viernes, 12 de abril de 2019

Asamblea General Extraordinaria Miércoles 17 de Abril a las 17:00 hrs. ¡VAMOS!

¡ALTO! al hostigamiento contra el movimiento 20/32


La batalla por el futuro del agua

por Redacción AN / GS abril 9, 2019 1:51 pm
"Con la Ley General de Aguas el acceso a las aguas nacionales ya no sería a través de la compra de concesiones o su otorgamiento bajo condiciones excepcionales por un director afín", escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.
 
Aristegui Noticias
 
Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns
Los eventos realizados en el Congreso de la Unión en torno al Día Mundial del Agua permiten mapear las fuerzas que están preparándose para determinar el futuro del agua en el país.
Por un lado, los grandes beneficiarios y promotores del control privado del agua, principalmente los agremiados del Consejo Consultivo del Agua, las Cámaras Minera y de la Construcción, fueron convocados por los presidentes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Senado y de la Cámara de Diputados, para discutir los cambios legislativos que requieren.
El evento en el Senado se centró en la presentación del nuevo libro de Humberto Armenta, quien, como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lideró el Programa Nacional de Infraestructura en el periodo de Felipe Calderón (es decir, proyectos como el Túnel Emisor Oriente, la Planta Atotonilco y Monterrey VI).  El autor aseguró al público que no habría que preocuparse por los “conflictos” en torno al “derecho humano del agua”, dado que con la asignación de 35 litros por día para este concepto, más de 99% del recurso quedaría libre para proyectos de explotación.
En la Cámara de Diputados se anunció un programa de foros regionales “Hacia una nueva Ley de Aguas Nacionales”, a realizarse con los gobernadores y “patrocinadores”, señalando especialmente la alianza con la Asociación Nacional de Empresas del Agua (la información está disponible en este vínculo).
Pero el agua, siendo como es, no se dejó captar por estos espacios. Fluyó también por otra serie de eventos en ambas Cámaras que reunieron a investigadores; pueblos originarios; organizaciones urbanas, campesinas, de derechos humanos y ambientalistas, así como pequeños y medianos productores para discutir qué marco legal se requiere para resolver las profundas crisis del agua que enfrenta nuestro país.
Estos eventos incluyeron “El Agua es de Todos”, inaugurado por los senadores Martí Bartres, Susana Harp y José Narro, así como el Foro sobre Hidroarsenicismo en la Cámara de Diputados, organizado por la Comisión de Salud, presidida por la diputada Miroslava Sánchez Galván.   
La conmemoración concluyó fuertemente con la “Semana del Agua, Saneamiento y Conservación”, inaugurada por los diputados Mario Delgado y Xóchitl Zagal Ramírez, junto con la Directora General de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros. Las conclusiones de este proceso fueron presentadas en una conferencia de prensa con el aval de 18 diputados de diversas comisiones.    
El actual Congreso de la Unión heredó el desacato de las Legislaturas LXII y LXIII del mandato de la reforma al 4º artículo constitucional del 8 febrero 2012, que exigió aprobar en un lapso de 360 días una Ley General de Aguas (LGA). La razón de ser de esta ley sería el derecho humano al agua, inseparable de los demás derechos reconocidos en las reformas a los artículos 1, 2 y 4, todas posteriores a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Según la reforma, tendría que sentar las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno.  
Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro
¿Por qué los grandes intereses se aferran a la Ley de Aguas Nacionales?  Esta ley, promulgada en 1992 como prerrequisito para la entrada al TLCAN, buscó someter a la lógica del mercado la resonante afirmación del artículo 27 Constitucional de que las aguas y tierras son originariamente propiedad de la Nación.  
De competencia federal, esta ley estableció a la Conagua como autoridad única del agua, e impuso sobre la diversidad de formas de manejo de nuestras aguas un sistema único de concesiones (incluyendo concesiones a zonas federales), las cuales podrían ser libremente compradas y vendidas con la facilitación de Bancos del Agua. También establece que el que contamina tiene que pagar un módico monto por cada tonelada de contaminantes descargados.  La Conagua fue facultada para realizar inspecciones y para cobrar derechos y sanciones, aunque sin ninguna obligación a hacerlo. En 2004 la LAN fue reformada para permitir el concesionamiento de las obras hidráulicas federales.
¿Por qué los beneficiarios de la LAN temen tanto a la Ley General de Aguas?  La LGA pondría fin a la íntima y cómoda relación que los grandes “intereses” han gozado con la Conagua durante estas décadas.  Abriría y democratizaría los espacios cerrados que han determinado la política hídrica desde el salinismo: las Sociedades de Responsabilidad Limitada que controlan los Distritos de Riego; los Consejos de Cuenca dominados por los grandes usuarios del agua; las comisiones estatales del agua y los organismos operadores metropolitanos y municipales, los cuales han servido como las grandes “cajas chicas” de los gobernadores y presidentes municipales en turno.
Con la Ley General de Aguas el acceso a las aguas nacionales ya no sería a través de la compra de concesiones o su otorgamiento bajo condiciones excepcionales por un director afín (como en los casos de la minera Goldcorp y de Aguas de Barcelona). Más bien, las solicitudes serán sujetadas a instancias de coadyuvancia entre los tres niveles de gobierno, la ciudadanía y los pueblos indígenas, a cargo de planes para reducir los niveles de sobreextracción, acaparamiento y contaminación hasta lograr el acceso equitativo y sustentable en todas las cuencas del país.
Al incorporar las reformas a los artículos 1, 2 y 4, posteriores a la LAN, estas instancias asegurarán el acceso prioritario a aguas y a recursos públicos requeridos para asegurar agua de calidad para todas y todos, así como el respeto por los derechos de los pueblos a cuidar y administrar las aguas en sus territorios. Determinarán las políticas y obras requeridas para restaurar y proteger las cuencas y los flujos subterráneos.
Se requerirá además de políticas fiscales que garanticen los recursos públicos requeridos (la ONU recomienda el 0.7% del PIB) para cumplir con este derecho fundamental.  Se tendrán que establecer mecanismos efectivos para poner fin a la contaminación impune. Posibles medidas incluyen: asegurar que el pago de derechos para descargas cubra el costo de las inspecciones; asignar responsabilidades a funcionarios; permitir el monitoreo ciudadano; y obligar a la Conagua a litigar en defensa de las comunidades y cuerpos de agua dañados por los que violen la normatividad.  Mecanismos de defensoría y contraloría ciudadana colaborarían con la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anti-Corrupción.
Los procesos ciudadanos y de pueblos que entran ahora en su octavo año de generar propuestas para la Ley General de Aguas han ido construyendo instancias precursoras del buen gobierno del agua. Fundamentados en la Constitución, van demostrando que el agua viene del buen manejo de las cuencas, no de botellas y megaobras privatizantes; que se puede lograr una economía vigorosa sin sacrificio humano o ambiental; que los poderes económicos deberán respetar los derechos humanos y de los pueblos en armonía con el bien común. 

