lunes, 8 de julio de 2019

Con el proceso democrático de elección EL SME GANÓ

*Ha sido una práctica histórica elegir a sus representantes por voto directo y secreto.
*El proceso ha sido utilizados para algunos grupos con intereses distintos al SME.
*Llamamos a mantener la unidad y la participación porque la lucha continúa.
*Los sindicatos se hacen por voluntad de los trabajadores.
*Ante la intervención del estado o corrientes distintas al SME
, todos estamos obligados a evitar la disolución forzada del sindicato.
* El 15 de julio de 2019 será la toma de protesta de la ganadora planilla No.1

Participación de Martín Esparza Flores,
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Transcripción de Antonio Peregrino Rojo, en colaboración voluntaria,


El pasado miércoles 3 de julio de 2019 tuvimos una asamblea general electoral para dar a conocer el resultado del escrutinio, fue una asamblea muy emotiva, la participación de nuestra gente estuvo pendiente de este ejercicio democrático establecido en el estatuto.
Como todos saben hubo dos planillas, la planilla 1, del grupo político 11 de octubre, y la planilla 2 “todo para todos”. La participación de todos nuestros compañeros trabajadores y jubilados, nos ha permitido resolver a través del voto directo y secreto, que es una práctica común en el sindicato, la elección de los representantes.
Ganó toda la planilla No 1, que encabeza nuestro compañero José Fernando Muñoz Ponce, en la Secretaria del Interior, nuestro compañero Eduardo Bobadilla Zarza, para la Secretaría del Trabajo, nuestro compañero Hugo Álvarez Piña para la Secretaría de Educación y Propaganda, nuestra compañera Mónica Jiménez Acosta para la Secretaría de Tesorería, el compañero Gerardo Avelar Flores, como Secretario de Actas y Acuerdos.
Nuestro compañero Humberto Medano Flores como prosecretario de Obra Determinada, el compañero Juan Luis González Vargas prosecretario de Sucursales, el compañero Carlos Magariño Luevano prosecretario de Jubilados, el compañero Fernando Amezcua Castillo, prosecretario del Servicio Médico, el compañero Hugo Alberto Ortega Comesaña, juez de la Comisión Autónoma de Justicia.
El compañero Eliott Oseguera Valencia, procurador de la Comisión Autónoma de Justicia, Rafael Ramírez Grijalva como miembro de la comisión autónoma de Hacienda, y el compañero Jorge Eulises Uribe Gaona, como miembro de la comisión autónoma de hacienda, son las 13 carteras que estuvieron en proceso electoral.
Toda la planilla 11 de Octubre salió triunfadora, se dio lectura al acta de escrutinio, se contaron los votos frente a los trabajadores, ahí se cuenta por puesto, uno a uno en presencia de los trabajadores, y al final se da el cierre con la lectura del acta de asamblea, son documentos que se tienen que tener para llevarlos al registro de asociaciones.
También cabe señalar que hubo presencia de organizaciones sindicales, de observadores de distintos sindicatos, compañeros de distintas cooperativas, hubo un pronunciamiento importante de personalidades que acompañan al movimiento social, organizaciones sociales, populares, sindicales que llamaron a defender la autonomía del propio Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Eso nos permite explicar a los radioescuchas, sobre este ejercicio, que ha sido utilizado para algunos grupos con intereses distintos al de la organización, tal es el caso de que así nació el conflicto de la elección del 2009, donde se participó en una contienda electoral, para la elección al puesto del secretario general.
Ahí recordaran todos, hubo dos planillas, la planilla encabezada por un servidor, Martín Esparza Flores, para la secretaría general, y otra planilla que encabezó el traidor de Alejandro Muñoz, que era el tesorero, el que fue coptado por el gobierno, que al final perdieron la elección, se contaron los votos frente a los trabajadores.
Sin embargo, ya habían sido coptados por el gobierno, de Felipe Calderón y de Javier Lozano Alarcón, que corriendo fueron a nulificar el proceso a través de la Junta Federale de Conciliación y Arbitraje (JFCA), dividiendo a nuestra organización sindical, y ahí fue donde preparó el gobierno fascista para decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Aprovecharon para ocupar los centros de trabajo con la Policía Federal (PF), para despedir a 44 mil trabajadores, que hoy observamos como cuando le sirves al estado, te utilizan, pero cuando no les sirves es muy claro cómo se acontecen los hechos, aquí es el llamado a todos los trabajadores que hemos defendido a través de todos estos años la autonomía del SME.
Es un llamado a mantener la unidad y la participación porque la lucha continúa.
no hemos alcanzado la reinserción laboral para todos los trabajadores que se quedaron a luchar por el sindicato, eso es lo que sigue, hasta que este gobierno de la República cumpla con los compromisos que se tienen ya firmados ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
En este momento se prepara una asamblea general estatutaria para el informe del secretario general, y la toma de protesta de los compañeros que resultaron electos. Esto en términos del estatuto, dice que es el 14 de julio, pero dice que si ese día es inhábil, es el día siguiente, así que la asamblea va a ser el próximo día 15 de julio de 2019, están invitados todos los trabajadores, todos los jubilados, todas las organizaciones que han venido acompañando a nuestra organización.
Hoy quiero referirme a dos sucesos que pasaron en todos estos años de lucha.
Recordarán que cuando Felipe Calderón tomó la decisión acompañado de toda una clase política gobernante de despedir a 44 mil trabajadores, en octubre de 2009, de manera ilegal, de manera inconstitucional. Uno de los que decía que ya no existía el sindicato era Javier Lozano Alarcón, que decía que solamente le faltaba el acta de defunción a nuestro sindicato.
Sin embargo, es muy claro que los sindicatos se hacen por voluntad propia de los trabajadoresy los únicos que pueden decidir la disolución de un sindicato somos los trabajadores, y en el estatuto está muy bien establecido, que ante un hecho de intervención del estado o corrientes distintas a lo que es el objeto del propio sindicato, todos estamos obligados a hacer lo que fuere necesario para evitar la disolución forzada del sindicato.
Y aquí celebramos que 16 mil 599 trabajadores de aquel abuso de poder del gobierno, decidieron mantenerse y luchar por defender a la organización sindical, un grupo importante de jubilados también han estado muy presentes en la lucha del sindicato y también las propias familias, y si hoy hubo elecciones en el sindicato, es porque el sindicato mantiene su registro nacional de industria.
Todos los trabajadores que han participado en defender nuestra organización sindical, que es de las más longevas en este país, el próximo 14 de diciembre de 2019 vamos a cumplir 105 años de historia y de lucha en México.
Creo que vamos a seguir escribiendo más páginas en este país, porque hoy el sindicato le pertenece no sólo a nosotros los trabajadores, sino a todas la futuras generaciones y a las organizaciones sindicales que han venido acompañando y han sido solidarias con nosotros, que también el sindicato ha sido solidario con muchos movimientos.
Es muy importante que a partir de la llegada del nuevo gobierno, a todos los trabajadores nos dieron de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y esto ha sido planteado mediante un documento a la Secretaría de Gobernacion (SEGOB), que todavía estaba de sub-secretario Zoé Robledo, y también fue solicitado por escrito a la SENER, no ha habido respuesta.
Esta semana que viene nos va a convocar a la SEGOB, para retomar la mesa de trabajo que se instalo el día dos de mayo, donde estuvieron todas las dependencias incluyendo el IMSS, compañeros que han estado en consultas, en especialidad o alguna cirugía pendiente que no estén dados de alta en el IMSS, les pediría que pasen con el secretario de fomento a la salud, o con el prosecretario de servicio médico para que se les dé una atención inmediata y poder reincorporarlos al IMSS.

