lunes, 1 de julio de 2019

Felicitaciones al Compañero Fernando Muñoz Ponce, Secretario del Interior electo.

Enviamos nuestras felicitaciones al Compañero Fernando Muñoz Ponce, quien obtuvo el triunfo en la contienda electoral interna del SME del periodo 2019-2024, por el puesto de la Secretaría del Interior, nuestro compañero es integrante de la Planilla 11 de Octubre, y obtuvo la cantidad de 12161 votos.
¡Muchas Felicidades compañero y mucha suerte en tu gestión!

La política energética, motivo de controversia

Erróneo, apostar sólo al aumento de la extracción de crudo: expertos
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Periódico La Jornada
Lunes 1º de julio de 2019, p. 19
Ha pasado un año de las elecciones en que resultó triunfador Andrés Manuel López Obrador y la política para el sector energético es motivo de polémica y objeto de críticas internas y de instancias financieras del extranjero, como las agencias calificadoras de deuda. El nuevo gobierno sostiene que las bases para la recuperación de la producción y el saneamiento financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) están sentadas. Además, que en los meses transcurridos de la administración se redujo a una mínima cantidad el robo de gasolinas.
Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, especialista en temas energéticos, explica que si bien la crisis que enfrenta Pemex viene de administraciones anteriores, poner a revisión, como ha hecho el nuevo gobierno, los contratos de participación privada derivados de la reforma energética –impulsada por el gobierno anterior–, de proyectos a largo plazo, detona falta de confianza de inversionistas y calificadoras, las cuales que han fijado su mirada en la petrolera.
Si bien la situación financiera de Pemex era complicada, se contaba con la confianza de los mercados internacionales de capital. La nueva administración ha dinamitado esa certidumbre en todos los niveles posibles, al no entender el proceso en que se encontraba Pemex, que estaba encaminado a reducir pérdidas, pues los contratos de la reforma energética eran para mejorar a la empresa con miras a largo plazo.
El experto considera que uno de los errores más graves de la nueva administración es perseguir el aumento de la producción, sean crudo o refinados, a cualquier costo. Casi con total certeza eso incrementará las pérdidas de Pemex, llevándola de una situación complicada a una crítica, indica.
Las cifras de la petrolera a mayo pasado indican que la producción de petróleo cayó 10.10 por ciento anual, a un millón 663 mil barriles diarios. En la primera quincena de junio, según cifras de Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, la extracción se incrementó a un millón 680 mil. De acuerdo con el funcionario, a finales de año estará en un millón 829 mil barriles.
Fluvio Ruiz, analista de energía y ex integrante del consejo de administración de Pemex, considera que el energético es un sector en transición, pues si bien el gobierno ha intentado cambiar algunas cuestiones en materia de política pública, no se ha buscado una variación en el régimen institucional de la empresa.
Hay algunas contradicciones, pero debemos ver que el sector está ligado actualmente a las políticas de la administración anterior. Diría que hace falta no un cambio de discurso, sino modificar la institucionalidad de Pemex y no sólo fijarse en los temas de producción. También en los de exploración, detalla.
Precisa: Es un sector en transición y repensado en las nuevas políticas. Las instituciones están en una etapa de contradicciones porque la dinámica es distinta, pero debe renovarse la institucionalidad.
Aunado a eso, que el gobierno mande señales de que los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pierdan fuerza o autonomía no da certeza, pues la función que tienen es mantener orden en ese campo.
La CNH mantiene su enfoque técnico y hace lo que puede dentro del marco legal vigente. Por eso no ha sido tan atacada. La CRE, por su parte, está en total y completo desmantelamiento de sus capacidades técnicas, que viró de ser árbitro imparcial, garante de un piso parejo para la inversión, a un abierto promotor de los intereses de las empresas del Estado, especialmente Pemex, destaca Monroy.
No obstante, Fluvio Ruiz expresa que esos organismos se encuentran administrando bajo las regulaciones del sector pasado, por lo que es necesario que el gobierno los deje trabajar, ya que velan por el interés del país por encima del de la iniciativa privada.
Uno de los documentos mencionados podría cambiar para bien o para mal la visión de los mercados financieros y de las calificadoras. Es la presentación del plan de negocios de Pemex, aunque preocupa a los expertos que el gobierno se enfoque en revertir la caída de la producción a corto plazo y no la crisis a futuro.
El plan de negocios quizá venga con el enfoque errado, precisamente por partir del diagnóstico equivocado. Se sigue pensando que Pemex está en esa situación por la falta de inversión, pero no es el caso. La actual administración considera que el problema de Pemex es de dinero, pero la realidad es otra. Ha tenido dinero de sobra y los resultados simplemente no están ahí. Debería buscar otra cosa que no sea sólo producción, añade Gonzalo Monroy.
Por su parte, Fluvio Ruiz agrega que si bien el plan de negocios quizá se enfoque en aumentar la producción, los mensajes de que no se invertirá en la exploración de aguas profundas –como ha anticipado Pemex al señalar que su estrategia se centrará en extraer petróleo en tierra y aguas someras– son negativos.
Inversiones
En medio de ese panorama, la CNH se ha encargado de aprobar inversiones superiores a 10 mil millones de dólares para que la petrolera explore campos. Además, que empresas privadas puedan realizar esas actividades. Aunque aún falta que los contratos se firmen, a futuro esos planes podrían rendir frutos.
En la medida en que los contratos están vigentes se debe cumplir. Hay compromisos de los programas que fueron autorizados por la administración pasada. Entonces, que siga la inversión es bueno para Pemex, empresa que tiene todo el potencial de ser autosuficiente, puntualiza Fluvio Ruiz.
La reacción de las agencias calificadoras de riesgo hacia la petrolera dependerá de la presentación del plan de negocios. Si bien Moody’s cambió la perspectiva de estable a negativa y Fitch Ratings le redujo la nota y dejó sin grado de inversión, ambas mencionan que dicho documento cambiará el rumbo sobre las decisiones.
El cambio en las políticas públicas de un gobierno de izquierda sí provoca que las calificadoras vean con recelo lo que se hace. El gobierno tampoco debe desatenderse de ellas, porque éstas esperan que se cumplan lo que se promete, cuestionan los riesgos en las políticas, pero hay que darles la vuelta, señala Fluvio Ruiz.