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Todavía hay funcionarios que obedecen a intereses de los que dominaban: AMLO



Ante la alerta de apagones y desabasto de gas que hizo el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sean ciertas las advertencias y señaló que “todavía hay en el gobierno actual muchos funcionarios que obedecen a intereses de los que dominaban en el país, de los que mandaban en el país, son como empleados de los grupos de intereses creados que tenían tomado el gobierno”.

En el marco del foro La Política Energética de México, García Alcocer advirtió que “Hay menos gas. Estamos cerca de una alerta crítica, estamos en el límite que requiere el empaque (de gas) para poder seguir funcionando”, respecto del sistema eléctrico de la región añadió: “En la medida que tienes una desconexión, se apaga toda la Península”, según publicó el portal Forbes.
El titular del ejecutivo acusó que en sexenios anteriores, “el gobierno estaba secuestrado al servicio de una minoría para hacer negocios jugosos, en casi todas las áreas del gobierno todavía hay representantes de esos grupos y la mentalidad neoliberal. ¡Imagínense!, 36 años de predominio del neoliberalismo que yo llamo neoporfirismo, es un asunto de mentalidad”.
A esto se deben las declaraciones del funcionario de la CRE, comentó, que “viene del antiguo régimen, fue consejero de Pemex; por ejemplo, él autorizó la compra de la planta de fertilizante más cara del mundo, una planta de fertilizante que costaba, cuando mucho, 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares, 450 millones de dólares de utilidad a costa del erario, del presupuesto y él lo autorizo, y ahora está en la CRE diciendo que nos vamos a quedar sin gas”.
Rememoró que cuando iban a entregar Teléfonos de México hubo una campaña previa de desprestigio, “cuando era pública la empresa, que no servía, que era un desastre, que cobraban muchísimo, que era ineficiente. Fueron preparando el terreno para entregar la empresa pública”.
Érika Ramírez

