martes, 19 de febrero de 2019

LIII Acción Global por Ayotzinapa y México.


Reunión de Jubilados este 20 de febrero.


¡SOLUCIÓN YA A LAS DEMANDAS DEL SITUAM!


El Colectivo de Jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores (CJNTC), exige a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) atender las justas demandas del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).
Desde el CJNCT hemos visto cómo los funcionarios de la UAM han asumido una posición intransigente, pues durante las últimas cuatro mesas de negociación la rectoría solo ha “refrendado” una propuesta rechazada por el SITUAM desde la primera mesa negociadora.
La intransigencia o incapacidad de las autoridades académicas para establecer un dialogo real, con propuestas viables para resolver el conflicto, solamente obliga al sindicato y a las organizaciones que los apoyamos, a escalar las movilizaciones y profundizar la solidaridad con los trabajadores hoy en huelga.
Nos parece sumamente indignante que, mientras algunos funcionarios reciben cantidades de hasta 130 mil pesos mensuales a través de "estímulos" y "compensaciones" a costa del presupuesto universitario, las autoridades argumenten la falta de recursos para no ceder a las demandas de los trabajadores. Situaciones así son preocupantes en una empresa, pero que suceda en una universidad pública, que funciona con el dinero del pueblo, resulta intolerable
Las autoridades de la rectoría universitaria deben de saber que el SITUAM no está solo. Desde el CJNCT acompañamos la lucha del sindicato y no dudaremos en sumarnos a las acciones que definan nuestros compañeros a fin de coadyuvar en la solución de este conflicto.
No más mesas de simulación. Exigimos propuestas reales.
¡Que viva la huelga del SITUAM!
ATENTAMENTE.
Colectivo de Jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores.
CDMX a 17 de febrero de 2019.


Función Pública, SENER y SHCP investigan actos de defraudación fiscal de integrante de la CRE

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Las Secretarías de la Función Pública, de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizan una investigación sobre “una posible violación formal en la declaración de conflicto de intereses por parte de una persona políticamente expuesta”, de quien las dependencias no mencionan el nombre, pero al parecer se trata de Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Lo anterior, explican en comunicado conjunto, al omitir o no precisar datos dentro de su declaración, en particular, respecto a que un familiar por afinidad es representante legal de tres empresas que son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal.
Ambas dependencias continúan revisando los contratos, incluyendo el posible conflicto de interés personal o de negocios con otro familiar, que es director de una empresa filial de otra compañía multinacional de comercialización con sede en Boston, con una de las cuales contrató durante su gestión.
La UIF diseminó la información a la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes.  En total, fueron ocho empresas las relacionadas con familiares del titular de la CRE.
Aunado a lo anterior, se está atendiendo la denuncia que presentó hoy la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros A.C., por posible corrupción, en contra de la CRE y la ASEA en perjuicio de las estaciones de servicio que realizan el expendio al público de los petrolíferos.
Con estas acciones, las Secretarías participantes mantienen vigente la instrucción del Presidente de México de continuar con el combate a las estructuras financieras que dan soporte a la defraudación fiscal y quebranto al erario público.

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La consulta sobre la termoeléctrica no fue aprobada por la Suprema Corte: INE

