viernes, 3 de mayo de 2019

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: 9 estrategias para el sector energía

Ciudad de de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) dará prioridad al fortalecimiento de las Empresas Productivas del Estados, al sistema nacional de refinación y petroquímica, certidumbre regulatoria, formación de capital humano, principalmente. Y aunque reconoce rezago en materia de energías limpias para alcanzar las metas establecidas, se limita a promoverlas con proyectos comunitarios de generación de energía renovable.
De acuerdo con PND 2019-2024 publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, establece en: El eje general de “Desarrollo económico” el “Objetivo 3.5 Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética.”
Señala que el sector energético se plantea como una de las palancas estratégicas para impulsar el desarrollo económico de México. Para satisfacer la demanda creciente de energía a precios accesibles y así garantizar la soberanía y seguridad energética nacional, será necesario potenciar la producción nacional de energía de manera sostenible, promoviendo su generación con fuentes renovables.

El documento expone que en los últimos años, el sector energético mexicano se ha contraído, lo que contribuyó a un bajo crecimiento económico, a una mayor dependencia de las importaciones energéticas y a un desarrollo relativamente moderado de la industria doméstica y de otros sectores económicos vinculados.
“Las principales causas de esta desaceleración son el bajo nivel de inversión pública en el sector, la declinación natural de las reservas petroleras, la caída en el precio de la mezcla mexicana de exportación, la corrupción y las restricciones financieras y operativas de las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE.”
La producción nacional de hidrocarburos ha presentado una tendencia a la baja en los últimos 15 años. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex, el principal productor, redujo su producción de petróleo de 3,383 miles de barriles diarios (mbd) en 2008 a 1,811 mbd en 2018. Derivado de la falta de mantenimiento, el Sistema Nacional de Refinación operó en 2018, en promedio, a 41% de su capacidad.
En particular, la producción nacional de combustibles está en mínimos históricos, provocando que en 2018, 78% de la demanda nacional de gasolinas se cubriera con importaciones según la Secretaría de Energía.
De manera similar, la producción de petroquímicos se ha reducido de forma sostenida, en 2018 los niveles de producción estuvieron 56% por debajo de los registrados en 2010. En cuanto al gas natural, de acuerdo con datos del INEGI, la producción nacional se redujo 24% de 2010 a 2018. Esta caída ha generado que el gas sea cada vez más escaso en zonas alejadas a puntos de importación, como es el caso del sureste del país.
Precisa que algunos de los principales retos del sector eléctrico son mantener un balance en el suministro de combustibles necesarios para la generación de electricidad; diseñar y aplicar tarifas que cubran costos eficientes y envíen señales adecuadas a productores y consumidores; aumentar la inversión en mantenimiento y ampliación de la infraestructura de transmisión, distribución y generación, promoviendo las energías limpias.
Con respecto a la cobertura de electricidad, refiere que según datos del INEGI, 98.7% de los hogares del país cuentan con servicio eléctrico. Sin embargo, casi 2 millones de habitantes que viven en pequeñas comunidades remotas, aisladas y de difícil acceso, aún no tienen este servicio. La dificultad que implica el proveer de energía eléctrica a estas comunidades es un reto que se debe de enfrentar para alcanzar el acceso universal a este servicio.
En materia de generación de energía eléctrica a través de recursos renovables, México va camino hacia las energías limpias; sin embargo, se encuentra aún en una posición muy rezagada: en 2018 se alcanzó 22.5% de la energía generada que provino de fuentes limpias. Sin embargo, para cumplir con la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, el Gobierno de México trabajará para llegar hasta un 35% para 2024.
Por otro lado, las políticas públicas en materia de energía, impulsadas por el Estado mexicano en temas de derechos humanos han sido limitadas. Existe un adeudo al reconocimiento de los derechos de las comunidades, pueblos, grupos sociales y urbanos asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.
Destaca que ente el estado actual del sector energético del país, el Gobierno de México pondrá en marcha una política energética, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética, observando en todo momento la soberanía en la materia.
Se fortalecerán las empresas productivas del Estado, para consolidarlas como los pilares de la seguridad y soberanía energética. El fortalecimiento financiero y el incremento en la inversión productiva de Pemex, CFE y otros actores será crucial para incrementar la producción de hidrocarburos, restituir las reservas de petróleo y gas natural e incrementar la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional.
Esto se logrará bajo los principios de máxima eficiencia y aprovechamiento responsable. El Gobierno de México evaluará la carga fiscal de las empresas productivas del Estado con la finalidad de hacerlas más rentables y eficientes, sin que ello implique un deterioro para las finanzas públicas.
Se identificarán las áreas expuestas o vulnerables a actos de corrupción en el sector. Esto permitirá contar con mayor eficiencia y transparencia en las operaciones de las empresas productivas del Estado.
Agrega que para el sector energético es prioritario restablecer la industria petroquímica, así como el Sistema Nacional de Refinación. Con esto, México podrá producir bienes con mayor valor agregado, mitigar la dependencia nacional en la importación de petrolíferos y garantizar el abasto accesible a combustibles y energía de la población en general.
“La transición a energías renovables para reducir la contribución de México al cambio climático en el mediano y largo plazo, será una constante en el programa energético del país. Para lograrlo, se fomentará y fortalecerá el capital humano y científico de alto nivel para impulsar el desarrollo científico y tecnológico orientado a aplicaciones de desarrollo sostenible.”
La política pública buscará garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan a cabo los proyectos energéticos, generando espacios para la consulta y participación en los proyectos de generación de energía.
Destaca que se promoverán proyectos comunitarios de generación de energía renovable para erradicar la vulnerabilidad, pobreza y marginación energética.
Para alcanzar el objetivo se proponen las siguientes estrategias:
3.5.1 Fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. En este punto, establece una línea base (2018): 25.6% y una meta para 2024: 35.8%
3.5.2 Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con base en reglas y criterios consistentes, transparentes y de fácil acceso para los actores regulados de la industria energética y que propicie el desarrollo del sector.
Al respecto, precisa que el Índice de independencia energética, definida como la producción nacional de energía primaria como proporción del consumo nacional de energía, con una línea base (2018): 0.7 y una meta para 2024: 1.0
3.5.3 Incrementar la producción del sector energético nacional de manera sostenible, bajo principios de eficiencia, cuidando la seguridad industrial y promoviendo el contenido nacional y la inversión.
3.5.4 Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor agregado, promoviendo el uso de técnicas de eficiencia energética.
3.5.5 Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad a las personas consumidoras, a precios accesibles. 
3.5.6 Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto nivel en el sector energético mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su evolución y necesidades a largo plazo y bajo principios éticos, científicos y humanistas.
3.5.7 Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.
3.5.8 Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético, promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local, así como la inversión.
3.5.9 Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector energético.
Cabe destacar que en “Programas derivados del PND 2019-2024” no se incluye alguno en específico para el sector energía. No obstante, en la Vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se contempla al número “7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, aunque como parte de la Agenda 2030 aprobados por la ONU y adoptados por más de 150 países.
A partir de la Página 163, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf


Fuente

Se va a "levantar" el sector: Nahle

 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2019, p. 19
El gobierno de México va a levantar al sector energético, afirmó Rocío Nahle, secretaria de Energía, en respuesta al comentario hecho por Ángel Gurría, titular de la OCDE, sobre el riesgo a la estabilidad nacional representado por Petróleos Mexicanos.
Tenemos una inversión muy grande y hay grandes proyectos, vamos a levantar el sector, expresó. Nosotros no nos vamos a sentar a lamentarnos, vamos a resolver, vamos a trabajar y para eso se necesita producir y es lo que estamos haciendo. Vamos a tener seis años de producción y de mucho trabajo.

Fuente

Semana negra para trabajadores EN PUERTA UNA REFORMA QUE BENEFICIA A LAS AFORES Y QUE AFECTA A ASALARIADOS

*Es una iniciativa firmada por AMLO y sin consultar a los afectados la aprobarán.
*Fue presentada el 23 de enero de 2019 y sólo se han reunido con funcionarios y banqueros.
*Crearán Fondos de Inversión que aumentan el riesgo de pérdida para los trabajadores.
*No establece nada sobre quién se responsabilizará de reponer los fondos que se pierdan.
*Cobrarán 3 comisiones en lugar de una...aunque dos están disfrazadas como una sola.
*Revivirán el cobro de la comisión de flujo, que había desaparecido por abusiva en 2006.
Por María de Lourdes Martínez González
Además de la aprobación en comisiones del Senado de la reforma en materia de justicia laboral (sin haber escuchado a los trabajadores), de la aprobación de la reforma educativa neoliberal, que no se derogó, apareció enlistada para su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2019, una reforma que firmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la que beneficia a los banqueros y afecta a los asalariados con cuenta en las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES).
Con estos cambios el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autoriza a las AFORES - que son propiedad de los banqueros privados en casi su totalidad- a crear Fondos de Inversión y utilizar el dinero de los trabajadores en operaciones de alto riesgo, para destinarlas a préstamos a pequeñas, medianas y grandes empresas, lo cual parece bueno, pero si quiebran o se declaran insolventes, ni el gobierno ni los banqueros ni nadie está obligado a reponer esos recursos. (Leer Noticia Relacionada: LA REFORMA A LA LEY DEL SAR CON LA 4T RESULTÓ PEOR. Link http://www.frecuencialaboral.com/AFORESlareformaLEYSARpeorqueantes2019.html)
Esta iniciativa que quedó pendiente el viernes, pero podría aprobarse el lunes 29 de abril de 2019, cuando fue citada una reunión del pleno de la Cámara de Diputados, o al día siguiente antes de su cierre del periodo de sesiones ordinaria en la Cámara de Diputados, y que está firmada por López Obrador, autoriza a a los BANQUEROS -que son dueños de 10 de las 11 AFORES que existen- a cobrar no una comisión por su servicios administrativos, como hasta ahora, sino 3 comisiones, pero intentan disfrazar a dos de ellas y las hacen pasar como si fuera una sola.
Lo grave es cómo buscan disimular este abuso en el artículo 37, en donde se señala que sólo podrá cobrarse una comisión única integrada por un porcentaje del monto total acumulado del ahorro para el retiro (que denominan valor de los activos administrados) y otra por el rendimiento que obtenga el trabajador por encima de una referencia que fijará la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (lo que se denomina flujo).
Cabe recordar que en el año 2006, luego de protestas de algunos diputados federales, especialistas en el tema y trabajadores, se logró eliminar la comisión por flujo, que actualmente intentan revivir, disfrazándola.
 
