viernes, 22 de junio de 2018

SME Recepción Estructuras Tacuba 22jun18

Gane quien gane, seguirá el despojo: Marichuy


Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2018, p. 13
Mexicali, BC.
La vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, dijo que gane quien gane el primero de julio el destino del país será el mismo, pues se tienen acuerdos entre todas las fuerzas políticas y las personas en el poder.
En su opinión, después de los comicios continuará lo que está sucediendo, con el despojo y estos decretos de privatización del agua.
Marichuy criticó la calidad del trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso, en el que aspiró a ser candidata a la Presidencia por la vía independiente.
Consideró que el INE no está diseñado para alcanzar la organización en colonias, pueblos ni comunidades, está diseñado para quien tiene el poder político y económico, en ver quién sigue para despojar al país, sin tomar en cuenta a los de abajo.
En entrevista, la defensora de los derechos humanos afirmó que actualmente no hay partido ni candidatos con corriente ideológica de izquierda o que se sumen a las demandas de los movimientos de resistencia civil que hay en todo México.
Se dicen de izquierda, pero en la práctica resulta que no lo son, afirmó,

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Instalan plantón indefinido damnificados por el sismo

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▲ Damnificados del multifamiliar Tlalpan bloquearon la calzada del mismo nombre para exigir a las autoridades que cumplan con los acuerdos pactados.Foto Cristina Rodríguez
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▲ La lluvia no impidió mantener su movimiento.Foto José Antonio López
Rocío González Alvarado, Raúl Llanos Samaniego y Alejandro Cruz Flores
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2018, p. 32
Tras horas de infructuosa negociación con autoridades capitalinas y legisladores, los damnificados del sismo del 19 de septiembre decidieron anoche instalar de manera indefinida su campamento sobre la calzada de Tlalpan, en demanda de que se les otorguen recursos suficientes para la reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles dañados.
Después de bloquear durante la mañana varias avenidas primarias, los integrantes del colectivo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México acudieron por la tarde a la sede de la Asamblea Legislativa, donde se reunieron con el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, y el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, sin lograr un acuerdo, por lo que al salir del encuentro tomaron la decisión de instalar el plantón.
Con la consigna ¡no más burlas, no más dilaciones, los afectados desplegaron sobre la calzada de Tlalpan –frente al multifamiliar– las mantas y pancartas que han utilizado durante su movimiento e instalaron sus casas de campaña poco después de las ocho de la noche, tarea en la cual no tuvieron mayor problema con los automovilistas, pues elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública habían cortado ya la circulación sobre esa vialidad, a sabiendas de la decisión de los inconformes.
La exigencia de los damnificados es que las autoridades publiquen los lineamientos del programa de reconstrucción, garanticen recursos suficientes para ello o rehabilitación de 36 inmuebles dañados e inicien las obras de inmediato.
Nos quieren condenar a obras a medias y seguir viviendo en la calle, con apoyos que van de 400 mil a 500 mil pesos por departamento, que son insuficientes para cubrir los costos que la Secretaría de Desarrollo Urbano ha cotizado, por ejemplo para el edificio 1C del multifamiliar Tlalpan y el de Pacífico 4555, expuso Israel Ballesteros, uno de los voceros del colectivo.
Por la mañana, en grupos de 15 a 40 personas, los damnificados bloquearon de manera simultánea durante 40 minutos cinco puntos distintos en los cruces de Tlalpan y Taxqueña, San Antonio Abad y avenida Del Taller, Miramontes y Calzada del Hueso, Insurgentes y Viaducto, e Insurgentes y Eje 7 Sur Zapata.
Desde temprano, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que no se usará la fuerza pública contra las manifestaciones sociales, como las protestas que realizan damnificados del sismo del 19 de septiembre.
Manifestó que el gobierno siempre estará abierto al diálogo y la negociación, y reiteró que todos los recursos para la reconstrucción en la capital se destinarán a los afectados por el terremoto, y afirmó que nunca voy a generar ni un esquema de confrontación ni que vulnere o minimice a cualquier persona que ha sido afectada.

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Avanza la privatización de los recursos hídricos de México




Los decretos presidenciales de Peña en torno al manejo de 295 cuencas hídricas –que las pasa del régimen de veda al de reserva– no necesariamente implican su conservación. En cambio, sí establecen un régimen de certidumbre jurídica y ventajas económicas que potencia los usos lucrativos del agua, en detrimento de las comunidades. Es claro que ya inició la privatización del vital líquido

