lunes, 11 de febrero de 2019

¡APOYO TOTAL A LA HUELGA DEL SITUAM!


Compañías españolas avanzan en el sector eléctrico mexicano

Reforma de Peña abrió las puertas
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▲ Central eólica en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.Foto Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2019, p. 15
Madrid. Poco a poco, de forma sostenida y silenciosa en la década reciente, un grupo de multinacionales españolas ha conseguido controlar buena parte de la producción, abasto y distribución eléctrica en México, tanto de energías limpias y renovables como de las que emplean combustibles fósiles para la generación.
Iberdrola, por ejemplo, una de las compañías mejor posicionadas, aspira a que en 2020 su filial mexicana supere en producción de kilovatios anuales a la casa matriz en España, lo cual le permitirá controlar 20 por ciento del mercado mexicano. La reforma aprobada por el anterior gobierno, de Enrique Peña Nieto, que entró en vigor en 2014, abrió definitivamente las puertas a la expansión ibérica en un sector estratégico.
En décadas recientes, sobre todo a partir de la apertura parcial del sector a la inversión privada –primero como abastecedoras de gas para plantas de ciclo combinado–, las multinacionales españolas aumentaron su interés por el mercado mexicano. De hecho, en todos los foros internacionales, cumbres bilaterales, tanto entre México y España como con la Unión Europea, uno de los reclamos más insistentes a los gobernantes mexicanos era precisamente la urgencia de liberalizar por completo los sectores entonces más protegidos de la economía mexicana: los hidrocarburos y la electricidad.
Así se lo comunicaron a los ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La presión venía no sólo de los ejecutivos de las principales compañías del sector, como Gas Natural, Endesa, Iberdrola, X-Elio, Sacyr, Acciona, Abengoa o Unión Fenosa, sino también de otros grupos de apremio, como los bancos BBVA o Santander, y otros del sector financiero, que a su vez tienen participaciones accionarias en las compañías energéticas.
El empeño del capital español en el sector eléctrico mexicano lo ha convertido en inversor extranjero de referencia y, por tanto, en el principal aspirante a controlar el mercado en el futuro.
Se calcula que entre 2006 y 2015 el sector eléctrico mexicano recibió inversión extranjera directa por algo más de 7 mil 400 millones de dólares, de los cuales 38 por ciento procedía de empresas españolas.
Sus inversiones se han desplegado en todas las facetas del complejo sector eléctrico en México, tanto en el abasto de gas a las plantas como en la generación de energías eólica, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear, y se han posicionado en la producción, abasto, distribución y generación de tecnología enfocada al área.
Según informes del Instituto de Comercio Exterior de España, entre Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) e Iberdrola producen en torno a 20 por ciento de la energía eléctrica de México.
Además, Abengoa, Elecnor y ACS se han adjudicado contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de centrales (principalmente ciclos combinados). En el sector eólico, más de la mitad de la energía es desarrollada por empresas españolas (Iberdrola, Acciona, Gamesa, Renovalia, X-Elio).
Datos de la Secretaría de Energía (Sener) también confirman una tendencia ascendente en años recientes: la cada vez mayor absorción del negocio de la generación, abasto y distribución de energía eléctrica por la iniciativa privada, en la que el capital español es el que parte con una posición de dominio.