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CFE anuncia inversión de 2,000 mdp para transmisión en el sureste

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) descartó la posibilidad de que se presente una ola de apagones y desabasto de electricidad en la Península de Yucatán –luego de los apagones que se han registrado-, pero anunció que se llevará a cabo el reforzamiento de las líneas de transmisión de la zona, con una inversión de 2 mil millones de pesos y que concluirá en 2021.
En conferencia de medios, Noé Peña Silva, director general de la Empresa Subsidiaria CFE Transmisión, señaló que la ruta alterna de se localizará entre Malpaso, Chiapas, y Ticul, Yucatán.
Con este proyecto se contribuirá a satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica y a evitar las interrupciones en el suministro de energía eléctrica en la región.
Detalló que se está terminando el diagnóstico del recorrido desde Malpaso hasta Tikul, pero se contempla “hacer una modificación a los conductores que están actualmente en las torres de 230, pero también tenemos en el estudio instalar un transformador de 400 a 230 en Escárcega.”
“Escárcega es una subestación de dos voltajes para por ahí la doble línea de 400, pero también una subestación aledaña, están las dos líneas de 230. Ahí queremos poner un banco de transformación de 400 a 230, estimamos un año para instalar ese transformador.”
“Eso nos va a dar confiabilidad, porque si hay un corte entre Tabasco y Escárcega baja la energía o se transfiere a la red que vamos a tener hacia 230, y la otra es de Escárcega hacia Tikul. El tramo en la línea, estimando dos años.” Y duplicar la capacidad hasta mil megawatts en esa ruta, con una inversión estimada de dos mil millones de pesos.
La primera etapa es el transformador en Escárcega, sería a un año para el siguiente, para mayo del 2020; y el proyecto completo estimado es en mayo de 2021. La obra incrementará la transferencia de energía eléctrica desde el sureste del país en beneficio de 1.9 millones de clientes.
El Sistema Peninsular se interconectó con la Red Eléctrica Nacional en 1988 y para 1997 se reforzó con 400 kV. Actualmente la CFE cuenta con más de 100 mil kilómetros de líneas, más de 330 mil torres de transmisión y subtransmisión, y más de 2 mil subestaciones de potencia a nivel nacional.
Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la Empresa Subsidiaria CFE Distribución, resaltó el compromiso de la CFE para tener un robusto Sistema Interconectado Nacional, cuya respuesta ante cualquier eventualidad va dirigida al cliente, sin otro interés más que restablecer el servicio, bajo altos estándares de seguridad, de calidad y de continuidad.
Durante su intervención, José Manuel Muñoz Villalobos, Subdirector de Negocios no Regulados, apuntó que la capacidad instalada de generación en la Península de Yucatán es suficiente para sostener el consumo de la región. Además, dijo, se cuenta con la interconexión hacia el resto del país a través de las redes de Transmisión, por lo que “desabasto y apagones, no están a la vista.”
Por su parte, Alfonso Morcos Flores, Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), enfatizó que las instrucciones de despacho de energía siempre darán prioridad a la confiabilidad de la red. Agregó que el CENACE trabaja coordinadamente con todas las entidades de la CFE, coordina todas las acciones de despacho de generación, las maniobras en la red de transmisión y opera también el Mercado Eléctrico Mayorista.
En tanto, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, reiteró la importancia de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reconozca los costos de la transmisión que deberían pagar las empresas privadas a la empresa productiva del Estado, disposición establecida incluso en la Reforma Energética en cuanto a que las tarifas deben ser suficientes para el mantenimiento y financiamiento de nuevas líneas de transmisión.
En otro tema, insistió en que la CFE no está en camino de la carbonización de la generación de energía y sostuvo que “el tema del uso de carbón para la generación eléctrica se ha magnificado”.
Dijo que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con todos los tipos de generación e impulsa las energías limpias para mantener un equilibrio en generación.
Al respecto, Carlos Morales Mar, director corporativo de Operaciones, puntualizó que el uso de carbón en la generación de electricidad no va en aumento, por el contrario, señaló que las compras de carbón se redujeron en un 20 por ciento entre 2012 y 2019.

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Diputados aprueban en lo general y particular la reforma laboral

Con 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, fue avalada la reforma laboral en el Pleno en San Lázaro.

