miércoles, 23 de julio de 2014

Reunión Semanal de Jubilados 2014-07-23

CONSUMADO ES


Sin una resistencia activa del otrora Nacionalista el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Sin la defensa férrea de agentes políticos de primera talla nacional como la de Andrés López Obrador. Sin una Izquierda genuina preocupada por los sectores de la población más vulnerables. Sin reacción de los sectores intelectuales mexicanos. Sin una clase obrera unida y en pie de lucha. Sin una nación consciente del irreversible despojo que le afecta…
Las huestes del PRI, PAN, PVEM y PANAL acordaron la venta de garaje de los energéticos nacionales; de los 16 mil 452 895 millones de pesos del PIB, el 80% pasará a manos privadas, es decir 13 mil 161 600 millones de pesos que hasta el día de hoy era propiedad del Estado, pronto, tan pronto como 10 minutos de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados y la relampagueante publicación en el DOF, pasará a manos del Empresas Extranjeras.
El daño a las finanzas públicas del país sufrirá un serio descalabro llevándonos a una situación similar a la de los años de la post revolución; el gobierno se debilita, y con él su capacidad reguladora y su poder de influencia en las políticas económicas nacionales e internacionales. Los montos de las transferencias gubernamentales bajarán y con ello el ingreso de los mexicanos, contrayendo aún más la moribunda demanda de bienes y servicios.
Ahora si, ha encontrado la oligarquía nacional y extranjera el conjunto de factores culturales, económicos, políticos y sociales, para terminar de implantar su modelo económico: se han apoderado de todos los insumos y los medios de producción, dejando a la nación entera con la mano estirada esperando las limosnas que tengan a bien concedernos a través de sus precarios empleos mal pagados y con un derecho laboral en proceso de extinción.
Se cumple ahora la profecía que un viejo Priísta mencionaba en un foro sobre la Reforma Energética, en la Universidad Nacional Autónoma de México en diciembre del año pasado:
“necesitamos petróleo, y los mexicanos no podemos sacarlo. Entonces tenemos que llamar a quienes pueden hacerlo con sus recursos, tecnologías y mano de obra calificada, esas empresas pagarán impuestos y crearán miles de empleos para los mexicanos aunque sea lavando coches y boleando los zapatos de los extranjeros: pero la Reforma Energética traerá miles de empleos”…CONSUMADO ES

HUGO GARRIDO

Quitarán subsidio a la tarifa de electricidad

 EL DIARIO .MX
C. Guerrero/C. Salazar
Agencia Reforma | Viernes 18 Julio 2014 | 23:11 hrs
Distrito Federal— Los “subsidios generalizados” en tarifas eléctricas y en combustibles desaparecerán para dar paso a una política de “subsidios focalizados”.

Conforme al proyecto aprobado en lo general en el Senado y que deberá ratificarse en lo particular por los legisladores, se solicitará al Gobierno federal instrumentar programas de apoyo a la población de bajos recursos para que no resienta el alza de precios de combustibles y costos de luz.

La reforma en la Ley de la Industria Eléctrica, pide a la Secretaría de Energía que analice la instrumentación de apoyos e incluso deja en manos del Ejecutivo la decisión final.

“La Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias”, establece el artículo 116.

Agrega: “para los efectos anteriores, las secretarías de Hacienda, de Energía y la Sedesol evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad”.

La Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán prestar el apoyo técnico que se requiera para los fines de ese ordenamiento.

Las leyes de Hidrocarburos también plantean al Gobierno contemplar una política de subsidios focalizados, que sustituyan a los “subsidios generalizados” que hoy se aplican.

En el caso de esta ley, aprobada también en lo general, se pide a la SHCP, Energía y Sedesol “evaluar” la posibilidad de instrumentar “programas de apoyo” para los más pobres, con la finalidad de que no se vean afectados por el alza de precios de combustibles básicos: gasolina, diesel y gas LP.

“Evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro adecuado y oportuno, a precios asequibles, de combustibles de consumo básico en zonas rurales y zonas urbanas marginadas”, indica dicho artículo.

Agrega que “la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social adelantan deberán prestar el apoyo técnico que se requiera para los fines previstos en el presente artículo”.

Sólo en el caso del gas LP, se establece que esa política de subsidios deberá aplicarse a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

Sugieren gradualidad

La experiencia internacional ha mostrado que se registran aumentos muy elevados en la energía cuando se retira un subsidio de golpe, señaló Miguel Toro, analista del CIDAC.

El especialista recomendó formular una política de transición para reducir gradualmente los subsidios y focalizarlos en las personas que más lo necesitan.

Los mecanismos son varios, dijo Toro, como determinar zonas donde hay personas con acceso a la energía y que tienen ingresos bajos.

Otro es otorgar una tarjeta como los programas asistencialistas del Gobierno federal donde se depositarían cada cierto tiempo los estímulos. (Con información de Alejandra López/Claudia Guerrero/Claudia Salazar/Agencia Reforma)

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Pide Isidro Pedraza garantizar derechos de integrantes del SME en Ley de Industria Eléctrica

Isidro Pedraza
El senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, solicitó salvaguardar los derechos de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, por lo que pidió que no entre en vigor el acuerdo donde se establece que el SAE tomará posesión de los bienes de la Comisión Federal de Electricidad para que puedan operar con las empresas privadas.

Al presentar reservas a los artículos 8, 9, 11 y diversos transitorios de la Ley de Industria Eléctrica, el legislador por Hidalgo aseguró que la privatización de la CFE comenzó desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y el despido de 50 mil empleados para dar respuesta a las ofertas de intereses privados.

Y derivado de ese proceso, se decretó que el SAE se hiciera responsable de la liquidación y los bienes de la empresa y de implementar medidas para que pasaran en comodato a la CFE.

Ahora “hay una demanda para que se resuelvan los derechos colectivos y prestaciones individuales de los trabajadores de Luz y Fuerza”, informó Pedraza Chávez y solicitó agregar un transitorio que contenga una solución legal para esta situación.

Por otro lado, insistió en que se aclare el tema de la servidumbre ya que se recupera el concepto de expropiación y en este tipo de empresas donde la ocupación temporal es más prolongada.

También pidió reconsiderar el tema del Fondo Universal que se propone para dar electricidad a las comunidades indígenas, pero este fondo va a funcionar con los costos de ineficiencia de las empresas eléctricas privadas, entonces se condena a las comunidades rurales a que si hay ineficiencia, van a tener el fondo”.

Esto es una parte altruista, dijo, pero no garantiza que los excedentes de este fondo puedan hacer posible la electrificación de las comunidad e rurales, porque además dice que si no se cumple con los objeticos del programa el dinero será devuelto a quienes lo aportaron.

