lunes, 6 de mayo de 2019

SME Mitin 30 de abril ANUEE

¡Festejemos a las madres SMEitas! Este 9 de mayo del 2019




El T-Mec o TLCAN implica pérdida de soberanía ENCRUCIJADA ENERGÉTICA EN MÉXICO


Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Miembro del
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG ). 
Programa del 04 de mayo de 2019,

Vincular mediante el T-MEC la reforma energética implica la pérdida de soberanía al no poder modificar nuestra propia constitución, sin que implique problemas con las grandes empresas petroleras extranjeras y nacionales...
...Está también la protección de inversiones en el nuevo tratado, tema del cual se habla poco, porque ahí es donde está la parte sustancial en donde las empresas extranjeras pondrán sus condiciones y tendrán trato de empresa nacional, con las mismas condiciones que PEMEX y ya mencionamos que su capacidad actualmente es limitada...

 
Con la llegada del nuevo gobierno de AMLO, se abrieron posibilidades de transformaciones en el Estado que pueden modificar las relaciones sociales, económicas y políticas. México viene de una larga crisis económica, política, social, una crisis sistémica que difícilmente se transformará en meses y quizá en un sexenio. Desmontar 30 años de reformas que liberalizaron la economía nos pone ante varios retos, dificultades y sobre todo límites reales para transformar la política económica nacional.
En ese sentido, uno de los temas de mayor trascendencia es sin duda lo referente al petróleo y electricidad, rubros que deben ser de seguridad nacional, y también de un gran debate nacional. El nuevo gobierno llegó a la administración pública de un Estado que decidió deliberadamente aniquilar su estructura productiva energética, sin inversión en PEMEX y CFE, cerrando de paso, Luz y Fuerza del Centro, echando a la calle y al desempleo a miles de familias.
Las últimas dos reformas energéticas, la del 2008 con Calderón y 2013-2014 con Peña Nieto terminaron por abrir a las empresas privadas, sobre todo estadounidenses, el mercado energético mexicano. Perdimos con esto, toda posibilidad de desarrollo nacional y de seguridad energética pues pasamos de tener una estructura productiva encadenada, desde la extracción hasta la venta de gasolinas y derivados de hidrocarburos, a extraer petróleo crudo y venderlo como cualquier materia prima.
Uno de los principales retos para este nuevo gobierno es volver productivas a PEMEX y CFE sin cancelar la reforma energética.
Esto nos deja ante un escenario en el cual, PEMEX compite con grandes empresas extranjeras en condiciones de desigualdad. Volver productiva a PEMEX comienza por aumentar la extracción de hidrocarburos en pozos petroleros ya maduros, aspecto que nos enfrenta a un límite geológico. Implica invertir en ciencia y tecnología para que tenga la capacidad en un futuro cercano, de extraer petróleo y gas no convencional, sobre todo en aguas profundas pues los pozos maduros en un futuro próximo, se agotarán.
Otro reto más es la vinculación de la reforma energética al nuevo tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá. El capítulo energético es de los más cortos pues unicamente hace mención a que todas las partes se comprometen a respetar la constitución mexicana en materia de energía. Las grandes empresas no necesitaron más.
Vincular mediante el T-MEC la reforma energética implica la pérdida de soberanía al no poder modificar nuestra propia constitución sin que implique problemas con las grandes empresas petroleras extranjeras y nacionales.
Implicaría, elevar la cancelación de contratos entre el Estado mexicano y empresas a tribunales internacionales, quizá a tribunales en EE.UU. donde seguramente no será fácil ganar. No es casual que la propuesta de nuevo embajador de EE.UU. en México sea un abogado experto en resolución de controversias internacionales: Christopher Landau.
Está también la protección de inversiones en el nuevo tratado, tema del cual se habla poco porque ahí es donde está la parte sustancial en donde las empresas extranjeras pondrán sus condiciones y tendrán trato de empresa nacional, con las mismas condiciones que PEMEX y ya mencionamos que su capacidad actualmente es limitada.
Otro de los retos ya lo estamos viviendo. La decisión de AMLO de revisar contratos ya firmados tiene que ver con los escándalos de corrupción. En América Latina esos escándalos ha metido presos a expresidentes y ha desestabilizado a varios países instalando la corrupción como uno de los principales descreditos de la clase política, dejando a la política como algo que de sí es corrupta, sin posibilidades reales de transformarla, si no es judicializando la política. En cambio en México, el tema ha estado bajo reserva hasta la fecha. La corrupción no es menor, pues es una de las formas de despojo a la nación y a las arcas públicas y es también, vehículo de acumulación de grandes empresas que a su vez le pagan a cabilderos y políticos.