Foto: Notimex

Los diputados aprobaron en lo general y en lo particular  el dictamen de reforma laboral que modifica cinco legislaciones, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
El Pleno en San Lázaro lo aprobó, a las 21:00 horas de este jueves 11 de abril, con 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, tras la discusión de 104 propuestas de modificación que presentaron 50 diputados.
Las leyes que se reformaron son: Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Seguro Social (IMSS).
El dictamen, que será remitido a la Cámara de Senadores, adecua estos ordenamientos legales con la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 febrero de 2017 y con diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los trabajadores.
La reforma laboral es considerada clave para que sea ratificado en el Congreso de Estados Unidos el nuevo acuerdo que reemplazará al Tratado de Libre Comercial de América del Norte (TLCAN).
La reforma adecua la legislación laboral con diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los trabajadores, dijo el diputado Manuel Baldenebro, presidente de la comisión, citado en un comunicado de la cámara baja.
López Obrador pidió recientemente al Congreso mexicano aprobar la reforma laboral dentro de los parámetros acordados el año pasado en la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-Mec)
"Nos conviene el tener este tratado, y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación", dijo el mandatario el jueves en su habitual conferencia de prensa matutina.

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En breve, la Unesco dará informe sobre la termoeléctrica de Huexca

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▲ Protesta frente a las instalaciones de la termoeléctrica de Huexca, en el centenario luctuoso e Emiliano Zapata.Foto José Carlo González
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de abril de 2019, p. 19
El representante de la Oficina de la Unesco en México, Frédéric Vacheron informó que en breve entregarán el informe final sobre el estudio llevado a cabo en la calidad y cantidad del agua en torno a la operación de la Central Termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, Morelos.
En entrevista luego de participar en la Firma del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica para Promover el Fortalecimiento de la Investigación Científica y Educativa en Materia Hidrológica entre el gobierno de México y este brazo de las Naciones Unidas, el funcionario detalló que la misión de expertos independientes se llevó a cabo hace unas semanas y se encuentran en este momento preparando la entrega del informe final.
Frédéric Vacheron dijo que la pesquisa tiene una visión holística, es decir, se analiza el impacto que tendrán sobre la población los diferentes proyectos que se desarrollan en el área.
Añadió que ante la urgencia de trabajar en temas de agua, fue firmado el acuerdo con el Gobierno mexicano, el cual va más allá de la termoeléctrica y versa sobre un análisis más global a escala nacional y también permitir a México de beneficiarse del más alto nivel de conocimiento del agua a escala mundial.
Por su parte, la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, explicó que el convenio signado ayer en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) surgió a raíz de la petición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador del apoyo del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Unesco para hacer el análisis sobre la operación de la termoeléctrica.
Sobre el convenio, Vacheron explicó que se podrán establecer acciones de colaboración y asistencia técnica para promover el fortalecimiento del desarrollo de la investigación científica y educativa en materia hidrológica y de calidad de agua, así como la formulación de métodos, herramientas, proyectos y enfoques vinculados con el manejo del agua que permita promover su uso sostenible a escala local y nacional.
Advirtió que debido al crecimiento demográfico y las afectaciones del cambio climático, buena parte del mundo –incluido México– sufre un estrés hídrico y sequías. Para enfrentar estos retos, debemos partir del reconocimiento del funcionamiento ecosistémico e interdependiente con los demás elementos naturales, sociales y culturales, así como la introducción de los conceptos de vulnerabilidad y adaptación, de tal manera que permita orientar la gestión y orientación de los recursos hídricos hacia estrategias de adaptación.
Indicó asimismo que la mejora de la gestión de recursos hídricos y del acceso seguro al agua y saneamiento para todos es fundamental para erradicar la pobreza y contribuir a sociedades prósperas y pacíficas.

Afores firmarán acuerdo climático con la ONU

Para Enrique Solórzano, apostar por la sostenibilidad no es filantropía sino una nueva cultura de negocios.

Afores firmarán acuerdo climático con  la ONU

Los principales inversionistas institucionales de México, entre ellos las administradoras de fondos para el retiro (afores), firmarán un acuerdo con Principles for Responsible Investment, de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el cual se comprometerán a apegarse a las mejores prácticas de inversión responsable.
“El Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) va a invitar a todos los miembros a suscribir el acuerdo para que una vez que lo suscriban, se comprometan a hacer inversiones responsables y si no cumplen serán expuestos”, aseguró Enrique Solórzano, copresidente del CCFV y director general de Sura.
En este sentido adelantó que las grandes afores están en proceso de firmar dicho acuerdo. En Sura “ya estamos preparados para hacerlo, pero lo haremos de manera regional, esperamos que pase en los próximos meses”.
Afore XXI Banorte y Citibanamex están avanzado en el proceso.
El Consejo Consultivo de Finanzas Verdes es una organización que aglutina a 58 instrucciones financieras, entre ellas, afores, aseguradoras, banca comercial, para impulsar el financiamiento de proyectos verdes.