Asimismo “hemos pedido que se integre un transitorio para que las modificaciones a la Ley de Industria Eléctrica entren en vigor una vez que pase al consulta popular a celebrarse en 215 y que definirá la derrota de esta reforma”, concluyó.

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Lozano se burla de senadores por Twitter, pero no los enfrenta en tribuna




lozano
A lo largo de estos últimos días en que el Senado de la República ha sesionado para debatir las leyes secundarias de la Reforma Energética, el Senador del PAN, Javier Lozano Alarcón se ha burlado en reiteradas ocasiones de los senadores de la oposición, pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT, pero no ha sido capaz de subir a tribuna y despotricar sus burlas frente a los senadores, se escuda y lanza los insultos a través de “tweets”.
El Senador proveniente del estado de Puebla, de pasado príista y ex Secretario de Trabajo durante el gobierno de Felipe Calderón, se burla, corrije e insulta a los Senadores de izquierda, principalmente a Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, Layda Sansores y Fernando Mayans.
A continuación algunos de los tweets que lanza el senador panista desde la comodidad de su cuenta de Twitter.

CLICK AQUI PARA VER LOS TWITTS

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Promueven juicio político contra Moreno Valle por muerte del niño José Luis Tehautlie

Pobladores de Chalchihuapan colocaron una manta donde culpan a Moreno Valle por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Foto: Víctor Hugo Rojas.
Pobladores de Chalchihuapan colocaron una manta donde culpan a Moreno Valle por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Foto: Víctor Hugo Rojas.
SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, Pue. (apro).- El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Sánchez Jiménez, anunció que promoverá juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle por el asesinato del niño José Luis Tehautlie Tamayo, acción que calificó como un “crimen de Estado”.
“No hay duda de quién mató a José Luis, fue el gobernador de Puebla, y por eso no puede seguir en el cargo”, advirtió el senador del PRD al participar en el sepelio de José Luis, realizado en la plaza de esta comunidad.
El legislador agregó que a este crimen se suman las agresiones que han denunciado otras comunidades de Puebla, hechos con los que se conformará un expediente que llevarán al Senado para sustentar la demanda de enjuiciar al mandatario poblano.
“Esto es un problema de todo Puebla”, manifestó, pues “la indignación de este pueblo no es la única, otras comunidades también han sido reprimidas (por el gobierno de Moreno Valle) por reclamar sus derechos, por reclamar que no se les despoje de sus tierras, por el agua, el gasoducto, por los proyectos de muerte, por el Registro Civil”.
Además, apuntó que Moreno Valle tendrá que enfrentar cargos por el uso de balas de goma que hicieron los policías estatales el miércoles 9 para reprimir a los habitantes de Chalchihuapan, ya que la sola posesión de este tipo de municiones no letales está prohibida en México y constituye en sí un ilícito.
Aunque el gobierno poblano ha negado la utilización de esos artefactos, Sánchez Jiménez señaló que hay evidencias suficientes de que fueron usados, no sólo por las balas que recolectaron los pobladores, sino por las heridas que dejaron en José Luis y otras personas lesionadas en el desalojo.
En el caso de Chalchihuapan, el senador dijo que pese a lo que ha dicho Moreno Valle, los habitantes se manifestaron de forma pacífica, sin más armas que su derecho a reclamar justicia.
“Y Moreno Valle respondió con una fuerza brutal, con una fuerza realmente sorprendente, ahí está su ley bala, usó balas de goma y ahora tiene que explicar de dónde las saca porque en México no están permitidas”.
Al calificar como “cobarde” la versión que sostiene el gobierno estatal de que fueron los manifestantes los que, con un cohetón, mataron al niño, el senador recordó que en el certificado de defunción quedó asentado que no hay huellas de pólvora ni quemaduras que dejaría un objeto de esa naturaleza.
Acto seguido, Sánchez Jiménez tomó en su mano uno de los objetos de plástico negro que los habitantes de Chalchihuapan han exhibido para probar la agresión que sufrieron el 9 de julio por parte de la policía estatal:
“Esto fue lo que mató a José Luis”, sentenció.
“Murió por un objeto a gran velocidad, y lo único que había así, eran estas balas de goma que dispararon los policías”.
También reveló que funcionarios del gobierno estatal amenazan ahora a los heridos para que no acudan a presentar denuncia ante el MP por las lesiones que sufrieron y que tienen características que dejan las balas de goma.
En entrevista posterior a su intervención, el senador perredista exigió al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, que no sea omiso en el caso de Chalchihuapan, donde son evidentes las violaciones que se cometieron contra los derechos humanos.
La parcialidad del ombudsman ha sido cuestionada en esta entidad desde que Plascencia Villanueva recibió dos premios en Puebla, justo cuando la ley bala estaba en discusión en el Congreso local y luego de que rechazó emitir una postura sobre esa legislación morenovallista.
“Espero que ese no sea el motivo por el que no quiera actuar”, expresó Sánchez.
Por último, el senador consideró que la determinación de derogar la ley bala por parte de Moreno Valle es un “esfuerzo inútil” por acallar el clamor en su contra.
“Creo que tiene la información de que hay ya un descontento generalizado en el estado y quiere ahora congraciarse, me parece una actitud cobarde”, expresó. “Esto sólo comprueba que existió ley bala y que reconoce lo que hizo aquí injustamente”, agregó.
A su vez, la diputada federal Alliet Bautista ofreció el apoyo de la fracción perredista en la lucha del pueblo de Chalchihuapan “hasta donde ustedes digan”.

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martes, 22 de julio de 2014

SME Solidaridad con el Mitin por el día mundial contra la minería 22jul14

SME Mitin por el día mundial contra la minería 22jul14

Tribunal Permanente de los Pueblos 2014-07-21

En Construcción 2014-07-21

Tras 62 horas de discusión, Senado avala último dictamen de la reforma energética

PROCESO 


21 de julio de 2014
Destacado
Sesión en el Senado de la República. Foto: Octavio Gómez.
Sesión en el Senado de la República.
Foto: Octavio Gómez.
MÉXICO, D.F. (apro).- “Nos vemos en la consulta popular”, sentenció el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, ante una agotada audiencia de senadores que, luego de 62 horas de discusión –con escaso debate– finalmente aprobó el cuarto y último dictamen de la reforma energética por 85 votos a favor y 26 en contra, en lo general, y por 86 votos a favor y 26 en contra, en lo particular.
Las “vivas” a Lázaro Cárdenas fue lo último que se escuchó en un recinto del Senado que aprobó en tiempo récord leyes secundarias que modifican radicalmente la legislación hasta ahora existente en materia de petróleo, electricidad, gas, minas y aguas nacionales.
El último dictamen avala las funciones de los nuevos organismos reguladores: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente.
La CNH será la responsable de otorgar las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como las licitaciones, aparte de otorgar el nuevo modelo de contratos a los particulares.
En tanto, la CRE tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, el transporte por ductos, el almacenamiento y el procesamiento de productos derivados de los hidrocarburos.
Ninguna de estas dos instancias tendrá autonomía constitucional. Estarán integradas por siete consejeros, designados directamente por el Ejecutivo federal. El Senado de la República tendrá la función de “aprobar” al presidente de cada comisión.
La nueva agencia, resultado de una negociación con el PVEM, tendrá entre sus funciones regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de plantas, así como el control integral de residuos.
Para la oposición de la izquierda, esta agencia sólo generará más burocracia y será “onerosa” para el Estado, según destacó el senador perredista Alejandro Encinas.
En respuesta, el senador del PVEM, Carlos Puente, subrayó que “no es una ocurrencia” y que su función principal será “preventiva”.