Si el gobierno investiga los actos de corrupción una de las preguntas lógicas sería ¿quién aprobó y licitó los contratos, licitaciones entre el Estado y empresas? Hay dos entes autónomos que se encargan de este rubro: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Estas dos instituciones son clave, no por algo AMLO ha puesto el debate en estas dos comisiones.
Tanto la CRE como la CNH son dos órganos autónomos creados a partir de la reforma energética de 2013 y funcionan como dos instituciones de mercado que tienen la capacidad legal y política de intervenir en la política energética nacional. Por lo tanto, es crucial que las decisiones de política energética del nuevo gobierno, sean compartidas por estas dos instituciones. De no ser así, el nuevo gobierno, puede encontrar límites al momento de llevar a cabo su política energética y plan de rescate de la infraestructura energética nacional. En las últimas semanas, hemos visto como en el senado hay un rechazo de la propuesta del ejecutivo para designar a nuevos comisionados, mostrando así, los contrapesos de poderes en el Estado. Si algo comparten los actuales comisionados de ambas instituciones es su visión de mercado abierto e integración dependiente de EE.UU. La supuesta autonomía técnica, de gestión y operativa de estas comisiones pretende desvincular la política energética de las decisiones presidenciales y pretende ser autónoma del Estado, lo que a su vez provoca una difuminación del poder, dificultando así la gestión de la nueva administración.
La pretensión de autonomía de los órganos reguladores en materia energética es una falsedad toda vez que la designación de sus comisionados formaba parte de una cuota política y partidista, por obscuras negociaciones políticas, incluso, por escuelas en donde habían estudiado. Algo que comparten varios de los que hicieron política pública energética es haber pasado por los pasillos del ITAM, escuela vinculada a grandes empresas nacionales y extranjeras. Por otro lado, como menciona el ingeniero Víctor Rodríguez Padilla, los reguladores energéticos no son autónomos ni independientes pues la Ley de los Órganos Coordinados en Materia Energética pone a la Secretaria de Energía y a las autoridades reguladoras (CRE y CNH) en un plano horizontal. La cuestión por resolver es la visión de política energética que con el cambio de régimen ya no es compartida entre todas las instancias del gobierno.
Por otro lado, sin aumentar impuestos y sin emitir deuda, las posibilidades para financiar el proyecto energético de AMLO son complicadas. En un contexto de baja producción, de baja recaudación fiscal, y sin impuestos y deuda, las posibilidades se centran en exigir que aquellos contratos que ya estén en su fase de producción, realmente la aumenten en los siguientes años. Por esto, el presidente ha solicitado a las empresas que están produciendo en México que comiencen a dar resultados tras seis años de reforma energética.
Otro aspecto es la reducción de la carga fiscal para PEMEX. Esa propuesta de ley está ya en marcha y podría permitirle a PEMEX reinvertir en infraestructura, exploración y producción. Sin embargo, los resultados serán a mediano plazo y el contexto internacional de crisis económica puede ser un factor que ponga freno o límite a los objetivos energéticos de este gobierno.
Por último, en una carta escrita el 22 de octubre de 2018 por Roberta Jacobson, quien fuera embajadora de EE.UU. en México hasta mayo de 2018, menciona que la administración de Trump no dimensiona los esfuerzos realizados durante décadas para “combatir la vena antiestadounidense en México. Estábamos superando el recelo que una historia de invasiones, pérdida de territorio y propósitos imperialistas nos había legado”.(https://www.nytimes.com/es/2018/10/22/roberta-jacobson-trump-diplomacia/)
El proyecto al que hace referencia Jacobson viene desde la misma expropiación petrolera y tuvo uno de sus puntos más críticos hacia finales de los sesenta, en donde las empresas petroleras y el gobierno estadounidenses identificaron que PEMEX era un proyecto exitoso, que estaba financiando el desarrollo nacional y que podría servir como ejemplo para otros países de América Latina, incluso, de Medio Oriente.
La batalla por PEMEX es en gran medida, una batalla por el desarrollo nacional, pues las ganancias de PEMEX y CFE fueron trasladadas a las grandes empresas petroleras extranjeras y en menor medida a empresarios mexicanos que se beneficiaron de la reforma energética y también, se fueron al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, fideicomiso que se va al Banco de México y en el que la Secretaría de Hacienda es fiduciaria. Este último rubro, es una de las claves que podría posibilitar un desarrollo nacional o en su defecto, un gran hoyo fiscal que nos deje sin posibilidades de usar esos recursos para el bienestar del pueblo mexicano. 