Prevé SME inicio de operaciones de empresa de energía Subase este año

AM

Suministro Básico del Centro supliría a la extinta Luz Y Fuerza en los estados en los que brindaba servicio.
Por: Dinorath Mota López
Prevé SME inicio de operaciones de empresa de energía Subase este año(ESPECIAL)
Prevé SME inicio de operaciones de empresa de energía Subase este año | ESPECIAL
El subsecretario general de la división Juandhó del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Felipe Jiménez Sánchez, dio a conocer que esperan comenzar a operar este año con la empresa Suministro Básico del Centro (Subase), que supliría a la extinta Luz y Fuerza.

Explicó que luego del cierre de Luz y Fuerza durante el sexenio de Felipe Calderón, el sindicato siguió vigente y han trabajado para que a través de Subase puedan prestar el servicio en los seis estados que alimentaba la extinta compañía.

Precisó que la Reforma Energética ha abierto la posibilidad de que puedan trabajar de esta manera, “se hizo una proyección de la empresa y estamos en los últimos pasos para que empecemos a operar y el usuario determine con quién quiere hacer el contrato”.

En caso de que prefieran hacerlo con Subase, se tendrá borrón y cuenta nueva. Recordó que los usuarios que actualmente tienen que pagar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) carecen de un contrato con esta empresa, por lo cual, ante las altas tarifas recomiendan acudir con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La asesoría que ofrecen a la sociedad, dijo, es acudir ante la Profeco, ya que la CFE no quiere hacer válida la falta de contrato con ellos. El problema, indicó, son los altos costos de electricidad, que son asignados desde el Gobierno federal.
En el caso de Luz y Fuerza, destacó que siempre manejaron precios menores a fin de apoyar a los consumidores y dijo que Subase trabajaría con esta misma dinámica.

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Ceesp: "probabilidad considerable", que la CFE pierda arbitraje

 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de julio de 2019, p. 18
El sector privado advirtió que hay una probabilidad considerable de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierda el arbitraje en instancias internacionales de Reino Unido y Francia sobre la modificación de cláusulas de siete contratos para la construcción de gasoductos.
Si eso ocurre, además de que la CFE terminará pagando daños a las empresas contratistas, corre el riesgo de enfrentar otros procesos legales, como controversias inversionistas-Estado, que podrían interponerse en su contra invocando los acuerdos de protección a la inversión que México suscribió en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos comerciales bilaterales vigentes, puntualizó el empresariado en el análisis semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
La experiencia en los arbitrajes internacionales, indicó, demuestra que existe predisposición en favor de la certidumbre de los contratos, así que lo mejor es que ambas partes alcancen una solución antes de entrar en el proceso de arbitraje, más allá de discusiones estériles que agudizan diferencias y resentimientos. Además, el entorno actual no es el mejor para agudizar diferencias, porque siguen deteriorándose las expectativas económicas y aumenta la incertidumbre.
Normalmente los arbitrajes en ese tipo de contratos se presentan cuando hay diferendos en la interpretación o el cumplimiento de lo pactado, más que para modificar lo pactado. De acuerdo con la experiencia, se puede decir que si las partes se van al arbitraje hay una probabilidad considerable de pérdida para la CFE, dada la predisposición de los procesos a favor de la certidumbre de los contratos, afirmó el Ceesp.
Indicó que en algunas cláusulas contractuales se establece que la CFE está obligada a pagar a los contratistas parte de la tarifa del transporte acordada por el tiempo de retraso si las obras no concluyen a tiempo por causas de fuerza mayor y ajenas a las empresas. El Ceesp consideró que esto puede resultar oneroso, porque seis de los siete contratos no se han concluido y registran importantes atrasos que implican un costo de 840 millones de dólares.
Sin embargo, señaló que las autoridades también tuvieron responsabilidad en el retraso de la construcción de los gasoductos, porque no garantizaron las condiciones adecuadas para ello.
Independientemente de que haya sido el gobierno anterior el que firmó los contratos, aseveró que cuando ocurrió se preveía que las condiciones políticas y sociales permitirían su cumplimiento, pero las condiciones se fueron enrareciendo después de que las obras comenzaron, entre 2014 y 2016, de tal manera que la combinación de las acciones de grupos políticos, sociales y organismos ambientalistas en contra de estas obras aumentaron y se reflejaron en el retraso de los proyectos.
Así que, sentenció, hubo responsabilidad de las autoridades por la imposibilidad o falta de voluntad para generar un ambiente propicio para los negocios, así como un sistema regulatorio eficiente y un sólido estado de derecho que privilegiara las reglas del juego y que de existir o cumplirse habrían contribuido a un mejor desempeño de los proyectos.
Además, si las obras permanecen detenidas y persisten las diferencias, se mermará la confianza de los inversionistas a consecuencia de la falta de certeza jurídica, lo que a su vez traerá efectos negativos en el crecimiento económico del país, en el abasto de gas y la generación eléctrica para las actividades productivas del país.
 
 
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Dan los primeros pasos hacia el nuevo Sistema de Justicia Laboral

EL ECONOMISTA 

Definen los lineamientos del Consejo que implementará la transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral que quedará en manos del Poder Judicial.

