viernes, 1 de marzo de 2019

SME ¿Que ha pasado con algunos edificios del SME después del sismo del 19 de septiembre de 2017?

Marcha en apoyo al SITUAM 2019-03-10

SME Foro solidaridad a huelgas universitarias 28feb19

Ya no más deudas en Pemex y CFE, propósito de AMLO

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▲ El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, en la inauguración del foro Nueva política energética para el bienestar de México, donde expuso que para el renacimiento de la industria petrolera como una de las fuentes productivas de la nación se requiere un esquema contemporáneo y moderno, con visión transformadora del sector.Foto Lorenzo Chim
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de marzo de 2019, p. 6
Campeche, Cam., Poner un freno a la declinación de hidrocarburos y hacer producir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar los resultados del pasado, cuando se acumularon enormes deudas, es el propósito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.
Entrevistada tras inaugurar con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, el foro Nueva política energética para el bienestar de México, Nahle García recordó que le aprobaron al Presidente recursos extraordinarios al presupuesto que ya tiene Pemex por 70 mil millones de pesos para exploración y perforación.
Además, alrededor de 50 mil millones de pesos para la nueva refinería en este año; 25 mil millones para rehabilitación de las seis refinerías existentes y 25 mil millones a la CFE para fortalecer generación, producción y transmisión de electricidad.
Indicó que buscan no seguir con el mismo camino, porque si no, vamos a tener los mismos resultados que tienen la CFE y Pemex con deudas muy grandes: si no son capaces de producir, no serán capaces de generar para cumplir con sus obligaciones y el pago de deudas.
Refirió que se producen un millón 750 mil barriles al día aproximadamente, cuando con la reforma energética nos dijeron que debíamos producir 3 millones. No les salieron las cuentas o falló la estrategia.
Sobre el alza en la gasolina, expuso que depende del precio internacional del petróleo. Las pasadas tres o cuatro semanas bajó el precio de la gasolina y el del petróleo, pero en la semana anterior tuvieron un repunte los precios del petróleo y se refleja en la gasolina, porque estuvimos importando casi 80 por ciento de la que consumimos.
Durante el foro, Nahle García afirmó que para 2024 México debe se capaz de tener 35 por ciento de electricidad a partir de energías limpias.
Explicó que diseñan un plan nacional en materia de energía mediante foros consultivos que se realizarán en Campeche, Tabasco y Tamaulipas, por ser entidades con mayor presencia en el sector energético.
La funcionaria federal añadió que para este sexenio proyectaron una política energética según la cual se destinarán recursos extraordinarios tanto para la perforación y explotación de yacimientos como para la transformación industrial mediante las refinerías.
Moreno Cárdenas, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expuso que para hacer renacer la industria petrolera como una de las fuentes productivas de la nación tendrá que ser mediante un esquema contemporáneo y moderno, con visión transformadora del sector.
Señaló que el porvenir del país no puede ser objeto de experimentos: Tenemos que construir realidades muy claras, sabiendo qué hay que hacer en materia energética.

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Conflictos laborales en la frontera, caja de Pandora del gobierno federal

El aumento del salario mínimo en la franja fronteriza con Estados Unidos ha provocado una serie de huelgas en maquiladoras, fenónemo que amenaza con expandirse a otras regiones del país.


