lunes, 25 de marzo de 2019

Funcionarios retrasan ilegalmente la entrega SUBASE YA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO

*El SME podría fincar responsabilidades a servidores públicos por violar la ley.
Por Martín Esparza Flores,
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
y Conductor de Frecuencia Laboral,
Transcripción de Andrea Luna Arias, en colaboración voluntaria,


El viernes 22 de marzo de 2019 tuvimos una reunión con el ingeniero Martín Vivar, es el encargado del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Que por cierto, casi todos los que están ahí son ex trabajadores de la empresa de “clase mundial”, la Comisión Federal de Electricidad, se jubilaron y luego los mandaron al CENACE, desde donde han venido retrasando el contrato para Suministro Básico del Centro.
Ellos nos notificaron el 6 de febrero que ya habían revisado el expediente y lo hicieron por escrito, como es la formalidad que establece la propia ley de la industria eléctrica y que ya se iba a un proceso de administración para revisar el estatus de la empresa de Suministro Básico del Centro.
En términos de la ley 10 días hábiles tienen para poder entregarnos el contrato y firmarlo para participante del mercado. Pasaron los 10 días y luego pasaron otros 20 hasta que decidimos sacar una reunión ayer.
Nos recibió él con todo su equipo que son los que revisan los expedientes y en la mesa categóricamente dijeron “miren ya revisamos el expediente todo está bien. Sin embargo le están echando otra revisadita la Secretaría de Energía”.
Entonces hay una disposición legal y estos funcionarios también es hasta para fincar responsabilidades como servidores públicos. Porque en la mesa decíamos que si el gobierno de la República va a cambiar la constitución, pues adelante, si va a renacionalizar el petróleo y la electricidad bienvenidos, si se van a cancelar los permisos de los privados estamos en la entere disposición. Para nosotros es mejor restituir a Luz y Fuerza del Centro con nuestro contrato de colectivo de trabajo y con nuestro derecho de antigüedad para jubilarnos. Pero si eso no va a pasar entonces se tienen que suscribir con la normatividad que hoy existe.
Entonces vamos a tomar una decisión el lunes 25 de marzo de 2019, tendremos plenaria del comité central porque vemos que es un tema más político sobre qué es lo que quieren hacer.
Porque he escuchado mucha atención que quieren rescatar a Comisión Federal de Electricidad, está bien .pero entonces nosotros que somos electricistas de más de 100 años qué vamos a hacer.
Aquí hay que resaltar y llamar la atención que Suministro Básico del Centro es una empresa mexicana y de los trabajadores. Se ha fondeado esta empresa con dinero de nuestras liquidaciones.
¿Cuáles son los requisitos?
Primero ir a la Comisión Reguladora de Energía, hay que pagar derechos para que revisen tu expediente, entonces tienes que hacer un plan de negocios, ya lo pasamos. Fuimos al Centro Nacional de Control de Energía te vuelven a pedir que pagues derecho para revisar el expediente, ya lo hicimos.
Te piden que los trabajadores que van a estar operando en lo que le llama la mesa 24-7, que es trabajar las 24 horas del día los 7 días de la semana, deben estar certificados ante el Centro Nacional de Control de Energía y cada certificación te cuesta arriba de $10,000, ya tenemos todos los trabajadores certificados para ese trabajo.
Te dicen tiene que arreglar sus oficinas y demostrarnos dónde van a iniciar sus operaciones, ya lo tenemos. Dicen tienes que tener un software certificado por el CENACE y el software y la licencia no vale poquito, ya lo tenemos. Tenemos todo para iniciar operaciones.
Ayer todavía decían algo que se me hizo irrisorio: dicen que todavía hay disposiciones de la ley que no hemos concluido. Ya van 5 años que se implementó la reforma y dicen que no han concluido. Por menos de eso a nosotros nos echó a la calle a 44,000 trabajadores Felipe Calderón que hoy es consejero externo de Iberdrola, que son de los que más se beneficiaron en esos sexenios.
Lo que observamos es cómo se han venido conduciendo estos órganos que no le dieron el permiso a Suministro Básico de Centro, pero a 2 empresas más le permitieron entrar en el área de consumo básico que se abrió al mercado privado a partir del año 2018. Una de esas empresas no tienen experiencia en el sector, ya firmó su contrato como participante en el mercado eléctrico mayorista.
Nosotros tenemos una gran capacidad de investigación para desarrollar todo tipo de infraestructura desde la parte eléctrica, la parte petrolera de ser viable, la parte de sistemas de control, de salud. No podemos seguir permitiendo que vengan del extranjero a decirnos cómo hacer las cosas cuando tenemos investigadores que incluso han salido de nuestro país para ir a formarse.
Creo hay otros organismos como el Instituto de Investigaciones Nucleares forma parte importante y es estratégico para todos los proyectos. Incluso hasta para la nueva refinería que pretenden hacer. Tanto el Instituto Mexicano del Petróleo como el Instituto de Investigaciones Nucleares, el Instituto de Investigaciones Eléctricas porque hay también hay que construir subestaciones, hay que ver las remediaciones de los propios terrenos, la interconexión, cuidar el tema del medio ambiente, el impacto social.
Todo eso lo podemos desarrollar, incluso hasta ejecutar las obras, para eso se tendrían que estar viendo cómo compramos tecnología en lo que desarrollamos la propia.
En otro tema hay buenas noticias.
En la semana salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un inmueble que fue recuperado con la lucha de resistencia. Nosotros le denominamos Xochinahuac. Ahí teníamos una fábrica de estructuras de las torres de transmisión, herrajes, para distribución aérea y subterránea. Es un predio importante porque el proyecto es hacer un centro de trabajo industrial de unidades productivas de nuestra cooperativa.
Vamos a ir el miércoles 27 de marzo de 2019 a hacer una actividad ahí. Son más de 5 hectáreas de terreno en Azcapotzalco, Ciudad de México, y además está ya impactado industrialmente para los trabajos que vamos a desarrollar. 