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▲Continúa la oposición de los pobladores de Huexca, Morelos, a la propuesta del Ejecutivo para que opere una planta termoeléctrica en su territorio.Foto Luis Castillo
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de febrero de 2019, p. 14
El lnstituto Nacional Electoral (INE) consideró ayer que la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la operación de la termoeléctrica de Huexca, en el estado de Morelos, no se ajusta a lo que marca la legislación en esa materia, entre otras razones porque la pregunta que se pondrá a consideración de la población el 23 y 24 de febrero, no fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia y no tiene coincidencia temporal con las elecciones.
Ello al dar respuesta a interrogantes del partido Movimiento Ciudadano en torno a si ese ejercicio corresponde al mecanismo establecido en el artículo 35 de la Constitución y a la Ley General de Consulta Popular y, en su caso, qué participación tendría el órgano electoral.
De acuerdo con el proyecto de respuesta aprobado en el Consejo General del INE en sesión extraordinaria, dicha consulta no atiende el mecanismo establecido en el artículo 35 constitucional fracción VIII, y el instituto no tendrá ninguna participación en ella.
El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, criticó la decisión del titular del Ejecutivo federal porque dijo que se trata de una simulación y no es un ejercicio de democracia interna, sino una burla de un gobierno autoritario.
Por Morena, el diputado Alejandro Viedma Velázquez, expuso que lo del próximo 23 y 24 de febrero no se trata de una consulta popular, la cual está regulada en la legislación, sino una consulta ciudadana. Po ello, a las fuerzas políticas de oposición, les pidió en vista de que están muy interesadas en el tema, que sensibilicen a los diputados para que aprueben flexibilizar la realización de las auscultaciones.
La ley dice que debe ser validada por Suprema Corte
Entre los requisitos que establece la ley se encuentra que la pregunta debe ser validada por la Suprema Corte, recordó el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, al resaltar que también supone una serie de reglas, procedimientos y plazos ciertos, transparentes, previamente definidos, conocidos y acordados por los actores políticos.
Durante la sesión de ayer, los consejeros aprobaron, por otra parte, medidas adicionales de austeridad, como la de limitar las contrataciones de personal a las estrictamente necesarias. Córdova Vianello resaltó el hecho de que esto ocurre, pese al difícil contexto en que se colocó al INE por el recorte de 950 millones de pesos a su presupuesto para el presente año.
También se avalaron diversos acuerdos para la organización de las elecciones extraordinarias de Puebla, como el diseño de la papelería electoral.

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La IP, a generar empleos

 
Periódico La Jornada
Martes 19 de febrero de 2019, p. 3
La función social del sector empresarial, más que crear organizaciones filantrópicas, es generar inversión y empleos, así como contribuir con sus impuestos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador frente al Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que reúne a los líderes del sector empresarial.
El mandatario acudió a la sesión del CMN en la que Antonio del Valle Perochena asumió como nuevo presidente del consejo, junto con Blanca Treviño, quien se convirtió vicepresidenta del organismo.
Ahí, el jefe del Ejecutivo federal dijo que la contribución de este sector se presenta al generar empleos.
Eso ya implica una dimensión social, y si a eso se añade el que se paguen los impuestos y se contribuya para que se fortalezca la hacienda pública, pues esa es una gran aportación. Eso se está haciendo ya en el país, señaló.
Tras recalcar que las variables macroeconómicas se mantienen estables gracias a las inversiones, agregó que “siempre se dice (por parte de las empresas) ‘tenemos fundaciones o aportamos a organizaciones filantrópicas o estamos ayudando a estudiantes pobres con becas, o estamos ayudando a personas con discapacidad’. Todo eso es muy bueno, desde luego, pero la labor social fundamental del sector empresarial es invertir, generar empleos y contribuir para fortalecer la hacienda pública”, insistió.

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Desalojan a obreros paristas de factoría en Matamoros