Conflictos laborales en la frontera, caja de Pandora del gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador intenta cerrar la caja de Pandora de las demandas salariales que él mismo ayudó a abrir cuando duplicó el salario mínimo en las áreas fronterizas con Estados Unidos.
Su compromiso de acabar con la manipulación gubernamental de sindicatos abrió las compuertas a nuevos y más combativos movimientos laborales en un país en donde los sindicatos llevan callados mucho tiempo y una oleada de exitosos paros surgió en enero en 48 maquiladoras —plantas donde principalmente se ensamblan productos de exportación— en la ciudad fronteriza de Matamoros.
La agitación laboral ya se extendió a otras plantas no dedicadas a la manufactura en la ciudad. Los trabajadores de industrias locales, por ejemplo de plantas de embotellamiento, exigen el mismo aumento de 20% y bonos de 32,000 pesos que los empleados de maquiladoras exitosamente negociaron, y se corre el riesgo de que los paros se extiendan a todo el país.
López Obrador intentó calmar la ola de paros este jueves, diciendo que los sueldos deben aumentar, pero “que no se genere un ambiente de inestabilidad en lo laboral”.
Sus propias acciones provocaron los problemas. En su intento por abordar décadas de salarios reales estancados, después de tomar el mando el 1 de diciembre, el Presidente duplicó el salario mínimo a 176.20 pesos en comunidades a lo largo de la frontera con Estados Unidos, en donde el costo de vida es más elevado que en otras partes del país. Eso provocó paros en Matamoros porque muchos contratos de sueldos sindicales en la ciudad estaban indexados a aumentos al salario mínimo.
López Obrador intentó controlar los daños. Esta semana sostuvo reuniones con líderes empresariales para asegurarles que su gobierno será amigable con las empresas.
“Mi recomendación es que aumenten los salarios, pero también se considere la situación de las empresas, que haya equilibrios. Tenemos que mantener las fuentes de trabajo”, dijo el Primer Mandatario este jueves.
Fue una aparente referencia a las amenazas de varias empresas de cerrar sus plantas en Matamoros.

Impacto en el consumo

La situación ha llegado a tal grado que productos de Coca Cola escasean cada vez más en tiendas de Matamoros después de que la planta local se vio afectada por una huelga. La embotelladora local de Coca Cola, Bebidas Mundiales, dijo que algunos empleados interceptaron camiones de entrega y organizaron una manifestación afuera de su planta en la ciudad, desocupando a unos 718 trabajadores.
La compañía dijo que sus empleados ya ganan en promedio unos 245 pesos al día, más que los entre 175 y 190 pesos que obtuvieron los trabajadores de maquiladoras en sus huelgas.
Los paros también se extienden más allá de las zonas fronterizas con variantes del estandarte de Matamoros de “20/32” —un aumento en el sueldo de 20% y un bono de 32,000 pesos.
El sindicato federal que representa a los trabajadores en Walmart de México, la tienda minorista más grande del país, dijo que se planea una huelga en 80 tiendas a nivel nacional el 5 de marzo, a menos que la compañía acuerde un aumento salarial del 20% y bonos para empleados basados en un porcentaje de las ventas de las tiendas. De llevarse a cabo, esa huelga podría involucrar hasta a 60,000 empleados.
“Tengo entendido que no han avanzado en esta negociación”, dijo Isaías González, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que representa a los trabajadores de Walmart.
La amenaza de huelga en Walmart es un nuevo giro para la CROC, que es uno de los sindicatos más antiguos en México y conocido por su estrategia que favorece a las empresas. Sin embargo, parece que la nueva agitación entre los trabajadores motivó al menos a uno de los sindicatos de la vieja guardia a volverse más radicales para esquivar a nuevos y más combativos esfuerzos de organización que han surgido desde que López Obrador ocupó el mando.

Efecto contagio

Las huelgas de Matamoros se han extendido a sindicatos más conservadores, cuyos miembros han obligado a sus líderes a presionar por las mismas exigencias de 20-32 que obtuvieron sus colegas en las maquiladoras.
“La naturaleza de la gente es decir: si lo obtuvo mi vecino, pues yo también”, afirma Rogelio García, director de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Matamoros. “En todos los casos eran grupos minoritarios, a veces sólo 10% de la gente afiliados, sindicalizados, se manifestaron afuera y pidieron refuerzos. Entonces llegan los trabajadores de las primeras empresas que obtuvieron el bono”.
“Vemos que hay un empoderamiento de la gente ante la inacción del gobierno”, dice García.
El líder empresarial expone, por ejemplo, que una compañía de Matamoros, Joyson Safety Systems, que provee partes automotrices, ya colgó un letrero en su fábrica que dice, “Matamoros, muchas gracias, adiós”.
García pronosticó que las compañías pospondrán las expansiones planeadas y alejarán el trabajo de sus plantas de Matamoros, potencialmente costándole a la ciudad entre 10,000 y 15,000 de sus 90,000 empleos industriales, así como crecimiento a futuro.
Es justo el efecto opuesto que López Obrador esperaba en la frontera. El plan del Presidente era crear empleos en zonas fronterizas para que los mexicanos y centroamericanos no tuvieran que emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo.
AP

