martes, 26 de febrero de 2019

COMUNICADO. Seguimos avanzando en la reafirmación de nuestra legitimidad política y representatividad legal de nuestros agremiados.

COMUNICADO.
Seguimos avanzando en la reafirmación de nuestra legitimidad política y representatividad legal de nuestros agremiados.
El pasado 21 de febrero de 2019 fuimos convocados al “Foro Tripartito Nacional sobre el Futuro del Trabajo”, donde participó el Director General de la Organización Internacional del Trabajo Sr. Guy Ryder y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Hoy, 26 de febrero, se llevó a cabo la presentación de los avances del proyecto "Vallejo-i: industria e innovación", el objetivo es de contribuir al desarrollo económico de la Ciudad y en especial de la Alcaldía de Azcapotzalco.
Al evento, que contó con la participación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, fue convocado el SME y nuestra Cooperativa LF del Centro. Como parte de los proyectos que forman parte de “Vallejo-i: industria e innovación” se integró nuestro proyecto productivo “Fusión Tecnológica en Anuncios” que dará empleo a cientos de compañeros en resistencia.
Esta semana y la que viene tendremos reuniones con distintas Secretarias de Estado y dependencias del gobierno federal para avanzar en la solución de nuestras demandas.
Fraternalmente.
“ Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
C. José Humberto Montes de Oca.
Secretario del Exterior.
CDMX a 26 de febrero de 2019.



Avisto a nuestros compañeros Jubilados.


OPT -Justicia para Samir Flores.


Carso, Ienova y Transcanada negocian con CFE contratos de ductos en construcción

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- A pesar de las resistencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador, logró sentar a renegociar a Carso, Ienova y Transcanada los “contratos leoninos” que tienen en conjunto por siete ductos cuya construcción se encuentra detenida, y que significan una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En los tres casos, la construcción de los ductos ha sido interrumpida por problemas de consulta con las comunidades, otros por ya construidos y sin funcionar por actos de sabotaje, y unos por más falta de permisos, entre otras razones.
Después de las declaraciones del Ejecutivo, las empresas salieron a desmentir abusos en dichos contratos los cuales afirmaron obtuvieron en procesos de licitaciones públicas internacionales transparentes, posteriormente, los directivos de las tres acusadas se reunieron por separado con el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, en los tres casos para buscar una solución esta problemática que beneficie a ambas partes.
Antes de dicha reunión, Infraestructura Energética Nova (IEnova), sostuvo que “todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con CFE fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria.”
La empresa precisó que tiene un ducto que entró en operación en mayo de 2017. “Sin embargo, el servicio a la CFE fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto de 2017. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales y locales”.
La segunda en salir a defenderse fue Transcanada: “estos contratos incluyen previsiones de fuerza mayor que aplican cuando, ya sea la CFE o la compañía constructora de los ductos, se ven impedidas de cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevistas fuera de su control. Los pagos recibidos durante estos eventos de fuerza mayor no son ‘multas’ ni ‘subsidios’”.
Carso Energy señaló en su momento que ganó tres concursos en procesos internacionales, transparentes y públicos. Los dos primeros para ser construidos y operados en los Estados Unidos, asociados con Energy Transfer Partners y Mastec con el 49 por ciento y Carso Energy con 51%. Estos dos gasoductos están operando desde hace más de dos años y pasaron la certificación Foreign Corrupt Practices Act que exige por Ley Estados Unidos.
Como se recodará, el Ejecutivo acusó a la administración anterior de “hacer negocios jugosos al amparo del poder público, contratos leoninos, para favorecer a particulares, últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos” privados y con el compromiso de la CFE de comprarles el gas”.
Dichos contratos establecen que si los ductos no se pueden construir como sucede en estos siete grandes gasoductos, la CFE debe pagar a las empresas aunque no entreguen gas. En esta condición se encuentras 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares a la CFE.
Bajo este panorama, dijo el Presidente, “lo que estamos buscando es -que en el marco de la ley- una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria. Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la CFE para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica”.
“Se convocará a ese propósito a las empresas particulares, en un plan de conciliación para buscar reparar el daño.” “Queremos inversión privada y extranjera pero que la extranjera con convicción ética, ¿cómo que contrate a un expresidente o funcionarios del sector donde opera la empresa, eso es totalmente inmoral?
Se trata de una “una revisión de conformidad con la empresa para que esto se corrija voluntariamente, no queremos solo la vía legal, porque no queremos que vayan a crear un ambiente, porque los que están a acostumbrado a medrar inmediatamente gritan ‘ya se está afectado el Estado de Derecho, ‘están queriendo actuar contra la Ley, no queremos una actitud leguleya, sino convencerlos de llegar a una negociación.”
Por su parte, Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, sostuvo que son “contratos leoninos” y que si por cualquier causa de fuerza mayor no pueden construirlos, le obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo y que en 2018 acumula 5 mil millones de pesos por esas penas, y este año otros 16 mil millones de pesos.