25 organizaciones sociales y laborales ACUERDAN DEFENDER A LA SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA

*Demandan la abrogación de las leyes que sustentan al sistema privado de AFORES
El Primer Encuentro de Organizaciones en Defensa de la Seguridad Social Solidaria, se realizó el viernes 22 de marzo de 2018, cuyo acuerdo principal fue demandar la eliminación del sistema privado de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES), que son propiedad de los banqueros, porque eliminan el derecho a una pensión digna y se apropian del dinero que aportan los trabajadores.
En el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, María Teresa de Jesús Acosta López, leyó y sometió a votación los resolutivos, mismos que fueron aprobados, en el que resalta el compromiso de defender al sistema de seguridad social solidario de reparto.
Se comprometieron a realizará una Convención de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores para el 29 de mayo de 2019, en donde diseñarán un plan de acción que contempla rescatar los derechos humanos laborales para los actuales y futuros trabajadores, así como los derechos pensionarios para los viejos.
El derecho humano a la seguridad social solidario garantiza a los trabajadores y sus familiares derechoabientes, la atención médica básica y hasta la de alto nivel de tratamiento quirúrgico, en hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -para los asalariados de empresas de producción y servicios privadas y del Estado- y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) -para los empleados públicos-.
También garantiza las prestaciones obstétricas y de guarderías, pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, por riesgos de trabajo, por maternidad, por viudez y orfandad. Y en el caso de México, que es un país de avanzada en la materia incluye la garantía de la vivienda, la recreación, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo.
Todo lo cual comenzó a desmantelarse con el sistema privado de AFORES, debido a que absorben los recursos multimillonarios de las prestaciones de vejez y cesantía en edad avanzada que hoy ascienden a 3.4billones de pesos, que antes administraban las instituciones de seguridad social en México que por ley son el IMSS y el ISSSTE, las cuales vieron mermados sus recursos para brindar sus servicios. (Leer el libro ¿¡QUÉ TRANSA CON LAS AFORES!?)

CFE Calificados busca competir en igualdad con privados

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- CFE Distribución presenta plan estratégico para contener y reducir las pérdidas no técnicas de energía, mientras CFE Calificados busca herramientas para que compita en igualdad de condiciones con privados en mercado eléctrico.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se reunió con Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la Empresa Subsidiaria CFE Distribución, así como miembros de su Consejo.
En la sesión, Nevárez Elizondo informó sobre el estado financiero de CFE Distribución, y el plan estratégico para contener y reducir las pérdidas de energía no técnicas, así como las acciones que se han tomado por entidad. Adicional, detalló las obras de infraestructura que se realizan para dar confiabilidad y certeza a los procesos de distribución.
Referente a la tarifa que determinó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a CFE Distribución, el Consejo determinó solicitar a este órgano regulador conciliar los valores para el año 2019, tanto para esta subsidiaria como para las empresas privadas que generan energía.
En esta reunión estuvieron presentes Francisco Medina Chávez, consejero independiente; Sandra Patricia Bucio Escobedo, consejera Suplente SHCP; Laura Bolívar Meza, consejera del Gobierno Federal; Orlando Bello Sotelo, representante del SUTERM; Raúl Jiménez Vázquez, secretario del Consejo y Lizbeth Jáuregui Ochoa, prosecretaria del Consejo.
Así como, Carlos Morales Mar, director Corporativo de Operaciones; Gustavo Varela Ruíz, auditor interno; Susana Amaya Martínez, titular de la Unidad de Responsabilidades y Rubén Flores García, presidente del Comité de Auditoría de CFE Distribución.
Posteriormente, Bartlett Díaz encabezó la sesión del consejo de Administración de la Empresa Filial CFE Calificados, acompañado de Marco Antonio González Martínez, director general de esta filial, donde se aprobó su Presupuesto para el ejercicio 2019.
Durante la sesión, González Martínez presentó los resultados financieros de la CFE Calificados, y dio a conocer los planes para la gestión de energía, la línea de negocios de explotación y la optimización de la empresa.
Además, expuso la necesidad de contar con certificados de energías limpias y plantear a la CRE y al CENACE esquemas para facilitar y reducir el tiempo de trámite a los usuarios calificados.
Los asistentes a esta sesión fueron, Alejandro Fernández Villa, consejero independiente; los consejeros César Fuentes Estrada, Genaro Medina Luna y Héctor Contla y Martínez; Roberto Martínez Espinosa, secretario del Consejo; Héctor Gerardo Téllez Quintanilla, prosecretario del Consejo; José Luis Mendoza Venegas, suplente del Comisario y Gustavo Varela Ruiz, auditor Interno de la CFE.
Al término de la reunión, el director general de la CFE reconoció el esfuerzo de CFE Calificados de mantenerse en el Mercado Eléctrico pese a las limitantes que le impuso la CRE, por lo que en el presupuesto que envíe al Ejecutivo Federal, apuntó, se le incluirán herramientas para que pueda competir en piso parejo, ya que actualmente 50% de la energía la generan privados.