El 5 de junio pasado, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de “reserva de agua” que se  publicaron el día 6 en el Diario oficial de la federación [1]. La acción ejecutiva puede analizarse desde tres dimensiones: la histórico-política (facultades para la liberalización de recursos estratégicos); la técnica-jurídica (armonización de regímenes extraordinarios de regulación) y los riesgos político-sociales (conflictos normativos, ecológicos y distributivos).
En la primera dimensión, la liberalización de recursos estratégicos o desregulación ha sido prioritaria para las recientes administraciones. Algunos indicadores clave para observar esta tendencia son la desincorporación de empresas paraestatales en la década de 1980, las privatizaciones de 1990 y la liberalización o desregulación de sectores económicos y de flujos e insumos del gran capital. Específicamente la liberalización del sector energético incluye la producción de energía eléctrica, la explotación de los hidrocarburos, la minería y otras industrias extractivas.
Otro indicador importante son las reformas estructurales que han modificado el carácter constitucional de los antiguos monopolios estatales. Además, es cuantificable en cada sexenio la mayor capacidad para modificar la Constitución que han ganado los presidentes desde la década de 1980. En conjunto, esta tendencia histórico-política muestra que la liberalización de los recursos estratégicos ha seguido una ruta bien definida que todas las administraciones han consolidado gradualmente.
Esta tendencia abona a una mayor participación del sector privado, nacional y extranjero, en la explotación de bienes públicos que permitan captar inversión intensiva de capital en sectores estratégicos y ampliar la base tributaria de los ingresos ordinarios por vía de los derechos, usos y aprovechamientos. La privatización de 1990 fue un caso de ingresos extraordinarios captados por el Estado, que tuvo un monto equivalente a una cuarta parte del costo del rescate bancario de finales de esa misma década. Liberar para perder.
En tal sentido, el bloque de reformas que impulsó la administración de Peña Nieto –incluida la energética–, las adecuaciones a la ley de aguas y otras legislaciones señalan esta pauta histórica. El artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales [2] faculta al presidente para determinar el uso de tales recursos. Aunado a las facultades impulsadas en este gobierno y el anterior y a las regulaciones extraordinarias en materia de energéticos, se tiene una parte del sistema de regulaciones de aprovechamiento de recursos estratégicos.
Por ende, el cambio de régimen sobre los recursos hídricos que ahora pasan de la veda a la reserva transitan por esta tendencia histórico-política de desregulación de los recursos estratégicos, para facilitar la explotación y participación de los actores privados (sean empresas, corporativos o asociaciones). La liberalización está sustentada por las facultades específicas de los presidentes en turno y las alianzas o escudos legislativos que han logrado conjuntar al interior del Congreso (ejemplos de ello son el Pacto por México, reformas estructurales, ley Televisa, rescates bancario, carretero y azucarero).

Dimensión técnico-jurídica

En la segunda dimensión es importante distinguir el carácter de la nueva regulación en términos jurídico-regulatorios: los decretos del pasado 5 de junio se sustentaron en una facultad legislativa que posee y conserva el presidente. La Ley de Aguas permitía a Peña decretar el uso/no uso de los recursos integrados en las cuencas hidrográficas (zonas, lagos y ríos).
La clave de este tema fue pasar de un régimen de veda, que prohíbe la libre concesión y explotación del recurso hídrico, hacia un régimen de reserva, que otorga certidumbre jurídica para la provisión de permisos y concesiones para la explotación.
Anteriormente, el régimen de veda obligaba a los agentes económicos o colectivos que requirieran explotar un recurso hídrico a llevar un engorroso trámite en las instancias federales. Además, los derechos otorgados eran bastante limitados y sujetos de controversias administrativas e incluso constitucionales. El régimen de reserva, en cambio, permite y facilita una regulación que ya quedó preestablecida en un conjunto de reformas y leyes secundarias para la explotación de recursos estratégicos (las modificaciones a los Artículos 25, 27, y 28 de la Constitución).
La Ley de Asociaciones Público Privadas, las reformas a las leyes de Amparo, de Bienes Nacionales, Orgánica de la Administración Pública Federal, hacendaria en materia de derechos usos y aprovechamientos y la creación de organismos autónomos reguladores forman un cuerpo legislativo que ha tratado de armonizar la regulación para la explotación de los recursos en minería, energía eléctrica, energías alternativas, hidrocarburos, extractivos y hoy agua.
El régimen de reserva precisamente otorga certidumbre jurídica para el otorgamiento de permisos y concesiones que estarán amparados bajo el sistema de regulaciones que incluyen las legislaciones que ya se han mencionado. Por tanto, el decreto establece que el 55 por ciento de los recursos hidrográficos de 295 cuencas son sujetos a cuatro tipos de usos: el personal o doméstico, el público urbano –que introduce la explotación para la generación de energía–, el ambiental y para reserva o conservación [3].
Esto significa que hay cuatro usos para los recursos hídricos que salieron del régimen anterior de veda. Las zonas, cuencas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
El juego de palabras en el decreto debe de leerse con detalle. Por ejemplo, la protección es una de las opciones abiertas: no está asociada de forma vinculante a un programa de acciones para la recuperación de los recursos hídricos.
La conservación implica solamente cumplir con ciertos estándares de resguardo de los cuerpos de agua para el uso público –no necesariamente de la población demandante– que no resuelve el tema de la contaminación de los recursos hídricos, ni de la distribución ni del acceso universal al mismo. Según expertos, la vasta mayoría de los ríos están contaminados.
Entonces, el eufemismo reserva ambiental permite presentar como una acción ambiental lo que en realidad es otra liberalización dentro del bloque histórico-político de desregulación de recursos estratégicos.
Por otra parte, como ya se ha analizado, las reformas estructurales, energéticas y el marco regulatorio que se establece a partir de las adecuaciones a los artículos 25, 27, y 28 constitucionales, la Ley de Asociaciones Público Privadas –que anula el control del poder legislativo sobre el endeudamiento contraído por los gobiernos de los tres niveles y garantiza contrataciones ad hoc–, los ajustes a la legislación hacendaria, la creación de organismos reguladores, la modificación a la Ley de Amparo y la introducción de la figura jurídica de “utilidad pública” armonizan legalmente –que no constitucionalmente– los mecanismos para otorgar permisos y concesiones para explotación de los recursos hídricos en manos de agentes privados.
Entre las ventajas está el establecimiento de contrataciones gubernamentales por periodos de hasta 50 años prorrogables, la mayor libertad para disponer de forma exclusiva de dichos recursos a través del esquema de derechos, usos y aprovechamientos –inscritos en los permisos y concesiones–, mayor protección desde el concepto de utilidad pública para evitar juicios de comunidades o actores colectivos inconformes.

