martes, 21 de mayo de 2019

Sener anunciará Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Alberto Montoya Martín del Campo, subsecretario de Transición Energética de la Secretaría de Energía, señaló que México avanzará en el desarrollo de energía renovables con base en tecnologías de frontera y en la eficiencia. Adelantó que en breve se dará a conocer el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico, que dará línea para alcanzar la meta de producción de energía con renovables.
Durante la inauguración de la 9ª edición del Mirec Week, dijo que es una prioridad de la nueva administración avanzar en materia de energías renovables y se hará de manera acelerada.
Destacó que se buscará que México tenga desarrollo de su propia tecnología como una necesidad. Mientras en la parte de eficiencia será por la parte de uso final de la energía, es decir, cambiar el uso de los energéticos, además de tecnologías que contribuyan a este objetivo.
Posteriormente, en entrevista con los medios señaló que “sí se cumplirá con la meta de generación de energía con renovables”, “tenemos que encontrar la forma integral para dar una respuesta técnico-económica que haga posible una incorporación más acelerada de las energías renovables”.
“Por supuesto que es posible cumplir con la meta”, “ya pronto va a salir el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico” donde se establecerán los lineamientos para cumplir con esos objetivos, el cual podría presentarse finales del mes en curso.
Cuestionado sobre el gran pendiente de las redes de transmisión, comentó que “anualmente se tiene que hacer una actualización, es un programa que requiere un constante proceso de actualización en función de la demanda y en función de las nuevas posibilidades de generación.”
“Hay que recordar que las redes de transmisión son más de 100 mil kilómetros y las redes generales de distribución con más de 860 mil kilómetros, es un sistema muy amplio y complejo, que está permanentemente siendo revisado y actualizado y llevando a cabo las obras necesarias de inversión”.
El subsecretario de la Sener también mencionó que la generación distribución y los techos solares son una de las alternativas que se ha considerado.

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Lanza la Cepal plan para el desarrollo integral de México y Centroamérica

 
Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2019, p. 3
Para solucionar el problema migratorio, el desarrollo económico debe colocarse al centro de la solución y priorizar la inversión pública y privada, aseveró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al presentar el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
Sostuvo que el plan tiene como meta incrementar la inversión total de los cuatro países, del actual 19 por ciento que registran en conjunto a 25 por ciento del producto interno bruto (PIB), e identificó cinco proyectos de inversión en energía e infraestructura para lograr una integración regional logística, eléctrica, en gas natural, ferroviaria y comercial.
Para poder resolver los problemas que tenemos en esta región necesitamos 25 por ciento del PIB en inversión, y sólo en infraestructura 6 por ciento, pero México está en 20.9 por ciento y Guatemala en 14.2 por ciento, indicó.
La Cepal hizo 30 recomendaciones o propuestas distribuidas en cuatro ejes programáticos o pilares que abarcan desarrollo económico, bienestar social, sustentabilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio, pero todo “enfocado en la seguridad humana, no en la seguridad nacional.
Seguridad de las personas
Ese es el verdadero cambio de paradigma: nos vamos a ir por la seguridad de las personas, sus derechos, su medio de vida y no la seguridad de las fronteras en términos de seguridad nacional... Para que la migración sea una opción y no una obligación, ponderó Bárcena al exponer el documento en Palacio Nacional, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, legisladores federales y embajadores de los países centroamericanos.
Los pilares del plan son desarrollo económico a partir de la fiscalización e inversión; la integración comercial, energética y logística entre los cuatro países; el bienestar social con educación, salud y trabajo, así como la sustentabilidad ambiental y la gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana en la que se respeten los derechos, medios de vida y seguridad centrada en las personas.
La gente no emigra por gusto y Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo, incluso más que Medio Oriente, cuya población con mayores ingresos gana casi 70 veces más que la de menores ingresos, además de que en Honduras, El Salvador y Guatemala sólo se generan 127 mil empleos, frente a 362 mil que se requieren cada año para los jóvenes, expuso como causas de la migración.
Sobre los proyectos de infraestructura, la titular de la Cepal destacó la construcción de un gasoducto de 600 kilómetros para la integración entre el sur de México y América Central para llevar el exceso de gas natural de América del Norte y bajar los costos.
Central energética
También habló de una terminal de gas natural en Puerto Cortés, Honduras, y la central energética de 300 megavatios, con un costo estimado de mil 200 millones de dólares, así como de la interconexión del sistema eléctrico mexicano al centroamericano, con un infraestructura de 165 millones de dólares y 300 millones para la conexión entre México y Guatemala que, dijo, abaratará costos y puede ir a la par que la integración digital.
Planteó también la conectividad de los cuatro países mediante el ferrocarril, con 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta Puerto de la Libertad, en El Salvador, además de 225 kilómetros de ramales ferroviarios para conectar las ciudades de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El quinto proyecto de infraestructura se refiere al mejoramiento de la infraestructura fronteriza a lo largo de 950 kilómetros entre México y Guatemala, con nuevas instalaciones de turismo, migración y aduanas, además de una carretera que conecte el eje turístico El Narango y Flores de ese país con Tenosique, Tabasco.
En materia social, Bárcena indicó que se debe crear una red de escuelas seguras para retener a 500 mil niños y adolescentes en su lugar de origen, o mecanismos para ayudar a las familias de los migrantes a armar sus propios negocios e integrarse a cadenas productivas y al sistema financiero, porque las cuatro naciones reciben 57 mil 500 millones de dólares al año.
Bárcena ofreció que las 16 agencias de la Organización de Naciones Unidas, como es la misma Cepal y el Fondo para la Infancia, trabajarán hermanadas con los gobiernos de la región en la implementación del plan, que calificó de iniciativa a escala mundial y se convocará a todos los países a que nos vengan a ayudar para que esta región sea la más próspera.

