miércoles, 19 de septiembre de 2018

Comunicado Urgente. Septiembre 19.


A toda la Resistencia.

A las guardias presentes en los centros de trabajo reclamados.

Compañer@s

Se les informa que el día de ayer 18 de septiembre de 2018 se reanudó en la Secretaría de Energía y con la presencia del titular de esta dependencia, Pedro Joaquín Coldwell, la mesa de negociación con el Gobierno Federal con el propósito de destrabar el cumplimiento de los acuerdos que aún quedan pendientes por resolver cómo son:

- La firma del contrato de cobertura de energía eléctrica de largo plazo con la Generadora FENIX.
- El pago del 50% de la compensación por antigüedad para nuestros compañeros de renta vitalicia.
- La desincorporacion del dominio público de la Federación y la enajenación a título gratuito en favor del SME de los bienes inmuebles recuperados por la lucha de resistencia.
- El desistimiento de las denuncias interpuestas por la CFE en contra de miembros de nuestra organización.

Como lo habíamos informado antes, la SENER se había convertido en el principal obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el memorándum de entendimiento.

Al término de la reunión del día de ayer podemos informarles que hubo importantes avances para establecer los mecanismos administrativos e interinstitucionales que destraben el cumplimiento de lo pactado con el Gobierno Federal.

De tal manera que los acuerdos tomados ayer entre el SME y la SENER se ratificarán y se completarán con el compromiso y participación de otras dependencias del Gobierno el próximo día viernes 21 de septiembre en la Secretaría de Gobernación.

Por lo que podemos decirles que nuestra lucha y últimas acciones presenciales no han sido en vano y estan dando sus frutos, gracias a la participación activa y consciente de todos ustedes.

Por último, en esta misma mesa con presencia de una comisión de la Dirección Nacional de la ANUEE que encabeza el compañero Juan Carlos Escalante y la presencia del C. Juan Luis Gonzáles se tomó el acuerdo de instalar la mesa de trabajo entre SENER-CFE y SME-SUBACE para abordar el tema de la viabilidad de la transferencia de la deuda de los usuarios afiliados a la ANUEE a SUBACE como una vía para avanzar en el borrón y cuenta nueva.

Seguiremos informando. La lucha sigue camaradas.

Llamamos a toda la resistencia a redoblar nuestra lucha hasta alcanzar el cumplimiento de los acuerdos pues son indispensables para acelerar la reinserción laboral de nuestr@s conpañer@s en resistencia. De ahí que nuestra participación democrática y combativa es también indispensable.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS.

CDMX a 19 de septiembre del 2018.

Posdata: Se les recuerda que hoy se movilizan a un año del sismo de 2017, las organizaciones de damnificados por la reconstrucción de su patrimonio. Como parte de nuestro Plan de Acción aprobado por nuestra Asamblea General estamos convocados a marchar el día de hoy del Multifamiliar Tlalpan de Avenida del Taller y Tlalpan al Zócalo a las 16:00 hrs. Los esperamos.

El 68 y los medios de comunicación: los gritos del silencio

La protesta de 1968 en Tlatelolco. Foto: Archivo Procesofoto
La protesta de 1968 en Tlatelolco. Foto: Archivo Procesofoto

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana del 3 de octubre las ocho columnas de los periódicos principales de la Ciudad de México retomaban así la matanza de horas antes en la Plaza de las Tres Culturas:
Excélsior.-“Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas”.

