viernes, 8 de febrero de 2019

Movilización en apoyo a la huelga del SITUAM.

SME Foro por una legislación popular en Pachuca, Hidalgo 7feb19

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Acepta la UAM dialogar con el Situam, pero no cambia oferta de alza salarial de 3.35%

 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de febrero de 2019, p. 15
Las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) se reunirán este sábado en busca de llegar a un acuerdo para resolver la huelga iniciada el pasado viernes en esa casa de estudios.
La dirigencia sindical convocó a las autoridades a reunirse este sábado la hora y el lugar que decidan, luego del infructuoso encuentro sostenido el pasado lunes, donde ambas partes ratificaron sus respectivas posiciones que desembocaron en la huelga.
Jorge Durantes, secretario general de dicha organización, reiteró la voluntad de diálogo y apertura que tiene el sindicato y los trabajadores para resolver este conflicto, en contraste –dijo– con la cerrazón mostrada por las autoridades de la universidad.
Ya por la noche, en un comunicado, la UAM informó que atendería la convocatoria emitida por la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto a ellos como al Situam, para encontrarse nuevamente este sábado.
Ratificó su voluntad de diálogo y apertura con el fin de resolver el conflicto laboral que afecta a nuestra institución, por lo que atenderá la convocatoria antes mencionada. Sin embargo, reiteró que la propuesta de la universidad contempla un incremento de 3.35 por ciento directo al salario de todos los trabajadores de base, académicos y administrativos y de 3.0 por ciento en retabulación de puestos para personal administrativo de base y académico de medio tiempo y tiempo parcial.
Por su parte, el dirigente sindical denunció que las autoridades universitarias no han proporcionado, ni antes ni después del inicio de la huelga, información sobre la situación presupuestaria de la UAM, limitándose a señalar que el ofrecimiento de 3.35 por ciento es el último esfuerzo que puede hacer la institución, cuando la demanda de los trabajadores es de 20 por ciento. No estamos cerrados al diálogo, pero no han presentado ninguna contrapropuesta, insistió.
Dijo que el Situam ha observado un aumento desproporcionado en el número de plazas de confianza creadas desde hace varias administraciones, lo cual representa un robo en la materia de trabajo de los trabajadores sindicalizados, violando con ello el Contrato Colectivo de Trabajo, otro de los motivos por los cuales se emplazó a huelga.
Incluso, citó que aun cuando realicen la misma labor, la plaza de confianza tiene mejores percepciones económicas que un sindicalizado.
Anunció que el Situam, acompañado de diversas organizaciones solidarias, realizarán este viernes una marcha que partirá del Ángel de la Independencia a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico.

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Ni un peso a organizaciones sociales: López Obrador

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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que durante su gobierno no se va a entregar apoyo alguno a organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales ni organizaciones de la sociedad civil. “No se van a transferir recursos a través de intermediarios”.

En la conferencia de prensa, celebrada en el Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo señaló que los recursos se entregarán directamente, de la Tesorería de la Federación (Tesofe), a los personas beneficiarias.
“Los recursos no llegaban a los beneficiarios por un (oneroso) sistema de intermediación”, argumentó. Señaló que tiene pruebas de corrupción de estos intermediarios en la entrega de apoyos a la población.
Organizaciones intermediarias se quedaban, sólo para pagar su burocracia, con alrededor del 30 por ciento de los recursos, señaló. A eso debía sumarse el costo de la corrupción.
Ejemplificó: organismos de la sociedad civil “recibían dinero para apoyar niños de la calle o migrantes y se mantenían aparatos burocráticos: directivos, asesores…”. Incluso se pagaban viajes para asistir a congresos en todo el mundo. “Y todo financiado con recursos públicos”.
López Obrador señaló que aunque haya protestas y se tomen oficinas, no habrá entrega de recursos públicos a estas estructuras, sean de campesinos o de cualquier otro sector. Aseguró que los ejidatarios y comuneros, por ejemplo, recibirán directamente los recursos.
Zósimo Camacho

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Con 303 votos, avalan la ley Taibo en San Lázaro

 

LA JORNADA

La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para que el escritor Francisco Ignacio Taibo Mahojo pueda asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE), una vez que se eliminaron los requisitos de ser mexicano por nacimiento y contar con experiencia en materia administrativa en puestos de alto nivel decisorio.
La reforma, que se turnó al Ejecutivo para su publicación a fin de que entre en vigor, originó un debate de más de tres horas entre los grupos parlamentarios.
Sin cambios, la minuta del Senado fue aprobada por 303 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y de cinco diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 111 diputados de Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra, mientras Movimiento Ciudadano y varios perredistas controlados por los chuchos se abstuvieron.
En la tribuna, panistas y priístas objetaron el documento con el argumento de que se trata de un cambio a modo. En contraparte, Morena y sus aliados resaltaron que se empata la citada ley con la disposición constitucional que define que ninguna persona puede sufrir discriminación por origen étnico o ciudadanía.
Argumentaron que la ley vigente viola derechos fundamentales de los ciudadanos como los de igualdad, no discriminación y a dedicarse a cualquier profesión, industria o comercios lícitos, así como los principios pro persona.
Mauricio Toledo, uno de los cinco diputados del PRD que votó a favor de la minuta, expresó: No es posible que por temas de nacionalidad no se pueda asumir una responsabilidad pública. Reveló que su bancada le pidió expresar que no puede realizarse una reforma legal con dedicatoria a una persona, pero que tampoco se puede excluir a ningún ciudadano para que cubra un cargo de la administración pública.
Dulce María Sauri (PRI) explicó que la reforma incluye cambios a 25 artículos, de los cuales 24 están relacionados con incorporar un lenguaje incluyente, pero sólo uno es de fondo: La igualdad de género como pretexto.
Explicó que de 308 ordenamientos federales, 39 señalan como requisito para ocupar algún cargo contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento, y si el argumento es acabar con la discriminación que sufren los mexicanos naturalizados, necesitamos una reforma constitucional urgente. Agregó que se requiere ser mexicano por nacimiento, por ejemplo, para ser Presidente de la República, legislador, gobernador, fiscal general, integrante de los órganos constitucionales autónomos e incluso titular del Instituto Nacional de las Mujeres.
Jacquelina Martínez Juárez (PAN) sostuvo que si el escritor es encargado del despacho del FCE, ya ocupa el cargo y por lo tanto no tenía sentido la reforma. Y expresó, en referencia a la frase de Taibo que provocó polémica: Dejo mi discurso doblado, por si alguien quiere.
El presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer (Morena) pidió que a la reforma “se le deje de llamar ley Taibo”, pero convino con la panista: No tiene nada que ver con el compañero Taibo. A fin de cuentas, él ya está en el FCE y no necesita una ley.
Eduardo Zarzosa (PRI) respondió: “Mayer no quiere que le llamemos ley Taibo. ¿Entonces cómo: la ley doblada, la ley me canso ganso? ¿Cómo les gusta que la llamemos? Porque ahora la ley se hace ‘porque yo digo, por mis pantalones’, pero no por el razonamiento”.
PAN y PRI cuestionaron que Taibo no cuenta con experiencia administrativa, pero Pablo Gómez resaltó que se trata de uno de los escritores más prolíferos de México, en contraste con el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fue director del FCE, aunque ni siquiera escribió un artículo periodístico.