Nueva cultura de negocios

“Apostar por la sostenibilidad no implica acciones filantrópicas, sino una nueva cultura de negocios, en la que los beneficios de hacer este tipo de inversiones son rentables y atractivas, en materia de eficiencia energética, energía renovable, transporte limpio, edificación sustentable y agricultura verde”, mencionó.
Durante la inauguración de la Cumbre Finanzas Sustentables 2019, Enrique Solórzano, explicó que bajo la firma del acuerdo de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, los inversionistas institucionales del país podrán aumentar su comprensión y conocimiento para evaluar mejor los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo dentro de sus carteras de inversión.
Principles for Responsible Investment, dijo Solórzano, lleva años elaborando metodologías de análisis de mejores prácticas de inversión sostenible.
Por ello, confío en que el acercamiento entre el organismo internacional y una gran cantidad de inversionistas institucionales contribuirá a aumentar el compromiso para realizar análisis de riesgos en las inversiones y, al mismo tiempo, motivará a las empresas mexicanas a elevar sus esfuerzos por mejorar su huella de carbono.
El directivo añadió que los inversionistas “premiarían invirtiendo más en las empresas que cuiden su huella de carbono. Es una manera de generar un cambio importante”.
Tras su participación espera que la actual administración federal continúe impulsando el cambio a energías limpias.
“El gobierno es consciente de lo que tiene que hacer, pero también está impulsando energías sucias y eso es peligroso”, alertó.

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Rechaza Situam solicitud de académicos para levantar el movimiento de huelga

El llamado a la reflexión no debe dirigirse sólo a los trabajadores, sino también a las autoridades universitarias, reviran administrativos
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de abril de 2019, p. 13
La presión de la comunidad, principalmente académica, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) crece cada vez más para que se levante la huelga que enfrenta la institución desde hace 70 días. Pero hay signos de que el conflicto podría prolongarse hasta después de la Semana Santa, por lo que sería extraordinariamente difícil salvar el trimestre escolar.
En diversas cartas dirigidas al Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam), profesores-investigadores de varias unidades académicas piden la realización de una consulta a todo el personal para determinar si continúa el paro de actividades. La petición fue rechazada categóricamente por el sindicato, que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El gremio señaló que esa decisión corresponde a los trabajadores sindicalizados, a sus delegados y a su comité de huelga, conforme a sus propios estatutos.
En su totalidad, los comunicados emitidos por las asambleas de profesores hacen un llamado a la base, exhortan a la reflexión, suplican cordura y buen entendimiento de la base trabajadora. Pero en esa literatura no hemos encontrado nunca exigencias sobre la evidente falta de transparencia que existe en la institución y en el reparto profundamente inequitativo del presupuesto universitario, revira un grupo de trabajadores administrativos, también en una carta.
Hay que aclarar que apenas 20 por ciento de los docentes es personal sindicalizado.
Se prolongará más allá de Semana Santa
Desde el miércoles, en reuniones internas, los trabajadores ratificaban su movimiento y la exigencia de aumento salarial, e incluso se prevé que este viernes el comité de huelga apruebe la redacción de una contrapropuesta a la presentada por las autoridades en la mesa de negociación el martes pasado, por lo que seguramente la huelga se prolongará más allá de la Semana Santa.
De concretarse este último escenario, el trimestre escolar estaría prácticamente perdido. Además, el jueves concluyó sin agendarse un nuevo encuentro entre las partes con la mediación de la Secretaría de Trabajo.
A pesar de que existen avances importantes en el diálogo sobre las violaciones al contrato colectivo, en la discusión los trabajadores insistieron en su inconformidad no sólo por el tema salarial –que se mantiene en 3.35 y 3 en retabulación a parte del personal–, sino también porque no se considera plenamente el retiro del excesivo personal de confianza en la institución.