El Universal: “Tlatelolco, campo de batalla”.
El Heraldo de México: “Sangriento encuentro en Tlatelolco”. “26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército: el general Toledo lesionado.
Novedades: “Balacera entre francotiradores y el ejército, en Ciudad Tlatelolco”.
El Día: “Muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco”.
El Sol de México: “Responden con violencia al cordial llamado del Estado. El gobierno abrió las puertas del diálogo”.
Como claramente se ve, las palabras “represión”, “matanza”, “ejecución” estaban ausentes de los titulares. El sometimiento de los medios impresos y más el de los electrónicos fue total, no sólo al día siguiente de la matanza del 2 de octubre sino durante toda la cobertura del Movimiento Estudiantil.
No había otra “línea” en las líneas ágata de los periódicos más que la dictada desde las oscuras oficinas de la Secretaría de Gobernación, encabezada por el instigador de la matanza, Luis Echeverría, o la sumisión absoluta al abogado de barandilla Gustavo Días Ordaz transformado en presidente de la República en los momentos más delicados de la nación.
Carlos Monsiváis, en su extraordinario ensayo-crónica El 68, La Tradición de la Resistencia resumió así la situación de un país de la unanimidad con el presidente de la República en los medios informativos:
“En 1968, al sistema informativo de los capitalinos lo norma la prensa (leída por la minoría significativa), la televisión (espacio de la mayoría crédula y distante) y el rumor, ocupado sobre todo en las alzas y las caídas de las fortunas políticas. El periodismo dominante es ‘totémico’, que apenas se lee pero se compra porque defiende las causas del lector. El anticomunismo es parte del sentimiento colectivo y el nacionalismo es todavía la ideología sentimental al uso”.
(Pp. 167-168).
Pequeñas “perlas” de protesta escandalizaron un absoluto divorcio de los periódicos ante la población: el cartón negro de Abel Quezada, con la pregunta “¿Por qué?” le valió una dura reprimenda del gobierno a Julio Scherer. director del Excélsior; la corbata negra, en señal de luto, de Jacobo Zabludovsky en la pantalla le valió una reprimenda del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Un poema de Rosario Castellanos, chiapaneca, priista y respetada fue apenas un destello de lucidez frente a una clase intelectual aplastada y controlada: “la Plaza amaneció barrida; los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo”; el poeta Octavio Paz renunció a la embajada mexicana en la India, en medio de la indiferencia de los medios, siendo ésta la protesta más fuerte al interior del gobierno.
La indignación silenciada en los medios ante una matanza que excedió con mucho los 27 muertos oficiales (quizá 250 o más de 350, según los cálculos de los testigos) sólo es equiparable con el miedo a una represión más extendida. Sólo se puede contextualizar con la invisibilidad o la sanción en contra de eventos claves como la Marcha del Silencio del 13 de septiembre, la renuncia del rector Javier Barros Sierra el 23 de septiembre ante la ocupación militar de Ciudad Universitaria o la cobertura casi inexistente de los enfrentamientos y los muertos en el Instituto Politécnico Nacional.
Un tremendo silencio fue acrecentando la sospecha generalizada de una matanza de grandes dimensiones. Sólo la prensa extranjera retomó lo ocurrido como una matanza que cortó el vuelo del movimiento estudiantil mexicano, enlazado con el Mayo Francés del mismo año; las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos; y lo ocurrido en Praga: la intervención rusa para frenar el intento de reforma del régimen comunista. El periódico británico The Guardian fue el primero en mencionar la cifra de 300 muertos, más decenas de heridos que llegaron a los hospitales capitalinos.
La periodista italiana Oriana Fallaci, presente el día de la matanza, escribió en la revista Look, el 12 de noviembre de 1968, el primer testimonio de una reportera que desmintió la versión oficial del ejército mexicano:
Después del anuncio, una chica de unos 17 o 18 años, con voz como de pajarito, dijo: ‘Quiero pedirles que permanezcan tranquilamente’. Todos aplaudieron. Luego, otro dijo: “Queremos enseñarle al gobierno que sabemos otras formas de lucha. El lunes, iniciaremos una huelga de hambre.
En ese momento, un helicóptero apareció sobre la plaza, bajando, bajando. Unos segundos después, lanzó dos luces verdes en medio de la multitud. Yo grité: ‘Muchachos, algo malo va a pasar. Ellos han lanzado luces’. Me contestaron: ‘Vamos, usted no está en Vietnam’. Pero yo repliqué: ‘En Vietnam, cuando un helicóptero arroja luces, es porque desean ubicar el sitio a bombardear.
No más de tres segundos después, escuchamos el fuerte ruido de carros militares acercándose y estacionándose bajo alrededor de los dos lados de la plaza. Los soldados saltaron con su ametralladora y abrieron fuego inmediatamente. No al aire, como para amedrentar, sino contra la gente. En seguida, nos dimos cuenta que en los balcones habían más soldados con ametralladora y pistolas automáticas. Habían estado ocultos. Me helé. Sócrates, el muchacho que tenía el micrófono, gritaba: “¡Compañeros, no corran, no se asusten. Es una provocación. Quieren atemorizar. No corran!”.
Las armas apagaron su voz. El volvió a gritar: “¡No corran!” y las armas volvieron a disparar. Había mujeres brincando por las escaleras y por las paredes con niños en sus brazos. Yo no tenía idea de a dónde ir y, de repente, escuché un fuerte ruido en las escaleras.
Estaban disparando y fuimos rodeados por policías vestidos de civil. Cada uno de ellos tenía un guante o un pañuelo blanco en su mano izquierda, para que pudieran reconocerse. Saltaron sobre los dirigentes estudiantiles y sobre mí. Uno me jaló los cabellos y me tiró contra la pared. Me golpeé la cabeza, me doblé y caí”.
El relato de Fallaci estremece aún. Fue una de las pocas crónicas periodísticas publicadas días después que rompió con la versión oficial. Líneas abajo, la periodista italiana relató que el tiroteo empezó a las 5:45 de la tarde. Ella fue herida cerca de una hora después. Y permaneció en Tlatlelolco hasta las 8:30 pm. Ella vino a cubrir Las Olimpiadas y se convirtió en una feroz crítica del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y le reclamó al gobierno italiano que retirara su delegación deportiva.
Fallaci no regresó a México. El Sol de México canceló los servicios de la United Press International (UPI) por la cobertura de su reportero Mike Hughes, quien llegó a mencionar la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos.
Los ocho minutos del noticiario Excélsior
A pesar del férreo control gubernamental, hubo imágenes que no se pudieron evitar. El Excélsior era el responsable del Noticiero de Excélsior que se transmitía en la noche en el canal 2 del entonces Telesistema Mexicano (hasta 1972 se convertiría en Televisa).
Las imágenes eran una secuencia filmada desde el tercer piso del edificio Chihuahua, de Tlatelolco. La cámara estaba a ras del suelo y se veía a los líderes del Consejo Nacional de Huelga, tirados. Se escuchaban las ráfagas. El presentador afirmó que había ocurrido “algo muy grave, hubo un tiroteo”.
Monsiváis recordó en entrevista con Jesús Ramírez Cuevas que “después pasaron como ocho o 10 minutos al aire: se ve la gente tirada, se oyen los gritos, las quejas, los insultos, todos estaban tirados: el reportero que narraba y el camarógrafo. Nadie se levantaba. Luego se ve cuando entra un grupo civil y se lleva a los estudiantes, a los que se ve bajar las escaleras reptando en medio de la balacera. Ahí se interrumpe la transmisión”.
“Monsiváis propone una lectura: nada tuvo la contundencia de las imágenes de los jóvenes tirados en el piso. Ahí se ve a un movimiento pacífico pecho-tierra ante la conversión de la plaza en un campo de batalla. Esos minutos transmitidos por Excélsior fueron importantísimos. Era la prueba más contundente que no habían disparado los estudiantes ni habían resistido” (Masiosare, en La Jornada, 20 de octubre de 2002).
La revista Por qué, del periodista yucateco Mario Renato Menéndez fue la única que publicó un número con fotografías de jóvenes ejecutados, apilados en una barda. En su portada se leía: “La matanza. ¡Asesinos!. ¿Quién manda en México?”. La osadía le valió la cárcel a Menéndez, quien pasó algunos años en Lecumberri por órdenes de Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación.
Menéndez recordó en entrevista con El Mañana que fueron muchos periodistas quienes le dieron sus fotografías. “Todas esas fotografías estaba prohibido publicarlas. ¿Entonces qué pasa, qué ocurrió? Fotógrafos de los distintos medios se sintieron ofendidos y entraban a verme llorando, decían: ‘usted puede publicar, a nosotros nos prohibieron todo esto. Y yo estaba tan alterado también que eché para adelante todo” (El Mañana, 3 de octubre de 2015).
El 4 de octubre, a dos días de la matanza, se aprueba en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo del PRI y del PARM que acusa a los estudiantes de ser “marionetas” y justifica la represión en respuesta al “clamor popular de que se mantuviera el orden público”. Incluso, el entonces diputado federal priista Víctor Manzanilla Schaffer, yucateco para mi desgracia, sentencia en la tribuna un silogismo memorable: “preferimos ver los tanques de nuestro ejército salvaguardando nuestras instituciones, que los tanques extranjeros cuidando sus intereses”. Por supuesto, fue la frase más destacada por los medios de comunicación.
La minoría de legisladores del PAN y del PPS, los dos extremos unidos en contra de la represión, rechazan el punto de acuerdo. El diputado panista Gerardo Medina les reprocha: “no hay diálogo, señores, porque las balas nunca han sido un instrumento de diálogo”.
La misma noche del 4 de octubre, Juan García Ponce, Nancy Cárdenas y Héctor Valdés llevan a Excélsior un manifiesto de protesta de la Asamblea de Artistas, Intelectuales y Escritores. Al salir, son detenidos por la policía judicial. Sólo la intervención del director del periódico Julio Scherer los libera horas después. Este manifiesto se convirtió en la primera descripción de lo que realmente sucedió en Tlatelolco:
“1.-El mitin, iniciado alrededor de las 17:30 horas, estaba desarrollándose en perfecto orden.
“2.-El primer orador estableció que después del acto, los asistentes debían retirarse de la Plaza, también ordenadamente.
“3.-No se hizo ningún disparo anterior a la intervención de la fuerza pública
“4.-El ejército no previno a los asistentes en forma alguna antes de la agresión.
“5.-La fuerza pública mantuvo un fuego intermitente.
“6.-La fuerza pública hizo detenciones masivas en forma ilegal.
“7.-Hasta el momento, hay un gran número de desaparecidos que fueron capturados en el lugar de los hechos por la fuerza pública, responsable de su seguridad.
“8.-Se allanó un gran número de hogares con lujo de violencia.
“9.-Ninguno de estos actos delictuosos puede ser justificado por las autoridades ni ha sido explicado legalmente”.
En Excélsior, el periodista José Alvarado publicó un artículo el 12 de octubre de 1968 con estos párrafos notables:
“Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y verdad: la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un país libre de la miseria y el engaño.
“Y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas.
“Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos”.
El texto fue lo más osado. Sin embargo, “no hay reportajes de investigación, no es posible verificar el número de muertos, los funcionarios no conceden entrevistas, ocupados en pronunciamientos exterminadores”, recordó Carlos Monsiváis en el capítulo “La Prensa y los Poderes”, escrito para Tiempo de Saber, Prensa y Poder en México, en coautoría con Julio Scherer.
“Sólo a partir de 1971 se inicia, y no con rapidez, el conocimiento detallado de la matanza y del Movimiento Estudiantil, abordado en forma extraordinaria por el coro testimonial reunido por Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco”, sentenció Monsiváis.
El libro de Poniatowska sigue siendo el más leído, vendido y referido para investigar lo ocurrido con el movimiento y con la matanza. Fue el primer material periodístico que rompió el cerco del silencio. Los gritos comenzaron a escucharse desde entonces, a pesar de la segunda matanza que fue el Jueves de Corpus, en el halconazo de 1971.
“La sangrienta conjura contra México” que señaló Gustavo Díaz Ordaz y que se reprodujo al infinito en las notas, artículos, reportajes, comentarios de aquellos años dejó una impronta que esperamos nunca vuelva a ocurrir: la mordaza autoimpuesta para callar la peor matanza de estudiantes en los últimos 50 años del país.
¿Qué le deben los medios mexicanos al 68?
Cincuenta años después, nos encontramos en las antípodas del 68 mexicano con todos sus contrastes. No podemos explicarnos la lenta, pero irreversible apertura de los periódicos mexicanos sin la herencia del 68. El golpe a Excélsior, ocho años después, fue también el mismo gesto represor de Luis Echeverría que dio la orden de correr a Julio Scherer y a su equipo, pero escondió la mano detrás de un supuesto conflicto de la cooperativa.
El “golpe a Excélsior” modificó para siempre el escenario de la prensa capitalina. Surgió el Unomasuno, nació la revista Proceso, considerada heredera de una tradición en contra de la censura diazordacista y echeverrista. En los años ochenta nació La Jornada, en medio de una trepidante batalla por informar más allá de la versión oficial frente a los sismos de 1985, cuyo epicentro trágico también se localizó en Tlatelolco.
La televisión y la radio mexicanas tardaron mucho más en cambiar. Ha sido muy lenta la apertura en los medios masivos mexicanos y muchos los intereses que se agolpan en torno al consenso de la derecha mediática frente a la represión del 68.
En 1969 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz “castigó” a los concesionarios con un impuesto en especie, el 12.55 de los tiempos oficiales que, en realidad, fue un acuerdo de mutua conveniencia para el gobierno y para la cúpula empresarial de la radio y la televisión, a cambio de una sumisión al presidente en turno.
“Soldados del presidente”. Así describió Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, el mantra de los concesionarios frente al régimen que llegará a su fin el próximo 1 de diciembre.
La libertad de expresión y el derecho a la información, batallas que nacieron en paralelo con el Movimiento del 68, aún tienen nuevas plazas de Tlatelolco y nuevas marchas del silencio que defender y que cubrir. Nunca la libertad de expresión puede ser completa ni el derecho a la información es una causa plena, menos en un sistema que ha decidido sembrar la ignorancia a través de los medios masivos y una generación de jóvenes y adultos que se rebelaron en las redes sociales, pero que aún no encuentran espacios reales de deliberación, de diálogo y encuentro, y no meros desfogues de la ira o del malestar frente al derrumbe de una clase política.
El principal desafío que nos deja el Movimiento del 68 para los periodistas que nacimos después de Tlatelolco y vivimos el ciclo histórico de la próxima transformación es enorme: la historia no se repite de manera exacta, pero las conductas represivas de los poderes y la violencia contra el disidente, el libertario, el rebelde es una constante en una cultura política tan arraigada en el autoritarismo. Para ser jóvenes permanentes que acudimos a nuestra plaza simbólica de las Tres Culturas simplemente debemos tener presente que la mejor tradición que nos deja el 68 no es la del victimismo sino la tradición de la resistencia y de la búsqueda de la verdad.