Escrito por: Gerardo Hernández
Dan los primeros pasos hacia el nuevo Sistema de Justicia Laboral
La transformación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales Laborales no es sencilla. La transición del sistema de justicia laboral mexicano necesitará de la participación de una nueva instancia creada especialmente para esta labor: el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, el cual se encargará de definir la política para implementar las nuevas disposiciones.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó este viernes los lineamientos para la operación del Consejo, el cual estará integrado por la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, un representante del Poder Judicial designado por el presidente de la Suprema Corte, uno de los gobernadores, uno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y uno de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo.
De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), éstas serán las facultades del Consejo:
  1. Ayudar en la elaboración de los “programas de capacitación y difusión sobre el Sistema de Justicia Laboral dirigidos a jueces, procuradores del trabajo, defensores públicos, conciliadores, peritos, abogados, servidores públicos involucrados, representantes de trabajadores y empleadores, instituciones educativas, así como a la sociedad en general”.
  2. Trabajar con los congresos para definir los presupuestos para la implementación del nuevo sistema de justicia.
  3. Proponer cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura requerida.
  4. “Promover la perspectiva de género en todas las acciones que se realicen para implementar la Reforma Laboral”.
  5. Emitir los instrumentos normativos necesarios para la transición.
  6. Programar los compromisos y etapas de desarrollo.
  7. Elaborar los convenios de colaboración interinstitucional.
  8. Diseñar la estrategia nacional para la implementación del Sistema de Justicia Laboral.
  9. Diseñar criterios para la implementación de las adecuaciones legales y normativas.l
  10. Escuchar las opiniones y diagnósticos realizados por el Comité Nacional de Concertación y Productividad.
Los lineamientos dejan abierta la puerta a que las sesiones sean a puerta cerrada, al menos si así lo considera la presidencia del Consejo.

Necesario profesionalizar la justicia laboral

La reforma laboral se logrará implementar con éxito si se tiene una buena capacitación de todos los actores que participarán en el nuevo sistema de justicia laboral.
“El éxito de la reforma dependerá de que, por ejemplo, existan defensores con vocación de servicio público, que conozcan de los derechos individuales, pero también de los derechos colectivos; que conozcan muy bien el Nuevo Modelo de Justicia Laboral pero también que cuenten con cargas de trabajo razonables, de modo que sus representado sean tratados como personas y no como cifras”, resaltó la titular de la STPS, Luisa María Alcalde.
Durante el arranque de las jornadas de sensibilización sobre la reforma, Alcalde destacó que también se requieren conciliadores que sepan cultivar el arte de la mediación y la resolución de conflictos, es decir, que generen un diálogo para un entendimiento entre las partes en conflicto.
Sólo mediante procesos imparciales y expeditos se contribuirá a restituir la confianza de los mexicanos en su sistema de justicia, indicó la secretaria del Trabajo.


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Inicia ruta para poner al día 500,000 contratos colectivos

El protocolo que marca el procedimiento para actualizar los instrumentos entró en proceso de mejora regulatoria ante la Conamer, por lo que los interesados podrán hacer comentarios; los contratos que no se actualicen serán dados de baja.

EL ECONOMISTA

Inicia ruta para poner al día 500,000 contratos colectivos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encabezó la primera sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, e informó que se presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el Protocolo que deben seguir sindicatos y empresas para llevar a cabo el proceso de actualización de los más de 500,000 contratos colectivos de trabajo, tal y como lo establece la reforma laboral promulgada el primero de mayo pasado y el Capítulo 23 del T-MEC.
Bajo el expediente 14/0018/270619, la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján, presentó el “Protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes”, para dar paso a las nuevas disposiciones de las “reglas democráticas novedosas”, y que obliga a que estos sean legitimados dentro de los próximos cuatro años, mediante la aprobación del voto mayoritario de los trabajadores.
Por esa razón, la dependencia presentó una propuesta para aplicar dicho procedimiento y cuya etapa se encuentra en proceso de ser analizada por los interesados para que emitan sus opiniones; aunque la titular del trabajo dejó en claro que es “indispensable que el contenido del contrato colectivo de trabajo sujeto a legitimación deba ser aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal, libre, directo y secreto”.
Cabe recordar que el pasado 1 de mayo se promulgó la reforma laboral, la cual establece criterios para que se consulte a los trabajadores y considere su opinión respecto a los contratos bajo los cuales mantienen una relación laboral.
En caso de que no se realice este procedimiento, se corre el riesgo de que sean dados de baja los contratos existentes en el país.
“La STPS podrá exhortar a aquellos sindicatos que no hayan legitimado sus contratos colectivos en un plazo de dos años contados a partir de la fecha de su firma o de su última revisión, a que lo hagan, previniéndolos de que, de no hacerlo antes del 1 de mayo de 2023, el contrato colectivo de trabajo se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones pactadas en el mismo”, por lo que ese contrato puede ser presentado por algún otro sindicato.

Los primeros pasos

Dado que no se han creado los organismos que se encargarán de atender los nuevos procesos del registro laboral, en este caso el Centro de Conciliación y Registro Laboral, la autoridad de Trabajo, informó que, para legitimar los contratos, como primer paso el sindicato debe dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que consultará a los trabajadores para determinar si la mayoría respalda el Contrato Colectivo de Trabajo que tiene celebrado.
“El aviso deberá realizarse vía electrónica a través del sitio web “www.stps/legcct.gob.mx”. En dicha comunicación deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad que la información y documentación que lo acompaña es fehaciente y veraz”.
Los sindicatos interesados en realizar el aviso de manera presencial podrán hacerlo acudiendo personalmente, a través de su secretario general o apoderado legal, a los módulos establecidos para tal efecto en las oficinas centrales de la STPS o en los módulos habilitados en las Entidades Federativas.
Y como mínimo, el sindicato debe dar la siguiente información: Nombre, número de registro; nombre del secretario general o, en su caso, del apoderado legal del sindicato; número de afiliados del sindicato solicitante.
En su caso el patrón, debe informar: nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, y respecto al contrato colectivo los datos que debe presentar el sindicato son: autoridad laboral ante la que está depositado el Contrato Colectivo de Trabajo; principales prestaciones, incluyendo vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tabulador salarial.
Una vez que se presente esta información se deberá realizar la consulta con los trabajadores y para ello, se determinará la fecha y horario en que se realizará la consulta, para el caso de que ésta sea verificada por un fedatario público.
El solicitante que opte por el acompañamiento de una autoridad laboral, lo deberá manifestar en este sentido, en cuyo caso el día y la hora de la consulta estará supeditado a la disponibilidad de personal de la autoridad laboral.