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Emilio Lozoya Austin bajo la mira de AMLO

Lozoya y Deschamps. El saqueo a Pemex. Foto: Eduardo Miranda
Lozoya y Deschamps. El saqueo a Pemex. Foto: Eduardo Miranda

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La amnistía tiene sus límites: los procesos judiciales que iniciaron antes de la actual administración continuarán su curso. Así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un caso que es emblemático es el de la empresa Odebrecht, el cual, excepto en Venezuela y en México, tuvo consecuencias penales para muy altos funcionarios y políticos latinoamericanos.

La administración actual se halla impedida para dar la espalda a este escándalo: la investigación está terminada, los culpables han sido señalados, el expediente cuenta con una tonelada de pruebas, varias de las acusaciones no han prescrito y el daño, tanto al erario nacional como al sistema electoral, sería notorio.
El lunes 16 de octubre del año 2017 el exprocurador Raúl Cervantes Andrade pronunció un discurso ante el Senado donde mencionó sin ambigüedades que la dependencia a su cargo “había concluido la investigación del caso de corrupción más importante de América Latina”.
Dijo también que los delitos electorales y los delitos de corrupción debían combatirse con imparcialidad y que la fiscalía de delitos electorales (FEPADE), entonces encabezada por Santiago Nieto, era una institución eficaz que actuaba con absoluta autonomía.
Horas después de esa tonante pieza de oratoria, Raúl Cervantes renunció a su puesto y días más tarde Santiago Nieto fue apartado de su cargo como fiscal.
Mientras en otras naciones decenas de políticos, funcionario y hasta presidentes caían por el caso Odebrecht, en México –afirma Santiago Nieto– sólo dos cabezas rodaron desde la cúspide: la suya y la del procurador Cervantes.
Y paradójicamente ocurrió así porque hicieron bien su trabajo: durante la investigación realizada, la FEPADE confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibió en cuentas propias, o de personas morales en las que él estaba de algún modo relacionado, alrededor de 16 millones de dólares (más de 300 millones de pesos) por parte de Odebrecht.
Estos depósitos se habrían realizado entre el 2010 y el 2014, de acuerdo con declaraciones de Marcelo Odebrecht, antiguo CEO de la empresa que lleva el nombre de su familia. Según testimonio de ese mismo personaje, las aportaciones a favor de Emilio Lozoya habrían tenido como objetivo patrocinar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a cambio de obtener jugosos contratos por parte de su gobierno.
En diciembre de aquel año Emilio Lozoya recibió la dirección de Pemex y existe evidencia de que Odebrecht fue una empresa beneficiada durante su gestión.
En su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2018), Santiago Nieto reconoce que, con las pruebas existentes, faltaba muy poco para demostrar el ingreso de recursos ilegales a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Sin embargo, fue justo en ese tramo de la investigación donde, de golpe, Cervantes presentó la renuncia y su sucesor corrió al fiscal responsable del caso.
Esta es la breve historia del primer capítulo en la investigación mexicana sobre la corrupción de Odebrecht.
El segundo capítulo está todavía ocurriendo: siete meses después de que Nieto fuera despedido, el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2018 lo invitó a sumarse a su campaña y, una vez que obtuvo el triunfo, le ofreció que se hiciera cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El gesto político no puede pasar desapercibido: el fiscal que fue responsable de investigar a Lozoya es ahora el encargado de perseguir los casos más relevantes de corrupción a partir de los movimientos financieros realizados por antiguos y actuales funcionarios.
La expectativa presidencial pareciera clara: Lozoya será uno de los primeros casos de corrupción que López Obrador enfrentará con todo el peso de la ley.
Será así porque reúne varias características: 1) porque implica delincuencia electoral; 2) porque involucra actos de corrupción relacionados con el sector energético; 3) porque la investigación fue frenada desde muy arriba para asegurar impunidad; 4) porque internacionalmente es un escándalo que el caso Odebrecht no haya tenido consecuencias penales en México y; 5) porque el presidente requiere de al menos un caso relevante para confirmar que su lucha contra la corrupción va más allá de las palabras.
Argumenta Santiago Nieto en su libro que, aun si los delitos electorales en que incurrió Lozoya bajo la legislación vigente entre 2010 y 2014 podrían en su mayoría haber prescrito, el presunto delito de cohecho cometido por el exdirector de Pemex continúa vigente.
A menos que un evento extraordinario e impredecible ocurra, este año caerá Lozoya.
Este análisis se publicó el 24 de febrero de 2019 en la edición 2208 de la revista Proceso.