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CRE adelgaza la plantilla por recorte presupuestal

Ciudad de México (Yair Vega /  Energía Hoy).- Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión reguladora de energía (CRE), mencionó que a pesar de enfrentar una reducción de presupuesto, los órganos reguladores trabajan por los intereses tanto de los consumidore, como de los inversionista, los reguladores hacen lo posible por un engranaje de diversificación de la matriz energética, que implica contar con diferentes fuentes.
Con la compactación de la línea de mando, los órganos reguladores enfrentan así la reducción de presupuesto, tratando de conservar la estructura lo más intacta posible, Alcocer resaltó que en este cambio de gobierno un acierto es la oportunidad de utilizar la constitución en los términos que fue diseñada.
“Más allá de la política pública que define el congreso o a la Secretaría de energía (Sener), la tarea de los reguladores es hacer posible un engranaje de diversificación de la matriz energética, que implica contar con diferentes fuentes, suministradoras  y caminos para llevarla.”, señala Guillermo García Alcocer en su participación en Energy Mexico 2019.
El comisionado presidente aseguró que Cenace y Cenagas operan con total normalidad y la propia administración actual hace uso de las herramientas de la reforma, “Los mercados eléctricos y de hidrocarburos están totalmente abiertos, se tiene la posibilidad de contratar servicios y los precios siguen siendo libres.El IEPS no sólo no se redujo, sino que incrementó y hoy es posible que los precios manden las señales correctas.”  Comentó Guillermo Alcocer.
Alcocer aseguró que la suspensión de la cuarta subasta de electricidad, debería ser puesta a consulta a nivel nacional, ya que es importante darle continuidad a las subastas de largo, teniendo como consecuencia ver apagones en los próximos años.Un factor de fortalecimiento para el sector fue el tener las tarifas eléctricas con la metodología de la administración pasada, ya que ha dado oportunidad a los inversionistas para tener señales claras y cuánto cuesta la electricidad en el país.
Por último el comisionado presidente, dijo que como resultado de la regulación las empresas han podido pasar de ser proveedores de servicio para Pemex a operadoras a cargo de proyectos completos, también manifestó que para el transporte de combustibles por ductos se necesitan 20 veces más de lo que aparece en el presupuesto para invertir en el 2019.

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En el sexenio de Peña, el boom de prestanombres para concesionar gasolinerías

Grunstein. Favoritismo político. Foto: https://historico.juridicas.unam.mx
Grunstein. Favoritismo político. Foto: https://historico.juridicas.unam.mx

PROCESO 

Durante lustros el gobierno federal otorgó franquicias de expendios gasolineros a organizaciones afines, transportistas, políticos y amigos, lo que generó un próspero negocio del que ahora se benefician incluso los narcos. La doctora Miriam Grunstein, experta en materia energética, expone ese modus operandi que, dice, tuvo un boom a partir de 2013, derivado de la Reforma Energética. En entrevista con Proceso, comenta que se crearon muchos mecanismos de evasión regulatorios en los que participaban empresas extranjeras que actuaban a través de prestanombres; y eso –la venta de nombres–, también se convirtió en una práctica lucrativa.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El mercado de la gasolina en México, el más grande y codiciado de América Latina, cuenta con casi 12 mil expendios a lo largo del país, muchos de los cuales son concesiones otorgadas durante años de manera discrecional por el gobierno federal a organizaciones afines, transportistas, políticos y amigos.

