viernes, 1 de febrero de 2019

El verdadero origen de la tragedia en Tlahuelilpan



El siniestro que enlutó a Tlahuelilpan no admite juicios de valor prejuiciados ni insensibles críticas lanzadas a la ligera, porque detrás de los índices de pobreza y marginación que afectan al municipio más joven del estado de Hidalgo –fundado el 28 de octubre de 1969—, están los orígenes del porqué una región con vocación y prosperidad agrícola fue absorbida por los proyectos energéticos del pasado siglo que, como en otras tantas regiones del país, no reportaron un  equilibrado desarrollo regional ni un mejor nivel de vida a sus habitantes.


Con una absoluta falta de sensibilidad humana pero también de objetividad para explicar las causas de la necesidad de su población –el Coneval establece que la mitad de sus 19 mil residentes son pobres–, tanto en medios de comunicación como en redes sociales se criminalizó un hecho que puso en evidencia a las políticas públicas que no respetaron el entorno de las comunidades.
En 1935, los hombres que labraban los terrenos de lo que fuera la Hacienda de Tlahuelilpan obtuvieron el respaldo del gobierno de General Lázaro Cárdenas para garantizar una ampliación de sus tierras y consolidar su comunidad. Para reconocer tan trascendente hecho, quisieron rendir un homenaje al ejido, al campesino y al trabajador erigiendo la obra que se conoce como la Torre del Reloj, inaugurada el 5 de mayo de 1937.
Este monumento fue ubicado en el centro del municipio y es uno de sus emblemas más representativos y testigo fiel de la historia de la región, pero también es la muestra palpable que esta región hidalguense, hoy lacerada por la tragedia, no es ni remotamente un pueblo de malvivientes sino de gente trabajadora que ahora se enfrenta indefensa ante los embate de hechos delictivos que le hacen pagar un alto precio por el hecho de haber permitido que por sus tierras de labranza se instalaran oleoductos y líneas de transmisión eléctrica.
No fue obra de la casualidad que hace más de 400 años los españoles se asentaran aquí y fundaran una hacienda por la calidad de sus tierras y ricos mantos acuíferos, lo que hasta la fecha les hacen ser de las mejores en el Valle del Mezquital. Por décadas, en esta región se desarrolló una agricultura de calidad, en cultivos como la alfalfa, el maíz, la cebada y la producción de hortalizas.
Buena parte de esos productos se distribuyen en importantes centros de abasto, pero también proveen de forrajes a ranchos lecheros que entregan su producto a firmas como Alpura. En los años 70s en que se expandieron las industrias petrolera y eléctrica a gran escala por el auge de la refinería de Tula y la Termoeléctrica de la región, las autoridades convencieron a los pobladores de Tlahuelilpan y otros municipios como Tezontepec,  Mixquiahuala, Tlaxcoapan y  Atitalaquia-Atotonilco, de permitir que por sus zonas de labranza se instalaran ductos, líneas de transmisión y la explotación de sus mantos acuíferos.
A cambio, se les prometió, se generarían miles de empleos, pero a la distancia los impactos ambiental y social son considerables, aunado a otro grave problema pues ahora llegan las aguas residuales de la Ciudad de México para ser almacenadas en dos principales presas: Endhó y Tlamaco. Desde hace tiempo los gobiernos federal y estatal han prometido atender la situación pero no hay respuesta y sí un completo abandono. La producción agrícola ha comenzado a resentir los efectos de la contaminación y los contantes derrames de hidrocarburos.
Otra de las promesas incumplidas fue la Nueva Refinería de Tula, anunciada en el gobierno de Felipe Calderón, proyecto que, supuestamente, detonaría la creación de empleos y el desarrollo en la región. Una más de las tantas mentiras del mal llamado “presidente del empleo”, en la que se gastaron 620 millones de pesos y solo se levantó un muro,  dejando una millonaria deuda pública al estado por la adquisición de terrenos. Ahora todos los hidalguenses deben pagar con sus impuestos los altos intereses del empréstito contratado.