Debates y monólogos

Como ocurrió en los anteriores dictámenes, los senadores de PRI y PAN subieron a argumentar a favor de los nuevos dictámenes y evadieron entrar en un debate ante los señalamientos de los legisladores de las izquierdas.
En defensa del último dictamen, el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que los órganos reguladores forman parte del “nuevo modelo energético” y buscarán ser “fuertes, autónomos y transparentes”.
También insistió en que se busca que la extracción de hidrocarburos “ocurra en pleno respeto y protección al medio ambiente”.
En pleno optimismo, el legislador hidalguense sentenció: “Vienen buenas épocas para México. Gracias a esta reforma, en los próximos años hemos de ver cómo se detona la creación de empleos, la extracción y exploración de hidrocarburos y la participación de más actores en todas las cadenas productivas”.
Por su parte, la senadora del PRD, Dolores Padierna, argumentó que el diseño de ambas agencias fortalece el poder presidencial. “Se trata de tener el control desde la Presidencia para favorecer a los privados”, sentenció.
En el mismo sentido, los legisladores Luis Sánchez, Zoé Robledo y Armando Ríos Pitter detallaron las limitaciones y deficiencias de la nueva legislación.

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Sin discusión, diputados aprueban en comisiones la Ley de Hidrocarburos

PROCESO 


21 de julio de 2014
Destacado
Beltrones en la Cámara de Diputados. Foto: Octavio Gómez
Beltrones en la Cámara de Diputados.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Sin apartarse del esquema aplicado en el Senado –aprobar en lo general los artículos y llevar al pleno las reservas–, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avaló sin discusión la primera norma del paquete de la reforma energética: la Ley de Hidrocarburos.
Por imposición de la mayoría, que integran PRI, PAN, PVEM y Panal, a quienes se oponen a la reforma sólo se les permitió fijar su posición en contra; sin embargo, quienes respaldan los cambios propuestos en materia energética nunca entraron al debate, pues también sólo fijaron su posición a favor.
Así, lo que en el Senado llevó por lo menos un día de discusión en comisiones, en San Lázaro bastó algunas horas para que junto con la Ley de Hidrocarburos se modificaran algunas disposiciones a las leyes de inversión extranjera, la de minería y la de asociaciones público privadas.
A favor del dictamen intervino Juan Bueno Torio –panista que durante el sexenio de Vicente Fox fue director de Pemex Refinación, ente encargado de entregar franquicias para que particulares puedan establecer gasolineras en el país, como ocurrió con el consorcio Grupo Energético del Sureste (GES), de la familia del extinto Juan Camilo Mouriño, o del actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell–, quien justificó así el respaldo de su partido a la reforma de:
“El PAN la acompaña porque nos va a traer mayores oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo, de infraestructura; nos va a traer la posibilidad de una mayor generación de oportunidades de inversión para medianas y pequeñas empresas que hay a lo largo y ancho del país, porque sin duda se incrementará la producción de petróleo, la producción de gas y la de petrolíferos”.
Y pidió “no irnos con la finta” de que no pagarán impuestos las empresas que vengan a explorar o explotar el hidrocarburo. “Es nuestra responsabilidad generar ese cerco fiscal para evita el que las empresas no paguen por lo pronto su impuesto sobre la renta de las utilidades que generaren y también respeten el esquema contractual de dejarle al país lo que le corresponde, que es el valor del petróleo convertido en renta petrolera”.
Finalmente, el panista dijo que sí habrá beneficios, entre ellos la disminución en los precios de gas y energía eléctrica, “por ahí del 2018 o 2019”.
A su vez, el panista Rubén Camarillo Ortega –presidente de la Comisión de Energía en el Senado durante la legislatura pasada, la cual avaló la reforma energética impulsada por Felipe Calderón en 2008– sostuvo que su partido no está en la discusión “para confabularnos ni con el PRI ni con el gobierno, estamos aquí para hacer el contrapeso necesario a las propuestas del Ejecutivo; quienes no quieran estar en la mesa para hacer ese contrapeso, a nuestro juicio, no son la verdadera oposición”.
Ricardo Mejía, vicecoordinador del Movimiento Ciudadano (MC), inició su posicionamiento con un reclamo por la limitación impuesta durante la aprobación del dictamen, como por ejemplo, frenar la discusión en lo particular de los artículos reservados en comisiones y que su debate sólo se produzca en el pleno.
Mejía Berdeja expuso un decálogo por el que rechazan avalar la reforma: “Traición a la patria” de quienes elaboraron las reformas; desmantelamiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad; entrega de la renta petrolera a transnacionales, y mayor corrupción.
También, el “crimen ecológico”; un atentado contra la propiedad social y privada; afectación a las finanzas de los estados y municipios; el que no bajarán las tarifas de gasolina, luz y gas; falta de contenido nacional, y discrecionalidad de Hacienda en el manejo de los recursos petroleros.
Por el PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro dijo que votarían en contra de la ley y de toda la reforma “porque se atenta contra el patrimonio nacional y el interés colectivo de los ciudadanos”.
Luego remachó sobre la “ocupación temporal”, figura que sustituyó a la de “expropiación” cuando se trate de hidrocarburos y que el PAN en el Senado adicionó al dictamen del Ejecutivo.
El perredista recordó que la denominada “ocupación” durará 30 años, lo que en términos reales representa un despojo que afectará a comunidades enteras.
Por el PRI, el nuevoleonés Javier Treviño coincidió con el PAN al señalar que la reforma “promoverá el desarrollo y la competitividad en México y que generará empleos a partir de la Ronda Cero”.
Finalmente, la Ley de Hidrocarburos fue avalada con 20 votos a favor y siete en contra.
Este martes 22, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinará si llama a periodo extraordinario el próximo miércoles 23 durante la sesión Comisión Permanente del Congreso de la Unión y poder ponerlo en marcha a partir del lunes 28.
En tanto, el resto de la semana la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados sesionará para avalar las minutas que llegaron del Senado y aprobar los dictámenes que desde un inicio tuvieron como Cámara de origen: se trata de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y el llamado Fondo Mexicano del Petróleo.