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En México se vive una guerra de despojo irregular de nueva generación: Jesús Ramírez

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El vocero presidencial Jesús Ramírez aseguró esta tarde que en México se vive una guerra de despojo irregular de nueva generación, que se promovió durante el periodo neoliberal y que aún no se ha frenado.


Sugirió que la violencia que vive el país forma parte de esa estrategia que ha beneficiado a unos cuantos, sobre todo a trasnacionales, y ha perjudicado a las mayorías.
Al visitar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que ahora la cuarta transformación depende de la sociedad, y no del gobierno.
Agregó que salir del neoliberalismo no se puede lograr por decreto, sino que es un proceso en el tiempo para romper la dependencia de México, incluso en el tema alimenticio, y sobre todo respecto a Estados Unidos.
Nancy Flores

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Sin acuerdos, a un mes de iniciada la huelga en UAM

 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de marzo de 2019, p. 34
La huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cumple un mes de iniciada, luego de que anoche la octava ronda de pláticas conciliatorias entre autoridades y sindicato terminara sin acuerdo alguno en medio de posiciones irreconciliables en materia salarial; acordaron reiniciar este sábado las negociaciones, pero en temas por violaciones al Contrato Colectivo del Trabajo (CCT).
En una sesión de cuatro horas, donde la representación del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) reiteró su denuncia de una precarización laboral y una creciente desigualdad en la distribución del salario entre funcionarios y trabajadores de base. Pero ahora salió el nombre de ocho ex funcionarios de esa casa de estudios, entre ellos ex rectores generales y de unidades académicas, que después de dos años de dejar el cargo directivo siguen cobrando como si estuvieran activos. Algunos con salarios mensuales brutos que rebasan los 200 mil pesos, según denunció en la mesa de negociación el secretario general del sindicato, Jorge Dorantes.
La representación de la UAM aceptó este tipo de pagos, pero argumentó que eso se hace solamente en los dos años posteriores a dejar su encargo, en tanto esos ex directivos retoman su carrera académica, e incluso su estancia dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Aunque los directivos insistieron que no hay nada de ilegalidad en dichos pagos, el sindicato acusó que esto es sólo una muestra de la discrecionalidad con el que se maneja el presupuesto de la universidad, pues mientras no hay límite a los excesos para funcionarios, la austeridad se la aplican sólo a los trabajadores.
Tras ocho reuniones infructuosas centradas en la demanda salarial, finalmente se acordó pasar al tema de las violaciones al CCT, que es el segundo emplazamiento que tiene a la UAM en huelga, además del salarial.

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Magisterio de Chiapas rompe negociaciones con autoridades

El magisterio dejó la mesa de negocioaciones con autoridades estatales y federales en Chiapas. Foto: Especial
El magisterio dejó la mesa de negociaciones con autoridades estatales y federales en Chiapas. Foto: Especial

PROCESO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas rompieron el diálogo y las negociaciones con los gobiernos federal y estatal, hasta tener garantías que la reforma educativa no será aplicada al sector magisterial, pues consideraron que mientras no sea derogada la amenaza sigue vigente.
Pedro Gómez Bámaca, dirigente de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dejó en la mesa de negociaciones al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, su Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa y al oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, Héctor Garza.