Órgano implementador, listo

Pese a que aún no se cuenta con un presupuesto asignado para el proceso de la implementación de la justicia laboral, se dio a conocer la creación del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, mismo que realizó su primera sesión.
Este órgano colegiado es una instancia nacional de consulta, planeación y coordinación que establecerá la política y armonización nacional necesaria para implementar a nivel federal y local el Sistema de Justicia Laboral, con respeto a los poderes federales y locales.

Implementación de reforma laboral genera dudas

A dos meses de la promulgación de la reforma laboral persisten las dudas sobre el cumplimiento de las nuevas reglas que impone la Ley Federal del Trabajo, sobre todo porque no hay presupuesto que permita dar cumplimiento a la creación de un Centro de Conciliación y Registro Laboral, la creación de los tribunales, o simplemente para que haya el suficiente número de inspectores.
Al respecto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo ante secretarios de Trabajo de los estados del país que “tenemos que ser muy claros en identificar qué partes de la implementación requieren de presupuesto y qué partes no, porque pensar que yo no puedo hacer nada porque no ha quedado claro lo del presupuesto no nos ayuda”, afirmó.
Para actualizar los contratos colectivos de trabajo existentes, “se nos dice que debe acudir un inspector laboral; pero si no hay, de qué manera entonces se va a legitimar el contrato, con todo y el riesgo de que éstos sean cancelados”, expuso Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral de De la Vega & Martínez.
Fernando Salgado, secretario general sustituto de la CTM, comentó que si no se conoce claramente el proceso en el que se implementará el nuevo sistema de justicia laboral, se corre el riesgo de “que se tengan que empezar emitir prórrogas”. (María del Pilar Martínez)
pmartinez@eleconomista.com.mx

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Policías federales mantienen toma de Centro de Mando

 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de julio de 2019, p. 11
Policías federales inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional (GN) afirmaron que continuará tomado el Centro de Mando Contel, en Iztapalapa, en espera de que hoy vuelvan al diálogo con autoridades para llegar a un acuerdo. Mientras, otro grupo de uniformados convocó en redes sociales a las 5 de la mañana para marchar hoy del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional.
Por separado, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Bermeja, señaló en su cuenta de Twitter que se instalaron módulos de atención en las 32 entidades del país para informar sobre el proceso de transición de la PF a la GN. Además, compartió un video con policías federales de Yucatán, quienes asesorarán a sus compañeros sobre dicho proceso. El funcionario les agradeció el respaldo por el cambio histórico en la seguridad pública del país.
Al respecto, el Servicio de Protección Federal (SPF), instaló un módulo en el Centro de Mando Contel para brindar información a policías federales interesados en incorporarse a la institución.
Resguardarían instalaciones federales
El comisionado José Pedro Vizuet Bocanegra instruyó a mandos del SPF resolver cualquier duda y dar a conocer todas las actividades que realizan, así como los servicios y programas de profesionalización. Estoy seguro de que motivarán a nuestros compañeros a unirse a nuestra institución, aplicando sus conocimientos y valiosa experiencia de tantos años de carrera como policías.
El Servicio de Protección Federal recordó que tiene a cargo la seguridad de instalaciones gubernamentales vitales para el funcionamiento del país, así como la custodia, vigilancia y seguridad de personas, donde las habilidades y capacidades de los policías federales pueden aplicarlas en funciones operativas y trabajo en equipo en asignación a servicios cercanos a su lugar de residencia y con capacitación constante.
Los policías federales inconformes que convocaron a la marcha pacífica, dijeron que el objetivo es llegar a Palacio Nacional para lograr hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseveraron que los titulares de la SSPC nunca les brindarán soluciones favorables a sus demandas.
Asimismo, en el Centro de Mando Contel se espera la instalación de carpas para que los policías federales interesados en ingresar a otra institución, entre ellas a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Coordinación Nacional Antisecuestro, Instituto Nacional de Migración o Servicio de Aduanas, se registren. Asimismo, se continuará brindando información relacionada con los tabuladores de sueldo que serán la base para quienes quieran su liquidación.

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Despidos en alta burocracia pegan a salarios ejecutivos

Blanca Juárez

EL ECONOMISTA
Despidos en alta burocracia pegan a salarios ejecutivos

Tres meses temiendo que la siguiente fuera ella. Imaginaba que entrarían a su oficina, con policías, y le dirían que ya no trabaja ahí. En realidad, no fue así como despidieron a la directora general adjunta de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero le avisaron de su cese apenas un día antes de que entrara en funciones y la liquidación que le ofrecieron borró 16 años de trabajo.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 11,000 funcionarios públicos de alto nivel han sido despedidos, de acuerdo con ID Hunt, firma de gestión de talento de ejecutivos. Con tanta fuerza de trabajo disponible, las empresas han bajado sus propuestas de salario entre 10 y 20%, sostiene Adriana Martínez Guerrero, directora general de la compañía.
Cada inicio de sexenio suele haber despidos por el reacomodo de los nuevos gobiernos. Ante eso, las empresas “son cautelosas para contratar” a directivos, comenta Martínez en entrevista. Pero ahora se conjugan otros dos elementos: una oferta “muy alta de talento” del sector público y el poco gasto de la administración federal.
Muchas empresas tenían como principal cliente al gobierno. Ahora que éste ha cerrado muchos proyectos, la Iniciativa Privada también está teniendo que reconfigurarse, explica. “Es la tormenta perfecta”.
Para Miriam, la exfuncionaria de la SFP, lo de menos son los salarios. “En la Iniciativa Privada no tengo mucho que hacer. El perfil de lo que hacía es muy específico de la administración pública”, dice. Entró a trabajar a esa dependencia hace 16 años, mediante el Servicio Profesional de Carrera.
Miriam ha pedido ocultar su verdadero nombre, pero El Economista ha confirmado su identidad y el cargo que ostentaba. Su recelo se debe a que  está en un litigio contra la SFP, pues la liquidación que le pretenden pagar es sólo por dos años de trabajo.

El castigo a los salarios

La abstinencia en el gasto, el hecho de que este gobierno se diga de izquierda y, sobre todo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, crearon desconfianza en las empresas, opina Adriana Martínez. Por ello, “han puesto pausa a las contrataciones”.
Un gerente de finanzas, por ejemplo, hace un par de años podía ganar entre 100,000 y 120,000 pesos mensuales en la iniciativa privada. Ahora aspira a un rango de entre 80,000 y 100,000, informa la especialista en colocación de ejecutivos. Los puestos más comunes, “como estos, son los más castigados”.
Miriam ganaba cerca de 70,000 pesos al mes en la SFP. Parte de las tareas que coordinaba era la evaluación de 285 instancias públicas. Con su equipo, desarrolló una metodología para saber cuáles tenían mejor desempeño y cuáles peor. De hecho, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenían un proyecto de eliminar o fusionar varias áreas de diferentes dependencias.