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Afores, el tsunami pensionario a las finanzas públicas

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En 2022, México se enfrentará a la primera “generación Afore” y, con ella, a lo que el presidente de la Consar llama el tsunami pensionario: la mayoría de jubilados apenas recibirá 3 mil 200 pesos al mes. Un porcentaje sustancial lo tendrá que aportar el gobierno con dinero público, por las pérdidas multimillonarias que registran las administradoras privadas y el ahorro insuficiente de los trabajadores



“Estamos ante un tsunami pensionario”, sentencia el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib. “En términos absolutos, ya sea que se trate de personas de ingresos altos o bajos, la verdad es que las pensiones van a ser muy modestas”.
Ése es el escenario en el que pronto se sumirán las personas de la tercera edad: sólo faltan 3 años para que la primera “generación Afore” empiece a pensionarse y, en cuanto dejen de laborar, sus ingresos caerán 70 por ciento o más de un día para otro.
“Cuando queremos ver en montos a cuántos pesos mensuales puede aspirar un trabajador, pues francamente estas pensiones son lacerantes, vergonzosas; es por eso que tenemos que llevar una gran reforma al sistema de pensiones”, señala en entrevista con Contralínea el doctor en economía por la Universidad de California.
Y es que a quien mejor le vaya recibirá tan sólo 30 por ciento de su salario, de tal manera que si se tratara del mínimo, cada día percibiría 30.6 pesos para sobrevivir. En casos tan precarios como ése, el erario federal asumirá la carga, reconoce el doctor Vela Dib.
“Los recursos de su cuenta individual los tomaría el gobierno para fondear parte de la pensión mínima garantizada, que es equivalente a un salario mínimo traído a precios actuales: alrededor de 3 mil 200 pesos mensuales. Entonces estaríamos hablando de que un alto porcentaje de trabajadores, la gran mayoría, estaría obteniendo 3 mil 200 pesos mensuales, más la pensión universal de adultos mayores de la nueva administración, que es de 1 mil 275 pesos al mes. Si sumamos estas dos cantidades, estaríamos hablando que la mayoría de trabajadores que están en el Sistema de Ahorro para el Retiro estarían obteniendo pensiones de alrededor de 4 mil 475 pesos.”
La mayoría, sin embargo, ni siquiera aspirará a esa pensión, porque no logrará cubrir el mínimo de semanas cotizadas: 1 mil 250, unos 25 años. En esos casos, los trabajadores recibirán sus ahorros en una sola exhibición y serán responsables de su manutención para el resto de sus vidas.
“La tasa de reemplazo dependerá del ingreso propio de cada trabajador, que es lo que determina cuánto pudo acumular en su cuenta. En el caso de los trabajadores de ingresos más bajos, que son la mayoría, esta tasa puede llegar a representar hasta el 30 por ciento de sus últimos ingresos. Pero en caso de los que tienen ingresos más altos, va a ser bastante baja”, explica el doctor Vela Dib.
Elizama González pronto se enfrentará a ese tsunami pensionario del que habla el titular de la Consar. La mujer tiene 55 años pero sólo ha tenido un empleo formal. Narra que por 10 años trabajó en una empresa de joyería de fantasía y pudo cotizar en una administradora de fondos para el retiro (Afore).
Su mayor deseo ahora es recibir una pensión de retiro al cumplir los 60, pero entiende que para ello debería realizar aportaciones mediante el ahorro voluntario. “Yo preferiría tener una pensión, porque si me dan todos los ahorros no sabría cómo invertirlos para que duren. Pero el ahorro voluntario me parece riesgoso. ¿Quién me garantiza que no se pierda?”
En el estado de cuenta que la Afore XXI Banorte le envió en diciembre de 2018, y que corresponde al último trimestre de ese año, se observa una minusvalía de 1 mil 30 pesos en el apartado de rendimientos, cuenta. Ese dinero ya jamás lo recuperará.
La demógrafa y socióloga Verónica Montes de Oca advierte que en México la población de más de 60 años crece rápidamente a una tasa de 7 por ciento anual. Pero, apunta, no hay condiciones para un “envejecimiento digno”.
Esto debería implicar un cambio vertiginoso en políticas públicas, fundamentalmente en materia de seguridad social, señala la también coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sin embargo, el nuevo gobierno no parece tener esa prioridad. Abraham Vela comenta que, aunque es urgente atender a los trabajadores que empezarán a ejercer su derecho al retiro en 2022, “la instrucción del presidente [Andrés Manuel] López Obrador y del propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, es que la gran reforma se estaría planteando hasta la segunda parte de la presente administración”.
El problema no sólo se reduce al momento en el que se impulsará la reforma, sino también al fondo de la discusión: mientras la Consar propone que sea el trabajador quien duplique o triplique las aportaciones para poder aumentar la pensión; un grupo de académicos exige poner fin al “lucrativo” sistema de capitalización privada, que constantemente pone en riesgo los ahorros y cobra “onerosas” comisiones, que llegan a representar hasta una cuarta parte del ahorro total.