Más conflictos sociales

La ambigüedad y doble naturaleza de los derechos de carácter público y privado abre una nueva vía de conflictos políticos, ecológicos y distributivos por la pugna de acceso a los recursos hídricos útiles (no contaminados). No obstante que en este régimen regulatorio especial se persigue armonizar los aspectos técnicos y jurídicos de cambio del régimen de veda hacia reserva para brindar mayor certidumbre jurídica y ventajas económicas a la explotación de estos recursos estratégicos, anulando la viabilidad del amparo, por ejemplo.
Los nuevos ingresos ordinarios al Estado se basan en una visión particular de desarrollo económico y social, confiado a actores que no inspiran confianza.
Aquí entra la tercera dimensión del riesgo: en materia de acceso y conservación ambiental hay experiencias negativas documentadas alrededor del uso preferencial otorgado a partir de este conjunto histórico de políticas y desregulaciones.
Por ejemplo, en el caso de la producción de energía eléctrica, la minería y de industrias extractivas para la explotación de hidrocarburos los beneficiarios son corporaciones privadas nacionales e internacionales, a través de esquemas de financiamiento en mercado de futuros –con alto nivel de especulación– o a través de concesiones para megaproyectos. Avalados por los gobiernos, éstos anulan o al menos complican el acceso a dichos recursos a los actores sociales: las necesidades de las poblaciones, comunidades indígenas y campesinas quedan en segundo plano.
Debemos recordar, además, los efectos negativos de la industria de los hidrocarburos, que históricamente ha generado grandes impactos ambientales, una serie de pasivos y huella ecológica, efectos adversos en la utilización de los recursos ya sea por contaminación, desabasto generado por el consumo o contaminación industrial o por los usos exclusivos previstos en la regulación, para los siguientes 50 años y presentado como reserva “pública”.
Los recientes casos de contaminación de zonas agrícolas de cuerpos de agua o la utilización de millonarios volúmenes de agua para la industria del fracking –para la obtención de hidrocarburos no convencionales– ha generado conflictos porque los actores sociales no pueden acceder a los recursos naturales debido a los regímenes de exclusividad, a la contaminación o la reducción de las vías de acceso y distribución.
En consecuencia, el uso industrial en beneficio de la inversión intensiva de capital e ingresos extraordinarios del sector público está contrapuesto al concepto de acceso democrático al recurso hídrico considerado como un derecho fundamental.
Pero ahora, con la figura de la utilidad pública, las luchas de la sociedad civil –que antes impulsaron controversias constitucionales, litigios estratégicos o amparos– verán reducidas sus capacidades de agencia y de control público, de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y fiscalización.
Por ello, el tránsito del régimen de veda a reserva no necesariamente implica una conservación o recuperación de los recursos hídricos. En cambio, sí establece con claridad un régimen cuya certidumbre jurídica y ventajas económicas va a potenciar los usos lucrativos de estos recursos en obvio detrimento de los recursos que pudieran garantizar las comunidades vulnerables por carencia de bienes esenciales o por vías públicas de acceso a dichos bienes.
A ello se suma el bajo grado de vigilancia y capacidad de regulación que el Estado tendría sobre estos recursos: el cálculo de la afectación sólo considera un estimación del caudal “horizontal” de los cuerpos pero no considera el origen subterráneo y la precipitación pluvial “vertical”. También, que las juntas comunitarias y las concesiones antes otorgadas quedaron al margen de lo considerado en estos 10 decretos. Aunque el sistema regulatorio sí facilita la concesión a los privados bajo esquemas que no requieren su validación en los poderes legislativos. Es decir, la sociedad civil pierde capacidad de control público sobre estos bienes al tiempo que los agentes privados ganan certidumbre y ventajas financieras.
Finalmente, se ha insistido en que el gobierno de Peña fue apoyado por la WWF (World Wild Life), corporación suiza que mantiene asociaciones estratégicas con empresas a favor de la privatización de recursos hídricos y altamente contaminantes, como Yves Rocher y Johnson & Johnson. En México sus aliados son Telcel y Coca Cola Company, gran beneficiara de recursos hídricos cedidos por el gobierno de Vicente Fox.
Al respecto, desde 2016, Greenpeace identificó 30 empresas contaminantes del agua con microesferas de plástico [4]. Se calcula que en Europa, cada año, llegan al medio marino 8 mil 627 toneladas de plástico (equivalente al peso de la Torre Eiffel) procedentes de las microesferas en los cosméticos fabricados por las aliadas de WWF.