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La agencia para el sector de hidrocarburos, "pastel de negocios y corrupción": PT


Andrea Becerril y Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Martes 22 de julio de 2014, p. 6
La creación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, contenida en el cuarto dictamen de la reformas secundarias en materia energética, fue duramente criticada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
Ante el pleno del Senado, denunciaron que se trata de una estructura burocrática creada en pago de favores hechos por el Verde Ecologista de México (PVEM) al presidente Enrique Peña Nieto, en relación con la alianza pevemista con el tricolor para aprobar las modificaciones legales en los ámbitos de la generación de electricidad y la explotación del petróleo.
Contra tales señalamientos, legisladores priístas y pevemistas sostuvieron que la oposición acude a mentiras, y aseguraron que la constitución de ese organismo de ninguna manera responde a favores políticos.
Al presentar el dictamen para expedir esa legislación, el senador priísta David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que con la creación de la agencia se sientan las bases para tener un órgano encargado de salvaguardar el patrimonio natural frente a la exploración y la explotación de petróleo y gas.
En sesión extraordinaria de esa cámara, expuso que en el dictamen se cuidó que la instancia contara con suficientes atribuciones y herramientas para hacer frente a los grandes retos que ha de enfrentar en las próximas décadas, en alusión a la entrada al sector de empresas nacionales y extranjeras que se prevé tras la reforma energética.
Agregó que con el fin de evitar catástrofes se dotó al organismo de capacidades para garantizar que la extracción y la explotación de los hidrocarburos se efectúe de manera segura.
Se generará burocracia innecesaria: PRD
Tras cuestionar la ausencia del panista Raúl Gracia –quien preside la Comisión de Estudios Legislativos Primera (versiones lo ubican de vacaciones en el exterior)– durante todo el periodo extraordinario y de pedir su remoción de ese cargo, el perredista Alejandro Encinas destacó que la agencia es la moneda de cambio que se otorgó al PVEM por su alianza con el PRI, pero lamentablemente dicha instancia creará burocracia innecesaria y duplicará e invadirá funciones de otras dependencias.
Hubiera bastado una ventanilla única en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para atender los temas que se asignan al organismo, expuso el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Además estimó que el concepto de protección que anima la creación de la agencia data de los años 70. Se mantiene un enfoque preventivo, cuando se pueden fortalecer los aspectos de detección y respuesta efectiva, así como los relacionados con el desarrollo sustentable, dijo.
Creo que queda bien pagado el favor recibido del Partido Verde, pero le va a salir de un muy alto costo institucional, político y ambiental al país.
Lo que menos se tomó en cuenta es tratar de consolidar un diseño institucional, una legislación que colocó al país a la vanguardia en 2011, cuando se aprobaron las leyes General del Cambio Climático y de Desarrollo Forestal Sustentable, consideró.
Layda Sansores, del PT, insistió en que las facturas se pagan y la citada agencia no es más que un cheque en blanco de discrecionalidad, que va a permitir hacer justicia a los compadres. Se quiere hacer pasar como un betún de verde tierno, pero en realidad es un pastelote de negocios y corrupción.
Gerardo Flores, del PVEM, calificó de despropósito que el sol azteca pretendiera impedir la instauración del organismo, sobre todo porque la reforma constitucional en materia energética prevé su creación, y rechazó las críticas al proyecto.
Aseguró que el marco legal propuesto da a esa instancia facultades consistentes con los desafíos existentes.
La priísta Itzel Ríos de la Mora enfatizó que la formación de la agencia no responde a un favor político, sino a un compromiso con el medio ambiente.
Se tejen con cortinas de humo cosas que no obedecen al espíritu de la ley, añadió, en busca de minimizar los planteamientos de perredistas y petistas.
Destacó que la agencia es un organismo desconcentrado que no va a entorpecer las tareas de la Semarnat. Insistió en que la agencia se especializará en el tema de los hidrocarburos.
Encinas resaltó que el organismo tiene 30 facultades, pero con estas mismas cuentan la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El senador pevemista Luis Armando Melgar desestimó los señalamientos de la oposición. Se han dicho muchas mentiras y se ha recurrido al falso debate que sólo pretende engañar, acusó.

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Rechaza Pedro Joaquín Coldwell que CFE y Pemex vayan a ser desmanteladas

Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 22 de julio de 2014, p. 7 

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, rechazó que con la aprobación de las leyes del servicio eléctrico y de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desmantelen las empresas públicas. Por el contrario, sostuvo, se les prepara para competir, en beneficio de los usuarios y en aras de que proporcionen mejor servicio y tarifas más bajas.
Entrevistado después de que anunció las licitaciones de cinco obras de infraestructura, que según la información oficial beneficiarán a las poblaciones del norte del país con una inversión total de 2 mil 807 millones de dólares, explicó que las transformación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de organismo público descentralizado en empresa productiva de Estado le dará muchas ventajas para competir, como disponer de autonomía presupuestal, técnica y de gestión.
Se refirió luego al nuevo régimen fiscal que, según él, beneficiará de manera importante las finanzas de la CFE.
Las bancadas perredista y petista advirtieron que esa legislación condena a ambas empresas a su desmantelamiento y pulverización, ya que el fuerte esquema impositivo con que las gravan no les permitirá competir con las firmas extranjeras que regresarán al país a explotar el petróleo y la electricidad.
Joaquín Coldwell expresó un reconocimiento a los senadores porque a lo largo de estos días han dado un debate y una discusión intensa, madura, democrática; enriqueciendo las iniciativas de reforma que envió el Presidente de la República.
Se conservarán usuarios: Ochoa Reza
El director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, negó que esta empresa vaya a perder un porcentaje importante de grandes usuarios.
Aseguró que la reforma da oportunidad a la comisión de participar tanto con los usuarios calificados de desagregados como agregados, así como con los del servicio público tradicional.
No percibimos que haya ese riesgo; de hecho, es una oportunidad para que la CFE baje los costos y mejore sus niveles de eficiencia, la generación de energía y la operación tanto de las redes de distribución como de transmisión, acercándonos a dar un mejor servicio a los usuarios.
Después de la aprobación del marco jurídico secundario vendrá “un proceso de implementación que descansa en dos elementos: el primero es que se tendrán que sustituir las plantas que hoy operan con combustóleo por gas natural, que es cuatro veces más económico y 68 por ciento menos contaminante.
En segundo lugar, el cambio es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en las redes de distribución y transmisión. Esperamos que ambas medidas tengan un impacto en aproximadamente dos años.
Sobre la Central Norte III, que es la segunda ocasión que se licita, descartó que haya habido alguna práctica de corrupción.
Explicó que a partir del fallo en el que se declaró ganadora a Iberdrola fue recibida una impugnación y se siguió el procedimiento correspondiente.
La autoridad jurídica determinó que ninguna empresa había acreditado las formalidades señaladas en las bases de licitación y en consecuencia se declaró desierta y ahora se licita nuevamente al ponerse a consideración de los nuevos inversionistas.
Las obras que se licitan, algunas de las cuales habían sido anunciadas en abril pasado, son: el gasoducto El Encino-La Laguna, que pasará por Chihuahua y Durango; el gasoducto San Isidro-Samalayuca, en Chihuahua; la central de ciclo combinado Norte III, también localizada en Chihuahua.
Asimismo, la central de ciclo combinado Guaymas II (Sonora) y la línea de transmisión Huasteca-Monterrey, entre Tamaulipas y Nuevo León.
Así, en materia de capacidad instalada, se adicionarán alrededor de mil 642 megavatios (en condición media anual) al sistema eléctrico nacional.
Se agregarán 446 kilómetros a la red de transporte de gas natural. Como testigo social de esas licitaciones, la CFE seleccionó a la organización Transparencia Mexicana.