Gómez Bámaca pidió al gobernador la renuncia de Domínguez Ochoa por “negligencia” en  la atención de las demandas del sector magisterial y le exigieron garantías de que no se aplicará la reforma educativa en Chiapas, porque aunque López Obrador ha reiterado que no se aplicará, no ha sido derogada y sigue vigente.
Los trabajadores pidieron a Escandón que al igual que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se sume a la exigencia para derogar la citada reforma que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, Gómez Bámaca, también líder de la CNTE en Chiapas, anticipó una marcha a realizarse el 1 de marzo y señaló que después de dicha movilización se instalará la Asamblea Estatal Permanente, instancia encargada de definir las acciones posteriores del movimiento magisterial.
“No hay diálogo, no hay tal mesa, no hay tal acuerdo. Pues con la presencia de quien nos está aplicando la llamada reforma educativa, (la titular de la Secretaría de Educación), no hay diálogo, no habrá mesa con el gobierno, no la aceptaremos, cueste lo que nos cueste”, dijo Gómez Bámaca.
A la par de esta ruptura declarada por la CNTE, el gobierno estatal se apresuró a informar que por gestiones directas del gobernador Rutilio Escandón ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acordó liquidar la deuda total a las y los maestros de Chiapas, misma que fue acumulada por más de tres años y cuyo monto asciende a cerca de 302 millones de pesos.
La misiva oficial señala que al término de una reunión con integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Escandón Cadenas explicó que el pago se hará en tres bloques, el primero el 15 de marzo con un depósito de 100 millones de pesos.
Detalló que los dos siguientes pagos se harán el 30 de marzo y el 15 de abril, respectivamente.
“Ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no hay razón para protestar, la mal llamada reforma educativa ya cayó. Ahora quienes quieran protestar libremente que lo hagan, pero que lo hagan contra la corrupción. No hay razón para dejar a las y los niños sin clases, porque este gobierno es aliado de todos los sectores, como se demuestra hoy con el magisterio”, expresó el mandatario.
Agregó que el gobierno federal autorizó otros 100 millones de pesos para la entidad, mismos que serán ocupados para la reconstrucción de escuelas en deterioro, mobiliario y equipamiento.

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Venezuela resiste, tras 4 años de sanciones estadunidenses



 

Seis órdenes ejecutivas, 77 sanciones individuales y 32 sanciones a entidades no han sido suficiente para imponer un nuevo orden en Venezuela, nación que ahora resiste una posible intervención militar.



Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la administración de George W Bush logró la aprobación en el Congreso estadunidense de la Ley Patriota[1], que sentó las bases jurídicas para desarrollar guerras preventivas y declarar a escala global “la guerra total al terrorismo”. La Ley Patriota es un instrumento jurídico de carácter extraterritorial que ha permitido extender a otros países la aplicación de las leyes estadunidenses.
El reconocido escritor Thierry Meyssan ha denunciado que “desde 2001, el Tesoro estadunidense se ha convertido en una potencia política que trabaja en coordinación con el Pentágono. El Tesoro se ha dotado, en efecto, de poderes sorprendentes mediante la creación de una jurisprudencia que permite extender a otros países la aplicación de las leyes de Estados Unidos bajo el pretexto de que ciertas transacciones internacionales se efectúan en dólares estadunidenses[2]”.
El Departamento del Tesoro cuenta con un Agencia de Inteligencia Financiera encargada de planificar y ejecutar sanciones económicas y comerciales en apoyo a los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos, denominada Oficina de Control de Activos Estadunidense (OFAC).
La OFAC puede sancionar a Individuos, Entidades, Barcos y Aeronaves designados o identificados en listas derivadas de programas asociados a Leyes, Reglamentos y Órdenes Ejecutivas. Según la OFAC las Sanciones son consecuencia o efecto de una conducta que amenaza la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos y son utilizadas para “prevenir” que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadunidense para propósitos que van en contra de la política estadunidense y sus objetivos de seguridad nacional.
Bajo este andamiaje sustentado en la Ley Patriota, y con el pretexto de luchar contra el terrorismo mediante ataques preventivos que amenacen la Seguridad Nacional del país norteamericano ha desarrollado un acabado sistema de presiones que pretende imponer un orden político, económico, militar y social en América y el mundo.  Entre los países sancionados por la OFAC a la fecha destacan: Belarús, Irán, Burundi, Rusia, Cuba, Siria, Libia, Nicaragua, Corea del Norte, el Líbano, Liberia, Somalia, Sudan, Ucrania, Yemen y Zimbabue[3]. Todos países con abundantes recursos energéticos, y víctimas de intervenciones militares y golpes de estado con participación estadunidense.

