viernes, 28 de junio de 2019

Esamblea General Electoral

Comunicado: VOTACION MASIVA EN LA JORNADA ELECTORAL DEMOCRÁTICA DEL SME.

Texto completo del desplegado emitido en el Periódico La Jornada del día 28 de Junio del 2019.
*VOTACION MASIVA EN LA JORNADA ELECTORAL DEMOCRÁTICA DEL SME.*
Al Pueblo de México.
Al Movimiento Popular y Sindical Democrático.
A los medios de comunicación.
• El día de ayer, 27 de junio de 2019 a las 15:00 Hrs., se cerraron las votaciones en el proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), contando con la presencia del Notario Público de la Notaría N° 9 de la Ciudad de México, el Lic. José Ángel Villalobos.
• El día de hoy, viernes 28 de junio comenzará el conteo de los votos emitidos.
Les informamos que el proceso de votaciones en el SME ha concluido exitosamente con la participación masiva de 17,496 compañeros activos y jubilados en resistencia que acudieron a depositar su voto libre, directo y secreto en las urnas de nuestra organización.
A casi diez años del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, las elecciones en el SME son posibles gracias a la heroica lucha de los 16,599 trabajadoras y trabajadores en resistencia que no se liquidaron en 2009-2010. En contra de quienes daban por muerto al SME y pese a la actuación dolosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos despojó del derecho a la sustitución patronal, el SME sigue de pie y más vivo que nunca.
Hoy, mantenemos la vigencia de nuestro registro nacional de industria y de nueva cuenta estamos dispuestos a defender nuestra autonomía sindical, dicho a propósito de quienes descaradamente convocan al gobierno a intervenir en nuestros procesos internos. Veamos porqué.
Desde el 16 de junio pasado, el SME lleva a cabo su proceso electoral democrático en el que participan dos planillas para la elección de medio Comité Central. La planilla número 1 “Once de Octubre” y la 2 “Para Todos Todo” cumplieron con el requisito estatutario de estar integradas por miembros activos de la organización.
Desde el comienzo del proceso, los miembros de la Planilla 2 han tenido como objetivo buscar la impugnación del proceso electoral, esforzándose en montar, una y tras otra, provocaciones con el fin de “acumular pruebas” que justifiquen la intervención del gobierno en nuestra autonomía sindical.
• Para argumentar que “la dirección del SME impide el voto de los trabajadores” llamaron a votar a los liquidados en 2009-10 que ya no son miembros activos de nuestra organización.
• Para decir que sus representantes de planilla no fueron reconocidos en nuestras divisiones, deliberadamente se negaron a seguir el proceso estatutario de su acreditación que es obligatorio.
• Para demeritar a nuestra democracia, sus representantes de planilla se negaron a tomar formal protesta del cargo que les fue conferido estatutariamente como miembros de la Comisión de Escrutinio.
Y así, una tras otra, han acumulado violaciones a nuestro estatuto que ya tenemos documentadas.
Su desplegado del día de ayer en La Jornada en nada debe extrañarnos. Desde el comienzo, su participación en el proceso estuvo encaminada a desacreditar e impugnar los resultados a sabiendas que no cuentan con el respaldo mayoritario de nuestra organización. Su falta de arraigo en nuestras bases y ausencia de proyecto político los lleva al absurdo de anunciar que van a desconocer los resultados del proceso electoral “independientemente de a quien favorezcan”. ¿Cómo entonces exigen, al final de su calumnioso desplegado el respeto a la voluntad de los trabajadores?
Por último, el cuento ese de que violando la autonomía sindical de nuestra organización se recuperará “soberanía energética” es risible y a la vez patético en boca de quienes se aliaron con los que hace diez años se rindieron y abandonaron la lucha de nuestra organización.
En fin, nosotros continuaremos con el proceso tal y como marcan nuestros estatutos. El día de hoy 28 de junio iniciará el recuento de los votos con la presencia de organizaciones sociales y sindicales que darán fe de su transparencia, reiterando nuestro respeto total a la voluntad de los trabajadores que sufragaron su voto directo y secreto en nuestro glorioso SME.
Fraternalmente.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.
CDMX a 28 de junio de 2019.