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Sector privado operaría dos cárceles en Edomex

Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 12 de abril de 2019, p. 38
Toluca, Méx., El gobierno del estado de México pretende entregar a la iniciativa privada la construcción y operación de dos nuevos centros penitenciarios en la entidad, bajo el esquema de Asociaciones Público y Privadas (APP).
Por ambas cárceles el gobierno mexiquense efectuará una erogación de 30 mil 222 millones de pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA), a cubrir en los próximos 15 años.
Bajo el mismo esquema de financiamiento, plantea que por 13 mil 600 millones de pesos, un particular se encargue del mantenimiento de mil 600 kilómetros de caminos y carreteras del sur del estado por un contrato de 12 años.
Las iniciativas para autorizar la ejecución de estos proyectos, que implicarán un costo de casi 44 mil millones de pesos al gobierno estatal por los próximos 25 años, ayer ingresaron a la Legislatura mexiquense, que turnó los documentos a las comisiones de dictamen para su análisis y, en su caso, eventual aprobación.
Los centros de reinserción social se ubicarían en Ozumba e Ixtapaluca, y tendrían capacidad para albergar a 2 mil reos, quienes tendrían que ingresar a un programa de ocupación laboral dentro de la cárcel, donde recibirían un pago por su trabajo y capacitación.
La iniciativa privada tendría la concesión de estas cárceles por 25 años. En los primeros dos se encargaría de la inversión para construirlos y equiparlos; y en los 23 años subsecuentes de la operación y mantenimiento de estos sitios. La seguridad de las prisiones estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad mexiquense.

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México rompe récord en prooveduría al mercado de EU

De los seis principales suministradores de mercancías del país del norte, solamente México registró dinamismo el año pasado; su participación de mercado en el 2011 era de 11.7 por ciento.

México rompe récord en prooveduría al mercado de EU

México rompió récord en el total de importaciones de productos de Estados Unidos en el 2018, con una cuota de 13.4%, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense.
Este indicador ha escalado permanentemente desde el 11.7% en el 2011, con excepción del 2017, cuando mantuvo el mismo nivel que el año previo, de 13.2 por ciento.
Estados Unidos es el mayor importador de mercancías del mundo, con 2.6 billones de dólares en 2018, teniendo como sus principales compras teléfonos, autos, petróleo, computadoras, medicamentos y autopartes.
En contraste, la participación de China en el total de compras externas estadounidenses cayó de 21.8 a 21.5%, y la correspondiente a Canadá se redujo de 12.7 a 12.5%, comparando el 2018 con el 2017.
De hecho, de los seis principales proveedores de Estados Unidos, incluidos además Japón, Alemania y Corea del Sur, solamente México avanzó en su participación de mercado. “Nuestro principal socio comercial está en Estados Unidos. Es realmente un beneficio para México el poder tener la frontera que nos permite acceder al principal importador a nivel mundial, el importador que realiza 20% de las importaciones totales en el mundo lo tenemos junto a nosotros. Ésa es una gran ventaja”, destacó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, a finales de marzo.
La funcionaria expuso que el gobierno impulsa a la vez la diversificación de exportaciones a otros mercados, donde también México pueda tener crecimientos más dinámicos en el sector exportador.
“Queremos diversificar nuestras importaciones y queremos diversificar la oferta exportable que hemos construido en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos tenido éxitos importantes en el sector automotor, sector autopartes, eléctrico, electrónico, agroalimentario. Pero sabemos que tenemos que incluir a más actores, más sectores, más productos y más empresas en la agenda exportadora”, añadió.

Cambios en EU

Tras la llegada del presidente Donald J. Trump a la Presidencia en noviembre del 2016, la administración republicana ha dado un giro radical a la orientación de la política económica. La estrategia de la nueva administración tiene cuatro ejes básicos: la utilización de la política comercial para proteger la producción y el empleo doméstico, la desregularización de la economía, una ambiciosa reforma tributaria y un fuerte incremento de la inversión en infraestructuras.
Con la nueva administración, Estados Unidos se salió del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP); sigue el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), próximamente con la votación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); se han lanzado varios estudios para investigar las causas del déficit comercial estadounidense, y se han multiplicado los procedimientos de defensa comercial.
La economía estadounidense es la mayor del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) de 20.9 billones de dólares en el 2018, un mercado formado por 327 millones de consumidores y un PIB per cápita de 62,518 dólares. Además, fue la primera emisora y receptora de inversión extranjera en el 2017, último dato disponible.
Finalmente, Estados Unidos y China mantienen negociaciones para llegar a un acuerdo en un contexto de una guerra comercial entre ambos, tras acusaciones de que el país asiático incurre en violaciones de derechos de propiedad intelectual, robo de secretos empresariales y prácticas desleales de comercio.