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Con 62 años de retraso, el Senado ratificará convenio de la OIT sobre libre sindicalización

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de septiembre de 2018, p. 14
Más de 60 después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 98, sobre el derecho de libre sindicalización y negociación colectiva, el Senado dio ayer el primer paso para ratificarlo en la sesión del próximo jueves.
El convenio fue puesto a consideración del Senado por primera vez en 1956. El 31 de diciembre de ese año esa cámara propuso avalarlo, pero con una reserva, ya que iba en contra de la cláusula de exclusión, contenida en la Ley Federal del Trabajo, de 1931, que obligaba a los patrones a separar del empleo a los trabajadores que fueran expulsados del sindicato o quisieran afiliarse a otro.
La OIT no permite realizar reserva a sus convenios y rechazó la propuesta del gobierno mexicano, por lo que el convenio quedó sin ratificar los siguientes 62 años, pese a que ha sido una de las demandas más sentidas del sindicalismo independiente, porque significa libertad para los trabajadores de afiliarse al organismo gremial que consideren más idóneo y también el poder negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.
En julio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto insistió y remitió ese Convenio 98 al Senado, para su ratificación, pero la entonces mayoría de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional se opuso y no se dictaminó.
Durante la sesión de hoy, de forma sorpresiva, luego de una excitativa para que se dictaminara la ratificación de ese Convenio 98, de la OIT, presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, el pleno le dio primera lectura y se ratificará en la sesión del próximo jueves.
El presidente del Senado, Martí Batres, expuso que contaba con el aval de todos los grupos políticos de esa cámara.
Durante la sesión de ayer Morena presentó ante el pleno una iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, para evitar fraudes y desvíos de recursos.
Igualmente, a nombre de Morena, la senadora Guadalupe Covarrubias propuso crear una comisión especial de investigación, que dé seguimiento a los desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, en los que presuntamente están involucradas dependencias federales, como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles. Se planteó su comparecencia y la propuesta se turnó a la Comisión de Justicia.
Comparecerán cuatro secretarios de Estado
El pleno del Senado aprobó que para la glosa del sexto Informe presidencial comparezcan los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Gobernación y Hacienda.
El titular de esta última dependencia, José Antonio González, será el primero, el próximo martes 25.

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La Jornada: 34 años

E
l 19 de septiembre de 1984, en un entorno nacional e internacional radicalmente distinto al actual, vio la luz el primer ejemplar de La Jornada, expresión de un proyecto informativo que se proponía impulsar la democratización del país, la preservación de la soberanía nacional, la pluralidad y la inclusión en el panorama mediático de sectores sociales que eran sistemáticamente invisibilizados –aunque tal expresión aún no estaba en boga– en publicaciones impresas y medios electrónicos.
El arranque del diario y su circulación en los días, meses y años subsecuentes significó y sigue representando la superación diaria de obstáculos de diversas clases, entre los cuales destacan las dificultades financieras: a diferencia de otros medios en papel, La Jornada no fue el resultado de una decisión empresarial y comercial, sino el empeño de un grupo de periodistas, académicos, artistas, políticos, líderes y activistas sociales, que se proponían incidir en la realidad del país mediante la construcción y el sostenimiento de un espacio independiente que permitiera retratar con profesionalismo el acontecer del país y del mundo, ofrecer análisis y contextos, dar curso al debate de ideas, dar voz a quienes no la tenían y constituir una fuente de trabajo estable y digna. El surgimiento mismo de este periódico y su persistencia a lo largo de 34 años han sido calificados por propios y extraños como una suerte de milagro social, habida cuenta de que La Jornada no dispuso nunca del respaldo de un consorcio empresarial, de acceso a capital fresco ni de medios y recursos tecnológicos comparables a los de otros diarios.
En el inicio se contó únicamente con pequeñas aportaciones ciudadanas en forma de acciones preferentes, la generosa solidaridad de artistas que donaron obra para financiar el inicio del proyecto –sus nombres son muchos, pero quedan bien representados por Rufino Tamayo y Francisco Toledo–, la voluntad de los trabajadores y la fidelidad participativa y crítica de los lectores, quienes han correspondido así a la lealtad de este diario a su línea editorial y a sus principios fundacionales. En estas más de tres décadas las tendencias económicas y tecnológicas han ido configurando un panorama crítico para las publicaciones impresas.
El auge de Internet y de las redes sociales, así como la caída en el mercado de publicidad se han traducido en el cierre de miles de periódicos y revistas en el mundo y ha obligado a los que sobreviven a una reducción sostenida de tirajes y de paginación, además, en casi todos los casos, a despidos masivos de personal.
En esta circunstancia, La Jornada decidió hacer frente a la crisis no por medio de una reducción de la plantilla laboral sino con una disminución general de gastos, incluida la cancelación de prestaciones adicionales a las contempladas en la Ley Federal del Trabajo que se fueron acumulando a lo largo de los años y cuyo mantenimiento haría imposible la supervivencia del periódico. Ello ha llevado a un largo diferendo legal con el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y a arduas negociaciones entre la empresa editora y la organización laboral.
En suma, nuestro diario llega a su 34 aniversario en un contexto nacional esperanzador y a la vez incierto y con el telón de fondo de una crisis sectorial generalizada, pero con la determinación de preservar una publicación que sigue siendo punto de referencia insoslayable en México y el extranjero, espacio irrenunciable para la reflexión y sustento para centenares de familias.
La Jornada superará sus actuales dificultades y saldrá adelante como resultado del esfuerzo conjunto de sus trabajadores, directivos y colaboradores, el apego de sus lectores y la fidelidad a una línea editorial que sigue siendo, después de 12 mil 265 jornadas, socialmente necesaria.