Concluye el proceso de entrega de Dividendos a la Resistencia.

Bravos Energía presenta los Concursos Eléctricos de Largo Plazo para un mercado de 3,300 GWh

Ciudad de México (Pedro Mentado / Energía Hoy).- Un grupo de empresas encabezados por Bravos Energía presentó el mecanismo de Concursos Eléctricos de Largo Plazo (CELPs), que buscan cubrir una demanda de energía eléctrica estimada en 3,300 GWh anuales.
Diego Villarreal Singer, partner de Bravos Energía, explicó que la demanda anual nueva se calcula en unos 10,000 GWh, de los cuales un tercio es demanda de usuarios calificados que no tienen un opción para comprar energía eléctrica.

“Hay un sector que no está atendido, porque no tienen una opción para comprar energía a los mejores precios posibles y que asciende a 3,300 GWh anuales”.
El excolaborador de la Secretaría de Energía indicó que no es un mecanismo que quiera sustituir las subastas eléctricas del gobierno, que estaban diseñadas para beneficiar el suministro básico de CFE y que no atendían el suministro calificado, porque ese no era el objetivo de las subastas.
El experto explicó que es un mecanismo que complementa a los otros mecanismos porque atiende a los usuarios calificados  que tienen necesidades completamente distintas. “El punto clave de esta energía es atender las desviaciones de la energía intermitente con un nuevo producto llamado balanceo de energía, con lo que, se busca que los consumidores tengan la menor exposición a los precios del mercado spot.
Además, los usuarios calificados necesitan plazos más flexibles, por lo que,  los CELPs proponen bloques quinquenales de 5, 10 y 15 años. La energía que se compre se va entregar en un nodo de interconexión o un lugar de entrega, y con ello cubrir los riesgos de congestión.
Con este mecanismo habrá un administrador de pagos y colaterales, lo que hace una gestión activa de las garantías, y es que, los usuarios y suministradores calificados no todos tienen la capacidad de ofrecer garantías por la vida del contrato, entonces se necesita una gestión más activa para hacer más eficiente el costo del suministro, refirió.
 Y por último, en el portafolio de los productos cada participante elige sus productos y su contraparte.
Las otras empresas involucradas en el proyecto del nuevo mecanismo de Concursos Eléctricos de Largo Plazo, son: Aklara, Tremond Energy, Essentia Advisors, Solcargo y algunas agencias calificadoras. 
Los que pueden participar como compradores, son: Suministradores de Servicios Calificados; Suministradores de Último Recurso, Usuarios Calificados Participantes del Mercado, y Usuarios Calificados no Participantes del Mercado.
En el lado de los vendedores: Generadores con Fuentes Intermitentes Limpias; Generadores con Fuentes Firmes Limpias; Generadores con Fuentes Intermitentes no Limpias; Generadores con Fuentes Firmes no Limpias; Suministradores de Servicios Calificados; Usuarios Calificados Participantes del Mercado, y Otros Integrantes de la Industria Eléctrica.

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IUSA y Conymed concentran mercado de medidores desde hace una década