Por ejemplo, durante 2017 se generaron en México 329 mil 162 gigawatts-hora (GWh) de electricidad, de los cuales las centrales de la CFE produjeron 52 por ciento, mientras los privados 48 por ciento, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional 2018-2032.
Si se desglosa el apartado del sector privado, los llamados productores independientes de energía (cuya electricidad es vendida a la CFE) aportaron 26.7 por ciento del total.
Las empresas líderes
Iberdrola y Naturgy son las dos multinacionales españolas con mayor presencia en el sector eléctrico mexicano, y ya cuentan con una plantilla en México de más de mil trabajadores cada una.
De hecho, según datos de la Sener, en el periodo 2014-2017 Iberdrola lideró las inversiones en México con mil 832 millones de dólares, seguido por Acciona Energía (878 millones), Fisterra (650 millones), Abengoa (631 millones) y Naturgy (404 millones).
Más aún: Iberdrola diseñó un plan de inversión –que mantiene vigente tras el cambio de gobierno–, en el cual prevé desembolsar algo más de 2 mil 800 millones de dólares hasta 2022.
Incluso, en su plan estratégico advierte que a sus ocho proyectos –actualmente en construcción– que suman más de 4 mil megavatios, añadirá una potencia de unos 2 mil megavatios, según datos presentados hace unos días.
El objetivo es elevar su capacidad total de generación a 11 mil megavatios en 2022, con lo cual producirá más de 20 por ciento de la electricidad que se consumirá en México. De hecho, en el año y medio anterior la compañía puso en marcha dos plantas de ciclo combinado en los estados de Nuevo León y Baja California, y dos de cogeneración, en Tamaulipas y Querétaro, lo que le permitió incrementar su capacidad en más de 10 por ciento y alcanzar una producción récord en 2017 de 41 teravatios hora (TWh).
Es un negocio en auge que permitió a Iberdrola alcanzar un récord histórico de beneficios netos, al lograr en los primeros nueve meses del año pasado 2 mil 91 millones de euros de ganancias.
Los datos oficiales de la Sener confirman la expansión del capital español en el sector en años recientes. Entre 2010 y 2015 se llevaron a cabo 51 proyectos, de los cuales 43 por ciento fue detonado por empresas españolas, sobre todo en la generación de fuentes renovables, en las que España cuenta con empresas de referencia a escala internacional.
Naturgy también prevé una expansión de sus negocios en el sector en México. Una muestra es que en su recién aprobada restructuración del grupo, una de las cuatro patas del conglomerado será la llamada Iberoamérica Zona Norte, que sólo incluye a México y Panamá.
Uno de los hitos empresariales de este corporativo en México fue lograr que le autorizaran los permisos de distribución para los estados de Campeche y Yucatán, que le permitirá abastecer a un mercado de 513 mil nuevos usuarios potenciales, con lo que podría aspirar a lograr 8 millones de clientes potenciales si se toman en cuenta todas sus plantas y consorcios en México.
Uno de los principales aliados de los corporativos españoles para su expansión en el sector en México ha sido Guillermo Zúñiga Martínez, de la Comisión Reguladora de Energía, que en años recientes ha visitado este país en reiteradas ocasiones para explicar de primera mano los entresijos de la reforma energética, la mayoría de ellas en actos promovidos y organizados con el apoyo de la embajada de México, presidida por la diplomática priísta Roberta Lajous –quien fue recientemente ratificada en el cargo.
La más reciente visita de Zúñiga Martínez a Madrid fue el 12 de diciembre pasado, cuando ya había tomado posesión Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con directivos del sector y decirles que se iban a garantizar los derechos adquiridos de las empresas en años recientes, y auguró ante ellos que no habrá grandes cambios en la subasta a largo plazo que tiene paralizada el gobierno.