Esa costumbre del sistema político nació con el PRI, pero los gobiernos panistas también la toleraron. Hoy, las multimillonarias ganancias de este negocio benefician también al crimen organizado, sostiene la doctora Miriam Grunstein, especialista en materia energética.
Según las cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en 2018 la demanda nacional fue de 790 mil barriles diarios, de los cuales 525 mil fueron importados. Sin embargo, con 11 mil 774 gasolinerías para 43 millones de vehículos en circulación, México cuenta sólo con la mitad de los expendios de Brasil o una cuarta parte de los que tiene Estados Unidos.
A partir de la reforma energética de 2013 y tras la liberación del mercado de combustibles el negocio de las concesiones de gasolinerías tuvo un boom. A finales de 2016 la CRE recibió una buena cantidad de solicitudes de licencias y autorizó entre 10 y 15 cada mes. Ese año había 10 mil 500 expendios; ahora son 11 mil 774.
“Tenemos una larga historia de sociedad política y económica entre los beneficiarios de las franquicias de las gasolinas que son más bien estaciones de suministro con servicio de Pemex y los grupos políticos. La alianza es muy vieja y han tenido un impacto en la política del suministro del combustible. De hecho, durante muchos años el subsidio a la gasolina era un apoyo falso a la población porque el apoyo en realidad era a los gasolineros”, señala Grunstein.
Antigua consultora legal de varias empresas, como Terranova Energía, Enersa y consejera personal en la CRE, Grunstein sostiene: “La gasolina está tristemente politizada, porque ha llevado beneficio a los grandes grupos y no a la población”.
La también catedrática de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comenta a Proceso que ese favoritismo político se expandió durante los gobiernos del PRI, aunque con el panista Felipe Calderón ese modus operandi benefició también a la familia de Juan Camilo Mouriño –secretario de Gobernación en ese sexenio–, dueña del Grupo Energético del Sureste que tiene 40 gasolinerías.
Grunstein tiene una sólida carrera. Es socia de la firma internacional Thompson & Knight Abogados y se especializó en el estudio de cuestiones normativas y regulativas del sector energético, específicamente en el ámbito de Contratación Petrolera y Proyectos de Infraestructura.
Precisa que el gran negocio de las gasolinerías ni siquiera beneficia a las empresas, sino a los grupos rentistas; es decir, a quienes compran una franquicia de venta de gasolina de Pemex sin dar mejores precios y servicios.
“Cuando se hace un buen negocio, proveyéndolo de calidad, de precios y de satisfacciones a los intereses del usuario –relata–, no es mala idea. Pero, cuando es un negocio que afecta los intereses económicos y el bienestar de una población muy amplia, me parece que es una grosería. Creo que eso ha sucedido en México ampliamente.”
Ganancias oscuras
A partir de la reforma energética de 2013 impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y con la liberación del mercado de la importación de la gasolina en 2016, el otorgamiento de los permisos se concentró en la CRE, que redujo los trámites que antes eran tan complicados que para conseguir una licencia se tenía que recurrir al director de Pemex o al presidente de la República, quien las otorgaba de manera directa, saltándose todos los trámites.
En los últimos cuatro años Pemex pasó de 100% en el control total de las estaciones de gasolina a 82.5%. Hoy son 30 las marcas extranjeras y nacionales las que operan 2 mil 178 expendios.
De acuerdo con la CRE, el proveedor de gasolina más grande sigue siendo Pemex, con 9 mil 596 expendios, le siguen Oxxogas (395); Grupo Gasored (250); Petro-7 (214); Hidrosina (198); Orsan (140); Redco (130); Grupoeco (124); Gasmart (114) y Lodem/Lagas (90).
Una franquicia de Pemex viene costando más de 400 mil pesos y al mes se paga 1% de las ganancias. Una vez obtenida la aprobación de la CRE, lleva entre cinco y ocho meses la construcción de la expendedora de combustible y, según los recursos que tenga el interesado, se necesita una inversión de entre 500 mil y 1 millón de pesos.
Para que una gasolinería sea rentable, lo ideal es que se venda alrededor de 500 mil litros al mes. El dueño de un expendio tendría ventas de 10 millones de pesos al mes y 120 millones al año.
En México los dueños de la franquicia Pemex ganan 6.5% por cada litro de combustible vendido, más del doble que países como Estados Unidos, según estimaciones hechas por la firma especializada PA Energy Consulting.
La reportera Ana Lilia Pérez, autora de los libros Camisas azules, manos negras; El saqueo de Pemex desde Los Pinos; El cártel negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, y Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, sostiene que las ganancias siguen siendo un misterio; de manera similar se expresa Grunstein. Ambas sostienen que es prácticamente imposible tener la cifra precisa de las ganancias por el manejo oscuro por parte de Pemex y los gasolineros.
“Pemex es un enorme falseador de números y también los gasolineros”, sentencia Grunstein.
El huachicol
Grunstein no sólo es experta en materia energética. Estudió la licenciatura en derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en letras y lenguas española y portuguesa en la Universidad de Nueva York.
Es autora de La caverna al mercado, libro de cabecera para muchos de los que intervinieron en la elaboración y discusión de la reforma energética. Gracias a él, funcionarios no especializados pudieron comprender la trascendencia de la industria petrolera. Hace seis años comenzó a escribir su segundo libro, cuyo título tentativo es Petróleo, papel y tijera.
Grunstein advierte que la Reforma Energética de Peña Nieto no logró tener el impacto que se pretendía en el mercado de la venta de combustible porque no se consiguió quitar el dominio de Pemex como principal suministrador.