Los pocos empleos formales los han desaparecido de manera violenta e ilegal gobiernos como el del autoritario Felipe Calderón, quien el 11 de octubre de 2009 emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. De forma repentina, casi 3 mil trabajadores perdieron su empleo en la región; vecinos de Tlahuelilpan, Mixquiahuala, Progreso de Obregón y Tetepango fueron echados a la calle con lujo de violencia y la fuerza de las armas.
Vale concitar en este momento de tragedia que a 5 kilómetros de Tlahuelilpan se localiza la Central Hidroeléctrica de Juandhó. Tras el inesperado anuncio del cierre de la empresa pública, la subestación fue tomada en las sombras de la noche por elementos del Ejército vestidos de policías federales. Para los que ahora cuelgan la etiqueta de “huachicoleros” a los agobiados pobladores, es importante comentarles que con fusil en la mano las fuerzas del Estado reprimieron a los electricistas que cumplía su turno. Cuál si se tratara de una dictadura militar, ni siquiera se les informó el por qué se les desalojaba. Los trabajadores que se negaron a salir de su centro de trabajo fueron reprimidos.
Muchos comentaristas de los medios que hoy criminalizan a sus habitantes, fueron los mismos que aplaudieron la impositiva medida del entonces mandatario, pero nunca se tomaron la molestia de visitar municipios que sufrieron un devastador impacto social por el cierre de lo que al paso de los años fue su única fuente de empleo. Los costos sociales brotaron con su pobreza y marginación de la mano.
Es por demás lamentable que una tragedia como la registrada en Tlahuelilpan tuviera que presentarse para que el país volteara a ver las condiciones de abandono y pobreza en que se encuentran miles de mexicanos por la falta de oportunidades. No puede soslayarse, ahora se presenta la oportunidad para evaluar las consecuencias que pueden traer a futuro varias de las concesiones otorgadas en la reforma energética y sus megaproyectos, en comunidades agrarias y pueblos originarios.
En la iniciativa aprobada por el Congreso en el pasado sexenio, se autorizó el uso de sistemas de extracción de gas por medio del sistema fracking, que emplea millones de litros de agua y ocasiona una devastadora contaminación del subsuelo y de los mantos acuíferos. En países como Estados Unidos tal sistema ha sido prohibido y de manera insólita e irresponsable los diputados del PAN y PRI le dieron luz verde, razón por la que es alentador el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su cancelación.
El nuevo gobierno ya planteó la aplicación de programas sociales en los 91 municipios por donde corren los ductos de Pemex, con el objetivo de que la gente no caiga en prácticas ilegales como el robo de combustible. Y eso es loable, pero debe acompañarse de apoyos para proyectos productivos, pues como lo refiere la emblemática Torre del Reloj, en Tlahuelilpan, la gente trabajadora fue engañada y después despedida por el propio gobierno.
El lamentable suceso también debe llevarnos a cuestionar sobre la efectividad en los sistemas de seguridad que implica el manejo de combustibles como el gas y las gasolinas; hace 35 años, el 19 de noviembre de 1984, estallaron la planta almacenadora de gas licuado de Pemex y tanques de almacenamiento de empresas gaseras en el poblado de San Juan Ixhuatepec, conocida como la Tragedia de San Juanico.
Más de 500 personas humildes perdieron la vida y su patrimonio y otras 2 mil resultaron severamente heridas, algunas con secuelas de por vida. Se habló que las gaseras saldrían de esa zona densamente poblada, pero ahí siguen. En los hechos del pasado 18 de enero, debemos preguntar a los funcionarios de Pemex el por qué estando las válvulas de rebombeo a un kilómetro de Juandhó, poblado colindante con Tlahuelilpan, no se cerraron a tiempo, pudiendo evitar la tragedia.
Reflexionemos, pues es importante que este doloroso hecho no sea un sacrificio en vano y nos lleve a enmendar los errores del pasado. Al final de cuentas, todos somos Tlahuelilpan.
Martín Esparza

