jueves, 4 de julio de 2019

Da inicio la Temporada de Teatro en el SME.

LA PRO-SECRETARIA DE CULTURA Y RECREACIÓN
Te invita a la Temporada de Teatro que se llevará a cabo en los meses de Julio y Agosto, dando inicio este 6 de Julio a las 16:00 hrs. con la obra MARIANA.
No te lo pierdas, te esperamos.

Convocatoria a estudiantes de excelencia SMEitas a Recorrido en la Planta de Patla.


Archivos secretos y oportunismos legislativos

 

Meses antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 11 de octubre de 2009, personajes como Alejandro Muñoz Resendiz se prestaron a ser el instrumento mediante el cual el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa buscó desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el fin de que los planes oficiales de privatizar al sector eléctrico no encontraran resistencia alguna.


Como tal propósito no fue alcanzado, se echó a andar otra estrategia para tratar de minar el movimiento de resistencia que decidió dar la lucha por la defensa de los derechos de miles de electricistas y por la dignidad misma de la organización emblemática del sindicalismo independiente y de las causas sociales del país.
Echando mano de otros tantos esbirros, el gobierno de Calderón y después el de Enrique Peña Nieto trataron de impulsar un movimiento espurio para que quienes corrieron a liquidarse en 2009, exigieran desde fuera la desaparición del SME y la venta de sus bienes.
Y así como en su momento se les dio puntual respuesta con la fuerza de la convicción ideológica y la unidad sindical, en el sentido de que el patrimonio smeita no es propiedad de nadie y pertenece a las futuras generaciones de electricistas, ahora de nueva cuenta se les notifica que sus intentos por desestabilizar al SME van a fracasar. No es casual que este tipo de disidencias alentadas por los gobiernos en turno aparezcan en tiempos de elecciones internas.
Valga recordarles que ni el Estado, con toda su fuerza de represión, pudo detener un movimiento que luchó con dignidad hasta alcanzar la victoria, menos podrán hacerlo ahora quienes desde las curules muestran no solo un marcado oportunismo sino una falta absoluta de originalidad en sus propuestas.
Hace unos días los medios dieron cuenta de una petición hecha en el Congreso por dos diputadas de Morena que plantearon un punto de acuerdo para desclasificar los documentos reservados por el gobierno de Calderón Hinojosa en torno a la extinción de Luz y Fuerza y el ilegal decreto que justificó la represión y el atropello en contra de 44 mil electricistas que de un día a otro se quedaron sin empleo.
Las legisladoras omitieron decir que tal propuesta se presentó meses atrás en el Poder Legislativo por los miembros del Comité Central del SME, quienes el 29 de octubre de 2018 dirigieron tal petición a las Juntas de Coordinación Política de la LXIV Legislatura en las cámaras de Diputados y Senadores.
En la primera, la misiva fue dirigida al presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y al legislador Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía; en la Cámara Alta, al presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia; al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, y a la entonces senadora Norma Rocío Nahle, nombrada meses después como secretaria de Energía.
En el documento se argumentó que el gobierno de Calderón buscó por todos los medios dejar sin pruebas, para su defensa jurídica, al SME, al determinar la reserva de valiosa información por 12 años, con el fin de que no saliera a la luz pública la documentación de diversas dependencias implicadas en el ilegal proceso de extinción de la empresa pública. Por tal motivo, el SME solicitó al Senado la desclasificación de estos archivos a fin de restaurar los derechos humanos y laborales de los trabajadores electricistas, despojados en un simulado golpe de estado de su fuente de trabajo y su contratación colectiva.
En la petición al Congreso, el SME hizo hincapié es que esta desclasificación de los archivos reservados por Calderón –guardados bajo siete llaves cual si se tratase de un secreto de Estado o de información que pusiera en riesgo la seguridad nacional–, no bastaba para reconstruir al atrofiado Estado de Derecho.
