martes, 9 de julio de 2019

Marcha por el cumplimiento de los acuerdos.


Aviso a nuestros compañero jubilados.


Inicia conciliación de CFE e IP por gasoductos

La Presidencia dijo que las primeras negociaciones se llevaron a cabo en un marco de “ánimo y de forma propositiva” y que “todas las partes se mostraron dispuestas a avanzar en el diálogo, a fin de alcanzar soluciones conjuntas”.


Foto EE: Archivo

La Presidencia de la República informó que en este primer encuentro participaron el secretario particular del presidente de la República, Alejandro Esquer Verdugo; el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz,y los representantes de las empresas Fermaca, Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz Mena; TC Energía, Carlos Borunda Zaragoza; así como el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, y el director general de Políticas Públicas del CCE, Javier Treviño Cantú.
En un breve comunicado, la Presidencia dijo que las primeras negociaciones se llevaron a cabo en un marco de “ánimo y de forma propositiva” y que “todas las partes se mostraron dispuestas a avanzar en el diálogo, a fin de alcanzar soluciones conjuntas”.
Mencionó que se fijaron objetivos, mecanismos de trabajo y calendarios para avanzar en las conversaciones y alcanzar acuerdos que satisfagan a las partes en beneficio de la nación.
Los directivos de dichas empresas se reunirán de forma bilateral con la CFE, y el próximo lunes 15 de julio habrá una segunda mesa de conciliación para dar seguimiento a los acuerdos.
jmonroy@eleconomista.com.mx

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Peligra la operación del segundo gasoducto marino más grande

 
Periódico La Jornada
Martes 9 de julio de 2019, p. 19
El gasoducto marino que corre de Texas, Estados Unidos, a Tuxpan, Veracruz, es el segundo más grande de los que hay en el país, con una extensión de 800 kilómetros, y entre los planes estaba interconectarlo de forma directa con dos que ya están en operación (Nueces-Brownsville y Tuxpan-Tula) para abastecer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, de forma indirecta, a la industria.
Fue terminado el mes pasado y su operación está en suspenso, luego de que la CFE anunció que abriría un litigio para revisar algunas cláusulas del contrato para ese gasoducto, el cual fue construido por la empresa de energía IEnova y TC Energy-TransCanada.
El plan quinquenal de expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural 2015-2019, de la Secretaría de Energía, detalla que dicho gasoducto tiene como objetivo satisfacer los requerimientos de gas en centrales de generación que la CFE instalaría en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como de las que operan actualmente con combustóleo.
De acuerdo con datos de IEnova y TC Energy-TransCanada, el gasoducto cuenta con capacidad para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas diariamente y con su puesta en marcha no sólo satisfará las necesidades de la empresa productiva del Estado, sino también de los industriales de varias zonas del país, debido a las interconexiones que tiene con el sistema nacional. Además, permitirá incrementar 40 por ciento la importación.
Así, dicho proyecto se interconecta de manera directa con el gasoducto de Tamazunchale, en San Luis Potosí, que opera TC Energy-TransCanada, el cual está compuesto por dos tramos. Uno va de Naranjos a El Sauz, y el otro de Tamazunchale a El Sauz. Éste tiene una extensión de 370 kilómetros y abastece a las comunidades de la costa este y el centro de México. Transporta hasta 630 millones de pies cúbicos al día.
También se une con el gasoducto de Tula, Hidalgo, de esa misma empresa, el cual es un sistema que se inicia en Tula y concluye en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Tiene una extensión de 420 kilómetros y transporta 886 millones de pies cúbicos diarios. Este proyecto también se encuentra en proceso de arbitraje y ya había comenzado operaciones.
El gasoducto de Tula a Villa de Reyes se interconecta de forma directa con el que corre de Tuxpan a Tula. Comienza en Veracruz y se extiende a Puebla e Hidalgo. Tiene una extensión de 287 kilómetros y una capacidad para transportar hasta 886 millones de pies cúbicos de gas al día. También es de TC Energy.
El hecho de que el gasoducto Texas-Tuxpan esté detenido implica que no se pueda abastecer, de forma total, 5 mil 2 millones de pies cúbicos diarios para generar electricidad en dos estados del país y satisfaga las necesidades de forma indirecta de más de cinco entidades de la República (Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Jalisco, dado que dicho sistema se conecta con el Occidente).
 
 
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6 mexicanas, posibles aliadas para construir Refinería de Dos Bocas

Rengen, Arendal, Grupo R, ICA, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y Grupo Hosto son las mexicanas que tienen experiencia en este tipo de proyectos y pueden ser aliados importantes, según especialistas.

Axel Sánchez
4:50

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La Secretaría de Energía y Pemex invitaron a siete empresas a participar en la licitación de los seis paquetes que conforman la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, de las cuales KBR, Saipem, Wood Group e ICA Fluor siguen firmes en concursar, mientras que el resto analiza su salida o ya decidieron declinar, según reportes de medios.
Las compañías que ganen un paquete en la licitación deberán aliarse con firmas nacionales que cuenten con experiencia en construcción de plantas industriales, y además estas deberán realizar al menos 40 por ciento de los trabajos encargados, que van desde la ingeniería, procura y construcción.
Rengen, Arendal, Grupo R, ICA, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y Grupo Hosto son las mexicanas que tienen experiencia en este tipo de proyectos y pueden ser aliados importantes, según especialistas del sector consultados por El Financiero.
“En México existen muchas empresas con alcance limitado pero con experiencia para ser subcontratistas, hay capacidad para responder a las demandas por la gran capacidad de ingeniería y construcción”, destacó Luis Miguel Labardini, experto de la consultoría Marcos y Asociados.
Bernardo de la Garza, consultor energético y exsubdirector de Pemex, destacó que estas empresas tienen una gran experiencia tecnológica, aunque no pueden negar la necesidad de que participen también firmas extranjeras.
Sin embargo, Óscar Scolari, director general de Rengen, destacó que las mexicanas sí tienen capacidad de ser participantes directas en la licitación, pero no fueron tomados en cuenta, al dejarlos como subcontratistas, “aunque se tiene una gran historia trabajando para Pemex”.
La refinería de Dos Bocas, Tabasco, es el proyecto energético más emblemático de la gestión de López Obrador, en el cual se invertirán 160 mil millones de pesos y tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles al día y se prevé esté lista para mayo de 2022.
La firma liderada Óscar Scolari tiene experiencia en el sector energético desde hace 30 años, donde realiza obras de sistemas de compresión y bombeo, hasta procesos químicos como la refinación de crudo.
“Nosotros pensamos que falta aún mucho por aclarar sobre el proyecto, nosotros trabajamos mucho para ser invitados y no lo logramos. Aceptaríamos ser subcontratistas, aunque consideramos que podemos hacer más”, comentó Scolari.
La firma presidida por Jesús García Pons tiene más de 20 años en la industria energética, considerándose especialista en la construcción de ductos, plantas, obra electromecánica, obra civil pesada, perforación direccional y obra marina. Participó en la modernización de la planta reformadora catalítica de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
Grupo R comenzó sus operaciones en construcción industrial de petróleo y de gas en 1962. A través de Río San Juan Construcciones y de las empresas Bosnor y Constructora y Edificadora Madero, suministran ingeniería de proyectos industriales, así como la procura, construcción y administración de proyecto de los servicios de las plantas industriales de las industrias petrolera, química, petroquímica y de generación de energía.
“Esta empresa cuenta con experiencia desde la perforación, pero también en maquinaria y equipo en refinerías”, dijo Luis Miguel Labardini.
La compañía mexicana participa actualmente como licitante en su alianza ICA Fluor, pero también tiene la posibilidad de aliarse con otras compañías, siempre y cuando no esté en más de dos paquetes.
En más de 50 años participó en el desarrollo de una gran cantidad de instalaciones para Pemex, además colaboró en proyectos de energía, químicos, petroquímicos, automotrices, de gas, de manufactura, cementos, minería, metales y telecomunicaciones para empresas privadas en México y Centroamérica.
La firma de Carlos Slim tiene una división especializada en obras para plantas relacionadas con la industria energética y sus procesos, la cual llama “CICSA Industrial”.
Un ejemplo es la construcción de una planta de cristalización de sulfato de amonio obtenido como subproducto en la producción de caprolactama, diseñada y construida en México.
También en el diseño y construcción del primer separador de vapor para plantas geotérmicas hecho en el país.
Firma que comenzó a operar en 1989 y la cual está encabezada por Abraham Baruch, otorga servicios de mantenimiento y obra a Pemex refinación, además de dar también servicios a los tanques de almacenamiento de la empresa productiva del estado.
“La intervención de estos equipos es otra de nuestras especialidades dentro de la cual hemos intervenido torres fraccionadoras y destiladoras, acumuladores y cajas de enfriamiento para diversas plantas de las refinerías de Pemex”, describe la empresa en su portal.