 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de junio de 2019, p. 27
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció que el mercado de medidores eléctricos se encuentra concentrado por las empresas IUSA y Controles y Medidores Especializados (Conymed), contra lo que no se puede hacer nada más que esperar la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que realiza una investigación para determinar si hay prácticas monopólicas en el mercado de medidores.
Miguel Ángel López, coordinador de administración de la CFE, refirió en entrevista con La Jornada que si la más reciente licitación de medidores resultó favorable para las empresas anteriormente mencionadas, es porque estas concentran el mercado, aunque, ahora, con las nuevas técnicas y estudios de mercado que realizan, buscan terminar con esto.
La concentración de los mercados no es algo reciente, esto es producto de prácticas de muchos años... Que no podemos nosotros combatir, no es una cosa atribuible a nosotros, para eso está un ente regulador, señaló.
Explicó que, en las administraciones pasadas, la CFE solamente adjudicaba contratos a IUSA y Conymed porque eran las únicas que entraban a los procesos de licitación para que la empresa productiva del estado realizara compras de medidores de luz, pero ahora, enfatizó se comenzó a usar un nuevo modelo para abrir el mercado poco a poco.
El miércoles se dio a conocer que la comisión otorgó a IUSA la porción mayoritaria (48 por ciento) de un contrato con valor de mil 349 millones de pesos para el suministro de medidores de luz. Al menos desde hace una década, esta empresa es de las principales proveedoras de la CFE, y su director general adjunto es Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas. A su vez, Controles y Medidores Especializados (Conymed) obtuvo 39 por ciento de la partida con un monto de 525 millones 336 mil pesos.
Conymed es dirigida por Andrés Tort Rivera, cuñado de Carlos Peralta Quintero, propietario de IUSA, de acuerdo con varias publicaciones periodísticas.
Miguel Ángel López, expuso que si bien, en la licitación de 2019 para la compra de medidores eléctricos, ambas empresas se llevaron 87 por ciento de los contratos, se integraron dos nuevas firmas, hecho que calificó como histórico ya que nunca antes habían entrado a competir nuevas empresas.
Además, precisó que la tarea de terminar con la concentración del mercado no es de la CFE, si no de la Cofece, aunque ahora, bajo la nueva administración de la comisión se ha puesto un grano de arena para terminar con esto.
No se le compro a las otras empresas más porque son pequeñas y no cuentan con la capacidad instalada (capacidad de operación) suficiente, tiene que ver con eso, no puedes poner en riesgo la parte del suministro, pero no hay acuerdos de nada con ninguna empresa, si no nos quieren vender vamos a ver como le hacemos, mencionó el funcionario.
Detalló que a comparación de la administración pasada, la CFE en esta subasta realizó un estudio previo de mercado para determinar los precios máximos en los que se comprarían los medidores, además que la subasta para ganar las partidas o contratos se realizó en un formato llamado inverso, el cual, se basa en una puja en la que al principio se da el monto mayor y se va rebajando el precio.

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CRE llama a CENACE para explicar: estado operativo de emergencia en Baja California y Yucatán

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por primera vez en su historia, llamó a comparecer al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para que explique el estado operativo de emergencia declarado en las Penínsulas de Baja California y Yucatán en el periodo de verano del año en curso.
En comunicado explicó que derivado del estado operativo de emergencia que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró en las penínsulas de Baja California y Yucatán para el verano en curso, la CRE llamó a comparecer al CENACE con la finalidad de que informe a detalle las acciones y estrategias que ha implementado ante dichas emergencias.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y el 42 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la CRE está facultada para citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica. 
La CRE es la responsable de vigilar el suministro de energía eléctrica para los usuarios finales bajo condiciones de seguridad, calidad y continuidad.
El Acuerdo A/033/2018 de la CRE, establece que el CENACE tiene cinco días hábiles para atender este llamado a comparecer.
Con este Acuerdo, la CRE cumple con su misión de proteger el interés de los usuarios propiciando la adecuada cobertura nacional, mediante la confiabilidad, estabilidad y seguridad del suministro eléctrico. 