Seis órdenes ejecutivas

El 8 de marzo se cumplirán 4 años desde que el expresidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 y declaró a su país en emergencia nacional, respecto de la amenaza inusual y extraordinaria que representa la situación en Venezuela[5] a su seguridad nacional y su política exterior. Posteriormente la administración de Donald Trump ha emitido cinco órdenes ejecutivas adicionales, sancionando a 77 individuos, 32 entidades y dos embarcaciones.
La primera orden ejecutiva promulgada por la administración de Trump fue emitida el 24 de agosto de 2017 (Orden Ejecutiva 13.808), la cual sanciona a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) afectando la emisión de nueva deuda y el traspaso o negociación de deuda antigua en Estados Unidos, también prohíbe el pago de dividendos y operaciones capital asociadas a CITGO.
El 19 de marzo de 2018 el presidente Trump, mediante la Orden Ejecutiva 13.827, prohíbe las transacciones con cualquier moneda digital o ficha digital venezolana (petro) a toda persona o entidad estadunidense, las órdenes ejecutivas también prohíben cualquier intento o forma de evasión de las mismas. Posteriormente, emite cuatro sanciones individuales dirigidas a funcionarios del estado venezolano argumentando en ella “mala gestión económica y corrupción”.
Luego de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela (resultando reelecto el presidente Nicolás Maduro), Washington emite nuevas sanciones mediante la Orden Ejecutiva 13.835, de fecha 21 de mayo de 2018. Éstas prohíben la venta de deuda y activos públicos en territorio estadunidense.
En septiembre de ese año, Estados Unidos también aplica sanciones a personas físicas y jurídicas (entidades), entre los individuos sancionados destacan: el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y la vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez, entre otros altos funcionarios del gobierno bolivariano.
Posteriormente, el 1 de noviembre mediante la Orden Ejecutiva 13.850, Washington sanciona el sector aurífero de la economía venezolana y engrosa la lista de altos funcionarios del gobierno venezolano sancionados.
La más reciente orden ejecutiva (13.857) fue emitida el 28 de enero de 2019, en ella se establecen más sanciones a PDVSA; en esta oportunidad, las sanciones bloquean 7 mil millones de dólares en activos de la estatal petrolera en adición a una perdida estimada de 11 mil millones de dólares en sus exportaciones durante los próximos años. Sumado a lo anterior, el Departamento de Estado certifica al diputado Juan Guaidó “para recibir y controlar bienes” provenientes de cuentas bancarias a nombre del gobierno venezolano y del Banco Central, abiertas en instituciones financieras ubicadas en Estados Unidos.