5 de mayo

5 de mayo

mayo 3, 2019 | Por Miguel Barbosa
El 30 de abril, en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo con relación al T-MEC, que México había cumplido con su palabra y que ahora le correspondía a Estados Unidos cumplir la suya, ratificando este importante acuerdo comercial. Ojalá lo haga y esta nueva etapa del comercio exterior quede cerrada. Sirve recordar este dato del presente para recordar que nuestro país tiene por vocación y por convicción cumplir con sus compromisos internacionales y como norma fundamental la defensa de la soberanía nacional.
En la segunda mitad del siglo XIX por causas de fuerza mayor, el gobierno de la República no pudo cumplir con sus compromisos y las tres potencias más importantes de aquellos tiempos. Francia, España e Inglaterra amenazaron con invadir a México, una nación joven,  pobre, analfabeta; quebrada financieramente, dividida políticamente y recientemente despojada de más de la mitad de su territorio. Como siempre, los buenos oficios de nuestra entonces naciente diplomacia mexicana logró que España e Inglaterra regresaran, mientras que Francia, alentada por los conservadores nacionales, por la ambición de nuevos territorios en este lado del océano y para contener la expansión norteamericana avanzó con sus efectivos sobre nuestro territorio.
La guerra de intervención fue el intento de una potencia, para someter a una joven nación, la batalla del 5 de mayo de 1862, fue la resistencia heroica de un pueblo ante el invasor. Esta victoria logró la cohesión nacional, nos dio identidad y nos demostró que una sociedad unida, puede vencer al ejército más poderoso del mundo. A la batalla del 5 de Mayo siguió la muerte temprana del General Ignacio Zaragoza, el reagrupamiento y refuerzos de los franceses, la escasez de pertrechos de nuestro ejército y la sumisión vergonzosa de los conservadores. Meses después volvieron y tomaron Puebla y la Ciudad de México.
Maximiliano de Habsburgo intentó gobernar esta nación, no lo consiguió. El presiente Juárez, quizá en una de las acciones de mayor visión y dignidad marchó en su carruaje por la geografía nacional. Tampoco los ejércitos de Maximiliano y los conservadores pudieron vencer a los generales y capitanes de la república.
Finalmente, gracias a la fuerza y visión de Juárez, la destreza de sus generales y el apoyo del pueblo, Maximiliano y los conservadores fueron vencidos. Desde los intentos franceses nunca más una fuerza extranjera ha pretendido invadir a México, derrocar a su gobierno y apropiarse de su territorio. Qué bueno que con la verdadera reforma educativa, se volverá a impartir historia y civismo. Se trata de materias indispensables para comprender nuestro pasado y enfrentar el presente.
Para los poblanos, la conmemoración de la batalla del 5 de Mayo tiene un significado especial. Por supuesto que como mexicanas y mexicanos nos sentimos orgullosos, pero además recordamos la heroicidad y grandeza de Puebla. Hacia donde dirijamos la vista, nuestra ciudad nos recuerda su historia y su grandeza.
En estos momentos, Puebla necesita la reconciliación para construir la paz y el bienestar de los más de 6 millones de sus habitantes. Construir la paz para recuperar la seguridad y nuestra tranquilidad.
@MBarbosaMX

