lunes, 8 de abril de 2019

Este lunes, marcha en apoyo al SITUAM.


Mitin en apoyo al movimiento 20/32

Paradójicamente los gobiernos neoliberales lo respetaron LA 4T QUITÓ EL DERECHO AL IMSS A ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA

*El SME pide que el Estado se disculpe por atrocidades en su contra.
*Dejó a decenas de miles de trabajadores sin empleo.
*Usan a las fuerzas armadas y a la PGR para criminalizar a usuarios que se niegan a pagar cobros locos, por supuesto robo de luz.
*López Obrador prometió el borrón y cuenta nueva...pero no cumplió.
*Ilegalmente suspendieron permisos para suministro básico de luz...
*Pero autorizaron a una empresa que no cubre los requisitos.
Por Martín Esparza Flores,
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
y Conductor de Frecuencia Laboral,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, en colaboración voluntaria,

Arturo Higuera me pregunta sobre la situación para que regresen los trabajadores de resistencia la atención del seguro social. Su hijo tiene tratamiento médico y necesita una medicina pero no se la han dado en el seguro social y la ha tenido que comprar. Es un tema que ojalá nos puedan escuchar las autoridades federales porque es increíble que en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con los gobiernos neoliberales se mantuvo la vigencia del seguro hasta el 30 de noviembre del 2018, sin embargo con la actual administración federal es la fecha que no dan respuesta.
Esta semana acudiremos a la secretaría de gobernación porque es un tema muy preocupante para todos los trabajadores de la resistencia. El tema también fue puesto en la mesa con Germán Martínez director del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo tiene por escrito la Secretaria de Energía Rocío Nahle y la propia Secretaria del Trabajo con Luisa María Alcalde y lo entregamos a la Secretaría de Gobernación.
La respuesta y lo que hemos escuchado, que no es oficial, dicen que lo están viendo para resolverlo. Pero que hay un problema de dineros porque dicen que no hay dinero para poder mantener la atención médica de los trabajadores.
El pasado 4 de abril del 2019 reanudamos en el SME una asamblea permanente para discutir la problemática del sindicato frente a la nueva administración y revisar los temas que están pendientes.
Ha habido una serie de acontecimientos, unos buenos para lo interno del SME, porque después de la insistencia de grupos disidentes que han ido a las juntas federales de conciliación y arbitraje a demandar la nulidad de la toma de nota de la dirigencia del sindicato (es decir, el reconocimiento oficial) y a demandar la nulidad de las reformas de estatutos y solicitarle a la junta federal de conciliación y arbitraje que declare que los únicos miembros activos del sindicato son los jubilados y una serie de aberraciones jurídicas, eso dio pie a partir de los llamados que hace el ejecutivo Federal a reunirse con todos los grupos y hasta exdirigentes.
Observamos que por un lado se patea el bote para no resolver el fondo del conflicto. Lo dijimos en la asamblea porque en este proceso de la conciliación del país que se busca que el estado mexicano - y no nada más el estado mexicano- sino otros países pidan disculpas públicas por todas las atrocidades que se han cometido en contra de los indígenas, los campesinos, los trabajadores. Nosotros estamos en esa situación.
Fue el estado mexicano quién utilizó las fuerzas armadas y militares para meterse aquel 9 octubre del 2009 a las instalaciones y, con un acto administrativo del presidente Felipe Calderón, decretar la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44,000 trabajadores.
Lo dijimos en la asamblea, el estado mexicano tiene la obligación de restituir los derechos de los trabajadores, de pedir una disculpa pública a los trabajadores por esta atrocidad porque no hay antecedentes en el país ni en el mundo de que un gobierno, un presidente con complicidad con los ministros de la corte y la subordinación de los diputados y senadores hayan permitido este acto inverosimil y que ha traído muchas consecuencias.
Muchos compañeros han fallecido. Hay un daño emocional, físico, económico al propio patrimonio de los trabajadores y es un tema que lo hemos colocado en la mesa porque las declaraciones que hace el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra nuestra, tienen esa lógica de como justifica hoy el director de la CFE las condiciones en las que se encuentra esta empresa de clase mundial.
Resulta que debe 40 mil millones de dólares, que tiene un pasivo laboral de 522 mil millones de pesos, pero además lo más difícil de entender que en el cambio de gobierno con una propuesta muy clara a los mexicanos para alcanzar la votación que se alcanzó el primero de julio del año pasado, no nos diga a los mexicanos quién endeudo a la Comisión Federal de Electricidad. ¿A dónde fueron a parar estas cantidades estratosféricas e imposibles de pagar?
El deterioro, la ineptitud e ineficacia de esta empresa se lo están trasladando a los usuarios en el tema de las tarifas eléctricas. Este 5 de abril de 2019 hubo otro apagón en la península de Yucatán, es el segundo, lo que se observa es la falta de mantenimiento a esta red nacional de transmisión, de distribución, de transformación. Incluso nosotros hemos interactuado con ingenieros regionales de la CFE y lo primero que dicen: es que no hay dinero para el mantenimiento.
Lo analizamos en la propia asamblea. La reforma energética la impusieron en el 2014 y en la publicación de esa nueva reforma energética también publicaron la nueva ley de la Comisión Federal de Electricidad que se dio un plazo de 2 años para el proceso de separación de todas las filiales y subsidiarias. Le dieron todo ese tiempo para que pudieran hacer sus planes y negocios y ser rentable. Ya estamos en el 2019 y no han hecho nada. Al contrario es un barril sin fondo, que se le mete dinero y se va al pago de intereses de la deuda.
Han colocado todos los activos de la Comisión Federal de Electricidad inclusive todo lo que tenía Luz y Fuerza lo pusieron en su patrimonio para colocar deuda en el extranjero a plazos de 25 años, que hay que estar pagando con la infraestructura productiva que es del estado mexicano.