Calderón, Luis Téllez, Elías Ayub, entre los “coyotes” de la electricidad

 

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dio a conocer la lista de los exfuncionarios del gobierno federal que han hecho negocios en el sector eléctrico y se han enriquecido a costa del erario.

Se trata, dijo, de los más destacados exservidores públicos identificados hasta ahora:
-José Córdoba Montoya
-Jesús Reyes Heroles González Garza
-Carlos Ruiz Sacristán
-Alfredo Elías Ayub
-Felipe Calderón Hinojosa
-Georgina Kessel
-Jordi Herrera Flores
-Alejandro Fleming Kauffman
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que las trasnacionales contraten expresidentes del país para gestionar contratos. “Eso es inmoral”.
Advirtió que ya se acabó la época de la conquista y que no se permitirá más la entrada de empresas corruptas.
Los gobiernos donde operan empresas corruptas no van a tener las mismas facilidades que los gobiernos con empresas éticas, dijo el presidente.
Nancy Flores

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Carso, Ienova y Transcanada cobran 24 mil millones sin dar servicio a CFE

 

Grupo Carso, Ienova y Transcanada son las tres empresas propietarias de siete gasoductos inutilizados que cobran penalizaciones multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad, reveló el director general Manuel Bartlett.

Indicó que sólo en 2018 se pagaron 5 mil millones de pesos por penalizaciones, a pesar de que no se utilizaron. Y que en este 2019 las penas llegarán a 16 mil millones de pesos.
Bartlett señaló que la Comisión Reguladora de Energía impuso una obligación privatizadora a la CFE, de arrendar el transporte en gasoductos con la prohibición de ser propietaria.
Al hacer referencia a los contratos con esas tres empresas, indicó que son leoninos. Y que se han gastado 62 mil millones de pesos por el alquiler de los gasoductos.
En total, dijo, por esto se acabarán pagando 70 mil millones de dólares, porque se contrató deuda para saldar el compromiso. Por ello, aseguró, la CFE estaría en una situación de quiebra.
Por ello, dijo, se están revisando los contratos y se pretende reconfigurarlos para evitar el saqueo contra el erario.
Nancy Flores

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Sería más conveniente instalar una planta de energía solar en Huexca, señala análisis de la UAM

 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2019, p. 3
Dado el rápido descenso en el costo de nuevas plantas de energía solar en México, sería más conveniente remplazar la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla, Morelos, con una planta de energía solar, de acuerdo con el análisis realizado por el Programa de Investigación para la Sustentabilidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Junto con el Programa de Investigación para la Sustentabilidad (Pisus), los investigadores celebraron el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de reconsiderar este proyecto, dado que el país se encuentra en un momento crítico para tomar decisiones y aprovechar el hecho de que el cien por ciento del territorio nacional se encuentra en la franja global de máxima exposición solar.
El estudio señala que el costo de proyectos de energía solar en México bajó 80 por ciento entre 2010 y 2017, y que incluso en la más reciente subasta de energías limpias, realizada por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en noviembre 2017, se logró el costo más bajo del mundo, con 20.57 dólares por megavatio-hora (Mwh).
Gran ahorro
De acuerdo con el programa de la UAM, la construcción, operación y mantenimiento por 30 años de una planta de energía solar de 584.6 Mwh sería de 3.16 mil millones de dólares, mientras que operar y mantener la termoeléctrica en Huexca de la misma capacidad por el mismo periodo costaría 5.3 mil millones de dólares.
“Este último costo no incluye –y habría que tomarlo en cuenta– el mantenimiento de los gasoductos, así como la dependencia en un combustible fósil importado, cuyo precio es determinado externamente, y el cual se obtiene principalmente mediante la fracturación hidráulica, es decir el fracking, lo cual implica la emisión de 141 toneladas por hora de dióxido de carbono (CO2)”, explicó el programa universitario.
Además, señaló que la sustitución de una planta solar por la termoeléctrica de ciclo combinado también permitiría evitar el desvío de 7.7 mil millones de litros de agua al año, requeridos para la agricultura regional, y exponer a la población al riesgo volcánico que implica ubicar una planta y gasoductos en zonas eruptivas, según el Ordenamiento Ecológico y de Riesgo Eruptivo del volcán Popocatépetl.
Hace unos días el presidente López Obrador anunció la realización de una consulta pública en Morelos para determinar la operación de la planta termoeléctrica de Huexca, donde grupos de pobladores de varios municipios han mostrado resistencia a la puesta en marcha de esta y otras obras de infraestructura, situación que ha derivado en enfrentamientos y personas encarceladas.

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Proyectan acelerar transición a energías renovables

 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2019, p. 18
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé aumentar en los próximos cinco años la capacidad instalada y la generación eléctrica de las energías renovables, según el proyecto de nación 2018-2024, basa do en 12 ejes rectores, que incluyen la rehabilitación y repotenciación de 65 plantas hidroeléctricas, un plan de sostenibilidad energética en infraestructura de la administración pública federal, nuevas tecnologías y centrales hidroeléctricas sustentables y una red nacional de mil solineras para autos eléctricos.
El plan denominado Economía, sector energético y desarrollo: acelerar la transición a energías renovables incluye otros ejes, como la creación de programas de integración nacional de industrias de energía, de desarrollo de energía eólica de media y mini capacidad, de desarrollo integral de comunidades marginadas y de ejidos sostenibles, así como de transculturación ambiental.
Entre los objetivos generales para 2024 está la instalación de capacidad por 36 mil 363 megavatios: 58 por ciento será producida por energía solar, 28, eólica, y 14 por ciento hidroeléctrica, lo que representarían en cinco años 40.2 por ciento de la capacidad instalada. También se prevé generación eléctrica de 86 mil 871 gigavatios-hora, equivalente a 23.2 por ciento de la energía proyectada para 2024 y un impacto ambiental en mitigación de gases de efecto invernadero de 57.6 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ell plan prevé un beneficio social a más de 53.1 millones de personas.