Asesinan a balazos en Guerrero a dos activistas indígenas

Foto
▲ José Lucio Bartolo (izquierda), integrante de los consejos Nacional del Gobierno y Nacional Indígena, y Modesto Verales Sebastián (derecha), promotor de ambas organizaciones, asesinados el sábado pasado en el municipio de Chilapa, Guerrero.Foto cortesía del CNI
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 6 de mayo de 2019, p. 25
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) informaron que fueron asesinados a balazos el concejal nahua José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, promotor de ambas organizaciones, cuando circulaban por el bulevar Eucaria Apreza, en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña baja de Guerrero.
Roberto Álvarez Heredia, vocero de seguridad del gobierno estatal, confirmó que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero investiga el doble homicidio y que los cuerpos fueron localizados en vehículo abandonado marca Chevrolet, color rojo sin placas de circulación.
El funcionario explicó que de acuerdo con la carpeta de investigación 12040190300144040619, entre las ropas de las víctimas fueron encontradas credenciales del Instituto Nacional Electoral, una del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria región centro de Guerrero que acreditaba a Bartolo Faustino como coordinador regional.
En un comunicado, el Cipog-EZ y el CNI informaron que “alrededor de las 6:30 horas del 4 de mayo fueron ejecutados nuestros hermanos el concejal nahua José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos promotores del Cipog-EZ. Los dos fueron miembros de nuestra organización, defensores de nuestros territorios y cultura, y sobre todo, constructores de la autonomía en sus comunidades.”
El sábado “tuvieron una reunión con otros miembros de su organización a las 16 horas en la ciudad de Chilpancingo. Se estaban coordinando para realizar movilizaciones, ya que diversas dependencias estatales y federales se han negado a tratar sus demandas sociales y políticas. De regreso a su comunidad fueron interceptados por grupos armados que los persiguieron y ejecutaron en la ciudad de Chilapa”, a pesar de la presencia del Ejército Mexicano y de las policías ministerial, estatal y municipal.
Recalcaron que las comunidades que los elegimos como concejal del Consejo Indígena de Gobierno (CIG)-Consejo Nacional Indígena (CNI) y como delegado de este último hemos estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno. Llevamos años alzando nuestra voz y la impunidad se mantiene. (El presidente) Andrés Manual López Obrador está plenamente informado del grave problema de violencia generado por los grupos criminales en el municipio de Chilapa de Álvarez. No podrá decir que no sabía.
Responsabilizamos “a las autoridades federales, estatales y municipales, que conocen perfectamente las actividades delictivas de Celso Ortega (líder del grupo criminal Los Ardillos) y permiten la impunidad de su organización delictiva y el asesinato de nuestros hermanos José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián.
Hacemos responsables de la integridad física de todos los integrantes del Cipog-EZ a Jesús Parra García, presidente municipal de Chilapa de Álvarez, al gobierno estatal y (al) federal.
Dirigentes del Cipog-EZ que pidieron omitir sus nombres detallaron que las víctimas estaban preocupadas porque se había excluido a más de 600 campesinos indígenas de 21 comunidades de los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa –productores de maíz y frijol– del programa de entrega de fertilizantes. Venían a dar seguimiento a los acuerdos con el gobernador (Héctor Astudillo Flores).
Los compañeros fueron arteramente asesinados en una acción en la que se coludieron los grupos de la delincuencia organizada y los tres niveles de gobierno, reiteraron en un comunicado conjunto.
Desde Chiapas, el CNI-CIG y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional condenaron el asesinato de Bartolo Faustino y Verales Sebastián en Guerrero.
“Nuestros compañeros fueron secuestrados y asesinados por grupos narcoparamilitares que operan en la región, con la complicidad y protección de los tres niveles del mal gobierno, que con desprecio y mentiras simula atender las demandas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas”, agregaron.
En un comunicado conjunto señalaron que “nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su policía comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, que controlan los gobiernos municipales de la región, con la complicidad del Ejército Mexicano y de las policías estatales y municipales, e incluso lograron imponer, en algún momento, a uno de sus líderes como presidente del Congreso de Guerrero”.
El Cipog-EZ y el CNI pedirán a la Organización de las Naciones Unidas que intervenga para trasladar a los cuerpos de las víctimas a sus comunidades de origen, toda vez que sus familiares no han podio recuperarlos debido a la violencia en la región.
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Urgente revisar todo