Las declaraciones del director (Manuel Bartlett Díaz) en contra de nosotros han provocado mucha molestia en la organización. Llegaron muchísimas cartas de solidaridad porque hoy vuelven a criminalizar. Nos equiparan al SME con el crimen organizado diciendo que somos los responsables de que esta empresa no salga adelante, a ver si no nos acusan del apagón del día de ayer en la península de Yucatán.
La ineficacia de la Comisión Federal de Electricidad es lo que ha llevado a muchísimos deterioros en el país y además económicos. Uno de los temas que se resolvieron en la asamblea es que se exija una auditoría pública a la Comisión Federal de Electricidad. No es suficiente la auditoría superior de la federación. Lo que observemos de los próximos directores que han estado en la CFE Alfredo Elías Ayub estuvo más de 10 años y el otro ingeniero que fue muy sonado por los yates, ferraris, sobornos, Ernesto Félix Moreno Díaz. El último director de la CFE, Enrique Ochoa, hoy es diputado federal y andan tranquilamente mientras que todos los usuarios tienen que cargar con los altos cobros de la electricidad.
Además de estas declaraciones después en la semana usaron al ejército, a la guardia nacional, para llevar a los esquiroles de la CFE a cortar el suministro en colonias populares que están en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que tienen una queja ante Profeco.
La ley es muy clara, en que tratándose de servicios públicos mientras no haya una conciliación no se pueden cortar estos servicios, pero ya con las fuerzas armadas militares que te imponen y haciendo a un lado a los usuarios dejándolos sin luz cuando también se dijo que iba a ver borrón y cuenta nueva. Eso lo declaro el presidente en Tabasco. Incluso dijo y ahí va a estar Manuel Bartlett para cumplir con este compromiso. Hoy nada más no se alcanza el borrón y cuenta nueva, sino hay una represión en contra de los usuarios.
Están utilizando nuevamente a la Procuraduría General de la República (PGR), para hacer denuncias de los usuarios por robo de fluido eléctrico.
Compañeros nuestros del SME han estado llegándoles citatorios para comparecer en las carpetas de investigación por el supuesto robo y despojo de los bienes que hemos recuperado con la lucha de resistencia y que además están suscrito los acuerdos con gobernación.
La asamblea del SME del jueves 4 de abril de 2019, fue muy importante porque hubo mucha participación y los acuerdos de nuestros compañeros es continuar luchando por defender a nuestra organización sindical y alcanzar el objetivo de la reinserción laboral de todos los trabajadores.
Esta misma legislación que impusieron los senadores y diputados establecieron que en el 2018 una vez que se acomodará la CFE e hicieran sus planes de negocios e invirtieran mucha lana se abriera la competencia, para que el usuario de consumo básico tuviera alternativas de haber quien le da mejor servicio para contratarse.
Resulta que después de que cumplimos con todos los requisitos, que no son pocos ante la comisión reguladora de energía, ante el Centro Nacional de Control de Energía. Incluso el 6 de febrero fuimos notificados que ya se había revisado nuestro expediente y que estaba completo que solamente faltaba que nos entregaran el contrato como participante del mercado eléctrico mayorista para suscribirlo, pero el 29 de marzo notifican al representante legal de la empresa que en relación al proceso de registro como participante del mercado eléctrico mayorista en la modalidad de suministrador de servicios básicos:
“Me permito informarle que se recibió el 28 de marzo del presente año en las oficinas de este organismo público descentralizado el oficio CENER 100/2019/231 en el cual se informa lo siguiente. Dice: se solicita a este centro, al CENACE, considere la pertinencia de llevar a cabo las acciones necesarias para suspender temporalmente toda actividad relacionada con la continuación de las etapas que conforma el proceso previsto en la subasta de mediano plazo 1/2018 la subastas por confiabilidad, el mercado de certificados de energías limpias, las subastas de derechos financieros de transmisión y la celebración de contratos de participantes del mercado eléctrico en su calidad de suministrador de servicios básicos hasta en tanto entren en vigor el plan nacional de desarrollo y los instrumentos programáticos que se deriven de dicho plan a fin de que se realicen las adecuaciones pertinentes para que la participación de los particulares en el mercado eléctrico de manera que estimulen la regulación y promoción de la actividad.”
Luego dicen “por lo anterior y en cumplimiento le informo que la suscripción de los contratos como participante del mercado en la modalidad de suministros básicos se encuentra suspendida temporalmente hasta en tanto se determine por parte de la Secretaría de Energía que existen las condiciones necesarias para dar continuidad al proceso.” Lo firman ellos y todavía no dicen pero si ustedes quieren recurrir o quieren demandar ahí está y nos pone en todo el tema. ¿se puede suspender temporalmente la aplicación de una ley?
Cuando se autorizó por la parte de la Comisión Reguladora de Energía la apertura el consumo básico no nada más solicitó permisos de operación la Suministradora Básica del Centro (SUBACE), que es de la cooperativa del SME. También solicitaron permisos de otras dos empresas que fueron autorizados. Revisando en la página del CENACE resulta que una de estas empresas ya firmaron su contrato como participante del mercado eléctrico mayorista sin tener un plan de negocios, no han hecho nada.
Y nosotros que les cubrimos todos los requisitos quedamos pendientes.
Nos parece que es un tema más político y los compañeros de la ANUEE, del SME vamos a hacer lo conducente. Se estableció hacer un plan de actividades. Incluso vamos a hacer un foro de solidaridad con el SME y la ANUEE. Se ha enviado toda una atenta nota informativa por parte del SME a organizaciones sindicales, sociales, populares a nivel nacional e internacional. Se recibió, por parte de Industrial Global Junior, una carta dirigida a la Secretaria del Trabajo donde le dice que lo que están haciendo es violentar la autonomía del sindicato, que el SME es una organización debidamente registrada y dentro de los derechos que tenemos conformados no nada más en la legislación mexicana, sino dentro de Organización Internacional del Trabajo y le piden respeto a nuestro organización. Así han llegado muchas cartas y vamos a continuar en esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. 




