martes, 14 de mayo de 2019

Sentidas Condolencias.


El Sindicato Mexicano de Electricistas lamenta el sensible fallecimiento del compañero Eduardo Bobadilla Garrido, padre de nuestro compañero Eduardo Bobadilla Zarza, Secretario del Trabajo.

La ausencia del C. Eduardo Bobadilla Garrido, deja un espacio que nadie podrá llenar, un smeita que peleó cada día, que formó una familia de lucha, misma que honrará su memoria.

Desde aquí, envíamos un abrazo solidario y esperamos que la familia halle consuelo en su corazón.

Donde quiera que se encuentre, ahora nos guía.

Martín Esparza Flores.
Secretario General.

Comité Central y Comisiones Autónomas.
CDMX a 13 de Mayo de 2019.

Invitación a la Jornada AntiImperialista.


La CFE y los personeros: herencias del Grupo Atlacomulco

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Lejos de renunciar a los jugosos negocios logrados por décadas al amparo del poder, los responsables de haber disparado (en el pasado sexenio) los costos de obras como el Aeropuerto Internacional de Texcoco y el Tren Interurbano México-Toluca, amén de la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora se aprestan a seguir operando a través de personeros como el actual director de Distribución de la empresa productiva del Estado y exdirector general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Nevárez Elizondo.


El citado funcionario forma parte del equipo de colaboradores de dos hombres ligados desde el inicio de sus carreras políticas al llamado Grupo Atlacomulco, que llegó al poder en la persona de Enrique Peña Nieto y que en sus últimos estertores aún pudo instalar en la gubernatura del Estado de México a su primo Alfredo del Mazo Maza.
Siendo gobernador el padre del actual mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo González, cobijó en su administración a Alfredo Elías Ayub, quien por 12 años y tres sexenios manejó como su propiedad a la CFE. Elías Ayub fue titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y más tarde, de 1985 a 1986, su secretario privado.
Del Mazo González fue nombrado titular de Energía Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) por el entonces presidente Miguel de la Madrid, y se llevó como su secretario a Elías Ayub, para hacerlo después coordinador de asesores.
Otro de los personajes que aparece a escena, en el fracaso de las que debieron ser las grandes obras sexenales de Peña Nieto, es el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ligado estrechamente al desaparecido exmandatario mexiquense, quien lo hizo su secretario general de gobierno. La amistad surgida con Elías Ayub en el sexenio de Del Mazo González le abrió las puertas de la CFE, donde fue director de Administración de 1999 al 2005.
Tras el triunfo de Peña Nieto al gobierno mexiquense, Ruiz Esparza fue nombrado secretario de Comunicaciones del Estado de México. Cargo que repitió  pero a nivel federal, cuando el exgobernador ganó la Presidencia de la República en 2012. A su amigo y viejo conocido del Grupo Atlacomulco, Alfredo Elías Ayub, le faltó salud para haber hilado su cuarto sexenio al frente de la CFE –lo hizo con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón–, y renunció al cargo en febrero de 2011.
El pasado 11 de febrero, el actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dio a conocer los nombres de los nueve exfuncionarios públicos responsables del “debilitamiento” de la exparaestatal. Entre ellos, y en primer lugar, citó a Alfredo Elías Ayub. Una de los señalamientos al exfuncionario consistió en haber permitido que la CFE apenas genere el 50 por ciento de la energía eléctrica en el país.
Semanas más tarde, Bartlett y funcionarios como el director general de Cfenergía y CFE Internacional, Santiago Reyes Hernández, dieron a conocer que, en efecto, Elías Ayub y sus sucesores –dos al final del gobierno de Calderón: Antonio Vivanco y Jaime González, y tres en el sexenio de Peña Nieto: Francisco Rojas, Enrique Ochoa y Jaime Francisco Hernández– dejaron una deuda de 60 mil millones de dólares por los factores que ahora señalo.
Pasivo Laboral, 19 mil millones de dólares; Productores Externos de Energía, 7 mil millones de dólares; Obra Pública Financiada (OPF), 7 mil millones de dólares, y Gasoductos Detenidos, 16 mil millones de dólares (teniendo en puerta la negociación de otros 10 mil millones por los llamados Proyectos de Inversión Diferida, Pidiregas).
Todavía en octubre del pasado año, durante el periodo de la transición, Bartlett denunció el abandono en que se dejó a la infraestructura de la empresa y anunció que se impulsarían proyectos de generación para dejar de comprar la electricidad a los particulares con los cuales se tienen contratos de compra firmados para los próximos 15 años.
Con los antecedentes de corrupción e ineficiencia de estos funcionarios, era de esperarse un cambio en la asignación de puestos estratégicos en el sector energético. Por eso llamó poderosamente la atención el retorno a la CFE de Guillermo Nevárez Elizondo, quien renunció a la Subdirección de  Distribución para ser designado por Gerardo Ruiz Esparza como director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, en marzo del 2015.
En sus manos estuvo directamente buena parte del plan de “Mover a México en trenes”, anunciado con bombo y platillos al inicio del gobierno de Peña Nieto  y que terminó en rotundo fracaso al cancelarse la concesión del Tren México-Querétaro y elevarse en más de un 80 por ciento el costo inicial del Tren Interurbano México-Toluca.
Ruiz Esparza utilizó a Nevárez Elizondo para fabricar cortinas de humo buscando ocultar la corrupción en estos proyectos; en enero de 2017 el titular del Transporte Ferroviario y Multimodal acudió al puerto de Veracruz a recibir el primer tren de los 30 que conectarán a la ciudad de México con el Valle de Toluca. Ante los medios, aseguró que la obra quedaría lista a finales de ese año para iniciar operaciones formales a principios de 2018. Y se aventuró a asegurar que las obras llevaban avances del 86 por ciento en las estaciones, un 66 por ciento columnas y un 69 por ciento en trabes.
Hasta la fecha, los hechos desmienten a Nevárez, pues así como no dio puntual respuesta, las investigaciones del equipo de la periodista Carmen Aristegui sobre la participación directa del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray en las licitaciones del cancelado proyecto del Tren México-Querétaro, tampoco podrá explicar por qué una obra proyectada en 39 mil 886 millones  de pesos terminó con un sobreprecio de más de un 81.79 por ciento, para quedar en un costo final de 72 mil 512 millones de pesos, de acuerdo al estudio dado a conocer en febrero pasado por las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones.
En noviembre de 2017, habitantes de la comunidad de Santa María la Asunción Tepexoyuca, Estado de México, denunciaron actos de corrupción en la construcción de la obra ferroviaria por parte de la SCT y la Procuraduría Agraria del Estado de México. Los afectados señalaron de forma directa al director general del Transporte Ferroviario y Sistema Multimodal de haber entregado cheques por varios millones de pesos a ciertos representantes para permitir la continuación de las obras y el despojo de tierras a su comunidad.
Los pobladores expusieron que el funcionario permitió la violación a la suspensión 118/2017, expedida a favor de la comunidad por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que ordenaba detener las obras y respetar los derechos agrarios de los comuneros.
Pero las tropelías de Nevárez Elizondo y sus padrinos políticos no paran ahí. Hay muchos otros pendientes como los casos del socavón del paso exprés de Cuernavaca y la cesión de los derechos de cobro en autopistas como la México-Puebla a un Fideicomiso Maestro de naturaleza privada, como también el otorgamiento de jugosos contratos de compra de electricidad a trasnacionales. Todo un caso el de este funcionario que sin reunir el perfil de eficiencia y austeridad, logró incrustarse de nueva cuenta en uno de los cargos más importantes de la CFE, en el gobierno de la Cuarta Transformación. (Continuará).
Martín Esparza*/Primera parte

