miércoles, 13 de febrero de 2019

¡VAMOS TODA LA RESISTENCIA!


Los contratos en la CFE se respetarán, afirma AMLO

 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de febrero de 2019, p. 7
Aun cuando las empresas Carso Energy, IEnova y TransCanada no acepten renegociar los contratos de gasoductos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en definitiva no va a haber sanciones, no somos leguleyos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es un asunto legal, que nadie se espante, nadie se ponga nervioso; se van a respetar los contratos, porque son compromisos que se firmaron.
Al ratificar su desacuerdo con los términos pactados con las empresas consideró que se trataba de un llamado a la renegociación de los acuerdos. Emplazó a organismos empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal de la República Mexicana a deslindarse de este tipo de tratos y en vez de defender a ciegas, entiendan que a todos conviene combatir la corrupción e impunidad. No me voy a pelear con las empresas, pues lo que se busca es moralizar al país.
El jefe del Ejecutivo federal insistió en que lo que no queremos es la corrupción. Necesitamos la participación del sector privado, pero no del atraco en detrimento de las finanzas públicas, del interés general. Que sean verdaderos empresarios quienes practican el influyentismo.
Como secuela de la denuncia pública que hizo la víspera, López Obrador arremetió otra vez contra los chapulines fifís que brincan a trabajar a empresas relacionadas con ellos. Es una vergüenza. No le hace que se enojen, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y la simulación; con el hecho de que las leyes se respetan en la forma y se violan en el fondo.
Al igual que se detectaron estos vínculos en el sector energético, también existen en Hacienda o con el ex presidente Ernesto Zedillo lo tuvo en el sector de los ferrocarriles. Hay quienes sostienen que no es ilegal. Pues no, es inmoral y es una vergüenza.
Recordó que quienes rescataron los bancos con el Fobaproa se fueron a trabajar a ellos, una vergüenza. Un organismo que fue el encargado del rescate, el Ipab (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), su director se fue a trabajar a Citibank.
Al referirse a los movimientos bursátiles provocados, el Presidente minimizó su impacto, pues la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un comportamiento positivo. Sólo las acciones de las empresas referidas resintieron el impacto, lo que demuestra que estamos ante un sector financiero bastante responsable e inteligente. Se castiga, si es que fue así, por lo que considera el mercado una actitud indebida.
López Obrador descartó consecuencias legales de una frustrada renegociación de los contratos, ratificando el cumplimiento gubernamental. Consideró que eran injustos aunque sean legales, pero admitió que es una responsabilidad del gobierno el que se liberen los tramos que se encuentran bloqueados por inconformidad social, porque así se estableció el contrato.
Nosotros vamos a cumplir, ni modo. Si sigue parada la obra, vamos a seguir pagando. Haremos un llamado a los que tienen detenidas estas obras, decirles que voy a ir allá a hablar con ellos como lo hice en Cuautla, a ver si se deciden a dejar de impedirla. Va pasando el tiempo y estamos hablando de miles de millones de pesos.
Las empresas deberían reconsiderarlo desde el punto de vista moral: Estoy cobrando y me siento mal. Ya no puedo ir a los templos, no puedo ir a la Iglesia. Tengo problemas de conciencia. Quiero estar bien con mi conciencia. Demandó que sean empresas con dimensión social, con dimensión cívica, con moralidad; no es un asunto legal, y dijo y subrayó que en caso de que no renegocien tampoco habría vetos a participar en subsecuentes contratos.

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Energía y corrupción en México

La CFE de Manuel Bartlett tendrá que ir más allá de lo que ha sido el combate al robo de gasolinas a Pemex. Foto: Octavio Gómez
La CFE de Manuel Bartlett tendrá que ir más allá de lo que ha sido el combate al robo de gasolinas a Pemex. Foto: Octavio Gómez

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha embarcado en otra “cruzada” en materia energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Manuel Bartlett tendrá que ir más allá de lo que ha sido el combate al robo de gasolinas a Pemex.
Bartlett tiene la oportunidad de emprender una acción que sea más que ideológica: la revisión del primer proyecto de generación de electricidad de la reforma energética.