Negocio redondo para unos, precariedad para la mayoría

“Una Afore es un negocio redondo: no tuvieron que invertir mucho para poner una, captaron todos los ahorros y obtuvieron ganancias. Pero, ¿y el trabajador?”, se pregunta la economista Berenice Ramírez. Lleva 20 años estudiando este sistema y apunta que una de sus principales debilidades es que no garantiza rendimientos positivos.
Además de los riesgos propios del ciclo vital –enfermedad, vejez o muerte–, hacen que el ahorrador entre al riesgo financiero. El mismo contrato señala que su rentabilidad depende del mercado”, explica.
Héctor Rodríguez, quien fue promotor asesor de Afore XXI Banorte durante 11 años, reconoce que las condiciones previas a la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995 eran mucho mejores. Antes, dependiendo de los años trabajados, una persona podía recibir como pensión entre el 60 y el ciento por ciento de su salario. Hoy ni siquiera hay garantía de que el ahorrador se va a beneficiar con la administración privada.
Y es que el mercado especulativo es el que dicta el comportamiento de las futuras pensiones y de ello se deriva su inestabilidad. “Para convencer al ahorrador de que se cambie de Afore se le muestra el rendimiento de ese momento. Pero en realidad no se puede garantizar una rentabilidad: puede ser que a las inversiones no les vaya muy bien”, explica Rodríguez.
El exasesor se refiere a las operaciones financieras que realizan las Afores usando los ahorros, que en abril de 2019 sumaban 3 billones 586 mil 4 millones de pesos. Este dinero es administrado por 10 Afores y de acuerdo con la Consar, corresponde a más de 63 mil millones de cuentas administradas. Sin voz ni voto de los ahorradores, el capital se “invierte” en proyectos privados y gubernamentales, como el fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Es por ello que a veces hay rendimientos, pero otras sólo mermas.
No hay que retroceder mucho para encontrar “minusvalías” o “rendimientos negativos”, eufemismos empleados por las Afores para referirse a las pérdidas: en el último trimestre de 2018 ascendieron a 138 mil 580 millones de pesos, por la incertidumbre que generó el cambio de gobierno y la cancelación de proyectos. Y aunque en un comunicado la Consar aseguró que éstas habían quedado “más que superadas” con las plusvalías del primer trimestre de 2019, no todos opinan lo mismo.
“Lo que manejan como minusvalías sí es un perjuicio real”, comenta Berenice Ramírez, también académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Explica que recibió algunos casos de ahorradores que perdieron más de 10 mil pesos. “¿Cuándo van a recuperar ese dinero si cada mes le van metiendo 300 o 400 pesos? Según lo que hemos estudiado, ese dinero no se recupera de la forma en que lo explica la Consar”. La única manera de lograrlo, señala, es que el ahorrador trabaje más horas.
En respuesta a Contralínea, Afore Banamex envió un correo explicando que el “saldo depende del precio de la acción, el cual a su vez depende de los cambios del mercado”. Pero acota que “mientras no se vendan las acciones, en realidad no hay una pérdida, lo que hay es una minusvalía”.
Por su parte, Afore Sura responde que aunque en la regulación actual no existe una medida que obligue a las Afores a tener una rentabilidad mínima, sí está establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que éstas deben “velar por los intereses de los trabajadores, asegurándose que todas las funciones se efectúen para la inversión de los recursos, se realicen con ese objetivo”.
Además, menciona que “el régimen de inversión establecido por el regulador (Consar) hace que los momentos de volatilidad no afecten de manera considerable los recursos de los clientes, ya que la alta diversificación en la composición de la cartera protege la inversión”.
No obstante, al estudiar los modelos privados de pensiones para el retiro en otros países de América Latina, la doctora Berenice Ramírez genera proyecciones para el caso mexicano, y advierte peores escenarios. “La rentabilidad en los primeros años es muy alta porque la masa que invierte es alta, pero esto disminuye con el tiempo. Además, se van acabando los espacios de inversión porque sólo le apuestan a la bolsa de valores”.

A comisiones, una cuarta parte de tus ahorros

Otro punto que beneficia a la iniciativa privada y perjudica a los trabajadores es el de las onerosas comisiones que cobran las Afores por administrar los ahorros, es decir, por jinetear el dinero.
Pocos trabajadores saben cuál es el costo total de las comisiones, y la Consar sólo informa que se trata de aproximadamente 1 por ciento anual sobre el saldo. Imposible imaginar que esta cifra, en apariencia insignificante, termina siendo aproximadamente un 25 por ciento del total de los ahorros individuales.
Incluso el doctor Abraham Vela considera imposible esta estimación: cree que hay un error en el cálculo o que algún numerador está siendo mal usado. “Eso no puede ser: implicaría que la tasa de reemplazo estuviera viéndose reducida en ese porcentaje como resultado de las comisiones”.
Pero la doctora Berenice Ramírez sostiene que ésa es la realidad, y se manifiesta sorprendida por lo que califica como la “ignorancia de los funcionarios”. La investigadora de la UNAM estima que en un trayecto de 25 años el costo de comisiones oscila entre 23 y 25 por ciento, dependiendo de las condiciones laborales del ahorrador.

Ramírez no es la única estudiosa del tema que llega a esta conclusión: el actuario Alberto Valencia realiza el cálculo a 45 años y encuentra que las comisiones alcanzan el 29 por ciento. Usa, entre otros valores, un aporte anual constante de 10 mil pesos desde 1997 hasta 2042. En su análisis tiene el cuidado de incluir la comisión sobre flujo que se cobraba hasta 2008.
El valor del aporte o los años cotizados pueden cambiar, comenta en entrevista, pero sigue dando como resultado “un porcentaje muy similar”. Incluso el cobro de comisión puede aumentar cuando una persona pierde su trabajo o consigue un empleo informal. Aunque no pueda realizar aportaciones, las Afores no dejan de cobrar la comisión cada año sobre el total que exista en la cuenta.
De su explicación se desprende que la trampa de las comisiones radica precisamente en esta fórmula: cada año, las Afores cobran la comisión sobre el ahorro total.
“En realidad se trata de un cálculo simple en el que se compara el resultado del ahorro con comisiones y sin ellas, pero la Consar tiene publicaciones sesgadas”, lamenta el actuario y estudioso del tema de las pensiones, quien actualmente labora en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para el experto, como las comisiones, otros datos también son manejados con “muy poca objetividad” y no ayudan a que las personas tengan conciencia real de cuánto van a obtener como pensión mensual.

Juventud en incertidumbre: aumenta desempleo e informalidad

De acuerdo con la última actualización del Inegi, la tasa de desocupación durante el primer trimestre de 2019 aumentó a 3.6, la mayor en 2 años. Esta cifra corresponde al porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que no trabajó ni 1 hora a la semana pero sí intentó obtener un empleo.
Otros datos arrojados en de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que el 57.1 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Esta cifra aumentó 0.2 puntos respecto a marzo de 2018.
Para la doctora en ciencias sociales Verónica Montes de Oca, un empleo formal es una condición necesaria para tener una vejez digna. “¿Por qué en México sólo el 30 por ciento de la población con 60 años y más tiene una pensión? Porque desgraciadamente la mayoría hizo trabajo no reconocido mucho tiempo”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM destaca que en este contexto las mujeres se enfrentan a peores condiciones: además de tener salarios más bajos, muchas tienen que dejar sus empleos al tener hijos. En caso de cotizar en Afores, dejan temporalmente de aportar y tardan mucho más en alcanzar el requisito mínimo de las 1 mil 250 semanas cotizadas. Paradójicamente, ellas tienen mayor esperanza de vida que los hombres, 78 años y 73 años respectivamente, de acuerdo con datos del Inegi en 2016.
Denisse Pina tiene 20 años de edad y ya ha tenido la oportunidad de trabajar por breves temporadas en una empresa formal, misma que le permitió empezar a cotizar en la Afore Banamex. Ella lamenta que se hayan incrementado las semanas de cotización necesarias para tener derecho a pensión.
 “Es una circunstancia desalentadora para mí y para todos los jóvenes del país saber que trabajaremos incansablemente si queremos terminar en condiciones dignas y siendo autosuficientes en una edad tardía.”
En el futuro, a la joven sí le gustaría ser madre y también tener un trabajo fijo en el campo editorial. Espera conseguir estas condiciones laborales al acabar la licenciatura, pero sabe que el panorama no es fácil.
Muchas empresas piden requisitos con los que es difícil cumplir en cuanto a experiencia laboral o de lo contrario ofrecen salarios que resultan insuficientes para cumplir con las demandas que implica vivir en la Ciudad de México.”
La doctora Montes de Oca recuerda que desde 1994 advirtió de esas dificultades: “No es posible reformar un sistema de pensiones si se están generando condiciones para disminuir el empleo formal, es una burla”. Explica que en el modelo anterior sólo hacía falta cotizar 15 años; los 25 años requeridos ahora son casi imposibles de lograr en un país donde prima la informalidad: “quienes no tienen estabilidad laboral simplemente no cotizan”.