mayo 3, 2019 | Por Magdalena Galindo
Según informó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, se decidió posponer la discusión en la Cámara de Diputados, sobre la iniciativa presidencial referida a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, es decir, la que regula la parte sustancial de las pensiones de los trabajadores mexicanos.
El cambio legislativo que creó las Afores y las Siefores para privatizar los fondos de pensiones, ha sido una mina de oro para los empresarios y el gobierno y, al contrario, una pérdida millonaria para los trabajadores. Pocos ponen atención, pero es frecuente que los diarios registren lo que llaman minusvalías en los fondos de pensión. Hace unas semanas, por ejemplo, se reportó que en 2018, las pérdidas que resintieron los fondos de pensión fueron de nada menos que 9 mil 55 millones de pesos.
Las cifras que declara la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)  son intencionalmente confusas, pues fue la propia Consar la que informó de las pérdidas de más de 9 mil millones y luego, con objeto de publicitar la supuesta eficacia del sistema, informó que en marzo de este 2019 ya se había recuperado lo perdido en 2018. Y las cifras son completamente distintas, pues señala que de enero a marzo hubo plusvalías por 157 mil 757 millones de pesos, que superan las minusvalías del último trimestre de 2018 (obsérvese que sólo se trata de octubre a diciembre y no del año al que se refiere antes) que fueron de 138 mil 580 millones de pesos, monto que  supera  quince veces a las pérdidas de 9 mil 55 millones de pesos que había reportado para todo el año de 2018.
Lo que sucede es que unas veces se refiere a las pérdidas (o minusvalías) que se registran en la Bolsa de Valores, es decir las pérdidas reales en el manejo del fondo de pensiones de los trabajadores. Y en otras ocasiones, se refiere al aumento o disminución del total de los fondos, que por supuesto dependen no sólo de las ganancias o pérdidas en el mercado financiero, sino de los movimientos del empleo, esto es, del número de trabajadores que cotizan y de las aportaciones correspondientes de los patrones y el gobierno. O sea que las modificaciones en el monto total de los fondos de pensiones no pueden considerarse ni como ganancias ni como pérdidas.
Al margen de las trampas informativas de la Consar, lo que hay que decir es que el sistema de ahorro para el retiro que incluye la autorización de que las Afores inviertan esos recursos donde decidan de manera unilateral, ha significado una pérdida para los trabajadores y un negocio millonario para los empresarios, el gobierno y desde luego las Afores y Siefores. Basta mencionar que al cierre de marzo de este año, el monto total de los recursos que manejan a su arbitrio estas administradoras fue de 3 billones (millones de millones) 542 mil 634 millones de pesos.
Lo que debían discutir los diputados en la reforma, no es la comisión y el régimen de las Afores y Siefores, sino el Sistema de Ahorro para el Retiro en su conjunto. Es urgente que se retome el sistema solidario de pensiones, esto es, el fondo común entre los trabajadores y no las cuentas individuales que significan no sólo las raquíticas pensiones, sino que si el trabajador vive más años, acaba con su fondo particular y, por lo tanto, sin ingresos cuando sea más viejo. Y eso sin contar los riesgos de que los fondos se jueguen en las Bolsas de Valores o se inviertan en empresas a punto de quiebra como es el caso de ICA, o acusadas de corrupción como OHL. En esta reforma es necesario escuchar a los trabajadores.

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Reforma laboral inicia la ruta de implementación, aquí las fechas

El primer paso de la reforma será la creación de la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación en seis meses, las siguientes fases se extenderán hasta mayo del 2023.

Escrito por: Felipe Morales
Reforma laboral inicia la ruta de implementación, aquí las fechas A partir de este 2 de mayo empezaron a correr los tiempos para la instrumentación de la reforma laboral, tal y como lo establece el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que obliga al Ejecutivo a dar cumplimiento a la creación de un Centro de Conciliación y Registro Sindical, a admitir el registro de sindicatos y contratos; además de dar paso a los tribunales laborales.
Así, la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tendrá que estar lista el próximo 1 de noviembre del 2019, pues en el decreto se establece que debe hacerse en los seis meses siguientes de la promulgación.
En este periodo, deberán estar listos los cambios que las organizaciones sindicales tienen que realizar a su vida interna, a través de las modificaciones en sus estatutos para incluir el voto libre secreto y directo.
Mientras que el listado y soporte electrónico de expedientes de asociaciones sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará funciones el 1 de noviembre del 2020; pues el plazo marca seis meses antes de que entre en función el CFCRL.
También para el 2020 los sindicatos deben ajustarse al procedimiento de demostrar que tienen el respaldo de 30% de la mayoría de los trabajadores mediante voto directo, personal, libre y secreto, para obtener constancia de mayoría.
Respecto al CFCRL, en lo concerniente al registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, tiene como plazo hasta el 1 de mayo del 2021, dos años siguientes a la promulgación de la reforma. En este mismo año, 2021, deberá crearse una plataforma informática en materia de seguridad social para que los tribunales puedan realizar consultas en cuanto los trabajadores registrados y cotejar los registros sindicales, para ello el Congreso dio dos años.
Posteriormente, en el 2022, se realizará el traslado físico de expedientes de las asociaciones sindicales al CFCRL. Y en este mismo año, se tiene previsto que entren en función los centros de conciliación locales y tribunales locales, en un plazo de tres años.
Para el caso de la entrada en funciones del Centro de Conciliación y tribunales a nivel federal el plazo es de cuatro años, por lo que tendrán que estar listos y operando en mayo del 2023.