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Trasnacionales se apoderan del Altiplano potosino, advierten habitantes

Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2019, p. 22
Zacatecas, Zac., Al menos 23 mineras trasnacionales, principalmente de capital canadiense, y mexicanas, así como empresas agroindustriales y eólicas europeas se han apropiado en años recientes de gran parte del territorio que abarcan ocho municipios del Altiplano potosino, denunciaron en una misiva que hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador habitantes de esas localidades agrupados en diversas organizaciones sociales y comunitarias.
Megaproyectos mineros, parques eólicos, agroindustrias y granjas intensivas, así como carreteras y represas de empresas favorecidas por autoridades federales, estatales y municipales, representan un atentado contra nuestra libre determinación sobre la gestión y el uso de bienes comunes como el agua, el viento, la energía solar, el territorio y, en suma, la vida campesina, reprocharon.
La visita de López Obrador a esa región de San Luis Potosí, a finales de enero, generó expectativas entre numerosos habitantes y organizaciones, que tenían la esperanza de ser atendidos.
Ciudadanos de los municipios de Cedral, Vanegas, Catorce, Matehuala, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Guadalcázar y Villa de Ramos, donde se ubican territorios pertenecientes a las áreas naturales protegidas de Wirikuta y Guadalcázar, se manifestaron contra el despojo cometido por las multinacionales.
Firman la carta los integrantes del Colectivo Tamatsi, la organización El Fruto del Mezquite, el Club Astronómico de Cedral y la parroquia católica de Nuestra Señora de la Asunción de Cedral, que encabeza el presbítero Gerardo Ortiz Blanco –conocido en la región como Padre Canas–, quien pertenece a La Pastoral Social.
En nombre de los habitantes de los ocho municipios mencionados, exponen: En nuestros ejidos, sin nuestro consentimiento, han sido autorizados 23 proyectos mineros de capital extranjero, según consta en un informe de 2017 de la Dirección General de Desarrollo Minero y la Secretaría de Economía. De ellos, 18 son de origen canadiense; sin embargo, en la región también se encuentran consorcios nacionales, como Grupo México, Grupo Industrial Peñoles y Grupo Frisco.Además, sostienen, se han desplegado en la región agroindustrias que son propiedad de empresarios y políticos potosinos que han aprovechado sus puestos de poder y privilegios para obtener, además de las concesiones de agua subterránea, los usos de suelo respectivos y el aprovechamiento de la mano de obra migrante y ranchera, que es explotada en estos invernaderos.
Aseguran que existen proyectos propiedad de la trasnacional italiana Enel Green Power, que suministra energía para los consorcios mineros y agroindustriales, no para nuestra vida diaria.
Señalan que los parques eólicos de Santo Domingo y de Charcas (Parque Dominica 1, Dominica 2 y San Francisco) cuentan en conjunto con más de 300 turbinas aerogeneradoras “que se instalaron sin las debidas consultas y contratos con ‘letras chiquitas’ que no informan de las transformaciones al territorio, de las alteraciones en el pastoreo ni del acceso a tanques de agua, fundamentales para nosotros”.
Aseveran que en la región del Valle de Arista empresarios agroindustriales de Sinaloa aniquilaron en 20 años 80 por ciento de los suelos productivos y aceleraron el agotamiento de los mantos acuíferos. La profundidad freática pasó de 40 a 400 metros de profundidad.
A López Obrador le piden considerar que, según la Comisión Nacional del Agua, seis de los 10 acuíferos de San Luis Potosí se encuentran sobrexplotados (El Barril, Salinas de Hidalgo, Villa de Arista, Matehuala-Huizache, Jaral de Barrios-Villa de Reyes y la capital del estado), pero paradójicamente en estas demarcaciones las concesiones a agroindustriales y privados continúan autorizándose.
Mientras el gobierno federal siguió promoviendo intensivamente el establecimiento de la industria minera hasta hace pocos meses, nuestras comunidades y pueblos viven en alta marginación y condiciones de vida deplorables: en nuestros municipios la media de analfabetismo es de 23 por ciento; 35 por ciento no cuenta con servicios de salud y alrededor de 30 por ciento de la gente carece de agua entubada a la red pública.
Por todo lo anterior, exigen la cancelación total del otorgamiento de concesiones que afectarán irremediablemente nuestra agua, tierra, aire y ecosistemas. Se lo pedimos en nombre de nuestros abuelos y abuelas y en nombre de aquellos que vendrán después de nosotros.