¿Mejorar o revertir el sistema de Afores?

Ante un escenario que urge cambios, el presidente de la Consar sugiere que los trabajadores deberían ahorrar el 15 por ciento de sus salarios. “No hay sistema que pueda otorgar pensiones dignas y suficientes con las aportaciones del 6.5 por ciento que tenemos hoy”, señala Abraham Vela.
Cuestionado sobre la viabilidad de solicitar una garantía de rentabilidad mínima a las Afores para que el trabajador no tenga riesgo de perder sus ahorros, opina que esto sería posible pero inconveniente. “Estaríamos creando un incentivo para que las Afores sólo inviertan en activos de bajo riesgo y aseguren de esa manera rendimientos positivos. Pero aquí hay un dilema: sabemos que en un horizonte largo de tiempo, durante la vida activa de un trabajador, las inversiones con cierto riesgo siempre van a ofrecer rendimientos más altos que los de los valores gubernamentales, que tienen un riesgo menor”.
Menciona que tampoco optaría por regresar al sistema anterior, ya que “era financieramente insostenible y representaba una carga creciente a las finanzas públicas del país”. El doctor Vela Dib afirma que las aportaciones solicitadas no permitían fondear las pensiones que se prometían. Además, los recursos fueron mal administrados e incluso “se pudieron haber esfumado con el fantasma de la corrupción”.
En ese sentido, el presidente de la Consar dice no estar de acuerdo con la reversión que sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se refiere al informe La reversión de la privatización de las pensiones: aspectos clave que ese organismo especializado de las Naciones Unidas presentó en México en marzo pasado.

Durante esa presentación, el especialista de la OIT, Flavio Durán Valverde, comentó que América Latina “no tuvo un caso de éxito” en la privatización del sistema de pensiones: no existe ni mayor cobertura ni mayores beneficios, por lo que planteó abrir la discusión para una reversión, o cuando menos un mayor control del Estado mexicano.
Aunque México ratificó el Convenio 102 de la OIT relativo a la seguridad social, la especialista en derecho del trabajo, la doctora Ascensión Morales, considera que el sistema de pensiones por capitalización individual no es congruente con lo establecido.
De acuerdo con el Convenio, debe existir la certeza de una pensión, las personas deben percibir por lo menos el 40 por ciento de su salario y el Estado debe intervenir como regulador. Pasa que el sistema en este país no cumple: no sabes siquiera de cuánto va a ser tu pensión”, explica la doctora en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para la investigadora, el objetivo de las Afores es el “lucro”, por lo que no buscan cumplir con lo relativo a la seguridad social. “Menos del 30 por ciento van a recibir pensión y como sociedad vamos a tener que apoyar a los demás a través de los impuestos”.
La economista Berenice Ramírez considera que el actuar de los funcionarios de la Consar y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corresponde a una formación con perspectiva económica neoclásica: “Hay una escuela que considera que el mejor sistema es la capitalización individual y es la que empieza a ubicarse en Hacienda desde que Guillermo Ortiz era el titular [1994-1998]. Plantea que el funcionamiento del mercado financiero permite solucionar muchos de los problemas del mercado laboral”.
Explica que este grupo tuvo una injerencia principal en la elaboración de las reformas que dieron paso a la privatización del sistema de pensiones para el retiro. “Ellos opinan que el Estado sólo debe administrar las condiciones para que la gente no caiga en pobreza extrema. Pero no buscan un mecanismo de mayor distribución de la riqueza”.
Tanto la doctora Berenice Ramírez como la doctora Ascensión Morales esperaban cambios más drásticos en la presente administración. Entrevistadas por separado, lamentan la decisión de postergar la “gran reforma” en pensiones hasta la segunda mitad del sexenio, y señalan que la iniciativa de López Obrador, aprobada por la Cámara de Diputados, contiene modificaciones superficiales que no cambian el sistema actual y de hecho lo consolidan.
“Me decepcionó, fue incongruente con lo que dice públicamente. Lo que hace es darle más facultades a la Consar y para que las Siafores cambien de nombre y tengan mayores facultades de inversión. ¿Es progresivo? No es la reforma que un trabajador estaría esperando”, comenta la doctora Ascensión.
Por su parte, la investigadora Berenice explica que es difícil hablar de “reversión” porque el sistema anterior, de reparto y con beneficio definido, no tuvo el mejor desempeño. Sin embargo considera que el costo fiscal ocasionado por aquel modelo fue incrementado en gran medida por las desigualdades en el sistema de pensiones.
Mientras la pensión promedio de una persona afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social era en promedio de 5 mil pesos, otra que se pensionaba por el sistema de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, eran de 50 mil pesos. Y la desigualdad prevalece con las mismas características de trabajo o incluso el mismo salario.”
La economista plantea una discusión colectiva para formular un nuevo diseño que permita sostenibilidad y viabilidad. Para empezar, es necesario hacer una evaluación sistémica de los efectos de la reforma. “Todavía tenemos muchos espacios de información que las instituciones gubernamentales no transparentan”.
Lo que sí se necesita es una pensión contributiva de beneficio definido, dice. “El sistema no puede perder los ahorros de quienes ganan cinco salarios mínimos o menos. Tiene que garantizarles una pensión que les permita mantener, al menos, su nivel de vida. Y para aquellos que ganen mucho dinero y quieran jugar al mercado financiero, pues dejarles la opción del ahorro voluntario en las Afores”.