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CFE, en una ruta de alto riesgo financiero

Por cada peso facturado, la CFE gastó 1.2 pesos en 2018, y en febrero la relación se disparó a 2.15 pesos
Tomás de la Rosa
tdelarosa@ejecentral.com.mx
Los cambios del gobierno federal en materia de energía eléctrica mantienen la calificación soberana de México bajo la lupa. En 2018, de cada peso que ingresó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gastó 1.20 pesos y tan sólo en febrero pasado se disparó a 2.15 pesos, lo que significa que sus pérdidas, sin considerar subsidios, superan 6.5% a sus ingresos.
En febrero, los ingresos de la Empresa Productiva del Estado (EPE) sumaron 31 mil 150 millones de pesos y sus gastos superaron los 67 mil millones. Así, su balance primario (sin considerar transferencias del gobierno federal) fue negativo con 33 mil 179 millones de pesos. Es decir, por cada peso facturado, gastó 2.15 pesos.
El balance negativo, de un solo mes (febrero de 2019) equivalen al 91% de los recursos del programa de ciencia, tecnología e innovación de todo 2019 en educación pública que es por 36 mil 123 millones de pesos.
Al respecto, el consultor privado en temas de energía, Ramsés Pech sostuvo: “Habría que preguntar al gobierno federal cuánto dinero tiene disponible para seguir dando subsidios a la Comisión Federal de Electricidad”.
En el segundo mes del año, el gobierno federal inyectó oxígeno a la CFE por 10 mil 794 millones de pesos a través de transferencias, según la información de la exempresa paraestatal (hoy EPE)
El balance financiero de la empresa cobra relevancia en los cambios normativos realizados por la Secretaría de Energía (Sener) en la operación de la CFE. La cancelación de las compras de largo plazo de energía, es un ejemplo, y recientemente propuso (a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Conamer) reagrupar sus subsidiarias generadoras de electricidad, además se impediría a la iniciativa privada asociarse con la CFE en el negocio de transmisión y distribución de energía eléctrica.

En la mira de calificadoras

Unos días después de que Standard & Poor’s (S&P) cambió la perspectiva de la calificación de México a “negativa”, la evaluadora hizo lo mismo con la CFE.
Según la calificadora, la CFE tiene un rol crítico para el gobierno federal por su monopolio sobre la transmisión y distribución de electricidad. Sin embargo, dado el respaldo financiero del gobierno, mantuvo sin cambio sus calificaciones.
Además, hace un par de días, con la propuesta de la Sener en la Conamer, S&P dijo que podría ser benéfica, “sin embargo, la intención de la compañía de al menos mantener su participación de mercado en el segmento podría requerir inversiones adicionales y potencialmente aumentar los indicadores de apalancamiento por arriba de nuestras expectativas”.
Ese potencial mayor apoyo financiero a la CFE se suma al previsto para la también EPE, Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto genera preocupación en los inversionistas de que México pueda perder el grado de inversión en su calificación soberana.
Según Pech, la mayor inversión en el sector eléctrico deberá venir de la iniciativa privada. El consultor comentó que la generación total de electricidad en el país crece entre 3.0% y 4.0%anual, y la demanda lo hace entre 5.5% y 6.5 por ciento.
“Como la demanda es mayor que la generación, hay un déficit. La pregunta es cómo se va a cubrir el déficit futuro de consumo. Si la CFE no puede, tiene que ser con inversión privada.
Según S&P, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2018-2032, de la Sener, la inversión en bienes de capital de la compañía será de dos billones de pesos. Esto significaría inversiones del orden de más de 130 millones de pesos anuales.

Ineficiencia y contaminante

Hasta el momento, los estados financieros muestran la ineficiencia de la CFE y con el uso de carbón para generar energía en las plantas del norte del país, la harán más ineficaz.
Según Pech, el costo del carbón oscila entre 8.0 y 9.0 dólares el millar de BTU, eso es más de 110% sobre el precio de gas natural (entre 3.8 y 4.0 dólares por millar de BTU) que utilizan las plantas de ciclo combinado para generar electricidad.
El consultor privado señala además que las carboeléctricas generan 773 kilogramos de dióxido de carbono por megawatts-hora, lo que supera la norma que establece la gubernamental Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) de 582 kilogramos por megawatts-hora.
En febrero, los ingresos de la CFE sumaron 31 mil 150 mdp, mientras que sus gastos fueron de 67 mil mdp.