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México: “La iniciativa de López Obrador representa avances significativos, pero no elimina la reforma educativa anterior”

17 de Enero de 2019
Campaña Latinoamericana por el derecho a la educación. 

En diciembre, el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para modificar en la Constitución Federal las condiciones de la educación en el país. El intuito del presidente es poner fin a uno de los puntos más polémicos de la reforma educativa impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que establece evaluaciones estandarizadas a las y los docentes para definir su situación laboral.
Para analizar con más profundidad la propuesta del actual presidente mexicano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) entrevistó a Juan Melchior Román, integrante de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) de México.
Además de abordar la reforma educativa y las intenciones del nuevo gobierno, Juan Melchior Román analizó los principales desafíos de la educación mexicana. “El Estado, sobretodo en los últimos tres sexenios, no ha garantizado la educación pública y tampoco otros derechos sociales en el país. En todo caso, lo que los gobiernos han hecho es encaminar este derecho universal y social a esquemas de privatización”, dijo.
Lea la entrevista completa:
En su opinión, ¿cómo está la educación pública en México? ¿Se puede decir que el Estado Mexicano ha logrado garantizar la educación pública de calidad para todas y todos?
Juan Melchior Román – En México, la educación pública y otros derechos sociales, por ejemplo empleo, vivienda, salud y sectores estratégicos del país, como lo energético, han estado un desastre hace un poco más de 30 años, que es el período del neoliberalismo.
Ante este contexto, el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar la educación pública como establece el artículo 3º de la Constitución en su espíritu original, que plantea que la educación pública debe ser gratuita, obligatoria, laica e integral para toda la población, siendo que el Estado debe garantizar su financiamiento.
El Estado mexicano, sobretodo en los últimos tres sexenios, no ha garantizado la educación pública y tampoco ha garantizado otros derechos sociales en el país. En todo caso, lo que los gobiernos han hecho es encaminar este derecho universal y social a esquemas de privatización.

En pronunciamiento reciente, López Obrador afirma que no está de acuerdo con la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Qué ha representado esta reforma y cuáles fueron sus impactos hasta el momento?
Juan Melchior Román – Estamos hace dos semanas con un gobierno nuevo, que canalizó toda la inestabilidad que generaron los últimos gobiernos neoliberales en México, y aprovecha la inconformidad de la sociedad en diferentes temas, especialmente en el caso de la educación. López Obrador entiende que, si se sigue en la política educativa que intentó instrumentar Enrique Peña Nieto, el conflicto magisterial también seguirá.
“Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede”.
El nuevo presidente de la República hace al Poder Legislativo la propuesta de cambiar la reforma educativa de Peña Nieto, pero no hay una intención de abrogación total. La iniciativa que se entregó hace unos días a la Cámara de Diputados sigue sosteniendo en sus apartados que se refieren a la calidad educativa la presencia de “Consejos Consultivos” integrados por personas de fuera del sector educativo, incluyendo empresários. También habla de un esquema de carrera magisterial que se refiere a procesos meritorios que rebasan los derechos laborales de las y los docentes, ganados por antigüedad, preparación y experiencia.
Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede.
Hay muchas expectativas con un gobierno que prometió mucho en campaña, y que plantea una reconversión en las políticas relativas a algunos derechos, pero que no plantea una reorientación del modelo económico.