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Pensión por afores será de 24.3% del último salario: ASF

La tasa de remplazo mejoraría en función de incrementar la aportación obligatoria.

Pensión por afores será de 24.3% del último salario: ASF

Con las condiciones actuales que tiene el régimen de la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la pensión promedio que recibirían los trabajadores equivaldría a 24.3% de su último salario, por lo que sería conveniente realizar una reforma, recomendó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“La tasa de remplazo (porcentaje que recibirá el trabajador de pensión de su último salario) mejoraría en función de incrementar la aportación obligatoria, o bien, que se realicen mayores aportaciones voluntarias por parte de los trabajadores”, expone en su tercer informe de la Cuenta Pública del 2017.
Detalla que bajo el esquema de afores, cuyas jubilaciones iniciarían en el 2021 según estudios actuariales, si se considerara un incremento de 1% en el rendimiento real; una disminución de una décima en las comisiones promedio; un aumento de dos años en la edad de retiro y el incremento de las aportaciones, ya sean obligatorias o mediante el ahorro voluntario, la pensión del trabajador mejoraría.
“Se verificó que la tasa de remplazo mejoraría en 5.8 puntos porcentuales”, expone el organismo autónomo. Es decir, la tasa de remplazo promedio sería de 30.1 por ciento.
Si bien, es un aumento significativo, dicha tasa de remplazo sigue estando por debajo de la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de 70 por ciento.
Por lo anterior, la ASF sugirió a la Cámara de Diputados analizar la conveniencia de modificar la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE en lo relacionado al Sistema de Ahorro para el Retiro.

¿Cuánto ganan los mexicanos?

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre del 2018, sólo 4.5% de la población percibe ingresos mayores a cinco salarios mínimos.
Es decir, sólo cuatro de cada 10 trabajadores mexicanos ganan 13,254 pesos mensuales, alrededor de 441 pesos al día, indica la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
De esta manera, durante el periodo abril-junio del 2018, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 55.6 millones (59.8% del total), cuando un año antes había sido de 54.1 millones (59.3 por ciento).
Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que labora, revela que 12.5% trabaja en el sector primario, 25.6% en el secundario o industrial y 61.3% está en el terciario o de los servicios. El restante 0.6% no especificó su actividad económica.

Mujeres vivirán más, pero tendrán una menor pensión

La ASF explica que, si una persona gana 10,000 pesos, al término de 25 años laborales que se requieren para jubilarse, el trabajador habrá aportado para su fondo individual 33,750 pesos; el patrón 154,500 pesos, y el gobierno 6,750 pesos. Es decir, tendrá un ahorro total de 195,000 pesos.
Si se suman los rendimientos de dicho ahorro, que representarán 395,844 pesos, el ahorro pensionario total sería de 590,844 pesos.
Dicha cantidad debería alcanzar para cubrir los pagos mensuales durante el tiempo que vivan los trabajadores.
Sin embargo, la historia no será así. En el caso de las mujeres, se estima que, una vez que cumplan 65 años, vivirán 17.3 años, con lo que su pensión sería por 2,840.5 pesos, lo que significa una tasa de reemplazo de 28.4 por ciento.
Para el caso de los hombres, después de los 65 años, se calcula que vivan 16.2 años, con lo que su pensión sería de 3,042.7 pesos, una tasa de reemplazo de 30.4%, según cálculos de la ASF.