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Prevé Monreal acuerdo con la oposición para que aspirantes a la CRE comparezcan el jueves

 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de marzo de 2019, p. 9
En el Senado de la República se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador remita a la brevedad las cuatro nuevas ternas de candidatos para completar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en las que, según adelantó el propio Ejecutivo federal, repetirán Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos Aragón, José Alberto Celestinos Isaacs y Edmundo Sánchez Aguilar.
Ellos son los cuatro candidatos que el jueves pasado obtuvieron la votación más alta, entre 73 y 75 votos, pero no la mayoría calificada, que es de 85, debido a que los legisladores del PRI, el PAN, el PRD y MC sufragaron en contra, por lo que esas primeras candidaturas fueron regresadas.
También son ellos los que recibieron menos críticas durante las comparecencias, y reúnen los requisitos legales.
El viernes pasado el presidente López Obrador anunció que tal como lo establece la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, remitiría de inmediato una nueva terna de aspirantes a comisionados.
Todo indica que eso será hoy, pero el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que tiene el acuerdo de la oposición de acelerar el proceso legislativo con el fin de que esta semana comparezcan los candidatos y se pueda votar en el pleno durante la sesión del jueves, ya que desde enero la CRE sólo opera con tres de los siete comisionados y no puede tomar acuerdos.
Consideró que el convenio con la oposición no será fácil, ya que es uno de los asuntos más complicados a los que se ha enfrentado, mientras el segundo es la reforma constitucional para la revocación de mandato.
El senador Monreal precisó que el Presidente de la República pueda enviar como candidatos a nueve de quienes estuvieron en la primera propuesta, ya que basta con modificar a uno de los integrantes de cada terna.
Un día antes el presidente López Obrador precisó que en su plan B está incluir en el segundo grupo de ternas a los candidatos más votados, y mencionó el caso del ingeniero José Alberto Celestinos Isaacs, quien obtuvo 75 votos y cuenta con una amplia experiencia en el sector energético, ya que ha sido asesor ejecutivo de la dirección de Pemex para la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, responsable de análisis y diagnóstico de Pemex refinación además de contar con sus propia consultoría en temas energéticos.
Luis Linares Zapata obtuvo 73 votos de Morena, PT, PES y PVEM, tiene maestría en estudios y negocios de la Universidad de Pensilvania y ha trabajado en Pemex como encargado de políticas. Por su parte, Norma Leticia Campos, con 74 votos, es licenciada en economía y doctora en ciencias sociales con diplomados en energías renovables.
Edmundo Sánchez Aguilar es ingeniero industrial especializado en política de negocios por la Universidad de Columbia y doctor en finanzas por la Universidad Harvard, ha sido consultor de compañías trasnacionales como Shell. Obtuvo 75 votos y fue propuesto en la terna que es sólo para cubrir una vacante temporal por nueve meses.
 
 
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Banca de desarrollo asumió el riesgo para financiar proyectos de energías renovables: Bancomext