López Obrador también afirmó que la reforma educativa ha culpado a las maestras y los maestros como responsables de los problemas de la educación pública. ¿Usted está de acuerdo?
Juan Melchior Román – Uno de los argumentos del presidente de la República cuando establece esta iniciativa de ley para cancelar la reforma educativa es que efectivamente el gobierno anterior responsabilizó a los trabajadores de educación por el desastre educativo.
Nosotros como movimiento social, movimiento magisterial, como un movimiento que es del pueblo y que está luchando por los derechos sociales, nunca estuvimos de acuerdo con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
“En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores.”  
Establecimos vastos argumentos políticos, educativos y jurídicos durante 6 años para desnudar de manera clara y sin ningún contra argumento cuáles eran los principales problemas de la educación pública en México, y uno de ellos seriamente tiene que ver con el presupuesto.
En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores.
Otro de los principales problemas de la reforma educativa y de la educación pública en México es que se pretende una elitización de la misma, es decir, se plantea un esquema de individualización y de competencias, en respuesta a las necesidades del capital, y no de la población.
Así se plantean programas, currículos y planes de estudio para la colonización del país, y los trabajadores de la educación no somos llamados a participar en este proceso.
Estos son algunos de los principales problemas que se observan en la educación pública en México, y que no se van a resolver en este nuevo gobierno, aunque vemos que hay una intención en ese sentido.

¿Cómo construir una reforma educativa que garantice la educación como un derecho humano?
Juan Melchior Román – La CNTE, que el 17 de diciembre cumplió 39 años de existencia, lucha y dignidad magisterial y social, cree que este pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador quiere tratar de resolver un conflicto entre docentes y gobierno que dura seis años, y que puede seguir si no hay una respuesta definitiva hacia la reforma educativa.
En todo caso, planteamos que se debe ir a fundo en la derogación de la reforma. Planteamos que la educación pública debe ser lo que establece en su originalidad el artículo 3º de la Constitución Federal, sobretodo en el caso de la gratuidad y la cobertura. Asimismo, defendemos un plan y programa de estudios que denominamos proyecto de educación alternativa, que sea elaborado en diálogo y con la participación de los diferentes actores del sector educativo. 

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Número de guarderías del IMSS ha disminuido desde 2009

Con el pasar de los años, las guarderías del IMSS han ido en decremento según consignan memorias documentales de la misma institución, en tanto que las Estancias Infantiles de la ex Sedesol, hoy de Bienestar, han ido al alza.


Número de guarderías del IMSS ha disminuido desde 2009

Con el pasar de los años, las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han ido en decremento según consignan memorias documentales de la misma institución, en tanto que las Estancias Infantiles de la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy de Bienestar, han ido al alza.
Fue a partir del 2009 cuando las guarderías del IMSS empezaron a disminuir, mismo año en que ocurrió la tragedia de la Guardería ABC ubicada en Hermosillo, Sonora, subrogada por el IMSS, y en la que se registró un incendio donde murieron 49 niños y al menos otros 106 resultaron heridos.
Y es que, de acuerdo con el mismo sistema del Seguro Social, las guarderías que administra tienen dos modalidades, las que son de injerencia directa por parte del Instituto y las que subroga a privados.
En el año 2009, el IMSS tenía registros de 1,568 guarderías en donde estaban inscritos 204,169 niños. Hasta septiembre del año pasado, el IMSS tenía registros de 1,386 guarderías con 186,486 niños inscritos.
En contraparte, en el mismo 2009, la entonces Sedesol tenía registros de 9,056 estancias infantiles en donde había inscritos 261,862 niños; para finales del año pasado y principios de este año, el número de estancias alcanzó las 9,565 con alrededor de 330,000 niños.
De acuerdo con la memoria documental del año pasado del IMSS, la razón en la disminución de las guarderías tuvo que ver con que los privados que ofrecían el servicio junto al IMSS habían decidido rescindir dicha colaboración, además de que algunos establecimientos tuvieron que ser clausurados por no cumplir con las normas de seguridad.
“La realidad es que en los años recientes el Instituto (Mexicano del Seguro Social) ha tenido que concluir la relación con diversas guarderías por múltiples factores, entre ellos la falta de cumplimiento con diversas regulaciones o la limitada flexibilidad de muchos de los inmuebles de guardería para adaptarse a los requerimientos actuales de espacio y seguridad, o la falta de profesionalización del personal”, se precisa en la memoria documental.
En el mismo documento el IMSS da cuenta de que entre el 2013 y hasta el 2018 se ha perdido “cerca de 1% anual de los espacios para brindar el servicio”, de guardería.
No obstante, de acuerdo con el IMSS, había un plan a consolidarse entre el 2017 y el 2022 para crear 28,103 lugares más.
hector.molina@eleconomista.mx