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CFE acuerda cancelar deuda histórica de Tabasco de 11,000 millones de pesos

La próxima semana, se firmará el convenio que se denominará “Adiós a tu deuda”, para ponerle punto final a un justo y añejo reclamo que inició en 1995.

CFE acuerda cancelar deuda histórica de Tabasco de 11,000 millones de pesos

El gobernador Adán Augusto López Hernández informó que se logró un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para cancelar los adeudos históricos de 11,000 millones de pesos de la resistencia civil, además de que se otorgará a Tabasco la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional que es la 1F.
Indicó que la próxima semana, se firmará el convenio que se denominará “Adiós a tu deuda”, para ponerle punto final a un justo y añejo reclamo que inició en 1995.
En Palacio de Gobierno, expuso que lograr el acuerdo no hubiese sido posible, sin los estudios que por nueve años elaboraron académicos de la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco (UJAT), sobre la temperatura media de 33 grados centígrados que registra la entidad todo el año.
Ante líderes partidistas, empresarios, religiosos, rectores, diputados locales y federales, alcaldes y miembros del gabinete estatal, mencionó que los ciudadanos deberán acudir una vez firmado el convenio a signar su contrato.
En este sentido, dijo que tendrán 180 días para regularizar su situación con otros 180 días prorrogables y así comenzar a pagar sus nuevos consumos.
Precisó que durante el periodo de regularización, no habrá cortes de luz a los usuarios del servicio doméstico, en tanto no celebren el convenio individual.
Asimismo, el gobierno estatal se compromete a regularizar sus propios adeudos que ascienden a unos 300 millones de pesos.
El mandatario resaltó que este acuerdo no sería posible, sin el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y, ahora, toca a los tabasqueños hacer su parte.
Puntualizó que, a su vez, la CFE invertirá en su infraestructura para que no haya más apagones por insuficiencia de transformadores o líneas.
erp

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CFE retomará Pidiregas para financiar proyectos de generación

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteró que retomará como medio de financiamiento de infraestructura los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), ya que se trata de un esquema que genera rentabilidad, por lo que la inversión se recupera con la generación de electricidad.
La CFE refirió que durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador, una reportera preguntó: “Quisiera preguntarle en el tema del sector energético, ¿por qué se decidió retomar el esquema de Pidiregas en el caso de la Comisión Federal de Electricidad?, ¿cuál es la razón?”.