“Es necesario revisar y poner a debate público la actuación de la SCJN que convalidó el ilegal decreto y revirtió el amparo que le daba la victoria jurídica al SME”, se ponderó a los legisladores, advirtiendo desde entonces: “Al margen del oportunismo de individuos y grupos ajenos a nuestro sindicato que, en nueve años no actuaron jurídica ni políticamente a favor de los electricistas, les solicitamos formalmente, a nombre de nuestra organización:
“La desclasificación de los documentos reservados por Felipe Calderón de la extinción de LyFC, probatoria de la ilegalidad del decreto de extinción y evidencia de la desaseada actuación de la administración pública federal en el proceso de extinción de este organismo público.
“La revisión de la actuación dolosa del Poder Judicial de la Federación que le dio legitimidad constitucional al ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza y nos privó de la sustitución patronal de la Comisión Federal de Electricidad”.
Y como tercer punto se planteó a los legisladores de Morena: “En tanto el conflicto con el SME no está concluido, a consecuencia del incumplimiento de los acuerdos por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, se hace procedente reclamar la sustitución patronal en CFE y el pago de los pasivos laborales referidos por el propio decreto de extinción a favor de los trabajadores de LyFC”.
Es vital que millones de mexicanos conozcan la verdad histórica sobre uno de los más graves atropellos cometidos contra la clase trabajadora, porque además de enfrentar una brutal represión, el SME debió luchar en contra de un bloqueo absoluto de la información oficial que contenía las pruebas para su defensa jurídica, aún sin las cuales logró que en septiembre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo emitiera una sentencia en contra del laudo de la JFCA y obligara a la CFE a asumir la sustitución patronal.
Como una de las peores vesanias de la Suprema Corte, sus ministros revocaron el fallo del Colegiado en enero de 2013 bajo uno de los más absurdos argumentos jurídicos, en el sentido de que los organismos descentralizados no formaban parte directa del Poder Ejecutivo.
Pero también es de suma importancia que la opinión pública se entere de quiénes son estos personajes que en todos estos años de lucha nunca estuvieron al lado de los miles de guerreros y guerreras del SME que dieron la batalla al Estado para luchar por sus empleos y brindar un porvenir a sus familias, defendiendo la permanencia y el futuro de su organización.
En quienes hicieron posible la victoria smeita, se decantaron los fundamentos ideológicos e históricos de la organización centenaria del sindicalismo mexicano que una vez más con su voto libre, directo y secreto, sabrán defender con la fuerza de la democracia interna a la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Cabe preguntar a quienes desde San Lázaro buscan ganar notoriedad con la propuesta del SME de desclasificar los expedientes ocultados por Calderón, porqué no presentan una iniciativa de ley para que el Ejecutivo decrete la creación de un nuevo organismo público descentralizado que atienda a la zona centro del país y recupere el empleo para todos los electricistas despedidos, haciendo válidos su derecho de antigüedad y su contrato colectivo.
¿Qué les hace falta? Su partido tiene la mayoría en las dos cámaras y por tratarse de una ley y no de una reforma constitucional, bastaría con el 50 por ciento de los votos para sacarla adelante. Ojalá sean congruentes y asuman su responsabilidad legislativa antes que buscar los reflectores en un oportunismo que resulta ofensivo para aquellos que con su lucha y dignidad demostraron que pese a todos los artilugios del Estado, se pueden alcanzar victorias cuando existen la unidad y convicción inquebrantables.
Martín Esparza*
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Proceso legal por gasoductos se detiene y se opta por el diálogo empresas-gobierno: AMLO