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La banca de desarrollo ha tenido que adaptarse y evolucionar en el entendimiento de las nuevas disposiciones jurídicas, así como entender el mercado y asumir el riesgo para poder financiar los proyectos de energías renovables, reconoció Carlos Lerma Cotera, director de financiamiento al sector energía del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
Indicó que cualquier proyecto de energía tiene sus retos importantes, el primer paso ha sido conocer la nueva Reforma Energética e implementar todos los mecanismos que incluye, “los primeros dos años fueron de las complejidades importantes, todo el tema de tramitología, y adicional a eso, existen nuevos procesos como todo el tema de impacto social ambiental, particularmente lo social, lo ambiental ya se venía requiriendo en proyectos pasados, pero el nuevo ingrediente de lo social juega un papel importante.”
Durante su participación en el Wind Power México, dijo que “para suerte de todos los que estamos en este sector, los sponsors con experiencia internacional que han desarrollado proyectos ya venían aplicando estos principios en otras partes del mundo y trajeron esas buenas prácticas para involucrar a las comunidades y hacerlas partícipes de los beneficios.”
Otro de los puntos interesantes, es que los proyectos desarrollados en México, han tenido una magnitud –por su tamaño- que han competido a nivel continente e incluso a nivel mundial, esto conlleva retos de logística y de implementación importantes. Además, le adicionamos un riesgo de mercado, pues son temas que lo vuelve relevante.
“La evolución en el caso de la banca, fue muy favorable como se dieron las cosas porque inicialmente se financiaron proyectos que no tenían riesgo mercado, tenían exclusivamente un riesgo o de una entidad del gobierno federal o el riesgo de una empresa privada con un rating crediticio bastante potente que le permitía ser bancable.”
Conforme entraron los otros mecanismos de mercado como fueron las subastas eléctricas, nuevamente teníamos a una entidad, un ‘Off taker’, con mucha potencia por ser una entidad del gobierno federal equivalente al riesgo soberano. Y la segunda y la tercera subasta para poder ofrecer precios tan competitivos ya empezaron a tener un ingrediente más importante de riesgo-mercado, pero todavía marginal.
“A los bancos, al hacernos analizar ese remanente o cantidad de energía que iba a mercado, nos obligó a ir entendiendo poco a poco los fundamentales de ese mercado, de tal suerte que el año pasado ya se pudieron cerrar los primeros proyectos ‘pure merchant’.”
El director de financiamiento al sector energía, señaló que en Bancomext, “hace un par de semanas cerramos el primer proyecto con estas características, y lo que siempre buscamos es ir acompañados de instituciones que tengan experiencia internacional.”
“Debemos recordar que este mercado eléctrico mayorista en México es de muy reciente creación y eso lo hace retador, si en marcados maduros el poder proyectar los precios es algo complicado en nuestro país es todavía más complejo.”
Lerma Cotera, explicó que “dentro de la parte de riesgo mercado, el poder entender las particularidades de los proyectos es algo fundamental, y todas las variables que conlleva: la oferta que se está generando en ese nodo, la demanda y pronosticar hacia futuro es uno de los grandes retos y, además, tratar de visualizar en la medida de lo posible todo lo que pudiera pasar en ese nodo en los años donde se va tener el proyecto en operación.”
Particularmente como bancos en los que el crédito va a tener como proyección incluir los temas como la congestión, la infraestructura que se desarrolle o no en esa zona –obviamente fijará el precio-, y uno más sería tratar de visualizar los cambios tecnológicos que se desarrollen a nivel mundial que puedan afectar a una forma importante la matriz energética.
Lo que nosotros visualizamos que un cambio o un desarrollo en términos económicos, que sea factible económicamente, el almacenamiento de energía, implicará un cambio radical en la matriz energética, porque podrá darle a los proyectos de energía renovable la estabilidad que permita tener energía de mantera continua e incluso programar los despachos en las horas punta.
El director de financiamiento al sector energía, insistió en la importancia de “entender las características de cada nodo o de los nodos donde se está desarrollando el proyecto es de los temas fundamentales, y poder visualizar los riesgos en el corto y mediano plazo.”

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Investigarán sobornos en contratos del IMSS con empresa estadunidense

A cambio de acuerdos millonarios, Orthofix daba regalos de lujo a funcionarios
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de marzo de 2019, p. 30
El último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó un acuerdo –el segundo en esa administración– con la empresa Orthofix por 2.7 millones de dólares por reparación del daño causado durante los ocho años que esa empresa estadunidense obtuvo contratos mediante sobornos a funcionarios del instituto.
Este es uno de los casos de corrupción que se han identificado en el organismo. Abarcó los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entre 2003 y 2010 Orthofix, fabricante de dispositivos ortopédicos (prótesis), obtuvo ingresos por 8.7 millones de dólares, de los cuales 4.9 millones ganó de manera ilícita, según comprobó desde 2012 la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
La nueva administración del IMSS se enteró de este asunto a mediados de diciembre pasado, cuando el despacho Maney & González Félix, encargado del litigio iniciado en el país del norte contra Orthofix, reclamó el pago de sus honorarios.
El acuerdo del 30 de noviembre de 2018 establece que el pago sería en especie, pero en la revisión del asunto se detectó que la empresa entregó equipo usado, incompleto o que no corresponde con el cuadro básico institucional. No es de utilidad.
Además, la investigación realizada por la administración pasada fue deficiente, sin controles ni objetivos definidos.
Debido al daño patrimonial causado al Seguro Social, los abogados del organismo retomarán el caso en tribunales de Estados Unidos, además de que investigarán a servidores públicos y terceros involucrados en el asunto.
Las operaciones comerciales de Orthofix en México se realizaron por conducto de la empresa Promec, la cual se encargaba de buscar los contratos y entregar los regalos –que identificaba como chocolates– a los funcionarios del IMSS; eran televisores, computadoras, relojes, paquetes vacacionales, arrendamientos de vehículos, liquidaciones de deudas bancarias y dinero en efectivo.
La investigación de la SEC determinó que fueron cerca de 317 mil dólares los que se entregaron de esta manera a funcionarios de las unidades médicas de alta especialidad (UMAE), los hospitales de traumatología y ortopedia Magdalena de las Salinas, Lomas Verdes y el 21 de Nuevo León.
Aunque en 2012, a raíz de la investigación que se realizó en Estados Unidos, se identificó a los médicos, éstos fueron separados de sus cargos y denunciados penalmente; en marzo de 2013 en el IMSS se autorizó que no se ejerciera acción penal.
En 2014, el instituto contrató al despacho Maney&González-Félix para llevar el litigio en aquel país contra Orthofix. En febrero de 2016 hubo un primer acuerdo: el IMSS recibiría 4 millones de dólares como reparación del daño, de los cuales un millón se entregó a los abogados. El resto se cubriría con equipo médico, pero al instituto sólo llegó el equivalente a 371 mil 837.64 dólares.
Dos años después, en febrero de 2018, el IMSS volvió a demandar a Orthofix por incumplimiento y el 30 de noviembre se acordó un finiquito modificatorio. La empresa se comprometió a entregar 2 millones 704 mil 935 dólares; en lo inmediato pagó 200 mil dólares. El resto sería equipo médico que entregaría en los siguientes nueve meses.
Estos incumplimientos por parte de la empresa contrastan con la multa que en 2012 se le impuso y pagó a la SEC, por 5.2 millones de dólares, así como otros 2.2 millones correspondientes a la penalización impuesta por el Departamento Justicia estadunidense.
 