En sus 25 años de existencia LA CONSAR PASÓ DE LA EUFORIA A LA DEFENSA DEL FALLIDO SISTEMA DE AFORES

*Se ha demostrado que el sistema privado para el retiro no funciona.
*Lo que esta en el fondo es la ruptura del sistema de seguridad social solidario que si sirve.
*La participación de organizaciones de jubilados y pensionados ha sido fundamental.

Entrevista al Dr. Gustavo Leal, profesor-investigador

P.- El 06 de julio de 1994 la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ¿qué papel ha tenido en estos 25 años de existencia?
Dr. Leal: Yo creo que hay tres diferentes momentos en la historia de la CONSAR, empezando por recordar que su primer presidente Fernándo Solís Soberón, está ahora como un alto funcionario de quien maneja la cartera de la Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORE9 más grande, que es la del banco BANORTE.
La primer etapa (que inició hace 25 años) es la etapa de la euforia, de la promoción –en el sentido chileno- de las supuestas ventajas del sistema de capitalización individual (que son las cuentas de ahorro para el retiro manejadas por instituciones financieras privadas conocidas como AFORES, n.d.e.).
Junto con Fernándo Solís Soberón, hay otro funcionario de la CONSAR, Alejandro Villagómez, que está actualmente en la nueva etapa de la CONSAR de la 4ta Transformación. Es un académico investigador, que se llama Alejandro Villagómez que describe muy bien esa primera etapa porque se dedicaron a escribir trabajos académicos, en un lenguaje muy extravagante, casi todos apoyados en literatura en inglés, utilizando modelos matemáticos.
Todo ello para intentar probar, en aquel momento, que la decisión que se había tomado por muy pocos senadores entendidos del tema , que la decisión de crear las AFORES con la reforma del ex presidente Ernesto Zedillo, abría un horizonte tanto de ahorro interno como de supuestos rendimientos que, presuntamente, iban a ser muy grandes y que los recursos se usarían para proyectos productivos. Esa etapa es muy tecnocrática.
Después hay un segundo grupo de funcionarios que se podrían identificar con uno que dirigió la CONSAR en esos años que se llamaba, Moisés  Schwartz  Rosenthal, cuyo apellido quiere decir negro en Alemán,
Este funcionario fue el primero que después de la primera etapa de entusiasmo por el régimen de capitalización, empezó a decir que las inversiones puestas por los trabajadores puestas en el sistema AFORES eran de largo plazo y que no había que preocuparse por las minusvalías (pérdidas), porque las plusvalías de todos los años cotizados y el nivel de las comisiones iban a dar cuenta de una pensión con las expectativas que ellos habían anunciado.
P Lo cual tampoco fue cierto ¿no?
Exactamente. Este funcionario es el primero que repite esta especie como de biblia, diciendo que le asunto es de largo plazo.
Y yo diría que la última etapa, haciendo un corte grueso, la representa la época del peñismo con Carlos Ramírez, al frente de la CONSAR, que a diferencia del entusiasmo de la primera etapa y de la teoría de las inversiones de largo plazo de Swartz, la tercera etapa que abarca el gobierno de Peña Nieto, es una CONSAR abiertamente defensiva frente a los cuestionamientos de que el sistema de capitalización de cuentas individuales con las AFORES no iba a dar, no sólo por los bajos rendimientos y el alto nivel de comisiones que cobran, sino porque el debate nacional creció.
Se les pudo demostrar que lo que estaba en el fondo era la ruptura del sistema de seguridad social solidario –a partir de organizaciones de jubilados y pensionados y, también, de algunas organizaciones de trabajadores activos-.
Eso ya estaba claro, la CONSAR de la tercera etapa de Carlos Ramírez se dedicó a recurrir a organismos internacionales, contratados por ella misma, para que la doten de argumentos y tratar de mantener a flote el sistema de capitalización de AFORES, cuando ya era un consenso en todo el país de que ese sistema no iba a dar para que los trabajadores obtuvieran una buena pensión.
Ahí caben esas contrataciones que hizo Ramírez directamente a la OCDE de Gurría, con el experto Pablo Antolín, que tu recordarás yo discutí directamente con él en una semana de la seguridad social en el Senado de la República (en 2016), él estaba desde París en una videoconferencia, y hubo un momento en que la CONSAR perdió el debate justamente en ese espacio legislativo. (Leer noticia relacionada: LA OCDE NO PROPUSO PRIVATIZACION DE PENSIONES DEL IMSS E ISSSTE…FUE UN INVENTO DE GURRÍA)
La primera etapa de la CONSAR sigue el modelo chileno y siguiendo al detalle los lineamientos del Banco Mundial. En la segunda etapa de la CONSAR, ya existe una Federación Internacional de Administradoras de  Fondos de Pensiones  (FIAP ), conformada entre otros por gente de Chile, Colombia, Uruguay, también mexicanos, y si se revisan los documentos de esos años la prioridad era plantear que el sistema era muy joven, que tenía que madurar para dar resultados. Luego tenemos la CONSAR de la tercera etapa que se dedica a defender al sistema de las críticas fudamentadas.
Finalmente está la CONSAR de la 4ta. Transformación (del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) cuya descripción quedará para la próxima semana. 

Avanza reincorporación de docentes afiliados a la CNTE despedidos

 
Periódico La Jornada
Martes 9 de julio de 2019, p. 12
La reinstalación de los profesores cesados por la implementación de la reforma educativa avanza de manera paulatina, dijo Sofía Endoqui, integrante de la Comisión Nacional de Cesados de la disidencia magisterial.
Informó que hasta este momen-to la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha entregado a las autoridades educativas 358 expendientes de profesores cesados, un total de 587 de los que tienen registro.
Estamos por cumplir esta primera etapa que se deberá concluir este (miércoles) 10 de julio, de acuerdo con lo pactado en las reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo la profesora Endoqui, de la sección novena de la Ciudad de México.
Entrevistada a las afueras de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que entre este martes y miércoles está previsto que se realicen trámites de reinstalación de profesores en diversos estados, entre ellos Jalisco, Campeche y Durango, mientras en Sonora y Tabasco se instalaron mesas para definir los pagos a los profesores, es decir, que no falte ningún concepto por cubrirse, tal como se ha acordado con autoridades federales de la SEP.
Hay que recordar que tras las reuniones sostenidas con el titular del Ejecutivo, se ha fijado el 10 de julio como plazo para resolver el tema de los profesores rescindidos.
La profesora Sofía Endoqui informó que ayer la representación de la CNTE tenía programada una reunión con funcionarios de la Oficialía Mayor de la SEP, con el objetivo de avanzar en este tema.
Ganan profesores del Colbach
Precisó que su presencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se debió a que la coordinadora también representó a profesores del Colegio de Bachilleres (Colbach) que fueron cesados, y que ayer un grupo de ellos formalizó ante esta instancia su reinstalación y el pago de salarios caídos y prestacio-nes extraordinarias.