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Declaran legal la huelga en 13 maquiladoras de Matamoros

Foto
▲ Trabajadores de la planta distribuidora de Coca-Cola ubicada en la colonia Prolongación Calixto de Ayala, en Matamoros, Tamaulipas, pararon actividades en demanda de un aumento salarial del 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos.Foto n Julia Le Duc
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2019, p. 24
Matamoros, Tamps., Un juez federal otorgó un amparo al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (Sjoiim), mediante el cual se declara legal la huelga iniciada hace una semana en 13 maquiladoras de la ciudad; por tanto, sus afiliados podrán continuar con el paro de actividades.
El dirigente obrero Juan Villafuerte Morales afirmó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje había declarado inexistente la huelga en 13 de 45 maquiladoras.
De esta manera se da tranquilidad a los trabajadores, que temían ser desalojados por la fuerza pública, señaló.
Vemos que poco a poco se hace justicia. En este caso el trabajador tiene todo el derecho a tener la bandera rojinegra en alto y no entrar a trabajar. Confiamos en que esto pronto se arregle para todos, como ya ocurrió en las empresas que ya firmaron el contrato colectivo y cuyos compañeros ya están cumpliendo con sus turnos, cobrando o esperando el bono.
Recordó que una semana después de iniciada la huelga general, 32 de 45 empresas ya dieron el aumento salarial de 20 por ciento y el bono anual de 32 mil pesos solicitados por los trabajadores.
Es algo que se ha conseguido con el esfuerzo y sacrificio de los compañeros que se han mantenido (en las guardias), pese al frío y otras circunstancias estuvieron en la lucha y hoy ven los resultados.
Paro en Coca-Cola
Aproximadamente 700 trabajadores de la planta de Coca-Cola ubicada en la colonia Prolongación de Calixto de Ayala, afiliados al Sjoiim, iniciaron un paro indefinido en demanda del aumento y el bono. A las seis de la mañana de este jueves se negaron a ingresar a la planta.
Fuera de la fábrica, los empleados cumplieron su turno y anunciaron que no regresarán a menos que sus peticiones sean cumplidas.

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Con AMLO, la CFE volverá a ser de servicio público: Bartlett

El funcionario comentó que el tema energético es primordial para el gobierno federal al ser asunto de estrategia, soberanía y seguridad

Julio Reyna
Foto: Guillermo Sologuren
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 31 de enero, 2019

Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador se dará un salto en todas las áreas de la empresa para que vuelva a ser de servicio público.

El funcionario, quien se reunió con diputados de Morena, comentó que el tema energético es primordial para el gobierno federal porque es un asunto de estrategia, de soberanía y de seguridad nacional.

Informó a los diputados que la Estrategia Energética permitirá a la CFE recuperar su capacidad de generación de energía eléctrica y sanear sus finanzas, así como volverla una empresa competitiva que brinde un servicio de calidad a la sociedad mexicana

A pesar de la camisa de fuerza que impuso la Reforma Energética, se devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su vocación social, y se pondrá especial énfasis en dar mantenimiento a cada una de sus plantas generadoras de electricidad que se encuentran abandonadas desde hace sexenios.

En la mesa de Estrategia Energética, el director de la CFE estuvo acompañado de los diputados Tatiana Clouthier, Dolores Padierna, Ignacio Mier y Mario Delgado quien le entregó un reconocimiento por su participación en esta plenaria. 
 