Si bien la idea no era mala, dice, hubo resistencia dentro de Pemex; “se dio esa contradicción de querer abrir el mercado, pero sin echarse encima a Pemex”, y eso paralizó esa idea.
–¿Cómo enfrentar la politización en la venta de gasolina?
–Al tener tanto control del Estado, en lugar de proteger a la población –como debería suceder–, se crearon muchos mecanismos de evasión regulatorios. Incluso se dice que había mucha participación de empresas extranjeras que actuaban a través de prestanombres porque la Ley de Inversión Extranjera no permitía la participación de firmas de otros países en las gasolinerías. Eso –vender nombres– era también un negocio.
“Si se tiene mucha regulación, se crean negocios paralelos como los prestanombres, donde participaban empresarios y políticos. En los países donde no tienen tantas reglas no se necesita pagar por un nombre para tener un permiso.”
–¿Es imposible resolver este problema?
–No. Lo que se necesita es crear condiciones de seguridad para la inversión. Pero eso lo veo complicado porque en la medida en que un presidente puede cerrar los ductos, no le van a entrar al negocio.
En cuanto al huachicoleo, Grunstein señala que muchas de las expendedoras de combustible se beneficiaron del robo de gasolina porque se aprovecharon de la práctica de evasión regulatoria y reportaban menores volúmenes vendidos a
Pemex.
“Así –dice– podían justificar y ocultar que vendían mayores volúmenes, pero de combustible robado. Pemex se hacía de la vista gorda porque (algunos de sus directivos) estaban metidos en el negocio.”
Como Nigeria
En sus investigaciones sobre el ámbito energético, Grunstein ha detectado, dice, la connivencia de altos funcionarios de Pemex en este negocio ilegal. Incluso pone como ejemplo el robo de gas condensado por Los Zetas y el Cártel del Golfo entre 2010 y 2016 en la Cuenca de Burgos, que comprende parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el cual vendían a compañías estadunidenses.
“Creo que los altos funcionarios le entraban con cierto gusto por las multimillonarias ganancias. Sin embargo, los de menor nivel estaban obligados, pues para ellos era plata o plomo.”
–¿Aquí ya vemos entrar al crimen organizado en el robo de gasolina?
–Sí. Le han entrado también duro Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Para ellos es una rama más del negocio, pues a diferencia de la trata de personas, no tienes el problema de darles albergue ni alimentarlas. Sólo tienes que mover tanques de gasolina. Y eso lo pueden hacer sin ninguna moralidad; además, a los compradores de bajos recursos eso les encanta.
Advierte que es muy complicado establecer una estrategia desde el gobierno para enfrentar el tráfico de influencias en el otorgamiento de las licencias de venta de combustible y combatir el robo de gasolina:
“Es muy complicado porque tendrías que desarticular el sistema, que es muy flexible; es decir, cuando cortas una cabeza pueden salir 10; y si reprimes a unos usuarios van a surgir más, si sancionas a unos cuantos compradores de gasolina robada pueden aparecer cientos. Eso se repite hasta el infinito.”
Lamentablemente, agrega, desarticular un sistema así es muy complicado y el daño social es gigante “porque no sólo le causan un daño patrimonial a Pemex, sino también representa un riesgo a la salud y la seguridad de las personas”.
Para Grunstein, esta situación de robo de combustible y de corrupción en Pemex pone a México en el mismo nivel que Nigeria: “Eso es penosísimo. Es una expresión del Estado fallido porque los niveles del estado de derecho son ínfimos. Duele que México pueda estar a esos niveles con funcionarios que se dan ínfulas de clase mundial”.
Por lo que atañe a las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible, que en buena parte se centró en las distribuidoras de gasolina, recomienda diseñar un plan a largo plazo y con una estrategia muy fina para que en unos tres años comience a bajar el problema.
Para lograrlo, advierte, el gobierno federal tendría que invertir una buena cantidad de recursos para la compra de tecnología: fibra óptica en los ductos, grupos especiales de seguimiento del movimiento del combustible e inteligencia financiera.
Una acción, por ejemplo, sería levantar la moral del mercado para que los particulares le ayuden a invertir, “porque el Estado, con todos los programas sociales que quiere lanzar, no se va a dar abasto”.
Tampoco se puede mantener al Ejército vigilando los ductos día y noche, ya que tiene otras encomiendas que realizar y no puede reducirse sólo a una unidad especializada en el robo de combustible.
–¿Es tan grande este negocio ilegal que cualquier ejército es insuficiente para combatirlo?
–Sí. Además debemos tomar en cuenta que no todo el Ejército es bueno, ahí puede haber elementos terriblemente corrompidos.
Recuerda que, con sus acciones, Calderón sólo aumentó la fragmentación de los grupos delictivos. Eso, insiste, “fue como la metástasis de un cáncer que, al atacarlo, se expandió al resto de las células”.
–El panorama es muy complicado…
–Es muy preocupante. Está de por medio la seguridad energética del país porque (el problema de la distribución de) gasolina no sólo es por el transporte; tiene impactos macroeconómicos incalculables, entre ellos la inflación, la quiebra de la industria agrícola, así como mermas en la calificación económica al bajar el nivel de competitividad del país.
Retomando el tema del otorgamiento de las franquicias para la venta de combustibles que el pasado 7 de enero la CRE canceló para 103 permisos, por la supuesta venta de combustible robado en Puebla, Guanajuato y el Estado de México, Grunstein recuerda que es una práctica que se inició hace muchos años.
Y remata: “La gasolina ha sido utilizada como una moneda de cambio de favoritismo político desde el inicio de la industria porque mueve mucho, literal y metafóricamente”.
Este reportaje se publicó el 3 de febrero de 2019 en la edición 2205 de la revista Proceso. 