Reina incertidumbre

Sebastián es otro funcionario que salió en esta administración. También él prefiere resguardar sus datos reales para evitar obstáculos en su nueva fuente de empleo. De igual manera, El Economista ha confirmado su identidad. Era director de área en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). A él sí le respetaron su antigüedad de cuatro años en el monto de liquidación.
En su opinión, es normal que en un cambio de gobierno salgan y entren nuevos funcionarios. Sin embargo, esta depuración ha sido de mayores proporciones, señala. Coincide con Miriam en que esto ha provocado la pérdida de mucho talento y experiencia, lo cual redunda en el servicio que se está dando a la población.
Cuando él fue despedido el proceso fue “terso”. Las autoridades respetaron sus derechos y su dignidad. Miriam cuenta otra historia, una de incertidumbre por ver “caer” a varios compañeros. Un director, quien estaba bajo sus órdenes, un día de enero pasado llegó a la SFP y los policías no lo dejaron pasar y le informaron que ya no trabajaba ahí. Y esa incertidumbre es también para quienes se quedan, comenta Sebastián. “No saber qué funciones van a desempeñar ahora, sentir que ahora sigues tú, da una percepción de inseguridad muy alta”.
Miriam contrató los servicios del despacho Trusan & Roma, donde han recibido 7,000 casos de funcionarios. De ellos, 3,000 son por despido y, particularmente, 1,500 habían entrado a trabajar por el Servicio Profesional de Carrera.
Los otros 4,000 litigios corresponden a quienes la 4T les redujo el salario, informa Rodolfo Martínez, socio de esa firma. El 90% de estos funcionarios han obtenido una suspensión definitiva, por lo que les tendrán que mantener el monto de lo que ganaban.
blanca.juarez@eleconomista.mx

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Trabajadores despedidos de Canal Once no ceden y piden respeto a sus derechos

Los trabajadores despedidos de Canal Once exigieron la “intervención inmediata” de las autoridades para garantizar el cumplimiento de sus primas laborales Foto: Miguel Dimayuga
Los trabajadores despedidos de Canal Once exigieron la “intervención inmediata” de las autoridades para garantizar el cumplimiento de sus primas laborales Foto: Miguel Dimayuga

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— Los trabajadores despedidos de Canal Once exigieron la “intervención inmediata” de las autoridades correspondientes para garantizar el cumplimiento de sus primas laborales.
En una misiva dirigida al presidente, Andrés Manuel López Obrador, los extrabajadores demandaron:

“Queremos manifestar nuestra inconformidad porque consideramos que las autoridades de Canal Once se burlan de nosotros y no manifiestan un compromiso real para resolver este problema”.
Los firmantes exigieron la intervención inmediata de Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión; o de Mario Alberto Rodríguez Casas, Director del Instituto Politécnico Nacional; o, en su defecto, Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, para que tome conocimiento del caso y ofrezca una solución que reivindique nuestros derechos laborales. 
Apenas el pasado sábado, los trabajadores despedidos de dicho medio de comunicación se presentaron en las instalaciones del Casco de Santo Tomás para establecer una “negociación directa con el Director”, sin embargo, este, faltando a su compromiso, no asistió. 
“En su lugar fuimos recibidos de manera individual por sus subalternos, funcionarios de diferentes áreas y niveles, los cuales, ponen un plazo de aproximadamente diez días para darnos una respuesta, condicionándonos para ser recontratados, con pérdida de antigüedad, y no a todos, sino solo a los que las autoridades consideren pertinentes”, acotó la carta. 
Por otra parte, aseguraron, se niegan a dar liquidación conforme a derecho bajo el argumento de que no hemos sido despedidos sino que nuestro contrato llegó a término. Esto significa que los que no sean recontratados, tampoco recibirán ninguna indemnización. 

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Germán Martínez subrogó guarderías en el IMSS por $1 mil millones


 
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Aunque el presidente López Obrador ha criticado que las subrogaciones en el IMSS son una privatización velada, el Instituto –con Germán Martínez al frente– destinó 1.3 mil millones de pesos entre enero y abril de 2019 a contratos de este tipo, sólo en la Ciudad de México. El 80 por ciento del gasto –1 mil millones – fue para 24 guarderías



En los primeros 4 meses de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó 1 mil 314 millones de pesos a contratos de subrogación tan sólo en la Ciudad de México. La información oficial revela que el 80 por ciento de ese gasto fue destinado al pago de los servicios de 24 guarderías.
La corta gestión del panista Germán Martínez Cázares comprometió recursos públicos hasta 2024. Y es que entre enero y abril pasados, el Instituto contrató 22 empresas para asegurar la existencia de 24 guarderías subrogadas por los siguientes 4 años 9 meses.
En total, por esos servicios, el presupuesto del IMSS pagará 1 mil 47 millones 290 mil pesos a las estancias infantiles. Las empresas más privilegiadas con estos contratos fueron Bambinello y Centro Ecológico de Desarrollo Infantil, que recibieron más de 94 millones de pesos cada una, de acuerdo con los contratos disponibles en el portal Compranet.
El otro 20 por ciento del presupuesto comprometido en subrogaciones –267 millones 321 mil 583 pesos– benefició a 12 empresas prestadoras de servicios médicos, como cirugía, monitoreo de signos vitales, hemodiálisis, radioterapia, dosimetría, hospitalización, estudios de laboratorio, traslado de pacientes, atención oftalmológica y psiquiátrica, así como el uso de grabadoras Holter (empleadas para monitorear la actividad del corazón).

En el periodo de Martínez Cázares –quien renunció a la dirección el pasado 21 de mayo y ahora se desempeña como senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional– el IMSS realizó 336 concursos –entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2019– para la asignación de contratos de subrogación a nivel nacional, refieren los datos oficiales del Compranet. Esta tendencia contrasta con las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, al referirse a las estancias infantiles el pasado 13 de febrero, consideró que las subrogaciones “son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo”.
Algo que reiteró en su conferencia matutina del pasado 3 de abril, cuando aseguró que las subrogaciones se hicieron “con la idea de privatizar la función del Seguro. Se subrogaban las guarderías y ya no atendía de manera directa el Seguro Social la guardería o la estancia, sino que daba el dinero. Nosotros no compartimos eso porque no sólo es el manejo del dinero, sino la seguridad. Cómo garantizamos la seguridad de los niños, la corresponsabilidad”.
En desacato de esa instrucción, el IMSS entonces encabezado por Martínez Cázares continuó con las subrogaciones multianuales, como lo demuestra el seguimiento hecho por Contralínea a los procesos de contratación publicados en Compranet.

