miércoles, 20 de febrero de 2019

SME Martín Esparza Flores en el Primer Congreso del Encuentro Nacional de Dirigentes 20feb19

El Cártel de la Electricidad, más voraz que los huachicoleros

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La lista de exfuncionarios relacionados con el saqueo y desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dada a conocer por su director general Manuel Bartlett Díaz, es apenas una muestra de la extensa cadena de latrocinios cometidos en más de dos décadas por el Cártel de la Electricidad que tuvo su mayor auge en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.


La caja negra de la CFE guarda infinidad de sorpresas sobre los contratos y licitaciones otorgados al amparo de la corrupción e impunidad que no sólo saquearon los estados financieros de la exparaestatal, sino desmantelaron el Sistema Eléctrico Nacional al otorgar más de la mitad de la generación de energía a empresas trasnacionales con las que se firmaron contratos para la compra de electricidad. Un negocio redondo para unos cuantos donde el país salió perdiendo en todos los sentidos.
El actual director de CFE señaló en la lista de saqueadores a personajes como el exasesor de Carlos Salinas, el francés José María Córdova Montoya,  promotor de los cambios legales que abrieron el sector eléctrico  a la iniciativa privada y a las empresas extranjeras con las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica  (LSPEE). Desde entonces participó en el negocio de la electricidad y tiene la empresa Proveedora de Servicios de Energía, SA de CV, que todavía actúa en el país, a decir de Bartlett.
Figura también Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; ha sido participante en grandes empresas y  consejos consultivos de energía, como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México.
Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, es presidente y director general del consejo de administración de la empresa IEnova, que tiene ver con muchas actividades de generación de electricidad, asociada con intereses privados y participa precisamente en el problema de los ductos con contratos leoninos.
Entre los citados por el titular de la CFE se encuentra además Luis Téllez, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; asesor de empresas extranjeras como Kravis Roberts.
En primera fila ubicó Bartlett Díaz al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox y  consejero independiente de la empresa Avangrid; también Georgina Kessel Martínez, secretaría de Energía de Calderón y actualmente directora de Iberdrola México.
Jordy Herrera Flores, secretario de Energía con Calderón, consultor de Energía y bróker. A través de una serie de empresas ha trabajado al servicio en diversas actividades de generación privada. Otro es Alejandro Fleming Kauffman, jefe de unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía en el sexenio de Calderón y miembro de los consejos de Iberdrola México e Iberdrola México Renovables.
Y por supuesto en el listado de Bartlett no pudo faltar Alfredo Elías Ayub,  exdirector general de CFE durante los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, y consejero independiente de Avangrid.
Este personaje encabezó por casi dos décadas el Cártel de la Electricidad y fue cómplice tanto de la desatada corrupción como del desmantelamiento de CFE y la firma de los contratos para la compra de energía con empresas extranjeras a las que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) les otorgó 772 permisos de generación.
Ahora que su nombre salió a relucir como uno de los principales responsables de la deplorable condición financiera de la CFE y la entrega de la mitad de la generación de electricidad a multinacionales, Calderón se dice ofendido, pero vale la pena recordarle que siendo presidente desoyó  las denuncias presentadas en su momento por miembros de la Comisión de Energía de la LX Legislatura, que en agosto de 2009 –2 meses antes de que emitiera su autoritario decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro–, le advirtieron en un fundamentado análisis sobre  la galopante corrupción de la mal nombrada “empresa de clase mundial”.
Es impostergable adoptar decisiones que pongan freno al insaciable apetito de funcionarios que ven en un puesto o encargo público la mejor oportunidad de hacer negocios y enriquecerse a costa del erario público, le expresó el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva al hacerle llegar un voluminoso expediente sobre incontables actos de corrupción y tratos comerciales sostenidos por CFE, con aval de Elías Ayub, para empresas señaladas de evasión fiscal por las autoridades hacendarias.
Pero lejos de atender las alertas del Congreso, Calderón permitió que vía la CRE se otorgara un total de 772 permisos de generación de energía a empresas extranjeras como Iberdrola, y CFE garantizaba su compra.
Calderón tampoco atendió las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en el análisis de la Cuenta Pública 2009 le hizo notar que estos permisos ya le habían costado al país 268 mil millones de pesos, siendo contrarios al interés nacional.
El órgano auditor, señaló: “Los permisionarios tampoco corren riesgo debido a que venden la electricidad comprometida a la CFE y aunque se presenten paros y haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario”. Los permisos otorgados por Fox y Calderón y los contratos de compra de energía a firmas como Iberdrola, EDF International, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, Mitsui, TransAlta, EDFI y AES,  le costarán al país en los próximos 25 años 1.6 billones de pesos.
Esta desnacionalización de la industria eléctrica incluyó el autoritario e ilegal cierre de Luz y Fuerza del Centro bajo el argumento de representar una carga a las finanzas públicas al subsidiarla por “improductiva”. La ASF desmintió en su momento a Calderón, al establecer que mientras LFC recibió de 2001 a 2009 subsidios por 248 mil millones de pesos, la CFE obtuvo por el mismo concepto 563 mil millones en el mismo periodo. De hecho, el haber subutilizado sus plantas de generación para comprar su energía las empresas privadas,  fue colocando a la Comisión Federal en una insalvable quiebra técnica.
Como se aprecia ahora, los gobiernos neoliberales siempre tuvieron en mente desnacionalizar y desmantelar la industria eléctrica nacional. Los costos son muy altos y son imprescindibles auditorías internas y externas para castigar a los responsables de esta encubierta traición a la patria y llevarlos ante la justicia. Todos ellos formaron parte del Cártel de la Electricidad tanto o más voraz que el de los huachicoleros.
Martín Esparza*

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CFE tiene firmados contratos para comprar energía hasta por 40 años: AMLO

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen contratos para comprar energía hasta por 25 años de la compañía extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), pero que de hecho la Comisión Federal de Electricidad tiene hasta por 40 años y que lamentablemente no se pueden renegociar.
En su conferencia matutina expresó “miren para información, porque vamos a tener tiempo de revisar los contratos, aunque parezca increíble, hay contratos para compra de energía por 40 años.”
Por eso, “le pedí al director de la Comisión Federal de Electricidad que hiciera una revisión con la esperanza de que se vencieran en este sexenio para renegociar en beneficio de la nación. Pero no, son contratos, 30, 40 años hacia adelante. Entonces cuando dicen que les dieron un contrato de 20, de 25 (a la LyFC), así debe ser”.
El Presidente lamentó que “legalmente no se puede revocar un contrato, sólo que hubiese alguna causa justificada. Eso sí se está haciendo básicamente.” 