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Comisionado de la CNH deja entrever su salida del organismo

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El comisionado Gaspar Franco Hernández, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), podría dejar su cargo en los próximos meses, luego de dejar entrever que no podrá estar en una reunión como comisionado.
Durante la 7ª Sesión Extraordinaria de 2019 del Órgano de Gobierno de la CNH, el comisionado Néstor Martínez invitó a Franco a exponer el “Análisis de Información de Reservas de Hidrocarburos al 1 de enero de 2018”, durante los Seminarios de Hidrocarburos que realiza periódicamente CNH.
A lo que Franco Hernández respondió: “Sé que el comisionado Pimentel dará un tema en febrero por lo que estoy pensando que más o menos en marzo pudiera venir a darlo, y con mucho gusto si sigo en la Comisión aquí participo, pero si no estoy en la Comisión pues depende de dónde ande, pero me apuntas y yo haré espacios”.
Agregó que “Si sigo en la Comisión es más fácil, pero si no con mucho gusto haré el esfuerzo para venir a participar con ustedes y que me inviten como excomisionado de la CNH”.
Franco Hernández, debería concluir su periodo como comisionado de la CNH en diciembre de 2022. Actualmente la CNH cuenta con cinco comisionados activos tras la renuncia de su presidente Juan Carlos Zepeda, y el fin del cargo de Héctor Acosta.
Pemex empezará a explorar Zama
Por otro lado, la CNH autorizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) la perforación del pozo exploratorio Asab-1, con el objetivo de hacer pruebas de alcance del descubrimiento del yacimiento petrolero Zama, ubicado cerca de las costas de Tabasco, con un potencial estimado de 76 millones de barriles de petróleo.
El pozo está planificado para ejecutarse en un tirante de agua de 174 metros, con el que se espera obtener un aceite medio o mediano de 23 grados API, con lo cual la empresa podrá realizar pruebas de alcance para determinar los recursos de dicha área.
Cuauhtémoc Zapata González, director general adjunto de la CNH, señaló que este pozo exploratorio contribuirá a la reposición de reservas de la petrolera nacional. “Estas características son adecuadas para el reto que representa la perforación de este pozo, cuyos recursos prospectivos estimados son de 76 millones de barriles de petróleo crudo equivalente”.
Señaló que el programa de perforación está previsto para arrancar el próximo 28 de febrero y terminaría el 11 de mayo. En la operación se requerirá el uso de un barco perforador denominado “Opus Tiger 1” con capacidad para perforar pozos de hasta 10 mil metros de profundidad.
El hecho de realizar dicha perforación en la asignación Amoca-Yaxche permitirá recopilar información valiosa que contribuya al conocimiento del potencial petrolero de México.
El desarrollo de dicha área incluye un total de 6 pozos y contempla una inversión total de 5 mil 324 millones de pesos; la inversión por pozo oscila entre los 400 y los mil 200 millones de pesos, según datos de la CNH.
Por su parte, el comisionado Héctor Moreira opinó que dicho indicó que está en la línea con un crecimiento en las actividades de exploración y perforación por parte de Pemex y que el tamaño de la inversión es significativo: “Es una muy buena noticia”.
También durante la 7ª Sesión Extraordinaria de 2019 del Órgano de Gobierno de la CNH, se presentó el documento “Análisis de Información de Reservas de Hidrocarburos al 1 de enero de 2018”, que detalla que las reservas totales del país ascendieron a 25.4 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

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AMLO ofrece protección a quien dé información sobre normalistas de Ayotzinapa (video)

El presidente López Obrador en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
El presidente López Obrador en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga

PROCESO

IGUALA, Gro. (apro).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador ofreció protección a quienes aporten información para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Durante el acto oficial donde se presentó el programa de las becas Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior, López Obrador recordó la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que exhibió el nivel de corrupción y colusión de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco y que a la fecha sigue impune.

Al respecto, el tabasqueño afirmó que la nueva Comisión de la verdad del caso Ayotzinapa va a esclarecer el crimen y ofreció protección para los igualtecos que tengan información que permita determinar dónde están los estudiantes.
“Nos importa mucho saber la verdad y saber el paradero de los jóvenes”, expresó el presidente durante el acto oficial realizado después de que familiares del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, interceptaron a Obrador en su paso por la caseta de peaje donde le pidieron revisar el caso.
El presidente consideró necesario esclarecer el caso Ayotzinapa para evitar que sigan vinculando a la ciudad de Iguala como un lugar controlado por la delincuencia.
López Obrador criticó el hecho de que, en la pasada administración, se haya mantenido en la cárcel a “varias personas” por el caso Ayotzinapa, sin comprobar su participación en este crimen.
Por su parte, la coordinadora de las Becas del gobierno federal, Leticia Ánimas Vargas, anunció que el caso Ayotzinapa, obligó a este gobierno a impulsar el programa federal en este lugar emblemático en la geografía del narco.
“De un momento a otro desaparecieron 43 jóvenes que iban a ser el futuro de México, las explicaciones de la llamada verdad histórica nos llenaron más de enojo”, expresó la funcionaria federal.
En esta ocasión, a diferencia del acto oficial en Tlapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores no fue abucheado por los asistentes.

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El laboratorio paraestatal Birmex será el distribuidor principal de medicamentos, incluso mediante adjudicaciones directas

 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de febrero de 2019, p. 32
Los medicamentos que adquirirá el gobierno federal mediante compra consolidada nacional no estarán sujetos al cuadro básico ni al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) del Seguro Popular y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para las enfermedades de alto costo, pero los estados deberán justificar cada petición de los productos farmacéuticos.
Además, como parte del nuevo esquema, destaca la reorientación del laboratorio paraestatal Biológicos y Reactivos de México (Birmex) que, de fabricante de vacunas, pasará a ser el principal distribuidor de medicamentos en el país, incluso mediante adjudicaciones directas, señalan documentos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Cnpss). Este organismo es el enlace del sector salud con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se hará cargo de las licitaciones.
Fuentes cercanas al sector cuestionaron la participación de Birmex porque no se ha aclarado su actuación en la firma del contrato con el laboratorio Sanofi Pasteur para la compra de la vacuna contra influenza, el cual tendrá una vigencia de 15 años: concluye en 2032; se adjudicó de manera directa, a pesar de que existen otros posibles proveedores y sería factible obtener mejores condiciones de precios para el Estado cada año.
Sobre la compra que sustituirá a la que en años pasados encabezó el Instituto Mexicano del Seguro Social, participarán las instituciones federales y 22 estados de la República. Se sumarán entre nueve y 10 que no han estado en los procedimientos liderados por el instituto.
Documentos de la Cnpss plantean que se mantendrán al margen, por ahora, las entidades que tengan contratos de subrogración del servicio de farmacia vigentes hasta diciembre de 2019 o más.
En la industria farmacéutica esperan las solicitudes de cotización de sus productos, como parte de la investigación de mercado que por ley se debe realizar antes de convocar a las licitaciones. De acuerdo con la información obtenida por este diario, las entregas de medicinas, vacunas y material de curación serán en abril, julio y septiembre.
Aunque, hace falta información de las autoridades respecto del mecanismo que se tendrá para la distribución de los insumos. En los lineamientos que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud envió a las entidades e institutos nacionales –documento del que La Jornada tiene copia– les solicitó que seleccionen los almacenes donde se entregarán los fármacos.
Puntualiza que la ubicación de los lugares debe garantizar la distribución eficiente a todas las unidades de salud. Incluso plantea que las entidades pueden solicitar la inclusión de otros almacenes.
Sobre Birmex, en otro documento, se señala que como parte de sus actividades para obtener las mejores condiciones de compra para el gobierno en cuanto a precio, calidad y oportunidad de entrega, mantiene una supervisión permanente que permitirá identificar a los productores que aseguran estas condiciones.
Afirma que por tratarse de una entidad paraestatal, la ley permite establecer una alianza comercial con Birmex mediante adjudicaciones directas. Los beneficios, según la Cnpss, serían que se podrán consolidar demandas, negociar con proveedores nacionales e internacionales, pagar en divisa extranjera, importar y realizar los trámites de aduana, liberación, almacenaje y distribución de insumos.
Además, está la ventaja de que el laboratorio no está obligado a obtener una rentabilidad económica, sino sólo a buscar la salud en sus finanzas y cubrir sus costos de operación.