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▲ Obreros de Brigth Finishing fueron sometidos a golpes y toletazos por policías estatales, que los desalojaron cuando formaban una valla humana alrededor de la factoría. Lesionaron a cuatro empleados e intentaron llevarse detenida a una menor.Foto Julia Le Duc
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 19 de febrero de 2019, p. 24
Matamoros, Tamps., Policías estatales desalojaron la mañana de este lunes a trabajadores que sostenían un paro de labores afuera de la maquiladora Brigth Finishing, de Ciudad Industrial, en este municipio, con la exigencia de que se les pague 20 por ciento de aumento salarial y 32 mil pesos de bono único –beneficio conocido como 20/32–; cuatro obreros resultaron lesionados y una adolescente fue detenida.
A las 10 horas arribó un grupo de por lo menos 50 uniformados en ocho patrullas a la empresa dedicada al recubrimiento metálico de autopartes. Se ubica en las avenidas Lorenzo de la Garza y Poniente Dos, de Ciudad Industrial.
Obreros y algunos de sus familiares que participaban en un cerco en torno de la planta, propiedad de Manuel de Jesús García Garza, ex secretario de Fomento Económico de Matamoros y quien les ha negado el beneficio 20/ 32, se tomaron de las manos para formar una cadena, pero fueron sometidos a golpes y toletazos.
La embestida de los uniformados, quienes portaban equipo antimotines y habían rodeado la ensambladora, dejó saldo de cuatro trabajadores lesionados: Yadira Guadalupe Ortiz y Dayana Berenice Pérez Guerra, ambas embarazadas; así como José Adrián Cortinas y Martín Pérez; este último quedó inconsciente en el piso.
Audrey de León, de 17 años, quien acudió al plantón a entregar alimentos a su madre, obrera parista de Brigth Finishing, también fue empujada y detenida por los agentes, quienes la esposaron y subieron a una patrulla; sus familiares lograron bajarla antes de que la trasladaran a los separos de la Policía Ministerial del estado.
Empresario aplaude la represión
Juan Carlos Hernández, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en Matamoros, quien presenció la confrontación de obreros y policías, aplaudió el acto y expresó que deben realizarse acciones similares en las otras 14 empresas que se mantienen en paro, incluida la embotelladora Coca-Cola, cuyos trabajadores empezaron la huelga el pasado viernes. A la fecha empleados de 70 de 90 maquiladoras de Matamoros han obtenido el beneficio 20/32.
Se estima que unos 50 mil integrantes de los sindicatos de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (Sjoiim) y del Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (Sitpme), recibieron el beneficio a partir de que empezaron su lucha laboral, el 12 de enero anterior.
En tanto, obreros de otras 20 manufactureras y de la embotelladora Coca-Cola, quienes están afiliados al Sjoiim, también aspiran a obtener aumento y bono.
A partir de que inició el paro laboral, el movimiento 20/32 ha generado algunos enfrentamientos y discusiones en las plantas, pero no había ocurrido un brote de violencia como el de este lunes en Brigth Finishing.
La abogada Susana Prieto Terrazas, asesora del Movimiento Obrero de Matamoros, quien se desplaza protegida con un chaleco antibalas, acusó al gobierno tamaulipeco de reprimir a los obreros a petición de los empresarios, como este lunes en Brigth Finishing.
Podemos ver que la Policía estatal está al servicio de los poderosos y listos para actuar contra los obreros indefensos, en este caso dos hombres, dos mujeres y una menor a los que trataron como delincuentes, los sometieron y tiraron al piso, cuando lo único que hacían era buscar un mejor ingreso para tener una vida digna con sus familias, manifestó.
Después de acompañar a los lesionados a interponer su demanda ante la Procuraduría General de Justicia del estado contra los elementos policiacos por lesiones, abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, la abogada anunció el inicio de una serie de vigilias en las maquiladoras en paro, para protección de los obreros y sus familias.

Consejo Mexicano de Negocios reprocha a AMLO bloqueos, huelgas y alerta sobre reforma educativa

EL Consejo Mexicano de Negocios. Foto: Tomada de Twitter
El Consejo Mexicano de Negocios. Foto: Tomada de Twitter
 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) estrenó como presidente a Antonio del Valle Perochena entre reproches al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma educativa, el paro magisterial en Michoacán y las huelgas en la frontera norte.
En un acto realizado en las instalaciones del CMN, en Bosques de las Lomas, el presidente saliente Alejandro Ramírez Magaña de entrada pidió al mandatario no tolerar “la extorsión” a empresas y trabajadores por parte de líderes sindicales.