Revisión de contratos

Dado que el objetivo de la nueva Ley Federal del Trabajo es terminar con los contratos de protección, los patrones están obligados a realizar una revisión extraordinaria para no extinguirlos y ésta deberá ser, por lo menos una vez, dentro de los cuatro años siguientes.
Al respecto, Germán de la Garza de Vecci, especialista laboral de Mowat, expuso que “son muchos los plazos que se establecieron en los artículos transitorios; cada acción tiene una modificación distinta, aunque todas se empatan al cumplimento en cuatro años. Se tiene que empezar a trabajar desde ya para evitar incumplimiento en cada uno de los plazos”.

Ruta de la Reforma Laboral

Noviembre del 2019

  • Creación de la ley orgánica del nuevo Centro de Conciliación y Registro Sindical
  • Cambios en la vida interna de los sindicatos, ya que deben modificar sus estatutos e incluir el voto libre, secreto y directo

Mayo del 2020

  • Soporte electrónico de expedientes de asociaciones sindicales
  • Los sindicatos deben ajustarse al procedimiento de demostrar que tienen el respaldo de 30% de la mayoría de los trabajadores a través del voto libre, secreto y directo

Mayo del 2021

  • Creación de la plataforma de Seguridad Social para que los tribunales puedan realizar consultas y cotejen el registro de trabajadores en los sindicatos

Mayo del 2022

  • Traslado físico de expedientes de las asociaciones sindicales al Centro de Conciliación y Registro Laboral
  • Entran en función los centros de Conciliación y Tribunales Laborales a nivel local

Mayo del 2023

  • Entran en función los centros de Conciliación y Tribunales Laborales a nivel federal
  • En ese año, concluye el plazo de tres años que tienen los patrones para realizar la revisión extraordinaria de los contratos colectivos de trabajo existentes y que sean avalados por todos los trabajadores

Fuentw

En huelga, 14 mil 644 trabajadores de distintas empresas: STPS

 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de mayo de 2019, p. 8
Durante los primeros tres meses de 2019, 14 mil 644 trabajadores dejaron de laborar debido al estallamientos de varias huelgas en el país, lo que generó que se perdieran 307 mil días-hombre en ese periodo, pero al tomar como referencia desde el inicio de cada uno de los paros, suman casi 700 mil horas-hombre perdidas. De acuerdo con un reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) correspondiente al periodo enero-marzo del presente año, hasta ese momento se habían registrado siete huelgas en el país reconocidas por las autoridades laborales, aunque no se especifican en dicha estadística los paros momentáneos que se vivieron en Tamaulipas y que llegaron a sumar más de 50 maquiladoras detenidas de manera simultánea, de los cuales la mayoría no fueron reconocidos legalmente como huelgas.
El documento señala que al inicio de abril, seis huelgas seguían vigentes, entre ellas la de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que se resolvió este fin de semana; sin embargo, no detalla a qué empresas o institución se refieren las cinco huelgas restantes.
Las cifras acumuladas indican que durante los tres primeros meses del año se perdieron 219 días de trabajo entre las empresas o instituciones involucradas en huelgas, así como mil 286 emplazamientos a huelga sólo en los tres meses.

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Observatorio Laboral iniciará análisis para futuras reformas

La subcontratación, seguridad social, igualdad de género, pago de cuotas sindicales y la nueva ley de afores serán parte del análisis para nuevos cambios laborales.

Escrito por: Pilar Martínez
Observatorio Laboral iniciará análisis para futuras reformas El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL) iniciará en los próximos días una segunda etapa de discusión y análisis sobre los temas que la reforma laboral no abordó, entre ellos, las formas tercerizadas del trabajo, Apartado B, seguridad social, igualdad de género, proceso individual, la reversión de la carga de la prueba, el pago de cuotas sindicales y la nueva ley de afores, etcétera.
“En el OCRL apostamos por que los trabajadores recuperen sus organizaciones” señaló Alfonso Bouzas, coordinador del OCRL.
A su vez, el magistrado Héctor Arturo Mercado señaló que el OCRL de manera paralela hará un seguimiento en la instrumentación que se debe dar a esta reforma con presupuesto adecuado e instituciones fortalecidas, bien construidas a partir del conocimiento que se tenga de la materia y no por el involucramiento de circunstancias ajenas que traban los procesos.
El coordinador del OCRL dijo que “el reto más importante es que los trabajadores tomen en sus manos la reforma y la pongan a trabajar”.
Explicó que se reunieron con el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el morenista Napoleón Gómez Urrutia, y coincidieron en que la promulgación de la reforma laboral es un paso adelante en términos de democracia sindical, de justicia laboral y del voto libre, directo y secreto.
“Es un paso adelante como lo fue la firma del Convenio 98 de la OIT, que fue el primer paso para romper con este sistema de contratos de protección patronal. Esta reforma es una continuidad junto con el Convenio 87 de la OIT de libertad de asociación”, comentó Gómez Urrutia. (María del Pilar Martínez)