Se trata de un conflicto que tiene la empresa mexicana Codisa Corp Energy con las empresas europeas Enel Green Power México y Prodiel México por las alegadas prácticas ilegales de las transnacionales para incrementar sus ganancias.
La controversia tiene que ver con la construcción del parque solar más grande en el continente americano, y el segundo más grande del mundo, en el municipio de Viesca, en Coahuila. Fue el primer proyecto en operación de la primera subasta eléctrica tras la reforma energética del gobierno de Enrique Peña.

La italiana Enel Green Power México ganó en 2016 una subasta lanzada por la CFE para la instalación de 2.3 millones de paneles solares con el propósito de generar 1.7 gigawatts al año. De acuerdo con la información institucional, abastecerá a un millón 300 mil casas y será cuatro veces más barata de producir que con carbón o diésel.
Es el proyecto más grande la firma italiana en el mundo, para el que dispone de dos mil 400 hectáreas, y le permitirá la venta de energía a la CFE durante 15 años.
Para construir el campo fotovoltaico, la firma italiana contrató a Prodiel México, sucursal de Prodiel, empresa cuyas oficinas centrales están en Sevilla, España. Para el proyecto, los españoles crearon la empresa Novamper Construcción México. Ésta, a su vez, subcontrató a Codisa.
Conocida como Villanueva, la gigantesca planta solar se inauguró en marzo del año pasado en medio de una controversia con la firma mexicana por falta de pago, originada por la negativa de Codisa a reportar un incremento mayor de sus costos.
Desde septiembre 2017, Codisa reclama judicialmente el pago de 10 millones de dólares por trabajos que hizo para la construcción de la planta y que le fueron retenidos por su negativa al alegado fraude. Las empresas europeas han negado la acusación.
La demanda de la empresa nacional está archivada en los escritorios de la CFE y de la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que la fiscalía de Coahuila quedara rebasada.
El caso escaló e involucra ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.
Señalar los conflictos de interés de funcionarios convertidos en ejecutivos de empresas energéticas extranjeras con operaciones en México, así como el incumplimiento de mega contratos con la CFE, deja muy buenos dividendos políticos y apoyo ante un sector de la opinión pública.
Si el gobierno federal se queda en la estridencia, poco se habrá ganado en lo que presenta como parte de su lucha contra la corrupción.
@jorgecarrascoa

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Planta de energía solar por la termoeléctrica en la Huexca: UAM

Ciudad de México (Yair Vega / Energía Hoy).- Un estudio realizado por el Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que es conveniente reemplazar la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla estado de Morelos, por una planta de energía solar.
El portal en línea de La Jornada, indica que tano el Programa de Investigación para la Sustentabilidad (Pisus), como investigadores celebraron el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconsiderar este proyecto, ya que el país está tomando desiciones importantes, y así aprovechar México se encuentra en la franja global de máxima exposición solar.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que va poner en consulta pública en el estado de Morelos, sobre qué pasará con la planta termoeléctrica de Huexca, debido a qué hay pobladores de varios municipios que se oponen a la construcción de la termoeléctrica y cualquier otra obra de infraestructura, lo que ha ocasionado enfrentamientos.
El estudio realizado por la UAM señala que la última subasta de energía limpias realizada por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) realizada a finales del 2017, logró el costo más bajo del mundo, con 20.57 dólares por megavatio-hora (MWh). además que el costo de la energía solar en México bajo un 80% entre 2010 y  2017.
El programa que cita la Jornada, menciona que la construcción, operación y mantenimiento de la planta solar  de 584.6 MWh, por 30 años oscila en los 3.16 mil millones de dólares, mientras que la termoeléctrica en Huexca con la misma capacidad y periodo, costaría alrededor de 5.3 mil millones de dólares.
“Este último costo no incluye -y habría que incluirlo- el costo del mantenimiento de los gasoductos, así como la dependencia en un combustible fósil importado, cuyo precio es determinado externamente, y el cual se obtiene principalmente a través de la fracturación hidráulica, es decir fracking, lo cual implica la emisión de 141 toneladas por hora de CO2”, explica el programa universitario.
Los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, prevén que el cambio de plata solar a termoeléctrica de ciclo combinado, ahorraría el desvío de 7.7 mil millones de litros de agua al año, agua que se requiere para la agricultura de la region, además de que no se expondría a la población de un riesgo volcánico, ya que ubicar una planta y gasoductos en zonas eruptivas, puede ser altamente peligrosa según el Ordenamiento Ecológico y de Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl.