“Camaleones” criminalización de las luchas sociales




Revista Siempre!
abril 5, 2019 | Por Martín Esparza
Cuando el más lógico de los sentidos comunes apuntaba a que en el nuevo gobierno la criminalización de las luchas y movimientos sociales, tan empleada por la tecnocracia neoliberal, estaría superada, diversos personajes que arribaron a la nueva estructura de poder en algunas entidades públicas la reciclan para volver a agredir a organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que han defendido áreas estratégicas como el sector eléctrico, vitales para un nuevo esquema de desarrollo del país.
Bastaron unos meses para que la nación se enterara que el proyecto social a favor de la clase trabajadora no muestra en los hechos lo planteado en el discurso político, sobre todo en lo referente a establecer una alianza nacionalista y popular para devolver a México su soberanía energética.
Una y otra vez se habló de anular la reforma educativa, aprobada el sexenio pasado, por ser lesiva a los intereses de los profesores, pero hoy como ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es, de nueva cuenta, descalificada por los medios y señalada como un sindicato rijoso que busca entorpecer la aprobación en el Congreso de una nueva iniciativa de ley.
Informes oficiales señalan que, en lo que va del nuevo gobierno, seis periodistas han sido asesinados, también nueve defensores de derechos humanos y activistas; por ejemplo, Abiram Hernández Fernández, quien denunció en Veracruz las atrocidades contra familiares de desaparecidos en los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio de Xalapa, con severos golpes en la cabeza. No es fácil de entender que, quienes apenas hace unos meses exigían protección y atención a sus causas, ahora permitan que se consumen estos homicidios, a sabiendas del riesgo que corrían.

Informes oficiales señalan que, en lo que va del nuevo gobierno, seis periodistas han sido asesinados también nueve defensores de derechos humanos y activistas.


Llama también la atención que, pese a conocer a detalle los fundamentos de la lucha de resistencia del SME, personajes ahora investidos de funcionarios en el área energética se mimeticen con las posturas de partidos a los que tanto criticaron desde las tribunas parlamentarias, al grado de calificar la agresión al SME —por parte del gobierno de Felipe Calderón— como “un golpe de Estado”. Ahora, instalados en el poder, cambiaron su visión, hasta atreverse a decir que “el SME ya no es un sindicato, sino una empresa privada” y, peor todavía, a negar su existencia legal y legítima, así como el derecho de miles de electricistas a asociarse libremente como lo establecen nuestra Constitución, las leyes laborales que de ella emanan y los convenios de la Organizaciòn Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país.
Tal vez lo más deleznable sea quizá repetir, al viejo estilo, la utilización de los medios para iniciar una nueva estrategia de desprestigio, tal y como ocurrió tras el artero golpe ocurrido el11 de octubre del 2009, con cargo a las finanzas públicas. De manera grotesca, encabezados aparecidos en algunos diarios, se han atrevido a equiparar al SME con el crimen organizado.
Debe recordarse a estos encubiertos neoliberales que ni con todos los linchamientos mediáticos se logró desaparecer uno de los sindicatos con más raigambre histórica en el país y en el mundo, ni tampoco desalentar su lucha. Hoy, de nueva cuenta, será la unidad de sus miembros lo que impedirá que este embate, articulado por quienes se decían comprometidos con las luchas de la clase trabajadora, cumpla su inconfesable objetivo. Y aunque busquen camuflarse en la 4T, su posición saca a flote su camaleónica y verdadera naturaleza.

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El derecho fundamental a la energía VS. pobreza energética

El derecho fundamental a la energía VS. pobreza energética

Jurista. Ecologistas en Acción. Área y Comisión de Energía

La idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano básico a una vida digna, independientemente de cualquier otra consideración relativa a la capacidad económica, condición social, raza, sexo, etc. Sobre todo si se tiene en encuentra que se trata de un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud, a la educación o la alimentación…), derechos irrenunciables para nuestro desarrollo.
Cada día son más las voces que lo señalan como un derecho humano al que hay que consagrar en los textos de rango constitucional como derecho fundamental, así como dotarlo de mayores garantías jurídicas para hacer efectivo su ejercicio. Se trata de un instrumento esencial de lucha contra la pobreza energética para garantizar la adopción de medidas por parte de los poderes públicos y la reclamación jurídica por parte de sus titulares en caso de incumplimiento.
Pero esto no es algo nuevo. Así el 19 de abril de 2016, en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) llevaron ante la Cámara de los Diputados la iniciativa, finalmente fallida, de elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano y social basándose en los numerosos tratados internacionales firmados por dicho Estado en los que de manera explícita o implícita hacían referencia al derecho humano a la energía.

No hay duda alguna sobre la interdependencia o instrumentalidad de los derechos económicos y sociales (los llamados derechos de segunda generación que suelen contar con garantías jurídicas de menor nivel) y de los derechos civiles y políticos (derechos de primera generación que a menudo gozan de garantías jurídicas de mayor calado), pues sin derecho a una vivienda digna, difícilmente se podrán lograr las libertades que propugna los derechos de primera generación, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[1] que, en las últimas décadas, ha mostrado su sensibilidad hacia justiciabilidad de los derechos sociales sentando reiterada jurisprudencia sobre la protección de estos derechos con base en la infracción de determinados derechos civiles.
En 2013 el Comité Económico y Social Europeo se estimó que en la UE la pobreza energética afectaba a más de 50 millones de personas que tenían dificultades para abonar las facturas de la energía o veían limitado su acceso a la energía por bajos ingresos, viviendas con un pésimo aislamiento térmico, equipamientos con escaso rendimiento o elevados costes de la energía. Otras fuentes[2] estiman que entre 50 y 125 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética.
Según el estudio Pobreza Energética en España publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales en 2018 en España 6,8 millones de personas (el 15 % de la población) declararon tener dificultad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o retrasos en el pago de las facturas de energía y 900.000 personas (el 2 % de la población) dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica por dificultades económicas, tanto por no poder pagar dicha energía (autodesconexión) como por haber tenido algún tipo de corte en el suministro energético. Además, se calcula que el 5,4 millones (el 12 % de la población) declaraban gastos energéticos inusualmente bajos, lo que se conoce como pobreza energética escondida, o hidden energy poverty, porque no podrían afrontar unos gastos superiores.
Ante estos datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética, reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental es urgente.
La energía como bien común

Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común y no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos. Se trata de un derecho de carácter económico y social, pero que como los de última generación[3], gira en torno a la solidaridad, dado que afecta y puede afectar tanto a la generación actual como a las generaciones futuras.
El agotamiento de los recursos fósiles, el escenario de crecimiento de consumo energético, la alta dependencia del exterior, el cambio climático y el gran aumento de la pobreza energética en los últimos años, nos hace configurarlo necesariamente como un derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna para todas y todos.
Estas características relacionan el derecho humano a la energía con otros derechos de última generación, a saber:
  • Asequible porque se ha de poder adquirir a un precio razonable por razones de justicia social.
  • Renovable o sostenible porque nos encontramos a nivel medioambiental en un punto sin retorno donde no podemos seguir quemando más combustibles fósiles sin poner en peligro el derecho al medio ambiente y el desarrollo sostenible de los pueblos.
  • Fiable o segura no solo en cuanto a que se pueda garantizar el abastecimiento de energía, sino que no ponga en peligro otro derecho humano como es el derecho a la paz puesto amenazado gravemente por la industria nuclear.
  • Moderna porque ha de asegurarse que las tecnologías utilizadas no pongan en peligro el derecho a la intimidad (uno de los aspectos protegidos por el derecho a la libertad informática).
                             Figura 14. EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA

Fuente: elaboración propia
Dicho derecho humano es compatible con un sistema político en el que los poderes públicos den cabida y se nutran de la participación de una sociedad informada y organizada como verdadera protagonista del cambio. Se trata de una pieza clave para la transformación del modelo energético actual junto con la necesidad de la reforma en profundidad de nuestro sistema energético (especialmente el eléctrico), la intervención efectiva en materia de eficiencia energética en el parque de viviendas más vulnerables y el impulso emancipador del autoconsumo.

¿ES POSIBLE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA ENERGÍA EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO?
En la Constitución Española de 1978 se reconoce varios derechos fundamentales relacionados con el acceso y disfrute de la energía, tales como el artículo 15 (derecho a la vida y a la integridad física), el artículo 43 (derecho a la salud), el artículo 47 (derecho a una vivienda digna y adecuada), el artículo 45 (derecho a un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona) o el artículo 39 (protección a la familia).
Además, contamos con una particularidad, el artículo 10.2 de la Constitución en el que se establece que las
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Dicho precepto, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, de 6 de noviembre contiene el único criterio interpretativo de la Constitución que expresamente ella misma recoge y que incluye tanto a los tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales.
Con todo ello vemos el alcance de este precepto que vincula directamente nuestra Constitución con el CEDH y la interpretación realizada por su Alto Tribunal.
Por otro lado, no se debe olvidar el artículo 9.2 de la Constitución que establece lo siguiente:
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En suma, se puede afirmar sin resquicio de duda que nuestra Constitución cuenta con herramientas más que suficientes para seguir las indicaciones hechas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la pobreza y su vinculación a otros derechos fundamentales.

¿Y EN EL MARCO DE LA UE, CABE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA ENERGÍA?
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la UE cuenta con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, a la que se le otorga el mismo rango y valor jurídico que los Tratados Constitutivos. Además la Carta establece que el sentido y alcance de los derechos recogidos en ella que se correspondan a los garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales serán iguales a los de dicho Convenio, sin perjuicio a que el Derecho de la Unión conceda una protección más amplia.
Ante este marco normativo se podría pensar que no habría problema en encajar un derecho fundamental a la energía en el marco europeo, como lo es en el marco nacional.
Sin embargo, la realidad es bien distinta, dado que el concepto de energía en el ámbito de la UE responde más al de una mercancía, que al de un bien común. Así, por ejemplo, vemos como a lo largo de los años se ha configurado el “mercado de la electricidad” como un mercado competitivo donde prima más la preocupación por la libre competencia y el beneficio de las empresas que por el bienestar de los “ciudadanos y ciudadanas”.
Como prueba de ello tenemos la nueva Propuesta de Directiva sobre el mercado interior de la electricidad surgida del Cuarto Paquete legislativo, prevé que a las tarifas reguladas destinadas a los consumidores vulnerables tiendan a desaparecer o el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece que las empresas que ofrezcan servicios de interés económico general (servicios de energía, en este caso) actúen especialmente con arreglo a principios y condiciones económicas y financieras
En suma, si bien la Carta de los Derechos Fundamentales hace posible un derecho a la energía en el marco europeo, el artículo 14 lo dificulta. La última palabra estaría en la interpretación que de ellos pudiera hacer el TJUE. Llegado el caso no estaría de más recordar que el proyecto de UE tiene sus pilares más antiguos en la puesta en común de la producción e intercambio del carbón, del acero y de la energía nuclear como una manera de evitar nuevas confrontaciones y hostilidades entre los pueblos europeos. Caminar hacia un nuevo modelo energético y dar respuesta a los actuales retos económicos, sociales y medioambientales exige a la UE dinamitar los viejos cimientos ya caducos para poner otros nuevos basados en un derecho fundamental a la energía limpia, segura, asequible y moderna.
[1] Creado para garantizar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
[2] Así lo indican Boemi, Panaras y Papadopoulos (2017).
[3] Los derechos de tercera o última generación son un conjunto de derechos heterogéneos, como el derecho a la paz, al medio ambiente, los derechos de los pueblos al desarrollo sostenible, el derecho a la libertad informática o los defendidos por el feminismo, entre otros. Estos derechos se vinculan con los valores relativos a la solidaridad e inciden en la vida de todos los seres humanos, por lo que precisan de la cooperación a escala universal para su realización.

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El Situam hará plantón en Palacio Nacional

 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de abril de 2019, p. 7
Con una marcha hoy, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) se instalarán de manera indefinida en plantón frente a Palacio Nacional para pedir solución a la huelga en esa casa de estudios desde el primero de febrero.
En tanto, el secretario general de la UAM, José Antonio de los Reyes, insistió en la urgencia de continuar la negociación y llamó al sindicato a retomar las actividades universitarias porque las afectaciones que tenemos son muy graves y significativas.
Advirtió que la universidad no está dispuesta a aceptar algunos términos que propone el sindicato sobre una coadministración, pues la UAM tiene competencias marcadas por la reglamentación.
El prolongado conflicto se convirtió ya en el más largo en los 45 años de existencia de esa casa de estudios, por la exigencia de aumento de 20 por ciento y un ofrecimiento de 3.35 al salario.
El planteamiento fue hecho el pasado jueves por Marcia Gutiérrez Cárdenas, profesora-investigadora de tiempo completo de la unidad Xochimilco; Roberto Rocha, de la misma unidad, y Abigail Pamela Gómez, representante del personal administrativo de la Rectoría General, ante lo que consideraron falta de voluntad de las autoridades para resolver el conflicto.
En un comunicado, la universidad lamentó las expresiones de celebración por el supuesto mérito de haber roto el récord de la huelga más grande en la UAM, que mantiene sin clases a 58 mil estudiantes, la interrupción del trabajo científico y de docencia de 3 mil profesores y la paralización de los aportes a la cultura.