 

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Ven a Maduro como presidente legítimo 57% de venezolanos

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▲ El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, presenciaron ayer ejercicios militares en el Fuerte Guaicaiputo, en el estado de Miranda.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2019, p. 19
Caracas. Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, así lo considera 57 por ciento de los venezolanos, frente a 32 por ciento que reconoce la presidencia interina de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (declarada en desacato), según una encuesta de Hinterlaces.
El sondeo difundido este domingo por el periodista y ex vicepresidente chavista José Vicente Rangel, se realizó con mil 580 personas entre el 21 de enero y el 2 de febrero.
Fueron entrevistas directas realizadas en los hogares venezolanos en las que se preguntó: “¿Quién considera que es el legítimo presidente de Venezuela? No sabe, o no respondió obtuvo 11 por ciento.
El 10 de enero Maduro tomó posesión para un nuevo mandato presidencial de seis años tras su victoria en las elecciones del 20 de mayo de 2018, consideradas ilegítimas por la oposición.
Guaidó se autoproclamó presidente el día 23 de ese mismo mes.
Maduro dio inicio este domingo a los ejercicios militares para conmemorar los 200 años del Congreso de Angostura. La Fuerza Armada Nacional Bolivarianaestá en permanente preparación para la defensa del legado histórico de los libertadores de la patria, dijo.
Subrayó que el pueblo venezolano es pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, fuera Donald Trump de Venezuela, aquí hay fuerza armada para defender a este pueblo. Aquí están los soldados de Bolívar que le harían pagar caro al imperio estadunidense cualquier osadía de tocar el sagrado suelo de la patria venezolana, advirtió.
El gobierno de Venezuela informó de la detención de un grupo de sicarios que habría sido contratado por la oposición venezolana para perpetrar asesinatos de políticos y militares, e impulsar así el golpe de Estado contra Maduro.
Nuestros organismos de inteligencia han desvelado un nuevo plan conspirativo para incrementar la espiral del golpe de Estado contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro, expresó el ministro del Interior, Néstor Luis Reverol.
Estos sicarios habrían penetrado en Venezuela desde territorio colombiano tras ser contratados por la ultraderecha venezolana, pretendían cometer asesinatos selectivos de líderes políticos y militares, aseguró el funcionario.
Guaidó reconoció que existe la posibilidad que se produzca un enfrentamiento entre los venezolanos que quieren que ingrese la ayuda humanitaria y aquellos que quieren impedirlo.
Cada día son menos los que prohibirían la entrada de la ayuda humanitaria, pero existe la posibilidad de un enfrentamiento entre venezolanos, indicó el líder opositor tras salir de una iglesia en Caracas.
Dudo mucho que alguien hoy se quiera inmolar al ser llamado por una persona (Maduro) que perdió el norte, que no tiene respaldo internacional, que no tiene dinero porque se lo robó y por la gestión del Parlamento para proteger los activos de Venezuela en el exterior, añadió.
Advirtió a los militares que impedir la entrada de ayuda humanitaria los convierte en casi genocidas, porque es delito de lesa humanidad. Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo como lo ordena el gobierno desde el palacio de Miraflores, espetó Guaidó a los militares.
La oposición puso en marcha la Red Ayuda y Libertad y comenzó a enlistar en redes sociales a voluntarios para repartir los apoyos. Además, un grupo de médicos venezolanos cruzó el puente Simón Bolívar que comunica a Venezuela con la localidad de Cúcuta, Colombia, para exigir al gobierno permitir el acceso de ayuda humanitaria.
El fisiatra Omar Vergel informó que la movilización llegó hasta el puente fronterizo Las Tienditas.
Se desconoce si la Policía Nacional de Colombia permitió el acceso de los médicos por el puente bloqueado con una rejilla metálica desde 2016, y con dos contenedores y el tanque de una cisterna del lado de Venezuela, aunque de ambos lados había presencia de elementos policiales y del ejército.