Gobierno y policías inconformes con la GN alcanzan acuerdo

Policías alcanzaron un acuerdo con el gobierno tras casi una semana de protestas contra su incorporación a la Guardia Nacional. Foto: Miguel Dimayuga
Policías alcanzaron un acuerdo con el gobierno tras casi una semana de protestas contra su incorporación a la Guardia Nacional. Foto: Miguel Dimayuga

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que logró un acuerdo con los policías federales en paro desde el pasado miércoles 3 en protesta por su incorporación a la Guardia Nacional, sin embargo, este es contradictorio:
Por un lado, asegura que ningún integrante será despedido, ni se le solicitará su renuncia, por lo cual mantendrán su empleo, sueldo, antigüedad y prestaciones, y por el otro, señala que les quitarán el pago de las cuotas diarias de apoyo, conocidas como operatividad (viáticos).

En un comunicado emitido cerca de la medianoche del lunes, la Secretaría aseguró que logró acuerdos en la mesa de diálogo, tras varios días de negociaciones con un grupo de representantes de los policías federales inconformes.
El acuerdo fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal”, señaló el mandatario tras reiterar que la protesta de los policías no fue bien vista por la ciudadanía.
En su comunicado, la SSCP señaló que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, y los representantes acordaron una minuta de trabajo con puntos en los que se trabajará y se dará seguimiento durante el proceso de transición a la Guardia Nacional.
Entre estos, señala que los agentes mantendrán su empleo, sueldo, antigüedad y prestaciones, y por el otro, que les quitarán el pago de las cuotas diarias de apoyo, conocidas como operatividad, cuando el bono por operatividad equivalía a nueve mil 800 pesos mensuales por concepto de viáticos.
El comunicado, asegura que los policías que no serán parte de la Guardia Nacional están de acuerdo en ser reubicados en instituciones a las que se han resistido a formar parte.
Otra de las opciones es el Servicio de Protección Federal y la Unidad de Medidas Cautelares, ambas dentro de la misma Secretaría de Seguridad.
De la Secretaría de Gobernación podrán ser transferidos a la Dirección General de Seguridad Privada; Prevención y Readaptación Social; el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Además de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda.
Según el comunicado, las mesas de atención estarán instaladas a partir del 9 de julio en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal.
Y se instalarán 42 oficinas de atención al Policía Federal, distribuidas en todo el país y un módulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Centro de Mando de la Policía Federal, para seguimiento, aclaración de dudas y respuestas a partir del 9 de julio del presente.
Se acordó que, dado que ningún integrante será despedido y que existen opciones para continuar en diversas instituciones del gobierno federal, la solicitud de un plan de retiro o liquidación es legalmente inviable. Sin embargo, quienes opten por renunciar tendrán derecho a recibir su finiquito, es decir, la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional y si se tuviera, retirar los ahorros que les correspondan.
Los firmantes de la Policía Federal se comprometieron a hacer un llamado a sus compañeros a no realizar bloqueos en las vías de comunicación, en calles, avenidas, carreteras y puentes de jurisdicción federal, ni a manifestarse o faltar a sus servicios, ni a tomar otras instalaciones de la institución o cualquier otra, con motivo de la transferencia de recursos de la Policía Federal a la Guardia Nacional.
Que no habrá represalias contra los Integrantes de la Policía Federal que se inconforman, pero no se aceptará la afectación al servicio, ni faltas injustificadas.
Que la Unidad de Asuntos Internos, el Órgano Interno de Control, el Consejo Federal de Desarrollo Policial no persiga, amedrente o instaure procedimientos en contra de los integrantes que manifestaron sus derechos, desde el 3 al 8 de julio del presente. Asimismo que no se realicen descuentos por faltas durante ese periodo.

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El conflicto por el Estero de San José del Cabo

 
En las últimas semanas cientos de sudcalifornianos se han manifestado en Cabo San Lucas y en San José del Cabo, y las protestas van en incremento. El motivo es la reactivación de un antiguo conflicto social: la apropiación del Estero de San José del Cabo por parte de inversionistas particulares gracias a la intervención de diversas autoridades que desde hace tiempo han colaborado en la alteración del área de la Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo (REEESJC), declarada así el 8 de octubre de 1993 mediante un decreto del gobierno estatal, estableciéndose también como Área Natural Protegida bajo la Categoría de Zona Sujeta a Protección Ecológica.


Asimismo, mediante otro decreto de mayo de 2004 fue ratificada en su categorías de reserva y área natural, de este último documento cabe resaltar que por utilidad pública se estableció la prohibición de edificar asentamientos humanos en la reserva. Lamentablemente, de entonces a la actualidad este cuerpo de agua ha sido mermado, pues ha sufrido incendios, vertido de aguas negras, tala de palmares, desecación, así como la modificación de su poligonal para beneficio de los desarrollos inmobiliarios. Pero también ha sido objeto de una tenaz defensa por parte de la ciudadanía organizada en grupos como Amigos del Estero de San José y Rescatemos y Disfrutemos el Estero de San José.
Dos administraciones municipales, la de Oscar René Núñez Cosio (2008-2011) y la de José Antonio Álvarez Montaño (2011-2015), expidieron cambios de uso de suelo y permisos para extracción y traslados de tierra del área para dar entrada a la construcción de obra nueva. Varias autoridades más han estado involucradas en el deterioro del estero, ya sea directamente o por omisión y entre estas se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección de Ecología Municipal, entre otras; además de varios particulares a los que se les han vendido terrenos inmediatos al estero o se les han cedido, a través de la municipalidad, áreas interiores del mismo, para lo que se ha modificado en varias ocasiones la poligonal de delimitación de la reserva. Incluso hacia finales del siglo pasado y principios del presente el polígono fue transformado por otras administraciones municipales para la construcción del complejo turístico Puerto los Cabos y una marina.
Lo que reactivó el conflicto con la sociedad fue que, a partir del cambio de uso de suelo, el permiso de movimiento de tierra y una nueva modificación al polígono se liberó de este un espacio importante en las inmediaciones del cuerpo de agua, espacio en el que ahora se pretende erigir un gran hotel de lujo de la cadena Caesars Palace mediante Grupo Questro, que contempla un complejo de al menos 500 habitaciones en una edificación de seis niveles; con lo que se sellaría el destino de este espacio de agua dulce, vida silvestre y flora, que es hasta hoy considerado por los cabeños como el pulmón de San José del Cabo.
Ante este intento de ecocidio es necesario enfatizar y recordarle a nuestras autoridades que del decreto de 2004 se derivó el Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal “Estero de San José del Cabo” –que fue una actualización del programa de manejo de 1998– que la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología publicó en el número 35, Tomo XXXI, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 2 de junio de 2004 y que en uno de sus múltiples apartados señala que: “El desarrollo urbano y de proyectos de gran escala en las inmediaciones de la reserva representan un riesgo potencial sobre las características ambientales del cuerpo de agua y sus zonas colindantes”. Lo que además de poner en riesgo el estero afectaría al acuífero de San José del Cabo, al que este cuerpo de agua está conectado, y del que se abastece gran parte de la población del sur de la entidad.
La ciudadanía ha reaccionado enérgicamente ante este intento de despojo legalizado de manera turbia por diversas autoridades, que incluyen a la alcaldesa actual Armida Castro, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien se ha enredado en explicaciones insulsas acerca de la grave situación del estero, además de que culpa a sus antecesores de la crisis, pero sin dar una solución expedita y convincente a la ciudadanía que reclama este espacio como suyo y como factor para el equilibrio ecológico en la zona. La actitud de Castro, después de ganar el cargo público, no concuerda con lo prometido durante la campaña electoral previa a las elecciones de 2018; baste recordar sus promesas en un video que vuelve a circular en las redes (https://www.youtube.com/watch?v=yKnFl2gXUxg). Esperemos que a la alcaldesa no se le olvide que forma parte de un movimiento mayor y que no estar del lado de la ciudadanía, y más en asuntos en los que la gente debería por ley y por sentido común ser privilegiada, no es uno de los postulados del partido político que la llevó a su cargo público, pues como muchos otros funcionarios fue impulsada por la fuerza de Morena y la figura de Andrés Manuel López Obrador.
La alcaldesa debe tener presente que en la media península los conflictos sociales ante el despojo tienen una larga tradición y los sudcalifornianos saben unirse contra el deterioro de su medio ambiente. Así lo han demostrado en largas luchas contra grandes transnacionales mineras y contra otros desarrollos turísticos que intentaron ser emplazados en reservas ecológicas o áreas naturales protegidas, como contra los intentos de erigir un complejo turístico en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, asunto en el que estuvieron involucradas diversas administraciones federales, entre otros casos de despojo. Han sido los ciudadanos el fiel de la balanza entre los inversionistas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y todo parece indicar que en el caso del Estero de San José del Cabo la situación no va a cambiar.
La pregunta es qué va a hacer al respecto el gobierno federal de la “cuarta transformación” para respaldar a los sudcalifornianos ante el desinterés y la apatía mostrada por la administración municipal actual; pues de parte del gobierno estatal panista, al menos en la intervención de palabra del secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Ángulo, se percibe una tendencia a la defensa de la ciudadanía. El funcionario ha hecho diversos llamados a las autoridades municipales y federales para atender esta problemática y resolverla a favor de los sudcalifornianos, pero sus palabras no son suficientes. En este conflicto será fundamental el papel que tome el nuevo titular de la Semarnat, Víctor Toledo, pues el asunto no es menor y aunque debiera ser sólo una problemática ecológica de preservación del medio ambiente para el disfrute integral de los nativos y los turistas, todo parece indicar que tiene raíces profundas en el manejo de los poderes político y económico. En este sentido, de no resolverse a favor del entorno ambiental y de la ciudadanía, implicará un alto costo político para los objetivos nacionales de la “cuarta transformación”, pues es de todos sabido que la sociedad sudcaliforniana le cobra caro las afrentas a los partidos políticos. En Baja California Sur desde hace décadas aplica a cabalidad el dicho de López Obrador: El pueblo pone y el pueblo quita.
Roberto Galindo*
*Maestro en apreciación y creación literaria; literato, arqueólogo y diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
[OPINIÓN] [ARTÍCULO CONTRALÍNEA] [SEMANA]