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Consulta sobre la termoeléctrica en Huexca divide a morelenses

El 23 y 24 de febrero, consulta para finalizar la termoeléctrica en Huexca. Foto: Margarito Pérez
El 23 y 24 de febrero, consulta para finalizar la termoeléctrica en Huexca. Foto: Margarito Pérez

PROCESO

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La próxima consulta anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir la operación de la termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, ha provocado división entre los morelenses.
Por un lado, los empresarios han advertido que apoyarán el funcionamiento de la planta, en el entendido de que bajarán los precios de la energía eléctrica; por otro lado, activistas, defensores de los derechos humanos y científicos demandaron al gobierno federal cancelar la consulta y la planta, debido al riego que representa para las comunidades y el medio ambiente.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame, precisó que la termoeléctrica es una oportunidad para los empresarios, siempre y cuando el gobierno federal respete la propuesta de reducir el costo de la energía, y sin que haya afectaciones a la ciudadanía o se contamine el agua.
“Nosotros. desde el sector empresarial, hemos comentado que, si tienen todos aquellos análisis y estudios contundentes en esta materia para poder hacer que efectivamente el agua no se contamine y pueda tenerse el abastecimiento en esta zona tan importante del estado, garantizar la misma, y por supuesto que podamos tener mayor y mejor eficiencia en la luz, entonces la planta es viable”, subrayó.
Cancelar el proyecto, agregó, representaría una afectación, porque la entidad no cuenta con el suficiente abastecimiento del servicio eléctrico para las empresas e incluso para algunas localidades. Así que, si el gobierno federal respeta la reducción de precios, el proyecto es bienvenido, recalcó.
“En dado caso que se cumpla con los estándares de calidad, de mejora y cuidado del medio ambiente, por supuesto que sí apoyamos (la operación de la planta), pues el abastecimiento de luz no es suficiente para que empresas de otros destinos vengan, e incluso las mismas que aquí puedan crecer, no lo pueden hacer porque el abastecimiento no es suficiente o es caro”, sostuvo.
Por separado, el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez Cruz, consideró que la consulta impulsada el gobierno de López Obrador no tiene validez, porque la obra ya está iniciada y, por tanto, no se apega a lo que establecen los organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La consulta anunciada para el 23 y 24 de febrero adolece de varios problemas. El primero de ellos es que, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, cuando algún megaproyecto pasa por territorio o poblaciones, comunidades indígenas, se tiene que aplicar el criterio de que la consulta debe ser amplia, previa, libre e informada, es decir que toda la gente sepa sobre qué es lo que se está consultado y pueda optar claramente por la alternativa”, detalló.
Entonces, dijo, la consulta no se apega a ese criterio porque no fue previa al inicio del megaproyecto, dado que tanto el gasoducto como la termoeléctrica ya están terminados, y sólo faltan 150 metros para concluir el acueducto. Las repercusiones ambientales no han sido abordadas de forma completa y la sociedad no tiene la información completa, abundó.
De acuerdo con las autoridades, la consulta será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación y se realizará en nueve municipios de Tlaxcala, 15 de Puebla y en todo el estado de Morelos. En ocho localidades del oriente de la entidad se instalarán más casillas, por considerarse que hay un mayor impacto del proyecto en la zona.
El súper delegado del gobierno federal en la entidad, Hugo Eric Flores Cervantes, informó que en la consulta participarán elementos de Seguridad Pública para evitar incidencias. También mencionó que en el gobierno federal “estamos bastante optimistas de que se le dé información a la gente y pueda salir a emitir su sufragio en total libertad, sin que nadie le dé línea o le presione para votar en sentido positivo o negativo”.
Los días 23 y 24 de febrero se realizará la consulta sobre la planta termoeléctrica construida por empresas españolas, que desde un principio generó inconformidad. Y los pueblos del oriente de Morelos, así como de Puebla y Tlaxcala, formaron un frente para combatir el proyecto.