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La CNTE reitera diálogo, pero no cederá en la derogación

 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de abril de 2019, p. 7
Aunque el proceso de diálogo no se romperá con el gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que el único camino transitable es la derogación total de la reforma educativa. Además, rechazó cualquier participación de Elba Esther Gordillo Morales en la vida sindical.
La CNTE informó que ya presentó una solicitud formal para tener un encuentro personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de presentarle los puntos específicos en los que no están de acuerdo con la iniciativa ya aprobada por las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, y solicitar que no se aplique la ley vigente durante el proceso que busca reformarla.
En conferencia de prensa, integrantes de la dirección colectiva presentaron ayer por la tarde algunos acuerdos alcanzados en el quinto congreso nacional extraordinario de la CNTE, donde todavía anoche se discutía el plan de acción para las próximas semanas. Advirtieron que se reservan su derecho a la movilización hasta lograr la abrogación total de la mal llamada reforma educativa.
Eloy López, de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a docentes de Oaxaca; Pedro Gómez, de la 7 de Chiapas; Víctor Manuel Zavala, de la 18 de Michoacán, y Enrique Enríquez, de la sección 9 democrática de Ciudad de México, repasaron avances del congreso, entre los que citaron la exigencia de que sean restituidos los 586 profesores cesados durante la aplicación de la reforma.
En la sesión de preguntas se tocó el tema de Gordillo Morales, quien en un acto en Cholula, Puebla, declaró que buscará de nueva cuenta dirigir al SNTE. En cuanto oyeron el nombre retumbó en el auditorio de la sección 9 el grito “¡Ase-si-na, ase-si-na!, por los cientos de congresistas presentes.
Afirmaron que rechazan de manera tajante cualquier intento de que vuelva a participar en la vida sindical, así como de cualquiera de sus “allegados o líderes charros”.
También reprocharon la acusación de que la CNTE busca controlar las plazas magisteriales, y peor aún para ponerlas en venta: Nosotros lo hemos dicho claro y fuerte, si se trata de eso podemos firmar e instalar una representación del sindicato y del patrón para que todas las admisiones sean públicas y transparentes, dijo el dirigente seccional de Oaxaca.
En tanto, el líder sindical de Chiapas recordó al Presidente su promesa de campaña de abrogar la reforma educativa: Hoy no existe ese compromiso en esa iniciativa aprobada en las comisiones. Hay un dictamen, que si bien no ha sido aprobado por la plenaria, nosotros sabemos y estamos conscientes de que lo van a intentar hacer; que lo hagan, pero que nos atengamos a las consecuencias todos.

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del 1 de febrero al 02 de abril de 2019 VAN 8 HUELGAS DE TRABAJADORES DEL CONOCIMIENTO

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,
Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com
Apenas lleva unos meses el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la paz laboral que tanto presumió el gobierno anterior, quedó atrás. Los obreros de las maquiladoras de Matamoros y un importante número de sindicatos de instituciones educativas y de investigación se han ido a la huelga. Sus demandas: incremento salarial, cumplimiento de pactos previos y condiciones adecuadas en plazas y recursos para realizar su trabajo. A continuación, un breve resumen.
El pasado 1° de febrero DE 2019, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana  SITUAM,  inició un movimiento de huelga en demanda de un incremento salarial de 20%. El movimiento de los trabajadores ha superado ya dos meses y la administración universitaria no ha variado su propuesta inicial de aumento directo al salario de 6.45% (3.35% y 3% de retabulación). La oferta de retabulación es para trabajadores administrativos y para académicos de medio tiempo y tiempo parcial.
El SITUAM ha denunciado los elevados salarios de la alta burocracia de la Universidad Autónoma Metropolitana, que constituyen una carga para el presupuesto de esa casa de estudios y contradice la política de remuneraciones para funcionarios que ha planteado el presidente de la república. Según ha planteado el SITUAM, con la reducción de salarios a la alta burocracia de la UAM, podría haber mejores salarios para el personal sindicalizado.
Lo cierto es que en la UAM y muchas otras instituciones de educación e investigación, hay prácticas de las administraciones que poco favorecen las actividades sustantivas institucionales y más parecen los funcionarios aprovecharse para intereses personales o de grupo. La situación de las instituciones requiere erradicar tales prácticas con la participación de los trabajadores sin pretender pasar por encima de sus derechos.
Al día siguiente, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  (STEUABJO)  inició un movimiento que tuvo una duración de 25 días y se levantó con un incremento de 3.35% al salario después de 25 días de suspensión de labores.
En la Universidad Autónoma Chapingo, el Sindicato de Trabajadores Académicos ( STAUACH ) colocó las banderas rojinegras del 21 de febrero al 16 de marzo, cuando en plebiscito aceptó levantar su movimiento logrando un 3.35% de incremento al salario, 1.8 en prestaciones y un monedero electrónico de 12 mil pesos, así como el 100% de salarios caídos.
Cuatro días después de los académicos, los 3500 trabajadores administrativos de la misma universidad, iniciaron una huelga que se acerca ya a dos meses sin solución, a pesar de la disposición del STUACH para llegar a un acuerdo. En este caso, hay que destacar el trato diferenciado a los trabajadores académicos y administrativos, seguramente con la intención de dividirlos. 
Tambien con casi dos meses de suspensión de actividades, en Coahuila  los integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro ( SUTUAAN )  están en h uelga desde el 15 de febrero. Hasta el momento, no hay acuerdo ya que  la Rectoría propone el pago de los salarios caídos en forma diferida, al igual que un bono por 4 mil 500 pesos que los trabajadores consideran insuficiente en comparación a lo que reciben los integrantes del sindicato académico.
En este caso, el rector se ha negado a participar en el dialogo con el sindicato, y en cambio, las autoridades universitarias intentaron, sin éxito, que la huelga fuera declarada inexistente.
Ya en marzo,  el Sindicato Independiente de Trabajadores de El Colegio de Postgraduados ( SINTCOP ), estalló su huelga el día 2, al no obtener una respuesta al no obtener respuesta favorable al pliego de peticiones por incremento salarial, revisión de Contrato Colectivo de Trabajo (C.C.T.) y violaciones al mismo, nivelación del tabulador de salarios de los trabajadores administrativos con respecto a los salarios base que tienen aplicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), homologación de prestaciones con respecto a las de los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras peticiones.
El Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias SIIINIFAP está en huelga desde el 20 de marzo por revisión de contrato colectivo de trabajo. Entre sus demandas, además de incremento salarial, está la entrega de recursos para los proyectos de investigación, para publicar en revistas, para asistir a reuniones científicas. Este movimiento liga la defensa de los derechos de los trabajadores con la búsqueda de medidas para fortalecer la materia de trabajo: la investigación. 
Esta semana se sumaron al movimiento huelguístico los trabajadores administrativos y académicos de la Universidad de Sonora agrupados en el  STAUS  y el  STEUS.
Todos estos movimientos tienen en común, además de ser protagonizados por sindicatos de trabajadores del conocimiento, que se realizan en instituciones educativas y de investigación, que dependen para su funcionamiento de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que ´no solo no aumentó con el cambio de gobierno, sino que incluso disminuyó en algunos casos. También ha sido una constante la actitud de las principales autoridades de cada institución de negarse a participar en las pláticas y, con frecuencia, de acusar a los trabajadores de la situación de las instituciones.
En estas instituciones el desinterés que durante años demostraron los gobiernos por las tareas de educación e investigación y sus políticas de contención salarial, la limitación de los derechos de los trabajadores y las diferencias entre personal académico y administrativo –alimentadas por la práctica oficial de sustituir el salario por becas y estímulos que dividen a los trabajadores y afectan la calidad del trabajo- se expresan ahora en un auge huelguístico que hace años no se veía. No es que se busque enfrentar al nuevo gobierno, es que los agravios acumulados han llegado ya al límite.
Un elemento más, que también es lo que siempre ha ocurrido, es el ataque –o vacío informativo- desde los grandes medios informativos a los movimientos de huelga. Aquí se ha aprovechado con frecuencia la percepción que se tiene acerca del sindicalismo charro, con menciones que equiparan a los dirigentes del sindicato petrolero o el magisterial con todos los sindicatos, ignorando deliberadamente la lucha del sindicalismo democrático por hacer de los sindicatos, organismos democráticos para la defensa de los derechos de los trabajadores y, en el caso de los sindicatos en huelga, para fortalecer sus instituciones y defender la educación e investigación pública.
A estas alturas debe ser claro para todos que cualquier transformación real del país requiere de fortalecer la participación de toda la sociedad. No es manteniendo el abandono presupuestal y limitando los derechos de los trabajadores, como se va a lograr que la educación, la ciencia y la tecnología sean componentes fundamentales para el desarrollo nacional con soberanía y justicia. No es haciendo a un lado a las organizaciones sindicales, como se va a avanzar. El mundo del trabajo tiene propuestas y organización, debe ser tomado en cuenta. 