“Será indispensable que no se tolere la extorsión a trabajadores y empresas por parte de algunos líderes porque solo así, continuaremos abonando a la generación de más empleos y no a su destrucción como sucedió recientemente en Matamoros, Tamaulipas”, advirtió el dueño de la cadena de cines Cinépolis.
Agregó que “el riesgo de perder miles de empleos más, a causa de este sindicato, es preocupante, si consideramos que pasará de presionar a 45 empresas en una ciudad a mil 260 empresas en tres ciudades”.
En materia laboral, acotó Ramírez Magaña, vemos con muy buenos ojos que los mexicanos comencemos una buena etapa en materia sindical, que permitirá acabar con prácticas proteccionistas para unos cuantos sindicatos y empresas.
“Consideramos que la libertad y la transparencia debe ser la base de esta nueva etapa, respetando y dando opciones tanto a trabajadores que quieran sindicalizarse como aquellos que no lo deseen”, aseguró.
En la encerrona, a la que también asistió la secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín y el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza; Ramírez Magaña aprovechó para reclamar las pérdidas millonarias que han dejado los bloqueos de vías ferroviarias en Michoacán, las cuales superan los 24 mil millones de pesos.
“Quisiéramos compartirle también nuestra preocupación por la parálisis que ocasionó a diversos sectores económicos del país, entre ellos, el automotriz, el maquilador, el energético, el agroalimentario y el acerero, la toma ilegal por varias semanas de las vías ferroviarias por miembros de la CNTE en Michoacán”, reprochó el empresario.
Y advirtió:
“El que un grupo reducido de manifestantes, pueda tomar de rehén un parte productivo del país y ocasionar pérdidas directas, que, de acuerdo con cifras de la Concamin, superan los 24 mil millones de pesos, sienta un mal precedente sobre la prevalencia del estado de derecho de un país. Esto no abona a generar las condiciones de confianza, indispensables para inversión”.
Por último, Alejandro Ramírez quien fue elegido presidente del CMN en 2015, no dejó pasar la oportunidad para pedirle a López Obrador una reforma educativa que garantice un órgano autónomo como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y que contemple eliminar la práctica de la venta de plazas.
“Exhortemos a los legisladores para que se incluya la obligación de todas las autoridades estatales y federales, para que se incluya a todo maestro ingrese al servicio y avance en su trayectoria profesional a través de procesos imparciales, públicos, transparentes y equitativos… No podemos como país, regresar a las épocas en que dirigencias locales y sindicales se repartían las plazas y las entregaban a sus favoritos o las condicionaban a apoyos políticos posteriores”, soltó el empresario michoacano.
Del Valle: “No a la polarización”
En su turno al micrófono, Del Valle Perochena, quien es presidente del Grupo Kaluz –que conglomera a Mexichem, Elementia, al Banco BX+, así como a las escuelas Innova Schools México—llamó a la no polarización.
“Nuestras puertas están abiertas al intercambio de ideas y propuestas con el gobierno, creemos libremente en el dialogo plural y los acuerdos sin la confrontación y la polarización, siempre apegados a la ley”, señaló el empresario.
Aseguró que el CMN comparte con el gobierno los compromisos en materia de seguridad, combate a la corrupción, crecimiento económico e incremento de bienestar para las familias mexicanas.
“Un país próspero, requiere empresas exitosas. En la medida en que haya más empresarios, que actúen con ética en los negocios, buenas prácticas en materia comercial, de productividad e innovación, habrá mejores condiciones de vida y de progreso para millones de mexicanos”, dijo el nuevo líder del CMN.

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Quitan programa de apoyo a jornaleros

 
Periódico La Jornada
Martes 19 de febrero de 2019, p. 33
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas pidió a la Secretaría de Bienestar aclarar cómo será la atención para este sector. En una carta pública, reprochó que desaparezca el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) sin que se proponga un proyecto similar que reúna los aciertos de éste.
En el contexto de la Cuarta Transformación observamos con preocupación la ausencia de una política específica para la atención a esta población, se lee en la misiva. Con la desaparición del PAJA, señaló, también se pierde la prioridad que ocupaba en la política pública.
La aplicación de este programa por casi tres décadas, dijo, no significa que las necesidades y prioridades de los jornaleros migrantes se hayan cubierto; al contrario, se han acrecentado, pero es necesaria la creación de un nuevo programa que retome los aciertos del pasado e implemente nuevas estrategias desde la política de bienestar.
Recordó a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, que anteriormente la problemática de los jornaleros se inscribía para este gobierno en la agenda de las personas indígenas. Pero sólo 40 por ciento de esta población es indígena, quedando fuera de la atención del Estado 60 por ciento.
La Red agregó que los 35 millones de pesos planteados en el anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante el Programa Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son insuficientes.