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Sindicatos de electricistas y petroleros tendrán cambios esenciales: disidentes

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 22 de julio de 2014, p. 8
Tras la reforma energética y las leyes secundarias, los sindicatos de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) tendrán cambios fundamentales en su estructura.
En primer término, dejarán de ser sindicatos de empresa y serán de industria. En ambos casos, se volverá a solicitar la toma de nota por las modificaciones que tendrán sus estatutos y contratos colectivos para adecuarlos a la reforma energética.
Así, son falsas las afirmaciones de que los derechos de los trabajadores petroleros y electricistas están garantizados tras los cambios legislativos, indicó la Coordinadora Nacional de Trabajadores Electricistas, gremio opositor al Suterm.
Indicó que los dos sindicatos tendrán una transformación estructural, y que por lo menos en el caso del contrato colectivo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los cambios empezaron tiempo atrás, ya que prácticamente se eliminó el esquema de jubilaciones y pensiones para los nuevos trabajadores.
De acuerdo con dicha coordinadora, la estructura laboral de la CFE será golpeada de forma severa, ya que se perderá aún más materia de trabajo para los electricistas, como ya fue lesionada desde las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, donde se abrió la puerta a una marejada de contratistas y productores independientes, quienes en la actualidad desempeñan funciones que deberían ser efectuadas por los empleados de esta paraestatal.
Añadió que el gobierno federal impuso la privatización de la industria eléctrica nacionalizada, favoreciendo la apertura total al capital privado, con las enmiendas recientes, por lo que decir que éstas no afectarán a los trabajadores ni al país es una mentira nacional.
Dichas modificaciones, que son contrarias al interés de la nación y de los mexicanos, no sólo cambian las disposiciones constitucionales respecto al servicio público de energía eléctrica para ponerla al servicio del gran capital y de las empresas nacionales, sino también da una gran estocada a la CFE, atentará contra los trabajadores mexicanos y los contratos colectivos, disminuirá el número de plazas, los derechos y las prestaciones.
La mayor prueba es que el Suterm aceptó reformas lesivas en la Ley Federal del Trabajo; por ejemplo, que en los casos de conflictos laborales por despido injustificado los trabajadores sólo tendrán derecho a reclamar salarios vencidos por un máximo de 12 meses del salario, aunque los procesos judiciales duren años.
El recorte del contrato colectivo ha sido constante, según esa organización, encabezada por Jesús Navarrete, ya que se ha quitado a los trabajadores los préstamos para compra de vehículos y ampliación de viviendas, los descuentos en transporte, los créditos vacacionales y los servicios médicos especializados particulares, entre otras prestaciones.

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El asesinato de José Luis Tehuatlie, una pesadilla que no acaba