Tren Maya: ¿Otro elefante blanco?

El proyecto del Tren Maya presentado por López Obrador. Foto: Especial
El proyecto del Tren Maya presentado por López Obrador. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Tren Maya, la gran apuesta de la Cuarta Transformación. El sueño sexenal de Andrés Manuel López Obrador. La obra que atraerá turismo, detonará el crecimiento, promoverá la inversión, creará empleo, dejará una huella perdurable y positiva. Eso nos dicen, eso nos cuentan, eso quisiéramos creer. Pero hasta el momento, apoyar la obra tal y como está planteada no es un acto de racionalidad; es un acto de fe. A la población y a quienes proveerán la inversión se les está pidiendo cerrar los ojos, persignarse y rezar. Porque no hay elementos o evidencia que constaten la viabilidad o el impacto ambiental o los augurios esperanzadores que el gobierno subraya. Hasta hoy, el Tren Maya es una promesa paradisiaca, no un proyecto realista.
Así lo revela el estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Un texto profesional, de lectura imprescindible por lo que revela, por los retos que retrata, por los desafíos que el gobierno necesita encarar. Ahí están los datos y la evidencia. Ahí están las comparaciones a nivel internacional. Y el objetivo del análisis no es asumir una postura adversarial vis a vis la nueva administración; busca que no repita los errores del pasado. Quiere que no deje tras de sí Estelas de Luz y trenes incompletos y obras inacabadas; que no caiga en las mismas trampas en las que cayó Peña Nieto y muchos gobiernos más: la tentación de usar obra pública para legitimar, para impresionar, para arrancar aplausos políticos en vez de producir utilidades sociales. Obras enraizadas en la vanidad personal, no en los beneficios colectivos. Nadie quiere que el Tren Maya sea eso: otro proyecto más que acaba siendo un elefante blanco incapaz de proporcionar crecimiento y desarrollo integral, pero sí sea financiado de manera permanente por los contribuyentes.