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Ante un gran desastre, sólo 1.7% de mexicanos tendría refugio temporal




En la Agenda Nacional de Riesgos, los desastres ocasionados por fenómenos naturales encabezan la lista de las 10 más graves amenazas a la seguridad nacional: en el Continente Americano, México es el que más pérdidas humanas y materiales ha sufrido en la última década por estas catástrofes.
Elaborada por los aparatos de inteligencia, civiles y militares, la Agenda es el instrumento prospectivo ultraconfidencial que identifica los riesgos y amenazas a la seguridad nacional y las vulnerabilidades del Estado frente a éstas.
Pese a esta evaluación, que nos ubica como altamente vulnerables ante los desastres ocasionados por fenómenos naturales, y a que hace 1 año sufrimos dos letales sismos –que cobraron la vida de 471 personas y nos mostraron cruelmente esta fragilidad–, el país permanece en pañales en materia de prevención y atención de desastres.
Muestra de ello es que la capacidad de albergar a damnificados es terriblemente insignificante: sólo cubre al 1.7 por ciento de la población mexicana, estimada en más de 132 millones de personas.
El Sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto revela que, en todo el país, existen apenas “12 mil 916 instalaciones para resguardo de 2 millones 383 mil 121 damnificados”.
La incapacidad en este aspecto es evidente si tomamos en cuanta que el propio gobierno federal calculó en más de 12 millones de personas las damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Éstas se ubicaron en unos 400 municipios de las entidades afectadas (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México).
El censo de los poco más de 12 mil albergues se obtuvo, indica el Informe de Peña, con información de las 32 entidades federativas, a partir de la cual “se conformó el Catálogo nacional de refugios temporales, los cuales están georreferenciados para una localización precisa”.
En caso de ocurrir un gran desastre o emergencia, el albergue disponible para apenas 2.3 millones de personas sería, otra vez, insuficiente como lo fue en septiembre del año pasado. Tan sólo en la Ciudad de México habitan poco más de 8 millones 851 mil personas y no se entiende por qué, después de los sismos de 2017, este tema no se ha atendido.

Gastos excesivos

Lamentablemente, las fallas estructurales en la prevención y atención de desastres y emergencias no se reducen a la incapacidad para albergar a los damnificados. También alcanzan el mal manejo de los recursos públicos, sea por corrupción, fraude o negligencia.
El mismo Informe de Peña da cuenta de que, ante el desastre de septiembre de 2017 no faltaron recursos, sino que su ejecución ha sido fallida. Para continuar con las obras de reconstrucción en la atención de desastres naturales y otros, refiere, los recursos autorizados con cargo al Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ascendieron a 14 mil 320.1 millones de pesos, entre enero y junio de 2018.
Reconstrucción que, sin embargo, no se ve: las comunidades y pueblos destruidos por los sismos del año pasado permanecen en ruinas, a pesar de esos gastos.
Según el Sexto informe, de esa bolsa multimillonaria se destinaron 10 mil 364.8 millones para la reconstrucción de la infraestructura pública, que representa el 72.4 por ciento del total de los recursos autorizados; 2 mil 900.9 millones, a la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre por fenómenos naturales; y 1 mil 54.4 millones, a la renovación del seguro catastrófico Fonden.
En el caso específico de la atención a las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, refiere que se emitieron 11 declaratorias de desastre, autorizando más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29 mil 694.7 millones correspondieron a la aportación federal a través del Fonden, y 8.4 mil millones a la aportación de las entidades federativas.
El propio informe admite subejercicios, pues detalla que, “a junio de 2018, la ejecución de recursos del Fonden presentó un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento”.

La deuda

El gran desastre causado por esos terremotos no sólo reveló la desorganización del gobierno y la negligencia –por no decir la corrupción– en la aplicación de los recursos públicos, sino también los negocios paralelos en el contexto de la reconstrucción.
Al respecto, uno de los temas que se han pasado por alto es el de los seguros, se consumieron ya 1 mil 54.4 millones de pesos del Fonden.
Según el Sexto informe, el primer sismo –del 7 de septiembre– activó el bono catastrófico contratado en agosto del año pasado, “lo cual generó un pago por 150 millones de dólares, que representó el ciento por ciento de la cobertura contratada a través de este instrumento para el riesgo de sismo. Los recursos de este bono fueron transferidos al Fonden en noviembre de 2017”.
Refiere que, en coordinación con los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y el Banco Mundial, el 7 de febrero de 2018 se colocó un nuevo bono catastrófico conjunto para el riesgo de sismo con vigencia de 2 años.
Éste consta de “dos series de cobertura complementarias para incrementar la suma asegurada de 150 millones a 260 millones de dólares, cobertura de las zonas sísmicas más relevantes del país con diferentes parámetros de activación y estructuración conjunta con los países de la Alianza del Pacífico para reducir costos de colocación”.
Agrega que esa colocación se suma a la cobertura vigente del bono emitido en 2017 para ciclones tropicales de las costas del Pacífico y Atlántico. En total, indica, se cuenta con una suma asegurada conjunta de 470 millones de dólares.
Otro tema ligado a los seguros es el que tiene que ver con el Fonden. Según el Informe, “derivado de los sismos que afectaron a la población e infraestructura durante septiembre de 2017, se detonó el proceso de reclamación y ajuste de pérdidas del seguro catastrófico del Foden, renovado en julio de 2017. La magnitud de los daños en la infraestructura a cargo del Fondo generó indemnizaciones por 2 mil 777.1 millones de pesos a mayo de 2018, derivadas de este seguro. El proceso de ajuste continúa y se estima obtener una mayor recuperación durante el segundo semestre de 2018”.
Así, el manejo de los multimillonarios recursos que, lamentable, los damnificados jamás vieron llegar. La falta de infraestructura en el tema de albergues es un reflejo más de la pésima administración del dinero. Pero, en peñalandia, México está mejor.
Nancy Flores

Aún persisten damnificados en riesgo y hay indicios de corrupción: CNDH, CDHDF y OSC

Damnificados del multifamiliar Tlalpan en protesta ante desatención de autoridades. Foto: David Deolarte
Damnificados del multifamiliar Tlalpan en protesta ante desatención de autoridades. Foto: David Deolarte

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del sismo del 19 de septiembre, organismos públicos y organizaciones sociales de derechos humanos denunciaron la persistencia de damnificados en condiciones precarias, derivada de la falta de coordinación de autoridades responsables de atender la emergencia, así como de indicios de corrupción en la canalización de los fondos de apoyo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que refiere que, a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, “no se tiene certeza del avance de la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas” en Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, solicitantes de la declaratoria federal de desastre.

