viernes, 5 de abril de 2019

Entrevista al C. Humberto Montes, Luciérnagas.

Atorados en la CRE, trámites que involucran 200 mdp

 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de abril de 2019, p. 13
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a los cuatro nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), conformada por siete miembros, el organismo regulador deberá resolver, en el corto plazo, trámites que fueron detenidos por falta de quórum y que involucran inversiones por 200 millones de pesos para gas licuado de petróleo.
El grupo designado por López Obrador conformará la mayoría en el pleno de la CRE sobre los otros tres integrantes: Guillermo García Alcocer (acusado por el Ejecutivo federal de tener conflictos de interés), Guillermo Zúñiga Martínez y Luis Guillermo Pineda Bernal.
El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo señaló que la inoperancia de la CRE por la renuncia de cuatro de siete comisionados en enero provocó la suspensión de más de cinco trámites de solicitantes de permisos para construir plantas de gas o adquirir vehículos para transportar el energético. Al menos 200 millones de pesos estuvieron detenidos, agregó.
Javier Romero, titular de la secretaría de asuntos industriales de la Asociación Nacional de Energía Solar, indicó que los designados necesitarán de mucho apoyo de la CRE para entender la coyuntura nacional porque sus perfiles no son acordes al sector eléctrico.
La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros aseveró que los nuevos comisionados gozan del perfil, honestidad y capacidad para ejercer sus cargos, así como para la reconfiguración de las refinerías y la construcción de la planta de refinación en Tabasco.

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AMLO: no daremos pretextos para renegociar el T-MEC

Confía en que el Congreso apruebe la reforma laboral en sus términos
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de abril de 2019, p. 3
México no pretende dar pretextos para que Estados Unidos o Canadá puedan argumentar la necesidad de reabrir las negociaciones sobre el nuevo tratado comercial. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la iniciativa de reforma laboral enviada al Congreso se apruebe en sus términos, porque se apega a los compromisos contraídos por el país.
En conferencia de prensa matutina expresó su inclinación por el fomento del libre comercio en el mundo y estimó que la eventual reapertura de negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no le convendría al país, porque lo que ya se pactó es algo bueno. Que no haya ninguna excusa para utilizarlo como argumento o esgrimir que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó.
Interrogado acerca de las críticas del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama en contra de quienes pugnan por la construcción de muros e imponer barreras comerciales, López Obrador determinó batear la pregunta: Lo que diga mi dedito. Vamos a batear, aunque sea teóricamente, dijo al tiempo de negar la respuesta con ademanes.
Más tarde, el mandatario sostuvo un encuentro con el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevêdo, en cuyas conversaciones coincidieron en que los países instrumenten con disciplina los compromisos comerciales que han asumido y que se evite el abuso de medidas proteccionistas, pues esto conlleva el riesgo de afectar el ritmo de crecimiento de la economía mundial.
Conversaron sobre el comercio global y el respaldo de México a la gestión del organismo para regular los flujos comerciales internacionales, comentó el propio Acevêdo.
En la reunión, el Presidente señaló que una OMC fuerte y próspera es esencial, y respaldó las reformas que se pretenden para el comercio internacional.
En la conferencia de prensa dijo: Estamos en favor del libre comercio. No vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interesa, no nos incumbe, no nos importa meternos en esos asuntos. Sí vamos a cuidar nuestro mercado interno, pero respetando tratados comerciales que tiene suscrito el país y respetando esta instancia que se encarga de regular la libertad en el comercio en el mundo.
López Obrador señaló que el proyecto de reforma laboral fue tratado con los sectores empresarial y obrero antes de enviarlo a la Cámara de Diputados. Ellos son autónomos, pero con mucha claridad hemos dado a conocer nuestra opinión de que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado.
–¿Considera que existe presión de Estados Unidos para que sea así?
–No, es lo que se acordó y hay que cumplir; los acuerdos se cumplen.
Destacó que México no se involucrará en guerras comerciales que se desaten entre otros países. ¿Para qué meternos si hay una diferencia entre Estados Unidos y China? Hubo una época en que la política exterior no se manejaba con prudencia.