Encuentro entre Bartlett y empresarios revela a excolaborador de Calderón en directorio de TransCanada

Manuel Bartlett, titular de la CFE. Foto: Eduardo Miranda
Manuel Bartlett, titular de la CFE. Foto: Eduardo Miranda

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La difusión de un encuentro entre el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz y los directivos de la empresa TransCanada, reveló que en su directorio figura el panista, Carlos Borunda.
Esta tarde, la CFE emitió un comunicado para informar que directivos de la trasnacional, señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Bartlett como beneficiaria de “contratos leoninos” a las que se les paga por gasoductos que no operan, reveló que en la comitiva estuvo, en su calidad director de Asuntos Gubernamentales, Carlos Borunda.

Borunda fue diputado federal y compañero de bancada de Calderón entre 2001 y 2003, para luego desempeñarse, al termino de su período, como enlace entre la Embajada de México y el Congreso de los Estados Unidos en ese país.
Ya en 2007, al iniciar el sexenio calderonista, el político originario de Chihuahua, se integró a la Oficina de la Presidencia de la República, al frente de la Dirección General de Asuntos Internacionales y Competitividad.

Posteriormente desempeñó la segunda posición en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de acuerdo al portal Declaranet.
La CFE informó que junto con él acudieron al encuentro por TransCanada, su presidente Robert E. Jones; el director Comercial y de Negocios, Leonardo Robles, así como el exfuncionario panista.
La reunión, según la CFE, sirvió para abordar “temas relativos a los gasoductos, cuyas construcciones están a cargo de dicha empresa; proyectos detenidos por diversas causas, incluyendo de índole social”.
En su edición 2207, actualmente en circulación, el semanario Proceso informó sobre los gasoductos parados señalados por el presidente López Obrador, a los que se les paga por “capacidad” sin prestar el suministro de gas que pactaron con la CFE por montos en miles de millones hasta por 25 años.
En el reportaje al respecto, se da a conocer que en los directorios de las empresas aludidas, hay exfuncionarios públicos, como en el caso de TransCanada, donde uno de sus directivos es el hijo homónimo del excandidato presidencial priísta, Francisco Labastida.
TransCanada posee tres de los siete gasoductos sin operación adjudicados por licitación de la CFE en 2014.
Tras el encuentro de hoy, la CFE aseguró que los representantes de la trasnacional “expresaron la voluntad de encontrar los mejores canales de colaboración” y “se estableció el compromiso de sostener otra reunión en breve”.
Dicha reunión sería la primera que se encamina a buscar renegociar las condiciones de los pactados entre CFE y cuatro empresas del sector energético, tema que desde la semana pasada ha ocupado un lugar central en la agenda presidencial, especialmente, por la alusión a exservidores públicos y a la polémica detonada por la acusación de conflicto de intereses sobre el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, por tener parentesco con un alto ejecutivo de Fermaca, otra de las empresas con gasoductos parados.

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Son 12 gasoductos que generan pérdidas multimillonarias a CFE



 

Aunque el presidente López Obrador aseguró que son siete los gasoductos –de Grupo Carso, Ienova y Transcanada– que generan pérdidas multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad, información de la empresa revela que son 12. Tan sólo en 2017, el quebranto ascendería a 6.9 mil millones de pesos.



Doce de los 19 gasoductos que se construyen para dar servicio de transportación de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –tres de ellos internacionales– le han generado pérdidas multimillonarias a la empresa que ahora encabeza Manuel Bartlett.
Tan sólo en 2017, la CFE perdió más de 6 mil 900 millones de pesos relacionados con pagos a esos 12 gasoductos sin que obtuviera beneficio alguno de su construcción. Los casos se derivan desde los incumplimientos de contratos –uno de ellos de la empresa Ienova, que se negó a pagar las sanciones por 90 millones de pesos– hasta la falta de planeación.
Y es que la mayoría no opera porque las obras asociadas a éstos –que suministran o reciben el gas o interconectan con otros gasoductos– aún no se construyen. En los peores casos, ni siquiera se encuentran en evaluación de viabilidad.
En total, la CFE destina en promedio 20 mil millones de pesos anuales a esos 19 proyectos, cuyos contratos tienen vigencia de hasta 25 años, por lo que el monto involucrado superará el medio billón de pesos.
A mediados de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que siete gasoductos –de Grupo Carso, Ienova y Transcanada– cobraban penalizaciones sin entregar el producto a la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, informes de la empresa comprueban que son 12 casos los que generan sangrías financieras a la paraestatal.
Según información de CFE, en 2017 cuatro de esos casos implicaron pagos improductivos por 3 mil 400 millones de pesos, debido a que las 14 centrales eléctricas a las que deben suministrar el gas natural ni siquiera se han empezado a construir.
En el resto de los casos –ocho gasoductos– la situación no es mejor: en ese año el erario desembolsó ociosamente 3.5 mil millones de pesos, pues los puntos de entrega del gas natural a la fecha se encuentran en construcción, en mantenimiento o en etapa de pruebas.
Y es que estas obras asociadas a los gasoductos no se habían licitado porque no se elaboraba aún el análisis de evaluación financiera para determinar su viabilidad, que exige la ley a partir de la reforma energética y la transformación que sufrió la Comisión.