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Pide CFE arbitraje para un gasoducto de Carso

 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de junio de 2019, p. 25
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un segundo proceso de arbitraje para revisar los contratos de un gasoducto que construye Carso Gasoductos, subsidiaria de Grupo Carso del empresario Carlos Slim.
Se trata de un ducto para transportar gas de Chihuahua a Sonora, y cuya construcción se inició en 2015. Es el segundo que la CFE manda a investigación, pues el miércoles abrió un proceso de arbitraje en contra de un proyecto ya terminado de IEnova y TransCanada, que va de Texas, en Estados Unidos, a Tuxpan, Veracruz.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Carso informó que el 26 de junio, la empresa productiva del Estado envió una solicitud de inicio de arbitraje mediante la cual, manda la nulidad de algunas cláusulas del contrato de construcción del gasoducto. La firma se encuentra analizando el contenido.
El 23 de septiembre de 2015 la CFE y Carso Gasoducto Norte celebraron un contrato de prestación de servicio de transporte de gas natural hasta por una cantidad de 472 millones de pies cúbicos diarios en el trayecto Samalayuca-Sásabe, en los estados de Chihuahua y Sonora, por un periodo de 25 años.
Dicho contrato fue firmado por Carso Gasoducto Norte tras haber presentado la mejor opción técnica y económica para la CFE, de acuerdo con la licitación pública internacional convocada por la propia CFE, refirió la empresa. El gasoducto se encuentra en proceso de construcción.
Contratos leoninos
El pasado 11 de febrero, Manuel Barttlet, director general de la CFE dijo, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la comisión cuenta con contratos realmente leoninos y acusó directamente a Carso, IEnova y TransCanada de ser aquellas firmas que tienen siete ductos que ponen a la empresa productiva del Estado en una posición realmente de quiebra.
Entre 2012 y 2017 IEnova firmó cinco contratos con la CFE para la construcción de gasoductos. El primero fue en 2012 y se encuentra en Sonora, que comenzó a construirse en ese año y se finalizó en 2017, es de 835 kilómetros con tramos que van de Sásabe a Guaymas de 505 kilómetros y otro de Guaymas a El Oro de 330 kilómetros.
El segundo es el gasoducto de Ojinaga a El Encino, que se encuentra en el estado de Chihuahua. El contrato se celebró en 2014 y se finalizó la construcción en 2017, tiene una longitud de 220 kilómetros.
El tercero es el de San Isidro a Salamayuca, ubicado en el estado de Chihuahua, el convenio entre la CFE y IEnova se firmó en 2016 y entró en operaciones en 2017, tiene una extensión de 23 kilómetros.
El cuarto es el gasoducto que va de Ramal a Empalme, que se celebró en 2016 y se terminó en 2017, es de 20 kilómetros y se conecta con el gasoducto de Sonora. El quinto es el gasoducto Aguaprieta, que está en ese mismo estado y consta de 13 kilómetros, fue celebrado en 2012 y comenzó a operar en 2017.
Segunda jornada de pérdidas para IEnova
En medio de la disputa por contratos para gasoductos entre varias empresas y la Comisión Federal de Electricidad, los títulos de la operadora de infraestructura energética IEnova retrocedieron este jueves por segundo día consecutivo, al perder 4.70 por ciento. Durante la sesión llegaron a caer más de 8 por ciento, su peor nivel desde el 21 de febrero. El miércoles, los papeles de IEnova tuvieron una pérdida de 4.55 por ciento.