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Urge apuntalar el sistema de transmisión de energía eléctrica

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Especialistas alertaron sobre la urgencia de desarrollar el sistema de transmisión de energía eléctrica, ya que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lleva 14 meses en estado de emergencia porque están llegando a su capacidad máxima, y en algunos casos se ha visto obligado a “tirar carga” y de más “apagones”.
Durante el panel “Panorama de proyectos de transmisión en México y Estrategias para el Desarrollo de la Red” en el marco de la 9ª edición del Mirec Week, Santiago Barcón Palomar, director de Baorgg, el SEN tiene 14 meses en estado de emergencia, hay menos de 3 por ciento de reserva cuando el mínimo debería ser de 6 por ciento.
Explicó que ese margen es “porque si falla una planta o una línea de transmisión sale sigue operando durante el apagón, y como el sistema está tan débil al llegar las seis de la tarde en demanda punta, se comete el pecado capital que es desconectar a los usuarios, lo que en términos eléctricos se conoce como tirar carga.”
Al respecto, Edmundo Gamas, director ejecutivo del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, dijo que “estamos llegando a la capacidad máxima, tienes que reducirla de alguna manera, y una manera sería vía precios, pero nunca hemos sido flexibles para establecer cobranzas por horas o por señales económicas.”
Advirtió que “el sistema ya no puede con la carga actual, menos lo hará con una mayor generación prevista por la nueva administración”.
“No podemos seguir creciendo la generación sin incrementar la transmisión, estamos llegando al punto donde los proyectos están quedando bloqueados porque no pueden transmitir. La transmisión requiere inversiones enormes a 20 años, a un precio que no influya a la alza en las tarifas eléctricas.”
Reconoció que el reto es mayor cuando el nuevo modelo del gobierno, que no quiere aceptar deuda nueva, pero tampoco quiere apoyarse en el sector privado, y tampoco se pueden hacer APPs en transmisión. La presión presupuestal actual en el corto plazo no da margen de maniobra al gobierno para disponer de recursos en la parte de la transmisión.
Edmundo Gamas subrayó que “se necesitan cambios jurídicos en la parte de consulta a las comunidades, pues México es el único país donde una sola persona puede parar un proyecto “es increíblemente fácil”, y no quien diga que los inversionistas son emprendedores que buscar el desarrollo.
En necesario “hacer un cambio jurídico, más moderno y ágil, así como contemplar el derecho de paso que no es lo que mismo que la expropiación, aunque el Estado te puede compensar por eso.”
En tanto, David Cridodtomo, director para Latinoamérica de IHS Markit, dijo que la Reforma eléctrica metió muy poco énfasis a la transmisión o prácticamente nulo. No podemos sacar esa energía al centro del país proveniente de Oaxaca que se ha convertido en una isla, porque hay varios proyectos de las subastas eléctricas.
Agregó, que aunque finalmente se cancelaron las subastas de líneas de transmisión, el gobierno tampoco tenía resuelto el problema de las consultas sociales y eso “manda señales muy graves”, primero por la necesidad inmediata para que esas líneas se concretaran y poder atener la oferta y demanda.
Después, el país sigue sin un modelo financiero para la colocación de líneas de transmisión, no está claro si es definitivo y posteriormente el gobierno las retomará solo o con la iniciativa privada. A esto se suma que el sector de distribución también está completamente congelado.
En ese sentido, consideró que en los siguientes años no veremos grandes proyectos por la falta de capacidad de transmisión. Además, el marco regulatorio está guardado, el gobierno ha criticado   muchos mecanismos regulatorios, pero tampoco ha hecho muchos cambios salvo cerrar -un poco- la puerta de la CFE.
Algunos mecanismos diferentes podrían reactivar nuevos proyectos, pero sí no creces al mismo rito en infraestructura de transmisión cómo avanzar más en generación. Hay regiones como el noreste del país donde no se puede evacuar la energía, y otras más que en el mediano plazo tendrán problemas de evacuación.
Crisóstomo consideró que quizá haber detenido las subastas puede dar oportunidad a checar el tema de la transmisión.