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Filial de Coca-Cola suspende actividades por huelga

 
Periódico La Jornada
Martes 19 de febrero de 2019, p. 24
Bebidas Mundiales, filial de Arca Continental Coca-Cola, informó que suspendió su producción y distribución de bebidas en Matamoros, Tamaulipas, a raíz del bloqueo a su planta que empezó un grupo de trabajadores el pasado viernes.
En un comunicado, la empresa argumentó que el bloqueo es ilegal, como lo estableció previamente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y en las condiciones actuales no hay garantías para la operación, por lo que desde el domingo suspedió actividades.
Bebidas Mundiales SA de CV, embotelladora de Coca-Cola en Matamoros, informa que, debido al bloqueo ilegal en nuestras instalaciones, y la falta de garantías de seguridad para nuestros colaboradores y para la libre circulación de nuestras unidades de reparto, hemos suspendido temporalmente operaciones de producción y distribución, señala el comunicado.
Además, mencionó que la retención la lleva a cabo un porcentaje mínimo de trabajadores, menos de cien de los más de 700 que tiene la planta. La empresa refirió que cuando haya las condiciones para la circulación de sus vehículos repartidores buscará reanudar la distribución en la ciudad, pues tiene compromisos comerciales por cumplir.
Pedimos a nuestros clientes y consumidores una disculpa por el retraso en el servicio. Estamos, en conjunto con las autoridades, buscando alternativas para reanudar el servicio, siempre y cuando tengamos las garantías de seguridad para el personal de la empresa que sí quiere trabajar y cumplir con nuestros compromisos comerciales, refirió.
Asimismo, hizo un llamado al grupo de inconformes a dialogar. Reiteramos nuestra disposición al diálogo dentro del marco de la legalidad y el respeto, concluyó.
Como reportó La Jornada el sábado anterior, a partir de las 14:15 horas del viernes los trabajadores del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora decidieron parar las labores y colocaron las banderas rojinegras en las entradas de la planta de Coca-Cola de Matamoros, ante la negativa a responder su pliego petitorio.Los inconformes piden un aumento a sus salarios de cuando menos 20 por ciento, así como un bono anual de 32 mil pesos.
El mismo viernes, los empleados de Bokados, una empresa de botanas que también forma parte del grupo Coca-Cola, se fueron a la huelga pidiendo un aumento salarial de 20 por ciento.

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SuperISSSTE: desmantelamiento, fraude y desfalco millonarios



 

El sistema SuperISSSTE fue casi desmantelado durante la administración anterior. En 4 años registró pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos y el cierre del 76 por ciento de sus tiendas. Además, fue usado masivamente para que privados triangularan ventas a dependencias de gobierno sin procesos de licitación.

Documentos internos del SuperISSSTE dan cuenta de fraudes en favor de privados, pérdidas millonarias por ineficiencia, faltantes en inventarios y simulación de compraventas. La institución perdió entre 2013 y 2017 alrededor de 7 mil 500 millones pesos, por lo que ya “resulta económicamente inviable”.
No se trata sólo del masivo cierre de tiendas y de una administración ineficiente. También se convirtió en un sistema fraudulento con el que empresas privadas evaden la ley, pues lo utilizan para colocar sus productos –casi siempre con sobreprecios– en dependencias gubernamentales sin pasar por procesos de licitación ni por la evaluación de sus mercancías.
En 2017 el SuperISSSTE reportó ingresos por 1 mil 40 millones de pesos, pero más del 80 por ciento correspondió a ventas que realizó a entidades y dependencias de la administración pública federal, principalmente al propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de ­México. Sólo menos del 20 por ciento de sus ventas se realizó al público en general, no obstante que este sistema fue creado para establecer tiendas a bajo precio en beneficio de los trabajadores y sus familias.