Posible acuerdo CFE y empresas gaseras: AMLO

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se llegará a un acuerdo con las empresas que tienen detenida la construcción de gasoductos, con el fin de evitar la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las condiciones económicas adversas que tendría que pagar de mantenerse tal como están firmados.
El Ejecutivo descartó que las negociaciones que se realizan con las empresas como es el caso de la canadiense Transcanada, afecte la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Luego de que IEnova, Trancanada y Grupo Carso recibieran una solicitud de la CFE de inicio de arbitraje para pedir la nulidad de ciertas cláusulas de sus contratos, el Presidente reiteró que se trata de ‘contratos leoninos’ porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas, construyeron y se les debe pagar de 5 y hasta 8 veces más del costo inicial por financiamiento.
Es decir, “si un gasoducto costo mil millones se terminan pagando 5 mil millones de dólares. Si la construcción del gasoducto se paró por protestas, el gobierno debe pagar multas, y al final la obra no es del gobierno sino de la empresa.”
En ese sentido manifestó que “se buscaría el acuerdo con las empresas y ayudarán a que no se tenga que pagar tanto porque si se aplican los contratos tal cual, se terminaría de quebrar a la Comisión Federal de Electricidad.”
“Ahora se inició un proceso que tienen como propósito principal que haya un diálogo con las empresas y se buscará que mediante la conciliación se llegue a un acuerdo.”
Cuestionado por las declaraciones del embajador de Canadá de que México da señal no respetar contratos, consideró que “tiene que hacerlo como lo haría cualquiera para defender una empresa de su país, pero se va a llegar un acuerdo, porque nosotros también debemos defender los bienes de nuestra nación.”
El primer mandatario insistió en esos “contratos afectan la Hacienda Pública, queremos un acuerdo para que no se perjudique más”.


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Videgaray en la mira de Función Pública y la Fiscalía General

 

Aun con la buena intención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de aplicar “punto final” a la corrupción del pasado y a partir del 1 de diciembre de 2018 concentrar todo el esfuerzo en reconstruir el gobierno y recuperar al país que parecía ya perdido, ha sido prácticamente imposible dejar pasar algunos de los muchos abusos de poder, conflictos de intereses, contratos amañados, desvíos de recursos públicos y otros muchos delitos cometidos por administraciones priístas y panistas (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña).