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Se oponen pobladores y ecologistas a proyecto minero en Dolores Hidalgo

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▲ Pobladores de la comunidad La Colmena se reunieron con el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Miguel Ángel Rayas, para pedirle que no autorice a la empresa Argonaut Gold explotar una mina a cielo abierto en la comunidad de San Antón de las Minas, pues afectaría la Cuenca de la Independencia.Foto Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 9 de julio de 2019, p. 25
Dolores Hidalgo, Gto., La empresa Argonaut Gold, de capital canadiense, pretende explotar minerales en el poblado de San Antón de las Minas, en este municipio; sin embargo, el proceso que planea usar (tajo abierto y lixiviación en pila) contaminaría la Cuenca de la Independencia, que abarca siete municipios; además, puede causar enfermedades entre la población, denunciaron 20 comunidades e integrantes de la organización ecologista Acción Colectiva.
Los inversionistas extranjeros pretenden obtener la concesión de 20 mil 270 hectáreas para el proyecto Cerro del Gallo.
La técnica de lixiviación produce graves afectaciones a la salud; además, consume y contamina grandes cantidades de agua, explicaron Javier Sentíes y Gustavo Lozano, de Acción Colectiva.
Una mina a cielo abierto produce polvo con metales pesados, residuos de cianuro de sodio y un drenaje ácido, lo que provoca enfermedades en la piel, en los ojos, abortos, deformaciones genéticas y problemas renales, expuso Lozano.
Estos padecimientos, aseguró, ya se observan en la comunidad de Carrizalillo, municipio Eduardo Neri, Guerrero, donde desde 2005 la empresa canadiense Goldcorp explota la mina Los Filos.
Los procesos con cianuro para extraer oro, plata y cobre contaminarán la cuenca Independencia, acuífero que surte a los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Felipe, San Diego de la Unión y Doctor Mora, alertó.
Añadió que en esos municipios hay personas con problemas renales, debido a la contaminación del agua con metales pesados y flúor, porque es extraída hasta a 700 metros de profundidad.
A pesar de que en la zona norte y noreste del estado hay escasez, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó varias concesiones para que Argonaut Gold extraiga más de un millón de metros cúbicos al año, reveló Lozano.
El representante del poblado La Colmena, Salvador García Torres, señaló que han expuesto el caso a la Conagua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero han recibido nuestros escritos de muy mala gana.
Relató que se han reunido con el alcalde de Dolores Hidalgo, el priísta Miguel Ángel Rayas, para pedirle que el cabildo no autorice el cambio de uso de suelo para la explotación minera. No se quiso comprometer. Dijo que son instancias estatales o federales a las que corresponde dar respuesta, pero va pedir al resto del cabildo que nos reciba, detalló el campesino.
Añadió que personal de la minera comenzó a reunirse con los pobladores para convencerlos de los beneficios del proyecto, como la edificación de escuelas y servicios públicos. A la par han ido comprando tierras hasta en 150 mil pesos la hectárea, pero no queremos que se instale la mina. Eso queda claro.
Ecologistas y habitantes adelantaron que solicitarán al ayuntamiento que declare a Dolores Hidalgo municipio libre de minería.
El delegado de la comunidad de Santa Bárbara, José Alvar Márquez, aseguró que nadie avala la masacre de una mina a cielo abierto. Fui a San Pedro, en San Luis Potosí, y vi lo que hicieron las minas en ese lugar. Señaló además que los representantes de Argonaut Gold se reúnen con habitantes de cada comunidad para embaucarlos.
Hace tres años empezaron a perforar el Cerro del Gallo. Mucha gente estaba gustosa porque les dijeron que iba a haber trabajo, lamentó.
En la página argonautgold.com la empresa canadiense difunde que el proyecto del Cerro del Gallo se encuentra en etapa de exploración avanzada.
El yacimiento, para el cual se han otorgado 13 concesiones, abarca 20 mil 270 hectáreas e incluye minas antiguas de oro y plata de alta ley.
El depósito está 30 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Guanajuato y 55 kilómetros al oeste de la ciudad de León.
Se puede acceder por tierra (caminos y líneas férreas) y por servicios aéreos. Además, la zona cuenta con mano de obra capacitada, líneas eléctricas, agua, carreteras pavimentadas, proveedores de equipos y rutas de transporte, enumera.
En mayo de 2012, los dueños anteriores del proyecto Cerro del Gallo llevaron a cabo un estudio definitivo de factibilidad, en el cual se incluye una operación de lixiviación en pila inicial de 7.2 años, que podría producir un promedio de 95 mil onzas equivalentes de oro a un costo estimado de 700 dólares por onza (el precio del metal es de alrededor de mil 400 dólares por onza).
Por último, cita al vicepresidente de servicios técnicos de la minera, Bob Rose: Argonaut adquirió Cerro del Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que históricamente hemos manejado bastante bien.
 
 
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Les llegó la hora a los autores de la “verdad histórica”

El exprocurador general Jesús Murillo Karam y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, responsables. Foto: Germán Canseco
El exprocurador general Jesús Murillo Karam y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, responsables. Foto: Germán Canseco

PROCESO

BOGOTÁ (apro).- La llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la cual los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y este grupo criminal los asesinó y los incineró en el basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre de 2014, está sepultada por un conjunto de evidencias que exhiben a los autores de esa insostenible versión.
Para la justicia mexicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y diversos organismos humanitarios alrededor del mundo, la “verdad histórica” fue una construcción de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto, quien hasta el final de su mandato se aferró a esa “verdad”.