Las leyes liberalizan, no plantean abiertamente privatizar

La privatización del agua avanza. Sólo hay que decir que las reformas, las leyes y los decretos jamás plantean ni lo han hecho de jure la privatización. Ello porque el marco jurídico no plantea privatizaciones sino desregulaciones, retiro de prohibiciones, permiten la participación social o privada, la desincorporación o grados de inversión-operación-participación privada.
Pero la consecuencia directa de las reformas de ese tipo sí genera la privatización de facto de bienes y servicios (energéticos, electricidad, productos agrícolas, telecomunicaciones, banca comercial, carreteras). Conjuntamente, las estrategias de liberalización también generan nuevas externalidades negativas y fallas del Estado: por corrupción y captura de reguladores, desabasto, ineficacia, ineficiencia, opacidad y déficit financiero por el pago de intereses de las deudas contraídas por las dinámicas de liberalización.
Es útil recordar que los defensores de las reformas a Petróleos Mexicanos de 2008 y 2013, acaloradamente, negaron los efectos adversos en términos de vigilancia y rendición de cuentas, acceso a bienes y servicios, huella ambiental, externalidades negativas, ineficiencia e ineficacia en los objetivos de desarrollo y productividad de las políticas públicas. A pocos años de distancia, es evidente que se equivocaron. Hubo incluso quienes defendieron el fracking a pesar de la evidencia científica que documentó sus efectos negativos, los pasivos ambientales, el detrimento de la salud de los habitantes y los negativos impactos económicos en las economías aledañas. Tal vez los defensores de dichas reformas y decretos (aperturistas, liberalizadores, desreguladores o de nuevos modelos de asociación pública privada) tengan guardados argumentos más éticos y lógicos para negar los efectos adversos en una economía oligopólica con autoridades corruptas. O bien, que logren desmentir los efectos negativos en términos de acceso equitativo a los recursos y bienestar social. Esa es la cuestión. Que no sólo destaque la quisquillosa y cómoda defensa del estatuto jurídico de reformas semejantes, que al final se pasan por el arco del triunfo.
Referencias:
[1] http://dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06
[2] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf.
[3] De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, una reserva se puede resguardar para la parte ambiental, para el uso diario de la población; es decir, el uso doméstico, o bien para generar energía en la parte del servicio público
[4] Exfoliantes, pastas de dientes y detergentes contienen pequeñas bolas de plástico (entre 130 mil y 2.8 millones en un bote) que llegan al mar a través del desagüe, hay otras empresas como Revlon y L’oreal.
Omar Elí Manríquez Santiago*
*Doctorante de estudios sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana; maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; licenciado en ciencia política y administración urbana, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, institución en la que es académico

Subasta el gobierno el depósito Tetepilco y la subestación Potrero

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▲ Aspecto del depósito Tetepilco del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, el cual será subastado junto con la subestación Potrero.Foto Víctor Camacho
Ángel Bolaños Sánchez
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2018, p. 33
El gobierno de la ciudad puso a subasta dos predios del Servicio de Transportes Eléctricos (STE): el depósito Tetepilco, en la delegación Iztapalapa, y la subestación Potrero, en la colonia Guadalupe Victoria, Gustavo A. Madero, para ser transferidos en concesión o mediante permiso administrativo temporal revocable (PATR).
Ambos predios se ofrecen mediante la iniciativa creada por la red de ciudades del C40: Reinventing Cities para promover la recuperación de áreas urbanas degradadas.
El primero se describe como un espacio de 155,120 metros cuadrados que alberga varios edificios, oficinas, talleres y áreas de operación del STE, tiene extraordinario potencial para reorganizar y mejorar el programa operativo actual de STE, liberar espacio y permitir la integración de nuevos usos, y añade que los concursantes tendrán la oportunidad de desarrollar propuestas de uso mixto, pudiendo incluir comercio, servicios, cultura, deporte, capacitación y educación, así como generación de energía.
En el caso de la subestación Potrero, dice que es un predio de 924 metros cuadrados, que incluyen aproximadamente 250 metros cuadrados de las subestación eléctrica. Ofrece oportunidades para propuestas que aprovechen su ubicación estratégica para revitalizar las áreas que rodean la intersección e integrar los usos de suelo de las mismas.
Añade que la Ciudad de México y el STE, que posee el sitio, están abiertos a propuestas creativas y esperan que los concursantes aborden los siguientes desafíos: usos mixtos, pluralidad de vivienda, producción de energía limpia, regeneración posindustrial, gestión de residuos sólidos, espacio público y otras formas de estrategias de sostenibilidad.
Ambos predios figuran como parte de una bolsa de 45 espacios infrautilizados para volver a urbanizar propuestos por las ciudades del C40 con proyectos que deben plantear soluciones innovadoras para luchar contra el cambio climático, combinándolo con una arquitectura que sea digna de mención y con beneficios para las comunidades locales.
Al respecto, Morena en la Asamblea Legislativa advirtió, sin embargo, del riesgo de que ambos espacios queden a disposición de desarrolladores inmobiliarios y proyectos que generen procesos de desplazamiento de vecinos con un menor poder adquisitivo.
El diputado Alfonso Suárez del Real refirió que en el caso de la subestación Potrero, de acuerdo con la regulación del programa de desarrollo urbano de la delegación, le corresponde un uso de suelo 6/35/Z y aplica norma de vialidad que puede albergar usos mixtos con 35 por ciento de área abierta y una densidad de alojamiento de 60 metros cuadrados.
Cuando yo traduzco todos estos datos, me doy cuenta que se está convirtiendo a los depósitos del STE en una oportunidad gentrificadora que conlleva la creación de torres de mínimo nueve niveles con viviendas de 60 metros cuadrados, lo cual significa una oportunidad para el inmobiliario, pero una pérdida para el STE, advirtió.