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En reunión AMLO-CNTE, maestros exponen inconformidades por reforma educativa

Movilización masiva de la CNTE en la CDMX. Foto: Alejandro Saldívar
Movilización masiva de la CNTE en la CDMX. Foto: Alejandro Saldívar

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi cuatro décadas desde su creación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue recibida por un presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre sus inconformidades por la reforma educativa.
Una comisión integrada por 50 personas (representantes de la organización magisterial de 24 entidades federativas) arribó esta tarde a Palacio Nacional para el encuentro en el que planteó la conservación del “escalafón” como instrumento para medir promociones docentes, así como la participación sindical en la asignación de plazas y comisiones.

La CNTE, organización disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha mantenido su inconformidad desde que la reforma educativa de 2013, surgida del Pacto por México, canceló el control sobre las plazas laborales al gremio, una medida que se mantuvo con la reforma aprobada en días pasados tras la iniciativa planteada por el presidente López Obrador.
Entrevistados antes de su ingreso a Palacio Nacional, algunos de los dirigentes aceptaron responder cuál sería el objeto de la reunión. Eloy López, dirigente de la Sección 22, expuso que debía afinarse la propuesta de las leyes secundarias, con la intención de que se precise la participación del magisterio y no sólo se entienda que desean el control político y administrativo para vender plazas.
Además, la CNTE pidió hoy que los comisionados sindicales tengan garantizado su salario.
La comisión permaneció en el interior de Palacio Nacional durante tres horas, tiempo en el que entregaron un documento que establece sus inconformidades, así como los pendientes respecto de la reinstalación de los cesados, la libertad de presos políticos y la abrogación definitiva de la reforma de Peña.
Dicha reforma motivó movilizaciones en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y principalmente Oaxaca, sumando numerosos actos de represión, entre desalojos y otras acciones disuasivas en las que se registraron muertos, heridos y detenidos. El caso más emblemático fue el desalojo violento de la carretera México-Oaxaca, que culminó en la razzia de Nochixtlán en junio de 2016.
Aunque el dirigente de la Sección 9, Enrique Enríquez, consideró que la reunión fue exitosa, dirigentes como Pedro Bahamaca, de la Sección 7, advirtieron que de no aceptarse su posicionamiento mantendrán las protestas callejeras.
La CNTE regresará a Palacio Nacional el próximo lunes 27 para tener una respuesta por escrito del presidente López Obrador.

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Fundar corrige al SAT: Calderón y Peña condonaron 628 mil 937 mdp en impuestos

Encuentro Calderón-Peña en Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga
Encuentro Calderón-Peña en Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Fundar aseguró que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto condonaron en realidad 628 mil 937 millones de pesos de impuestos, no 400 mil millones, como lo informó esta mañana Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Esta diferencia de más de 200 millones de pesos debe ser aclarada por las autoridades”, exigió la organización, que desde 2016 emprendió una batalla legal para que el SAT transparente los nombres de los beneficiarios y los montos de las condonaciones y cancelaciones de impuestos previas a 2015.