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que a petición de los representantes del sector empresarial del país, aceptó detener –por el momento- el proceso de arbitraje internacional sobre las cláusulas de los contratos con empresas constructoras de gasoductos, con el fin de negociar directamente y llegar a un acuerdo.
En su conferencia matutina, dijo que “estamos buscando que se llegue a un acuerdo, porque sostenemos que es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo. Si no hay el acuerdo, entonces queda la vía legal.” “Podemos continuar con lo que ya se inició, porque ya hay medidas -que llaman los abogados- cautelares de las dos partes, tanto de las empresas como del gobierno.”
Sin embargo, como intervino el sector privado y desean ayudar para encontrar un acuerdo entre el gobierno y las empresas de los gasoductos, nosotros aceptamos esa propuesta. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar y Antonio del Valle, de la Sociedad de Negocios de México, son los representantes más destacados del sector privado en el país y llegamos al acuerdo de que se abran negociaciones. Se establece una mesa de diálogo para que se busque un acuerdo.
“Van a participar ellos dos como observadores, un representante de todas las empresas y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y va a participar también como observador un representante de la Presidencia, el secretario particular, Alejandro Esquer, para que se busque un acuerdo y se evite el ir a los tribunales internacionales, como está establecido en los convenios.”
“Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial, sin que nadie pierda sus derechos, para que se busque un acuerdo. Si no hay ese acuerdo entonces se continúa con el proceso legal.”
El Ejecutivo Federal expuso que “se trata de contratos que implican un monto de alrededor de 80 mil millones de dólares; y si se aceptan como están originalmente suscritos los contratos implicaría pagar tarifas muy altas, y estoy hablando de la Comisión Federal de Electricidad, que ese gas se utilizaría para generación de energía eléctrica, y si son caras las tarifas implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica.”
Por eso no es cualquier asunto, es algo que requiere de una atención especial. Yo espero que se llegue a un acuerdo para que de esta manera se allane, se resuelva este asunto. “Lo que quiero es que se demuestre que se tiene razón, más que imponer, convencer.”
“A nadie le conviene quedar como prepotente o como abusivo, ni mucho menos como corrupto, son otros tiempos. Tiene que haber ética en el comportamiento del gobierno y de las empresas.”
“Una empresa abusiva que trafica con influencias, que soborna, que logra beneficios mediante trampas es mal vista, quizá antes no pasaba nada, pero ahora ya eso se terminó, porque una cosa es el negocio, que es legal, legítimo en las empresas, y otra cosa es el lucro, el robo, el afectar los intereses de los ciudadanos, los intereses de la nación.”
“Por eso nuestra disposición al diálogo, porque si ellos tienen razón hay que reconocerlo, como también pedimos que ellos reconozcan si hay abusos y se puedan reponer las condiciones de los contratos de buena voluntad, porque yo acepto el que haya esta negociación, yo acepté que se detuviera sin perder derechos el proceso de solicitud de arbitraje.”
El Presidente, sostuvo “y lo acepto por solicitud de los representantes de los empresarios de México y los considero gente íntegra que no van a ser encubridores de corrupción. Este asunto va a ventilarse, ya nada queda oculto, tenemos que informar cómo se lleva a cabo este acuerdo.”
“No puedo decir que si no pagan los 3 mil millones de dólares, no hay acuerdo, o no sabemos en una de esas es hasta más, o es menos, pero para eso es la mesa de diálogo, el ver papeles, el poder cotejar hasta precios.”
Señaló que en la globalidad, porque se ha defendido de que es necesario convertirnos en parte de la aldea global eso implica también buscar ser uniformes, estandarizar en tarifas, en precios. “Globalidad es también que se cobre lo mismo o algo parecido o similar a lo que se cobra por un servicio en México, en España, en Canadá, en Estados Unidos. No es globalidad que en México tengamos que pagar más que en otros países por los servicios que prestan las empresas a los consumidores, a los ciudadanos.”
¿Por qué?, ¿por qué vamos a pagar más por el cemento?, ¿por la luz?, ¿por la intermediación bancaria?, ¿por intereses que en otras partes?, ¿o por qué se va a cobrar menos impuestos a las empresas que en otras partes?
“Eso ya no es globalidad. Eso es libre comercio, libre mercado, globalidad, pero en los bueyes del compadre. Entonces, ese es el tema de fondo, es decir, a ver, ¿cómo están las tarifas?, ¿por qué nos quieres cobrar más a nosotros que lo que se cobran en cualquier otra parte?, a ver, ¿por qué nosotros vamos a pagar subsidios si en otros países no se pagan subsidios?”