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Arranca discusión del plan para la democracia sindical

 
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 9
La Cámara de Diputados convocó a los líderes que mantienen, desde el siglo pasado el control de las principales organizaciones obreras para discutir la iniciativa de Morena que pretende instaurar la democracia y libertad en la elección de las cúpulas obreras y acotar que los dirigentes permanezcan en sus cargos de manera indefinida.
La iniciativa de esa bancada fue presentada en la Comisión Permanente y se turnó a la Comisión de Trabajo, que a su vez organizó audiencias públicas desde hoy y hasta el jueves, con la intervención también de las autoridades laborales y las cámaras empresariales.
Entre otros puntos, se plantea reglamentar la reforma constitucional en materia laboral, constituir un centro de conciliación y registro, aprobada el sexenio pasado, así como definir las funciones del organismo descentralizado autónomo que llevará el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo.
También pretende definir el proceso de registro de los sindicatos, reducir los plazos del trámite, el contenido mínimo de los estatutos, esto es el proceso para elegir a las dirigencias, el plazo de las convocatorias, lugares de votación e integración de un padrón confiable de los integrantes del gremio.
El propósito de dicha iniciativa es dar cumplimiento eficaz al derecho a la democracia representativa, al establecerse que la designación de los representantes obreros deberá realizarse mediante elecciones auténticas.
En sus consideraciones, el proyecto de Morena señala que se busca cancelar las ataduras a las que se ha sometido a los sindicatos y garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente la forma de asociarse y organizarse, así como a exigir rendición de cuentas a los líderes, que deberán contar con una constancia de representatividad para negociar la firma del contrato colectivo.
Los foros se inician hoy con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y mañana están convocados los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, de los sindicatos Minero y del Seguro Social, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, de la Confederación Regional Obrera Mexicana y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.

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“Huachicoleo” científico

María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt. Foto: Benjamín Flores
María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt. Foto: Benjamín Flores

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La metáfora del huachicoleo se aplica no solamente al robo de combustibles, sino también a la sangría de recursos públicos a lo largo y ancho de la administración pública federal. El neoliberalismo no se ha limitado a la abierta privatización de los recursos naturales y las empresas del Estado, sino que también ha implicado la sangría y el saqueo desde adentro de las instituciones gubernamentales. Con la abdicación de la rectoría del Estado durante los últimos sexenios se generó una rebatiña sin control de los intereses particulares y privados por el botín del presupuesto público.
Los recursos para la investigación científica no han sido la excepción. La nueva directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buyllá, ha denunciado que solamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se transfirieron entre 35 y 65 mil millones de pesos a empresas privadas para sus proyectos de “investigación”.