Los gasoductos inoperantes

Entre los gasoductos que han causado quebrantos millonarios se encuentra el de Tuxpan-Tula, cuya construcción estaba a cargo de Transcanada y del cual dio cuenta López Obrador a mediados de febrero. La trasnacional incluso determinó cancelar la construcción de éste en noviembre de 2018 por la presión social.
De acuerdo con reportes de CFE, este gasoducto se encuentra en situación de “caso fortuito”, debido a que cinco comunidades indígenas –Hidalgo: Santa Mónica y San Nicolás; y Puebla: Chila de Juárez, San Pablito y Xochimilco– se han opuesto a la realización de la obra.
Los otros gasoductos que no han funcionado, pero por falta de gas natural que transportar o porque sus conexiones con otros gasoductos aún no están en funcionamiento, son: El Encino-La Laguna, San Isidro-Samalayuca; Ramal-Empalme, Waha-San Elizario, Waha-Presidio, Morelos, y El Encino-La Laguna.
Por ejemplo, El Encino-La Laguna (de la empresa Fermaca) estuvo listo desde el 30 de abril de 2018, pero se enfrentó a la falta de flujo de gas natural para abastecer la interconexión con el gasoducto La Laguna-Aguascalientes. La inversión estimada asciende a más de 530 millones de dólares.
Con un presupuesto total estimado en 109 millones de dólares, el gasoducto San Isidro-Samalayuca –construido por Ienova­– es otro ejemplo de malos manejos del dinero público: actualmente se encuentra sin flujo de gas natural para la Central de Ciclo Combinado Norte III, ni para el gasoducto Samalayuca-Sásabe, que apenas están en construcción.
También de Ienova, a la lista se suma el gasoducto de Ramal-Empalme, con una inversión estimada en 10.8 millones de dólares, refiere la página oficial del gobierno “Proyectos México”. Aunque se encuentra en condiciones de operar, sólo ha sido usado para pruebas.
Por estar interconectado al San Isidro-Samalayuca, el gasoducto Waha-San Elizario –del consorcio integrado por Energy Transfer Partners, Mastec y Carso Energy, del Grupo Carso– no recibe el producto, pues en el camino de interconexión falta construir la Central de Ciclo Combinado Norte III y el gasoducto Samalayuca-Sásabe.
Del mismo consorcio empresarial encabezado por Grupo Carso, está el caso de Waha-Presidio que presenta un flujo no constante, porque sólo suministra el gas natural a la estación de compresión del gasoducto El Encino-La Laguna.
Y finalmente el gasoducto Morelos –de la trasnacional Enagás–, que tampoco opera porque su obra asociada –la central que le debe suministrar el producto– aún no se construye.
Los 12 contratos fueron asignados en la pasada administración de Enrique Peña Nieto –como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018– por la Unidad de Negocios de Gasoductos. Ésta, sin embargo, no se encuentra autorizada por el Estatuto Orgánico ni el Manual de Organización internos.
Según la CFE, esas construcciones de gasoductos se “justificaron” porque carece de infraestructura para atender la demanda creciente de gas natural (por su bajo precio), así como por la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos.

Ienova sí incumplió un contrato

El tema de gasoductos se volvió un conflicto dentro de la empresa hasta estallar en esta administración de López Obrador.
Y es que además de las pérdidas por pagos sin suministro de gas natural, las finanzas de la CFE han registrado otro tipo de mermas asociadas a estos proyectos. Entre éstas destaca la falta de aplicación de penalidades a dos contratistas: Ienova y Gas Natural del Noreste.
Uno de esos casos es el del gasoducto Ojinaga-El Encino, a cargo de la trasnacional Ienova al que se debía aplicar una deducción por 93 millones de pesos respecto del monto pagado, porque se incumplió en el porcentaje de integración nacional de tubería, pero no lo hizo.
En este caso, las irregularidades se detectaron desde junio de 2017, cuando la subsidiaria Cfenergía le notificó a Ienova que no había acreditado el cambio de tubería y, al no alcanzar el porcentaje ofertado, le aplicaría esa pena convencional.
Ienova, sin embargo, se inconformó ante la Corte de Arbitraje de Londres, dejando a la CFE sin posibilidades de reclamar el pago por su incumplimiento de contrato.
Otro ejemplo fue el del Gasoducto Ramal Hermosillo, propiedad de Gas Natural del Noreste, que no fue penalizado a pesar de incumplir con la fecha de inicio del servicio de transporte de gas natural y con el porcentaje de integración nacional de tubería ofertado.
Al respecto, la CFE debía cobrarle casi 50 millones de pesos: 33 millones por el primer incumplimiento y 16 millones por el segundo.
En este caso, la fecha del inicio de operaciones se había fijado el 30 de noviembre de 2017, pero empezó hasta el 28 de marzo de 2018. Pese a que la Comisión le pidió saldar la penalización, en la empresa estatal no hay evidencia de que ésta se haya pagado.
Nancy Flores

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Por qué le urgen a México: almacenamiento, transporte y energías alternativas