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Mejora producción en maquiladoras, pero sigue injusticia laboral


Periódico La Jornada
Lunes 6 de mayo de 2019, p. 12
Aunque la productividad del sector maquilador en el país ha crecido –de 2007 a 2017– alrededor de 22 por ciento, en ese mismo periodo el salario de sus trabajadoras sólo se incrementó dos por ciento y sus condiciones laborales no han mejorado, informa un análisis de la organización Fondo Semillas.
En la maquila textil, expone, las mujeres –que son más de 50 por ciento de las personas que se emplean en las líneas de producción– ocupan menos de un tercio de los puestos de supervisión, técnicos y administrativos, ya que la mayoría se desempeñan como ensambladoras, recibiendo salarios más bajos, cercanos a 3 mil pesos al mes.
Las jornadas de trabajo son de casi 10 horas, y si las trabajadoras desean sumar dinero a su salario base –que implica terminar más de 600 prendas en un día– con el bono de producción, tienen que llegar a mil piezas; y en algunos casos, si no alcanzan la cantidad laboran horas extras o realizan el faltante en fin de semana.
En el contexto de la campaña #MaquilandoElCambio, Fondo Semillas –que se dedica a fortalecer a otros grupos de mujeres organizadas, entre ellas las de las maquiladoras– expuso que todavía permean en este sector los despidos injustificados, el trabajar horas extras sin pago, el acoso sexual y los centros de trabajo inseguros.
Tania Turner, coordinadora de programas de dicha organización, destacó que estas trabajadoras se han quedado en la indefensión porque hay muchos huecos legales y además falta mucha inspección en los centros de trabajo.
Que cambien guardarropa cada seis meses
Indicó que las jornadas laborales en las maquilas textiles, que elaboran ropa para diversas marcas, están relacionadas con el modelo de producción enmarcado en lo que se conoce como fast fashion, el cual impulsa que las personas cambien su guardarropa cada seis meses, para lo cual las empresas buscan mayor producción de manera rápida.
Alertó que ha estado creciendo el trabajo en casa, en este caso las trabajadoras tienen que entregar la producción en cierto tiempo, y aunque la empresa les da una máquina de coser, lo demás es con sus propios recursos.
Turner añadió que el contexto de violencia en el país genera que las condiciones sean peores porque también el crimen organizado está alrededor de las fábricas. Algunos de los estados donde hay maquilas son Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila y Aguascalientes.
Lorena Cabanillas, del Colectivo Raíz de Aguascalientes, destacó que las trabajadoras de maquilas están propensas a ciertos padecimientos como dolor de cabeza, cuello y articulaciones, y además pueden desarrollar enfermedades musculoesqueléticas.
Estos problemas se deben a que sus actividades son mecánicas y repetitivas, pues están dedicadas a una tarea como coser bolsas de los pantalones por periodos de más de nueve horas, sin tiempo para relajarse, más que en los 30 o 60 minutos que les dan de comida.

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Los consejos y el cinismo del exsecretario Gurría

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Al apostarle a que con el paso del tiempo y los acontecimientos recientes puedan borrar su historia de complicidad y servicio a gobiernos corruptos y abusivos del Partido Revolucionario Institucional, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el expriísta José Ángel Gurría ha venido a México para pretender dar clases y consejos al gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador sobre la situación económica, política y social del país.