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San Luis Potosí alcanzará 98% de cobertura eléctrica con inversión de 93 MP

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció una inversión adicional de 93 millones de pesos como parte de la tercera etapa del Fondo del Servicio Universal Eléctrico (FSUE), para atender 152 localidades, cinco mil 154 viviendas y una población beneficiada 23 mil 389. Con estas tres etapas del FSUE, al concluir esta administración se elevará el porcentaje de atención a la población potosina a 98.2 por ciento en cobertura eléctrica.
Dijo que a pesar que nuestro país tiene un alto grado de electrificación, incluso dentro de los países de la OCDE, con un 98.6 por ciento de cobertura, más de 1.8 millones de mexicanos carecen de luz, por lo que la Reforma creó el FSUE, para atender ese 1.4 por ciento de población que carece del servicio.
El FSUE es un instrumento de financiamiento sólido y flexible con recursos provenientes del Mercado Eléctrico Mayorista que busca alcanzar una meta de inversión de 12 mil millones de pesos del 2017 al 2021 y que asigna los proyectos a través de licitaciones competitivas y transparentes con este programa, al concluir el sexenio del Presidente Peña Nieto, se les llevará el servicio eléctrico a 769 mil mexicanos, agregó.
Joaquín Coldwell destacó que San Luis Potosí es una de las 10 entidades que tienen una cobertura eléctrica por debajo de la media nacional, con un 97.3 por ciento, por eso, la Secretaría de Energía, a través de este fondo y de las gestiones realizadas por el Gobierno del estado, asignó en las dos primeras etapas de la implementación de este programa, 79 millones de pesos para atender 153 localidades y mil 966 viviendas electrificadas y que van a beneficiar a 11 mil 386 habitantes.
El secretario de Energía también comentó que el nuevo modelo energético fijó las bases para que México transite en los próximos años de las energías fósiles a las energías verdes. La apertura en el sector permitió la entrada de inversión a nuestro país para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica a través de fuentes limpias.
“Están ya en proceso 45 plantas solares y 20 eólicas en la República, y en San Luis Potosí se está haciendo una de las plantas solares más grandes de América”: Sener
En presencia del Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, el responsable de la política energética del país afirmó que con la generación solar y eólica van a bajar los costos de generación eléctrica en beneficio de la competitividad económica del país y del bienestar de las familias; pero también esta nueva tecnología se usará para poder llevar la electricidad a los que menos tienen.
Por la mañana, el titular de la Secretaría de Energía y el Gobernador de la entidad visitaron la terminal general de carga y combustibles “Centro de México” en San Luis Potosí, lo que enriquece la capacidad de almacenamiento de gasolinas del país y convierte al estado en un centro de distribución de combustibles muy importante para el Bajío-Centro.
En el evento estuvieron presentes el Maestro Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí; y el Maestro Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

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Contrato de Aristegui con MVS “sigue vigente”, resuelven magistrados; abogados llevarán a la Corte caso de “daño moral”

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los magistrados de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvieron que el contrato entre Carmen Aristegui y la empresa MVS -que ésta dio por terminado en marzo de 2015-, sigue vigente y su “terminación fue indebida”, afirmó el abogado de la periodista, Xavier Cortina.
En entrevista con apro, agregó que, en el otro litigio por presunto daño moral, los mismos magistrados resolvieron que en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cambió un gobierno, Aristegui “no demostró” sus juicios, pero la absolvieron de pagar una cantidad a Joaquín Vargas, dueño de dicho medio de comunicación.

Consultado vía telefónica tras conocerse la resolución de ambos juicios, Xavier Cortina subrayó que lo sustancial es que “el contrato con MVS sigue vigente y es exigible”. Detalló que “al no existir una razón económica que justifique su terminación unilateral, se trató de un golpe de censura” de la empresa radiofónica contra Aristegui y su equipo.
En el tema del juicio por daño moral, radicado en el mismo tribunal colegiado, los magistrados resolvieron que Aristegui “no demostró” el resultado de sus juicios donde señala una presión del gobierno federal a Joaquín Vargas por el tema de la renovación de las concesiones en la banda 2.5 Ghz, que, posteriormente, MVS vendió a Grupo Carso, de Carlos Slim.