Ciudad de México (Yair Vega / Energía Hoy).- Infraestructura en almacenamiento y transporte son dos de los nichos que tienen mayor potencial por desarrollar en México, ya que las necesidades del país son muy grandes, al igual que las energías alternativas, considera Rocío Cárdenas Zubieta, directora general de Pimienta Energy. Dice que las energías renovables deben complementar la generación tradicional de energía con hidrocarburos.
En entrevista con ENERGÍA HOY dijo que “básicamente, el sector energético todavía está para los privados muy en pañales, hay un gap o una diferencia muy fuerte entre la infraestructura que tenemos y lo que necesita el país, el país es muy rico y existen consumidores muy importantes que no estamos atendiendo”.
Invertir en este sector, dice, básicamente va a generar un crecimiento que el país, para dar 6una idea, en Estados Unidos por ejemplo se consumen 10 millones de barriles de gasolina y tienen una población de 300 millones de pesos.
“En el caso de México tenemos un tercio de población y consumimos un tercio de lo que se consume de gasolina en ese país, entonces cómo con un tercio de población consumimos tan poco, eso significa que hay un espacio para que efectivamente el bienestar que da el sector de energía a las personas comunes y corrientes efectivamente llegue”.
Los nichos de oportunidad
Para la directora general de Pimienta Energy, “la parte de infraestructura en almacenamiento y transporte no solamente en gas o en petrolíferos sino también en crudo, por ejemplo, y también es muy importantes tener acceso a ese crudo que tenemos por debajo de la tierra, de nada nos va servir tener tano crudo como país si en 50 años que las energías alternativas estén ya vigentes nosotros lo empecemos a sacar”.
Es un tema de seguir explotando lo que la tierra nos está dando, el beneficio que tenemos, y al mismo tiempo empezar a generar esas energías alternativas que el mundo también está desarrollando, comenta.
Además, reconoce Cárdenas Zubieta, tanto la exploración como la extracción son actividades que se están quedando rezagadas respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), “toda la vida nos dijeron que el petróleo era nuestro, pues sí pero no me sirve de nada si lo tengo enterrado, es como el viejillo que tiene sus billetes en el colchón, de nada sirve tenerlos ahí, lo tienes que utilizar, tienes que generar… no te los va a acabar, y si te lo acabas tú ya estás listo para generar tu propia energía de otra manera”.
Considera que México debe crecer de dos formas: “saca lo que ya tienes, y explota lo ya tienes y ve manejando otras formas de suministro alternativo como lo está haciendo prácticamente todo el mundo, menos México”.
Al respecto, destaca que nuestro país tiene como ventaja “que hay un mercado, hay una necesidad impresionante de infraestructura con hay un potencial muy grande”, incluso cuando se habla de contar con por ejemplo con dos terminales en el mismo lugar, ambas “pueden convivir porque son clientes diferentes, mercados diferentes”.
Otro nicho muy importante son las energías alternas, todo lo que es generación de electricidad por otros medios de generación, uso del agua, del viento, etcétera, debemos empezar a buscar y ver esas opciones porque la final lo que tenemos es un recurso que se va a terminar o cada vez será más caro extraerlo como es el petróleo.
Por eso es muy importante que empecemos a explorar otro tipo de formas de suministrar energía, y que además se está desarrollando en una mínima parte comparado con su potencial, son pocos jugadores.
“Obviamente hoy todavía es caro, hay que trabajar en tecnología, en investigación, ahí es donde debemos empezar a pensar, ya no estoy pensando en mi generación, a lo mejor me muero en 20 años y todavía el crudo sigue suministrándome, pero más adelante será muy complejo el suministro.”
Hay un mapa muy interesante de las zonas donde hay viento y de las zonas donde hay sol, y prácticamente nuestro país es privilegiado en la parte de suministro de ondas solares, hay mucho potencial para poder explotar esa parte.
Esta sería la mayor ventaja que tiene el país, está localizado en un lugar privilegiado, tienes los recursos, pero sobre todo no es una ventaja a nivel internacional sino también local, señala la directora general de Pimienta Energy.
Menciona que si bien no está “a favor de que el gobierno haga todo, porque no debe abrir tantos frentes porque puedes perder, y llegará un punto en que no podrá atender a todos al mismo tiempo. Lo que debe hacer es dar las herramientas para generar investigación y tecnologías”.
Pemex y empresas privadas
Rocío Cárdenas Zubieta, directora general de Pimienta Energy , subraya la importancia de seguir con las rondas petroleras, “con los proceso que se arrancaron, no satanizar al privado, porque el privado obviamente lo que quiere es un mejor retorno de sus inversión, al igual que el gobierno tendría que pedirlo.
Si el gobierno está invirtiendo en Pemex, debería forzarlo a dar el mejor retorno de tu inversión, siendo empático con lo que se está mostrando hoy con el Presidente, quien le rasca un poquito a cada parte de la cadena y haz que ese beneficio se lo quede la empresa productiva del Estado, pero tampoco que la empresa sea el chupasangre del Estado, sino la que te dé el beneficio para poder seguir creciendo.
Refiere que antes era con el recurso fresco que era el crudo, lamentablemente por alguna razón ya no se invirtió y no se siguió sacando, ahora se debe tratar de obtener recursos con la comercialización, ¿porqué existen empresas de trading, o porqué existen empresas comercializadoras? Porque generan beneficios, tú gobierno o empresa del Estado no puedes tener un beneficio así? Claro que lo puedes hacer, tienes gente brillante con mucha capacidad que lo puede hacer, entonces apaláncate de ellos.
Hay que aprovechar el potencial que tiene Pemex como empresa, “claro, como empresa, tienes infraestructura, tienes refinerías, ductos, tanques, muelles, hoy ya tienen autotanques, tienes participación en cada parte de la cadena, lo que hay que lograr es, que es lo que hacen los privados, es que cada segmento sea positivo, que cada segmento aporte su granito de arena”.