El problema para Peña Nieto y para sus colaboradores que estuvieron involucrados en la investigación de la Noche de Iguala, es que muchos de ellos dejaron un rastro presuntamente delictivo frente al cual deberá actuar la nueva Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR).
La CIDH, el GIEI, Naciones Unidas y un tribunal federal con sede en Tamaulipas acreditaron que en las indagaciones de la desaparición de los 43 normalistas hubo múltiples casos de tortura.

Algunos de los torturados habían rendido testimonios, en esas circunstancias de maltrato, que se ajustaban a la “verdad” que se empeñó en construir la PGR.
En su informe de abril de 2016, el GIEI denunció que la PGR no sólo demoró indefinidamente la práctica de muchas pruebas solicitadas por ese grupo, sino que se negó a indagar líneas de investigación diferentes a la “verdad” oficial.
Las obstrucciones, dilaciones, ocultamientos y omisiones en la investigación que denunciaron diferentes instituciones mexicanas e internacionales nunca fueron tomadas en serio por el gobierno de Peña Nieto porque, según conoció el GIEI, la mayoría de esas irregularidades habrían sido alentadas por funcionarios de alto nivel.
“Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario”, indicó el GIEI en su informe de hace tres años.
Y en una sentencia demoledora para la PGR de Peña Nieto, un tribunal federal con base en Reynosa, Tamaulipas, determinó en junio de 2018 que la investigación del caso Ayotzinapa fue parcial y “estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos”, la llamada “verdad histórica” que lanzó en enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con la sentencia del tribunal colegiado, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”, por lo cual los magistrados ordenaron una nueva investigación que debía estar a cargo de una comisión independiente.
Es decir, las fallas y manipulaciones en la investigación están suficientemente sustentadas. Lo que hace falta es actuar frente a ellas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador instaló en enero pasado una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, y hace unos días la FGR anunció la creación de una Unidad Especial para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Estará a cargo del abogado de derechos humanos Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI y tiene la confianza de los padres de los 43 estudiantes y de organismos internacionales.
La exintegrante del GIEI Ángela María Buitrago considera que una de las prioridades de la nueva Unidad debe ser investigar a los autores de la “verdad histórica”.
Entre ellos, la exfiscal colombiana menciona al exprocurador Murillo Karam; al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, y a los directores y fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron el caso.
El GIEI pidió desde 2015 crear una unidad independiente para investigar la desaparición de los normalistas, pero el gobierno de Peña Nieto nunca estuvo interesado en soltar el control del expediente.
Los integrantes del GIEI, quienes enfrentaron una feroz campaña en México cuando comenzaron a cuestionar la investigación de la PGR y la negativa del Ejército a informar sobre lo que había ocurrido en Iguala las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, se enteraron de que la SEIDO nunca soltó el caso, a pesar de que formalmente se lo entregó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa, conoce muy bien el expediente, así como las obstrucciones, omisiones y manipulaciones que tuvo la investigación.
Sabe quiénes fueron algunos de los responsables de esas irregularidades y está familiarizado con las denuncias que han hecho instituciones mexicanas y organismos internacionales sobre las declaraciones bajo tortura que condujeron a la “verdad histórica”.
Es evidente que existe voluntad política para desarrollar una investigación imparcial e independiente sobre un caso que indigna a México y que marcó el inicio de la debacle del gobierno de Peña Nieto.
Pero la voluntad política es insuficiente para una investigación de esta complejidad que, además, ha sido manipulada y que es sobre un hecho criminal ocurrido hace cerca de cinco años.
Un policía mexicano de la vieja guardia solía decir a los reporteros de la fuente judicial: “El tiempo que pasa, es la verdad que se aleja”.
Frente al reto, Gómez Trejo necesitará un equipo de peritos competente e investigadores con un historial sin tacha, imparciales y honestos, algo difícil de encontrar en las instituciones policiacas y de procuración de justicia en México.
Ángela María Buitrago cree que en la actual Fiscalía General y antigua PGR hay gente “buena, honesta, que cree en la justicia y que está dispuesta a contar la verdad sobre quiénes obstruyeron la investigación”. Sólo hay que darles garantías de seguridad para que puedan hablar, señala.
Buitrago fue invitada por el gobierno mexicano, junto con otros exintegrantes del GIEI, para coadyuvar a la investigación del caso Ayotzinapa en su nueva etapa. Ella está más que dispuesta a desempeñar ese papel. Sólo está afinando los detalles de su participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la institución convocante del grupo de expertos.
La académica de la Universidad Externado y doctora en derecho sabe que la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa y todos los involucrados en la nueva investigación estarán sometidos a presiones de diferentes grupos de interés.
A Buitrago le parece “increíble” que aún haya en México defensores de la “verdad histórica” que siguen atacando al GIEI.
“Son personas –dice— que no conocen el expediente, que sin ninguna duda están defendiendo a alguien o que asumieron desde hace años una posición que saben que es insostenible, pero de la que no se quieren retractar para no perder credibilidad. No saben que, al defender lo que defienden, ya perdieron la credibilidad”.


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Impunidad en contaminación industrial causa miles de muertes por cáncer



 

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En México, las industrias contaminan impunemente aire, agua y suelo con sustancias altamente tóxicas que producen enfermedades terminales. Miles de personas mueren por la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales. Por ejemplo, en las inmediaciones del río Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, la mortandad por cáncer es 13.5 veces más alta que la media nacional. Ahí no hay médicos ni medicinas: la gente costea los tratamientos y se empobrece aún más.



Primera de dos partes
Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Vinieron los mitos del cáncer, así es como Isabel Cano Flores recuerda los primeros rumores que se corrieron en Villa Alta, donde habita desde que nació hace 67 años. Entonces, los enfermos generaban sospecha y estigma, hasta que cada familia contó con al menos una víctima de la contaminación industrial.
Doña Chave, como le dicen en el pueblo de cariño, entrelaza sus manos antes de contar que en 2010 tuvo la más amarga y triste experiencia de ese padecimiento: “Mi hija enfermó de leucemia”. Aunque en aquella época, dice, era ignorante del tema médico, ahora habla con soltura del tipo de cáncer que sufrió Zulma: leucemia mieloide crónica.
Con esa enfermedad vino el calvario, pues a pesar de que la incidencia de cáncer sobrepasa la media nacional en Tlaxcala, en la entidad gobernada por el priísta Marco Antonio Mena no hay médicos especialistas ni hospitales de segundo y tercer nivel.
Zulma y su madre se vieron forzadas a recorrer el estado en búsqueda de un hematólogo; luego, el vecino Puebla y, finalmente, llegaron a Guadalajara, donde por fin la joven tuvo atención especializada. Pronto fue diagnosticada con leucemia y trasladada a la Ciudad de México.
“No soy una persona empleada: empecé a vender todo”. El dinero que obtuvo por el terreno que le heredaron sus padres no alcanzó para solventar viajes, hospitalización, medicinas y quimioterapias, así que recurrió a préstamos con diversos usureros. Ahora, en su deuda no sólo cuenta los miles de pesos que le prestaron, sino también las bolsas de sangre que le exigían en el hospital y entre sus planes futuros está conseguir donadores para saldarla. “A pesar de eso, ella no se pudo salvar”.
La desgracia sobrevino por ser vecina del río Atoyac, el tercer  afluente más contaminado del país. Además de perder a su hija, doña Chave ha visto cómo se apagan las vidas de su hermana, a causa de un tumor cerebral, y de su madre, quien tiene una afección pulmonar.
Su familia no es la única afectada: entre 2002 y 2016, en los municipios cercanos a la cuenca del Atoyac-Zahuapan murieron 25 mil 737 personas a causa de cáncer, refieren datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sistematizados por la organización Coordinadora por un Atoyac con Vida y el maestro Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El río