Además, para hacer frente a los contratos con las entidades de la administración pública federal, el SuperISSSTE subcontrató el ciento por ciento de los bienes con empresas privadas. Es decir, todo lo que vendió a entidades gubernamentales –más de 800 millones sólo en 2017– lo adquirió de privados para trasladarlos a las dependencias compradoras. Documentos internos señalan que la mayoría de los bienes ni siquiera pasaron por las bodegas del SuperISSSTE: de los almacenes privados se trasladaron directamente a los depósitos de las entidades señaladas.
Las indagaciones –que se llevan a cabo desde el año pasado–  arrojan que se utilizó a este sistema de tiendas como intermediario para que privados evadieran las disposiciones normativas en materia de adquisiciones. Es decir, funcionarios y privados simularon que el ISSSTE, la Cofepris y la Secretaría de Seguridad Púbica adquirían bienes y servicios al SuperISSSTE cuando en realidad lo adquirían a empresas privadas sin proceso de licitación de por medio.
Entre 2012 y 2015 –el primer trienio del sexenio de Enrique Peña Nieto– el director del ISSSTE fue Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Le sucedió por unos meses Luis Antonio Godina Herera. Entre 2015 y 2018 el Instituto estuvo a cargo de José Reyes Baeza Terrazas. El director de SuperISSSTE fue durante el sexenio pasado Luis Alonso Reza Olivas.
El actual director de SuperISSSTE, Roberto Revilla Ostos, fungía como director de Pemex Logística en 2017, luego se quedó como encargado del despacho de la Dirección General de la petrolera por unos meses. Se hizo cargo del sistema de tiendas del ISSSTE desde la llegada –con el nuevo gobierno– de Luis Antonio Ramírez Pineda al frente de Instituto.
La Cofepris fue encabezada por Mikel Arriola entre 2011 y 2016. En el cargo le sucedió, por 2 años, Julio Salvador Sánchez y Tépoz. Y desde 2018 el comisionado federal es José Alonso Nivelo Baeza.
Con respecto de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, entre 2012 y 2014 estuvo en cabezada por Jesús Rodríguez Almeida. Y de 2014 a 2018, por Hiram Almeida Estrada.
El SuperISSSTE reportó ventas por 1 mil 40 millones de pesos en 2017, señalan documentos internos. De tal cifra, alrededor de 835 millones (el 80.3 por ciento) fueron ventas a entidades y dependencias del gobierno. Mientras, 205 millones (el 19.7 por ciento) correspondió a ventas al público en general.
En sus ventas a las dependencias, el SuperISSSTE vendió incluso productos que no forman parte de su objetivo. Todos estos productos los adquirió a privados y los entregó después a las dependencias gubernamentales. Por ello, documentos internos de la institución señalan que con esta práctica se utilizó a este sistema de tiendas para que empresas privadas evadieran la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Entre los productos que el SuperISSSTE compró a privados para luego venderlos a dependencias como la Cofepris la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y el propio ISSSTE son: uniformes, equipos de laboratorio, sustancias y productos químicos, ropa quirúrgica y, entre otros, equipo de administración. Además, algunos de estos productos fueron vendidos con sobreprecio de hasta 7 mil por ciento.
Resulta un esquema parecido al que utilizaron otras empresas con universidades públicas para colocar productos y servicios evadiendo los procesos de licitación.

Pero también se investigan otras irregularidades que ocurrieron sólo de 2017. El SuperISSSTE registra como “faltantes en inventarios” bienes por un monto superior a los 390 millones de pesos. Además, el registro de un saldo a favor por 130 millones no cuenta con soporte documental para lograr que esa cantidad se cobre a sus clientes.
Asimismo, el gobierno federal debió entregar apoyos al SuperISSSTE entre 2013 y 2017 por más de 6 mil 500 millones de pesos para resarcir las pérdidas registradas por más de 7 mil 500 millones.
Y, en entre otras anomalías de las que dan cuenta documentos internos, realizó operaciones por 835 millones de pesos en 2017 desde una tienda virtual, cuando la ley no le faculta para ello.
El SuperISSSTE es un sistema de tiendas y farmacias que opera como una unidad desconcentrada del ISSSTE. Fue creado en 1995, aunque opera con su nombre actual desde 2009.

Según el artículo 69 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, el SuperISSSTE tiene por objeto “planear, administrar y realizar los programas y servicios de apoyo para que los derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos básicos y de consumo en las tiendas que para el efecto existen, para que el Instituto cumpla  lo establecido en el Artículo 123 […] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el establecimiento de tiendas económicas para el beneficio de los trabajadores y sus familiares”.
Desde 2015 el ISSSTE aprobó el cierre de 224 tiendas. Sólo operan desde entonces 70 unidades de venta.
Zósimo Camacho

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