Sin embargo, no le ordenan pago monetario alguno, sino la reimpresión del prólogo del mismo libro que se integre “con un extracto de la resolución” de más de 100 páginas que se dio a conocer este jueves.
Frente a este tema, el equipo jurídico de Carmen Aristegui pedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso para defender el derecho de la libertad de expresión en juicios como el de la periodista, quien escribió sobre su propia situación en el prólogo del libro, editado por Penguin Random House.
Paradójicamente, la misma editorial había sido exonerada en el juicio por daño moral interpuesto por Joaquín Vargas, pero ahora tendría que volver a reimprimir el libro con un extracto de la sentencia de los magistrados.
Magistrados ignoran presión de MVS
Al resolver de esta manera los juicios mercantil y por daño moral, los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza habrían ignorado una estrategia de presión, proveniente de la propia empresa MVS, para fallar a favor de la concesionaria y en contra de la periodista, tal como lo dio a conocer Proceso, en su edición 2167 del pasado 13 de mayo.
Según la documentación a la que tuvo acceso este semanario, un documento de siete cuartillas explicó la controversia entre MVS y Aristegui favoreciendo la posición de la empresa de Joaquín Vargas y asegurando que Aristegui habría violado los términos del contrato original.
“Con esta nueva resolución, Carmen tiene derecho a que se le restituya en el aire en MVS, porque la terminación del contrato fue indebida, se le corrió sin ninguna razón y se violó el propio Código de Ética que estaba en el contrato de Aristegui con la empresa”, razonó el abogado Xavier Cortina.
En el tema del daño moral, se le concede el amparo a Joaquín Vargas para que se integre “un extracto de la resolución” en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.
Según la demanda de Vargas, la periodista se “excedió en su libertad de expresión y de información” causándole un daño a “sus derechos de personalidad, honor y prestigio” en el prólogo del mismo libro.
“La periodista parte de la tesis de que, a cambio de haber eliminado su programa de noticias, fue que el Poder Judicial resolvió dos juicios de amparo a favor de los intereses de Joaquín Vargas y que el Ejecutivo federal concedió una prórroga a la concesión para explotar la banda de 2.5 Ghz”, argumentaron los abogados del presidente de MVS en su alegato.
“La existencia de un supuesto acuerdo entre Joaquín Vargas Guajardo y el Ejecutivo federal sí se encontraba sujeta al estándar de veracidad”, afirmaron los abogados de MVS que pidieron a los magistrados que se actualizara “la malicia efectiva”.
El párrafo del prólogo escrito por Aristegui que más señalaron los abogados de Vargas Guajardo como presunto daño moral fue el siguiente:
“Fue una tragedia ver cómo aquellos que habían apostado por la libertad de expresión y la investigación periodística (refiriéndose a Joaquín Vargas y a Carlos Vargas Guajardo) finalmente sucumbieron a presiones y componendas de un poder al que ya antes se habían enfrentado con dignidad y valentía”.
Una historia de censura
La abrupta salida de Carmen Aristegui y de su equipo de reporteros de MVS se produjo en marzo de 2015, cuatro meses después de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, que generó un escándalo nacional e internacional.
MVS escaló en menos de una semana el conflicto con Aristegui, por presunta violación del “Código de Ética” de la estación, argumentando que había utilizado el nombre de la empresa al dar a conocer su participación en la plataforma Mexicoleaks.
La radiofónica la demandó por presunta violación de los términos del contrato para justificar su salida como un asunto “mercantil” y no como una violación a la libertad de expresión. El 14 de julio de 2017 se dictó una sentencia, según la cual, tanto la empresa como Aristegui habían acreditado “parcialmente” sus pretensiones y excepciones.
El 28 de noviembre de 2017 ambas partes se inconformaron con esta sentencia y promovieron juicios de amparo directo que fueron radicados en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Este 21 de junio, siete meses después, los magistrados resolvieron de manera salomónica que MVS violó los términos del contrato con Aristegui, pero consideró que la periodista no probó sus dichos en el prólogo del libro.
“Lo que es importante subrayar es que, si no había razón para terminar el contrato, entonces la salida de Aristegui fue un acto de censura. Y en este sentido, hay razones para defender lo escrito por ella en el prólogo. No hay tal empate legal”, afirmó Xavier Cortina.
Por ello, el litigante adelantó que acudirán a la Corte para que el máximo tribunal del país atraiga este asunto.

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"Paz laboral" inédita en el país a unos días de los comicios, señalan STPS y Los Pinos


Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2018, p. 12
A unos días de las elecciones, el país vive un clima de paz laboral inédita, sin huelgas a escala federal desde hace cinco años, sostuvieron el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián.
En conferencia realizada en Los Pinos, Sánchez reiteró que el gobierno federal respetará el resultado de los comicios y destacó que durante la actual administración se rompió el récord de menos paros laborales.
A su vez, Campa Cifrián detalló que de 41 mil 552 emplazamientos presentados en lo que va del sexenio, sólo en 22 casos se colocaron las banderas rojinegras y se paralizaron los centros de trabajo, ya que la mayoría se resolvieron mediante la conciliación y el diálogo.
Tuvimos en esta administración el mayor periodo de paz laboral de que se tenga registro. Desde marzo de 2017 no se ha realizado huelga alguna de jurisdicción nacional, destacó.
Por su parte, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), Francisco Maciel, precisó que sólo 12 conflictos no se han resuelto, nueve de ellos provenientes de otros sexenios y tres de la actual administración. Se trata, detalló, de una empresa químico-farmacéutica ubicada en Jalisco, una radiodifusora en Sonora y una compañía aeronáutica de Querétaro.
Dijo que se logró concluir la huelga del Frontón México, que tenía 20 años de antigüedad, y que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la JFCyA atendió 45 mil 67 asuntos colectivos y 496 mil 64 individuales.
Eduardo Sánchez señaló que ese ambiente de creciente paz laboral beneficia a los trabajadores, favorece la productividad y fortalece el atractivo de México como uno de los mejores destinos para invertir.
En la sesión de preguntas y respuestas se le preguntó si el gobierno federal aceptará el resultado del primero de julio, aunque no gane el candidato del partido en el poder:
La respuesta es afirmativa, contundente: sí. Además, para fortuna de los mexicanos, la Constitución no establece como requisito, en un proceso democrático, la aceptación o no del resultado por el gobierno.
Precisó que no podría predecir el futuro de la economía, pero sí hablar de cómo está hoy, y anunció cuatro récords logrados por el gobierno de Peña Nieto en la materia: se logró la inflación más baja; la más alta inversión extranjera, de 181 mil millones de dólares; se generaron 6 millones de empleos y se otorgó un incremento al salario mínimo de 18.5 por ciento.

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jueves, 21 de junio de 2018

Nuevos cursos PROCAP para los trabajadores SMEitas.