 
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Denuncian más los trabajadores al servicio del Estado que los de la iniciativa privada: Profedet

Foto
▲ De las denuncias laborales ante la Profedet, 70 por ciento corresponde a empleados relacionados con el gobierno federal.Foto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de marzo de 2019, p. 14
En 2018 la mayoría de las denuncias de los trabajadores en el país que atendió la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), fueron hechas por empleados de empresas con origen en administración directa o descentralizada por el gobierno federal o bajo contrato o concesión federal.
Más de 70 por ciento de los juicios laborales estuvieron relacionados con estos dos rubros. La mayoría de las quejas y denuncias se quedaron en fase de conciliación.
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con relación a los casos atendidos por la Profedet, 174 mil 830 personas buscaron asesoría ante esta dependencia por posibles violaciones a sus derechos laborales, la mayoría por irregularidades relacionadas con prestaciones que deben recibir por ley, pago de utilidades de las empresas y por despidos.
A pesar de los más de 174 mil casos, la dependencia reporta que sólo actuó como conciliador en 35 mil de ellos, por lo que el resto se quedó sólo en una asesoría y el trabajador no procedió a una queja o denuncia formal.
De los 35 mil casos, 27 mil fueron de contratados en empresas con origen en administración directa o descentralizada por el gobierno federal; 2 mil de quienes trabajan bajo contrato o concesión federal, y mil 115 de quienes laboral en empresas que ejecutan trabajos en zonas federales.
El resto de los casos se divide en irregularidades denunciadas por empleados en la industria de de alimentos (836), la industria debebidas, (756), la automotriz (602 casos) y la minera (310), principalmente.
La mayoría se solucionan en la fase de conciliación ya que sólo fueron reportados 12 mil 577 juicios el año pasado, pero de éstos, más de 9 mil corresponden a las empresas con origen en administración directa o descentralizada por el gobierno federal, bajo contrato o concesión federal y las que ejecutan trabajos en zonas federales.
La industria azucarera es la que le siguió en cantidad de juicios con 339; la de producción de alimentos con 209; la automotriz con 207 y la de elaboración de bebidas con 172.
Entrevistado luego de una reunión con los secretarios del trabajo de todos los estados, el titular de la Profedet, Emilio Zacarías Gálvez, sostuvo que con el inicio de la nueva administración identificamos un reto enorme para aplicar la próxima reforma para profesionalizar a los cuadros (conciliadores), no sólo a los actuales, sino orientar nuestros esfuerzos a captar mayor número de personas, sin embargo tenemos un reto por el régimen de austeridad que nos orienta a hacer más con menos.
 
 
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Jornaleros, entre la miseria y las violaciones graves a sus derechos humanos

 

CONTRALÍNEA 

Aunque los jornaleros representan uno de los sectores más vulnerables en materia laboral, poco o casi nada han sido tomados en cuenta por la llamada “cuarta transformación”, quizá porque ellos no representan un gran capital político o por la propia inexperiencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.