MARTÍN: O sea con esta iniciativa que propuso AMLO y que está a
punto de aprobarse, cobrarán por saldo y por flujo –que es lo que entra bimestralmente a la cuenta del trabajador- como lo hacían antes de 2008, pese a que la comisión por flujo ya había desaparecido por abusiva, pero LO DISIMULAN integrando ambos cobros en una sola comisión.
Además de esas dos comisiones que aparecerán como comisión única, a los trabajadores nos cobrarán comisiones por servicios prestados por las AFORES, como uso de sistemas informáticos para realizar trámites en su cuenta. El único consuelo que dan al trabajador es que todas las AFORES cobrarán el mismo monto de comisiones, pese a que los banqueros ganan con el manejo de nuestro dinero ahorrado en cuentas individuales que ellos controlan.
Un aspecto peligroso de esta iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se aprobará está en la barandilla para aprobarse en la Cámara de Diputados, es que ya no serán las AFORES las que decidan en dónde invertir el dinero, sino dejará que los trabajadores tomarán ese riesgo.
Ello a pesar de que la propia Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR) reconoció que el asalariado no tiene ni la más remota idea financiera y hasta para escoger su AFORE son manipulados fácilmente por los promotores de los bancos, así lo expuso desde 2017 en su informe del segundo trimestre de aquel año.
Ahora está en mayor riesgo el futuro del dinero ahorrado por los trabajadores para su retiro, que suma alrededor 3.4 billones de pesos, cantidad estratosférica a la que le quieren echar mano en beneficio de los banqueros y del gobierno actual y en perjuicio del futuro de los asalariados, mermando aún más su derecho humano a la seguridad social.
La reforma no se discutió el vierne 26 de abril de 2019, aunque estaba enlistada, pero se citó al pleno para el lunes 29 de abril de 2019.
En este contexto adverso para los trabajadores conmemorarán El Día del Trabajo, el miércoles 1 de mayo de 2019. 


Acuerda la CNTE fortalecer brigadeo y denunciar incumplimiento del gobierno

Foto
▲ Maestros de la CNTE marchan en la capital del país con motivo del Día del Trabajo.Foto Marco Peláez
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2019, p. 12
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fortalecerá de forma urgente las acciones de brigadeo en todo el país para explicar a padres de familia, comunidades y organizaciones sociales por qué mantiene su rechazo al dictamen de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales.
Asimismo, instalará mesas de denuncia contra el gobierno federal por su incumplimiento en la abrogación total de la reforma educativa.
De acuerdo con los resolutivos de su Asamblea Nacional Representativa (ANR), que concluyó en las primeras horas de este jueves, se determinó que pese a que no hay respuesta adecuada de la administración federal, se ratificó que no vamos a romper las mesas de diálogo porque deben seguir caminando otras demandas, como la reinstalación de todos nuestros compañeros cesados y la atención a todas las afectaciones que generó la reforma peñista, informó Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9.
Agregó que el acuerdo de la dirigencia nacional y los delegados asistentes a la ANR fue que se emitirá un pronunciamiento político en torno a la posible aprobación –en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión– de la reforma educativa. Destacó que se convocó a una marcha masiva nacional para el 15 de mayo, la cual partirá a las 10 horas del Metro San Cosme al Zócalo capitalino.
Otro resolutivo es fortalecer la unidad con todos los sectores sociales y abordar no sólo las afectaciones a los derechos laborales de los educadores con la posible aprobación del dictamen de reforma; también queremos explicar que está en riesgo la educación pública y la construcción de un verdadero proyecto de enseñanza alternativo.
El magisterio disidente también acordó insistir ante el gobierno federal para tener una reunión de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE con el Presidente, a fin de tener una interlocución directa.
Enríquez Ibarra enfatizó que el plan de acción aprobado en su quinto Congreso Nacional Extraordinario se mantiene, por lo que este 2 de mayo se realizaron diversas acciones de protesta en los estados, mientras que todos estamos llamados al paro de 72 horas el 15, 16 y 17 de mayo.

Fuente

El IMSS, en urgencias y sin oxígeno

Pacientes en los pasillos del Centro Médico Nacional La Raza. Foto: Octavio Gómez
Pacientes en los pasillos del Centro Médico Nacional La Raza. Foto: Octavio Gómez

El IMSS, en urgencias y sin oxígeno

La falta de presupuesto y la consecuente carencia de equipo, instalaciones adecuadas y personal calificado en varias áreas tienen al Instituto Mexicano del Seguro Social en los más bajos niveles de cobertura y de calidad de su historia. Aunque sus directivos, los médicos y los pacientes padecen esta fragilidad operativa y financiera, el presupuesto que se le asignó para este año al instituto es un poco mayor que el de 2018.   
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como nunca en su historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prácticamente opera entre ruinas. El déficit de hospitales y camas se combina con una demanda creciente de los trabajadores afiliados, el “robo hormiga” que va desde medicamentos hasta aparatos electrónicos en los nosocomios, y el hecho de que a los médicos ya no les conviene laborar en el sector público.