Fundar también pidió que el SAT dé a conocer toda la información sobre los beneficiarios de cancelaciones de créditos fiscales durante los dos sexenios anteriores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues dicha información sólo está disponible a partir de 2015.
Según la organización, durante las gestiones pasadas el SAT canceló créditos fiscales por más de un billón 100 mil millones de pesos, equivalente a una quinta parte del presupuesto total de la administración federal para 2019.
Una condonación es producto de una negociación entre una empresa o un individuo –anulan la deuda mediante el pago de una multa o previo a entrar en un crédito mercantil–, mientras que el SAT cancela créditos fiscales cuando considera que éstos son “incobrables”, ya sea porque no tienen bienes embargables o porque son sociedades de papel.
En marzo pasado, Proceso dio a conocer que el SAT condonó impuestos a algunas de las empresas de 15 multimillonarios durante la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto, entre ellos Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández Ramírez y David Peñaloza, quienes integran la exclusiva lista de la revista Forbes de 2019.
En paralelo, el gobierno de Peña Nieto canceló créditos fiscales por cientos de miles de millones de pesos a personas morales, entre ellas dos empresas fantasmas vinculadas con el presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral de 2012 por medio de los monederos Monex, como lo reveló Proceso. Tan sólo en 2017 el SAT canceló 226 mil 434 millones de pesos de contribuciones “omitidas”.
Decretazo
Si bien saludó que en la mañana López Obrador firmara un decreto en el que se comprometió a no condonar impuestos, Fundar insistió que “para mejorar el régimen en torno a la implementación de beneficios fiscales de forma permanente, es necesario reformar el Código Fiscal de la Federación y limitar las facultades del Ejecutivo para diseñar otro tipo de programas de amnistía fiscal similares a la condonación de impuestos”.
Margarita Ríos-Farjat informó esta mañana que entre 2007 y 2018 el SAT condonó más de 400 mil millones de pesos a 153 mil 530 contribuyentes, pero 108 de ellos concentraron más de la mitad de las condonaciones y 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Sin embargo, dijo, no se podrá revelar el nombre de 45 de ellos porque cuentan con un amparo que protege sus datos.
“Esta información confirma que los principales beneficiarios de las condonaciones son los grandes contribuyentes”, insistió Fundar.

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Ponen fin a la condonación de impuestos

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Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2019, p. 16
A partir de la administración de Vicente Fox los gobiernos otorgaron condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados por más de 400 mil millones de pesos –a valor actual–, de los cuales 54 por ciento –213 mil millones– se concentró en 108 personas morales.
“Es como un huachicol de cuello blanco”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de firmar un decreto que pone fin a esas prácticas abusivas, excesivas e injustas.
Durante la conferencia de prensa mañanera, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, detalló los alcances de esas condonaciones, pero sin dar a conocer nombres: se benefició a 153 mil contribuyentes, de los cuales 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En 10 de esos casos forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones.
Ríos-Farjat aseveró que se trataba de una práctica creciente, amparada en disposiciones de la Ley de Ingresos y distorsiones de una facultad presidencial contenida en el artículo 39 del Código Fiscal.
Mencionó que en el sexenio de Felipe Calderón se acogieron a ese beneficio 18 mil 302 contribuyentes, cifra que para la administración de Enrique Peña Nieto se incrementó a 135 mil 228.
Los beneficios para esas empresas ascendieron a 161 mil millones de pesos en el sexenio de Calderón a valor actual y fueron 238 mil 971 millones las condonaciones en el periodo 2013-2018.
De los 108 que recibieron mayores beneficios, se ampararon 45 para que no se diera a conocer su información, ante resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai).
Las condonaciones a quienes promovieron esos 45 recursos jurídicos ascienden a 134 mil millones de pesos, aseguró Ríos-Farjat.
Al condenar ese trato privilegiado, López Obrador manifestó que el decreto que firmó pretende acabar con privilegios fiscales. Es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad. Deben contribuir más los que obtienen más ingresos. En este caso, muy al contrario, los de mero arriba, en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía.
El Presidente adelantó que el detalle de esos datos será entregado al Inai y al Poder Judicial, con el fin de que determinen si se da a conocer la información completa que van a tener en sus manos.
Ayer no se difundió a partir del secreto fiscal.
En el decreto mencionado se estipula que se dejan sin efecto los decretos o disposiciones de carácter general emitidos por el titular del Ejecutivo mediante los cuales otorgaron condonaciones a deudores fiscales.
Ríos-Farjat precisó que se contemplan excepciones consideradas cuando se instituyó la figura encaminada a atender la recuperación económica de una región tras emergencias o cuando enfrenta problemas económicos.
Sin embargo, a partir de Fox esas excepciones se generalizaron para otorgarlas bajo otro esquema y ampliando los márgenes de beneficios.
Si de 2000 a 2006 era una condonación de entre 10 y 12.5 por ciento, en 2006 fue de 80 por ciento previo pago de 20 por ciento de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución.
Medida razonable: Concamin
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) calificó de razonable el decreto que da por concluidas las condonaciones fiscales a las grandes empresas. Sin embargo, advirtió que revisará la disposición para evitar que se liquiden los incentivos.
Es algo razonable que haya piso parejo al sector de la industria, desde la pequeña hasta la gran industria, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, tras la inauguración de la Convención Nacional de Industriales.
En otro orden de ideas, Ríos-Farjat informó que en 2019 se incrementó 11 por ciento la presentación de declaraciones de personas físicas, al pasar de 5.6 millones a 6.2 millones en relación con 2018.
La recaudación en términos reales, en enero-abril, creció 4.5 por ciento respecto del mismo periodo el año anterior. Hay un aumento de 95 mil millones de pesos. Hacia el 23 de abril se alcanzó ya la recaudación del primer billón de pesos.
(Con información de Julio Reyna)