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La guerrilla, acorralada pero vigente




Siete movimientos armados sobrevivieron a la Guerra Sucia, el embate del “narcoestado” y las políticas de contrainsurgencia. Fragmentados y disminuidos –en su mayoría– hoy enfrentan la “Cuarta Transformación”, que va por ellos.



Documentos de los órganos de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano –elaborados hasta finales del sexenio pasado– admiten la existencia de siete “grupos armados” con reivindicaciones políticas y sociales. Con el cuidado de no reconocerlos como “guerrillas”, los agentes de seguridad y defensa nacionales sólo se refieren a estos grupos como “transgresores de la ley” distintos a los ejércitos privados de los cárteles del narcotráfico, las autodefensas y las policías comunitarias.
La Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional (inteligencia militar), la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –hoy Centro Nacional de Inteligencia– enlistan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28J) y a una nueva formación de la que no se conoce el nombre, pero de la que se advierte: está formada por “cuadros históricos y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha”.
Con matices, académicos especialistas en movimientos armados señalan que la lucha guerrillera sigue latente, está vigente y tiene legitimidad. Todo, a pesar de la fragmentación de los grupos, las disputas intestinas, la infiltración de los órganos de inteligencia, el parcial éxito de las políticas de contrainsurgencia y la deserción de “columnas” y células que pasaron a formar grupos de delincuentes sin propósitos de reivindicación política y social o, de plano, se pusieron al servicio de cárteles del narcotráfico.
Y a pesar también de la pretendida “Cuarta Transformación”: la llegada al poder de una contradictoria izquierda electoral que crea una Guardia Nacional de corte militar para hacer funciones de seguridad pública y también llama a las víctimas a que perdonen a sus verdugos bajo el eslogan: “Abrazos; no balazos”.
El actual grupo gobernante se asume como la culminación de las luchas de reivindicación política y de justicia social desde la Revolución Mexicana de 1910. En su discurso, por lo tanto, ya no hay motivo alguno para reclamar justicia social, mucho menos de manera armada.
Gustavo Ogarrio Badillo, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que no se debe generalizar cuando se habla de los movimientos guerrilleros. Explica que existen profundas diferencias entre todos ellos: el EZLN, el EPR, el ERPI, la TDR-EP y las otras formaciones. Cada caso debe analizarse en su contexto y desde los lugares en que se encuentran.
Pero de entrada, señala, “no podemos condenar a quienes siguen en armas. Hay condiciones de legitimidad en México para los movimientos que reivindican el uso de las armas”.
María Elena Hernández Márquez, secretaria ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), explica que los movimientos armados no pueden deponer su lucha sólo porque se les diga que ahora sí se van a resolver los problemas políticos y sociales.
“Saben que una cosa es el dicho y otra el hecho. Cada gobierno ha iniciado diciendo que sí va a haber solución para las comunidades violentadas, marginadas, despojadas. Pero termina el sexenio y vemos que, lejos de disminuir, el problema se acrecentó.”
Libertad Argüello Cabrera, doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México, advierte que los grupos guerrilleros “no son delincuentes. En absoluto. Son movimientos sociales armados”, enfatiza.

La legitimidad de la violencia

El doctor Ogarrio Badillo, catedrático de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que los movimientos guerrilleros pasados y presentes han buscado siempre fortalecer la legitimidad del uso de la violencia que realizan. Siempre han buscado “elaborar ideas, conceptos y prácticas para justificar una violencia legítima”.
Señala que generalmente quienes deciden levantarse en armas lo hacen cuando han recibido previamente agravios injustos e injustificados de quien ostenta formalmente el monopolio de la violencia: el Estado. Y esta decisión no es solamente a causa de la violencia social que significa la pobreza.
“Tenemos que ver las regiones en las cuales surgen [los movimientos armados]. Cada región tiene su complejidad y hay comunidades que se levantan en armas no sólo por la pobreza sino por el castigo permanente que padecen de parte de los gobiernos.”
Explica que en muchas de esas regiones la situación no ha cambiado desde hace más de 40 años, cuando el surgimiento de numerosos grupos armados y la Guerra Sucia emprendida contra ellos desde el Estado mexicano. Por ello debe valorarse la persistencia de los movimientos armados.
“La gente que se metió a la guerrilla puso su vida ahí. Es cierto, hay que verlos sin idealismo, pero se debe reconocer el contexto particular en que se desarrollan para entender que sí hay una fundamentación de la violencia legítima. Poca o mucha, todas las guerrillas han tenido legitimidad.”
Libertad Argüello Cabrera (autora de Violencia selectiva e impunidad. Continuismo de prácticas sociales y políticas: el caso de familiares de desaparecidos en México) señala que la guerrilla no tiene, incluso, como principal razón de ser la cuestión socioeconómica.
Explica que quienes se levantan en armas vienen de todo un proceso en el que son tratados como ciudadanos de cuarta o quinta categoría. Mientras tal nivel de desigualdad y desprecio subsista, no podrán desactivarse las razones potenciales de la guerrilla.
“Es una cuestión de dignidad ante el agravio moral. Por ello lo que se requiere es el reconocimiento político del ‘otro’. Y en sociedades coloniales y poscoloniales el ‘otro’ son campesinos despojados, incluso desclasados, desinidianizados.”

