas y diésel presentó una caída del 26.7 por ciento, con una disminución de 334 mil barriles diarios. Desde 2016, en que por segundo año consecutivo se recortó el gasto, el director de esa Empresa Productiva del Estado, Antonio González Anaya, aceptó no contemplar un “plan de capitalización” para las agotadas plantas.
gasolinera
Excusando la caída de los precios internacionales del petróleo y la entrada en vigor de la Reforma Energética, las autoridades dejaron naufragar a la entidad pública que por varias décadas aportó, en promedio, el 38 por ciento de los ingresos del país. Los recortes iniciados en 2015 dieron la puntilla a la empresa que en términos de ingresos era una de las más importantes del mundo, ubicada en el sitio 13, con ganancias del orden de los 120 mil  millones de dólares anuales, solamente por debajo de trasnacionales como Exxon Mobil, Wal Mart, Chevron, General Motors, Petrobras o AT&T, por mencionar  algunas.
Un ejemplo de que Pemex era altamente rentable se dio en 2011, cuando registró sus mayores ingresos en el momento que los precios internacionales de los hidrocarburos rondaban los 100 dólares por barril. La todavía paraestatal captó recursos por 124 mil 180 millones de dólares, representando  un aumento del 14 por ciento en relación a los 107 mil 290 millones de dólares recabados en 2010.
En el pasado sexenio de Felipe Calderón, Pemex contabilizó ingresos por 539 mil 300 millones de dólares. Abundancia de recursos que fueron dilapidados, en buena parte, en su fallida guerra contra el narcotráfico y asignados de manera irresponsable por el Congreso de la Unión a engordar los altos cargos burocráticos, pero no a reactivar la economía en su conjunto y menos a  generar el millón de puestos de trabajo prometidos por el mal llamado “Presidente del Empleo”.
Con el objetivo de desarticular al sector energético desde la década pasada, a Pemex nunca se le liberó de la carga impositiva que a la larga anuló inversiones en áreas como la refinación. En su momento, se dijo hasta el cansancio que la petrolera mexicana era la única empresa de su género en el mundo que destinaba el 69.43 por ciento de sus ganancias al pago de impuestos. La norteamericana Exxon tiene una carga impositiva del 31.05 por ciento, mientras que la holandesa Shell paga en su país impuestos por 23.45 y la brasileña Petrobras apenas el 3.56 por ciento.
A pesar de haber aportado por varias décadas poco más de un tercio de los recursos públicos, al iniciar la debacle en los precios internacionales del petróleo y la apertura del sector energético, los tecnócratas neoliberales no tuvieron consideraciones con Pemex y la incluyeron entre las entidades afectadas por la tijera de los recortes.
Enrique PenaNieto,En febrero de 2015, y tras el anuncio de una disminución en el presupuesto de 62 mil millones de pesos, los directivos de la empresa anunciaron que diferían “la reconfiguración de las refinerías”; no obstante que la producción anual iba a la baja.
Este franco retroceso en la refinación muestra en el actual sexenio la caída en la producción de combustibles: en 2012, las seis refinerías del país todavía producían un millón 252 mil barriles diarios, y de hecho este nivel se incrementó en 2013  a 1 millón 313 mil barriles diarios; en 2014 se mantuvo en 1 millón 254 mil barriles al día, pero en 2015 inició la debacle al bajar a 1 millón 121 mil barriles; en 2016 a 1 millón 78 mil y en 2017 a un estimado que no superará los 900 mil.
De hecho, lo antiguo de nuestras refinerías, aunado a la ausencia de reconfiguraciones, les ha impedido producir a un ciento por ciento de su capacidad; la de Ciudad Madero, Tamaulipas, se construyó en 1914; las de Minatitlán y Salamanca en 1950, y las de Cadereyta, Tula y Salinas Cruz entre los años 1977 y 1979.  Cuando en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se fragmentó a Pemex en cuatro subsidiarias, la refinación pasó a un segundo plano, que al día de hoy nos tiene importando la mitad de las gasolinas que consumimos. En 2015 el 53.8 por ciento de los combustibles que se requieren en México fueron importados.
Lo que está por venir, de acuerdo con los lineamientos de la Reforma Energética, no es nada alentador; la Secretaría de Energía (Sener) establece en uno de su estudios a futuro, que la demanda nacional de gasolinas va a crecer de 771 millones de barriles en 2016 a 1 mil 147 millones de barriles en 2029. Si nos basamos a lo proyectado en la citada reforma, nuestro país estará importando en los próximos 15 años la totalidad de los combustibles que requiere para mover su economía.
La dependencia reconoce que las refinerías no funcionan a su capacidad “por la falta de mantenimiento y recortes presupuestales”. En la escasez de recursos las autoridades han encontrado la justificación para parar a refinerías como Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán y Ciudad Madero, amén del argumento de los daños ocasionados por los fenómenos naturales como sismos o huracanes.
Empero, al revisar el número de permisos de importación otorgados por la Sener para  diversos combustibles, es fácil deducir que la aniquilación de las refinerías no tiene vuelta de hoja: hasta el 30 de octubre pasado la entidad pública otorgó 233 permisos para importar gasolinas, 341 para traer diésel, 117 para gas LP y 75 permisos para la importación de turbosina.
Cabe recordar que la Reforma Energética autoriza que toda la cadena de valor de la industria petrolera, integrada por refinación, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y expendio público, pueda ser operada por capital privado, nacional o extranjero.
Se prometió a los mexicanos que la reforma traería aparejados un sinfín de beneficios, como el abaratamiento de luz, gas, gasolina y diésel, pero hasta hoy el panorama es totalmente distinto y no se vislumbra que vaya a cambiar en beneficio de las mayorías. Un dato ilustra que lo peor está por venir: en 2015 nuestro país debió importar 571 mil 600 barriles diarios para atender su consumo interno a un costo de 12 mil 500 millones de dólares.
El paquete económico 2018 que se discute en la Cámara de Diputados contempla un presupuesto de 5 billones 236 mil 400 millones de pesos, con un incremento de 113 mil millones extras con respecto a 2017; por supuesto, los legisladores de todos los partidos se han cuidado de no ver afectados sus intereses en el año electoral por venir, evitando sacrificar recursos para sus campañas políticas y un jugoso retiro al concluir la LXIII Legislatura. Se oculta a la población que  los recursos que antes aportaba Pemex a las finanzas públicas, ahora se suplen con mayor deuda pública, que en el sexenio ha crecido anualmente a razón de 1 billón de pesos, llegando este año a la cifra record de 10 billones.
Este irresponsable endeudamiento es reflejo de la falta que Pemex le hace al país con sus abundantes recursos que ahora pasarán a manos de capital nacional y extranjero. Negocio redondo que la tecnocracia neoliberal ha puesto en manos de unos cuantos en perjuicio de las mayorías.
Martín Esparza Flores 