Conocer los derechos y defenderlos

María de Lourdes Martínez es autora del libro Qué transa con las Afores e imparte un seminario con el mismo nombre. Dio inicio al proyecto en 2018 tras titularse de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la tesis El sistema de Afores en México y la violación del derecho humano a la seguridad social.
“Usé el método investigación-acción participativa y encontré que muy poca gente sabía qué es la seguridad social. Ni siquiera los jóvenes, que van a ser los más afectados por las Afores [conocen el concepto]. Por eso doy este curso, para que la gente sepa que se trata de un mecanismo de despojo, que les han quitado un derecho”, comenta.
El seminario busca profundizar en el entendimiento de las Afores. Por ello incluye una revisión amplia de los conceptos, leyes e incluso factores históricos clave que derivaron en el sistema actual.
“La idea también es formar instructores, para que enseñen a otros sobre los derechos que tienen y luchen por ellos”, explica la maestra María de Lourdes frente a una veintena de personas, casi todos trabajadores retirados.
Alfredo Bastida tiene 70 años y es uno de los asistentes. Hace 1 año se retiró tras cumplir 35 años de servicio en una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Aunque reconoce que actualmente no tiene la mejor situación económica, a diferencia de lo que pasará con “la generación Afore”, él sí percibe el ciento por ciento del salario con el que cotizó.
Ahora busca ayudar “con su granito de arena” para contrarrestar la falta de información en su entorno. “Lo que hemos aprendido en este seminario vamos a dárselo a los jóvenes que están empezando a trabajar”.
Para el señor Alfredo, el empresario puede traer inversión y dar trabajo a nuestros jóvenes, pero tiene que respetar sus derechos. Si los trabajadores no conocen cuáles son, no pueden reclamar, explica. “Muchas veces ellos nos ven como una maquinaria y cuando uno cumple 30 o 40 años de servicio ya no les sirves, lo que quieren es desecharte sin pagar ningún dinero”.
Históricamente, dice, “quienes nos enseñaron luchar nos dijeron que el trabajador es quien genera la riqueza. Por lo tanto, tiene derecho a una remuneración justa y a la seguridad social”.
Marcial Yangali

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EN EMPLEO PRECARIO 56% DE TRABAJADORES

*No tienen contrato laboral, ni prestaciones ni seguridad social.

En México 56.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), trabaja en condiciones de informalidad laboral 1, que significa que no tiene contrato de trabajo, ni aparece en la información contable del negocio y, mucho menos, tiene prestaciones y reconocimiento de su derecho humano a la seguridad social.
Este porcentaje bajó ligeramente 0.6 por ciento, sin embargo, esa situación de precariedad que el el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( INEGI) denomina informalidad laboral 1, afecta en números reales a 30 millones de trabajadores mexicanos de 15 años y más., de acuerdo al comunicado de Indicadores de Ocupación y Empleo (ENOE), que publicó el organismo el 26 de junio de 2019 y que corresponde al mes de mayo de este año.
El problema no es nuevo se ha venido arrastrando en los últimos sexenios, pero no cambia sustancialmente.
El INEGI no especifica si la reducción de la cifra de trabajadores que no tienen contrato laboral ni seguridad social ni prestaciones de ningún tipo, se debe a que consiguieron un mejor empleo o si pasaron a engrosar las filas de la población desocupada totalmente.
En el mes de mayo de 2019, al que corresponde el estudio, se registró desempleo de 3.5% de la Población Económicamente Activa (PEA), que en México suma a 56 millones 38 mil millones de personas de 15 años y más. El desempleo reportó un ligero aumento de 0.2 % respecto al mismo mes de 2018.
El panorama se agrava para los trabajadores del sector industrial porque por segundo mes consecutivo el Producto Interno Bruto de ese sector, al que le denominan actividades secundarias, se redujo en el primer trimestre del año -2.1, respecto al mismo período del año pasado, señaló el INEGI en su informe sobre este tema, lo cual impacta directamente en la generación de empleos, de acuerdo al informe oficial del INEGI sobre la medición del Producto Interno Bruto, correspondiente al período señalado.

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En solidaridad publicamos textualmente: LA CNTE GANA LA REINSTALACIÓN DE MAESTROS...FALTA LA ABROGACIÓN

*Ha sido una lucha ardua, de resistencia...en contra de la reforma educativa
*Cobrarán sueldos caídos desde el día que fueron despedidos.
*Las autoridades de la Secretaría de Hacienda no querían pagar salarios caídos.
*Hay negociaciones en 5 mesas de trabajo con autoridades federales.

Entrevista al profesor Enrique Enriques,
secretrio general de la sección 9 del SNTE, en la Ciudad de México (CDMX)
de Antonio Peregrino Rojo, "el amigo bombero Peregrino"
"6 años de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dando propuestas, en marchas, plantones, foros, por nuestros compañeros caídos, pero hoy podemos decir que es un triunfo de la CNTE, tenemos 586 compañeros cesados en todo el país, como CNTE entregamos 286 expedientes, de los cuales ya los revisó la autoridad, se verificaron.
El día de ayer (27 de junio de 2019) se comenzaron a reinstalar a los compañeros formalmente, se empezó en la Ciudad de México (CDMX), empezamos ayer porque ayer se reinstalaron 16, y hoy 20 más, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), fueron dos grupos por las mismas condiciones del TFCA que tiene otros asuntos que atender.
Se les va a pagar sueldos caídos desde el día que fueron despedidos hasta la fecha que fueron reinstalados, algunos fueron dados de baja el 1° de marzo de 2016, otros el 17, se les paga su sueldo íntegro, y prestaciones, a partir del 1° de julio se les reinstala en su centro de trabajo.
Son 36 de educación básica, nos faltan 5 del sistema de bachillerato, pero estamos en camino de hacerlo esta semana, después sigue Chiapas, Jalisco, Tlascala y después los demás estados, es un triunfo totalmente de la CNTE, los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elva Esther, Maestros por México o Díaz de la Torre son meramente oportunistas.
Ellos en su afán de quedar bien con Peña Nieto, se incaron y llevaron a los maestros al examen, y hoy se dicen defensores de los derechos laborales, pero es un triunfo netamente de la CNTE."
 