Trascienden la estructura militar

Los movimientos armados que subsisten hoy en día en México están “en otra etapa”. Han trascendido su mera estructura militar y han alcanzado expresiones políticas y sociales. Ogarrio Badillo, autor de Breve historia de la transición y el olvido. Una lectura de la democratización en América Latina, dice que deben diferenciarse cada uno de los movimientos armados. No tienen la misma legitimidad ni imbricación social.
Sobre todo el zapatismo: “Es un movimiento armado, con estructura militar, pero que también siempre ha sido un movimiento político y social que, además, se ha ido fortaleciendo. Ha tenido todo el tiempo, con altas y con bajas, el respaldo de comunidades organizadas”.
En las últimas semanas, el EZLN –junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI)– se ha convertido, desde la izquierda, en el escollo más importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El EPR también se ha pronunciado en contra de las políticas de la nueva administración. Pero el EZLN, además de pronunciarse en contra de ellas, ha anunciado que las resistirá y que está dispuesto a responder ante una agresión contra sus bases de apoyo.
En específico, los zapatistas han advertido que el Tren Maya y la plantación de árboles frutales son proyectos que no permitirán en los territorios de sus comunidades de base. Y tienen las capacidades para oponerse efectivamente.
Precisamente ese fue el mensaje de la parada militar del EZLN el pasado 31 de diciembre en La Realidad, Chiapas, cuando desplegó a su 21 División de Infantería y con miles de milicianos, a paso de maniobra, colmó la plaza del Caracol Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños.

El EZLN no pidió limosna, sino que dio una demostración de fuerza y del respaldo de las comunidades.
Gustavo Ogarrio explica que si bien el EZLN hacia dentro tiene una jerarquía militar, hacia afuera ha construido una defensa legítima para el uso de las armas. “No sólo es un movimiento armado. Tiene estructuras comunitarias y es parte de un movimiento social, que se ha dado sus propias estructuras civiles, como las Juntas de Buen Gobierno. Tienen, incluso, un sistema de justicia, que es de tipo restitutiva. Por supuesto que ya no es solamente un movimiento armado”.
Explica que el EZLN es un componente militar de un movimiento que tiene, incluso, un carácter jurídico, de autonomía, siempre interesado en contar con el respaldo de sus comunidades y la legitimidad también hacia a fuera.
De los otros movimientos armados, Gustavo Ogarrio señala que se debe analizar caso por caso. Reconoce que la mayoría no tuvo la misma coyuntura del EZLN, aunque sí cuenta con el apoyo de algunas comunidades. “Las guerrillas más aisladas, con menor respaldo comunitario, tienen una débil capacidad de respuesta de legítima defensa militar”.
Agrega que “habría que ver caso por caso, porque nunca son buenas las generalizaciones simplificadoras; sobre todo en el aspecto tan delicado como el acto de tomar las armas y conformar un ejército irregular. Cada movimiento armado en cada región, en cada zona, tiene su particularidad”.

Guerrillas acorraladas

Las políticas de contrainsurgencia del Estado mexicano se agudizaron durante los dos últimos sexenios. La Guerra Sucia nunca se fue de lugares como la Sierra y la Montaña de Guerrero, la huasteca hidalguense o la sierra de Zongolica, en Veracruz.
Para la abogada María Elena Hernández, el movimiento armado en estados con presencia permanente, como Guerrero, está pulverizado, “muy fragmentado”. Explica que el Estado logró cooptar algunas piezas y aniquilar a otras.
Señala que, a diferencia de la década de 1970, hoy la contrainsurgencia y la Guerra Sucia se llevan a cabo no sólo con las Fuerzas Armadas; también con los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada. “La lucha de las comunidades por su emancipación se ha visto opacada por toda esta ola de crímenes y de criminalidad”.
La secretaria ejecutiva de la AMAP explica que en Guerrero han proliferado los grupos armados de distinto corte: guardias blancas, paramilitares, autodefensas, policías comunitarias… y los propios movimientos armados que ya existían previamente.
Señala que algunas expresiones de los movimientos armados han sido fragmentadas y sometidas a un proceso de corrupción. Incluso aquellas que tenían “un trabajo de cara a la comunidad”.
“La infiltración en los movimientos guerrilleros es muy grande. Ya no sólo lo están infiltrando para acabarlos y apagarlos. Ahora están infiltrando todos los espacios, con todas las siglas, utilizando todos los nombres para ensuciarlos y desprestigiarlos. El clima es cada vez más opaco, más triste, más empantanado.”

La “Cuarta Transformación”

Para Gustavo Ogarrio, México está viviendo un periodo excepcional. La llegada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al poder sí representa un cambio sustancial. “Todavía no se ve si para bien o para mal”, acota.
“Este gobierno nuevo está sentado en un polvorín. Y sí tiene conciencia de que debe desactivarlo. De lo contrario, perderá toda la legitimidad con la que cuenta y agudizará la crisis que ya vive el país.”
Señala que la lucha armada sigue viva. Explica que el EZLN tiene razón en oponerse tajantemente al gobierno federal, esté quien esté al frente, porque precisamente el gobierno es el que representa al Estado.
“Y el Estado que tenemos hoy se transformó en un Estado desaparecedor de personas. Mientras este gobierno no transforme al Estado, el movimiento armado tiene que seguir oponiéndose a ese Estado.”
Zósimo Camacho

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Militar golpista confiesa: "esta operación contra Venezuela se fraguó hace un año"