Los pronósticos económicos de la OCDE para el crecimiento de México son muy bajos (1.6 por ciento para 2019 y 2 por ciento para 2020) y se contraponen al optimismo de desarrollo que plantea el presidente de la República (2 por ciento 2019 y 2.3 por ciento 2020).
En conferencia de prensa y entrevistas con medios de comunicación, el apodado Ángel de la Dependencia (por su servilismo y entreguismo a las políticas económicas dictadas desde Washington cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno priísta de Ernesto Zedillo), Gurría urge a López Obrador a restablecer el estado de derecho para lograr las metas económicas del país.
Ante ello, horas después de que Gurría “aconsejara” al gabinete lópezobradorista de lo que se tiene que hacer para cumplir la meta de crecer hasta un 4 por ciento, el presidente de la República de inmediato respondió que las estimaciones de la OCDE para México en materia económica no son reales.
López Obrador advirtió así sobre un tema que a Gurría aún le causa nerviosismo: “Se los vamos a demostrar, porque hay una variable que permitirá al país crecer, y es que ya no hay corrupción como la que había cuando ellos (PRI) gobernaron”, en una clara alusión al pasado de abusos e impunidad de quienes gobernaron al país con Zedillo como presidente y Gurría su secretario de Hacienda.
Y el presidente López Obrador tiene razón cuando señala que la “variable” de la corrupción hará la diferencia entre su administración con gobiernos anteriores del PRI y del PAN, cuando los mandatarios en los últimos 30 años (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto) se dedicaron a saquear las arcas públicas del país, lo que mantiene al país con nuna enorme desigualdad económica y social, con decenas de millones de mexicanos en pobreza extrema, una violencia incontenible y la falta de justicia por la impunidad que ellos cultivaron.
En esta columna se guardan aún los archivos con documentos oficiales que involucran a José Ángel Gurría en actos de corrupción cuando fue titular de Hacienda, como aquellos beneficios fiscales que le otorgó a sus amigos, empresarios, políticos y, principalmente, a los hermanos de su entonces jefe el presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León.
Documentales oficiales de la Secretaría de Hacienda en poder de Oficio de papel, así como versiones de funcionarios en ese gabinete, confirman que en 1998 Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos del presidente Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo Zedillo, así como a su empresa Grupo Intecon, para          que poudieran liquidar extemporáneamente impuestos sin recargo alguno que no enteraron al fisco entre 1991 y 1996.
En ediciones anteriores escribí en esta columna como en los primeros días del gobierno panista de Vicente Fox, su secretario de la Contraloría Francisco Barrio Terrazas intentó investigar por corrupción al exsecretario Gurría, pero el propio gobierno foxista con Francisco Gil Díaz en Hacienda echaron a andar la maquinaria de corrupción e impunidad y se lo impidieron.
Inmovilizado, el contralor Barrio le pidió ayuda directamente al secretario Francisco Gil Díaz para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de cómo su antecesor había beneficiado ilegalmente a la empresa de los hermanos de Zedillo.
En información publicada en esta columna en diciembre de 2000, se dio cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presidente del Grupo Intecon, hizo a Oficio de papel sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte de Gurría cuando su hermano Ernesto era el presidente de la República.
En aquella ocasión Rodolfo Zedillo juraba que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”; sin embargo, sí reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”. Y agregaba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”.
Es decir si les habían condonado impuestos y una vez echo esto público en la prensa fueron a pagar el adeudo, aunque con cinismo los hermanos Zedillo aseguraban que “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.
Sin embargo, las pruebas en poder de este columnista que se guardan aún en viejos archivos se explica cómo las cuatro empresas de la familia del expresidente Zedillo –Integración de Sistemas para la Construcción; Conductores Eléctricos de México; Promociones Electro Iris, e Inmobiliaria y Constructora G

egaza– acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos entre 1991 y 1996.
Para resolver ese problema antes de que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo con las autoridades hacendarias para asegurar que no fueran acusados posteriormente, por lo que en mayo de 1998 aseguraron haber pagado créditos fiscales por 8 millones 103 mil 779 pesos, lo que le significó una condonación de más de 7 millones de pesos.
De acuerdo con la tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al entonces secretario José Ángel Gurría, el SAT también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas.
Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar las contribuciones de sus cuatro empresas, se encontraba sin garantía alguna, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen, situación que en el caso de las empresas de los Zedillo no se cumplió, lo que confirma el trato preferencial del fisco federal a favor de la familia del expresidente de la República.
Estas irregularidades de la familia Zedillo, permitidas y solpadas por el entonces secretario de Hacienda, ejemplifican cómo José Ángel Gurría fue parte de la maquinaria de corrupción y abusos que mantuvo al PRI en el poder por tantos años y que ahora el actual secretario general de la OCDE quiere venir a dar consejos y dictar línea sobre las políticas públicas que debe seguir el actual gobierno de izquierda de López Obrador.
Miguel Badillo

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