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Liquidan a 154 trabajadores de Coca-Cola en Matamoros

Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 5 de abril de 2019, p. 26
Matamoros, Tamps., Un total de 154 trabajadores de la embotelladora local de Coca-Cola aceptaron su liquidación y otros beneficios a cambio de terminar con la huelga que mantuvieron durante 48 días, reveló ayer la abogada Susana Prieto Terrazas, asesora de los huelguistas.
La empresa, dijo, impuso una cláusula de confidencialidad para la entrega de beneficios, lo que impide a los obreros hablar de los términos en que se dio por terminado el contrato.
Las dos partes están muy desgastadas porque fue un proceso largo y ríspido, pero puedo decir que los trabajadores obtuvieron lo que querían y que su lucha y espera valió la pena, comentó.
En busca de 20 por ciento de aumento salarial y un bono anual de 32 mil pesos, aproximadamente 400 sindicalizados encabezados por su líder, Juan Villafuerte Morales, comenzaron el primero de febrero un paro que dos semanas después, el 15 de febrero, convirtieron en huelga previo emplazamiento del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora.
La embotelladora calificó el paro de ilegal e interpuso denuncias penales por el bloqueo a sus instalaciones. Luego surgió el movimiento Yo sí quiero, formado por personal de confianza y un grupo cada vez más numeroso de sindicalizados encabezados por Luis García, que desconoció la huelga. Así, el grupo de huelguistas se redujo a 154.
El 29 de marzo, trabajadores de confianza encabezados por el gerente de recursos humanos y ex regidor panista de Matamoros, Hugo Rodríguez Gutiérrez, se enfrentaron a golpes con los huelguistas fuera de la planta. El ex funcionario fue denunciado penalmente por atacar a una mujer durante la trifulca. Otras cuatro personas resultaron lesionadas.
La tensión continuó varios días hasta que abogados de la firma llegaron para ofrecer a los huelguistas la terminación de la relación laboral, para lo cual aceptaron indemnizar al ciento por ciento a los 154 trabajadores, algunos con 38 años de antigüedad. Asimismo, se aceptó el pago de 60 por ciento de salarios caídos por los 62 días no laborados.
La madrugada del jueves, después de una larga asamblea en la que estuvo presente el apoderado legal de Coca-Cola, los 154 aceptaron ser despedidos, recibir su finiquito y otros beneficios.
No hubo bono de 32 mil pesos, tampoco aumento (de 20 por ciento al salario), sólo el finiquito legal de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, comentó Arca Continental, la empresa que representa a Coca-Cola.
En Monterrey, Nuevo León, el presidente de Arca Continental, Manuel L. Barragán Morales, y el director de la tenedora de acciones, Arturo Gutiérrez Hernández, anunciaron que para este año la empresa proyecta invertir unos 13 mil millones de pesos para fortalecer sus capacidades en México y en el extranjero, informó la agencia Notimex.

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Instalan mesa para cumplir sentencia de la Corte Interamericana sobre Atenco

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, durante la reunión con víctimas de los hechos ocurridos en 2006. Foto: Twitter @A_Encinas_R
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, durante la reunión con víctimas de los hechos ocurridos en 2006. Foto: Twitter @A_Encinas_R

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mujeres agraviadas por los actos de represión en San Salvador Atenco hace casi 13 años se reunieron este jueves con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), para la instalación de la mesa de trabajo para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a este caso, emitida en diciembre del año pasado.
Lo anterior fue dado a conocer en un comunicado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que representan a las once mujeres que decidieron litigar en el Sistema Interamericano la tortura sexual de que fueron víctimas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco y Texcoco, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

De acuerdo con las organizaciones, en el encuentro, el subsecretario Encinas Rodríguez, en nombre del Estado mexicano, se comprometió a cumplir “cabalmente la sentencia y a no revictimizar a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual”.
La sentencia del tribunal regional encontró responsabilidad del Estado mexicano por los abusos cometidos contra las once mujeres que mantuvieron viva su denuncia durante más de una década, y que “sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia”, durante los actos represivos de mayo de 2006.
Bárbara Italia Méndez, una de las once mujeres víctimas de tortura sexual que llevaron el caso a la Corte IDH, destacó que durante la reunión las mujeres y sus representantes pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza su facultad de atracción y lleve la investigación del caso, que se encuentra en el ámbito local.
En entrevista con la reportera, Méndez Moreno explicó que la solicitud se fundamenta en que “no tenemos ninguna certeza de que la investigación se haya llevado de manera adecuada, y además los niveles de los policías no son representativos, más allá de que la propia Corte IDH enumeró las diversas irregularidades”.
Al señalar que el tema de justicia, para las mujeres, es el más  “sustantivo”, Méndez Moreno reconoció que ella y sus compañeras tienen sus reservas, “hasta no ver no creer”.
Destacó que la explicación que les dieron los representantes de la FGR de no abordar aún la atracción se debe a que continúa la transición de Procuraduría General a Fiscalía, por lo que, “cuando concluya, las investigaciones serán atraídas y ellos estarán en la posibilidad de plantearnos una ruta más clara”.
Si bien Méndez Moreno reconoció el compromiso político, destacó que el evento sólo “fue un acto de inicio de los trabajos formalmente, pero quedan un montón de mesas de trabajo que instalar por parte de los responsables del cumplimiento de los puntos resolutivos”.
Apuntó que en diciembre de este año, el Estado mexicano está obligado a dar un informe a la Corte IDH sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia, por lo que “a ellos les está corriendo el tiempo, necesitan meterle velocidad, que se pongan a trabajar y  que tomen las medidas necesarias para cumplir, porque no estamos dispuestas a volver a pasar por procesos de victimización, revictimización o ser víctimas de violencia estructural o institucional”.
Convocados por el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre los primeros acuerdos alcanzados con las mujeres de Atenco y sus representantes, será “atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención a la salud”.
En materia de esclarecimiento penal, la sentencia de la Corte IDH ordenó al Estado mexicano a “realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal”, además de que la obligación de “implementar medidas para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca”.
Las organizaciones que defienden a las mujeres destacaron que la sentencia de la Corte IDH “contiene puntos clave que deben guiar la agenda estructural sobre derechos humanos, como los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales y el fortalecimiento del Mecanismo de la Segob para atender casos de tortura sexual”.
Recordaron que las sentencias del tribunal regional son vinculantes para México, “por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana”.
Al reconocer que con la instalación de la mesa de trabajo se da un primer paso para el cumplimiento de la sentencia, CEJIL y el Centro Prodh consideraron que, de acatar el contenido del ordenamiento, “el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos”.
En la reunión encabezada por Encinas estuvieron representantes de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado de México, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Salud y la Policía Federal.
En representación de las once mujeres, estuvieron presentes Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Cuevas Jaramillo, María Cristina Sánchez Hernández y Claudia Hernández Martínez.
Las mujeres estuvieron acompañadas por el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa, y la coordinadora del área internacional de la organización, Stephanie Brewer, y vía remota con el oficial de Incidencia de CEJIL, Eduardo Guerrero.