En esas obligadas investigaciones, varias de ellas atribuidas a la prensa, han empezado a aparecer nombres de exfuncionarios, incluidos el expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, y otros más. Varios de esos expedientes están abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) y otros en la justicia de Estados Unidos.
En este marco de exigencia de justicia, que se ha convertido en un clamor popular, hay un personaje que se mantiene en sigilo, tanto para no hablar como para no dejarse ver en público, pero que todos sabemos que fue el artífice principal, junto con Peña Nieto, de la corrupción y el fracaso sexenal, porque concentró un enorme poder e influencia en el gobierno anterior. Por ello, en los 6 meses de la actual administración, se ha mantenido en silencio para tratar de pasar de desapercibido ante lo que se avecina.
Hablamos del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien Peña Nieto todo consultaba y por tanto también tenía la facultad de cancelar o modificar contratos gubernamentales, y su poder se expandía hasta exigir la renuncia de cualquier funcionario del gabinete –como ocurrió con Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex– que le estorbara en sus intereses económicos y políticos.
Temeroso, Videgaray espera ahora que las investigaciones judiciales por corrupción en Petróleos Mexicanos no lo alcancen, a pesar de haber sido él quien revisaba y autorizaba los grandes contratos que se hacían en el gobierno anterior.
Además de su participación en la compra-venta de empresas privadas quebradas del sector energético con sobreprecios, las nuevas autoridades de procuración de justicia podrían revisar también su expediente que guarda la Secretaría de la Función Pública sobre la adquisición que hizo Videgaray de una residencia en el Club de Golf Malinalco y que cerró indebidamente el exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
De acuerdo con lo reportado en el sexenio anterior, Videgaray habría pagado al Grupo Higa –el mismo involucrado en la Casa Blanca entregada a Peña y su esposa– la tercera parte de los 7.5 millones de pesos que costó la lujosa mansión con “obras de arte”.
Sin embargo, ante solicitudes de información las autoridades responsables rechazaron informar quiénes son los autores y que tipos de obras fueron (pintura, dibujo, boceto, grabado, escultura), aunque el propio exsecretario de Hacienda ha dicho que se trató de obras pictóricas, pero hasta ahora sin conocerse su valor económico individual y total, así como los papeles que amparen la legítima propiedad de las mismas.
Según las autoridades del gobierno de Peña, se trata de datos confidenciales que, de divulgarse, podrían contribuir a que se estime el patrimonio de Luis Videgaray, a quien señala como “persona física identificada”.
En la columna Agenda de la corrupción en Contralínea, se publicó que fue a través de un crédito inmobiliario del Grupo Higa como se financió la compra de esa casa en Malinalco, Estado de México.
La supuesta investigación realizada por el exsecretario Andrade terminó con la exoneración a Videgaray, al considerar que aunque en la compra-venta se involucró financieramente a un contratista del gobierno, “ésta se hizo apegada a derecho”.
Dicho crédito inmobiliario por 7.5 millones de pesos habría sido saldado por el exsecretario de Hacieda Videgaray a finales de 2012 y casi la tercera parte se liquidó supuestamente con tres piezas pictóricas en cuestión, valuadas en ese entonces en 2 millones 452 mil 492 pesos.
Sin embargo, fuentes del sector financiero sostienen que todo se trató de una burda simulación, pues no hay evidencias del origen de dichas obras ni el avalúo de las mismas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría abrir una investigación por presunto lavado de dinero, para que le finquen responsabilidades administrativas y penales al exsecretario de Estado. Para evitar la impunidad, el caso está en manos de la Secretaría de la Función Pública, que preside la doctora Irma Eréndira Sandoval, y de la Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero.
Puntos suspensivos… Dentro del gabinete, como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se prevé que continúen los cambios, pero los próximos no serán menores, como los ya ocurridos de subsecretarios o la renuncia del director general del IMSS, el panista Germán Martínez, sino que los próximos serán de secretarios de Estado. En ese panorama de cambios necesarios, ante la eventual salida de la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, ya se prevé al interior del gabinete que sería sustituida por el actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien allí haría un mejor papel que el ahora desempeñado en como policía, y a la SSP llegaría el general Audomaro Martínez, actual responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y quien ha logrado en poco tiempo una buena integración de los órganos de seguridad nacional, que incluye a la secretarías de la Defensa y Marina. El general Audomaro tiene la experiencia necesaria en materia de inteligencia y seguridad, además mantiene una buena relación con todos los integrantes del gabinete de seguridad, lo que permite atender con mayor eficacia el problema grave de violencia que afecta a todo el país. Como se sabe, el general Audomaro tiene además la confianza del presidente de la República y su promoción permitiría una mejor coordinación con los cuerpos policiales y militares del país. Estos cambios serían necesarios para hacerle frente al crimen organizado al mismo tiempo de hacer un trabajo de labor social para disminuir la pobreza y la desigualdad que afecta a por lo menos 80 millones de personas… Para aquellos que han seguido con atención la investigación por corrupción que tiene abierta el director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien oficialmente está “suspendido” en su responsabilidad hasta que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de la doctora Irma Eréndira Sandoval, resuelva en definitiva su situación laboral y administrativa, pues les informamos que este funcionario petrolero sigue en funciones y sentado en su despacho ubicado en Villahermosa, Tabasco. A pesar de haber sido retirado del cargo en lo que se llevan a cabo las indagatorias por su participación en la firma de contratos de servicios con universidades y que fueron ilegalmente transferidos a empresas fantasmas, Lozada Aguilar sigue despachando al frente de las oficinas de PEP, sin que la doctora Sandoval se entere, lo que viola la normatividad de la SFP y vulnera la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó que se le retire definitivamente del cargo. ¿Será que el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, desconoce esta situación?… En la principal empresa productiva del Estado, Pemex, se ha desatado una lucha interna por el poder y el control de puestos claves para la asignación de contratos que, según se estima, ascenderán a más de 200 mil millones de pesos para reactivar la industria petrolera. Esta es una de las razones por las cuales Miguel Ángel Lozada Aguilar se resiste a dejar el cargo y espera un “milagro” para continuar al frente de PEP. Para ello se ha dado a la tarea de bloquear el trabajo de Abraham Alipi, ese joven tabasqueño que acaba de ser nombrado como subdirector de Servicios a la Explotación en PEP, por instrucciones directas de Palacio Nacional y quien cuenta con la confianza y amistad del presidente de la República, pero que ha tenido que remar contracorriente para limpiar el cochinero que dejaron sus antecesores y detener a nuevos funcionarios petroleros que buscan quitarlo del cargo. Uno de los principales operadores de la Dirección General de Pemex es sin duda Marcos Manuel Herrería Alamina, director corporativo de Administración y Servicios (quien por cierto no aparece con registro alguno de cédula profesional ante la SEP), ha tomado prácticamente el control de la paraestatal petrolera en cuanto a negocios se trata sin tener conocimiento en materia petrolera. Sería bueno que las secretarias de Energía, Rocío Nahle, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, revisen con lupa los contratos petroleros que firmen u ordenen esos funcionarios para evitar un manejo indebido de recursos públicos. Imagínense que Herrería Alamina estuvo en Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas capitalina en el gobierno de Miguel Ángel Mancera… Otro funcionario petrolero del cual tendrán que estar atentos los órganos de control y vigilancia en Pemex es del director de Pemex Logística, Javier González del Villar (sobrino del famoso Samuel del Villar), quien tiene a su cargo los 32 mil kilómetros de ductos donde se transportan productos petrolíferos por todo el territorio nacional, pues es en esas tuberías es en donde se da el huachicol de combustibles. Por cierto, uno de los operadores de González del Villar en Pemex es Juan Pablo Martínez Iglesias, quien sin tener cargo público en la empresa petrolera le abren todas las puertas de la paraestatal.
Miguel Badillo