En México hay unos 3 millones de personas que sobreviven en condiciones infrahumanas del trabajo mal pagado en los campos agrícolas. De éstos, alrededor del 40 por ciento es de origen indígena.
De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, este sector sufre múltiples abusos y violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, sobre todo en el ámbito laboral. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indica que el trabajo es una condición humana que busca asegurar las necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida.
“Es una operación retribuida, resultado de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza”, detalla la CNDH. Y agrega que “los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una vivienda, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de utilidades, el derecho a la asociación profesional, entre otros”.
Y resulta que nada de eso tienen garantizado los jornaleros. El Primer informe violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas refiere que los atropellos inician en su comunidad de origen y continúan durante los traslados hasta el lugar de trabajo; están presentes durante sus jornadas laborales en los campos agrícolas de México y en los albergues donde llegan enganchados, así como en su regreso.
Agrega que las estadísticas oficiales reconocen que en el país hay casi 3 millones de jornaleros trabajando directamente en los campos, pero cuando se incluye a sus familias se tiene un total de 9 millones de personas asociadas a esta actividad.
Esta amplía población enfrenta toda clase de violaciones: no sólo se trata de que el 75 por ciento sufre extrema pobreza, sino que por las mismas condiciones laborales ésta se agrava y mengua la salud y el desarrollo físico y mental.
Ejemplo de ello es el derecho básico a la alimentación sana. Evidentemente, si no se tiene garantizado, el individuo presenta malnutrición y, en el caso de los menores, un retraso en su desarrollo físico y cognitivo.
“La dieta jornalera es limitada en variedad y cantidad de alimentos: es común encontrar grandes cantidades de carbohidratos y muy poca o nula presencia de alimentos frescos y nutritivos”, denuncia el informe. Agrega que los alimentos que se proveen en los campos no siempre son suficientes comparados con la intensidad de la jornada.
Por si esto no fuera ya suficiente, resulta que en esos lugares –generalmente vinculados a grandes empresas de la industria de la alimentación e incluso a trasnacionales– aún existen sistemas de endeudamiento y raya, principalmente a través de tiendas de abarrotes y comedores.
Así, el círculo de la miseria se profundiza porque es tanta la necesidad del trabajo que familias enteras migran para contratar su mano de obra, incluidos los niños. Y resulta que en estos casos, como el trabajo infantil está prohibido, los hijos enfrentan peores condiciones: sí laboran pero no son reconocidos como trabajadores ni tampoco reciben paga.
Esto impide en todo sentido la movilidad social a las generaciones más jóvenes: los menores de edad sólo aprenden las labores del campo porque allí no tienen garantía de acceso a la educación. Mientras el promedio nacional educativo es de 8.1 años, entre los jornaleros es de 4.5 años, refiere el informe.
Agrega que en los albergues, cuarterías y demás alojamientos tampoco hay vivienda digna: “hay hacinamiento, inseguridad, carencias de agua –en cantidad y calidad– e infraestructura para el saneamiento: sanitarios, regaderas y manejo de desechos”.
A los jornaleros se les violan sus derechos humanos reiteradamente, sin que la autoridad federal haga algo. En materia de la salud, además de las enfermedades ligadas a la pobreza, se enfrentan a la falta de acceso a los servicios sanitarios. “Cuando lo hay, es burocratizado, lo cual se vuelve un problema importante para las familias que no están registradas en el Seguro Social. [En el caso de los indígenas] no cuentan con intérpretes-traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el acompañamiento durante su atención”.
No tener Seguro Social es la norma entre los jornaleros porque son subcontratados y eso los deja en una situación de informalidad, sin ninguna seguridad social garantizada.
Además, “es práctica común que los empleadores (agricultores) limiten los permisos por enfermedad o cuestiones personales-familiares y, cuando llegan a otorgarlos por cuestiones de salud, son los trabajadores quienes gestionan el traslado generalmente a clínicas o centros de salud alejados de los lugares de trabajo. Sin embargo, algunos empleadores les descuentan su día o jornada de trabajo por estos permisos.”
El informe agrega que las condiciones laborales de las personas trabajadoras jornaleras agrícolas junto con los sectores de trabajo doméstico, comercio y construcción son de las más deterioradas de todos los trabajadores asalariados en México.
Y es que éstos “no cuentan con contratos de trabajo escrito y en español [en el caso de los indígenas] que especifiquen los nombres del patrón y la empresa o rancho agrícola que los está contratando. No se especifica la jornada de trabajo ni modalidad de éste”.
Otra irregularidad común es que laboran sin prestaciones ni seguridad social, ni atención a la salud. También, que generalmente hay una prolongación de la jornada de trabajo sin pago extraordinario.
Aunado a lo anterior, “si hay suspensión de actividades durante la jornada no se les paga: únicamente cobran por los días trabajados completos. En otras ocasiones, a lo largo de la jornada se modifican las condiciones ofrecidas inicialmente y, cuando no están de acuerdo, no reciben el pago por las horas trabajadas ni el regreso a sus viviendas. [También sufren] pagos condicionados al término del contrato o temporada, que en algunas zonas agrícolas puede durar hasta 3 meses”.
Es momento de que la “cuarta transformación” reconozca esta serie de violaciones de derechos humanos y sobre todo les haga justicia.  Y que la secretaria Alcalde asuma su rol y obligue a los empleadores a dar un trato digno y un salario justo a los jornaleros.
Nancy Flores

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Empezó la reconstrucción simultánea de edificios dañados por el terremoto

 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de marzo de 2019, p. 29
El Gobierno de la Ciudad de México inició los trabajos de redificación del inmueble de avenida Pacífico número 223, colonia Pueblo de los Reyes, Coyoacán, con los cuales empezó la reconstrucción simultánea de edificios dañados por el sismo de septiembre de 2017, señaló el comisionado César Cravioto Romero.
Explicó que el próximo miércoles se iniciará la rehabilitación de otro inmueble en esa misma vialidad, así como de 15 edificios multifamiliares a partir de abril, mientras en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco los trabajos de reconstrucción comenzarán en 200 cuadrantes.
Según datos del gobierno capitalino, se tiene un registro de alrededor de 11 mil viviendas unifamiliares afectadas por el sismo, y se prevé que todas sean entregadas a más tardar en un año, incluidas las que están ubicadas en zonas de grietas.
En cuanto a la redificación y rehabilitación de multifamiliares, hasta principios de este mes se habían asignado a diversas empresas 56 proyectos, 138 construcciones y 114 supervisiones de obras en conjuntos habitacionales reportados con daños estructurales, fisuras o grietas.
En el caso de Pacífico 223, el comisionado para la reconstrucción explicó que se trata de una nueva edificación que contará con ocho niveles y albergará 54 departamentos de 90 metros cuadrados cada uno, con un costo superior a 94 millones de pesos.
Al subrayar que se trata del primer inmueble cuya redificación se realiza con recursos provenientes del Fideicomiso para la Reconstrucción, agregó que la obra llevará 15 meses, por lo que se prevé concluirla en julio de 2020 y generará 110 fuentes de empleo.
Al colocar la primera piedra del multifamiliar, manifestó que los damnificados de ese inmueble contarán con apoyo para renta hasta que regresen a sus hogares y tendrán el acompañamiento de un notario durante todo el proceso de reconstrucción, además de que la plusvalía de sus viviendas aumentará.
En ese acto, la administradora del edificio, Amanda Sucar, expresó que con la redificiación de sus viviendas no sólo estamos reconstruyendo nuestro hogar, sino que nos estamos reconstruyendo como personas, como comunidad.