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En movilización de hoy, la CNTE pedirá que se tomen en cuenta sus propuestas

 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de abril de 2019, p. 14
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizará hoy en la capital del país para exigir que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para abrogar la reforma educativa realmente integre las propuestas del magisterio, porque no es sólo una cuestión de palabras, sino de establecer el rumbo que seguirá la educación en este país. Es una lucha entre los valores del mercado y los humanistas, afirmaron integrantes de la dirigencia nacional.
Reiteraron su inconformidad con la inclusión en el artículo tercero constitucional de un régimen de excepción laboral que no vamos a aceptar, pues en las escuelas se ha traducido, entre otras afectaciones, en que ante cualquier denuncia de un padre, el maestro es destituido sin investigación de por medio. Esto es posible porque se nos aplican condiciones de excepción que no tiene ningún otro trabajador del Estado.
Integrantes de la dirección política nacional señalaron que su demanda de modificación al dictamen que reforma los artículos tercero, 31 y 73 constitucionales no es un capricho ni falta de comprensión de conceptos. Se trata de definir qué estrategias podemos impulsar para que los cambios que se proponen se den realmente en las escuelas, y eso pasa necesariamente por la apropiación de los maestros de esos cambios. De lo contrario, será nuevamente una reforma de papel.
Tras detallar que del Zócalo partirán a la Cámara de Diputados, indicaron que las escuelas deben ser el espacio donde se discutan estos cambios, pero también en el que se generen propuestas que sean realmente escuchadas y puestas en marcha por la autoridad.
De acuerdo con el plan de acción, también se instalarán los trabajos del V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, en el que definirán su posicionamiento en torno al dictamen de reforma.
Se prevé que en dicho encuentro, que concluirá el próximo domingo y al que asistirán más de 500 delegados de 25 estados, también se apruebe un plan de acción a mediano y largo plazos.

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Debe crearse un sindicato de jornaleros: Cioac

 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de abril de 2019, p. 32
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) aseguró que es necesario crear un sindicato nacional de jornaleros agrícolas ajeno a intereses políticos.
Indicó que la situación de este sector no mejora, siguen trabajando a destajo sin prestaciones y sin días de descanso.
Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Cioac expuso que la agrupación sólo ha “logrado registrar algunos sindicatos en ciertas empresas en algunos estados y ayuntamientos. El sueño de uno de sus fundadores, José Dolores López, de concretar un gremio nacional de jornaleros, no se ha logrado.
En el 94 Pleno del Consejo Nacional de la Cioac, dijo que las empresas establecen pagos a destajo, se reporta que cada trabajador debe llenar un número determinado de cubetas de jitomate, 35 en promedio de 20 kilos cada una o recorrer un número determinado de surcos; si no los cubren, no les pagan el jornal.
Además trabajan sin contrato de trabajo y 14 por ciento labora toda la semana sin percibir ningún complemento al salario.
De cada 100 jornaleros 11 son mujeres y nueve menores de edad. El resto son varones con edad promedio de 41.7 años.

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