Para colmo, el sismo de septiembre de 2017 devastó ocho hospitales en Morelos, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México, lo que provocó mayor presión en la cobertura de servicios.
De acuerdo con datos del IMSS, el indicador de camas censables por cada mil derechohabientes adscritos a un médico familiar se desplomó en 27.8% entre los años 2000 y 2018. Ahora está en el nivel históricamente bajo de 0.69 camas por cada mil usuarios. A esto se suma que a causa de ese temblor 944 camas quedaron inoperantes.
 Es decir, el IMSS cuenta con menos de la mitad que el resto del sector salud, que registra 1.5 camas, en tanto que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanza las 4.7 camas por cada mil personas. El déficit del IMSS se calcula en 192 mil 908 camas.
En un recorrido por diferentes hospitales del instituto se comprobó que la mayoría de las Unidades Médicas Familiares (UMF) o unidades de primer nivel, se hacen largas filas para conseguir una consulta, se debe esperar horas, muchos no alcanzan cita y los afortunados alcanzan ver a su doctor familiar durante unos 15 minutos, para volver a verlo, con suerte, en dos meses.
Al área de urgencias de hospitales de segundo nivel llegan personas en estado crítico, que los fines de semana, cuando hay menos médicos, así como en los cambios de turno, corren serios riesgos de fallecer. La atención administrativa suele demorarse y mostrar poca sensibilidad hacia los familiares desesperados porque se atienda a los pacientes.
Fundado en 1943, el IMSS atiende a más de la mitad de la población del país, pero le faltan 94 mil 516 médicos para alcanzar el promedio de la OCDE.
El promedio de médicos en contacto con el paciente por cada mil habitantes de las naciones de ese organismo es de 3.4, mientras que el IMSS cuenta con 1.44. Y en cuanto a personal de enfermería, el promedio de la OCDE es de nueve por cada mil habitantes, mientras el instituto sólo dispone de 2.7.
La población media por médico familiar del IMSS es de 3 mil derechohabientes, pero hay consultorios hasta con 5 mil derechohabientes adscritos y otros con sólo mil, de acuerdo con su ubicación.
Ante el incremento de la población asegurada, el rezago en el personal se extiende a otras áreas. De 2001 a 2017 los empleados de trabajo social disminuyeron 0.78 a 0.65 por cada mil asegurados; los de servicios auxiliares y de diagnóstico, de 0.45 a 0.38 en el mismo lapso; mientras que los especialistas en nutrición se redujeron de 0.29 a 0.22 por cada mil derechohabientes.
Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS explica en entrevista: “Tenemos casi 0.7 camas por cada mil derechohabientes. Si quisiéramos alcanzar la media del país tendríamos que duplicar nuestro número de camas. Nos hemos puesto como meta para esta administración que alcancemos una cama por cada mil derechohabientes y eso significa que creceríamos en 13 mil camas. Esto implica tener 58 nuevos hospitales, es una cantidad grande”.
Aclara que el problema no es sólo erigir los hospitales, sino su costo de operación anual, que casi equivale al de su construcción. Por eso, considera que este sexenio se logrará edificar a lo mucho 30 hospitales.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le destinó 755.4 mil millones de pesos al IMSS. Casi la mitad es gasto corriente, integrado así: 199.2 mil millones para servicios personales y 105.6 mil millones para gastos de operación. Las pensiones y jubilaciones absorberán 432.9 mil millones, mientras que 4.9 mil millones se utilizarán en “otros gastos corrientes”.
El monto para inversión física de infraestructura es de 12.6 mil millones de pesos, es decir, sólo el 1.7% del presupuesto total de este año. Aun así, supera los 8.4 mil millones que recibió en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“El problema que hemos tenido en el sector salud actual es que se han construido muchos hospitales sin garantizar el equipo o personal para operarlo después. En el IMSS, cada vez que construimos un hospital, sí garantizamos el equipo y el personal. No construimos tanto porque tenemos que asegurarnos de que los podamos operar”, señala Borja Aburto.
Bajo salario, poco presupuesto…
El médico Felipe Martell, quien atiende uno de los 13 consultorios de la UMF 55, en Zumpango, Estado de México, relata a este semanario la forma en que él y sus colegas son obligados a dar consulta a contrarreloj y con recursos condicionados:
“En la clínica donde trabajo tenemos 13 consultorios. Diario vemos más de 24 pacientes, que es el promedio que se supone debemos de ver en cada turno; a cada paciente se le dedica 15 minutos, aunque es subjetivo, porque te tardas más con unas personas, dependiendo del padecimiento.”
Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y con cuatro años en la clínica mencionada, Martell agrega que en promedio trata de 27 a 30 pacientes entre las 8:00 y las 14:00 horas.
“No se puede hacer una valoración o un diagnóstico completo –detalla– porque te limita el tiempo. Lo que hacemos es enfocarnos al problema que más preocupa a la persona y se le trata de orientar para tratar lo demás. El tiempo que requiere una consulta de calidad es de media hora como mínimo, y algunas especialidades pueden llevar más tiempo, como con los pacientes que se dializan.”
Las condiciones en que se realiza esta labor están lejos de ser las idóneas: “Te dicen que no gastes tantos recursos, que no recetes tantos medicamentos, no mandes tantos pacientes al hospital, no les tomes tantas radiografías, no les pidas tantos estudios de laboratorios y al final de cuentas eso nos presiona. Hay muchos casos en que no hay medicamentos que son un poco más caros”.
En cada consultorio de la UMF 55 se cita a 20 pacientes al día y los cuatro restantes tienen que llegarse a formar desde las dos o tres de la madrugada para alcanzar consulta. Muchos no lo consiguen porque llegan a formarse más de 100 sin cita.
“La agenda para una cita tarda hasta dos meses. Y en el hospital, si necesitan una especialidad, como cardiología o ginecología, a veces tardan hasta seis meses. Por la falta de personal y de infraestructura, es mucha la demanda de la población”, señala el médico familiar.
Acerca de la contratación de médicos en el IMSS, comenta: “La verdad es que no abren las plazas. A la mayoría de los médicos que entran no les dan la base inmediatamente, sino que los manejan por contratos. La otra es que el IMSS ya no es atractivo para los médicos… El salario que nos dan no es muy alto. Los médicos, sobre todo un cirujano o especialista, saca más en una cirugía particular que yendo a trabajar al IMSS. Además, la carga de trabajo es menor, entonces no les interesa trabajar en el sector salud”.
De acuerdo con el director de prestaciones médicas del instituto, el doctor Borja, el déficit de médicos se concentra en algunas especialidades:
“Nos hacen falta urólogos, oftalmólogos, traumatólogos, psiquiatras. La urología era algo que no atendíamos prioritariamente, atendíamos más de los cánceres reproductivos de la mujer que de los hombres. Ahora el cáncer de próstata es tan importante como el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. El número de especialistas en entrenamiento lo hemos incrementado. En general necesitaríamos aumentar al menos en 30% el número de médicos.”
A este panorama se añade el manejo incorrecto de los recursos. De acuerdo con la Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-15-0255-2018-255-DS, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2017 el IMSS programó ejercer mil 389 millones 484.4 mil pesos en el mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de refacciones de alta especialidad, de 7 mil 548 equipos médicos en unidades de atención médica de primer, segundo y tercer nivel.
En las inspecciones físicas realizadas en 15 unidades médicas seleccionadas, que requirieron de servicios de mantenimiento preventivo para 740 equipos médicos con un costo programado de 150 millones 543.0 mil pesos, se detectaron inconsistencias en el registro y control de 92 equipos (12.4% de los seleccionados).
De esos 92 equipos, 64 no cuentan con Número Nacional de Inventario (NNI) o número de serie visible. En ocho equipos no coincide el número de serie con el registrado en el universo de equipos contratados. Además, 17 equipos tienen datos duplicados o que no coinciden con el NNI; y hay datos erróneos en la descripción del equipo o en el número de serie en el universo seleccionado.
En tres equipos del Hospital General de Zona Número 14 de la Delegación Sonora se detectó que la capacidad de los equipos instalados es menor que la establecida en el contrato, por lo que, a partir de la intervención de la ASF, el jefe de conservación del hospital requirió al proveedor la diferencia en el costo del mantenimiento en favor del instituto.
De las 15 unidades médicas seleccionadas, 13 no elaboraron los informes mensuales y trimestrales sobre el funcionamiento de los equipos ni los incumplimientos de los proveedores en el mantenimiento preventivo y correctivo.
Según la misma auditoría, “en las inspecciones físicas realizadas en las 15 unidades médicas seleccionadas para su revisión no se localizaron 69 equipos médicos”.
En 48 de esos casos la entidad fiscalizada aportó documentación parcial que justificó la ausencia de equipos por baja, traspaso a otras unidades, robo y extravío, pero no proporcionó la “noticia de movimiento de bienes capitalizables” ni el “dictamen de no utilidad” en el caso de los equipos dados de baja.
En el caso de extravío no se presentaron el “acta circunstanciada de hechos”, “aviso de faltante de bienes patrimoniales”, “acta circunstanciada” y “denuncia de hechos” ante el Ministerio Público en caso de robo, así como el aviso de modificación al universo de equipos, pese a que esta información es requerida a nivel central.
Tampoco se justificó el destino ni la ubicación de los 21 equipos restantes.
Al respecto Borja, el director de Prestaciones Médicas, afirma:
“Hemos tenido entradas a la farmacia. Ayer me reportaron una entrada a una farmacia con robo de psicotrópicos. Tenemos medicamentos controlados en las farmacias de los hospitales y en las UMF; están bajo llave, pero en ocasiones ha entrado gente armada a robar. También nos preocupa el robo hormiga de aquello que va saliendo poco a poco, desde alimentos hasta medicamentos, pero no lo tenemos cuantificado.”
El médico familiar Martell también se ha enterado de este problema en la clínica de Zumpango: “Ha habido casos en que se roban medicamentos, equipos de cómputo. Van sobre lo electrónico casi siempre. Saben el momento en que deben de actuar y nadie los ve. Recientemente en mi unidad se robaron una computadora, pero nadie vio porque fue en la noche, ya que no había servicio y las cámaras no grabaron nada. No hay evidencia de quién se metió”.
Fallas de seguridad
El IMSS también fue objeto de una auditoría relacionada con la contratación plurianual del “Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE’s) y Centros Vacacionales”, cuando el director general era Mikel Arriola.
De acuerdo con la Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-15-0258-2018-258-DS, la ASF visitó 15 unidades médicas en las delegaciones Sur y Norte de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
En la revisión documental se verificó que el formato “Control de Asistencia para el Personal de Seguridad Subrogada” estaba vigente y autorizado para el segundo semestre de 2017, lo que implica la verificación del uniforme y equipo operativo de cada elemento de seguridad.
 Sin embargo, señaló la ASF, en las delegaciones Norte de la Ciudad de México y Nuevo León no los utilizaron; en Jalisco fueron utilizados, pero los controles de asistencia de dos unidades estaban previamente impresos y requisitados, por lo cual los elementos de seguridad sólo debían firmar.
También se detectó que los controles de asistencia no contaron con el nombre ni la firma del titular de la Oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles de la delegación, además de que fueron remitidos por las unidades para su revisión en las delegaciones con un atraso de hasta 70 días, mientras que en la delegación de Jalisco no se documentó la fecha de recepción.
En las visitas físicas se entrevistó a 66 elementos de seguridad. Se reportaron, entre otras irregularidades, que las identificaciones que portaban 59 elementos carecieron de las especificaciones contractuales, como número de la Cédula Única de Identificación Personal (CUIP), errores en los nombres y clave CURP, así como la fecha de vigencia y firma del elemento.
 Siete guardias no contaron con credencial y les faltaron las CUIP. Los administradores de los contratos en las delegaciones Norte de la Ciudad de México y estatal de Jalisco no acreditaron que los prestadores del servicio iniciaran el trámite de inscripción ante la autoridad competente, lo que evidencia falta de control, supervisión y seguimiento por los administradores de los contratos.
En cuanto a la verificación física de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la ASF observó que cuatro cámaras no funcionan y había un par adicional en la delegación estatal de Jalisco; en tanto que en la de Nuevo León la instalación de los CCTV no ha concluido porque el prestador de servicios solicitó una prórroga.
En dos inmuebles los sistemas de CCTV tienen una capacidad de grabación menor que la especificada en el contrato.
La magnitud del problema es tal que el director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, declaró el pasado 7 de abril, en un edificio del Centro Médico Nacional Siglo XXI:
 “El IMSS no puede celebrar el Día Mundial de la Salud con su capacidad hospitalaria en ruinas… Este edificio algún día fue hospital y vengo a anunciar que vamos a iniciar su demolición para ampliar nuestra capacidad hospitalaria, sobre todo en padecimientos del corazón. Es una pena este edificio y el estado en el que se encuentra; vamos a renovarlo, vamos a intervenirlo, vamos a rescatarlo.”
Pero el rescate de todo el IMSS llevará más de un sexenio.
Este reportaje se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso

Fuente 

Miente Grupo México; cinco días después de la explosión sellaron la mina, sostiene Gómez Urrutia

 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2019, p. 5
Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, aseguró que el presidente de Grupo México, Germán Larrea, no está diciendo la verdad en la misiva que envió al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
El senador por Morena y presidente de la Comisión de Trabajo aseveró que Grupo México no está diciendo la verdad en esa carta. Las labores de rescate no duraron 14 meses, como asegura Larrea. Al quinto día de que se registró la explosión en Pasta de Conchos detuvieron los trabajos de rescate, sin saber si los trabajadores estaban con vida o no, sellaron la única entrada a la mina con una plancha de concreto y dejaron al Ejército Mexicano para que la resguardara.
En entrevista con La Jornada, Gómez Urrutia dice acerca de la carta que envió Larrea a López Obrador, en la que asegura que durante 14 meses se trabajó las 24 horas en el rescate de los cuerpos de los trabajadores mineros que quedaron atrapados en la explosión de la mina (ocurrida el 19 de febrero de 2006): No es cierto que estuvieron trabajando en el rescate más de un año, y si lo hicieron no fue para rescatar a nuestros compañeros, sino para ver las alternativas de seguir operando la mina.
El también presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) recalcó: “Abandonaron los 65 cuerpos de los trabajadores mineros. Indigna la forma tan vergonzosa en que los abandonaron, nunca se presentó el presidente de la compañía ni el del consejo de administración, Germán Larrea; tampoco el presidente Vicente Fox para dar las condolencias a las familias. Cuando los rescatistas estaban muy cerca de los cuerpos les ordenaron detener los trabajos.
La misiva es una forma, como siempre lo han hecho Larrea y Grupo México, de manipular la información, pero no es la realidad. La verdad es muy diferente y eso lo saben las viudas y los rescatistas que estuvieron ahí (en la mina) pendientes todo el tiempo.
–En la misiva, Larrea manifestó su total disposición a colaborar con el gobierno en el rescate de los cuerpos. ¿Qué opinión le merece?
–Eso debieron haberlo hecho desde el principio. Nunca, en ninguna comunidad, ni en una guerra se abandonan los cuerpos de los caídos y en este caso lo hicieron. Los primeros cinco días que se trabajó en el rescate fue para hacer una evaluación de control de daños. Si ahora están dispuestos a hacerlo, que lo hagan.
–¿El cambio en Larrea y Grupo México se debe que llegó a la Presidencia un partido opositor?
–Absolutamente. Nunca pensaron que podía llegar esta transformación y apostaron a que yo jamás iba a regresar; menos que volviera como senador, presidente de la Comisión de Trabajo, del sindicato minero y de la nueva Confederación Internacional del Trabajo.
–¿Hay condiciones para el rescate?
–Sí. Y tenemos ofrecimientos de apoyos técnicos de sindicatos y trabajadores de Australia, Canadá y España.
–¿Hay recursos para ello?
–Quien debe cubrir el costo del rescate es la empresa y Larrea es el segundo hombre más rico de México. Eso no debe ser pretexto.