Uno de los programas estrella que se utilizó para este fin fue el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), por medio del cual se canalizaron recursos a más de 500 empresas durante los últimos dos sexenios, entre las cuales se incluyen corporaciones trasnacionales como IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto, Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México.
El propósito de este programa era supuestamente incentivar nuevas investigaciones de punta desde el sector privado en México. Sin embargo, los resultados han sido magros. En general, los recursos fueron utilizados para cubrir proyectos de investigación que estas empresas multimillonarias hubieran realizado de todas formas con sus propios recursos, pero que fueron subsidiados por el dinero de los impuestos de todos los mexicanos.
Otro programa donde se han encontrado abusos millonarios es el de Fondos Mixtos (Fomix), el cual funcionaba en las 32 entidades federativas, así como en tres municipios, incluyendo la ciudad de Puebla. Estos fondos originalmente tenían la intención de generar sinergias entre los diferentes niveles federativos a favor de la investigación. Sin embargo, la nueva directora general del Conacyt ha denunciado que con el tiempo esos fondos se fueron convirtiendo en “las cajas chicas de los gobernadores” y se echaba mano de sus recursos para “proyectos especiales” que poco o nada tenían que ver con el desarrollo científico o tecnológico del país.
Otro saqueo fue la tendencia a subcontratar despachos externos para que realizaran actividades sustantivas del Conacyt. Por ejemplo, las labores de comunicación social fueron encomendadas a una “Agencia Conacyt” que dependía de una empresa de outsourcing. Y muchos dictámenes académicos y financieros, por ejemplo respecto de la calidad y la gestión de las revistas científicas, fueron encomendados a consultores externos. En general, se estima un gasto de unos 363 millones de pesos por año por concepto de outsourcing durante la administración pasada.
Pero los intereses privados y particulares no solamente han recibido cuantiosos recursos públicos, sino que también se han metido hasta la cocina para imponer la política del Estado en materia de ciencia y tecnología. Por ejemplo, la actual Ley de Ciencia y Tecnología subordina la política nacional a un Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el cual participan tres representantes del sector privado con el mismo rango que los secretarios de Estado. De manera extraña e inverosímil, los redactores de la ley colocaron este “Consejo General” por encima del “Consejo Nacional” o Conacyt, cuya directora funge apenas como secretaria ejecutiva de esta otra instancia, parcialmente privatizada.
La actual ley también establece un Foro Consultivo Científico y Tecnológico financiado mediante recursos públicos y con una fuerte presencia del sector privado como “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”. Adicionalmente, durante el sexenio de Peña Nieto se creó una nueva Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, con sus propias facultades y relaciones con el sector privado y grupos políticos del país.
Esta duplicidad de funciones e infiltración de intereses privados y políticas ha generado una compleja telaraña burocrática que ha maniatado al Conacyt, desarticulado la política del Estado en la materia y abierto amplios espacios para el manejo discrecional y opaco de los recursos públicos. Tal como señala la importante iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología presentada recientemente por la senadora Ana Lilia Rivera, “resulta indispensable que los cambios en la normatividad de ciencia y tecnología impidan que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”. Urge que el Congreso de la Unión avance con celeridad en la discusión y aprobación de las necesarias modificaciones legales.
La intensa guerra sucia en contra de la doctora Álvarez-Buyllá responde al hecho de que las nuevas autoridades pretenden una transformación de raíz en el Conacyt que acabaría con el huachicoleo, de bajo y alto nivel, de los recursos para la investigación científica. Se busca recuperar la rectoría del Estado en general, y del Conacyt en particular, con respecto a la política nacional de ciencia y tecnología. También se busca fortalecer las investigaciones dirigidas hacia la resolución de los grandes problemas de la nación, dando prioridad a la participación de la sociedad civil por encima de los intereses privados. El nuevo proyecto busca asimismo fortalecer la soberanía nacional y la innovación tecnológica nacional. Y hay un nuevo énfasis en las humanidades y las ciencias sociales.
Con razón han empezado a ladrar con tanta furia quienes lucraban con el viejo sistema de neoliberalismo científico. Los cambios no siempre son fáciles, y los más profundos suelen generar grandes resistencias, pero cuando se presenta la oportunidad histórica para la transformación habría que aprovecharla al máximo.
www.johnackerman.mx
Este análisis se publicó el 17 de febrero de 2019 en la edición 2207 de la revista Proceso.

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Maestros de la CNTE instalan plantón en San Lázaro; exigen se derogue reforma

Foto
▲ Los docentes, en su mayoría provenientes del estado de Oaxaca, indicaron que tienen su propia propuesta educativa y exigen que sea tomada en cuenta.Foto Luis Castillo
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 13
Con casas de campaña y carpas, profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) del estado de Oaxaca, afiliados a la Coordinadora (CNTE), se instalaron en plantón en calles aledañas a la Cámara de Diputados para exigir una verdadera abrogación de la reforma educativa y no quede sólo en cambios superficiales que a su juicio lesionan derechos de los docentes.
El plantón ubicado en Congreso de la Unión y Zapata permanecerá hasta este miércoles, según mencionaron los disidentes, y anunciaron movilizaciones en Ciudad de México, las cuales se darán a conocer de manera cotidiana.
Manifestamos al pueblo de Oaxaca, de México, a las autoridades municipales, padres y madres de familia que nuestra presencia obedece a una exigencia generalizada de no permitir mecanismos normativos que garantizan la continuidad de una reforma que derramó sangre, dejó muertos, hostigamiento y persecución en nuestro estado, se indica en un manifiesto leído por una comisión durante la instalación del plantón, que afectó el tránsito vehicular en ambas avenidas.
Genaro Martínez, secretario de organización de la sección 22, dijo que su presencia frente al recinto legislativo es para cerciorarse de que la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto quede totalmente derogada, pues no se aceptará que los legisladores federales aprueben una iniciativa que no incluya los planteamientos expresados por el movimiento magisterial democrático.
Agregó que los maestros de la CNTE tienen una propuesta alternativa, con modelo educativo, que ya han sido presentados en mesas de negociación y que ahora esperan sean tomados en cuenta.