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Urge la STPS a que la UAM y el sindicato busquen caminos de solución a la huelga

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▲ La mesa de negociación de las autoridades de la UAM y los trabajadores terminó sin que llegaran a un acuerdo. El abogado de la universidad, Rodrigo Serrano, encabezó el diálogo en la Secretaría del Trabajo.Foto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de febrero de 2019, p. 33
Ante la falta de acuerdos entre las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sindicato Independiente de Trabajadores (Situam), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), convocó a ambas partes a encontrar caminos de solución al conflicto que este miércoles cumple 19 días de huelga.
A la secretaría le preocupa la situación en la que se encuentra la universidad y más la comunidad estudiantil. Los convocamos a que busquemos esas fórmulas de solución entre institución y los propios trabajadores, dijo Francisco Luis Sáinz García, subcoordinación de Conciliación de la STPS.
Al final de la infructuosa quinta plática conciliatoria de ayer, el funcionario lamentó, en términos generales, las posiciones verdaderamente intransitables expresadas en las sesiones. Dijo que la secretaría está presente en los intentos por conciliar, pero aclaró que sólo los trabajadores y la propia institución serán las instancias que resolverán la huelga, emplazada por revisión salarial y violaciones al Contrato Colectivo.
Las partes se reunieron ayer dos horas y media, donde la UAM insistió en su ofrecimiento de 3.35 por ciento de aumento salarial y 3.0 por ciento de ajuste al tabulador del personal de medio tiempo y parcial, en tanto que el Situam lo rechazó al calificarlo de absolutamente insuficiente.
Aunque las pláticas conciliatorias continuarán este jueves a las 16 horas, el secretario general del Situam, Jorge Dorantes, señaló que este miércoles se realizarán asambleas para definir el plan de acción de los meses de marzo y abril ante la falta de respuesta de las autoridades a las demandas laborales.
Por la mañana integrantes de la comisión negociadora del Situam se reunieron con legisladores de las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Educación de la Cámara de Diputados para abordar el tema de la huelga, y solicitarles que emitan un exhorto a las autoridades universitarias para atender las demandas laborales de los trabajadores sindicalizados. Previamente realizaron un mitin frente a la Cámara de Diputados.

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Familiares recuerdan a mineros de Pasta de Conchos en antimonumento

Protesta afuera de la BMV. Foto: Alejandro Saldívar
Protesta afuera de la BMV. Foto: Alejandro Saldívar

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Deudos de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, se concentraron en el antimonumento ubicado frente a la Bolsa Mexicana de Valores, a fin de continuar con su exigencia de justicia y rescate de los cuerpos.
Luego de que ayer, el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acordara con la organización Familia de Pasta de Conchos, una mesa para avanzar en la demanda de recuperación de los 63 cuerpos que permanecen en la mina siniestrada, Elvira Martinez, viuda del trabajador Jorge Vladimir Muñoz, expuso que tienen renovada la esperanza ante la postura fijada por el gobierno federal.

Al cumplirse 13 años desde el siniestro, consideró que “falta poco” para alcanzar su objetivo de recuperar los cuerpos.
Elvira Martinez, se refirió al caso que la organización Familia de Pasta de Conchos llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya representación lleva el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, admitido desde marzo de 18.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el acuerdo asumido por Encinas ayer e inclusive, dijo que el Estado Mexicano dejará de litigar ante la CIDH para que procedan los procesos necesarios para conseguir justicia.
El mandatario expuso que lo principal es el rescate de los cuerpos pues es la demanda central de las familias.
El acto realizado hoy en el llamado “Antimonumento de Pasta de Conchos”, reivindicó esa demanda y, durante la celebración de una misa, el sacerdote Pedro Reyes, abordó diferentes pasajes bíblicos con los que saludó la resistencia de las familias a lo largo de 13 años.
El sacerdote se refirió también a los intereses de poderosos, como una razón para que se mantenga la impunidad.
Al antimonumento se sumó una ofrenda consistente en una jaula de acero en la que se depositaron cascos mineros con los nombres de los 65 fallecidos, así como rocas de carbón mineral.
Posteriormente, un colectivo representó una obra teatral relacionada con la minería del carbón.

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AMLO: hipócrita, la oposición a la Guardia Nacional

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Como titular del Ejecutivo, no acepto la simulación, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la oposición de los panistas y algunos priístas a la creación de la Guardia Nacional.Foto María Luisa Severiano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de febrero de 2019, p. 3
El PAN se opone a la creación de la Guardia Nacional en el debate que se desarrolla en el Senado como bandera política, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que tanto el blanquiazul como algunos dirigentes del PRI mantienen su rechazo a pesar de no tener autoridad moral, por lo cual consideró que asumen una postura hipócrita.
Luego de que las bancadas de oposición expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por Morena y pidieron cambios en la redacción, el Presidente les dijo: “Con todo respeto… no acepto, como titular del Ejecutivo, la simulación”.
Insistió en que existe un problema serio de inseguridad y violencia en el país, por lo cual confió: Ojalá y modifiquen esa actitud (de oposición) que no ayuda, y consideró que una redición de la Policía Federal sería lo mismo: no ha funcionado.
El jefe del Ejecutivo federal indicó que la Policía Federal ha presentado problemas de corrupción y por ello no se puede seguir con la simulación de siempre.
Ante el rechazo de los grupos parlamentarios de oposición, agregó: Ahora resulta que los que utilizaron sólo como recurso el uso de la fuerza, en tiempos pasados, y que desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país.
Impulsará la prevención; pide a EU hacer lo propio
Contrario a la postura de legisladores de PAN y PRI, López Obrador destacó que en la reunión que sostuvieron el lunes gobernadores emanados del tricolor con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero –quien estuvo presente en la conferencia de prensa de ayer–, los mandatarios estatales apoyan la creación de la Guardia Nacional.
Se puede pelear con ambos partidos en distintos temas, agregó, pero en esto hay que ser muy claros, porque se trata de la seguridad pública y considero que ellos no tienen autoridad moral para estar sosteniendo que nosotros queremos usar la fuerza para resolver el problema, cuando la estrategia que estamos aplicando es exactamente opuesta a lo que ellos llevaron a cabo y que produjo este desastre de inseguridad y de violencia, de asesinatos, de desaparecidos. Es muy hipócrita esa postura.
Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que su administración prepara una campaña de concientización sobre el consumo de drogas enfocada a los jóvenes, y adelantó que pedirá al gobierno de Estados Unidos que haga lo propio.
No hay una campaña en ese sentido en el país, incluso lo queremos hacer nosotros, porque le vamos a pedir respetuosamente al gobierno de Estados Unidos que ellos atiendan a los jóvenes de su país de las dos formas: que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, tengan oportunidades, que no sean marginados, que no sean discriminados, y que al mismo tiempo haya una campaña en Estados Unidos de orientación a los jóvenes, que no existe.
A la par, explicó, se analizarán opciones de regulación para drogas de baja adicción. Sin embargo, destacó que primero se deben crear condiciones de bienestar para la juventud.