La contaminación del Atoyac no es desconocida para los gobiernos federal y estatales: a éste se le considera como el tercer río más contaminado de México. En sus orillas, en la frontera de Tlaxcala con Puebla, se respira un olor dulce y al mismo tiempo putrefacto, similar al agua mezclada con suavizante de ropa estancada por semanas.
A las afueras de la caseta de monitoreo que instaló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para supuestamente medir los niveles tóxicos de esta corriente, el hedor es tan intenso que lastima las fosas nasales y pronto se transforma en un dolor de cabeza constante.
Su paso se marca por la fetidez y el tono: a veces verduzco, luego azulado y más adelante café. Sin ningún signo de vida, atraviesa Tlaxcala y Puebla contaminando todo a su paso: los reservorios de agua limpia por el efecto de la filtración, los cultivos, la atmósfera…
Y es que en el corredor industrial por lo menos 1 mil empresas, de las 20 mil que operan en la zona, no cuentan con plantas de tratamiento o éstas no funcionan adecuadamente, lo que ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.
Análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua revelan un escenario mucho peor: en el Atoyac hay presencia de unas 1 mil sustancias químicas disueltas que, al mezclarse, producen reacciones todavía más tóxicas.
La investigación conjunta de la CNDH y la UNAM reconoce que las aguas del  Atoyac están altamente contaminadas con componentes químicos como plastificantes, pesticidas (Aldrin) y compuestos policíclicos aromáticos, como el trifenilo y el crisano; así como con compuestos volátiles como el tolueno, hexano y hexclorobeneno, usados en las industrias textiles, farmacéuticas y automotrices; y tintes y colorantes provenientes de las textileras que tornan de diferentes colores el río y que afectan la fotosíntesis de los organismos.
Además se tienen registros de presencia de arsénico, clasificado como un cancerígeno demostrado en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición a través del agua de este metal produce, al menos, cáncer de vejiga, pulmón y piel.
La OMS detalla que el arsénico se utiliza como agente de aleación y para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos y protectores de la madera y municiones. Entre las 20 mil industrias que operan en la cuenca hay petroquímicas, farmacéuticas, textiles, alimenticias, metalmecánicas y automotrices, que a cada segundo descargan al río sus desechos sin control.
Aunado a lo anterior, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene un registro sobre la calidad del agua que abarca de 2012 a 2018. Para el año pasado, la dependencia federal documentó que la presencia de plomo se extendió por más de 20 puntos a lo largo de la cuenca Atoyac y sus afluentes: Xochia, Zahuapa y Atenco.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, “el plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del organismo causando varios efectos no deseados, como son: perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia; incremento de la presión sanguínea; daño a los riñones; aborto espontáneo; perturbación del sistema nervioso; daño al cerebro; distintos tipos de cáncer; disminución de la fertilidad”.
La Norma agrega que “la exposición a los compuestos de plomo en cualquiera de sus formas constituye un riesgo para la salud ya sea que se ingiera en alimentos, agua, polvo o tierra contaminados con dicho elemento, o se respire, a través de polvos o vapores emitidos por industrias, fundidoras, refinerías, vehículos automotores, etcétera”.
El registro de la Semarnat detalla la calidad del agua en torno a la demanda química de oxígeno: un parámetro que mide la cantidad de sustancias químicas disueltas en los cuerpos de agua. Para 2018, más de 22 puntos de la cuenca tenían una calidad del agua altamente contaminada y ningún lugar posee una demanda química de oxígeno aceptable.
Las mayores responsables de esto son unas 400 industrias medianas y grandes: son las que gastan más recursos naturales, consumen más agua y generan más contaminación, señala el maestro Octavio Rosas Landa, quien ha hecho estudios independientes junto con otros investigadores con base en información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi.

Las muertes de la contaminación industrial

Todas las enfermedades asociadas científicamente a las sustancias tóxicas que vierten las industrias al río Atoyac o liberan al ambiente a través de sus grandes chimeneas han afectado a los pobladores aledaños. Miles han muerto por ello, porque aquí todo está contaminado: el agua, el aire y el suelo y, con ellos, los alimentos vegetales y animales.
En 2017, en la zona fallecieron 2 mil 335 personas por diversos tipos de cáncer. Esto equivale a 13.5 veces más que el índice nacional de mortandad a causa de esa misma enfermedad, señala en entrevista el investigador Rosas Landa.
El estudioso de la contaminación acuífera y su relación con enfermedades terminales agrega que las sustancias químicas que descargan las 20 mil 400 industrias asentadas en el corredor del río Atoyac transformaron la principal fuente de agua de los habitantes de Puebla y Tlaxcala en el causante de sus muertes.
Con base en datos del Inegi, la investigación de la Coordinadora por una Atoyac con Vida y el académico Rosas Landa demuestra que a nivel nacional fallecieron por cáncer 1 millón 64 mil 572 personas entre 2002 y 2016. Y agrega que mientras en el país muere 0.54 personas por kilómetro cuadrado, en los municipios de Puebla y Tlaxcala que están en contacto directo con el río fallecen 7.35 personas por kilómetro cuadrado.
Las cifras van en aumento, expresa el economista y geógrafo Rosas Landa: “en 2002, en esa zona murieron 1 mil 400 personas por cáncer; para 2016, la cifra llegó a 2 mil 114 personas; y en 2017 es peor: 2 mil 335 personas fallecieron por la contaminación de una cuenca relativamente pequeña, que mide 3 mil 600 kilómetros cuadrados”.
Las zonas más afectadas son aquellas cercanas a la cuenca del Atoyac y en específico al corredor industrial Quetzalcóatl, donde llegan las descargas de las industrias. Se trata de los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y de Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala.
En la comunidad de Villa Alta, que pertenece al municipio de Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional, advierte el investigador Octavio Rosas.
En dichos lugares, la leucemia, insuficiencias renales, abortos espontáneos, púrpura trombocitopenia inmune, malformaciones congénitas, anemias y problemas respiratorios se convirtieron en sus enfermedades cotidianas.
“Cada 4 horas una persona muere a causa de la contaminación por el río Atoyac”, dice a Contralínea Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y de la Coordinadora por una Atoyac con Vida.
“No es algo que nosotros hayamos cuantificado directamente, son datos oficiales que incluso pueden estar subestimados porque depende de cómo se haya registrado el deceso”, señala en entrevista el doctor Omar Arellano Aguilar, experto en evaluación de daño ecológico de la Facultad de Ciencias y quien participó en la investigación.