Maestro Pedro Hernández, integrante de la sección 9 del SNTE afiliado a la CNTE
"Gracias a Frecuencia Laboral por el espacio. Los trabajadores de la Educación agrupados en la CNTE, hemos enfrentado una lucha durante el anterior sexenio, para abrogar la llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, una de las consecuencias de esta guerra contra el magisterio, fue el despido injustificado, el cese de más de 500 compañeros en todo el país.
Es una parte importante, por no someterse a la evaluación punitiva que marcaba la reforma de Peña Nieto, y otros compañeros que en el proceso de lucha, al movilizarse, al realizar paros, fueron también injustamente cesados, algunos compañeros fueron 4 años, algunos 3.
Dentro de las demandas de resarcir los daños ocasionados por la reforma educativa, se volvía una demanda fundamental lo de la reinstalación de estos compañeros.
En las entrevistas que se han tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se llegó al acuerdo de una vez que fue abrogada la parte de la reforma educativa, pues ya no había pretextos para seguir castigando a los compañeros con el cese, en esta semana se inició la reinstalación de 17 compañeros de la sección 9 CDMX.
Y el día de hoy (28 de junio de 2019) en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), se firmó ya el acuerdo, porque se habían establecido demandas contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), por el cese arbitrario de los compañeros. Cuando se soluciona, tenemos que llegar a un acuerdo que finiquite este problema, en cuanto el salario que se les tiene que pagar a los compañeros, salarios caídos por el tiempo que estuvieron cesados.
Hubo una serie de dificultades por parte de las autoridades de la SEP, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del gobierno federal, en términos de no querer pagar los salarios caídos, eso nos llevo a un proceso en la mesa de trabajo respectivo hasta que se pudo llegar a un acuerdo.
Esto significa que los compañeros además de recuperar sus salarios retenidos deben de ser reinstalados plenamente en el centro de trabajo del que fueron cesados, este proceso va a abarcar a los demás estados, empezó con la ciudad de México con la sección 9ª, porque ha sido una lucha ardua, de resistencia, de no permitir estos atropellos.
En la sección 9ª llegamos a tener 41 compañeros cesados por su lucha contra la reforma y por oponerse al examen único, tendrán que venir los demás estados, hasta que el proceso se cumpla de la reinstalación de todos nuestros compañeros, hay otras 5 mesas que siguen trabajando, de la represión, de los presos políticos, de la matanza de Nochistlán.
Hay una tercera mesa que esta tratando lo político sindical, de la elección de los dirigentes, sobretodo aquí en la novena, en Chiapas sección 40, y Zacatecas sección 44, hay una mesa que está con el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), abordando toda la problemática de las pensiones pero también a los servicios médicos.
Y luego hay una mesa educativa, solo se instaló y esperamos discutir con el Secretario de la SEP en que términos debería quedar el nuevo proyecto educativo."

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Despedidos de Notimex exigen 100% de liquidación; denuncian que se les condiciona fondo de ahorro

La agencia Notimex. Foto: Tomada de Twitter
La agencia Notimex. Foto: Tomada de Twitter

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Extrabajadores sindicalizados de la agencia Notimex demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para el pago de sus liquidaciones, y acusaron a la directora, Sanjuana Martínez, de retener el fondo de ahorro a despedidos hasta firmar una liquidación del 40 por ciento.
En un comunicado, reporteros, redactores, editores y personal administrativo y de servicios despedidos de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) solicitaron la intervención del mandatario para que se garantice una liquidación del 100 por ciento, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo, cuando se trata de un despido injustificado.

“En la campaña y en la toma de posesión, López Obrador aseguró que nadie estaría por encima de la Ley o fuera de la misma, por lo que pedimos al Ejecutivo federal cumplir con su compromiso y otorgar una liquidación justa, ya que no se cumplió con la palabra de no tocar a los trabajadores sindicalizados en las áreas del gobierno federal”, señalaron.
“Los 72 empleados que, hasta ahora, hemos sido despedidos por ‘las medidas de austeridad y control presupuestario contenidas en el memorándum del 03 de mayo de 2019’, exigimos que Sanjuana Martínez, directora general de Notimex, deje de violar los derechos humanos y laborales del personal que ha dejado sin empleo, pues dio la orden de no entregar a los trabajadores los recursos del Fondo de Ahorro hasta que no firmemos una liquidación del 40 por ciento, lo que va en contra de la legalidad.

“Dichos recursos pertenecen a todo un año de trabajo de los empleados, por lo que Sanjuana Martínez está incurriendo en un delito al retener de manera ilegal los frutos de esa prestación”, aseguraron.

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Germán Martínez subrogó guarderías en el IMSS por $1 mil millones



 
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Aunque el presidente López Obrador ha criticado que las subrogaciones en el IMSS son una privatización velada, el Instituto –con Germán Martínez al frente– destinó 1.3 mil millones de pesos entre enero y abril de 2019 a contratos de este tipo, sólo en la Ciudad de México. El 80 por ciento del gasto –1 mil millones – fue para 24 guarderías



En los primeros 4 meses de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó 1 mil 314 millones de pesos a contratos de subrogación tan sólo en la Ciudad de México. La información oficial revela que el 80 por ciento de ese gasto fue destinado al pago de los servicios de 24 guarderías.
La corta gestión del panista Germán Martínez Cázares comprometió recursos públicos hasta 2024. Y es que entre enero y abril pasados, el Instituto contrató 22 empresas para asegurar la existencia de 24 guarderías subrogadas por los siguientes 4 años 9 meses.
En total, por esos servicios, el presupuesto del IMSS pagará 1 mil 47 millones 290 mil pesos a las estancias infantiles. Las empresas más privilegiadas con estos contratos fueron Bambinello y Centro Ecológico de Desarrollo Infantil, que recibieron más de 94 millones de pesos cada una, de acuerdo con los contratos disponibles en el portal Compranet.
El otro 20 por ciento del presupuesto comprometido en subrogaciones –267 millones 321 mil 583 pesos– benefició a 12 empresas prestadoras de servicios médicos, como cirugía, monitoreo de signos vitales, hemodiálisis, radioterapia, dosimetría, hospitalización, estudios de laboratorio, traslado de pacientes, atención oftalmológica y psiquiátrica, así como el uso de grabadoras Holter (empleadas para monitorear la actividad del corazón).

En el periodo de Martínez Cázares –quien renunció a la dirección el pasado 21 de mayo y ahora se desempeña como senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional– el IMSS realizó 336 concursos –entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2019– para la asignación de contratos de subrogación a nivel nacional, refieren los datos oficiales del Compranet. Esta tendencia contrasta con las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, al referirse a las estancias infantiles el pasado 13 de febrero, consideró que las subrogaciones “son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo”.
Algo que reiteró en su conferencia matutina del pasado 3 de abril, cuando aseguró que las subrogaciones se hicieron “con la idea de privatizar la función del Seguro. Se subrogaban las guarderías y ya no atendía de manera directa el Seguro Social la guardería o la estancia, sino que daba el dinero. Nosotros no compartimos eso porque no sólo es el manejo del dinero, sino la seguridad. Cómo garantizamos la seguridad de los niños, la corresponsabilidad”.
En desacato de esa instrucción, el IMSS entonces encabezado por Martínez Cázares continuó con las subrogaciones multianuales, como lo demuestra el seguimiento hecho por Contralínea a los procesos de contratación publicados en Compranet.