PGR HOSTIGA A LÍDERES DE LA ANUEE DE CHIMALHUACÁN
























TEXCOCO, Méx., 15 de noviembre del 2017.- Integrantes de la Unión Nacional de Usurarios de Energía Eléctrica (ANUEE), se manifestaron frente a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Texcoco, para protestar por demanda de la Comisión Federal de Electricidad a vecinos de Chimalhuacán.
Everardo Aranda Cruz, representante de la ANUEE, explicó que la PGR, citó a comparecer a coordinadores de la ANUEE, por encabezar las protestas y movilizaciones en contra de la paraestatal.
Señaló que sus dirigentes son señalados por el supuesto paro de obras de “Modernización” de la CFE. Las cuales se tienen que notificar al Municipio y a la comunidad en la que se harán dichos trabajos y la paraestatal no lo hizo.
Calificó estas acciones de la CFE como un acto despótico y arbitrario, porque “trata de robar la infraestructura que ya hay y que es de cobre y dejarnos su cable de aluminio el cual es un pésimo conductor de Energía ya que varía el voltaje y nuestros aparatos se descomponen por esa situación”, señalaron.
Dejaron en claro que la ANUEE; es apartidista y siempre con el mejor ánimo de ayudar a los usuarios de energía eléctrica, a los cuales las llegan cobros injustificados y/o ajustes. Improcedentes, por lo que se las apoya a realizar su queja ante PROFECO y representarlos.
El grupo de 100 manifestantes que llevan lonas y vehículos con altavoces, fue atendidos por José Nicolás luna Hernández de PGR .