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Los gazapos de Bartlett


Manuel Bartlett, titular de la CFE. Foto: Octavio Gómez
Manuel Bartlett, titular de la CFE. Foto: Octavio Gómez

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del diferendo con las trasnacionales energéticas contratadas para construir y operar siete gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Judicial dio un revés a esa empresa productiva del Estado en su pretensión de obligar la entrada en operación del Gasoducto Morelos –el octavo conflictuado—y con eso la termoeléctrica en Huexca.
Parte vital del Proyecto Integral Morelos (PIM), el gasoducto mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la parálisis de todo el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas administraciones, desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como ocurre también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones, renegociar.

Los siete gasoductos de la polémica de esta semana, tienen en común con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron tomadas en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar, se enfrentaron a un proceso represivo brutal.
El caso del PIM, como el de los siete gasoductos, tiene cierta complejidad, pero en cualquier caso las dificultades que los mantienen fuera de operación son imputables al Estado.
Fue el pasado fin de semana cuando el juez noveno de distrito en Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos al ejido Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la oposición al megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato del dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero pasado.
Como muchos asuntos en el arranque de la administración, el PIM se colocó en la agenda presidencial con la información surgida de la CFE de Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda acción en la idea de “soberanía energética”, expresión esta que sonaría muy bien, excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como lo son Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás.
Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y Rocío Nahle,  pusieron las condiciones para que la naciente administración obradorista quedara en entredicho, primero con la declaración del presidente en su arenga contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó “radicales de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro de su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos desde los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento.
El momento político empeoró por las consideraciones que apenas días antes le había dispensado a la familia Zapata, descendiente del caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario de violar acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros legales que impuso.
Tras el asesinato de Samir el momento político se complicó más con la torpe intervención de Hugo Eric Flores Cervantes, el virrey de Morelos, que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de la llamada “Cuarta Transformación”.
Quizás la peor parte de todo es que López Obrador y sus colaboradores no tenían responsabilidad política ni legal respecto al PIM, que fue planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e iniciado por Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron, tendrían que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y el daño patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber considerado litigios ni conciliaciones necesarias antes de arrancar la obra lo mismo que ocurre con los otros siete gasoductos conflictuados.
Hasta donde se sabe, la secretaría de la Función Pública no tiene abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha sido expuesto por López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de agilizarlo todo, terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que simple y llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”.
López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio al referirse al asunto cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el Zócalo. La declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se trata pues de una aparente rectificación, dado el rumbo de tomó el asunto, después de ser arrastrado por los gazapos bartlianos.
La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en el caso de ella por la impericia, de él por sus formas en desuso frente a nuevas realidades. En ambos, un talante autoritario que para concretar decisiones dejan muchas lesiones al paso.
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Agentes de la Policía Federal protestan por traslado a la Guardia Nacional