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Sin acuerdo, concluye el tercer encuentro entre UAM y Situam

 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de febrero de 2019, p. 16
Sin acuerdo concluyó anoche el tercer encuentro entre autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam), en un intento por resolver la huelga en esa casa de estudio, iniciada el pasado primero de febrero. Las pláticas serán retomadas el jueves a las 16 horas.
En la reunión, realizada con la mediación de la Secretaría del Trabajo, privaron duros reclamos de la representación sindical a las autoridades de la UAM por una falta de respuesta no sólo a las demandas laborales y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, sino a una serie de preguntas formuladas en la mesa de negociación en torno al presupuesto de la universidad y su uso.
Durante el encuentro de casi tres horas, la parte sindical cuestionó los excesivos y desproporcionados salarios de los mandos medios y altos de la universidad, además de que la institución absorbe el pago del ISR de gran parte de los funcionarios.
En representación de la UAM, el secretario general y el abogado general, José Antonio de los Reyes y Rodrigo Serrano Vásquez, explicaron la propuesta de aumento salarial de 3.35 por ciento y una retabulación de 3 por ciento de personal de medio tiempo o tiempo parcial.
El abogado general rechazó las acusaciones de demagogia, oídos sordos y cerrazón expresadas por la representación sindical, e insistió que la respuesta de la universidad se presentó de manera clara y que lo hizo en la medida en que puede hacerlo sin comprometer la viabilidad financiera de la institución.

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El montaje mediático expuesto desde la frontera Venezuela-Colombia



 
Las cámaras apuntan a la frontera entre Venezuela y Colombia. El set montado la presenta como una puerta que estaría por ceder. Todo parece listo, faltaría que llegue el día indicado que, a seguir declaraciones de presidentes, títulos de noticieros, estaría por ocurrir. La narrativa de la inminencia es central desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente: inminente caída de Nicolás Maduro, inminente gobierno de transición y resolución de todos los problemas de Venezuela.