PROCESO 


21 de julio de 2014
Destacado
Ciudadanos y familiares velaron frente a la alcaldía de Chalchihuapan el cuerpo del menor José Luis Alberto Tehuatlie. Foto: Víctor Hugo Rosas.
Ciudadanos y familiares velaron frente a la alcaldía de Chalchihuapan el cuerpo del menor José Luis Alberto Tehuatlie.
Foto: Víctor Hugo Rosas.
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde el 9 de julio, cuando el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, cayó herido por un impacto en la cabeza, durante un desalojo violento en la autopista Puebla-Atlixco, el drama ha acompañado a la familia.
Tras 11 días de agonía, al menor se le diagnosticó muerte cerebral el viernes 18, y un día después, el sábado 20, falleció a consecuencia de un paro cardio-respiratorio y luego de un peregrinar entre el hospital y el Servicio Médico Forense (Semefo) el cuerpo del pequeño llegó finalmente a su poblado, San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, donde fue velado este lunes en la Plaza Principal.
Ahí se dispusieron un centenar de sillas y el quiosco fue acondicionado para repartir pan y café a los asistentes. Sobre el ataúd blanco se dispuso una foto de José Luis, del día de su confirmación.
En el balcón de la planta alta de la presidencia auxiliar se colocó una manta con la imagen del menor ensangrentado, difundida en las redes sociales, y acompañada con la leyenda: “Moreno Valle; No a la Ley Bala, Un Niño la Víctima”.
Varias coronas de Tlamapa, de la familia Xelhua Crispín de Nueva York, del senador Manuel Bartlett, entre otras autoridades, flanquearon el ataúd. El entierro fue programado para las 10:00 horas del martes 22.
La pesadilla que vivió la familia de José Luis inició el pasado 9 de julio. Ese día, Elia Tamayo, madre del menor y perteneciente a una familia de jornaleros, cruzaba la carretera Puebla-Atlixco acompañada de su hijo a la altura del kilómetro 16, donde habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, realizaban un bloqueo para exigir al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, restituir las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.
Desde donde estaban Elia y su hijo, escuchaban detonaciones y de repente José Luis cayó. Algo había impactado en su cabeza.
De inmediato el menor fue subido en una camioneta y trasladado en busca de ayuda. Sobre la carretera Puebla-Atlixco encontraron una ambulancia que accedió a trasladarlo.
Elia y su hijo hicieron una primera parada en el Hospital General de Cholula pero según familiares del menor, no quisieron recibirlo. Kilómetros más adelante, fue ingresado al Hospital General del Sur, donde continuó la pesadilla.
Apenas llegaron al hospital personal del Ministerio Público llevó a Elia a rendir una primera declaración a pesar de que el médico había recomendado que permaneciera al lado de su hijo.
Al rendir declaración, según relató la propia Elia, un funcionario de apellido Cornejo -–Luis Arturo Cornejo Alatorre, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno— le pidió que dijera que la herida de José Luis había sido provocada por un cohetón.
Sin embargo, más tarde la mujer se entrevistó con visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y reveló que el objeto que impactó a su hijo provino de las fuerzas de seguridad.
“Los granaderos eran de montón y estaban aventando cosas que explotaban. Y cuando oí eso mi hijo se cayó. Estaban aventando y agrediendo a las personas”, sostuvo la madre, quien también denunció presiones del gobierno para retirar esa afirmación.
Durante 10 días José Luis permaneció hospitalizado en estado grave hasta que el pasado sábado 19 el director del Hospital General del Sur, José Antonio Martínez García, informó que a las 18:30 horas, se le declaró muerte cerebral y que sólo respiraba porque estaba conectado a aparatos. Sin embargo, el menor falleció horas después a consecuencia de un paro cardio-respiratorio.
De ello Elia Tamayo se enteró horas después y a través de los medios de comunicación, que reprodujeron un boletín emitido por el gobierno estatal. El gobierno ni el hospital tuvieron la atención de informarle sobre el deceso de su hijo.
Al mediodía del domingo 20, Elia se trasladó al Hospital General del Sur, donde se encontraba José Luis para confirmar la noticia pero le dijeron que el cadáver de su hijo ya se encontraba en las instalaciones del Semefo, en Agua Santa. De nueva cuenta Elia fue ignorada por las autoridades al no notificarle del traslado de su hijo.
El personal del Semefo practicó primero el examen del cuerpo y fue hasta las 19:30 horas del domingo cuando le permitieron a Elia Tamayo hacer el reconocimiento.
Transcurrieron casi 26 horas para que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal entregara a Elia el cuerpo de su hijo y todavía la dependencia intentó hacer que firmara un documento en el que constara que le habían entregado el cadáver a una hora más temprana.
Y más: En medio de su dolor, la representación social le pidió ratificar su declaración sobre los hechos del 9 de julio.
La noche del domingo, familiares del menor indicaron que en el dictamen de la necropsia sólo se indica que José Luis falleció por un paro cardiorespiratorio, registrado un día después de que se le declaró muerte encefálica.
El reporte señala que el menor sufrió una herida en la cabeza el 9 de julio, pero no menciona qué la causó y los forenses no hallaron rastros de pólvora en el cráneo del niño, lo que echaría abajo la versión del gobierno de que la herida fue provocada por un cohetón.
La diputada Roxana Luna publicó en las redes sociales, el viernes 11, un video y fotografías que demuestran que José Luis Tlautle Tamayo fue herido por balas de goma que accionó la Policía Estatal Metropolitana durante el operativo del 9 de julio.
En el vídeo que mostró la diputada en su cuenta Facebook y que también se encuentra en Youtube (www.youtube.com/watch?v=UWRx5itF_w8), se puede observar cómo uno de los pobladores sostiene al niño herido y le grita a los policías para reclamar lo que hicieron.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso e inició una investigación. Visitadores acudieron a la presidencia municipal de Chalchihuapan para escuchar las denuncias de los lugareños, quienes mostraron costales con restos de balas de goma y artefactos de gas lacrimógeno, objetos que –afirman— recolectaron en la zona y prueban que la policía les disparó para dispersarlos.
Luis Felipe Loria Rosado un neurólogo enviado por el Senado de la República para revisar a José Luis, afirmó que la herida que tenía el niño en la cabeza no fue hecha por un cohetón, como sostiene hasta hoy el gobierno de Puebla.
La herida que presentaba José Luis en la cabeza, dijo, fue hecha por un objeto contundente de aproximadamente tres centímetros de diámetro. “Un cohetón no, no tiene huellas de quemada en el rededor de la cicatriz”, dijo al descartar que la herida fuera provocada por un cohete.
José Luis Tehuatlie Tamayo es considerado la primera víctima mortal de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, aprobada por el Congreso en mayo pasado y rebautizada por los poblanos como Ley Bala.
El 9 de julio junto con su madre, Elia Tamayo, y vecinos de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, participó en un bloqueo en la carretera Puebla-Atlixco, para exigir al gobernador Rafael Moreno Valle restituir las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.
Durante tres horas pobladores de distintas juntas auxiliares bloquearon la carretera Puebla Atlixco, a la altura del kilómetro 16.
Al lugar del bloqueo llegaron decenas de policías que, sin atender a las etapas previas de disuasión y negociación, les lanzaron gases lacrimógenos para replegarlos pero éstos respondieron con piedras y palos, lo que desató una batalla campal que dejó cuatro policías y decenas de manifestantes heridos.
En un boletín la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el mismo día de los hechos, acusó:
“Durante la intervención de la autoridad, los pobladores agredieron lanzando diversos proyectiles como piedras, palos, cohetones, bombas molotov y petardos en contra de los uniformados y de pobladores que caminaban por la zona”.
La versión que sostiene hasta hoy Moreno Valle es que fueron los pobladores quienes iniciaron la agresión, incluso difundió dos videos que, ha dicho, demuestra que así sucedió y culpó a los inconformes del resultado de las acciones, incluido el caso de José Luis.
“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.
Lo lamentable “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”, acusó el gobernador un día después de la refriega, cuando se supo que entre los heridos, estaba el muchacho de 13 años.
Campaña progobierno en redes
Desde el día del desalojo violento, en redes sociales empezaron a surgir videos en YouTube, páginas sugeridas en Facebook y fanpages en las que se difunde la versión oficial del desalojo violento del 9 de julio.
Uno de los más recientes, es un video titulado “Chalchihuapan la otra cara del 9 de julio”, publicado el sábado pasado en el canal de YouTube “Chalchihuapan Nuestra Historia, creado minutos antes de que el gobierno estatal liberara un comunicado para confirmar la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
El video fue promovido mediante inserciones sugeridas en Facebook.
El video de dos minutos, ofrece el testimonio del policía Mario González Ricaño, quien fue retenido por los pobladores y, postrado en una cama de hospital, afirma que los policías únicamente portaban cascos, escudos y equipos de gas lacrimógeno en el momento del operativo.
Además, afirma que personas con el rostro cubierto portaban bombas molotov e incitaban a los pobladores para quemar a los uniformados.
Usuarios reportaron que el sábado por la mañana fue lanzado otro video en el espacio de publicidad insertada en YouTube, titulado “Las autoridades criminales de San Bernardino Chalchihuapan” en el que se hacía referencia a que tres familiares del edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, tienen antecedentes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas.
Tras la alerta de los usuarios, el video desapareció la mañana del domingo pasado.
Además, en Facebook y Twitter surgieron cuentas con nombres como “Chalchihuapan nueva historia”, “enchilada poblana”, “Chalchihuapan vive”, entre otras, en las que sólo se difunde información en contra de la diputada Roxana Luna, y el presidente auxiliar y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
En contraparte, el sábado pasado, tras la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, los detractores de Moreno Valle convirtieron en Trending Topic el hashtag “#MorenoValleAsesino”.
Y a través de la plataforma change.org se promueve una solicitud para llevar a juicio político al gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, por “brutalidad policiaca” y por la utilización de balas de goma durante el desalojo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, en Chalchihuapan. En cinco días, la petición acumula más de cuatro mil 500 firmas.
En el documento, dirigido a los coordinadores parlamentarios en el Congreso federal y estatal, se afirma que el saldo del desalojo violento del pasado 9 de julio fue de “70 pobladores heridos, entre ellos un menor que perdió la mano izquierda; el caso de Filemón Precio Grande, herido con proyectiles de gas en el abdomen; Martín Xelhua quien fue impactado al lado izquierdo del rostro a la altura de su quijada y Hugo Jiménez quien perdió un ojo tras haber sido golpeado por uno de los artefactos con punta de goma”.