Foto
▲ Los agentes federales inconformes convocaron a un paro nacional este jueves.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de julio de 2019, p. 3
Cientos de elementos de la Policía Federal (PF) realizaron un paro de actividades en todas las instalaciones que la corporación posee en la Ciudad de México, en demanda de que se respeten sus derechos laborales en cuanto a antigüedad y prestaciones en caso de ser aceptados en la Guardia Nacional (GN), y aunque se instaló una mesa de negociación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para atender sus demandas, los agentes rompieron el diálogo y convocaron a un paro a escala nacional a sus compañeros de corporación para este jueves a partir de las nueve de la mañana.
La protesta se inició a las tres de la mañana en el Centro de Mando de la PF que se localiza en la alcaldía Iztapalapa (Contel), y derivó en el cierre de diversas vialidades en la capital del país para que sus demandas fueran atendidas por las autoridades.
Los primeros en protestar fueron los elementos citados en el Contel para que se les practicaran los exámenes físicos, poligráficos y médicos, que son de acreditación obligatoria para incorporarse a la GN. Los agentes federales decidieron no abordar los autobuses que estaban listos para trasladarlos a distintas entidades sonde se les realizarían las pruebas.
Posteriormente se fue sumando el personal de diversas áreas, principalmente de Fuerzas Federales de Apoyo, de Seguridad Regional y Gendarmería.
Por momentos, en el interior de esas instalaciones policiales la manifestación se tornó violenta, ya que la comisaria general, Patricia Trujillo Mariel, acudió a negociar con los elementos, y fue agredida a su arribo por un grupo de agentes, los cuales la hicieron caer al piso y le arrancaron sus insignias de mando.
Sin embargo, la denominada enlace de la PF con la Guardia Nacional entabló una negociación con un grupo de representantes de los agentes inconformes, quienes le hicieron llegar su pliego petitorio, que incluía, entre otras demandas respeto a sus derechos laborales, como antigüedad, pago de los bonos por riesgo y viáticos; también, que los exámenes para ingresar a la nueva corporación se realicen con la infraestructura del sistema de desarrollo policial de la PF y no exista discriminación para quienes tienen problemas de sobrepeso.
Inicialmente se conformó un grupo de cinco representantes de los más de 3 mil elementos que estaban en el interior del Contel, lo que provocó la suspensión de labores, mientras en el acceso principal familiares de los agentes realizaron una manifestación y el cierre de uno de los sentidos del Periférico Oriente.
Durante la protesta, los agentes solicitaron en repetidas ocasiones la presencia del titular del la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, para que se firmara un documento en el que se garantizaran los derechos laborales y que éste se publicara en el Diario Oficial de la Federación con el fin de que las autoridades se obligaran a su cumplimiento.
Mientras en el Contel se llevaba a cabo el diálogo, otros centros de trabajo de la PF se sumaron al paro de actividades y también realizaron cierre de vialidades durante varias horas, como fue en la avenida Constituyentes con dirección al centro de la Ciudad de México, frente a Torre Pedregal; en Periférico Sur en el sentido de sur a norte; en Miguel Ángel de Quevedo, y en el kilómetro 11 de la carretera México-Pachuca.
También bloquearon cuatro horas la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, y en Tijuana, Baja California, 50 agentes se plantaron en la Glorieta Cuauhtémoc, en la Zona Río.
Tensión
En el Contel se vivió otro momento álgido cuando los inconformes obligaron a quienes resguardaban la oficina donde se instaló una mesa de negociación a que se permitiera el acceso a los medios de comunicación. Un grupo de agentes amenazó con derribar un puerta de seguridad y como parte de la exigencia se obligó a empujones a retirarse a quienes trataban de resguardar la zona.
El paro de actividades incluyó a quienes laboran en oficinas centrales de la SSPC, en el poniente de la Ciudad de México, donde todos los accesos fueron cerrados con cadenas y candados, y solamente un pequeño grupo de funcionarios se quedaron en el interior del inmueble en el que se albergan las instalaciones de la División Científica de la Policía Federal y el área de Inteligencia.
Los elementos de la PF también también realizaron protestas en los estados de México, Hidalgo y Baja California.
Al igual que sus compañeros en la capital, informaron que interpondrán amparos colectivos ante juzgados federales para que sus derechos laborales no san violados.
Al filo de las siete de la noche, cuando ya se había reinstalado la mesa de diálogo y participaba el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, los representantes de la PF se retiraron de la negociación y señalaron que convocarán a un paro nacional indefinido si no llegan a un acuerdo con las autoridades.
Dijeron que mantendrán tomadas las instalaciones del Centro de Mando en Iztapalapa porque, según los agentes, las autoridades no quieren negociar de manera transparente.
Los inconformes querían que las negociaciones se realizaran en presencia de los medios de comunicación e integrantes de una organización no gubernamental de derechos humanos, y los representantes de la SSPC no aceptaron.
El subsecretario Ricardo Mejía afirmó que las autoridades se mantendrán abiertas al diálogo.
En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás de las protestas policiales habría mano negra, pues no tienen una causa justa ya que no se está despidiendo a ningún elemento.
En respuesta al posicionamiento del mandatario, el abogado de los uniformados, Iván Chávez, dijo que todos buscan un fin legítimo, que es mantener sus prestaciones, y adelantó que este jueves se presentará una solicitud de amparo colectivo para más de 700 agentes.
(Con información de Silvia Chávez, Ricardo Montoya, Antonio Heras y Mireya Cuéllar)

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Ayotzinapa: cómo no fallarle de nuevo a las víctimas

El caso Ayotzinapa cumplirá un lustro el próximo 26 de septiembreFoto: Raúl Pérez
El caso Ayotzinapa cumplirá un lustro el próximo 26 de septiembreFoto: Raúl Pérez