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Empiezan trabajo en Santa Lucía 500 ingenieros militares

Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de febrero de 2019, p. 11
Tecámac, Méx., Unos 500 ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzaron a realizar labores de planeo y marcaje en los terrenos de la base aérea militar de Santa Lucía para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
César Augusto Bonilla Orozco, general de la 37 Zona Militar de Santa Lucía, informó que los 500 especialistas provienen de las diversas unidades de ingenieros del país con que cuenta la Sedena.
Explicó que comenzaron trabajos en los terrenos laterales ubicados en Tecámac –dentro de la base militar– y paulatinamente se incorporarán otros elementos para materializar la edificación del nuevo aeropuerto.
Durante la conmemoración del Día del Ejército Mexicano, en la que se realizó un recorrido por las instalaciones de la 37 Zona Militar, descartó que con la edificación del NAIM vaya a desaparecer la base aérea militar en Santa Lucía.
Nos ajustamos en la distribución para seguir siendo funcionales y operativos. Se pretende mantener las instalaciones castrenses mediante un reacomodo, de tal forma que se denomine aeropuerto civil-militar, dijo.
Terminal mixta
Afirmó que el NAIM será una terminal área mixta donde habrá establecimientos civiles con dos pistas de usos nacional e internacional y una militar, que es donde funcionará la base aérea número 1. Informó que se está en negociaciones para adquirir 400 hectáreas más en la parte que colinda con Zumpango, donde se prevé hacer la ampliación de una pista.

¿Pueden Venezuela y sus vecinos sobrevivir a la guerra que ya se anuncia?

 
CONTRALÍNEA 

Autor:

Para poder enfrentar la crisis que desestabiliza Venezuela, al igual que las que comienzan en Nicaragua y Haití, es necesario analizarla. Thierry Meyssan retoma en este artículo las tres hipótesis que tratan de interpretarla y expone argumentos en favor de una de ellas. También se refiere a la estrategia de Estados Unidos y a la manera de afrontarla.



Damasco, Siria. Venezuela se divide hoy entre la legitimidad del presidente de la República constitucionalmente electo, Nicolás Maduro, y la del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Guaidó se autoproclamó “presidente encargado de Venezuela”, invocando los artículos 223 y 233 de la Constitución. Pero basta con leerlos para comprobar que no se aplican a la situación existente en ese país y que no es posible invocarlos para legitimar la posición que Guaidó pretende reclamar. A pesar de ello, Estados Unidos, los países del “Grupo de Lima” y ciertos gobiernos de países miembros de la Unión Europea afirman que Juan Guaidó tiene derecho a la función que pretende usurpar.
Entre quienes respaldan al presidente Nicolás Maduro, algunos aseguran que Washington está reproduciendo el derrocamiento de un gobierno de izquierda, según el modelo de lo que Estados Unidos hizo contra el presidente chileno, Salvador Allende, en 1973, bajo la administración de Richard Nixon.
Otros, luego de ver las revelaciones de Max Blumenthal y Dan Cohen sobre el historial de Juan Guaidó [1], piensan, al contrario, que se trata de una ”revolución de color”, como las que ya vimos bajo la presidencia de George W. Bush.
En todo caso, ante la agresión de un enemigo mucho más fuerte que nosotros es crucial identificar sus objetivos y entender los métodos que utiliza. Sólo tienen posibilidades de sobrevivir quienes sean capaces de prever los golpes que van a recibir.