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"Grave retroceso" educativo, la reforma que impulsa AMLO

Especialistas y ONG participaron en foro en el Senado
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 15
En el foro Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niños y jóvenes, organizado por el Senado, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la propuesta de reforma que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues implicará un grave retroceso.
Bernardo Naranjo, comisionado del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), advirtió que hay un deseo de esta administración de volver al pasado. Este gobierno, acusó, pretende revivir el esquema de la venta de plazas a los maestros, que representó en el pasado un negocio de entre 6 mil y 10 mil millones de pesos anuales.
Agregó que si se pregunta a los maestros si están en favor del desempeño, de ascensos por méritos y de obtener plazas por concurso, dos de cada tres lo estarían; si nos vamos con los normalistas, ocho de cada 10 se inclinarían por concursos para ingreso y nueve de cada 10 por méritos. Preguntamos a 5 mil profesores normalistas si quieren que su carrera dependa del mérito o si las plazas vuelven a otorgarse por la vía sindical.
Naranjo cuestionó: ¿Por qué alguien quiere quitar ingreso y promoción? Lo único que vemos es esta necesidad o este deseo de volver al pasado. Si todas las plazas que se otorgan en un año se vendieran, se reportaría conservadoramente un negocio de entre 6 mil y 10 mil millones de pesos al año, libres de polvo y paja, porque nadie da una factura por vender una plaza.
En tanto, Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, destacó que al contrario de la propuesta del Ejecutivo federal, el mecanismo de ingreso para el Servicio Profesional Docente debe estar basado en el mérito.
La académica inquirió: ¿Cuál va ser ahora el mecanismo de ingreso para el servicio profesional docente o como se llame? Nosotros creemos que tiene ser con base en el mérito y en un examen, así como con un mecanismo adecuado, lo mismo para seguir avanzando en el sistema, y segundo, que lo que sea que vaya a sustituir al INEE sea un órgano autónomo constitucional, porque los contrapesos son muy importantes.
Marco Fernández, de México Evalúa, aseguró que en el periodo que estuvo vigente la reforma se concursaron 177 mil 407 plazas definitivas, de las que 144 mil eran para educación básica y 33 mil 407 para media superior. Sin embargo, sólo hubo 101 mil 496 normalistas y se requerían 144 mil puestos de trabajo: ni siquiera otorgándole una a cada normalista se cubrían todas las que se necesitaban.
Esto significa, aseveró el especialista, que sobran plazas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo único que pretende es que le regresen el control para asignar 50 por ciento de esos puestos de trabajo y venderlos a los interesados.

El INAH en su 80 aniversario: contradicciones e injusticia laboral

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El 80 aniversario 80 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) celebrado este mes de febrero ha sido opacado –a pesar de los elogios y exaltaciones que del Instituto ha hecho su director, el antropólogo Diego Prieto– debido a las protestas de diversos sectores de sus trabajadores, principalmente el de los eventuales. La realidad de la vida interna del INAH se ha visto expuesta por los recientes conflictos laborales que se han suscitado como consecuencia del recorte de personal promovido y avalado por la dirección del Instituto, que tiene que ver con la limpia que en muchas dependencias gubernamentales está haciendo la nueva administración federal morenista.