Subrogaciones, puerta para la corrupción

El rechazo del gobierno de López Obrador a las subrogaciones, sobre todo de las llamadas estancias infantiles, deriva no sólo del riesgo de privatización, sino también de la corrupción. Algo que ha criticado reiteradamente en torno de la desgracia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009 se incendió y cobró la vida de 49 niños. En ese mismo siniestro, otros  106 menores resultaron gravemente heridos por falta de medidas de seguridad básica, como salidas de emergencia.
Los integrantes del Frente de Trabajadores y Trabajadoras por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social consideran que las subrogaciones son una forma de traslado de recursos públicos a la iniciativa privada en la que opera la corrupción y el compadrazgo.
En entrevista, acusan como gremio que éstas se basan en la precarización intencional de los servicios para justificar los convenios con privados y la falta de contratación de personal.
De las subrogaciones que el IMSS realizó en la Ciudad de México durante los primeros meses del año, la empresa más beneficiada fue Centro de Diagnóstico Ángeles, con contratos por 114 millones 239 mil pesos para el servicio de hemodiálisis que brindará en menos de 1 año: 247 días.
Para Hildelisa González, diputada por el Partido del Trabajo (PT) y miembro de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, si bien las subrogaciones siempre han existido, es preferible que el IMSS otorgue los servicios para que tenga control del proceso y evite la inflación de precios en beneficio de una empresa.
En esos primeros meses, Germán Martínez no sólo subrogó guarderías, sino también el servicio médico psiquiátrico. Para éste, contrató por 306 días, Sanatorio Psiquiátrico del Carmen , con un costo para el erario de 58 millones 912 mil pesos.
Otro servició cedido a la iniciativa privada fue el de cirugías de traumatología y ortopedia que, durante 238 días, otorgará Operadora de Hospitales Grupo Torre Médica, por 47 millones 900 mil pesos.
Octavio García Maldonado, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, considera que las subrogaciones son un mecanismo efectivo en el abaratamiento de los gastos de la institución, puesto que la eximen de tener una relación obrero patronal con los trabajadores de las empresas contratistas: de esta forma se reduce el gasto destinado a nómina.
Para este trabajo, Contralínea buscó al nuevo director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, con el objetivo de conocer si habrá cambios en materia de subrogación orientados por la nueva política de austeridad y las instrucciones giradas por el presidente López Obrador en el sentido de acabar con esa práctica del pasado; no obstante, hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Onerosas contrataciones


Los 1 mil millones que comprometió la administración de Germán Martínez en guarderías subrogadas benefició no sólo a las empresas Bambinello y Centro Ecológico de Desarrollo Infantil. También a: Guardería Infantil Felices Hacia el Futuro, Colegio Bilingüe Richardson Tercero, El mundo Feliz de los Bukis, Instituto Pedagógico de Educación Inicial, Colegio de las Baleares, Guarderías Coapa, Instituto de las Baleares, Centro Educativo para Peques, Integra Cuidados Maternales, Kindergarden, Ali Jardín de Niños.
En la lista de subrogados también figuran: Colegio Bilingüe Richardson, Dreams House, Kings Dominion Estancia Infantil, Centro de Desarrollo Infantil Ámsterdam, Centro de Atención y Estimulación Psicopedagógica Infantil, Centinela de Infantes, Asociación de Ayuda Infantil, Centro de Desarrollo Infantil Caramelo y Centro de desarrollo infantil Kin Kanik. Los montos de los contratos van de los 94 millones de pesos a los 24 millones.
Aunado a éstos están los de la subrogación de servicios de hospitalización, radioterapia, sistema de monitoreo de signos vitales, traslado de pacientes, grabadoras Holter, oftalmología, dosimetría y estudios de laboratorio costó a la institución 16 millones 269 mil pesos. Las empresas contratadas fueron: Clínica Médica Santa Rosa, Médica Sur, Procesos Adquisitivos, Cuidados en Salud Prehospitalaria Sipromedic, Idea Médica Hospitalaria, Juan Carlos Bravo Ortiz, Alsa Dosimetría, Quest Diagnostics México y Laboratorio de Estudios Perinatales.
Aunque los trabajadores y jubilados del Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud admiten que la subrogación no es un fenómeno nuevo, señalan que a partir del periodo neoliberal los contratos se comenzaron a otorgar de forma indiscriminada y sin motivos suficientes. Con sede en la capital, la organización considera que en vez de que ayuden a ampliar la cobertura de servicios en favor de los derechohabientes, desmantelan la infraestructura existente y merman las capacidades del Instituto.
De acuerdo con María Moya Valero, integrante del Frente, en la Ciudad de México esta tendencia inició a finales de la década de 1990 con la subrogación del servicio de intendencia: el IMSS argumentó que gastaba más dinero en trabajadores (con sueldo, vacaciones, aguinaldo y prestaciones) que en contratar a una empresa privada que permitiera, además, reducir el tiempo de limpieza.
Más tarde, cedió las guarderías, en este caso sin que existiese un diagnóstico que motivara su privatización, señala.
“En 2000, el Instituto y el Sindicato tenían 123 guarderías a nivel nacional; hoy nada más tiene 40 guarderías, todas las demás desaparecieron, pero tenemos cerca de 2 mil guarderías de la iniciativa privada”, asegura Víctor Ortega, trabajador jubilado del IMSS.
Después se subrogaron los servicios de diálisis, hemodiálisis y radioterapia; luego, los laboratorios y servicios de rayos X. La más reciente forma de subrogación, de acuerdo con Ofelia Oliva, también miembro del Frente, es la de ambulancias: “es terrible porque el instituto tenía ambulancias, ¿dónde están? Arrumbadas, almacenadas, descompuestas. Hasta donde sabemos, las empresas no cumplen con los requisitos para el traslado de pacientes, sino que los tienen contratados como vehículos normales, como si contrataras una camioneta para trasladar unas mesas”.
Los integrantes del Frente advierten que cuando el Instituto subroga servicios y deja de invertir en sus instalaciones, las desmantela. Cada año que pasa se requiere una inversión más fuerte para reactivarlas.
De acuerdo con Ofelia Oliva, las subrogaciones en el IMSS son, además, una forma velada de reestructuración institucional. Por ejemplo, el Instituto tenía laboratorios y patólogos contratados en la capital, pero decidió subrogar el servicio y adoptar la estructura organizativa de la empresa privada.
Esta reestructuración es ilegal, acusa Oliva, toda vez que transforma las condiciones de trabajo y excede los momentos de revisión contractual del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Los derechos laborales, en entredicho