El costo de las enfermedades

La muerte de Zulma es una lección para doña Chave del precio que han pagado por vivir cerca de un corredor industrial: “dicen [sus médicos] que fue por inhalación de tóxicos, pero ella nunca trabajó en las fábricas”. Intentar salvarle la vida consumió todo de ella, incluidas sus posesiones materiales, por lo que ahora vive en casa de su hermana.
Y es que a pesar de la alta incidencia de enfermedades terminales, en la zona se violan permanentemente los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a un ambiente sano, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que los pobladores han demandado al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en espera de justicia.
Aquí en Villa Alta cada familia tiene al menos una historia trágica marcada por la muerte o la enfermedad, pero también por la profundización de la pobreza que se asocia a éstas: cuando no hay seguridad social, las personas venden lo poco que poseen y se endeudan con tal de atender a sus pacientes.
Por las calles serpenteadas de este pueblo es común ver pasar los cortejos fúnebres, a veces hasta tres por día. “Tenemos dos panteones y los dos están llenos, hay muchísimos muertos, esa es nuestra realidad”, cuenta doña Chave.
“Si avanzamos una cuadra, hay una persona con parálisis; más adelante, una señora con cáncer en la garganta; a la cuadra para abajo, una señora murió por insuficiencia renal. Incluso en una familia murió el papá de leucemia, la mamá de cáncer de mama y el hermano de cáncer de hígado”, asegura.
Zulma, la hija de doña Chave, falleció el 25 de julio de 2011; ese mismo mes, dos de sus amigas también murieron. “Mi hija tenía 36 años; sus compañeras, la misma edad: una murió de cáncer de cuello uterino y la otra de pulmón. Ese mismo mes enterramos a tres jóvenes de nuestro pueblo”.
De 2002 a 2016, las mujeres representaron el 54 por ciento de las muertes por cáncer en la zona, revelan los datos sistematizados por la Coordinadora por una Atoyac con Vida. La mayor incidencia fue de cáncer de cuello uterino y mama.
Samuel Rosado, economista de la UNAM que participó en la investigación del Centro Fray Julián Garcés, observa que “el cáncer de mama y el de ovario son los que más se relacionan con la contaminación industrial. La probabilidad de tener estos tipos de cáncer puede aumentar entre 24 y 35 por ciento si estás a menos de 1 kilómetro de una gran industria manufacturera”. Además del cáncer, en los municipios aledaños al Atoyac las mujeres sufren abortos espontáneos.
“Ésa no es la muerte que uno espera. Tenemos derecho a la vida y a un ambiente sano”, comenta Crescencia Cano Flores, hermana de doña Chave y quien también ha visto cómo la vida de su tercera hermana se degrada poco a poco a causa del tumor cerebral.
Reunidos en casa de doña Crescencia para contar las historias de sus parientes enfermos o fallecidos, vecinos de esta localidad comentan a Contralínea que en el pueblo es cada vez más común escuchar que alguien ha enfermado por tumores cerebrales. Todos afirman padecer fuertes dolores de cabeza principalmente por las mañanas, cuando aumentan las emisiones contaminantes de las industrias.

Gobiernos negligentes

Los altos índices de mortandad por enfermedades terminales asociadas científicamente a las sustancias tóxicas industriales, que sobrepasan por mucho la media nacional, no han sido suficientes para que las autoridades pongan un freno a la contaminación de las empresas y mucho menos para asistir a las miles de víctimas.
La negligencia no sólo es de la Conagua, encargada de regular las descargas industriales al río, sino también de las autoridades sanitarias y medioambientales federales y estatales.
En Tlaxcala, por ejemplo no se cuenta con un sistema de salud que atienda a los miles de enfermos: son las familias las que costean los gastos para el traslado del paciente hasta la Ciudad de México.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Secretaría de Salud tlaxcalteca, pero  Lorena Flores, funcionaria del área de comunicación social, informó que el director de hospitales, doctor René Farfán, le señaló que ellos no tienen ningún registro de enfermedades como el cáncer ni de su relación con la contaminación en el río Atoyac, motivo por el cual declinó conceder la entrevista.
Esa indolencia para reconocer el problema es a la que se enfrentan, día a día, los habitantes de Tlaxcala, que van de un lado a otro en busca de atención médica y en su entidad no la encuentran. “Sólo tenemos un centro de salud y no hay especialistas en las enfermedades que presentamos. Yo debía comprar medicamentos para mi hija, el más barato me costaba 1 mil 500 pesos y era cada semana”, asegura doña Chave.
En su desesperación, algunos vecinos van de casa en casa pidiendo limosna para poder costear las convalecencias, porque en Tepetitla ni siquiera hay ambulancias públicas.
En Puebla, la otra entidad afectada por la contaminación industrial de la cuenca, la situación no es mejor: los servicios sanitarios no son altamente especializados, a pesar de que en su página de internet la Secretaría de Salud del estado gobernado por Guillermo Pacheco da cuenta de las “enfermedades asociadas con el río Atoyac”.
Entre los padecimientos cita intoxicación por arsénico y por plomo [metales pesados asociados al cáncer], hepatitis A, retraso cognitivo, retraso en el desarrollo, cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, esquistosomiasis, paludismo, desnutrición y legionelosis.
Respecto de la entrevista que solicitó Contralínea para conocer cómo enfrentan estos padecimientos de su población, la Secretaría de Salud estatal respondió –a través de Sonia Hidalgo, del área de comunicación social– que no puede dar una postura porque ese tema le corresponde a la Secretaría de Ambiente.
El gobierno federal tampoco aceptó revelar si cuenta o no con una ruta sanitaria para atender la emergencia en la cuenca del Atoyac. A través de su área de comunicación social, la Secretaría de Salud –que encabeza el doctor Jorge Alcocer– aseguró tramitar la solicitud de entrevista sin que al cierre de esta edición, y después de 1 mes de gestiones, haya dado respuesta.
Para el doctor Arellano Aguilar, en la cadena de responsabilidades el sector salud es el más omiso, tanto a nivel federal como a nivel estatal. “No hay atención directa a los afectados, no hay un reconocimiento de que esas enfermedades sean por la contaminación. Los niños se están muriendo, los adultos también. Tenemos una incidencia de leucemia, de insuficiencia renal aguda, y no están siendo atendidas”.
A la fecha, las autoridades estatales y federales han sido incapaces de generar una tipificación y relación de las enfermedades con la contaminación del río Atoyac, a pesar de que desde 2004 hay antecedentes de puntos de acuerdo de las cámaras de Diputados y Senadores para atender la alta incidencia de cáncer y enfermedades asociadas a los tóxicos industriales. Mientras los gobiernos vuelven la mirada a la emergencia, las personas fallecen por miles.

Decenas de evidencias de la responsabilidad industrial

Las evidencias que apuntan a las industrias como las principales responsables de la crisis sanitaria en la zona son muchas. La organización ambiental Greenpeace y el doctor Omar Arellano Aguilar revelaron las diversas sustancias químicas que se encuentran en el río y su fuente claramente apunta a las empresas.
“Tuvimos una lista de sustancias químicas, de compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles, que además están asociados a causar alteraciones de tipo hormonal. Encontramos sustancias químicas que son cancerígenas y la particularidad es que los metales pesados [arsénico y plomo, por ejemplo] no se quedan en los sedimentos, sino que al contacto con el ambiente se volatilizan y se dispersan por toda la zona”, indica el investigador.
Agrega que la situación es tan crítica que, cuando realizaban las investigaciones, los pacientes que participaban de manera voluntaria en el estudio fallecían repentinamente. “Es una situación realmente frustrante, pero nos alienta a seguir trabajando en la zona”.
En las inmediaciones del Atoyac, las personas están expuestas a diferentes sustancias contaminantes, algunas declaradas como cancerígenas por la OMS, como es el caso del benceno. Esta sustancia que se utiliza en diversas industrias –como la petroquímica– se disemina en el aire por ser altamente volátil, lo que ocasiona que las personas respiren de manera constante este químico.
Aire, suelo y agua envenenan permanentemente a los pobladores de Tlaxcala y Puebla. Además, según el investigador Octavio Rosas, las pequeñas empresas vierten sus desechos a los canales de riego usados en la agricultura, contaminando los alimentos que consumen los pueblos. “Las sustancias se están filtrando al subsuelo y están contaminando los acuíferos. Es bastante grave porque están contaminando el agua de consumo humano”.
“Las sustancias contaminan canales que utilizan para regar el campo y ahora contaminan también los alimentos”, confirma la directora del Centro Fray Julián  Garcés, Alejandra Méndez.
“Yo sueño con el día de poder ver mi río como era antes, cristalino y con peces. Mientras tanto, no quiero que muera más gente. Si mi hermana ha muerto, no quiero que nadie más lo haga”, dice a Contralínea Rebeca Juárez, quien también perdió a su familiar a causa del cáncer.