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México elimina aranceles impuestos a EU tras acuerdo en importaciones de acero y aluminio

Las manzanas fueron gravadas. Foto: Tomada de Twitter
Las manzanas fueron gravadas. Foto: Tomada de Twitter

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CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Después de que Estados Unidos decidió eliminar las tasas impositivas a las importaciones mexicanas de acero y aluminio, la Secretaría de Economía (SE) decidió eliminar las represalias a diversos productos de origen norteamericano.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que la estrategia de represalias puesta en marcha por el gobierno a ciertos productos estadunidenses entre los que destacan los agrícolas, fue determinante para que los tomadores de decisión en el vecino país del norte presionaran a la administración de Donald Trump para que eliminara la medida 232 al acero y aluminio provenientes de México.
En junio del 2018, México impuso gravámenes de entre 15 y 25 por ciento a los productos de acero y algunos bienes agrícolas, como piernas y paletas de carne de cerdo, manzanas, arándanos, quesos, papas y whisky de Estados Unidos.
Esos impuestos fueron por un monto cercano a tres mil millones de dólares, valor que fue equivalente al daño que recibiría México por la medida del gobierno estadunidense.

Según la SE, el acuerdo de eliminación de aranceles entre México y Estados Unidos anunciado el viernes 17 de mayo, fue posible gracias a la firme postura que mantuvo en todo momento la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín de no aceptar cuotas como solución y de que la única opción aceptable para México era la eliminación de la medida.
“La Secretaría de Economía se mantuvo siempre opuesta a considerar una solución vía cuotas, reconociendo las distorsiones potenciales de un comercio administrado y su convicción de que el libre comercio seguirá fortaleciendo la competitividad y la prosperidad de América del Norte”, acotó.
Por otra parte, agradeció al gobierno canadiense el haber mantenido una visión compartida con México respecto a la solución deseable para estos aranceles aplicados por Estados Unidos bajo la sección 232.
De esta manera, la Secretaria de Economía aseguró que trabajará con la Oficina del Representante Comercial de en la implementación del acuerdo alcanzado el viernes pasado, garantizando la competitividad de los sectores acerero y de aluminio mexicanos y promoviendo la creación de un mercado competitivo en América del Norte.

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Nacionalización, la decisión histórica que cambió a Bolivia

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La Paz, Bolivia. La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 por parte del presidente Evo Morales, fue una decisión histórica que desde entonces marcó el crecimiento económico, político y social de Bolivia.