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Gobierno federal acuerda refinanciamiento de deuda de Pemex por 8,000 mdd

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El Gobierno de México concretó el refinanciamiento de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) con 23 bancos nacionales y extranjeros, por un monto de 8 mil millones de dólares, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de twitter @lopezobrador_.
El Ejecutivo Federal aparece en breve video en un salón de Palacio Nacional acompañado por los banqueros donde expresó que “es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen confianza”.
Agradeció el apoyo para mantener solvente a Pemex, empresa que, reiteró, es una prioridad para el gobierno de México. Por parte de los banqueros que firmaron el acuerdo, Niño Matos, CEO de HSBC en México, señaló que se tiene confianza en el manejo que actualmente se hace de Pemex.
“Vamos a saber corresponderles, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Pemex es una empresa fundamental para el desarrollo de nuestro país. Quedó maltrecha porque no se administró adecuadamente, sobre todo no se administró con honestidad”.
Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, explicó que el acuerdo de mayo consiste en el refinanciamiento de deuda por un monto de 2 mil 600 millones de dólares más la renovación de dos líneas de créditos hasta por 5 mil 500 millones de dólares. 

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Recuperó la ciudad su liderazgo en creación de empleos, señala la STPS

 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de junio de 2019, p. 38
En mayo la Ciudad de México se posicionó como la entidad con mayor número absoluto de empleos nuevos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Con 21 mil 197 nuevos empleos formales registrados, la capital del país prácticamente triplicó al estado de México, segunda entidad en cuanto a nuevos empleos generados ante el IMSS, con 7 mil 404, añadió.
En tercera y cuarta posición se ubican Tamaulipas y Chihuahua, con 4 mil 679 y 3 mil 891 empleos, respectivamente.
Se observa que en lo que va del año la urbe acumuló 41 mil 399 nuevos empleos formales.
Así, esta entidad recuperó su liderazgo en cuanto a generación del empleo formal a nivel nacional, superando lo observado en Jalisco (segundo lugar, con 37 mil 861 nuevos empleos); Nuevo León (tercer lugar, 30 mil 660), y Querétaro (cuarto sitio, 27 mil 641), indicó la dependencia federal.
Antes informó que el Gobierno de la Ciudad de México promoverá la capacitación y certificación de competencias laborales en las 16 demarcaciones territoriales.
Agregó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo y las circunscripciones conjuntarán esfuerzos a fin de promover cursos de capacitación para y en el trabajo, evaluar con fines de certificación de competencias laborales a los habitantes de la demarcación territorial que buscan un empleo, así como a la población trabajadora tanto del ámbito privado como del sector público.
La STPS informó también que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cuarto trimestre de 2018 el número de personas en la ciudad que cuentan con un empleo asciende a 4.2 millones. A ese conjunto de población se dirige la capacitación en el trabajo.
Por otra parte, más de 227 mil personas buscan empleo, por lo que a ese grupo focal se dirige la capacitación para el trabajo; y a ambos, la certificación de competencias laborales.