Todos los servicios subrogados por el IMSS han mermado no sólo su capacidad instalada, sino también a su plantilla laboral. Francisco Reyes, trabajador jubilado, refiere que cuando las empresas privadas cubren la materia de trabajo que originalmente compete al Sindicato, el Instituto congela las plazas y no abre nuevas. Así, en la práctica, este tipo de contrataciones derivan en recortes de personal de base.
Para el investigador Octavio García Maldonado, con estos esquemas el IMSS no incurre en ninguna falta de carácter legal, pues tiene facultades y atribuciones para subcontratar servicios, particularmente los que corresponden a las prestaciones en especie (asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y rehabilitación).

Seguridad social, pendiente


Uno de las grandes deudas del gobierno es garantizar el derecho humano a la salud de todos los residentes del país. El catedrático García Maldonado, titular de la materia de derecho de la seguridad social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, señala que, para ampliar la cobertura de servicios, el IMSS requiere un mayor ingreso de cuotas obrero patronales: actualmente destina la mayor parte de su presupuesto, un 70 por ciento, al pago de la nómina y las pensiones de sus propios jubilados.
Por su parte, el Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud considera que también hace falta un andamiaje legal. Ello, porque la reforma a la Ley Federal del Trabajo marcó la pauta para el deterioro de la seguridad social en el país. Desde que se determinó un tope a los incrementos salariales, los recursos que ingresan a las instituciones de seguridad social se redujeron de forma importante, afectando las capacidades de atención de la institución.
El Frente considera necesario regresar a la ley con la que se regía el Instituto en 1973. “Es la mejor ley que ha tenido el IMSS y los mexicanos”, señala Víctor Ortega. Asimismo, considera que el nuevo gobierno debe esforzarse por recuperar el personal de base que se ha perdido con los años,  pero “por lo visto no vamos hacia allá y no va a haber dinero para pagar más personal. Antes teníamos médico, enfermera, auxiliar, técnico, trabajadora social, promotor, hasta polivalente: seis integrantes del equipo. ¡Un médico y una enfermera no van a poder atender a toda la población!”
Consultada al respecto, la diputada petista Hildelisa González dice que la Comisión de Seguridad Social se reunirá en los próximos días con el director general del IMSS para presentar un diagnóstico de la institución y hacer recomendaciones respecto al uso de los recursos disponibles.
En este sentido, considera que es preferible invertir en el equipamiento de los hospitales propios de la institución, aunque el esfuerzo sea mayor, que gastar en contratos de subrogación, siempre y cuando se asegure el servicio médico a los derechohabientes.
Señala que la privatización del sector salud es una tendencia del régimen pasado que hoy debe revertirse brindando atención médica de calidad para todos. “Es muy importante la definición del próximo presupuesto y la evaluación de cómo está la institución. Nosotros estamos comprometidos a que en el presupuesto daremos énfasis al destinado para salud”.
El presidente de la República señaló, durante la inauguración de las oficinas del IMSS en Morelia, Michoacán, que el nuevo proyecto en materia de salud y seguridad social implica la integración del sistema nacional, es decir, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de Salud, para que la atención médica primaria sea “universal”.
Sin embargo, los trabajadores y jubilados del Frente consideran que, al hablar de “universalización” de la salud, el gobierno federal está, en realidad, focalizando la atención primaria y desmantelando la seguridad social. “No se trata del sistema de salud por sí mismo, es la seguridad social. Estamos hablando de guarderías, teatros… es una visión integral del bienestar social”, señala Jorge Castañeda.
Los trabajadores jubilados consideran que las subrogaciones, junto con los convenios de asociación público-privada, son una forma de privatización de los servicios públicos. A esta situación, se suma el riesgo de focalizar y limitar la atención médica y la seguridad social: el plan de proporcionar únicamente atención primaria a la salud, explican los jubilados, permite a las aseguradoras incrustarse en el sistema público para cubrir los padecimientos que quedan fuera del catálogo básico.
Aseguran que el discurso de López Obrador no corresponde con lo que el IMSS, y el sector salud en general, está viviendo en la práctica. “Lo que vemos es la continuidad de la política neoliberal. Mientras no veamos indicios de que realmente se esté echando atrás todo lo lesivo de las reformas que han instrumentado, no podemos confiar. Nos deja muchas dudas”, concluye Ofelia Oliva.

Subrogaciones en la CDMX, sólo la punta del iceberg

Las subrogaciones de guarderías en la Ciudad de México, que tan sólo entre enero y abril de este año comprometieron recursos públicos por más de 1 mil millones de pesos, son apenas una muestra de todo lo que ha cedido el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por ejemplo, con Germán Martínez al frente, el IMSS convocó en abril cuatro licitaciones públicas para subrogar el servicio de guarderías en otras entidades federativas, consta en el sistema Compranet.
Una de esas es la convocatoria AA-050GYR075-E93-2019, que lanzó la delegación estatal Querétaro, para adjudicar directamente “el servicio de guardería en el esquema vecinal comunitario único, con vigencia 1 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2023”.
La convocatoria benefició a seis estancias infantiles: Guarderías Siglo XXI, SA de CV; Guarderías Siglo XXI, SA de CV; Centro de Desarrollo Infantil Lili, SC; Estancia Infantil Fray Toribio de Benavente, SC; Centro de Desarrollo del Niño, AC; Centro de Desarrollo Infantil Castores, SC.
Alba Olea
 

Las cuentas pendientes de Felipe Calderón con el pueblo mexicano



 
Activista en contra de todo lo que huela a la llamada “cuarta transformación”, el político de derecha Felipe Calderón Hinojosa abrió un nuevo frente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al inmiscuirse en la problemática de la Policía Federal.