Por eso las alertas, por eso los focos rojos, por eso los llamados de atención ante lo anunciado. Los megaproyectos de infraestructura a nivel mundial son emprendimientos complejos, requieren años de estudio, desarrollo y construcción. Sólo uno de cada diez se termina a tiempo, cumple con lo presupuestado, desparrama los beneficios sociales anticipados. Sólo las líneas ferroviarias París-Lyon y Tokio-Osaka son rentables. Las demás terminan subsidiadas por gobiernos vía impuestos ciudadanos, terminan de manera criticable. Como el Tren Interurbano México-Toluca, un microcosmos de todo lo que puede salir mal. Una obra inconclusa, con un aumento del costo de 90 por ciento del presupuesto original, que ha dejado de ser socialmente rentable precisamente por ello. Porque no se planeó bien, porque no se liberaron totalmente los derechos de vía, porque hubo procesos de contratación desorganizados y opacos, por lo que acabó costando cada kilómetro de construcción, porque los sobrecostos han erradicado los beneficios sociales a futuro.
Con base en esa experiencia previa y comparaciones con otros proyectos ferroviarios a nivel internacional, es posible prever que el Tren Maya costará entre 4 y 10 veces más que lo proyectado por el gobierno federal. Es probable que –como en otras obras– se estén subestimando costos y sobreestimando el número de pasajeros, como ocurre globalmente. Y la rentabilidad también está vinculada a otros sistemas de transporte –autobuses, taxis, metro– locales, así como a las estimaciones correctas en el balance del transporte de carga y de pasajeros. Tal y como está contemplado el Tren Maya actualmente, no parece prever o estudiar o contemplar ninguna de estas variables. Lo que sí queda claro por el costo es que los trenes de media y alta velocidad entran en la categoría de lujo en México. El Trena Maya será un tren “fifí” para “fifís”.
Con impactos ambientales preocupantes por la afectación a la reserva Calakmul y las áreas ecológicas de Balam Kú y Balam Kin. Numerosos expertos se han pronunciado sobre el imperativo de cumplir con las normas vigentes, desarrollar los estudios necesarios, llevar a cabo las consultas entre las comunidades indígenas establecidas por la ley. Ante estas presiones la respuesta gubernamental ha sido insuficiente o parcial. Anuncia recientemente que ha elegido a dos empresas extranjeras –Steer Davies y Price Waterhouse Coopers– para hacer los estudios pendientes de costo-beneficio y de impacto ambiental. Pero, de nuevo, se confirma un patrón emergente y preocupante: la adjudicación directa y discrecional de contratos por encima de la licitación pública y transparente. La asignación opaca justificada por la prisa loca, y con consecuencias previsibles: Steer Davies participó en la evaluación del potencial del Tren México-Toluca. Y así nos fue.
Nadie quiere otra obra improvisada, otra obra mal planeada, inconclusa, otra obra con muchos costos y pocos réditos. Nadie quiere ver una repetición de errores históricos que pudieron corregirse. Para que eso ocurra será imperativo demuestre un nivel de rigor técnico que otros gobiernos no han demostrado. Será imperativo que se incluya en la planeación y en las consultas a expertos, y representantes locales de la población a la cual se pretende beneficiar. Será imperativo que se cuiden áreas naturales y se mire más allá de sólo cumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental. Será imperativo que se obtenga la totalidad de los derechos de vía antes de empezar la obra, para no generar sobrecostos después. Será imperativo asegurar contrataciones públicas transparentes y competidas, así como su fiscalización. Eso y tantas recomendaciones más. Si estos requisitos de factibilidad y rentabilidad e impacto no se cumplen, la factura final de una obra mal hecha y quizás innecesaria será pagada por usted y por mí. Los contribuyentes cautivos sufragaremos la falta de previsión; los ciudadanos financiaremos la ineficiencia. Habrá otro elefante blanco, enorme y voraz, al cual tendremos que alimentar. 
Este análisis se publicó el 31 de marzo de 2019 en la edición 2213 de la revista Proceso

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Persiste grave rezago en la entrega de la pensión universal para adultos mayores

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▲ Los llamados servidores de la nación trabajan a marchas forzadas en algunas entidades para entregar las tarjetas bancarias en que se depositarán los 2 mil 550 pesos bimestrales a las personas de más de 68 años. La imagen fue captada en Zacatecas.Foto Alfredo Valadez
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de abril de 2019, p. 3
El programa de pensión universal para los adultos mayores del gobierno federal, que se tiene calculado recibirán 8.5 millones de personas, presenta rezago en gran parte de los estados. Esto es porque el censo para la incorporación de los beneficiarios no ha concluido, no se han entregado todas las tarjetas bancarias en las que se depositarán 2 mil 550 pesos bimestrales y gente que ya recibía el apoyo fue eliminada por tener menos de 68 años.
A partir del cambio del programa 65 y Más de la pasada administración –que otorgaba mil 160 pesos bimestrales a cada persona y cubría a 6.7 millones de individuos– a la estrategia para el Bienestar de las personas adultas mayores de 68 años, el gobierno federal determinó hacer un nuevo padrón. Los servidores de la nación visitan los domicilios para levantar el censo de los beneficiarios de los programas, pero no han terminado y ha sido un factor para el retraso en las entregas de los apoyos.
Además había cinco programas estatales de apoyos monetarios a los adultos mayores, pero Chiapas, Guerrero y Ciudad de México los eliminaron, oficialmente no se ha anunciando la cancelación de la estrategia de Jalisco, la de Nuevo León se mantiene y el lunes pasado comenzaron las entregas.
En una investigación realizada en el territorio nacional sobre el impacto en la gente con esta campaña se observaron contrastes. A partir de información proporcionada por los delegados regionales de los programas y testimonios de los beneficiarios se encontró que en algunos estados hay avances en la entrega del apoyo monetario. Es el caso de Chiapas, Campeche y Michoacán, pero en otros como Chihuahua y Veracruz hay mayor rezago. En éstos predomina entre los ancianos la preocupación porque no saben la forma en que serán incorporados a la pensión: si deben esperar en su casa para ser censados o si tienen que buscar módulos para registrarse.
En Aguascalientes, de 31 mil 787 adultos mayores censados, la entrega de apoyos tiene un avance de 26 por ciento, sólo 8 mil beneficiarios han recibido el recurso en lo que va del año. Situación parecida hay en Querétaro, ya que en febrero se había registrado a alrededor de 110 mil adultos mayores, de los cuales a 50 mil no les entregaron la ayuda económica. Veracruz tiene una meta de 630 mil 897 adultos mayores, de los cuales faltaron por pagarse enero y febrero a alrededor de 200 mil. Del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incorporó a 58 mil 563 afiliados y 14 mil 368 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Por ejemplo, en Chihuahua el censo ha presentado problemas porque los beneficiarios tuvieron que ir a registrarse directamente en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, ya que no fueron visitados en sus domicilios y unos 700 adultos mayores de 65 años que en el sexenio anterior recibían pensión ya no la reciben. En particular en Ciudad Juárez, la semana pasada empezó la entrega de 6 mil 374 tarjetas nuevas, 16 mil 700 se llevarían a otros municipios, pero la desorganización hizo que cientos de adultos no la recibieran. Muchos ancianos van a las oficinas de Bienestar para preguntar si las tarjetas llegaron.
También en Baja California Sur hay retraso en la entrega de unas 2 mil 100 pensiones, mientras en Baja California hay demora en el levantamiento del padrón del censo y se cambió a 68 años la edad para que la gente cuente con el beneficio; el avance es de 85 por ciento. Los apoyos se reparten en efectivo en Guanajuato, mientras llegan las tarjetas bancarias. El primero de abril en Michoacán comenzó el pago al bimestre marzo-abril, se prevé que cobren 138 mil 500 adultos mayores en 425 centros de pago distribuidos en 18 regiones de la entidad, instalados con apoyo de los ayuntamientos. Aquí tampoco ha terminado el censo y se instalaron módulos en Morelia para la integración del padrón.
En Campeche el padrón es de 48 mil 445 personas y se prevé que obtendrán la pensión correspondiente en el segundo bimestre de este año. El plazo de entrega concluye el 17 de abril. En Guerrero se estima un avance de 81 por ciento en el censo, mientras que en Oaxaca se ha entregado en 36 por ciento en los hogares en las ocho regiones y sumarán 8 mil 920 tarjetas, aunque se desconoce sí los adultos mayores podrán cobrar el apoyo correspondiente al bimestre marzo-abril. Se precisó que es un primer bloque. En el estado se realiza la entrega al segundo bimestre, aunque autoridades informaron que no hay un censo formal de los ancianos.
Chiapas lleva una cobertura de 81 por ciento. Hay 244 mil 949 personas adultos en el programa, de los cuales 91 mil 462 cobran con tarjeta bancaria y el resto en mesa de atención o mediante Telecom. La meta es de 299 mil. Coahuila tiene un avance del censo de 70 por ciento y en Durango en los primeros meses se pagó a 78 mil adultos mayores, en tanto que para febrero se dio el apoyo a los 20 mil pensionados del IMSS e Issste. La meta es de 105 mil.
Con alta cobertura, Tlaxcala, lleva un avance de 92 por ciento. No se canceló el padrón de la anterior administración. En Zacatecas la afiliación es de 100 mil 788 ancianos, los servidores de la nación junto con personal de Bansefi y elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y personal del Ejército mexicano, realizan las entregas.
La semana pasada en Monterrey comenzó la entrega de la pensión y se hizo por orden alfabético. En Morelos a casi todos los adultos ya registrados se les pagó antes del 14 de febrero, aunque hay quejas de algunos que no han sido censados.
En Quintana Roo el censo concluyó el 29 de marzo, pero no cerró en sus ciudades turísticas como Cancún, por la elevada migración que registra. El 2 abril llegó la primera remesa de 4 mil 200 credenciales para la distribución y deberán concluir el 14 de abril, debido a la veda electoral que se inicia el día 15. Yucatán tiene un padrón de 125 mil beneficiarios, 85 por ciento de ellos dispone de los recursos estrictamente para sus gastos cotidianos, mientras el resto lo utiliza como un complemento, ya que tiene el apoyo de otras jubilaciones como, por ejemplo, el Seguro Social.