Para el organismo, no ha habido “transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos”.
Y puso como ejemplo de las irregularidades que en la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por parte de Bansefi, pues se reportó “la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola”, pero cuando la institución bancaria fue cuestionada por la CNDH, argumentó que sólo se había entregado una y que el resto permanecía resguardado, negándose a mostrarlas bajo el pretexto del secreto bancario.

Para la CNDH, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México es cada vez más resiliente pues también incurre en opacidad, ya que aunque reporta que cuenta con seis mil 855 millones de pesos de aportaciones gubernamentales y donaciones particulares, “no se especifica el monto efectivamente ejercido por rubros y destino”.
Al recordar que, de acuerdo con cifras oficiales, por los sismos 470 personas perdieron la vida y mil 372 tuvieron que ser hospitalizadas, el organismo destacó las inconsistencias entre los informes de las entidades afectadas y el gobierno federal.
Dijo que “reflejan una lamentable falta de coordinación entre las instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir con los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación”.
Así, los estados notificaron “de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978, daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en su esquema de reparación de viviendas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”.
Las diferencias de datos también se advierten en los reportes de escuelas dañadas, pues mientras los estados reportaron 16 mil 795 edificios dañados, de los cuales mil 521 se clasificaron con daño total y el resto con daño parcial, para el gobierno federal la cifra de escuelas afectadas es de 14 mil 976, de las cuales sólo 200 tendría daño total.
CDHDF recibe dos quejas de damnificados al día
Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), una de las entidades más vulneradas por el terremoto del 19 de septiembre, destacó que mientras el organismo continúa en la investigación de 258 quejas, “se siguen recibiendo dos quejas promedio al día de personas damnificadas, frente a la actuación de la autoridad”.
Durante la presentación del “Informe Especial sobre el estado que guarda la garantía de los Derechos Humanos de las personas damnificadas por el sismo de 2017 en la Ciudad de México”, advirtió que “hoy tampoco, como hace 364 días, estamos preparados para esto (el sismo) ni para que ésto no vuelva a ser un desastre”.
Y es que, en la capital el temblor provocó el colapso de 38 inmuebles, la muerte de 228 personas y más de 30 mil damnificados.
La ombudsperson puntualizó que, si bien el temblor reveló la existencia de la solidaridad ciudadana, también evidenció que “a pesar de los significativos esfuerzos desplegados por diversas autoridades de la Ciudad de México, ante el desastre, existe una percepción de que la actuación gubernamental ha sido insuficiente”.
En el evento en el que también encabezó la presentación de las recomendaciones 12/20128 y 13/2018, relacionadas con el sismo, Nashieli Ramírez resaltó que, en sus denuncias, los damnificados hablan de “la falta de respuesta coordinada de las autoridades en diferentes niveles y ámbitos de responsabilidad, y en el lento proceso para la atención y obstaculización hacia el ejercicio de sus derechos”.
En el informe se destaca que, a agosto pasado, la Plataforma CDMX señalaba la existencia de 992 inmuebles que aún tiene alto riesgo, además de otros mil 784 y mil 360 con niveles de peligro bajo y medio en las delegaciones Tláhuac, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Xochimilco.
La Recomendación 12/2018 fue dirigida a los titulares de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, así como al Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), las secretarías de Protección Civil (PC), Movilidad (Semovi), de Obras y Servicios (Sobse) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Como autoridades colaboradoras, la Recomendación ubica a la Secretaría de Gobierno (SG)y a la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX), así como a los 16 responsables de las demarcaciones, para responder a las violaciones a derechos humanos contra 25 víctimas directas, tres indirectas y a diversos afectados por violaciones estructurales.
La Recomendación 13/2018 se centra en las violaciones a derechos de los habitantes de la ciudad víctimas del desplazamiento forzado derivado del sismo, en la que se identifica como autoridades responsables a los titulares de las delegaciones Coyoacán, Gustavo A, Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Tlapan, y, de nueva cuenta, al ISC y a PC, Sobse, Seduvi y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
Miles, aún en inmuebles en riesgo
El colectivo Nosotrxs denunció a que, a un año del sismo, de los mil 70 inmuebles dictaminados por el ISC, 483 se encuentran en grave riesgo de derrumbe y están localizados en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.
La organización denunció que 33% de los inmuebles en peligro de colapsarse aún se encuentran habitados por cerca de ocho mil personas “quienes son las más expuestas al riesgo de perder la vida”, en tanto que, de los 105 inmuebles programados para ser demolidos, 61 siguen en pie.
En cuanto al ámbito rural, activistas de Infra Rural, organización conformada por profesionistas multidisciplinarios que respaldaron a damnificados en la reconstrucción de viviendas, presentaron un informe en el que coincidieron en “la falta de claridad en el ejercicio de recursos económicos” para atender a los damnificados, además de que muchos de los afectados quedaron fuera de los programas de apoyo.
Como muestra de la falta de atención, el presidente de la organización, Walter Ángel, señaló en conferencia de prensa que, en las cuatro comunidades pertenecientes a Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, “al menos 300 personas no tuvieron acceso ni fueron beneficiados de recursos del Fonden”.
El activista relató que entre las anomalías que detectaron resalta el condicionamiento de apoyos estatales y municipales con fines electorales, además de que, en Puebla, las tarjetas del Fonden se distribuyeron a través de Antorcha Campesina, organización vinculada al PRI.
Walter Ángel narró que en los cuatro municipios detectaron que, al momento de entregar los fondos, “a los damnificados se les canalizaba con constructores, que les presentaban proyectos de vivienda que superaban el monto de las tarjetas, por lo que les ofrecían un esquema de facilidades de pago”.
Los activistas advirtieron que los retos de la reconstrucción siguen vigentes, no sólo a nivel material, sino también de tejido social, que fue dañado ante la falta de atención oportuna en las comunidades rurales dañadas.

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Pensión de $1,274 para mayores de 68 años en zonas urbanas, anuncia el futuro gobierno

En documento entregado a legisladores morenistas, afirma que se cambiará el enfoque de la política social
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de septiembre de 2018, p. 6
La pensión universal de mil 274.61 pesos al mes para adultos mayores, se entregará a las personas de más de 68 años en las zonas urbanas, y sólo se mantendrá la edad mínima de 65 en las zonas indígenas, anunció ayer a los diputados federales de Morena la próxima secretaria del bienestar, María Luisa Albores.
En una reunión ayer con los legisladores de ese partido, les entregó un documento denominado Elementos iniciales de una política social para todos, donde el próximo gobierno afirma que México no es un país pobre, sino desigual e injusto y cuestiona que las administraciones anteriores se dedicaron a impulsar programas que fueron utilizados de manera clientelar y electoral.
Han hecho de la pobreza negocio de unos cuantos; abandonaron a los más débiles y olvidados: indígenas, adultos mayores, jóvenes, mujeres, niños y discapacitados; despojaron a muchos de sus recursos naturales, tierras, cultura y libertad, indica.
Programas, a revisión
También les anticipó que se cambiará el enfoque de la política social, con una perspectiva que permita hacer efectivos derechos humanos, además de que serán sometidos a revisión programas en vigor desde el actual sexenio. Entre otros, los de empleo temporal, estancias infantiles, seguro de vida para jefas de familia, subsidios a jóvenes, comedores comunitarios, 3×1 para migrantes y atención a jornaleros.
Además detalló el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, que incluye a 19 estados y considera un subsidio de 5 mil pesos mensuales a cada productor por su jornal.
Los estados donde se aplicará son Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
También incluye la siembra, intercalada con árboles frutales, de cacao, canela, agave, café, palma de coco, achiote y pimienta. Así como un proyecto de milpa intercalada con árboles frutales, con objeto de permitir ingresos a corto plazo con la cosecha de granos básicos.