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…Y madre del niño fallecido anuncia que demandará penalmente al gobernador

En Chalchihuapan pintaron consignas contra Moreno Valle. Foto: Víctor Hugo Rojas
En Chalchihuapan pintaron consignas contra Moreno Valle.
Foto: Víctor Hugo Rojas
SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, Pue. (apro).- Con el cuerpo de su hijo tendido en un ataúd a unos metros de ella y acompañada por autoridades de 50 comunidades poblanas, Elia Tamayo anunció que presentará una denuncia penal en contra del gobernador Rafael Moreno Valle por las mentiras que ha dicho en torno a la forma en que murió el niño José Luis Tehuatlie.
Estoica, la mujer se mantiene firme pese a las presiones que ha recibido en los últimos días por parte de autoridades estatales quienes, según el grupo de personas que la ha acompañado, llegan a un grado inhumano, no obstante a que el dolor por la pérdida de su hijo dice que “la mató por dentro”.
–¿Señora usted interpondrá una denuncia y contra quién?
–Contra el gobernador por no dar solución.
–¿La denuncia será penal?
–Sí, porque es un mentiroso, todas las cosas que declara él van a su favor… hasta ahí solamente voy a decir.
Esto, luego de que el domingo 20 Moreno Valle emprendió una campaña mediática para insistir en su versión de que el niño José Luis Tehuatlie Tamayo murió a consecuencia de un cohetón que golpeó la cabeza del menor y que habría sido lanzado por los propios manifestantes, todo ello con el fin de denostar a quienes apoyan a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.
Previo a ello, el mandatario se reunió con directivos de medios de comunicación locales –que aquí son conocidos como el grupo “Tripack”, por ser los únicos en contar con convenios publicitarios en paquete con la Universidad Autónoma de Puebla, el ayuntamiento y gobierno estatal– a los que mostró fotografías, videos y oficios que supuestamente avalan su versión.
Entre los elementos que aportó se encuentra una fotografía, que se reprodujo en esos medios, en la que aparece el niño José Luis sosteniendo una manta supuestamente en la manifestación que realizaron los habitantes de Chalchihuapan el 9 de julio para reclamar que el Registro Civil se restituya a las Juntas Auxiliares.
Con esto, Moreno Valle busca echar abajo la especie que se ha manejado de que el niño venía con su mamá de la escuela cuando resultó herido, así como justificar las acusaciones que hizo de que los manifestantes eran responsables al llevar a niños a las protestas para usarlos como “escudos”.
Tamayo participó en una rueda de prensa que dieron integrantes de la Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip) en el interior de la presidencia auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, para precisar que mantendrán su lucha contra la determinación de quitar el servicio del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.
Los presidentes auxiliares acusaron al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, de ser el responsable original de la manifestación que realizaron distintas demarcaciones el miércoles 9 y que derivó en el desalojo violento y en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Además, destacaron que enviaron múltiples oficios para pedir al funcionario que mediara en el conflicto o que ofreciera una solución, debido a que la medida generaba gran descontento entre los habitantes de esas comunidades, pero nunca obtuvieron respuesta.
Afuera, en la plaza principal de Chalchihuapan, fue colocado el ataúd blanco con el cuerpo sin vida del niño José Luis y, junto a él, en el piso, los habitantes del pueblo pusieron las piezas metálicas y de goma negra (con forma de torpedos) que pudieron recolectar de la zona en la que se llevó a cabo el desalojo policiaco.
También exhibieron una manta en la que responsabilizan a Moreno Valle y su ley bala de la muerte de José Luis.
Al lugar llegaron cientos de habitantes de Chalchihuapan y de las comunidades cercanas que expresaron su solidaridad a la familia del menor, cuyo sepelio será este martes por la mañana.
Unidos en la tragedia que han tomado como de todos, los lugareños colocaron mantas e hicieron pintas en distintas partes del pueblo para insistir en la responsabilidad del gobernador poblano.
En sus rezos, las mujeres piden por que las autoridades tomen decisiones a favor del pueblo y que ya no haya más víctimas de la ley bala.

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Moreno Valle pide al Congreso poblano dar marcha atrás a su “ley bala”