Tres hipótesis predominantes

Es completamente lógico que los latinoamericanos comparen lo que están viviendo a lo que ya vivieron en el pasado, como el golpe de Estado de 1973 en Chile. Pero sería arriesgado para Washington tratar de reproducir el escenario aplicado contra Chile hace 46 años. Sería un error porque todo el mundo conoce hoy los detalles de aquella manipulación.
Al mismo tiempo, la revelación de los vínculos de Juan Guaidó con la National Endowment for Democracy (NED) y con el equipo del estadunidense Gene Sharp hace pensar en una “revolución de color”, y más aún teniendo en cuenta que ya hubo en Venezuela una operación de ese tipo, en 2007, cuando terminó en un fracaso. Pero, una vez más, sería arriesgado para Washington tratar de aplicar nuevamente un plan que ya fracasó hace 12 años.
Para entender las intenciones de Washington, debemos empezar por conocer su plan de batalla. El 29 de octubre de 2001, o sea mes y medio después de los atentados registrados en Nueva York y el Pentágono, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld creó una estructura llamada Office of Force Transformation (Oficina de Transformación de la Fuerza) cuya misión consistiría en revolucionar las fuerzas armadas estadunidenses, cambiar su mentalidad para que respondiesen a un objetivo radicalmente nuevo tendiente a garantizar la supremacía de Estados Unidos a nivel mundial. Rumsfeld puso esa tarea en manos del almirante Arthur Cebrowski, quien ya había trabajado en la creación de una red digital que abarcaba todas las unidades militares y había participado, en los años 1990, en la elaboración de una doctrina de la guerra en red (Network-centric warfare) [2].
El almirante Cebrowski llegaba con una estrategia ya elaborada que presentó no sólo en el Pentágono sino en casi todas las academias militares estadunidenses. A pesar de su importancia, su trabajo interno en las fuerzas armadas no se conoció hasta que se publicó un artículo en la revista Vanity Fair. La argumentación de Cebrowski fue publicada por su asistente, Thomas Barnett [3]. Por supuesto, esos documentos no son obligatoriamente fieles al pensamiento imperante en el Pentágono, pensamiento que ni siquiera tratan de explicar, limitándose a justificarlo. En todo caso, la idea principal es que Estados Unidos debe tomar el control de los recursos naturales de la mitad del mundo, no para utilizarlos para sí mismo sino para estar en posición de decidir quién podrá utilizarlos. Para lograr ese objetivo, tendrá que destruir en esas regiones cualquier poder político que no sea el de Estados Unidos y acabar con las estructuras mismas de los Estados en los países existentes en esas regiones.
Oficialmente, nunca se inició la aplicación de esa estrategia. Pero lo que estamos viendo desde hace 20 años coincide precisamente con lo que se describe en el libro de Barnett.
Primeramente, en los años 1980 y 1990, tuvo lugar la destrucción de la región africana de los ”Grandes Lagos”. Lo que se recuerda de aquello es el episodio del genocidio perpetrado en Ruanda y sus 900 mil muertos, pero el hecho es que toda la región fue devastada por una serie de guerras que arrojaron un total de 6 millones de muertos. Resulta sorprendente comprobar que, a 20 años de aquellos hechos, numerosos países de la región aún no logran restaurar su soberanía sobre el conjunto de sus territorios. Ese episodio es anterior a la doctrina Rumsfeld-Cebrowski, así que no sabemos si el Pentágono había previsto lo que allí sucedió o si concibió su plan mientras destruía aquellos Estados.
Posteriormente, en los años 2000 y 2010, vino la destrucción del “Oriente Medio ampliado”, ya después de la doctrina Rumsfeld-Cebrowski. Por supuesto, es posible creer que lo sucedido en esta otra región fue una sucesión de intervenciones “democráticas”, de guerras civiles y de revoluciones. Pero, además de que las poblaciones implicadas cuestionan la narración dominante de esos acontecimientos, también podemos comprobar en este caso que las estructuras de los Estados fueron destruidas y que no ha sido posible restaurar la paz después del fin de las operaciones militares. Actualmente, el Pentágono está retirándose del “Oriente Medio ampliado” y se prepara para desplegarse en la “Cuenca del Caribe”.
Una buena cantidad de elementos demuestran que nuestra comprensión anterior de las guerras de George W Bush y de Barack Obama era incorrecta y que esos mismos elementos corresponden a la perfección con la doctrina Rumsfeld-Cebrowski. Esta lectura de los hechos no es por tanto resultado de una coincidencia con la tesis de Barnett y nos obliga a revisar bajo otro ángulo todo lo que hemos visto.
Si adoptamos esta manera de pensar, tenemos que plantearnos que el proceso de destrucción de la Cuenca del Caribe comenzó con el decreto del presidente Barack Obama, emitido el 9 de marzo de 2015, según el cual Venezuela amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos de América [4]. Puede parecer que eso pasó hace mucho tiempo, pero no es así. Basta recordar que el presidente George W. Bush firmó la Syrian Accountabilit Act en 2003, pero las operaciones militares contra Siria comenzaron 8 años más tarde, en 2011. Era el tiempo que necesitaba Washington para crear las condiciones necesarias para la agresión.

Los ataques contra la izquierda anteriores a 2015

Si este análisis es correcto tenemos que plantearnos que los acontecimientos anteriores a 2015 –el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, el intento de revolución de color de 2007, la Operación Jericó en febrero de 2015 y las primeras guarimbas  [5] respondían a una lógica diferente, mientras que lo sucedido después (el terrorismo de las guarimbas, en 2017) es parte del plan actual.
Mi reflexión se basa también en el conocimiento que he acumulado sobre esos elementos.
Por ejemplo, en 2002 publiqué un análisis del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y relataba el papel de Estados Unidos detrás de FEDECAMARAS –la organización de los patrones venezolanos [6]. El presidente Hugo Chávez quiso verificar lo que yo había escrito y envió dos emisarios a verme en París. Uno de ellos fue promovido a general y el otro es hoy una de las principales personalidades de la República Bolivariana. El fiscal Danilo Anderson utilizó mi trabajo en sus investigaciones y fue asesinado por la CIA en 2004.
Por otro lado, en 2007, estudiantes trotskistas iniciaron un movimiento contra la decisión de no renovar la licencia de RCTV, una estación de radio y televisión que transmitía en Caracas. Hoy sabemos, gracias a Blumenthal y Cohen, que en aquella época Juan Guaidó ya estuvo implicado en aquel movimiento y que recibió entrenamiento de discípulos del teórico de la no violencia Gene Sharp. En vez de reprimir los excesos de aquel movimiento, lo que hizo el presidente Hugo Chávez –en ocasión de la firma de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el 3 de junio– fue leer a los participantes un artículo que yo escrito sobre Gene Sharp y su concepción de la no violencia al servicio de la OTAN y de la CIA [7]. Al darse cuenta de que habían sido manipulados, numerosos manifestantes abandonaron la protesta. Sharp trató de negar torpemente los hechos, escribiéndole al presidente Hugo Chávez y a mí mismo. Y logró crear cierta confusión en el seno de la izquierda estadunidense, donde era visto como una personalidad respetable y no vinculada al gobierno de Estados Unidos. El profesor Stephen Zunes asumió la defensa de Sharp pero, ante el peso de las pruebas, Sharp acabó cerrando su instituto y dejando el espacio a Otpor y al Canvas [8].
Volvamos ahora al periodo actual. Por supuesto, el reciente intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro hace pensar en todo lo que se hizo para acabar con el presidente chileno Salvador Allende. También es cierto que las manifestaciones convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó hacen pensar en una revolución de color. Pero eso no contradice mi análisis. Hay que recordar que en Libia hubo un intento de asesinato contra Gadhafi poco antes del inicio de las operaciones militares contra la Yamahirya. En Egipto, cuando los discípulos de Gene Sharp dirigieron las primeras manifestaciones contra el presidente Hosni Mubarak, incluso distribuyeron una versión en árabe del manual que ya habían utilizado en otros países [9]. Sin embargo, como lo demostraron los acontecimientos posteriores, en Egipto no se trataba de un golpe de Estado ni de una revolución de color.