Subrogaciones, puerta para la corrupción

El rechazo del gobierno de López Obrador a las subrogaciones, sobre todo de las llamadas estancias infantiles, deriva no sólo del riesgo de privatización, sino también de la corrupción. Algo que ha criticado reiteradamente en torno de la desgracia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009 se incendió y cobró la vida de 49 niños. En ese mismo siniestro, otros  106 menores resultaron gravemente heridos por falta de medidas de seguridad básica, como salidas de emergencia.
Los integrantes del Frente de Trabajadores y Trabajadoras por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social consideran que las subrogaciones son una forma de traslado de recursos públicos a la iniciativa privada en la que opera la corrupción y el compadrazgo.
En entrevista, acusan como gremio que éstas se basan en la precarización intencional de los servicios para justificar los convenios con privados y la falta de contratación de personal.
De las subrogaciones que el IMSS realizó en la Ciudad de México durante los primeros meses del año, la empresa más beneficiada fue Centro de Diagnóstico Ángeles, con contratos por 114 millones 239 mil pesos para el servicio de hemodiálisis que brindará en menos de 1 año: 247 días.
Para Hildelisa González, diputada por el Partido del Trabajo (PT) y miembro de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, si bien las subrogaciones siempre han existido, es preferible que el IMSS otorgue los servicios para que tenga control del proceso y evite la inflación de precios en beneficio de una empresa.
En esos primeros meses, Germán Martínez no sólo subrogó guarderías, sino también el servicio médico psiquiátrico. Para éste, contrató por 306 días, Sanatorio Psiquiátrico del Carmen , con un costo para el erario de 58 millones 912 mil pesos.
Otro servició cedido a la iniciativa privada fue el de cirugías de traumatología y ortopedia que, durante 238 días, otorgará Operadora de Hospitales Grupo Torre Médica, por 47 millones 900 mil pesos.
Octavio García Maldonado, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, considera que las subrogaciones son un mecanismo efectivo en el abaratamiento de los gastos de la institución, puesto que la eximen de tener una relación obrero patronal con los trabajadores de las empresas contratistas: de esta forma se reduce el gasto destinado a nómina.
Para este trabajo, Contralínea buscó al nuevo director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, con el objetivo de conocer si habrá cambios en materia de subrogación orientados por la nueva política de austeridad y las instrucciones giradas por el presidente López Obrador en el sentido de acabar con esa práctica del pasado; no obstante, hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Onerosas contrataciones


Los 1 mil millones que comprometió la administración de Germán Martínez en guarderías subrogadas benefició no sólo a las empresas Bambinello y Centro Ecológico de Desarrollo Infantil. También a: Guardería Infantil Felices Hacia el Futuro, Colegio Bilingüe Richardson Tercero, El mundo Feliz de los Bukis, Instituto Pedagógico de Educación Inicial, Colegio de las Baleares, Guarderías Coapa, Instituto de las Baleares, Centro Educativo para Peques, Integra Cuidados Maternales, Kindergarden, Ali Jardín de Niños.
En la lista de subrogados también figuran: Colegio Bilingüe Richardson, Dreams House, Kings Dominion Estancia Infantil, Centro de Desarrollo Infantil Ámsterdam, Centro de Atención y Estimulación Psicopedagógica Infantil, Centinela de Infantes, Asociación de Ayuda Infantil, Centro de Desarrollo Infantil Caramelo y Centro de desarrollo infantil Kin Kanik. Los montos de los contratos van de los 94 millones de pesos a los 24 millones.
Aunado a éstos están los de la subrogación de servicios de hospitalización, radioterapia, sistema de monitoreo de signos vitales, traslado de pacientes, grabadoras Holter, oftalmología, dosimetría y estudios de laboratorio costó a la institución 16 millones 269 mil pesos. Las empresas contratadas fueron: Clínica Médica Santa Rosa, Médica Sur, Procesos Adquisitivos, Cuidados en Salud Prehospitalaria Sipromedic, Idea Médica Hospitalaria, Juan Carlos Bravo Ortiz, Alsa Dosimetría, Quest Diagnostics México y Laboratorio de Estudios Perinatales.
Aunque los trabajadores y jubilados del Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud admiten que la subrogación no es un fenómeno nuevo, señalan que a partir del periodo neoliberal los contratos se comenzaron a otorgar de forma indiscriminada y sin motivos suficientes. Con sede en la capital, la organización considera que en vez de que ayuden a ampliar la cobertura de servicios en favor de los derechohabientes, desmantelan la infraestructura existente y merman las capacidades del Instituto.
De acuerdo con María Moya Valero, integrante del Frente, en la Ciudad de México esta tendencia inició a finales de la década de 1990 con la subrogación del servicio de intendencia: el IMSS argumentó que gastaba más dinero en trabajadores (con sueldo, vacaciones, aguinaldo y prestaciones) que en contratar a una empresa privada que permitiera, además, reducir el tiempo de limpieza.
Más tarde, cedió las guarderías, en este caso sin que existiese un diagnóstico que motivara su privatización, señala.
“En 2000, el Instituto y el Sindicato tenían 123 guarderías a nivel nacional; hoy nada más tiene 40 guarderías, todas las demás desaparecieron, pero tenemos cerca de 2 mil guarderías de la iniciativa privada”, asegura Víctor Ortega, trabajador jubilado del IMSS.
Después se subrogaron los servicios de diálisis, hemodiálisis y radioterapia; luego, los laboratorios y servicios de rayos X. La más reciente forma de subrogación, de acuerdo con Ofelia Oliva, también miembro del Frente, es la de ambulancias: “es terrible porque el instituto tenía ambulancias, ¿dónde están? Arrumbadas, almacenadas, descompuestas. Hasta donde sabemos, las empresas no cumplen con los requisitos para el traslado de pacientes, sino que los tienen contratados como vehículos normales, como si contrataras una camioneta para trasladar unas mesas”.
Los integrantes del Frente advierten que cuando el Instituto subroga servicios y deja de invertir en sus instalaciones, las desmantela. Cada año que pasa se requiere una inversión más fuerte para reactivarlas.
De acuerdo con Ofelia Oliva, las subrogaciones en el IMSS son, además, una forma velada de reestructuración institucional. Por ejemplo, el Instituto tenía laboratorios y patólogos contratados en la capital, pero decidió subrogar el servicio y adoptar la estructura organizativa de la empresa privada.
Esta reestructuración es ilegal, acusa Oliva, toda vez que transforma las condiciones de trabajo y excede los momentos de revisión contractual del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Los derechos laborales, en entredicho

Todos los servicios subrogados por el IMSS han mermado no sólo su capacidad instalada, sino también a su plantilla laboral. Francisco Reyes, trabajador jubilado, refiere que cuando las empresas privadas cubren la materia de trabajo que originalmente compete al Sindicato, el Instituto congela las plazas y no abre nuevas. Así, en la práctica, este tipo de contrataciones derivan en recortes de personal de base.
Para el investigador Octavio García Maldonado, con estos esquemas el IMSS no incurre en ninguna falta de carácter legal, pues tiene facultades y atribuciones para subcontratar servicios, particularmente los que corresponden a las prestaciones en especie (asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y rehabilitación).