Protestas contra Moreno Valle en el consulado de México en Nueva York. Foto: @Eltiotonysoy
Protestas contra Moreno Valle en el consulado de México en Nueva York.
Foto: @Eltiotonysoy
PUEBLA, Pue. (apro).- En medio del repudio que generó la muerte del menor José Luis Tehuatlie, el gobernador Rafael Moreno Valle pidió a los legisladores abrogar la ley bala, confirmó el diputado priista Víctor Manuel Giorgana Jiménez, líder del Congreso local.
Previo a las comparecencias del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y del procurador Víctor Carrancá Bourget, el legislador dijo que la propuesta será sometida a consideración del pleno.
De hecho, la iniciativa está prevista como el punto 16 del orden del día de la sesión que se llevará a este martes 22 en el Congreso estatal.
Afuera del edificio legislativo, integrantes del Movimiento Alternativa Social (MAS) realizaron una protesta para exigir la renuncia de Rosas Rosas y del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, así como para exigir se ponga fin a la persecución que emprendió la administración morenovallista en contra de activistas y líderes sociales.
Horas antes, organizaciones civiles como Causa en Común y Centro Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras, responsabilizaron al gobierno de Moreno Valle de la muerte del niño por haber aprobado una legislación represiva como la llamada ley bala.
“(El gobierno de Puebla) se ha empeñado en decir que no se utilizaron balas de goma, pero aquí está la prueba de que sí hay balas de goma. Estas son sólo algunas de las que la población de San Bernardino Chalchihuapan me prestaron, ellos tienen una mayor cantidad de balas, de artefactos”, dijo Misraim Hernández, en una rueda de prensa llevada a cabo en la Ciudad de México.
El grupo de activistas presentó parte de los objetos que los lugareños lograron recolectar en los alrededores del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, en donde se llevó a cabo el violento desalojo de la protesta realizada el 9 de julio.
Además de que fue blanco de múltiples críticas en las redes sociales, las protestas contra el gobernador Moreno Valle resonaron en el extranjero.
Afuera del Consulado de México en Nueva York, un grupo de personas exigió la renuncia del mandatario poblano. “Rafael Moreno Valle murderer must resign!!! Stop repression!!! Justice for Jose Luis Tehuatlie”, escribieron en un cartel los inconformes de acuerdo con una foto que circuló en las redes sociales.

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La mano dura no funciona

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Policías de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Argentina tomaron parte el pasado 15 de julio en una demostración de acciones antisecuestro en la academia de policía de Sibate, cerca de BogotáFoto Reuters
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Periódico La Jornada
Martes 22 de julio de 2014, p. 20
América Latina es la región más violenta del mundo. Más de un millón de personas murieron a consecuencia de la violencia criminal en la década pasada, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En Honduras, el país con más asesinatos en el planeta, la tasa de homicidios en 2012 fue de 90.4 personas por cada 100 mil habitantes: una epidemia mortal que se traduce en 7 mil 500 muertes por año en una ciudad del tamaño de Londres (donde la cifra real en el año fue de 112).
El crimen letal es sólo parte de la historia. Los robos casi se han triplicado en los 25 años pasados, en contraste con las tendencias en otros lugares. Si bien existen enormes diferencias entre países (y dentro de ellos) en América Latina los costos del crimen son altos en todas partes. Algunos de estos, como los relativos a seguridad y atención a la salud, pueden cuantificarse; otros son más intangibles. En Chile, uno de los países más seguros de la región, casi la tercera parte de los habitantes dicen que sus vecindarios son afectados por bandas de delincuentes.
Algunas de las causas de la enfermedad del crimen en América Latina son de raigambre profunda: una explosión demográfica de jóvenes, para empezar, y niveles obstinadamente altos de desigualdad de ingreso. Otras provienen de fuera de la región: la demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta de armas desde allá. Pero existe un culpable más susceptible de atención: el sistema de justicia penal de la región. A menudo los villanos actúan con impunidad. La tasa global de enjuiciamientos por homicidio es de 43 por cada cien; en AL es de 24. Las cárceles están abarrotadas de delincuentes menores, que forman un albañal de talento en el que las bandas endurecidas enganchan nuevos miembros.
Abundan ejemplos de policías corruptos, tribunales burocráticos y prisiones infernales; las historias de éxito son escasas, pero ofrecen lecciones valiosas. La primera es alejarse de las políticas de mano dura, que saturan las cárceles y los sistemas judiciales, y cambiarlas por principios de prevención y rehabilitación. La muy afamada policía de Nicaragua ofrece consejos a adolescentes descarriados; su tasa de homicidios es una de las más bajas de América Latina. La policía de Colombia, que en el curso de los años ha mejorado mucho en el combate al crimen organizado, ha adoptado un sistema de policía basado en la comunidad para enfrentar la criminalidad cotidiana. Más de la mitad de las prisiones de la República Dominicana aplican un enfoque de estilo escandinavo en la educación y la capacitación: las tasas de reincidencia se han derrumbado.
Una segunda lección es la importancia del compromiso político. Las políticas de mano dura resultan contraproducentes, pero son populares: se necesita temple para adoptar un enfoque más suave hacia el crimen. Un mejor sistema de justicia penal también requiere más dinero y esfuerzo sostenido. A los mal pagados policías peruanos se les permite doblar como guardias de seguridad privados, dentro de un pernicioso esquema de trabajo 24 por 24; sería mejor pagar más por una fuerza de tiempo completo que no considere el servicio público como una interrupción de la tarea en la que gana buen dinero. La coordinación es esencial: los esfuerzos por echar a las bandas de favelas específicas en Río de Janeiro han reducido el crimen, pero los críticos alegan que los delincuentes simplemente se han mudado a otras partes de la ciudad.
No tan elemental
El tercer elemento del éxito es institucional: un marco que permita al sistema de justicia penal operar con independencia, sin que sus actos dejen de estar sujetos a rendición de cuentas. Los políticos interfieren con demasiada frecuencia; un ejemplo reciente es la destitución de Claudia Paz y Paz, intrépida procuradora general en Guatemala. Muy rara vez se llama a cuentas ante supervisores externos a policías, fiscales y jueces que incurren en anomalías. Sólo en tres países más de la mitad de la población expresa alguna o mucha confianza en sus sistemas de justicia. El problema del crimen en América Latina no puede resolverse si el estado de derecho no es aplicable a todos sin distinción.
Economist Intelligence Unit
Traducción: Jorge Anaya
En asociación con Infoestratégica 

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La agencia estadounidense Usaid abandonará Ecuador el próximo 31 de agosto

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está “haciendo las maletas” y este domingo se despidió de Ecuador con una ceremonia en el Swissotel de Quito.

​El próximo 31 de agosto la agencia estadounidense tendrá que salir del país, luego de que el pasado 26 de noviembre de 2013, a través de una comunicación dirigida a este organismo internacional, Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional del Gobierno de Rafael Correa, informó que “Ecuador no podrá ejecutar ninguna actividad nueva, ni ampliar plazos de ejecución de proyectos” hasta que ambos gobiernos negocien y firmen un convenio que hasta el momento no se ha concretado.
Beth Hogan, administradora adjunta de la Usaid para América Latina y el Caribe, y Adam Namm,  embajador de Estados Unidos en Ecuador, dijeron sentirse “sorprendidos” ante tal notificación.
En diciembre pasado, Rafael Correa dijo en una intervención por la radio pública que en Ecuador “no necesitamos caridad”. Luego señaló que “las limosnas que daba la Usaid” las puede asumir su Gobierno.
La Usaid ha sido acusada en reiteradas ocasiones de usarse como un organismo tapadera de EEUU para interferir en los asuntos internos y desestabilizar a los países no aliados de Washington bajo el pretexto de la cooperación y la ayuda al desarrollo.
LibreRed / Nodal 

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