Leyes impiden que CFE "compita con eficacia"


Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de junio de 2018, p. 23
 
La diversidad de leyes que conforman el marco jurídico surgido de la reforma energética, así como los muchos organismos que la rigen, impide que en la práctica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compita con eficacia y desarrolle actividades empresariales que generen valor y rentabilidad a su propietario, el Estado mexicano.
Así lo señaló el comisario de la CFE, Alejandro Rodríguez Miechielsen, en el informe sobre el desempeño de la comisión, correspondiente a 2017.
En el documento resaltó que la deuda total de la CFE llegó en 2017 a 956 mil millones de pesos, ya que tuvo un incremento de 2.58 por ciento respecto de un año anterior y representa ya 60.73 por ciento de sus activos.
CFE presenta un pasivo laboral de 361 mil 780 millones de pesos, 37.83 por ciento de los pasivos totales consolidados y corresponde principalmente al plan de pensiones de sus trabajadores.
En ese informe, remitido a la Comisión Permanente, hace notar que en ocasiones, la CFE atiende a criterios y políticas de la Secretaría de Energía (Sener), que le envía proyectos instruidos y, por otra parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como ente regulador, tiene facultades para expedir y aplicar la regulación tarifaria que se debe observar en la transmisión y distribución de la electricidad, así como en la operación de los suministradores de servicios básicos.
Incluso, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), tiene injerencia para imponer precios en las transacciones dentro del mercado eléctrico mayorista.
Por tal razón, recalcó, es deseable que existan disposiciones legales que armonicen las anteriores circunstancias con el fin de evitar conflictos que puedan afectar el objetivo de la CFE.
El comisario Rodríguez Miechielsen, cuya función es evaluar globalmente a la CFE, con base en las evaluaciones previas realizadas por el comité de auditoría y el auditor externo de la empresa, resaltó asimismo que en 2017 las pérdidas de energía eléctrica se redujeron en menos de un punto con respecto de 2016. En alta tensión disminuyeron de 12.36 a 11.60 por ciento, es decir, 0.76 por ciento.
Mientras, las pérdidas en media y baja tensión (reguladas) se redujeron de 14.74 a 13.97, lo que equivale a 0.77 por ciento.
El comisario de la CFE resaltó además que en relación con las pérdidas de energía no técnicas, 45 por ciento corresponde a delincuencia organizada, resistencia civil y asentamientos irregulares.

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Hidrógeno, un actor principal en el futuro de las energías



Ciudad de México (Iliana Chávez / David García / Energía Hoy).- En los próximos años, el hidrógeno podría ser un actor principal en el futuro de las energías, por su carácter sustentable, su flexibilidad y su viabilidad para diferentes usos a través de celdas, lo mismo puede alimentar una casa que un edificio, transporte público, industria. Para el doctor Ulises Cano-Castillo, investigador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la mayor ventaja del hidrógeno es ser un vector energético, casi como la propia electricidad que se puede almacenar y transformar.




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Determina la CNTE levantar paro indefinido y plantones


Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de junio de 2018, p. 37
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio por concluida la etapa de movilizaciones intensivas de su jornada de lucha, por lo que determinó levantar el paro indefinido y los plantones que mantenía instalados en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca.
En conferencia de prensa en la capital del país, los dirigentes del magisterio disidente anunciaron que regresarán a sus comunidades para concluir el ciclo escolar y reorganizar un plan de lucha ante el inicio de un nuevo sexenio, en el que destacaron que gane quien gane no vamos a dejar de insistir en la abrogación de la reforma educativa.
Integrantes de la Dirección Política Nacional aseguraron que se convocará a una movilización masiva después del 7 de julio, fecha en que se convocará a una Asamblea Nacional Representativa para definir un nuevo plan de acción.
Los secretarios generales de Michoacán, Víctor Manuel Zavala; de Oaxaca, Eloy López; de Guerrero, Arcángel Ramírez; y de CDMX, Enrique Enríquez, aseguraron que con el gobierno que sea electo el próximo primero de julio vamos a continuar en lucha para abrogar la reforma educativa, reinstalar a nuestros más de 585 compañeros cesados y porque se escuche a los maestros en los procesos de transformación del sistema educativo.
Enríquez Ibarra, afirmó que fue todo un sexenio de lucha, desde 2012 nos inconformamos por una reforma que advertimos era laboral y no educativa. Demostramos que teníamos la razón. Resistimos y continuaremos haciéndolo. Hoy cerramos una etapa de lucha, pero no regresamos a nuestras comunidades a descansar, nos vamos a las regiones para hablar con los padres de familia, con los alumnos y para preparar una siguiente etapa de la lucha.
Respecto al proceso electoral destacó que la CNTE no es un sindicato corporativo. No somos igual que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que da línea para votar por alguien. En la CNTE cada compañero tiene libertad total para elegir a un candidato. Al respecto, Víctor Manuel Zavala, afirmó que el magisterio disidente no tiene partido, no somos charros para ir a llevar el voto útil o cautivo. Somos maestros y vamos a mantener la lucha en los próximos años, frente al gobierno que llegue.