La respuesta del Presidente fue: “Quedaron contratos pendientes y en vez de cancelarlos, se están usando. Este es el informe que yo tengo de este tipo de Pidiregas; son contratos que se establecieron en la pasada administración.
De todas maneras, le voy a pedir al Director de la Comisión que aclare sobre esto”. Al respecto, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz señaló que “El financiamiento programado que aplicaremos será a través de Pidiregas, mecanismo aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con su capacidad de repago y considerando que es un esquema que genera rentabilidad, por lo que la inversión se recupera con la generación de electricidad.”
“Contar con el esquema financiero antes mencionado, le permite a la CFE licitar a la mayor brevedad posible, cumpliendo con el objetivo de recuperar su capacidad de generación eléctrica.”

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Con la nueva ley laboral se reducirá el número de "huelgas eternas"

La autoridad podrá intervenir para que no se alargue el conflicto, señala Alfredo Domínguez Marrufo, de la Secretaría del Trabajo
 
Periódico La Jornada
Martes 14 de mayo de 2019, p. 13
Con la reforma laboral se reduce la posibilidad de huelgas eternas, ya que a los 60 días de iniciada un sindicato o la parte patronal pueden exigir a la autoridad laboral presentar una definición sobre cuál de las dos partes es la responsable y, en caso de no estar justificada, iniciarían mecanismos para terminarla, indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
No se puede garantizar que no haya huelgas largas, pero lo que se pretende es que se aminore la posibilidad de huelgas eternas. Se modificó la disposición que establecía que sólo los trabajadores podían solicitar la imputabilidad de la huelga. Se puede solicitar a la autoridad a quién se le imputa como responsable de que haya una huelga, indicó el subsecretario del Trabajo de la STPS, Alfredo Domínguez Marrufo.
En entrevista con La Jornada, explicó que ahora la parte patronal podrá solicitar la imputabilidad transcurridos dos meses de paro.
La reforma permite establecer criterios que den más amplias posibilidades de negociación tanto a trabajadores como a empleadores. La ley es el piso, los cimientos, pero quien tiene que construir las nuevas dinámicas y formas de negociar, son trabajadores y patrones, agregó.
Luego de la aprobación de la reforma laboral, el primer paso será la conformación de un consejo de coordinación para la implementación de dicha reforma integrado por instancias federales, del Poder Judicial y de los estados, tras lo cual se deberá crear un plan para atender el rezago de los casos de las juntas de conciliación y arbitraje locales y federal, que se transformarán en los tribunales laborales.
Actualmente, las juntas de conciliación acumulan medio millón de expedientes atrasados, algunos datan de hace 10 años, los cuales deberán desahogarse en un máximo de cuatro años.
En respuesta a las inquietudes sobre la reforma que han expresado sindicatos, grupos de abogados y empresariales, respecto de la opción que brinda para hacer varios sindicatos dentro de una misma empresa, Domínguez aclaró que esta posibilidad ya existía en la Ley Federal del Trabajo, pero ahora se extiende a los trabajadores de instituciones públicas y de gobierno.
Aunque podrán coexistir dos o más sindicatos en una misma empresa o institución, sólo el que tenga la mayoría de afiliados será el titular del contrato colectivo y será el que negocie con la parte patronal, mientras los beneficios deberán ser válidos para todos los sindicatos de la empresa.
La diferencia de cada gremio estará en el reparto de las cuotas sindicales, ya que éstas sólo se otorgarán al organismo al que cada trabajador se afilie.
En este escenario, dijo, los sindicatos tendrán que negociar entre ellos como parte de una dinámica sindical actual que debe girar hacia la democracia y no hacia el control de sindicatos únicos, y recalcó que la ley establece prohibiciones a la parte patronal para aplicar represalias a quienes decidan crear un nuevo sindicato.
Detalló que uno de los objetivos de la reforma es evitar la simulación, ya que actualmente hay salarios precarios porque es el patrón quien decide qué sindicato debe representar a los trabajadores... esto está sucediendo en México con unas tres cuartas partes de los sindicatos, son de protección, en donde los contratos y convenios de revisión se firman a espaldas.


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Queda uno de 7 paros iniciados

 
Periódico La Jornada
Martes 14 de mayo de 2019, p. 13
De las siete huelgas federales que estallaron durante la presente administración, sólo una continúa vigente. Se trata de una mina de piedra, arena y materiales de construcción en Hidalgo, donde los trabajadores exigen la firma de un contrato colectivo.
La subsecretaría del Trabajo federal indicó que en Matamoros, Tamaulipas, aún hay una empresa que funciona de manera parcial, mientras el resto ya lo hace con normalidad luego de que llegaron a frenarse operaciones hasta en 40 empresas de manera simultánea, aunque aclaró que dichos procesos se negociaron en instancias locales.