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SME ANUEE Informe en la SENER 18sep18

lunes, 17 de septiembre de 2018

Concentran a policías antimotines en las instalaciones recuperadas por el SME

A toda la Resistencia SMEita. 
A las organizaciones democráticas. 
Al pueblo de México y la opinión pública.
Compañer@s.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la PGR, la Policía Federal y Estatal, la Secretaria de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) amenaza con reprimir al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Federal, el SME organizó acciones de protesta pacífica con la instalación de plantones intermitentes en distintas instalaciones en posesión de la Comisión Federal de Electricidad, en los Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. En su momento, estas instalaciones pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro y fueron tomadas por el Ejército y la Policía Federal la noche del 10 de octubre de 2009 como paso previo a la ilegal extinción de esta empresa pública, hecho que significó el despido masivo de 44 mil trabajadores electricistas.
El SME pudo sobrevivir mediante una intensa la lucha de resistencia a la extinción de su fuente de trabajo, a la represión, a la vergonzosa actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos negó el derecho al patrón sustituto y a la campaña mediática que durante años se ha montado en su contra. Por la vía de la movilización-negociación logró recuperar una concesión para el uso y explotación del parque de generación de LyFC así como decenas de fábricas y talleres de la extinta empresa pública.
Sin embargo, el Gobierno de EPN no ha cumplido con:
* La firma de un contrato de cobertura de energía eléctrica a largo plazo. 
* El pago del 50% de su compensación a los compañeros de renta vitalicia. 
* La entrega de los centros de trabajo de LyFC para la instalación de su cooperativa de producción y servicios LF del Centro. 
* El desistimiento de las averiguaciones previas que CFE tienen en contra de miembros afiliados a nuestra organización.
Ante la movilización electricista y lejos de plantear una solución justa a nuestras demandas, la SENER-CFE en complicidad con las autoridades policiacas y judiciales de carácter federal y estatal están concentrado a policías antimotines y grupos porriles en las instalaciones donde hemos concentrado nuestros plantones en un intento de intimidar y provocar a nuestros compañeros en resistencia.
Responsabilizamos al gobierno de EPN y a Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía de cualquier acto de provocación o represión en contra de nuestros compañeros.
Llamamos a todos nuestros compañeros a reforzar nuestros plantones en:
- El Centro de Distribución de Cuernavaca Morelos. 
- El Centro de Distribución de Huauchinango, Puebla.
- La Subestación Matilde en Pachuca, Hidalgo. 
- En Líneas Aéreas Norte en el Conjunto Tacuba en la CDMX.
- El predio anexo a la ex Termoeléctrica Jorge Luque, en el Estado de México.
Para tal efecto coordinarse con sus Comisiones de Trabajo.
Así mismo, llamamos a reforzar el plantón en la SENER, que desde hace 80 días tiene instalado la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en demanda del “borrón y cuenta nueva” y por el Derecho Humano a la Energía.
A las organizaciones sociales independientes los convocamos a solidarizarse con nuestra lucha.
¡¡ CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS, YA!!!
¡¡ ALTO A LA REPRESIÓN!!
¡¡ VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!
Fraternalmente.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. 
Ciudad de México a 13 de septiembre de 2018
Tomado del muro de Humberto Montes de Oca 

En el día del presidente, Díaz Ordaz advirtió que usaría el Ejército contra los estudiantes

Foto
▲ El presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-70).Foto Ap
Emir Olivares y José Antonio Román /III
 
Periódico La Jornada
Lunes 17 de septiembre de 2018, p. 18
“Hemos sido tolerantes, hasta excesos criticables; pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo […] México entero sabe que cuando el Ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo.”
Con esas palabras, el presidente Gustavo Díaz Ordaz advirtió lo que vendría. Era el primero de septiembre de 1968, y durante la presentación de su cuarto Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, el mandatario hizo una larga alocución para referirse a la efervecencia del movimiento ­estudiantil.
La juventud se atrevió a rebelarse ante el autoritarismo, a hablarle de tú al gobierno. Exigió diálogo público. Se arriesgó a tomar las calles, a enfrentarse a policías y militares, a no temerle a sus tanques. Públicamente confrontó a la figura presidencial, a la que incluso lanzó insultos y endilgó motes, como La Changa.
Díaz Ordaz lo aprovechó bien, era su día, lo que por décadas se conoció como el día del presidente. No había mejor foro: un recinto colmado de abyectos legisladores y gobernadores (todos de su partido, el Revolucionario Institucional), además de invitados. Eran días de una institucionalidad férrea, cuadrarse –aunque se estuviera en desacuerdo– con la palabra del señor Presidente.
El mensaje fue claro, el mandatario rechazó que se hubiera violado la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dijo promotor de la del Politécnico, calificó al movimiento estudiantil de libertino y dijo que buscaba presionar de manera ilegítima al gobierno.
Desde las esferas del poder se intentaba desacreditar la movilización estudiantil. En cada oportunidad que tenían, el presidente y sus hombres lo calificaban de una imitación extralógica de otros movimientos, como los de Berlín y París. Acusaban a los estudiantes de intentar provocar una revolución socialista en México frente a un Estado democrático y revolucionario que busca por medios pacíficos el desarrollo económico y social del pueblo.
El movimiento estudiantil persistía en su demanda de que el diálogo fuera público. Frente a las agresiones gubernamentales y la presencia de militares y tanques en las inmediaciones de sus escuelas convocaron a una manifestación que pasaría a la historia: la Marcha del Silencio, el 13 de septiembre.
Septiembre
Domingo primero. Cuarto Informe de Gustavo Díaz Ordaz. Al referirse al movimiento, señala que existe la intervención de manos no estudiantiles, visibles fuerzas internas y externas [...] Defenderé los principios más caros, arrostro las consecuencias. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario.
Lunes 2. El Consejo Nacional de Huelga (CNH) declara: Nosotros no vamos a dialogar con la presión de los tanques y las bayonetas encima de nosotros. Retiren los tanques de las calles, retiren el Ejército de la calle, y entonces públicamente estaremos dispuestos a debatir, antes no.
Martes 3. El CNH responde en un manifiesto público a lo planteado por el presidente en su Informe: Negamos que por nuestra parte existan presiones ilegítimas hacia el gobierno; pero la falta de respuesta a una demanda lleva necesariamente a la acción popular; única vía que queda abierta ante un régimen sordo y mudo. Ratifica además su demanda de diálogo público.
Viernes 6. El gobierno propone diálogo público, pero sin ­exhibicionismo.
Sábado 7. En rechazo a la propuesta oficial, el CNH responde con un mitin en Tlatelolco, al que se suman 25 mil personas.
Lunes 9. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, hace un llamado a la comunidad para volver a clases sin renunciar a los fines del movimiento. Es necesario y urgente el retorno a la normalidad.
Apoyo incondicional
Martes 10. El Senado da su apoyo incondicional al presidente Díaz Ordaz para que disponga del Ejército, la aviación y la Marina, en defensa de la seguridad interna y externa de México cuando sea preciso. En asambleas, los estudiantes deciden continuar con la huelga.
Jueves 12. Desde helicópteros que sobrevuelan la ciudad se dejan caer volantes firmados por supuestas uniones y sociedades de padres de familia de la Universidad Nacional y el Politécnico, en los que se recomienda a los padres de familia impedir que sus hijos participaran en la manifestación silenciosa, porque serían enfrentados con el Ejército.
Viernes 13. Se celebra la Manifestación del Silencio que parte del Museo Nacional de Antropología, recorre Paseo de la Reforma y llega al Zócalo. Se calcula que participan 250 mil personas, quienes en completo silencio cubren el recorrido. Portan carteles y cubrebocas en rechazo a los calificativos –lanzados por el gobierno y sus aliados– de provocadores y revoltosos. Un volante repartido por los jóvenes enfatiza que el silencio es más elocuente que las palabras que acallaron las bayonetas. Aún está fresco el recuerdo de los tanques y los soldados que a bayoneta calada desalojaron a más de 3 mil estudiantes del Zócalo y de la zona aledaña a Palacio Nacional, la madrugada del 28 de agosto.
Domingo 15. El ingeniero Heberto Castillo, de la Coalición de Maestros y gran luchador social, da el Grito de Independencia en Ciudad Universitaria. Durante la ceremonia en el Zócalo, los asistentes propinan una severa rechifla al presidente Díaz Ordaz.
Días después vendrían dos tremendos golpes al movimiento: la toma del Ejército de CU y del Casco de Santo Tomás.
La próxima entrega de esta cronología se publicará el lunes 24 de septiembre.