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“Tengo la conciencia tranquila”, afirma Lula da Silva tras un año en prisión por corrupción

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: pt.org.bt / Ricardo Stuckert
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: pt.org.bt / Ricardo Stuckert

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso hace un año por corrupción, dijo que tiene la conciencia tranquila, en un artículo firmado por él y publicado este domingo por el periódico Folha de Sao Paulo, donde reiteró que está preso injustamente acusado de un crimen que no cometió.
En el artículo el ex mandatario también señaló al presidente Jair Bolsonaro como el principal beneficiado de la “persecución política” que han realizado los movimientos de derecha en su contra.

“Hace un año que estoy preso injustamente, acusado y condenado por un crimen que nunca existió. Cada día que pasé aquí hizo aumentar mi indignación, pero mantengo la fe en un juicio justo en que la verdad va a prevalecer. Puedo dormir con la conciencia tranquila de mi inocencia”, señaló Lula en el artículo.
El ex mandatario de 73 años, y quien gobernó Brasil por el Partido de los Trabajadores entre 2003 y 2010, fue puesto tras las rejas el 7 de abril del año pasado por el juez Sergio Moro, quien entonces lideraba los procesos de la operación Lava Jato y que ahora es el ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Bolsonaro.
Lula fue preso acusado de recibir de la constructora OAS, a manera de soborno, un apartamento a cambio de beneficios contractuales con la estatal petrolera Petrobras. No obstante el ex mandatario todo el tiempo ha insistido en su inocencia, algo que reiteró en su artículo, en el que también aseguró que la Corte Suprema le negó un hábeas corpus presionada por “los medios, del mercado y hasta de las Fuerzas Armadas, como confirmó recientemente Jair Bolsonaro, el mayor beneficiario de aquella persecución”.
“Nada han encontrado para incriminarme: ni conversaciones de bandidos, ni maletas de dinero, ni cuentas en el exterior. A pesar de todo, fui condenado en un plazo récord, por Sergio Moro y por el TRF-4, por ‘actos indeterminados’ sin que encontraran ninguna conexión entre el apartamento que nunca fue mío y supuestos desvíos de Petrobras”, precisó el exmandatario. En su artículo de este domingo, el ex presidente se mostró preocupado con la situación que actualmente vive Brasil y señaló que en el país “los derechos del pueblo y de la ciudadanía han sido revocados” y se entregó “la soberanía nacional” a los extranjeros.
En el artículo, Lula señaló que todo comenzó con el “golpe” que dieron a la expresidenta Dilma Roussseff (2011-2016) durante su segundo mandato, y que según el exmandatario fue un acto realizado en contra del modelo de desarrollo creado por el Partido de los Trabajadores (PT).
Rousseff fue destituida en agosto de 2016 de su cargo por irregularidades en el manejo de los dineros públicos, en un proceso conocido como “impeachment” y la presidencia de Brasil fue asumida por Michel Temer, un político de derechas y quien hasta entonces se había desempeñado como su vicepresidente.
“El golpe del impeachment sin crimen de responsabilidad fue contra el modelo de desarrollo con inclusión social que el país venía construyendo desde 2003. En 12 años, creamos 20 millones de empleos, sacamos a 32 millones de personas de la miseria, multiplicamos el PIB por cinco. Abrimos la universidad para millones de excluidos. Vencimos el hambre”, precisó Lula en el texto.
Lula, que suma 25 años de condena por corrupción y lavado de dinero por dos procesos diferentes, tiene seis causas penales más abiertas en la justicia, todas ellas relacionadas con corruptelas.
Con información de EFE

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