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EU es hipócrita, le conviene tener indocumentados


EU es hipócrita, le conviene tener indocumentados

abril 5, 2019 | Por Nora Rodriguez Aceves

Entrevista a Guadalupe Correa-Cabrera | Profesora asociada en la Universidad George Mason

Tras las amenazas del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no detiene los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan por territorio mexicano para entrar de forma ilegal a Estados Unidos, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, afirma que “es una cuestión muy complicada, porque cada quien está jugando su juego político y lo que menos importa en este momento son los migrantes, a nadie le importan”.
Desde que empezaron a salir —en octubre de 2018— las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a los Estados Unidos, “nos dimos cuenta que era un juego de muchos actores, que no es muy claro, pero que hay grupos que mueven a estas personas, estas caravanas, incentivando la petición de asilo, incentivando el transporte, incentivando de muchas maneras”.
La experta en estudios fronterizos, migración y relaciones México-Estados Unidos, asegura que “todo esto es utilizado de manera política, porque cada vez llegan más personas en masa a pedir asilo, como nunca se había visto. A tal grado que parece ser una realidad la crisis en la frontera que Donald Trump presentó durante las elecciones en Estados Unidos, en su campaña rumbo a la presidencia en 2016”.
Antes de que aparecieran las caravanas, explica, que el mandatario vaticinó este escenario, hablaba como si existiera ya, tanto que muchos de los que criticamos este planteamiento lo negamos, “no es cierto, no hay ninguna crisis, no tenemos ningún problema, las cosas están como siempre, por supuesto que había y ha habido una crisis humanitaria, pero no es de ahora, lleva varios años, se manifestó con mucha visibilidad en agosto de 2010 cuando se encontraron muertos a los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas”, apunta.



Organizaciones de la Sociedad Civil que operan

“El problema es que con estas caravanas, que las mueven grupos, muchos de ellos no son las personas que se dedicaban hacer el trabajo humanitario de siempre, las que apoyaron siempre, como la Pastoral de Movilidad Humana o los albergues que ayudan, porque la gente se sigue desplazando, pero ahora se desplaza en caravana, muchos de los grupos que están operando para las caravanas tienen un lugar en los Estados Unidos, ellos vienen de allá”.
Señala a “Pueblos sin Fronteras, una organización que no es mexicana, que tiene muchos contactos en México, y las organizaciones, bien identificadas, que trabajan de la mano de ellos, haciendo diferentes cosas, como por ejemplo Diversidad sin Fronteras, muchos grupos que tiene un apellido, sin fronteras. Los abogados de Al Otro Lado, que dan asesorías para cuestiones de asilo, que manejan algunos casos, pero en realidad dan acompañamiento —como ellos le dicen— a cualquiera que pida asilo, sí, pero la mayor parte de esta gente nunca tendrá asilo, porque no cumple con los requisitos que marca la ley”.
“Todos los grupos se benefician, los coyotes que acompañan a la caravana; los grupos que acompañan a migrantes y que quieren donaciones, todas estas OSC, muchas de ellas norteamericanas, que empiezan a salir de la nada, que tienen poco tiempo trabajando en el tema migratorio, que eso quede claro”.
Por tanto, lo que se logró con la primera caravana, es que “Donald Trump dijera: miren, les dije que había una crisis en la frontera y lo que está pasando es que llegan estas personas en masa, las detienen, los encierran, arman un show para mostrar que no hay capacidad en los centros de detención y poder decir, necesitamos más dinero para su detención y necesitamos una frontera”, explica.