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Pemex adeuda equipos con valor de 250 mdd a empresas estadounidenses

Ciudad de México (David García / Energía Hoy).- Luego de recibir equipos de perforación por parte de empresas estadounidenses, con un valor cercano a los 250 millones de dólares, Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha rehusado a pagarlos, sin dar explicación alguna por sus acciones, aseguró Ted Cruz, senador republicano por el estado de Texas.
En entrevista con Fox 26, el senador explicó que luego de cuatro años de la entrega de los equipos, la empresa del estado no ha realizado pago alguno a las empresas involucradas. Ha sido tal la afectación que, de acuerdo con el político estadounidense, muchas empresas en Houston permanecen al borde del desastre financiero.
Dato: Cuatro años después de la entrega de equipos, Pemex aún adeuda el precio total, cercano a los 250 millones de dólares.
“Al final del contrato, parece que Pemex simplemente dio media vuelta y se rehusó a pagar su factura. En consecuencia, hemos perdido aproximadamente 2,000 empleos como resultado de que la empresa rompió su contrato y se rehusó a pagar“. dijo el senador Cruz.
El senador, quien se declara firme defensor de la expansión de la experiencia e inversión en energía de la Unión Americana en territorio mexicano, condenó la violación del acuerdo entre Pemex y los vendedores. De igual forma, consideró como ‘mala’ para la relación entre ambos países.
“Pemex, al ser una compañía petrolera estatal, las acciones que están tomando son en gran medida las acciones del gobierno, por lo que creo que es perfectamente apropiado que la administración estadounidense dé un paso al frente defendiendo los intereses de los estadounidenses, defendiendo el interés de los texanos “, dijo Cruz.
Además, Ted Cruz asegura que decidió respaldar a los involucrados debido al número de vendedores -más de 100- afectados por la falta de pagos. “Han estado buscando una gran voz para defender su caso. Hoy esas esperanzas fueron respondidas”, asegura Cruz.
Previo a dirigirse a líderes del sector energético en la reunión del American Petroleum Institute en Houston, Cruz también se comprometió a trabajar para hacer recortes de impuestos republicanos recientes y eliminar más de lo que llamó “regulaciones para matar el trabajo” en el parche petrolero.

Intentan privatizar la última playa pública de Punta de Mita: lugareños

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▲ Vista de La Lancha, única playa con acceso al público en la comunidad de Punta de Mita, Nayarit. Lugareños y ambientalistas aseguran que la empresa Dine pretende privatizar la zona con el argumento de que los visitantes han causado daños a flora y fauna. La foto fue tomada de la página ‘‘La Lancha, Nayarit’’ en Facebook.
Javier Santos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 17 de septiembre de 2018, p. 38
Punta de Mita, Nay., La empresa Dine, propietaria de casi toda la franja marítima de este poblado, ahora quiere apoderarse del único espacio público que queda: la playa La Lancha, de arena blanca, que posee un estero con manglar y flora y fauna endémicas. Los pobladores se oponen al intento de ‘‘privatizar’’ este destino turístico y exigen su reapertura.
Con el argumento de que hubo ‘‘daños graves a los ecosistemas’’ causados por quienes ingresan a la playa –lo cual niegan los pobladores–, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró en agosto pasado el acceso a petición de la empresa Ranchos, La Lancha, Punta de Mita SA de CV, que cuenta con la concesión DGZF-100-01 para la conservación del lugar.
Desde entonces los habitantes de Punta de Mita se han opuesto en ocho ocasiones a que personal de la Profepa, acompañado de policías y trabajadores de Dine cerquen la zona federal con mallas. Los lugareños se congregan y, tomados de los manos, les han impedido el paso.
Javier Chávez, ingeniero ambiental y uno de los principales defensores de este sitio, asegura que Dine pretende privatizar la última playa pública en Punta de Mita, una de las más visitadas por surfistas nacionales y extranjeros.
Asegura que Dine ‘‘es dueña de casi todo Punta de Mita’’ y en su momento privatizó todas las playas de la localidad.
Asegura que el dueño de los terrenos es Fernando Senderos Mestre, presidente de los consejos ejecutivos y de administración de los grupo Dine y Kuo, así como miembro de los consejos de Kimberly Clark y Peñoles, entre otras empresas.
Dine tiene una larga historia en la Riviera Nayarit. En la década de 1990, cuando el priísta Rigoberto Ochoa Zaragoza gobernaba la entidad, decenas de pescadores fueron desalojados de Punta de Mita a punta de pistola y golpes para que Grupo Dine, promotora inmobiliaria con presencia en México, Estados Unidos y Canadá, se apoderara de playas en Corral del Risco.
Ya sin pescadores, la constructora de Dine, Cantiles de Mita SA de CV, adquirió alrededor de mil 500 hectáreas –gran parte frente al mar– y comenzó a construir el hotel Four Seasons y lujosas villas. El presidente Enrique Peña Nieto suele visitar el complejo turístico para jugar golf.
Dine compró al gobierno estatal, por medio del Fideicomiso de Bahía de Banderas, a un precio de dos dólares por metro cuadrado. Actualmente el precio es de entre 2 mil y 2 mil 200 dólares, de acuerdo con especialistas en bienes raíces.
En su momento, tanto empresa como autoridades aseguraron que el desarrollo turístico llevaría prosperidad a la región. Hoy día, la mayoría de las calles en Punta de Mita son de tierra y hay un grave desabasto de agua.
A principios del año 2000, Dine solicitó la concesión de la playa La Lancha, que mide casi un kilómetro, y se le otorgó con vigencia hasta 2017, según ambientalistas.
El ayuntamiento de Bahía de Banderas, al que pertenece Punta de Mita, solicitó la concesión, pero la Profepa se la renovó a Dine.
El alcalde, Jaime Cuevas Tello, indicó que dicha compañía cuenta con la concesión para ‘‘conservar’’ la zona; sin embargo, agregó, hubo daño ambiental y las autoridades multaron a Grupo Dine.
Señaló que se ha acercado a la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar que el gobierno local se encargue de cuidar la playa La Lancha.
Cuevas Tello mencionó que el ayuntamiento de Bahía de Banderas busca negociar con representantes de Dine una servidumbre de paso mediante un comodato.
Los integrantes de la Asociación de Mujeres de Bahía de Banderas AC, encabezadas por Marielza Izurieta Valery, demandan desde hace años más accesos al mar.
Izurieta Valery informó que interpusieron un amparo contra la Profepa. ‘‘No se va a cerrar esa playa, aunque los inversionistas tengan intereses, aunque venga el Plan Parcial de Desarrollo. Como mexicanos debemos insistir en que ese plan incluya accesos al mar’’, advirtió.
Puntualizó que no se puede cerrar el paso al mar ‘‘porque es (una zona) federal, a menos que haya un herido o un asesinato’’. Agregó que el objetivo de Dine es apoderarse de toda la playa. ‘‘No quiere que los morenos o los surfistas nos podamos bañar. Eso es todo’’.
Lamentó que el gobierno municipal no exija a los hoteleros que dejen accesos al mar al construir sus desarrollos y advirtió que el cierre de playas seguirá ‘‘mientras los ciudadanos no conozcan sus leyes y las defiendan’’.