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tiempo pasa y todavía no tenemos certidumbre sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Padres, familiares y compañeros continúan de pie, marchando y exigiendo respuestas al Estado mexicano, como lo han hecho desde el 26 de septiembre de 2014. Nadie como ellos sabe lo que representa cada día y cada noche de estos 57 meses transcurridos. Sólo ellos y las organizaciones que los acompañan conocen lo que ha costado recorrer el camino hacia la verdad y la justicia. Hoy asistimos a una vuelta de tuerca en la historia que puede resultar sustancial para la causa.
El rompecabezas que nunca encajó

Al día de hoy se ha caído a pedazos la supuesta verdad histórica de Jesús Murillo Karam, continuada por Arely Gómez. Aquella fabricada a partir de versiones sin sustento, siembra de evidencia por parte de la propia AIC y práctica de tortura, según lo documentaron los Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos[1]. Todos los esfuerzos y el tiempo invertidos para simular, engañar y obstruir el acceso a la justicia, desvirtuados de origen.
Gracias a la participación del GIEI -de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- se fueron encontrando varias de las piezas faltantes del rompecabezas. Sólo a través de su trabajo fue posible conocer, por ejemplo, la imposibilidad del incendio ocurrido en el basurero de Cocula, la siembra de evidencia por parte de la entonces PGR, la existencia de un quinto autobús y la participación activa de autoridades federales y estatales en los hechos.
El GIEI se constituyó como un mecanismo extraordinario de investigación, que con la venia del Estado mexicano logró avanzar sobre varias líneas de investigación y construir la teoría del caso. Contó con el apoyo de expertos forenses, quienes facilitaron las labores de análisis científico. Sin embargo, el alcance de sus hallazgos y su trabajo técnico resultaron incómodos al Estado. En su informe final, presentado en abril del 2016, el GIEI señaló dilaciones, obstrucciones y bloqueos por parte del Gobierno mexicano. Sus integrantes, incluso, formaron parte de la lista de víctimas del malware Pegasus, en el caso denominado #GobiernoEspía.
Con todo y estos escollos, el caso de los estudiantes desaparecidos se ha convertido en algo más grande: en un símbolo de la violencia de Estado, pero también en un punto de quiebre en la defensa de los derechos. Hay un antes y un después de los eventos en Iguala, la movilización de diversos colectivos y organizaciones, el apoyo y participación de agencias internacionales y la empatía de muchos otros grupos que igualmente exigen respuestas al Estado y justicia a los responsables.
No es un asunto menor que gracias a la fuerza del movimiento, el Ejecutivo Federal se comprometiera a darle la atención debida. Desde diciembre pasado, ya con la entrada del nuevo sexenio, se anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Su creación significó al menos un respiro, un gesto de esperanza, la posibilidad de construir un espacio de diálogo, renovar las investigaciones, buscar asistencia técnica internacional y brindar apoyo a las víctimas.
La Comisión quedó instalada en enero de este año, conformada por funcionarios del Gobierno Federal, madres y padres de los jóvenes desaparecidos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Es tanta la desconfianza hacia las autoridades sembrada en estos años, que sólo con avances concretos se podrá hacer un balance.
La Unidad puede transformar algo más que el caso Ayotzinapa
El 26 de junio pasado se dieron a conocer dos noticias relevantes. Por un lado, la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, como una célula especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos relacionados con el caso. Por el otro, ese mismo día se dio a conocer la designación de Omar Gómez Trejo como su titular.
Ambos hechos merecen análisis. Recordemos que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) se estableció un modelo flexible, en el cual a partir de prioridades o necesidades particulares es posible crear unidades de investigación y litigación para fenómenos criminales o casos específicos. Estas unidades pueden crearse dentro de las fiscalías especializadas previstas en la ley, o bien depender directamente del fiscal general.
En principio se aprecia positivo que esta unidad responda directamente al fiscal, ya que éste deberá asegurar que goce de todos los recursos necesarios para el desempeño de su trabajo. Esto abre una ventana de oportunidad y renovación para la FGR, ya que a través de la unidad podrá mostrar una operación estratégica, con investigación rigurosa y coordinación con los servicios periciales y de inteligencia necesarios.
Por otro lado, la designación como titular del que fuera secretario técnico del GIEI –y quien conoce ampliamente el caso– nos parece, de entrada, acertado, pues Gómez Trejo no requerirá una curva de aprendizaje: ha acompañado las investigaciones desde un principio. Tampoco será necesario construir un puente de comunicación con las víctimas para asegurar su participación en las investigaciones, pues que éste existe ya.