Las sanciones individuales

La Orden Ejecutiva 13.692 también conocida como “Programa Venezuela”, generó el marco jurídico para aplicar 77 sanciones individuales[6] de las 90 sanciones impuestas por la OFAC a ciudadanos Venezolanos durante los últimos 4 años[7]. Es decir que el 85 por ciento derivan del mencionado programa.
Cabe destacar que el 79 por ciento de los sancionados por la OFAC a través del  “Programa Venezuela” son hombres, asimismo el 58 por ciento desempeñan cargos de alto gobierno asociados al Poder Ejecutivo y el 36 por ciento son miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), vinculados al sector Seguridad y Defensa.
El escritor venezolano José Negrón, recientemente denunció una serie de operaciones encubiertas dirigidas por Gina Haspel (oficial de inteligencia de Estados Unidos y actual directora de la CIA) desde el Pentágono para intentar quebrar la voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Negrón afirma: “su objetivo es organizar y alimentar un ejército paralelo que se está preparando desde Colombia[8]” para una posible intervención militar en Venezuela.
Lo cierto es que el “Programa Venezuela” ha establecido “presuntas sanciones” de forma selectiva a funcionarios con altos cargos que desempeñan responsabilidades estratégicas en materia de seguridad y defensa, buscando quebrar la unidad de la FANB y del pueblo Venezolano que sigue respaldando al proyecto bolivariano.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó las sanciones impuestas por Washington calificándolas de injerencistas: “Que lo sepa el mundo entero y muy especialmente el imperio norteamericano, con sus aliados internos y externos, no nos intimidaran con sanciones  de ninguna naturaleza[9]”.
Desde que Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 hasta la actualidad, la OFAC a través del Programa Venezuela ha “sancionado” a los siguientes cargos: ministro de la Defensa (Padrino López, Vladimir), ministro de Relaciones Interiores y Justicia (Reverol Torres, Néstor Luis), ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz (Izquierdo Torres, Gerardo), comandante General del Ejército Bolivariano (Suárez Chourio, Jesús Rafael), comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (Rivero Marcano, Sergio José).
Asimismo la OFAC en tres oportunidades en los últimos 4 años ha sancionado a funcionarios que han estado al frente de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN): Bernal Martínez, Manuel Gregorio; González López, Gustavo Enrique; y Cristopher  Figuera, Manuel Ricardo). Además, de sancionar al primer comisionado del SEBIN (Rodríguez Mucura, Hildemaro José) presuntamente por “reprimir la democracia y cometer fraude contra personas”.
De igual forma la OFAC ordenó sanciones en tres oportunidades a funcionarios que han ocupado el cargo de director general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) señalando a: (Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo; Pérez Ampueda, Carlos Alfredo; y García Duque, Franklin Horacio), todos oficiales de la FANB. Además de apuntar a la lista al director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela: (Bastardo Mendoza, Rafael Enrique y Hernández Dala, Iván Rafael), respectivamente.
Curiosamente, la oficina de inteligencia financiera ha sancionado a tres jefes de las Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) del país bolivariano, dos de la Región Central y uno de la Región Andina. Asimismo, se ha incluido al comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de la región capital en la lista de sancionados. Todos oficiales activos de la FANB.
Al parecer, el Departamento del Tesoro considera una amenaza los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos al alto mando militar y a las fuerzas de orden público del Estado venezolano.
Por otro lado, la OFAC ha sancionado a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos ministros de Comunicación e Información (Villegas Poljak, Ernesto Emilio; y Rodríguez Gómez, Jorge Jesús), 10 altos funcionarios del Poder Judicial (predominantemente vinculados a la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y entre ellos el presidente (Moreno Pérez, Maikel José). Además del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela (Saab Halabi, Tarek William).
Igualmente, fueron sancionados el presidente (Maduro Moros, Nicolás), y en dos oportunidades los dos últimos vicepresidentes (El Aissami Maddah, Tareck Zaidan, y Rodríguez Gómez, Delcy Eloína), así como nueve constituyentitas, entre ellos (Cabello Rondon, Diosdado) también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre otros.
Esto evidencia que las sanciones son principalmente dirigidas al cargo que ocupan los funcionarios en ejercicio, es decir, son sanciones selectivas dirigidas no hacia al individuo sino al cargo que ocupan con el objetivo erosionar las bases del Estado venezolano y promover su desintegración.

Todo eso no ha sido suficiente

Tras 4 años de sanciones, Venezuela resiste y sigue buscando alternativas ante la crisis. Revisar los casos de países sancionados como Irán, Cuba o Corea del Norte –quienes han logrado sobrellevar las sanciones de Estados Unidos por décadas– es vital para la experiencia venezolana, además de motorizar los esquemas de cooperación Sur-Sur, y profundizar las alianzas con China y Rusia que promueven un mundo multipolar, representan hoy una alternativa ante la hostilidad externa que asedia a Venezuela.
“El fin del socialismo llegó a nuestro hemisferio”, dijo Trump durante su discurso en la Universidad de la Florida, el pasado 18 de febrero[10]. Ahí hizo referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países incluidos en la denominada “Troika de la Tiranía” por su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Cuba ha soportado casi 60 años de bloqueo económico y sanciones, Venezuela lleva 4 años resistiendo y una probable intervención militar, y Nicaragua pronto será denominada como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, con la promoción de una inminente ley sancionatoria denominada Ley NicAct. Estos tres países son los principales promotores de la integración latinoamericana y caribeña.
Cada presidente estadunidense se ha destacado por tener en su haber una guerra, intervención militar y/o golpe militar. ¿Será América Latina y el Caribe el escenario de guerra del gobierno de Donald Trump?