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Se deben ajustar pensiones a la realidad del país

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▲ Concanaco llama a elevar la edad para la jubilación de forma gradual para no afectar a quienes están a punto de retirarse.Foto Cristina Rodríguez
Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
Lunes 17 de septiembre de 2018, p. 32
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) consideró positivo elevar la edad de jubilación, como plantea el próximo gobierno federal, ya que es preciso ajustar el sistema pensionario de México a la realidad del país.
Consultado por La Jornada sobre la intención de la administración entrante de estudiar un cambio en la edad de jubilación, José Manuel López Campos, líder del organismo empresarial, expresó que el tema es de gran relevancia para el país, puesto que se deben hacer ajustes conforme a las actuales expectativas de vida.
La semana pasada, el próximo subsecretario de Hacienda, Gerardo Esquivel, declaró que la edad para que los adultos mayores recibieran los apoyos oficiales aumentaría de 65 a 68 años y que, a partir de esa modificación, podría estudiarse una nueva edad para el retiro de los trabajadores en activo.
López Campos consideró que de implementarse esa propuesta debe hacerse gradualmente, pues no debe afectar a los ciudadanos que están en vías de dejar la vida laboral, porque ello cambiaría sus planes de forma repentina.
Agregó que es preciso que no sea retroactivo, pues se deben respetar los derechos de las personas que fueron contratadas bajo la condición de jubilarse a la edad de 65 años.
Sí es una situación que hay que atender, porque se debe considerar la presión que van a ejercer las pensiones, no sólo a la planta productiva, sino a las instituciones de seguridad social, cuya situación no sería sostenible en el tiempo, dijo.
López Campos indicó que el planteamiento hecho por Gerardo Esquivel, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Reunión Anual de Industriales, es algo para lo que nos debemos ir preparando, porque si no la base que genera los ingresos para el cobro de las pensiones no va a ser suficiente.
Mencionó que independientemente de que se incremente a 68 años de edad, el cambio debe estar en línea con las condiciones de vida que tiene la población, pues las enfermedades que eran consideradas fatales hoy son curables o tratables, y las personas pueden vivir más.
Un estudio hecho por las asociaciones Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) calcula que para mediados del siglo la proporción de personas de más de 65 años será dos veces y media más que la que existe actualmente, pero más allá del incremento de este segmento poblacional el documento prevé que 6.3 millones no tendrá pensión y otro tanto sí la tendrá pero será insuficiente para vivir, si continúan los bajos niveles de ahorro para el retiro y la elevada informalidad laboral.

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AFORES GANAN 33 MIL MILLONES EN UN MES

*Sólo por cobro de comisión a 3.3 billones de pesos acumulados en el ahorro para el retiro.

Las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES) ganaron 33 mil 557.9 millones de pesos durante el mes de junio de 2018, por cobro de comisión a los trabajadores, por el manejo del dinero que tienen acumulados en sus cuentas individuales.
En contraste los trabajadores que son dueños de ese dinero, apenas ganaron 73 centavos por cada peso que depositaron en su AFORE durante los últimos 6 años, reconoció la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en el Informe trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la situación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), abril a junio de 2018.
Durante el segundo semestre del año las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES) acumularon 3 billones 322 mil 566 millones de pesos, saldo total por el que esas instituciones financieras cobraron 1.01% de comisión mensual lo que les reportó un total de 33 mil 557.9 millones de pesos al mes en dividendos.
Ese pequeño 1.01% de cobro de comisión les reportará en un año alrededor de 442 mil 664 millones de pesos, cantidad que toman directamente del ahorro para el retiro de los trabajadores depositado en AFORES, instituciones financieras propiedad de la banca privada, excepto en el caso de pensionISSSTE.
En cambio los trabajadores con ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, que son alrededor del 60 por ciento de las 61.3 millones de cuentas individuales que hay en AFORES, no gozarán de una pensión por retiro aunque aporten mensualmente su cuota, debido a que no alcanzaran ni la cantidad mínima para ello (densidad de cotización) ni las mil 200 semanas de cotizaciones que se requieren para obtener ese beneficio, reconoció la CONSAR.
Cabe recordar que los depósitos en AFORES son parte del salario de los trabajadores, quienes fueron obligados por ley a abrir cuentas individuales de ahorro para el retiro en esas instituciones financieras privadas, a partir de una serie de reformas que impulsaron el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría y que entraron en vigor en 1997 para los afiliados al IMSS.
El mismo destino se aprobó para los trabajadores al servicio del Estado, afiliados al ISSSTE durante el gobierno de Felipe Calderón en 2007 y, para los del sector energético en 2013-2015 con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
No fue voluntad de los asalariados abrir cuentas individuales en AFORES, pero sí están obligados a pagarles por su administración, generando ganancias multimillonarias a esas instituciones privadas (excepto pensionISSSTE) aun cuando no les garantizan una pensión vitalicia como lo hacían el IMSS y el ISSSTE.
Por otro lado, la CONSAR informó que Principal adquirió la totalidad de MetLife y tras la fusión se denominó PRINCIPAL, con lo que se redujeron a 10 el número de AFORES que operan en México, al mes de junio de 2018.

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Padres de los 43 piden al gobierno de Peña “superar” la verdad histórica

Los padres de los normalistas desaparecidos encabezaron la ceremonia del antigrito. Foto: Especial
Los padres de los normalistas desaparecidos encabezaron la ceremonia del antigrito. Foto: Especial

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Padres y madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa realizaron el Antigrito de Independencia, en el cual pidieron al gobierno que supere la verdad histórica.
“El gobierno decía que superáramos que nuestros hijos habían sido quemados, ahora nosotros le pedimos a él que supere lo de la verdad histórica“, demandó Joaquina García, madre de Martín Getsemany -desaparecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala-, reportó Aristegui Noticias.

En el mensaje enviado al presidente Enrique Peña Nieto, desde el Hemiciclo a Juárez, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, recordaron los hechos de desaparición forzada en contra de sus hijos, ocurridos hace casi cuatro años.
“Ha sido una lucha de desesperación. De no saber en dónde están nuestros hijos“, destacaron los familiares.La ceremonia del Antigrito, que se realizó aproximadamente a las 10 de la noche del sábado, los familiares leyeron una carta, mediante la cual sentenciaron los actos de impunidad y violencia en contra de los normalistas, y exigieron el esclarecimiento del caso a Peña Nieto, antes de que deje el cargo.
Los padres de los 43 ondearon una bandera de México y, guiados por Hilda Hernández, madre de uno de los normalistas desaparecidos, realizaron el Antigrito de Independencia.
Los estudiantes de normales rurales, la banda de guerra de la Isidro Burgos e integrantes de diversos colectivos como el FPFV, la CNTE, los telefonistas, la Conur, representantes de La Sexta, entre otros, se unieron a esta ceremonia.

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