Prepararse para la guerra

Si mi análisis es correcto –y por ahora todo parece indicar que sí lo es– hay que prepararse para una guerra, no sólo en Venezuela sino en toda la Cuenca del Caribe. Nicaragua y Haití también están desestabilizados.
Esa guerra será impuesta desde el exterior. Su objetivo ya no será derrocar gobiernos de izquierda para reemplazarlos por los partidos de derecha, aunque así lo indiquen las apariencias. En el desarrollo de los acontecimientos se perderán las distinciones entre esos bandos. Poco a poco, todos los sectores de la sociedad se verán amenazados, sin distinción de ideología ni de clase social.
Asimismo, los demás países de la región no podrán mantenerse al margen para escapar a la tempestad. Los que crean que lograrán protegerse sirviendo de base de retaguardia a las operaciones militares también serán parcialmente destruidos. Deben saber que, aunque la prensa raramente menciona esto, ciudades enteras han sido arrasadas en la región de Qatif, en Arabia Saudita, a pesar de que ese país es el principal aliado de Washington en el “Oriente Medio ampliado”.
Según el esquema ya visto en los conflictos de la región africana de los Grandes Lagos y en el Oriente Medio ampliado, esa guerra se desarrollaría por etapas:
-En primer lugar, destrucción de los símbolos del Estado moderno, con ataques contra monumentos históricos o museos dedicados a la memoria de Hugo Chávez. Son acciones que pueden no causar víctimas pero que atentan contra la conciencia colectiva de la población.
-Introducción de armas y financiamiento para la organización de “manifestaciones” que acabarán en actos de violencia. La prensa dominante divulgará a posteriori explicaciones imposibles de verificar sobre los crímenes, que serán atribuidos al gobierno como actos de represión contra pacíficos manifestantes. Como lo que se busca es sembrar la división, es importante que la policía crea haber sido tiroteada por la multitud y que la multitud crea al mismo tiempo que la policía ha disparado contra ella.
-La tercera etapa consiste en organizar sangrientos atentados por todo el país. Eso requiere muy pocas personas, basta con dos o tres equipos que circulen a través del país [este esquema ya fue utilizado con éxito contra Libia y Siria].
-Sólo entonces será útil el envío de mercenarios extranjeros. En las guerras más recientes, Estados Unidos envió a Irak y Siria al menos 130 mil extranjeros, a los que se agregaron unos 120 mil elementos armados locales. Se trata de ejércitos muy numerosos pero mal entrenados.
El ejemplo de Siria demuestra que es posible defenderse. Pero hay medidas que deben adoptarse urgentemente:
-Por iniciativa del general Jacinto Pérez Arcay y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, oficiales superiores venezolanos ya estudian las nuevas formas de lucha (la guerra de cuarta generación). Pero sería importante enviar delegaciones militares a Siria para que sus miembros puedan comprobar en el terreno cómo se desarrollaron los acontecimientos. Esto es muy importante ya que este tipo de guerra no se parece a las anteriores. Por ejemplo, en Damasco –la capital siria– la mayor parte de la ciudad está intacta, pero algunos barrios están totalmente devastados, como Stalingrado después de la arremetida de los nazis. Eso implica el uso de técnicas especiales de lucha.
-Es fundamental instaurar la unión nacional entre todos los patriotas. El presidente debe lograr una alianza con la oposición nacional e incluir en su gobierno a algunos de sus líderes. No se trata de encontrar o no simpático al presidente Maduro. Lo que se impone en la actual coyuntura es luchar junto a él para salvar el país.
-El ejército debe formar una milicia popular. En Venezuela ya existe una, con unos 2 millones de combatientes, pero no parece estar entrenada. Los militares rechazan generalmente la idea de poner armas en manos de los civiles, pero los habitantes de un barrio son los más indicados para defenderlo, precisamente porque conocen a todos sus habitantes.
-Será necesario emprender importantes trabajos de fortificación alrededor de los edificios del Estado, de las sedes de los cuerpos armados y de los hospitales, en aras de garantizar su seguridad a toda costa.
Son medidas que deben adoptarse urgentemente, sobre todo porque concretarlas es complicado y lleva tiempo… y el enemigo está ya casi listo.
Referencias:
[1] “The Making of Juan Guaidó: US Regime-Change Laboratory Created Venezuela’s Coup Leader”, Max Blumenthal y Dan Cohen, Grayzone Project, 29 de enero de 2019.
[2] Transforming Military Force: The Legacy of Arthur Cebrowski and Network Centric Warfare, James R Blaker, Greenwood, 2007.
[3] The Pentagon’s New Map, Thomas PM Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.
[4] “Declaración de Emergencia Nacional con respecto a Venezuela”, “Orden Ejecutiva – Bloqueo de Propiedades y Suspensión de Entrada a Personas que Contribuyen a la Situación en Venezuela”, Barack Obama, Red Voltaire , 9 de marzo de 2015.
[5] Las guarimbas fueron protestas callejeras cuyos participantes comenzaban a perpetrar actos de violencia extrema (nota de la Red Voltaire).
[6] “Implicación de las redes secretas de la CIA para derribar a Chávez”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de mayo de 2002.
[7] “La Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 10 de febrero de 2005.
[8] “Impérialistes de droite et impérialistes de gauche “, Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 25 de agosto de 2008.
[9] “El manual estadunidense para la realización de una revolución “de color” en Egipto”, Red Voltaire, 25 de mayo de 2011.
Thierry Meyssan/Red Voltaire

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