Fuente

Caso Atenco: gobierno de AMLO, ante la oportunidad inexcusable de cumplir la sentencia de la CoIDH

Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Jiménez Osorio e Italia Méndez Moreno, víctimas en Atenco. Foto: Octavio Gómez
Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Jiménez Osorio e Italia Méndez Moreno, víctimas en Atenco. Foto: Octavio Gómez

Caso Atenco: gobierno de AMLO, ante la oportunidad inexcusable de cumplir la sentencia de la CoIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cinco meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que se declaró al Estado mexicano responsable por la tortura sexual infringida contra 11 mujeres por los actos de represión en San Salvador Atenco, las sobrevivientes advierten que el cumplimiento del ordenamiento debe verse como una oportunidad que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para marcar la diferencia respecto a sus antecesores.
En el contexto del 13 aniversario de los operativos policíacos de corporaciones de los gobiernos federal y del Estado de México, las 11 mujeres de Atenco y sus abogados que litigaron desde 2008 el caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se mantienen a la expectativa del acatamiento cabal de la sentencia por parte del gobierno de López Obrador, mientras la actual administración impulsa megaproyectos en comunidades indígenas.
El 4 de abril, el gobierno de López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para el cumplimiento de la sentencia del caso Atenco, fecha en que ya se daba luces de los primeros avances.
Stephanie Brewer, responsable del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que desde entonces se comentó de la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) respecto del caso Atenco, tal como las mujeres habían exigido desde 2006, después de que ocurrieron los hechos, siendo entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
“Recientemente se les notificó que el 22 de marzo se abrió la carpeta en la FGR derivada de la sentencia; en su momento existían averiguaciones en el ámbito estatal y federal, y en 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) declinó el caso a favor del Estado de México, a donde mandó toda la documentación y donde sigue habiendo una investigación abierta”, contó Brewer en entrevista.
Al recordar que el proceso en el Estado de México se reavivó por la presión que significó el litigio internacional, la abogada del Centro Prodh resaltó que con el gobierno de López Obrador, el proceso penal está en una etapa primaria, “en las cuestiones técnicas del inicio de la investigación abierta, en la que la tortura sexual resulta un agravante”.
Atenco, cuenta pendiente. Foto: Miguel Dimayuga
Atenco, cuenta pendiente. Foto: Miguel Dimayuga
Apuntó que, aunque es un avance en uno de los puntos centrales de la exigencia de las mujeres durante los 13 años que han emprendido su lucha por justicia y medidas de no repetición, la atracción de la indagatoria por parte de la FGR “va a tomar tiempo porque tiene que solicitar el envío de toda la información por el tema de la atracción”.
La abogada destacó que, al momento, el caso sigue en la impunidad, luego que se transitó de acusaciones por tortura a actos libidinosos, abuso de autoridad y a tortura por omisión.
“No hay nadie castigado. El caso permanece en la impunidad. Ha habido procesados y sigue habiendo un par de procesos penales en contra de un grupo de policías de bajo rango, que son por tortura por omisión y las personas se han estado amparando y saliendo libres. Ha habido procesos contra los médicos, pero no hay nadie sancionada por los hechos”, puntualizó.
Para Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las 11 mujeres víctimas, los primeros avances en el cumplimiento de la sentencia por el caso Atenco las mantiene a la expectativa de que “el enfoque que se dé a la investigación sea el ahondar en la cadena de mando, que se puedan distinguir las formas de responsabilidad que tuvieron los funcionarios en el operativo, pero también en el diseño de éste”.
Cauta, Méndez Moreno sostuvo que las 11 mujeres de Atenco se resisten a “subirse al barco de las esperanzas”, porque ya tuvieron una mala experiencia con la PGR en 2009, cuando la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra) declinó a favor del Estado de México, “que derivó en este monstruo de investigación que no ha llevado a nada, que sigue abierta, que no ha implicado para nada acceso a la justicia”.
Al señalar que parte de la exigencia a la FGR es el acceso a los expedientes, Bárbara Italia destacó que “el Estado mexicano tiene una responsabilidad de resolver este caso y también la oportunidad de que estos casos no queden impunes”.
Méndez Moreno, quien junto con sus compañeras impulsaron la campaña Rompiendo el Silencio, Juntas contra la Tortura Sexual, resaltó que para las mujeres de Atenco es primordial que el Estado mexicano fortalezca el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, como lo dicta la sentencia, y que sean revisados los casos de mujeres que se encuentran actualmente en prisión.
Para Bárbara Italia y para sus compañeras, que el gobierno de López Obrador tome medidas para cumplir la sentencia, y al mismo tiempo haya iniciativas que ponen en riesgo los derechos humanos de las comunidades y del pueblo en general, “nos genera mucha ambivalencia”.
“Vemos con bastante preocupación el actual estado de las cosas, tanto en la forma de asumir las graves violaciones a derechos humanos, y estas medidas que se toman, en las que el Estado reconoce las graves violaciones, pero de cara a nuevos proyectos, a la Guardia Nacional y las leyes secundarias, no vemos claro los controles del uso de la fuerza”, expuso.
Al recordar que las 11 mujeres han acompañado las luchas por el territorio de los pueblos, resaltó que al ver los anuncios de los megaproyectos impulsados por el gobierno de López Obrador, “parece que vivimos en el cuento de nunca acabar”.
Mujeres víctimas en Atenco. Foto: Octavio Gómez
“Estamos hablando de una sentencia que habla de graves violaciones a los derechos humano, pero tenemos que entender que los contextos en los que se generaron estas graves violaciones tienen que ver con la exigencia de derechos”, dijo Méndez Moreno.
Bárbara Méndez señaló que las medidas de no repetición son de suma importancia en la sentencia, sobre todo en momentos en que se habla de megaproyectos o de la Guardia Nacional, e insistió en que el acatamiento de la sentencia de la CoIDH tiene una relevancia que va más allá de las 11 mujeres que litigaron el caso.
“Yo creo que es quehacer de toda la sociedad mexicana, exigir que tengamos realmente acceso a los derechos, que estas consultas se hagan de manera verdadera horizontales, y que al final del caso esta exigencia, que se ha tenido histórica por la transparencia, porque el Estado rinda cuentas, (y) no se diluya en el contexto actual de la 4T.
“Tienen una oportunidad inexcusable de hacer las cosas distintas, llegaron con ese discurso, que no pierdan la oportunidad, no sólo de cumplir una sentencia con medidas concretas que tienen que ver con un grupo o un colectivo de mujeres que somos las once, que este enfoque de derechos sea cotidiano en la política de Estado”, concluyó.