Las imágenes al llegar a la frontera son otras, en particular en el punto que se ha construido como zona crítica: los municipios Simón Bolívar y Ureña, en el estado Táchira, frente a la ciudad de Cúcuta, Colombia. Allí debería verse un territorio conmocionado, militarizado del lado venezolano y transformado en un acopio masivo de ayuda humanitaria del lado colombiano. La realidad es diferente, una superposición de normalidad de una de las fronteras más complejas del continente, y el clima de un escenario en construcción.
Comprender las dinámicas de frontera demanda cruzar algunas variables. En primer lugar, la conformación histórica de ese territorio como zona de comercio binacional, marcado en las direcciones de compra-venta según la relación entre el bolívar venezolano y el peso colombiano. En segundo lugar, la puesta en marcha desde el año 2013 –con señales anteriores– del contrabando de extracción como parte de un plan de desangre de la economía venezolana. En tercer lugar, la presencia de actores claves al mando de las operaciones del contrabando, como grupos paramilitares. En cuarto lugar, los tres puntos anteriores dentro del cuadro económico actual. Las variables se cruzan y retroalimentan.
Dentro de esa geografía, las cámaras se enfocan sobre dos cruces: el puente Las Tienditas y el puente Simón Bolívar. El primero fue tapa de periódicos por los conteiners puestos del lado venezolano, presentados como un cierre del paso. Ese puente nunca estuvo abierto. Su construcción fue por iniciativa venezolana, saboteado en su concreción por las políticas colombianas que apuestan a magnificar el contrabando ilegal de gasolina en vez de ordenar un sistema de precios acordados entre ambos países en las gasolineras fronterizas.
La cuestión de la gasolina es clave para comprender la frontera: un litro del lado colombiano cuesta cerca de 60 centavos de dólar, mientras que del lado venezolano el tanque completo no cuesta 1 dólar. Esa gasolina contrabandeada permite abastecer las zonas fronterizas colombianas empobrecidas, a la empresa colombiana Ecopetrol destinar el combustible a otros sitios, a los paramilitares amasar millones, y a quienes manejan el control de la cocaína –paramilitares y carteles–, contar con gasolina económica para su procesamiento. El gobierno colombiano ha autorizado por ley el contrabando de gasolina.
El segundo puente enfocado es el Simón Bolívar. Abierto de 6 de la mañana a 9 de la noche al paso de peatones, y de 9 a 12 de la noche al paso de tractocamiones y remolques. Por allí pasan cerca de 30 mil personas diarias, de las cuales cerca de 2 mil sellan pasaporte; es decir que las demás van y vienen en el mismo día. Tiene una ventaja cinematográfica: es angosto, por lo cual puede generarse una gran fila de gente con sólo frenar el paso unos minutos. Es lo que hacen las autoridades colombianas cuando la campaña mediática requiere fotografías que muestren masividad. De lo contrario el tránsito de personas es grande y fluido.
La ida y venida es comercial y familiar. Del lado colombiano se consiguen determinados productos a precios más económicos que en Venezuela, por lo que mucha gente cruza a comprarlos para consumo personal o para revenderlos del lado venezolano. Otros productos, regulados o subsidiados, son más baratos del lado venezolano, por lo que la dirección es la opuesta. Se trata de una economía de miles de personas de la frontera, de otros estados del país –como gente venida de Barinas o Barquisimeto– ampliada por las dificultades económicas que se deben a la combinación del bloqueo financiero, el ataque sobre la moneda, la dificultad para detener la hiperinflación, entre otros puntos.
Sobre esa cotidianeidad está en construcción la narrativa humanitaria, la ayuda, la posible intervención. Han hecho de la frontera el set donde se encuentran las grandes agencias de comunicación, voceros de diferentes gobiernos, organizaciones internacionales. El objetivo es mostrarla como el punto crítico por donde cederá la puerta.
Todos saben, por ejemplo, que el puente Las Tienditas nunca estuvo abierto, aunque afirmen que el gobierno venezolano lo bloqueó ante esta situación. En el recorrido que brindó Freddy Bernal, nombrado protector del estado Táchira por Nicolás Maduro –la gobernadora pertenece a Acción Democrática, de oposición– estuvieron presentes medios colombianos y agencias internacionales. No importa que sepan la verdad del puente, afirman lo contrario: la campaña en marcha para aislar a Venezuela requiere la construcción de una matriz donde están articulada agencias, funcionarios de gobiernos, organismos, presidentes, ingenierías de redes sociales, entre otros.
En ese contexto la ayuda humanitaria se ha construido como el ariete para derribar la puerta. Con varias particularidades: en primer lugar, que lo que hasta ahora ha llegado es insignificante (dos gandolas, cuando se reparten 40 en una sola jornada de distribución de comida en Táchira a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción); y, en segundo lugar, que no importa el impacto real que podría tener, sino la construcción del escenario, que será el de mostrar de un lado la ayuda, del otro a población venezolana pidiéndola –para lo cual la derecha movilizará sus fuerzas– y en el medio el gobierno cerrando el paso. Esa es la imagen que, al parecer, buscarán construir.
Dentro de ese cuadro pueden generarse hipótesis. Una de ellas es que ése sea el territorio donde la estrategia del asalto pueda construir el elemento detonante, la operación montada para justificar nuevos ataques de mayor potencia. Necesitan elevar el impacto en la opinión pública, conseguir acuerdo en el Senado norteamericano para dejar por escrito que la intervención militar puede ser contemplada, crear conmoción interna.
El escenario parece estar en una excesiva normalidad para los objetivos que se han propuesto alcanzar. Eso se debe a que algunas maniobras no les resultaron, como por ejemplo la detención de García Palomo, quien iba a encabezar una serie de acciones militares en Caracas. Esta semana podría ser la elegida para activar el escenario frontera, sería el punto donde se unirían el frente internacional con el nacional para buscar un quiebre. Por el momento la superficie continúa calma.
Marco Teruggi/Telesur

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