El 1 de mayo de ese año, Morales promulgó el Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco” que nacionalizó esos recursos naturales a favor del pueblo boliviano, y reactivó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa más importante del país.
La nación andino-amazónica obtuvo desde entonces 37 mil 484 millones de dólares por concepto de renta petrolera, ingresos que benefician a las gobernaciones, municipios, programas y proyectos en los sectores de la salud, educación, vivienda, empleo, producción de alimentos, entre otros que elevan la calidad de vida de los bolivianos.
Asimismo, financia gran parte de los bonos y rentas sociales para beneficios de niños y jóvenes (Juancito Pinto), madres solteras (Juana Azurduy) y personas de la tercera edad (Renta Dignidad).
Óscar Barriga, presidente de YPFB, aseguró que esa decisión hoy impide que los ingresos de la renta petrolera vayan a parar a manos de empresas privadas trasnacionales fuera de Bolivia.
Barriga definió la nacionalización de los recursos naturales como el pilar fundamental para el ingreso de la nación andino-amazónica a la era de la industrialización, proceso que incrementa los ingresos por la venta de gas.
La construcción de las plantas de Separación de Líquidos Río Grande y de Gas Licuado Natural en Santa Cruz (este), la Carlos Villegas de Tarija (sur) y la de amoniaco y urea de Cochabamba (centro), entre otros proyectos, evidencian el desarrollo de esa iniciativa iniciada en 2006 con una inversión de 2 mil 84 millones de dólares.
Asimismo, YPFB y las empresas operadoras invirtieron 14 mil 115 millones de dólares hasta 2018 para garantizar la producción e incrementar las reservas hidrocarburíferas, estas últimas valoradas en 70 mil millones de dólares.
Históricas inversiones producto de la nacionalización fueron destinadas a las actividades de exploración y explotación para incrementar las reservas y niveles de producción gasíferos, además de otros proyectos relacionados al transporte, refinación y almacenaje para el abastecimiento del mercado interno.
Para el periodo 2019-2025, se prevé invertir 9 mil 800 millones de dólares en la industrialización y en acuerdos con países de la región, como parte de la internacionalización de YPFB.
Los beneficiarios del negocio del gas son todos los bolivianos, absolutamente todos, destacó.
Recordó que el pedido de los bolivianos de ingresar a la era de la industrialización se hizo realidad cuando el presidente Morales instruyó en septiembre de 2017 comenzar las operaciones de la Planta de amoniaco y urea.
La instalación, con una capacidad de producción de 2 mil 100 toneladas métricas por día del fertilizante, cuenta con una sección para obtener amoniaco y la otra, a partir de ese gas, producir urea granulada.
Precisó que, para esa planta, el primer proyecto petroquímico boliviano, YPFB invirtió alrededor de 958 millones de dólares con vistas a la construcción, fiscalización y obras complementarias, y que consolidó al país como exportador de urea con perspectivas de diversificar la cartera de clientes.
Otros proyectos desarrollados actualmente por la petrolera son la Planta de propileno y polipropileno, metanol, nitrato de amonio, las unidades de remoción de mercurio en las plantas de separación de líquidos, de producción de urea formaldehido, entre otros que prevén ingresos económicos significativos.

Cambios en la matriz energética

Un mayor acceso de la población al gas natural es otro de los beneficios de la nacionalización en Bolivia, pues registraba en 2006 un consumo de alrededor de 4.3 millones de metros cúbicos por día (MMCD) y, al cierre de 2018, un crecimiento de más de 13 MMCD, según estadísticas de YPFB.
Esa estrategia impulsó a la industria nacional con un combustible accesible y más limpio, además de lograr, a partir del energético destinado a las plantas de separación de líquidos y petroquímicas, la autosuficiencia en Gas Licuado de Petróleo (GLP), la exportación de excedentes y la producción de fertilizantes.
Bolivia cuenta con cerca de 1 millón de instalaciones de gas domiciliario, cobertura posible gracias al Sistema Virtual de GLN y las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) y que también benefician a comunidades intermedias donde no llegan los gasoductos convencionales en regiones fronterizas.
En 2016 inició sus operaciones la planta de licuefacción de gas natural de Santa Cruz, responsable de procesar el energético para producir gas licuado y transportarlo a través de cisternas criogénicas hasta las ESR.
Para 2019, YPFB incorporará 4 millones de MMCD al mercado interno y cumplirá con las exportaciones hacia Brasil y Argentina, además de perforar 26 nuevos pozos en los departamentos de Pando (norte), Beni (norteste), La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca (sureste) y Tarija.
Asimismo, destinará 173 millones de dólares para superar el millón de instalaciones de redes de gas a domicilio, servicio que beneficiará a más de 5 millones de bolivianos y que actualmente sólo cubre el 65 por ciento del país.
A 13 años de la nacionalización, Bolivia define su presente y futuro sobre la base de que sus recursos naturales y empresas estratégicas son propiedad del pueblo, decisión que marcó la historia de un país que lidera por varios años el crecimiento económico de la región.
Nara Romero Rams/Prensa Latina

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