Sin embargo, esto no basta. Gómez Trejo deberá planificar una estrategia de investigación e integrar un equipo multidisciplinario sumamente profesional y competente. La unidad para la investigación y litigación del caso deberá realizar un análisis minucioso de todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas, así como definir o continuar determinadas líneas de investigación.
La planificación deberá comprender tanto las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos esa noche, como aquéllas derivadas de la participación, alteración u ocultamiento de evidencias; entre ellas las relacionadas también con la práctica de tortura y fabricación de culpables. Igualmente, la unidad deberá establecer un plan de búsqueda de los estudiantes, que puede enriquecerse con el desarrollo de las investigaciones, pero que a su vez deberá tener su propia definición y avance.
Tal como lo establece el libro Delitos de Estado[2], la investigación penal –en casos de macrocriminalidad como lo ocurrido en Ayotzinapa, en los que existe participación por parte de instituciones públicas–, requiere de un análisis que trascienda lo individual para integrar coherentemente el análisis de contexto.
Este análisis será de igual o mayor importancia para comprender los aspectos que dieron lugar o que permitieron los hechos, tales como las relaciones que el delito investigado mantiene con otros, la participación de los responsables en ése y otros hechos, su relación con las personas implicadas en otros delitos, las conductas que –a través de la irregularidad institucional– permitieron la ejecución del delito, la utilización de estructuras, recursos y relaciones institucionales utilizadas para el funcionamiento del sistema delictivo, así como la sistematicidad y reiteración de los hechos.
Esta nueva unidad tendrá una agenda investigativa mucho más amplia y compleja, por lo que el análisis de contexto comprenderá también el estudio de patrones, entendidos como series de eventos que implican algún grado de planificación y control, con el objetivo de identificar redes y modos de operación que posteriormente permitan constituir garantías de no repetición.
Cabe recordar que la creación de esta unidad se da en medio de un proceso de transición hacia una institución de carácter autónomo, profesional y estratégico. Tal como en México Evalúa lo establecimos en el reporte De PGR a FGR: Lineamientos para la transición, el nuevo diseño de la Fiscalía deberá priorizar las funciones sustantivas y garantizar una transición ordenada. La definición del modelo de investigación será crucial y determinará el punto de partida para la construcción de un modelo de gestión y de atención a víctimas que garantice un verdadero acceso a la justicia.
En este sentido, la Fiscalía deberá asegurar condiciones de independencia técnica para los operadores, facilitarles los recursos tecnológicos y de inteligencia necesarios, así como la definición de un modelo de investigación que atienda a la planificación y a políticas de priorización en la persecución delictiva. Bajo tales consideraciones, la unidad para la investigación del caso Ayotzinapa podrá representar un botón de muestra respecto de la transformación institucional y del sistema de justicia, tanto en el ámbito organizacional como en el desarrollo de sus funciones.
Elementos decisivos para una nueva etapa
Este entramado de señales y oportunidades puede significar ciertamente un giro en la investigación de un caso que ejemplifica las graves violaciones a derechos humanos que son cometidas y auspiciadas por el propio Estado. Sin embargo, en este momento no puede darse por sentado nada. Las condiciones están dadas, pero el trabajo de la Unidad de Investigación y Litigación de la FGR, así como el de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso, deberá ser de estrecha coordinación y colaboración.
Ahora es cuando puede hablarse de un parteaguas institucional, pero éste requerirá de todo el apoyo por parte del Ejecutivo Federal y del titular de la Fiscalía General de la República, cuestiones que podrán evaluarse sólo con el tiempo. El acceso a la información y a todos los recursos necesarios será una condición necesaria para el proceso, al igual que la interlocución permanente con las víctimas y sus representantes, a quienes se deberá permitir la participación activa en todo el proceso.
Otra condición necesaria tiene que ver con el apoyo y asistencia técnica internacional que deberá asegurarse en el marco de los trabajos, tanto por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya labor ha sido clave para el avance de las investigaciones y el respeto de los derechos. Finalmente, con esta nueva conformación están dadas las condiciones para que las decisiones tengan como centro a las víctimas y logre romperse con los pactos de impunidad.
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*Chrístel Rosales es investigadora del programa de Justicia de México Evalúa
@Chris_Ros
[1] Informes Ayotzinapa I y II, Avances y conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas presentados por el GIEI; así como Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, integrado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
[2] Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Delitos de Estado: Un enfoque para la investigación de nuevas formas de criminalidad. Yuli Pliego, Diana Mora y Margarita Griesbach. 2018