Muchas industrias, poco control

Para investigadores, defensores de derechos humanos y pobladores, es claro que la impunidad de las industrias para contaminar es producto de omisiones y negligencias de las autoridades del medio ambiente y el agua, sobre todo en el tema de la regulación de las industrias altamente contaminantes.
La actividad de descargas de sustancias químicas a los cuerpos de agua se encuentra regulada por la Norma 001 de la Semarnat, que establece el límite permitido por las industrias para realizar las descargas a los cuerpos de agua.
“Esta Norma establece límites muy laxos, demasiados elevados para cualquier industria: aun cuando vierten contaminantes en el río, están dentro del límite permisible. La Norma tendría que ser ajustada para que haya límites más estrictos; pero si eso pasara, todas la industrias quedarían fuera de la Norma, todas estarían en la ilegalidad. Por eso no lo hacen”, expresa el economista Octavio Rosas.
Esa ineficiencia se demostró en el estudio para la clasificación de los cuerpos del agua realizado por la Conagua en 2005, que determinó que aun con el cumplimiento de la Norma 001-1996, “los límites máximos permisibles de descargas no son suficientes para que los ríos [como el Atoyac] alcancen la calidad de agua aceptable”.
A raíz de dicho estudio, esa Comisión expidió la “Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes”, que estableció los parámetros que deben cumplir las descargas de aguas residuales.
La autoridad instauró un procedimiento administrativo en los estados de Tlaxcala y Puebla en contra de aquellos que violaran la Norma, lo que derivó en una serie de multas. Sin embargo, después 14 años la muerte de miles de personas por enfermedades asociadas a la contaminación evidencia negligencias.
“Así como se pide una concesión para extraer agua también se pide una para las descargas, pero estos límites no los respetan. La Conagua aceptó en 2011 que  están sobrepasados, el problema es que la entidad tampoco cuenta con el personal para hacer diligencias continuas, para estar realmente al pendiente de todas estas industrias”, asegura la antropóloga Paola Vásquez Santos, adscrita al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
El problema también se presenta en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo con Alejandra Méndez, la institución “sólo cuenta con cuatro inspectores para más de 20 mil industrias”. Esto ha propiciado el aumento de sustancias tóxicas en el río provenientes de las descargas industriales sin ningún tipo de control real.
La coordinadora del Centro Fray Julián Garcés señala que “las autoridades han sido omisas. Nosotros hemos llevado el caso de la contaminación del río en dos ocasiones al Tribunal Latinoamericano del Agua, para denunciar la situación”.
En 2006, ese Tribunal señaló que “los compuestos como floruros, cloruros de metileno, tolueno y cloroformo no están debidamente contemplados en la norma mexicana”. Con la documentación presentada por las comunidades y el Centro, aseguró que para entonces dichos compuestos se encontraban por encima de los parámetros permitidos en otros países.
La defensora Alejandra Méndez agrega que en 2011 se interpuso una queja ante la CNDH por las diversas violaciones a derechos humanos que se deriva de esa contaminación, misma que se resolvió favorablemente a la población. Aunque eso sucedió en 2017, a la fecha la recomendación permanece en estado de incumplimiento.
Identificada con el folio 10/2017, dicha recomendación “establece que el estado en el que se encuentra el río está afectando el derecho a la salud de los habitantes”, reconoce el doctor Rubén Francisco Pérez, coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH. Y es que se encontró que hay omisión por parte de las autoridades federales y estatales para el cumplimiento de las leyes y normas que proporcionan un ambiente sano.
En entrevista con Contralínea, el doctor Pérez asegura que la recomendación tenía dos grandes tipos de acciones para las autoridades: primero, las autoridades debían llevar a cabo obras de saneamiento del río para proporcionarle un ambiente sano a los habitantes; y, segundo, debían firmar un convenio de colaboración tanto federal, como estatal y municipal. “Este convenio de colaboración es un instrumento importante para el cumplimiento de la recomendación, porque va a darle orden a las acciones que hagan las autoridades”.
Sin embargo, a 2 años de emitida la recomendación, eso no ha ocurrido. El doctor Rubén Pérez asegura que esta situación de retraso se debe a la “movilidad política de la zona”. Resalta el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, los cambios en las autoridades, federales y estatales, en las presidencias municipales e incluso el incendio en las instalaciones de Conagua en la Ciudad de México.
“Todos estos movimientos administrativos y políticos han retrasado la firma del convenio que es una acción central dentro de la recomendación”, afirma el coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH.
Aun así, el funcionario asegura que sí se han llevado a cabo acciones para mejorar la situación del río: seguimiento a las concesiones y permisos de las industrias, plantas para potabilizar el agua y campañas de información.
El subdirector de la Dirección de Agua de la Conagua, Agustín Félix asegura que a raíz de dicha recomendación la autoridad realizó procesos de fiscalización: “Visitamos cerca de 80 empresas a las cuales se les impuso las sanciones respectivas”.  No obstante, en la zona operan más de 20 mil.
Más aún, el doctor Félix afirma que el nivel de contaminación del río se debe a las grandes descargas municipales y no a las industrias. En contravía, investigaciones académicas y la propia recomendación demuestran que la contaminación se incrementa en las zonas  de las descargas de las industrias, los llamados corredores industriales.
“Nosotros sabemos que la contaminación es causada por las fábricas y estas deberían estar obligadas a tratar sus aguas”, expresa Rebeca Juárez, habitante del municipio de San Rafael y promotora, junto con otros vecinos, de la queja ante la CNDH.

Las industrias

El corredor industrial de Quetzalcóatl inicia en el municipio de San Baltazar Temaxcala, en Puebla, y termina en Tlaxcala. Ahí existe un monitor de contaminación de Conagua que utiliza un recolector de muestras poco eficiente para regular la contaminación: al ser poco tecnológico y antihigiénico ocasiona que se registren otras sustancias lo que altera los resultados, consideran los expertos consultados.
En el lugar donde se ubica la caseta de la Conagua se observa, en el medio de la corriente del río, un recipiente amarrado de manera improvisada con una cuerda que recolecta las muestras con las cuales la institución valora que las descargas industriales cumplen con la norma y que la contaminación es producto de las descargas municipales, es decir de los habitantes.
Al respecto, la senadora Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, señala que es imprescindible reformar el artículo 10 de Ley de Responsabilidades Ambientales para corregir este daño.
Asegura que es una total irresponsabilidad la actuación de las diversas autoridades encargadas de sancionar a las empresas que contaminan las fuentes de agua. “El 45 por ciento de las cuencas hídricas del país tiene un grado bajo de contaminación, el 24 por ciento están altamente contaminadas y sólo el 18 por ciento de las descargas industriales reciben tratamientos”.
La senadora exige “que haya sanciones para todos: las autoridades que están siendo omisas en el seguimiento y también para las empresas públicas o privadas, que están siendo irresponsables en sus descargas”.

Estatus de la Recomendación 10/2017

Dictada hace 2 años, la Recomendación 10/2017 avanza a pasos de tortuga. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos proporcionó información a Contralínea donde se evidencia el cumplimiento que ha dado cada autoridad responsable.
A Conagua, por ejemplo, se le formularon 16 recomendaciones y hasta la fecha ninguna se ha cumplido. El tema no es menor: la Comisión está encargada de consolidar el convenio con las demás autoridades, pero éste “aún está en proyecto el documento de trabajo de convenio”.
La recomendación resalta los estudios hechos por la Conagua alrededor del río, principalmente los índices de calidad del agua que la autoridad federal hizo en los años 1999 a 2007, en el que se hace evidente que 54 por ciento del agua no es apta para ningún tipo de uso debido a su alto nivel de contaminación.
En total, la CNDH formuló 159 recomendaciones a las distintas autoridades, de las cuales sólo se han cumplido nueve.


Lauren Franco, enviada

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