México en medio de la lucha política

Mientras tanto, “la base de apoyo del presidente Trump cada vez está más enojada, piden un muro, piden que se paren estos flujos migratorios y Donald Trump también lo está pidiendo, cuando es México el que está en medio de todo este conflicto político”, asegura.
Guadalupe Correa-Cabrera | Investigadora de la Universidad de Texas
Guadalupe Correa-Cabrera | Investigadora de la Universidad de Texas
La doctora en Ciencias Políticas, por la New School for Social Research (Nueva York, NY), expresa que “es una cuestión política que Donald Trump está utilizando para presionar a México, vea mi gente, tenemos una crisis, cuántas personas quieren invadir al país voy a cerrar la frontera. ¿Qué pasaría si Donald Trump cierra la frontera? Es imposible que él vaya a cerrar la frontera por más de dos días, de un día o por poco tiempo más, perdería su país muchísimo dinero, simplemente en los trabajos que se perderían, el dinamismo de la frontera es algo que no le conviene parar a los Estados Unidos”.
Indica que “es otra manera de presionar a México, otra manera de consolidar su base política, pero la pregunta es ¿Por qué y quién está trayendo tanta gente?, ¿quién los está alentando a que lleguen a pedir asilo de esa manera? Sabemos que su ubicación es muy complicada, que ellos tienen el sueño americano en la cabeza, que no saben que les espera una pesadilla, pero aquí están lucrando con ellos políticamente los dos partidos de Estados Unidos”.
“En el caso de México —explica la doctora Correa— Estados Unidos le exige parar a los flojos, si no cerrará su frontera sur y sabemos que el día de ayer —lunes 1 de abril— ya se empezaron a ver operaciones importantes para parar el coyotaje, el tráfico humano, camiones detenidos y personas relacionadas con investigaciones detenidas, vinculados a estas operaciones de llevar gente en masa, en caravana”.
Además dice: “Trump presiona de cualquier manera, el programa de protocolos migratorios para quedarse en México lo decide unilateralmente Estados Unidos para que México cargue con el problema y México no hace nada, no detendrá los flujos, pero lo hace, sigue habiendo muchas deportaciones a Centroamérica, eso dicen los números, no cambian mucho con respecto a los últimos años del periodo de Enrique Peña Nieto, de acuerdo a los datos que puso en orden la Universidad de Texas, basados en cifras oficiales de los Estados Unidos”.
Por tanto, sostiene, una cosa es que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador que no detendrá a los migrantes y otra lo que vimos tres días después de la amenaza del mandatario republicano. “No sé si México llegó a un acuerdo, que no sea transparente, y que esto solo sea un espectáculo mediático. La participación del presidente de los Estados Unidos, su actuar, nos muestra otro tipo de hacer política a nivel internacional, no con elementos de verdad, sino con exageraciones, falsedades y frases muy acaloradas que sirven también para una cuestión electoral, para una reelección posible y para mantener una base de apoyo”.
Guadalupe Correa-Cabrera afirma que Donald Trump “consigue lo que quiere, tal vez consiguió un acuerdo, sería interesante que los mexicanos se pusieran las pilas. Todos sabemos quiénes mueven gente, que no los agarren, que no detengan esas operaciones, es raro y difícil de comprender, ahí hay alguna política, algún juego”.
“No hablo de la gente, sino de los políticos, de los traficantes de personas, de las fundaciones que ganan mucho dinero haciendo de esto una tragedia y manteniendo la tragedia humana de la migración centroamericana”.
Destaca que “quienes nos dedicamos al estudio de movimientos sociales, sabemos cómo ha sido este movimiento por años, no llegaban así porque hay necesidad de recursos y de organización, aquí se utiliza de manera política, es en el centro de la discusión del debate estadounidense nacional. Hablamos de una emergencia nacional, de un cierre del gobierno de los Estados Unidos a principios de año, el más grande en toda la historia del país, a ellos les conviene mostrar a los migrantes como invasores, a otros como protectores de migrantes, pero al final todos hacen los mismo”.
Incluso, “el gobierno mexicano que está ahorcado también está jugando un juego, el gobierno estadounidense definitivamente, las OSC que están en la rebatinga de dinero y donaciones para “ayudar” a los migrantes; todos hacen dinero de los migrantes para justificar una crisis migratoria que a todo mundo da frutos”, afirma Guadalupe Correa-Cabrera.
“Ellos quieren que México haga el trabajo sucio, ellos no cambian sus leyes, no llegan a un acuerdo, se enfrenta el Partido Republicano con el Partido Demócrata, la verdad no veo una solución a menos que se cambie la línea de Estados Unidos y tenga una política coherente. La gente no migra porque sea mala, invasora y quiera aprovecharse de un sistema ¡claro que no!, llega porque sabe que en el momento  en que cruce, sin estar en un centro de detención o en una cárcel, tendrá un trabajo”.
“No vienen a beneficiarse del sistema, vienen a trabajar, porque no reciben ninguna ayuda, nadie les ayuda, el sistema estadounidense no es de ayuda, es de trabajo, por tanto es un sistema muy, muy, muy hipócrita”, concluye.

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