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Defensa de Lozoya pide citar a Peña, Videgaray, Coldwell, Ochoa…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, prófugo de la justicia, solicitó formalmente a un juez federal que se cite a declarar, en calidad de testigos, al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray en relación con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
En el amparo interpuesto en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, el abogado Javier Coello Trejo incluyó también en la lista de testigos al exsecretario de Energía, Joaquín Coldwell, al exdirector de la CFE, Enrique Ochoa, y al exsubsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher.

Coello explicó que dicha promoción jurídica, que ya había anticipado semanas atrás, tiene el propósito de que dichas personas declaren sobre el proceso de compra venta de la planta y por el que se inculpa a su cliente.
En declaraciones a Radio Fórmula, el litigante dijo que ahora “la juez giraría los citatorios para que yo los interrogue, esto tendría que ser en el local del juzgado de amparo y sólo por el caso de Agronitrogenados”.
En el caso Fertinal, aclaró, no porque no hay acusación contra Lozoya. “Yo me tengo que limitar a los actos que estamos reclamando en el amparo que es la orden de aprehensión por Agronitrogenados”, acotó.

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Sólo 8 de cada 100 sindicatos tienen lideresa en el país: STPS

Están en curso ocho meses que da la ley para que los gremios modifiquen sus estatutos con paridad de género
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de julio de 2019, p. 18
De los cerca de 3 mil 200 sindicatos que tiene registrados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el país, 275 son encabezados por mujeres, indicó ayer la dependencia federal, lo que representa que 8.67 por ciento tiene liderazgos femeninos, y más de 91 por ciento son encabezados por hombres.
La STPS sostuvo que con la reforma laboral aumentará la participación de las féminas en este ámbito ya que obliga a conformar dirigencias sindicales en las que haya paridad numérica de género.
Recalcó que la reforma en la materia que fue publicada el pasado primero de mayo establece en su artículo 358 que en los procedimientos de elección de las directivas sindicales se deberán ajustar a reglas democráticas y de igualdad de género.
En su artículo 371, apartado 9 bis señala además la obligación de los sindicatos para establecer en sus estatutos que en la integración de las directivas sindicales se planteará la representación proporcional en equidad de género, es decir, igual número de mujeres y hombres sobre el total de carteras existentes, señaló la dependencia federal.
A dos meses de entrar en vigor la legislación no se han concretado renovaciones de dirigencias de sindicales que cumplan este requisito, sin embargo, los gremios tienen un plazo de ocho meses para ajustar sus estatutos, pero antes deben esperar lineamientos para algunos de los cambios que debe emitir la STPS a más tardar en el presente mes de julio.
En conjunto a las 275 secretarías generales de sindicatos, también hay 39 secretarías generales de federaciones y una secretaría general en confederación encabezadas por mujeres. La reforma laboral permitirá impulsar la presencia femenina en la vida sindical, y aumentar su actividad como lideresas de trabajadores, al establecer la obligación de que toda directiva se conforme bajo el principio de paridad de género, agregó la STPS.
Casi 80 por ciento de estas organizaciones se encuentran en la Ciudad de México (173) y en el estado de México (44). Sin detallar las entidades, la STPS indicó que en siete estados no hay ningún sindicato encabezado por mujeres.

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