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Finalizan maestros movilizaciones


Jorge A. Pérez Alfonso y Elio Henríquez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 21 de junio de 2018, p. 37
Profesores adscritos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiraron el plantón que instalaron en el zócalo de la capital de Oaxaca, y concluyeron el paro de labores, en cumplimiento a acuerdos alcanzados por la Asamblea Nacional Representativa
Al tiempo que se retiró el plantón en Oaxaca, maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE retiraron el plantón que mantenían en el centro de Tuxtla Gutiérrez. El dirigente de la sección 7, Pedro Gómez, dio a conocer que todos los trabajadores de la educación se trasladarán a las comunidades de origen para poder reanudar el resto del ciclo escolar.
Agregó que frente a la cerrazón y la política de oídos sordos del régimen de Peña Nieto, y frente a la actitud autoritaria y fascista del Estado, la CNTE mantiene sus banderas en alto y reitera su exigencia de reapertura de la mesa única de negociación nacional.

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Tribunal notifica a la PGR para que acate sentencias por caso Ayotzinapa

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, envió el primer requerimiento a la Procuraduría General de la República (PGR) para que cumpla las sentencias de amparo que se concedieron a cuatro de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
El Tribunal ordenó el martes 5 a la PGR reponer el procedimiento del caso y crear una Comisión de la Verdad, por lo que le dio 10 días para acatar dicha resolución.

Pérez García envió hoy el primer requerimiento para acatar lo resuelto el pasado 5 de junio, y dio de plazo 10 días para conformar la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, misma que deberá estar integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la PGR, pero sin que puedan participar fiscales o peritos que indagaron previamente el caso.
No obstante, la PGR podría impugnar esta resolución al considerar que la Comisión de la Verdad invade la esfera de atribuciones exclusivas para investigar los delitos, misma que le otorga el 102 constitucional.

El Primer Tribunal Colegiado solicitó en su resolución el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que su gabinete colabore con la Comisión, y a la Cámara de Diputados, para que autorice el presupuesto necesario para poner en marcha sus trabajos.
También concedió la protección de justicia, mediante el que anula los autos de formal prisión por delincuencia organizada contra Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”; Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”; Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y Miguel Ángel Bahena Landa, “El Chequel”, presuntos integrantes de Guerreros Unidos que se habrían inculpado por el secuestro, asesinato y supuesta quema de los normalistas en septiembre de 2014.

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Exigen damnificados iniciar reconstrucción

Siempre!

Nacional, Portada| Views: 179
Ante la inactividad del gobierno capitalino, damnificados por el terremoto del 19 de septiembre pertenecientes a la organización Damnificados Unidos de la CDMX, exigieron que antes del 1 de julio se inicie la reconstrucción de sus viviendas, por lo que emplazaron a las autoridades de la Ciudad de México a publicar las reglas de operación para el ejercicio de los recursos del Fondo de Reconstrucción, que ascienden a 600 millones de pesos.
Tras señalar que existe un secuestro del proceso de la reconstrucción, Francia Gutiérrez, cuya familia perdió su departamento, dijo que muchos de los acuerdos que se anuncian públicamente, invariablemente se regatean y desconocen en mesas de negociación subsecuentes.
“Estamos en un momento crucial en nuestra lucha. Si no se asignan antes de la elección, puede provocar que pronto se diluyan los acuerdos y la preocupación por los damnificados pierda importancia para el gobierno”, subrayó.
A 9 meses de la tragedia, los damnificados coincidieron en que en este momento los funcionarios se encuentran más preocupados en qué va a pasar después del proceso electoral y se están olvidando de cumplir sus funciones para darle celeridad a la reconstrucción de las viviendas.
Advirtieron que de no darle respuesta inmediata a sus demandas retomaran sus bloqueos y manifestaciones el 21 de junio, pues señalan que hasta que bloquearon la Calzada de Tlalpan fue que lograron que el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva los pudiera atender, pese a que en diversas ocasiones buscaron al que llamaron prófugo Miguel Ángel Mancera.
Además, los afectados del Multifamiliar Tlalpan, de Los Girasoles de Coapa, de la colonia Del Mar, entre otros edificios dañados, rechazaron la idea de que ahora solo les quieran dar 400 mil pesos en promedio para reconstruir sus casas, cuando la propuesta de hace un mes había sido de dos mil millones de pesos porque no habría créditos.

El fideicomiso para la reconstrucción

Por su parte, el jefe de Gobierno explicó que el fideicomiso para la rehabilitación de inmuebles y reconstrucción de vivienda quedó formalmente constituido con 2 mil millones de pesos, pero que por el momento solo habrá un fondo de arranque de 600 millones de pesos que serán destinados para atender a 41 inmuebles.
Preciso los 2 mil millones deberán alcanzar para atender a todos los damnificados del terremoto, incluyendo a aquellos inmuebles que sean de 37 metros cuadrados, haciendo alusión a los afectados del multifamiliar Tlalpan, a los que se les destinará un fondo perdido de 405 mil pesos.
“Destinados para que alcancen a todas las personas que resultaron vulneradas y que pueden partir de un piso de solución que genere la solución total, es decir, la reconstrucción total a fondo perdido de estos inmuebles”, indicó .
Tras hacer un llamado a la Comisión para la Reconstrucción para que si existen ahorros o cantidades adicionales se sumen a este fideicomiso y de ninguna manera retornen al gobierno de la ciudad, aseguró que existen múltiples opciones como por ejemplo que el gobierno les dé materiales de construcción a efecto de que por sus propios medios puedan alcanzar las condiciones que tenían antes del sismo o mejores.
Cabe destacar que los diputados locales de la Asamblea Legislativa deben autorizar mil 400 millones de pesos como mínimo para complementar los 2 mil prometidos para este Fideicomiso que en términos reales cuenta sólo con 600 millones que anuncio el jefe del gobierno capitalino.

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