Autoridades presentan pruebas de los planes para asesinar a Maduro
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▲ Camión cargado con ayuda humanitaria, ayer en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.Foto Afp
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▲ Simpatizante del presidente Nicolás Maduro participa en la recaudación de un millón de firmas convocada por el gobernante para expresar el rechazo a una intervención de Estados Unidos en Venezuela.Foto Afp
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Periódico La Jornada
Viernes 8 de febrero de 2019, p. 25
Caracas. En una de sus novelas sobre el detective James Bond, el célebre novelista británico Ian Fleming escribe: “¿Qué vamos a hacer? –preguntó con ansiedad–. ¿De qué va todo esto? –Nos quieren liquidar –respondió Bond con calma–. Así que debemos mantenernos con vida”.
La frase de Fleming describe con precisión de cirujano lo que hoy en día sucede en Venezuela. La administración de Donald Trump, echando mano de todo el poder imperial, pretende liquidar a la revolución bolivariana, y a Nicolás Maduro, presidente de esa nación, mientras ésta busca mantenerse con vida.
No es casualidad que Fleming sirva para comprender lo que pasa en esta nación caribeña. Los tiempos que corren aquí parecen ser copia y calca de alguna de las más atrevidas novelas de espionaje de Ian Fleming o de John le Carré. En la trama se suceden e imbrican sin pausa alguna, intentos de golpe de Estado, magnicidios fracasados, agentes de la CIA, policías colombianos, agentes de inteligencia, traidores descubiertos y conspiradores protegidos por Washington.
El último episodio de esta saga fue dado a conocer el día de hoy, 7 de febrero, por el médico siquiatra Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela. En una conferencia de prensa de casi una hora de duración, dio detalles y presentó pruebas del intento frustrado de golpe de Estado en ese país y de la fracasada operación para asesinar al presidente Nicolás Maduro en agosto del año pasado, en las que habrían participado, junto a políticos, empresarios y militares venezolanos, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.
La conferencia fue aderezada con la proyección de videos con los testimonios de dos militares golpistas que participaron en la conspiración: el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo, y el teniente coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, quien manejaba información sobre las actividades presidenciales y relaciones de altos funcionarios del gobierno.
García Palomo coordinó dos intentos de golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro. El primero se efectuó en agosto de 2018. El segundo, ya frustrado, en enero de 2019.
García Palomo fue arrestado el pasado 31 de enero, cuando se internaba en territorio venezolano para dar el golpe, gracias a una operación de los servicios de inteligencia venezolana. Al coronel retirado se le hizo creer que estaba en marcha un levantamiento militar en Caracas, y se puso a su disposición un vehículo para que se trasladara dentro del país.
En la operación golpista participaron empresarios, políticos y agentes de la CIA. De acuerdo con el testimonio del coronel retirado –sometido a la prueba del polígrafo– él contactó en Colombia a un funcionario de CIA. Y en ese mismo país se reunió, también, con (el empresario venezolano) Parsifal de Sola y un policía nacional de ese país, quienes me dieron apoyo. Según el ministro Jorge Rodríguez, se sabe que el policía colombiano es el enlace del golpista con el ex presidente Juan Manuel Santos.
“Ellos –según García Palomo– hacen su trabajo de conexión, militares, amigos de ellos, lo que permite armar un grupo importante para realizar la operación militar (...) los objetivos principales eran la Carlota, el Palacio Presidencial y la Red de Comunicaciones de Caracas (capital)”.
El ex coronel narró cómo se fraguó el fallido atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro, perpetrado el 4 de agosto de 2018. Señaló que éste fue planificado en Colombia, bajo la dirección del político opositor Julio Borges y el apoyo del financista Osmán Alexis Delgado. Según García Palomo: Él (Borges) dijo que estaba dispuesto a todo para salir del gobierno venezolano.
Julio Borges es un político y abogado venezolano que participó en 2018 como representante de la oposición en las pláticas de paz realizadas en Santo Domingo, de manera simultánea a la organización del atentado en contra de Maduro. Junto al empresario Parsifal de Sola desempeñó un papel clave en la fallida Operación Jericó en 2014-2015, que trató de dar otro golpe de Estado. Apenas el pasado 6 de febrero declaró en Ottawa que Maduro va a salir por las buenas o por las malas.
En su testimonio, García Palomo confesó que oficiales estadunidenses planificaron desde 2018 una operación militar contra Venezuela para un año después. Es decir, la que hoy está en marcha. Por ello, el ministro Rodríguez advirtió: Olvídense de todas esas cosas de las operaciones. Todo es una patraña y una mentira, ya que la intención real de la administración de Donald Trump, John Bolton, Marco Rubio y Mike Pence, es la agresión militar contra Venezuela.
Pero, a pesar de la gravedad de estas denuncias y de las evidencias presentadas por el ministro Rodríguez, diversos medios de comunicación decidieron ignorarlas y se dedicaron a difundir noticias absurdas. Porque si algo ha caracterizado la actual intentona golpista contra el gobierno bolivariano, ha sido el bombardeo informativo con fake news. Dos de ellas sobresalen.
En la primera, en una entrevista para Fox News, el secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, aseguró que existen células terroristas activas de Hezbolá en Venezuela. Y advirtió que Estados Unidos está en la obligación de acabar con ese potencial riesgo para su seguridad nacional.
Y ya encarrerados, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, declaró a la cadena CNN que la ayuda humanitaria proveniente de Puerto Rico trasladada en avión habría llegado a la frontera con Colombia. Con la planificación que hemos tenido y la ayuda de los coordinadores designados por Juan Guaidó, hemos podido identificar algunas ventanas y han permitido que la ayuda llegara, dijo Pompeo. Algunos medios incluso difundieron imágenes en las que se reportaba la llegada de las ayudas. Sin embargo, todo fue falso. Rivera tuvo que reconocer que el vuelo con la asistencia no había logrado aterrizar en Venezuela.
Con una sucesión de acontecimientos como estos, el gobierno de Nicolás Maduro pareciera haber tomado como suyas las palabras de uno de los personajes de Fleming en Goldfinger que le advertía al detective: “Señor Bond, en Chicago tienen un proverbio: Una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres es la acción del enemigo. Lo que hoy sucede en Venezuela no es ni coincidencia ni casualidad, sino la acción de Estados Unidos.

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