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Autoridad electoral de NL permitirá a aspirantes independientes el registro de firmas en papel


 
PROCESO 
 
MONTERREY, NL (apro).- La Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó permitir que los aspirantes a ayuntamientos por la vía independiente puedan obtener firmas de respaldo por aplicación móvil (app) y también por escrito, aunque sólo en los casos de los municipios que no excedan los 10 mil electores, ubicados en la zona rural, pues es ahí donde hay dificultades para la conectividad de internet.
De igual manera, el resto de los precandidatos municipales deberá obtener las firmas únicamente a través de la misma aplicación móvil que el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó a los aspirantes sin partido que buscan la nominación para la Presidencia de la República.
Los aspirantes a diputados en los 26 distritos locales podrán únicamente recabar apoyos mediante la app, se acordó hoy en la sesión extraordinaria del Consejo General de la CEE, donde se establecieron los lineamientos que regularán las candidaturas independientes en el proceso electoral 2017-2018 rumbo a los comicios estatales del 1 de julio próximo, donde serán renovados el Congreso y los Ayuntamientos.
Los municipios de Nuevo León que no exceden los 10 mil electores y que podrán emplear el recurso extraordinario de las firmas en papel son 25, prácticamente la mitad de los 51 de la entidad: Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Bustamente, Cerralvo, China, Doctor Coss, Doctor González y General Bravo.
También General Treviño, General Zaragoza, Los Herreras, Hualahuises, Iturbide, Lampazos de Naranjo, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Parás, Los Ramones, Rayones, Vallecillo y Villaldama.
A escala nacional, los aspirantes a cargos de elección federal se han quejado de las dificultades que enfrentan en el uso de la aplicación para el teléfono móvil, la única firma para colectar respaldo, pues es lenta, falla con frecuencia y no aplica para todos los teléfonos.
La autoridad electoral de Nuevo León señaló en la sesión de hoy que los interesados para participar sin partido deberán presentar su solicitud entre el 17 de noviembre y el 16 de diciembre, y a más tardar el 27 de ese mes deberán decidir sobre su aprobación.
Para las fórmulas municipales deberán presentarse planillas en forma de “cremallera electoral”, con regidurías que deberán ordenarse alternadamente por razones de género.
La Comisión Estatal Electoral emitirá los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a más tardar el 27 de diciembre próximo.
Los apoyos para los precandidatos en Nuevo León deberán obtenerse entre el 29 de diciembre y el 6 de febrero. En el caso de los diputados, están obligados a registrar a su favor el 1% de la lista nominal de su respectivo distrito.
Para los ayuntamientos el número de simpatías colectadas del listado deberá ser de acuerdo con la siguiente fórmula: 10%, cuando el listado sea de hasta 4 mil; 7.5%, entre 4 mil 1 y 10 mil; 5%, entre 10 mil 1 y 30 mil; 4%, entre 30 mil 1 y 100 mil; 3%, entre 100 mil 1 y 300 mil; 1.5%, cuando exceda los 300 mil 1.
El órgano deberá declarar a más tardar el 16 de febrero quiénes son los aspirantes con derecho a registrarse como candidatos.
Además, tienen derecho a obtener financiamiento privado y propio para la recolección de firmas y para sus campañas en cantidades que no rebasen el correspondiente al de un partido de reciente registro y cuando no provengan de una fuente ilícita.

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