Los despidos de los trabajadores del INAH no deben tomarse a la ligera. Se debe analizar la pertinencia laboral de los contratados antes de realizar cualquier destitución o simplemente antes de no renovar la contratación de los trabajadores. Y es aquí donde radica el mayor problema laboral de miles de empleados en el INAH, pues desde hace decenios el Instituto se ha servido de la mano de obra de pasantes y licenciados de las diversas áreas pertinentes a la antropología y la historia, sin el mínimo respeto por los derechos laborales de los mismos; esto en las áreas académica y de investigación, pues en el área administrativa el panorama es otro, aunque también hay trabajadores temporales.
En este sentido, en la página del INAH se establece que la institución cuenta con una secretaría técnica, siete coordinaciones nacionales y 31 centros estatales; instancias de investigación responsables de 110 mil monumentos históricos, 29 mil zonas arqueológicas registradas de las cuales sólo 181 están abiertas al público, más de 120 museos de diferentes categorías –aunque Diego Prieto ha declarado que son 192 zonas arqueológicas abiertas y más de 160 museos–, así como bibliotecas y fototecas. Además, la institución realiza trabajo antropológico en diversas comunidades. Es evidente que el INAH requiere para la investigación, conservación y difusión de lo mencionado una gran cantidad de investigadores, aunque sólo cuenta con entre 800 y 900, incluidos los profesores de las tres escuelas del Instituto. En su conjunto, el personal mencionado es insuficiente para las actividades de investigación y académicas requeridas; por eso es que durante décadas se ha contratado a personal eventual, aunque siempre se ha negado la necesidad que se tiene de este, pretexto que usa el INAH para no reconocer los derechos laborales de estos trabajadores.
Esta situación es bien retratada en los pasillos de la institución cuando investigadores eventuales o recién egresados de la universidad buscan una plaza de investigación, que en primer instancia se abre a concurso porque un vetusto y encumbrado científico, después de decenios de ardua labor se ha retirado y por esa causa se abrió la plaza, misma que detenta unos estándares académicos altísimos debido a la longevidad estudiosa del que la ha abandonado. Dicen en el INAH que “una plaza se abre a concurso cada que muere un investigador”, y esa es una expresión que refleja la realidad laboral del instituto: no hay una apertura de plazas de investigación desde hace décadas, salvo contadas excepciones, ya que la mayoría se reciclan como se ha señalado.
El 5 de febrero pasado, en entrevista con Carmen Aristegui, Diego Prieto dijo que hasta antes de los recortes laboraban en el INAH 6 mil 500 trabajadores, de los cuales 5 mil son de base y 1 mil 500 contratados de manera eventual. Desafortunadamente de esos 1 mil 500 un .08 por ciento ya no fue recontratado debido a los recortes mencionados. Cabe señalar que de los 5 mil de base la mayoría son administrativos, técnicos, manuales y de servicios; pues como ya mencioné, los investigadores, en el mejor de los casos, son 900.
Es injustificable que una institución cuyos propósitos fundamentales son la investigación y la enseñanza académica, tenga una plantilla de administrativos tan superior a la de los investigadores y profesores. Esa es una de las grandes contradicciones del INAH, que deriva de una mala planeación y de una burocracia acendrada en sus formas de perpetuación; burocracia administrativa que desde hace décadas tiene el control del Instituto.
La otra gran contradicción del INAH tiene que ver con los trabajadores eventuales, los contratados por cortos periodos en una estrategia “de esclavitud laboral”, misma que se emplea para evitar su basificación. Esos trabajadores son llamados “los indocumentados” y, aunque parezca absurdo, son casi el doble de los investigadores con base. Con la contratación eventual el INAH evade las mínimas obligaciones laborales que marca el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo del mismo Instituto (aunque Diego Prieto asegura que actualmente todos los eventuales reciben servicio médico). Situación que debió ser regulada en los meses recientes, pues se tiene noticia de que hace poco algunos investigadores sólo firmaban una nómina en proyectos en los que sólo interviene el INAH. Además de que en general los investigadores que reciben servicio médico son aquellos que laboran para terceros que mantienen convenios con el INAH; por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o las compañías constructoras involucradas en la edificación de ductos, carreteras y tendido de líneas eléctricas e infraestructura de otra índole, esto en el caso de los arqueólogos de salvamento; y son esos terceros los que dan el servicio médico.
Ojalá que todos los eventuales de cualquier área del INAH, los que sobrevivieron al recorte, reciban el servicio médico que Diego Prieto asevera que el instituto les facilita.
Es una burla que el INAH, la entidad encargada de la preservación de la memoria histórica y arqueológica, así como del estudio antropológico de la sociedad –todas materias de las que el hombre es la parte fundamental–, sea una de las instituciones que más socava los derechos laborales del trabajador; de ese “indocumentado” sin prestaciones, que además es contratado a capricho del director de un proyecto; de ese hombre que es sustituido o cesado, sin mayor mediación, después de años de labor; de esa mujer que accidentada debido a la negligencia de su jefa, debió abandonar la práctica de su profesión sin la indemnización adecuada; de ese joven investigador que ya no es contratado porque un aviador planea de lejos la oficina, el archivo o la fototeca, porque el subdirector le debe un favor.
La administración federal tiene que reflexionar sobre los despidos de los trabajadores del INAH, pero sobre todo acerca de la situación laboral del Instituto y, en conjunto con el director del mismo, así como con los trabajadores, revisar los tipos de contratación que se celebran, sobre todo de los investigadores. Las autoridades deben revertir las injustas situaciones laborales que prevalecen en el INAH, ya que es una dependencia gubernamental y sus trabajadores son responsabilidad del Estado mexicano; y éste debe ser garante de los derechos individuales y colectivos de esos trabajadores, que mantienen a una institución que investiga y protege el devenir social en sus múltiples manifestaciones culturales, pero que también carcome la integridad de su componente humano.
Roberto Galindo*
*Maestro en apreciación y creación literaria; literato; arqueólogo; diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente

Hoy, nuevo intento por terminar la huelga en la UAM

 
Periódico La Jornada
Martes 26 de febrero de 2019, p. 10
La oferta económica que ha ofrecido la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a sus trabajadores para resolver la huelga iniciada el primero de febrero pasado, supera a lo que en otras instituciones de educación superior ya ha sido aceptado, aseguró el rector general de esa casa de estudios, Eduardo Peñalosa Castro.
En un mensaje a la comunidad universitaria, el directivo pidió a todos sus integrantes reflexionar sobre la condición de la universidad en el contexto actual. Además, se dijo convencido de que lograrán superar los desafíos que presenta este proceso.
La universidad saldrá fortalecida y continuará con sus importantes tareas con base al compromiso que siempre ha demostrado, dice en su mensaje de cuatro minutos, subido en página Web.
Peñalosa Castro destaca el compromiso de la UAM de retomar lo más pronto posible las actividades de las 82 licenciaturas y 108 posgrados que imparte a más de 58 mil alumnos, así como reactivar la investigación y las actividades de la difusión de la cultura, y también abrir la convocatoria de nuevo ingreso para más de 100 mil aspirantes, que estaba previsto emitirse unos días después de iniciada la huelga.
La oferta económica de la UAM, y la cual es considerada insuficiente por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam), es de 3.35 por ciento de incremento salarial para todos los trabajadores, 3.0 por ciento a trabajadores administrativos de base y al personal académico de medio tiempo y tiempo parcial, así como 4.28 por ciento de aumento en los vales de despensa.
Explicó que una de sus tareas como rector general es que el presupuesto que se le asigna a la UAM –que este año será de 7 mil 299.5 millones de pesos–, pueda cubrir no sólo el componente salarial –que representa 86 por ciento del subsidio federal otorgado–, sino también que la universidad cumpla con sus tareas sustantivas, con la mejora y mantenimiento de las instalaciones, y atender de manera responsable las condiciones de trabajo y seguridad de los integrantes de esta comunidad.
Este martes por la tarde, las autoridades y la representación de la Situam se reunirán nuevamente, en la séptima ronda de pláticas conciliatorias, en un intento por llegar a un acuerdo que resuelva el movimiento de huelga que cumple 26 días.

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