Fuente

Fue feminicidio, sostiene la madre de Lesvy al recibir disculpa pública

Foto
▲ Familiares de Lesvy Rivera Osorio y Ernestina Godoy Ramos, procuradora general de Justicia capitalina, durante la disculpa pública ofrecida a raíz de una recomendación de la CDHDF.Foto Luis Castillo
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2019, p. 31
El Gobierno de la Ciudad de México ofreció, por primera vez, una disculpa pública a los familiares de Lesvy Rivera Osorio, quien fue encontrada sin vida atada a una cabina telefónica, ubicada en Ciudad Universitaria, el 3 de mayo de 2017, por las deficiencias en la investigación realizada en la administración anterior, derivado de la recomendación 1/2018 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En una ceremonia solemne, en el auditorio de la Torre de Ingeniería, pues la familia pidió que fuera en la Universidad Nacional Autónoma de México, su madre Araceli Osorio aseguró que no fue suicidio, fue feminicidio perpetrado por Jorge Luis González, y sostuvo que la situación de violencia que viven muchas mujeres no es natural y menos inevitable.
Hoy, destacó la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, estamos frente a un crimen mal investigado, una carpeta mal integrada y un caso mal presentado ante los jueces, que estuvo a punto de quedar impune.
Desde el jefe de Gobierno, el procurador y decenas de funcionarios asumieron y defendieron como razón de Estado una verdad oficial insostenible al mínimo escrutinio público, que culpabilizó de nuevo a las mujeres de su violencia, incurriendo en responsabilidades administrativas y penales, afirmó.
En la dependencia, dijo, se tienen dos carpetas abiertas en la Fiscalía de Servidores Públicos y en la contraloría interna contra peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, quienes incurrieron en una mala práctica; y las pesquisas determinarán si alcanza a los ex procuradores.
Ante familiares de Lesvy, funcionarios, representantes del Congreso y de agrupaciones sociales, defensoras de derechos humanos y académicas, destacó que fue gracias a su madre y la lucha solidaria de miles de mujeres y organizaciones civiles que se logró reclasificar este crimen como feminicidio.
El actual gobierno de la ciudad ofrece una auténtica y sentida disculpa a la familia de la joven con el compromiso de la restitución de sus derechos, como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, señaló.
La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, explicó que la recomendación se emitió por la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio, la negligencia en la atención a sus familiares y la violación de los derechos al acceso a la justicia, integridad personal, a la intimidad y a la vida privada de la joven; y aún faltan 23 disculpas públicas de las autoridades capitalinas.
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se congratuló por esta disculpa pública, hecha no sólo por la recomendación emitida sino por el proceso de reparación del daño, reparación que es necesaria para reivindicar la memoria y vida de Lesvy.
Por su parte, María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, señaló que la violencia contra las mujeres es un hecho creciente. De 2012 a 2018 hubo 923 asesinatos de mujeres y sólo 36 por ciento se investigaron como feminicidio.
La PGJ convocó a un concurso para construir un memorial para recordar y honrar a las víctimas de feminicidio.

Fuente