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Murió Rubén Núñez, exlíder de la sección 22 de la CNTE

Rubén Núñez, líder de las Sección 22 de la CNTE, en la CDMX. Foto: Benjamin Flores
Rubén Núñez, líder de las Sección 22 de la CNTE, en la CDMX. Foto: Benjamin Flores


PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Rubén Núñez Ginez, ex secretario de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), falleció ayer en el Hospital Regional del ISSSTE 1 de Octubre, en la Ciudad de México.
“Lamentamos informar la muerte de nuestro compañero Rubén Núñez. Es un gran ejemplo de lucha y resistencia para el magisterio nacional”, anunció la Coordinadora.

De acuerdo con la CNTE, el exdirigente magisterial oaxaqueño ingresó el 10 de febrero al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre por un derrame cerebral.
Núñez Ginez fue visto por última vez en las audiencias que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados para revertir la reforma educativa.
En aquella ocasión, el exlíder de la CNTE, urgió que se abroguen las leyes secundarias laborales para los docentes y que se incluya que la evaluación sea participativa y no punitiva.
El líder oaxaqueño estuvo preso en junio de 2016 acusado de un presunto desvío de 25.2 millones de pesos, pero obtuvo la libertad bajo caución y salió de prisión de Hermosillo, Sonora, luego de dos meses.

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Alista la CIDH plan de trabajo para ayudar en la localización de los 43

 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de marzo de 2019, p. 4
Con el fin de colaborar con el Estado mexicano para la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó recientemente a instancias del gobierno federal el plan de trabajo para concretar la asistencia técnica internacional que brindará en este caso.
Hace un par de semanas se oficializó la que será la tercera etapa del trabajo en torno a estos hechos de esta instancia regional y se presentó el llamado Grupo de Apoyo Técnico (GAT), que contará con una presencia de especialistas de manera permanente en el país, entre ellos algunos de los que trabajaron en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
La estrategia de trabajo se extenderá por un año (2019 y parte de 2020), con posibilidad de ser prorrogada. El plan incluye tres visitas oficiales de comisionados de la CIDH, el monitoreo de los avances de las investigaciones, dar seguimiento a las acciones propuestas por la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en este caso y asistir a las reuniones de la misma.
Los expertos también podrán asesorar el diseño y conformación de la instancia de investigación penal que defina la Fiscalía General de la República, dar seguimiento a las indagatorias y realizar reuniones con autoridades del Estado mexicano para cumplir con los objetivos de la asistencia técnica.
Asimismo, efectuar visitas de documentación y verificación a instalaciones estatales o lugares determinados, incluyendo centros de privación de la libertad, en coordinación con la comisión de la verdad; acceder de forma oportuna y sin restricciones a toda la información documental vinculada al caso, incluida la investigación criminal; asistir a diligencias relacionadas con el caso; reunirse con los familiares de los normalistas desaparecidos y demás víctimas, así como con sus representantes.
Además de mantener encuentros con otros organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil y otras instancias; celebrar audiencias de trabajo de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a las víctimas; solicitar información o la realización de diligencias y presentar observaciones a las entidades correspondientes relacionadas con el caso, entre otras.

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sábado, 23 de marzo de 2019

Invitación a evento en Xochináhuac.

INVITACIÓN

A toda la RESISTENCIA SMEita.

Camaradas.

Nos es grato informarles que el próximo día miércoles iniciará el trámite de escrituración del centro de trabajo recuperado Xochinahuac después de que el gobierno federal publicó en el diario oficial de la federación el ACUERDO de desincorporación del régimen de dominio público de la federación a favor del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas.

Para celebrar dicho acontecimiento histórico, los convocamos a la ceremonia, que en el lugar citado, realizaremos el próximo miércoles 27 de marzo a las 9:00Hrs.

Esperamos contar con su combativa presencia.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

Martín Esparza Flores.
Secretario General.

Comité Central y Comisiones Autónomas.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

CDMX a 23 de Marzo de 2019.


viernes, 22 de marzo de 2019

Foro La Declaración Fiscal y la aplicación de la UMA.


Primer Encuentro de Organizaciones en Defensa de la Seguridad Social.