Pareciera que el expanista se considera absolutamente impune gracias a todas sus artimañas que, bajo su gobierno, contribuyeron a la desarticulación del sistema judicial nacional y ahora, en su búsqueda de seguir viviendo del presupuesto público se afana en constituir su propio partido político atacando toda política pública que impulsa la administración federal.
Es tal su cinismo que se presenta a sí mismo como adalid del estado de derecho y la justicia. Nada más alejado de la realidad: como presidente, Calderón fue quien llevó a México a su peor crisis de derechos humanos y gracias a su “guerra” contra el narcotráfico, nuestro país se sumió en la peor escalada de violencia que hayamos presenciado en la época reciente y que, hasta ahora, nos mantiene en niveles de barbarie con más de 80 personas asesinadas al día y decenas de desaparecidos.
Pero ése no fue ni de lejos su único legado: su gobierno se caracterizó por ser absolutamente corrupto, benefactor de sus amigos, entre los que destacó al arranque de su gobierno el fallecido Juan Camilo Mouriño, en su dualidad de contratista de Petróleos Mexicanos y servidor público.
Durante su administración, la petrolera fue saqueada. Ejemplo de ello es uno de los llamados elefantes blancos del calderonismo: la inexistente Refinería Bicentenario, obra vinculada a la celebración de los 200 años de la Independencia, que sólo sirvió para “justificar” la salida de miles de millones de pesos a un barril sin fondo.
Y es que, aunque jamás se construyó, la Refinería costó 3 mil 453 millones 395 mil pesos al presupuesto público de aquellos años del calderonismo. El multimillonario recurso cubrió supuestamente el costo del terreno donde iba a construirse la refinería, ubicado en Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, Hidalgo. Un terreno inutilizado que Pemex no necesitaba y por el cual se detuvieron otras inversiones urgentes. Aunado a ello, en la barda perimetral del sitio se gastaron otros 90.5 millones de pesos.
Los casos emblemáticos de corrupción abundan no sólo en Pemex. También está el que involucra a su propia esposa, Margarita Zavala, cuya familia estuvo involucrada en la tragedia de la Guardería ABC, en Sonora. En este tema, hay que recordar que fue el gobierno calderonista el que promovió en total opacidad la subrogación con la que el Instituto Mexicano del Seguro Social favoreció a una de las primas políticas del propio Calderón, y luego la benefició con un manto de impunidad, pese a ser responsable de la muerte de 49 bebés y decenas de heridos en el incendio del 5 de junio de 2009, porque sus instalaciones carecían de los mínimos sistemas de emergencia.
A la lista de infamias de este político hay que sumar la gran estafa de la Estela de Luz, que popularmente fue renombrada como la Estela de Corrupción.
Como se recordará, la construcción fue encargada por el gobierno de Calderón para las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. En un país con más de 50 millones de pobres, el inútil gasto superó los 1 mil 300 millones de pesos, cuando su costo original había sido presupuestado en sólo 200 millones de pesos. Por si eso no fuera demasiado, la obra fue entregada con 15 meses de retraso.
El dinero público, además, se manejó en una de las figuras con mayor opacidad: el Fideicomiso para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.

Estela de la Corrupción calderonista

Un monumento inútil, poco estético y con un gasto descomunal, es el resultado del proyecto Estela de Luz que promovió el gobierno de Calderón. Por los niveles de corrupción detectados en esa obra pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) integró un amplio expediente en el que condensó todas las irregularidades observadas.
La revisión abarcó los ejercicios fiscales de 2009 a 2011. El informe final concluyó en su momento que el proyecto Estela de Luz tuvo un costo final de 1 mil 304 millones 917.7 mil pesos (monto que incluye todos los costos desde su concepción hasta su inauguración).
En dicha cifra, detallaba el expediente, están incorporados 399 millones 206.9 mil pesos derivados de pagos improcedentes de acero (248 millones 868.2 mil pesos), y pagos en exceso (150 millones 338.7 mil pesos) debido a la incorrecta integración de precios extraordinarios, cuarzo, ajuste de costos indirectos, rendimientos financieros y diferencias de volúmenes en conceptos de obra, entre otros.
El máximo órgano de fiscalización de México determinó que las instancias que participaron en el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la filial de Pemex III Servicios, SA de CV –encargada de la construcción­–, y el Banjército “tomaron decisiones sin una adecuada coordinación y la plena observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, lo que propició que el costo de la construcción se elevara en 192 por ciento respecto del contratado originalmente y que la inauguración se realizara el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después de la fecha prevista originalmente (15 de septiembre de 2010)”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno de Calderón nunca proporcionó evidencia de que los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso objetaran las modificaciones al contrato celebrado con III Servicios, no obstante que éstas representaron un incremento de 752 millones 882.7 mil pesos.
Aunado a lo anterior, determinó que el Comité Técnico acordó contratar a I.I.I. Servicios para realizar la construcción del monumento; sin embargo, el fiduciario modificó el objeto del contrato para que la empresa también llevara a cabo la coordinación de la construcción.
Para la ASF, “existen irregularidades de servidores públicos en la integración del proyecto para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ya que se presentó un proyecto incompleto y con errores, como base para dicha invitación. La contratación de PDI/GUTSA mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no fue la idónea para garantizar el ejercicio de los recursos públicos conforme a lo señalado en el Artículo 134 de la Constitución, tal como lo observó la Secretaría de la Función Pública”.
La Auditoría concluyó que Función Pública “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a sus funciones de inspección y vigilancia de la construcción del Monumento Estela de Luz, ni determinó las responsabilidades de los servidores públicos por las irregularidades detectadas en sus revisiones. Los informes de las tres auditorías que llevó a cabo la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública fueron entregados a las entidades auditadas 6 meses después de su conclusión, sin que exista evidencia que justifique el atraso; asimismo, no se integraron los expedientes de presunta responsabilidad administrativa con base en las observaciones determinadas”.
Aunado a ello, observó que “los órganos internos de control en III Servicios y en la Secretaría de Educación Pública no realizaron oportunamente el seguimiento de las observaciones notificadas por la Unidad de Control, ni las acciones necesarias para resolver los asuntos observados”.
De acuerdo con ese informe, en la construcción de la Estela de Luz se modificó el concepto arquitectónico del proyecto original, ya que de un total de 34 mil 877.96 m2 considerados en el proyecto ejecutivo, se concursaron únicamente 11 mil 573.44 m2 y sólo se construyeron 8 mil 138.23 m2. “En cuanto a los aspectos de ingeniería y construcción, no se presentaron omisiones de importancia en el cumplimiento de las normas técnicas aplicables”.
Ésas son algunas de las cuentas pendientes del expresidente Calderón con el pueblo de México. La “cuarta transformación” debería promover justicia: ya es hora de que se convoque a la consulta pública para saber si la gente quiere o no que este político de ultra derecha sea llevado a juicio por sus crímenes y su traición a la patria.
Nancy Flores

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