Seguridad social, pendiente


Uno de las grandes deudas del gobierno es garantizar el derecho humano a la salud de todos los residentes del país. El catedrático García Maldonado, titular de la materia de derecho de la seguridad social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, señala que, para ampliar la cobertura de servicios, el IMSS requiere un mayor ingreso de cuotas obrero patronales: actualmente destina la mayor parte de su presupuesto, un 70 por ciento, al pago de la nómina y las pensiones de sus propios jubilados.
Por su parte, el Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud considera que también hace falta un andamiaje legal. Ello, porque la reforma a la Ley Federal del Trabajo marcó la pauta para el deterioro de la seguridad social en el país. Desde que se determinó un tope a los incrementos salariales, los recursos que ingresan a las instituciones de seguridad social se redujeron de forma importante, afectando las capacidades de atención de la institución.
El Frente considera necesario regresar a la ley con la que se regía el Instituto en 1973. “Es la mejor ley que ha tenido el IMSS y los mexicanos”, señala Víctor Ortega. Asimismo, considera que el nuevo gobierno debe esforzarse por recuperar el personal de base que se ha perdido con los años,  pero “por lo visto no vamos hacia allá y no va a haber dinero para pagar más personal. Antes teníamos médico, enfermera, auxiliar, técnico, trabajadora social, promotor, hasta polivalente: seis integrantes del equipo. ¡Un médico y una enfermera no van a poder atender a toda la población!”
Consultada al respecto, la diputada petista Hildelisa González dice que la Comisión de Seguridad Social se reunirá en los próximos días con el director general del IMSS para presentar un diagnóstico de la institución y hacer recomendaciones respecto al uso de los recursos disponibles.
En este sentido, considera que es preferible invertir en el equipamiento de los hospitales propios de la institución, aunque el esfuerzo sea mayor, que gastar en contratos de subrogación, siempre y cuando se asegure el servicio médico a los derechohabientes.
Señala que la privatización del sector salud es una tendencia del régimen pasado que hoy debe revertirse brindando atención médica de calidad para todos. “Es muy importante la definición del próximo presupuesto y la evaluación de cómo está la institución. Nosotros estamos comprometidos a que en el presupuesto daremos énfasis al destinado para salud”.
El presidente de la República señaló, durante la inauguración de las oficinas del IMSS en Morelia, Michoacán, que el nuevo proyecto en materia de salud y seguridad social implica la integración del sistema nacional, es decir, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de Salud, para que la atención médica primaria sea “universal”.
Sin embargo, los trabajadores y jubilados del Frente consideran que, al hablar de “universalización” de la salud, el gobierno federal está, en realidad, focalizando la atención primaria y desmantelando la seguridad social. “No se trata del sistema de salud por sí mismo, es la seguridad social. Estamos hablando de guarderías, teatros… es una visión integral del bienestar social”, señala Jorge Castañeda.
Los trabajadores jubilados consideran que las subrogaciones, junto con los convenios de asociación público-privada, son una forma de privatización de los servicios públicos. A esta situación, se suma el riesgo de focalizar y limitar la atención médica y la seguridad social: el plan de proporcionar únicamente atención primaria a la salud, explican los jubilados, permite a las aseguradoras incrustarse en el sistema público para cubrir los padecimientos que quedan fuera del catálogo básico.
Aseguran que el discurso de López Obrador no corresponde con lo que el IMSS, y el sector salud en general, está viviendo en la práctica. “Lo que vemos es la continuidad de la política neoliberal. Mientras no veamos indicios de que realmente se esté echando atrás todo lo lesivo de las reformas que han instrumentado, no podemos confiar. Nos deja muchas dudas”, concluye Ofelia Oliva.

Subrogaciones en la CDMX, sólo la punta del iceberg

Las subrogaciones de guarderías en la Ciudad de México, que tan sólo entre enero y abril de este año comprometieron recursos públicos por más de 1 mil millones de pesos, son apenas una muestra de todo lo que ha cedido el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por ejemplo, con Germán Martínez al frente, el IMSS convocó en abril cuatro licitaciones públicas para subrogar el servicio de guarderías en otras entidades federativas, consta en el sistema Compranet.
Una de esas es la convocatoria AA-050GYR075-E93-2019, que lanzó la delegación estatal Querétaro, para adjudicar directamente “el servicio de guardería en el esquema vecinal comunitario único, con vigencia 1 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2023”.
La convocatoria benefició a seis estancias infantiles: Guarderías Siglo XXI, SA de CV; Guarderías Siglo XXI, SA de CV; Centro de Desarrollo Infantil Lili, SC; Estancia Infantil Fray Toribio de Benavente, SC; Centro de Desarrollo del Niño, AC; Centro de Desarrollo Infantil Castores, SC.
Alba Olea

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Sin trabajo decente no hay turismo sustentable, dice la OITS

 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de julio de 2019, p. 21
Sin un trabajo decente no hay turismo sustentable. Es válido que el empresario haga su beneficio económico, pero no en detrimento de las condiciones de los empleados, dijo Verónica Gómez, directora de la Organización Internacional de Turismo Social (OITS).
Aludió a la Declaración de Montreal 1996, sobre una visión humanista y social del turismo, la cual, dijo, sigue vigente 23 años después. Señaló que en 2006 los socios firmantes de la declaración –referente al trabajo digno y decente y a la intención de disminuir las desigualdades, la creación de empleo de calidad y la gestión laboral– revisaron y reafirmaron su contenido como complemento de otras agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y sustentable, como la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, dijo, 23 años después las condiciones en el sector turístico no han variado de manera significativa. Señaló que la OITS comenzó a trabajar hace más de 55 años para que más personas tuvieran acceso al turismo, pero hoy aboga, además, por las condiciones laborales en el turismo bien remuneradas.
Una demanda de la OITS a las empresas es que respeten las legislaciones laborales en vigor y profesionalicen a los empleados mediante la capacitación, dijo.

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