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Mantendrá el Conacyt el Sistema Nacional de Investigadores

Elena Álvarez-Buylla justifica la contratación de un comedor que usa productos de mejor calidad // Defiende la directora del consejo gestión financiera acorde con la 4T
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▲ La directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, acudió ayer a la conferencia mañanera de AMLO.Foto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de junio de 2019, p. 39
Al presentar un informe sobre el ajuste de gastos que está aplicando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), su directora, Elena Álvarez-Buylla, defendió la contratación de un nuevo servicio de comedor para los trabajadores con insumos de mejor calidad.
También, aseguró que el SistemaNacional de Investigadores se mantendrá, así como el de cátedra de Conacyt, y adelantó que buscará un acercamiento con científicos en el extranjero para controlar la llamada fuga de cerebros.
Álvarez-Buylla participó ayer en la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta a los cuestionamientos por la contratación de un servicio de comedor más costoso, aseguró que en el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores está definido este apoyo.
Señaló que al entrar al anterior comedor se percató que la comida que se servía ahí no era digna de un trabajador, de un ser humano en términos realmente de la calidad de alimentos por el exceso de grasas, harinas fritas, lácteos y azúcares que se usaban.
Luego de subrayar que durante mucho tiempo se ha dedicado a estudiar la relación entre agricultura sustentable, agroecología y la alimentación sana sin tóxicos, dijo que no haber tomado la medida iría completamente en contra de mis principios éticos y de mi conocimiento.
Sostuvo que el menú completo no cuesta 700 pesos como fue difundido, sino 279 pesos, y explicó que los trabajadores de menores ingresos reciben una subvención para no pagar completa dicha cantidad, pero conforme va subiendo el escalafón, va disminuyendo la subvención.
En la conferencia de hora y media, fue cuestionada por la presunta salida de catedráticos del Conacyt. Al respecto indicó que el Sistema Nacional de Investigadores se mantendrá como un esquema complementario al salario de los especialistas que se fue deteriorando de una forma inaceptable en años anteriores.
Entre los proyecto que emprende el Conacyt, detalló que enviaron a un grupo de expertos que trabaja con la Marina para atender el tema del sargazo que afecta a playas mexicanas.
El problema se debe a una alteración global del ecosistema en el que influye el cambio de temperatura, uso de fertilizantes nitrogenados, y el desagüe de aguas negras. A partir de ello elaboran un expediente científico para tratar este problema.
Al ser cuestionada sobre la fuga de cerebros en el país, Álvarez-Buylla señaló que en el sexenio pasado se calcula que la cifra ascendió a 30 mil personas calificadas que dejaron el país.
Aseguró que muchos de los científicos e investigadores en el extranjero buscan colaborar con México, para lo cual ya crean redes de coparticpación.
Durante la conferencia, expuso que la actual administración está destinando más recursos para ciencia básica, ya en el sexenio anterior no se otorgaron fondos para concretar investigaciones.
A diferencia de otros países en los que el sector privado aporta hasta 61 por ciento de los recursos a ciencia y tecnología, en México la iniciativa privada sólo aporta 19 por ciento. En cambio, del total de recursos en la administración pasada, casi la mitad fueron de regreso a las empresas. No obstante, llamó a las compañías a trabajar en conjunto con el gobierno para impulsar mayores recursos a la investigación.