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▲ El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, presenciaron ayer ejercicios militares en el Fuerte Guaicaiputo, en el estado de Miranda.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2019, p. 19
Caracas. Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, así lo considera 57 por ciento de los venezolanos, frente a 32 por ciento que reconoce la presidencia interina de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (declarada en desacato), según una encuesta de Hinterlaces.
El sondeo difundido este domingo por el periodista y ex vicepresidente chavista José Vicente Rangel, se realizó con mil 580 personas entre el 21 de enero y el 2 de febrero.
Fueron entrevistas directas realizadas en los hogares venezolanos en las que se preguntó: “¿Quién considera que es el legítimo presidente de Venezuela? No sabe, o no respondió obtuvo 11 por ciento.
El 10 de enero Maduro tomó posesión para un nuevo mandato presidencial de seis años tras su victoria en las elecciones del 20 de mayo de 2018, consideradas ilegítimas por la oposición.
Guaidó se autoproclamó presidente el día 23 de ese mismo mes.
Maduro dio inicio este domingo a los ejercicios militares para conmemorar los 200 años del Congreso de Angostura. La Fuerza Armada Nacional Bolivarianaestá en permanente preparación para la defensa del legado histórico de los libertadores de la patria, dijo.
Subrayó que el pueblo venezolano es pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, fuera Donald Trump de Venezuela, aquí hay fuerza armada para defender a este pueblo. Aquí están los soldados de Bolívar que le harían pagar caro al imperio estadunidense cualquier osadía de tocar el sagrado suelo de la patria venezolana, advirtió.
El gobierno de Venezuela informó de la detención de un grupo de sicarios que habría sido contratado por la oposición venezolana para perpetrar asesinatos de políticos y militares, e impulsar así el golpe de Estado contra Maduro.
Nuestros organismos de inteligencia han desvelado un nuevo plan conspirativo para incrementar la espiral del golpe de Estado contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro, expresó el ministro del Interior, Néstor Luis Reverol.
Estos sicarios habrían penetrado en Venezuela desde territorio colombiano tras ser contratados por la ultraderecha venezolana, pretendían cometer asesinatos selectivos de líderes políticos y militares, aseguró el funcionario.
Guaidó reconoció que existe la posibilidad que se produzca un enfrentamiento entre los venezolanos que quieren que ingrese la ayuda humanitaria y aquellos que quieren impedirlo.
Cada día son menos los que prohibirían la entrada de la ayuda humanitaria, pero existe la posibilidad de un enfrentamiento entre venezolanos, indicó el líder opositor tras salir de una iglesia en Caracas.
Dudo mucho que alguien hoy se quiera inmolar al ser llamado por una persona (Maduro) que perdió el norte, que no tiene respaldo internacional, que no tiene dinero porque se lo robó y por la gestión del Parlamento para proteger los activos de Venezuela en el exterior, añadió.
Advirtió a los militares que impedir la entrada de ayuda humanitaria los convierte en casi genocidas, porque es delito de lesa humanidad. Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo como lo ordena el gobierno desde el palacio de Miraflores, espetó Guaidó a los militares.
La oposición puso en marcha la Red Ayuda y Libertad y comenzó a enlistar en redes sociales a voluntarios para repartir los apoyos. Además, un grupo de médicos venezolanos cruzó el puente Simón Bolívar que comunica a Venezuela con la localidad de Cúcuta, Colombia, para exigir al gobierno permitir el acceso de ayuda humanitaria.
El fisiatra Omar Vergel informó que la movilización llegó hasta el puente fronterizo Las Tienditas.
Se desconoce si la Policía Nacional de Colombia permitió el acceso de los médicos por el puente bloqueado con una rejilla metálica desde 2016, y con dos contenedores y el tanque de una cisterna del lado de Venezuela, aunque de ambos lados había presencia de elementos policiales y del ejército.

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