 
 

CENACE cancela subasta SLP-1/2018 por cuestiones técnicas, económicas y planeación

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) canceló la Subasta de Largo Plazo 2018 (SLP-1/2018), por decisión de la Secretaría de Energía (SENER), la cual argumentó consideraciones técnicas, económicas y planeación energética.
El CENACE informó mediante el acuerdo emitido este 31 de enero, a través de la plataforma electrónica creada para el desarrollo de la Subasta de Largo Plazo 2018 (SLP-1/2018) a los Compradores Potenciales, Licitantes e interesados, la cancelación de dicho proceso conforme al oficio No. SENER.100/2019/075 de la misma fecha emitido por la SENER.
La SLP-1/2018 se encontraba suspendida desde el pasado 3 de diciembre de 2018 en tanto se revisaban sus objetivos y alcances por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la SENER y el CENACE.
De acuerdo con la SENER, que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Industria Eléctrica es la dependencia que entre sus atribuciones establece, conduce y coordina la política energética del país en materia de energía eléctrica, la necesidad de proceder a la cancelación de la SLP-1/2018 se realiza en observancia del marco jurídico actual y de consideraciones técnicas, económicas y planeación energética.
En caso de que los Compradores Potenciales, Licitantes e interesados, no estén conformes con el acuerdo emitido por el CENACE podrán solicitarle la reconsideración prevista en el Capítulo 10, denominado “Solución de controversias” apartado 10.1 denominado “Disposiciones generales”, numeral 10.1.1. y apartado 10.2., denominado “De la reconsideración”, de las Bases de Licitación de la SLP-1/2018.
Para mayor información ingresa al apartado de las Subastas de Largo Plazo: http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx

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En puerta, un cambio estructural en Pemex

 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2019, p. 16
El gobierno federal tiene la intención de realizar un cambio estructural en Petróleos Mexicanos (Pemex) con medidas adicionales en materia fiscal y de inversión, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Alejandro Gaytán González, titular de la unidad de planeación económica, afirmó que el impacto en la degradación en el perfil crediticio de Pemex por Fitch Ratings ya estaba descontada por los mercados al reconocerse que la petrolera ha financiado el gasto del gobierno.
En conferencia de prensa para comentar los resultados de los informes de finanzas públicas y deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2018, reconoció que la baja en la calificación podría tener costos financieros.
Sin embargo, aclaró: Pemex se transforma de manera responsable para producir más y sin mayores costos financieros para la empresa y el gobierno federal, confió.
Agregó qué hay riesgos para el crecimiento de la economía mexicana, que se prevé sea de 2 por ciento en este año.
Entre los riesgos destaca la desaceleración de la economía mundial y de Estados Unidos y, por ello, se da seguimiento constante sobre las presiones que se ejercerían sobre las finanzas públicas y su impacto en el crecimiento.
El día de ayer (miércoles) vimos que hubo un incremento de 22 puntos base en los bonos de Pemex a 10 años; sin embargo, se revirtió en gran parte el día de hoy (jueves) y se redujo en 18 puntos base con respecto a ayer.
Para el gobierno federal esto no ha implicado un costo y hoy se redujo el costo, pero somos muy conscientes y se seguirá trabajando con Pemex para solucionar el problema estructural, refirió.
Estrategia y costo
Detalló que se tienen que efectuar medidas adicionales y se está revisando cuál es la estrategia y el costo financiero, por lo que se trabaja de manera conjunta con Pemex.
Recordó, que en el presupuesto para este año se anunció una capitalización de Pemex de 25 mil millones de pesos y es algo que no se había hecho y demuestra el interés del gobierno federal para apoyar la inversión de Pemex para incrementar en 30 por ciento la exploración.
El gobierno identificó un problema estructural en Pemex y está relacionado con la incapacidad que ha tenido para generar las inversiones necesarias, lo que ha ocasionado un desplome en la producción de 3.4 millones en 2004 a 1.8 millones de barriles diarios al cierre de 2018.
Hay una preocupación por eso y es una de las prioridades del gobierno federal actuar sobre cuáles son las causas que han generado esta caída.
Uno de los puntos vulnerables que se identifica es el régimen tributario de Pemex.
Anteriormente había habido una reducción en la tasa que se le cobraba a Pemex y en esta ocasión lo que se decidió hacer es incrementar la deducibilidad de los costos de 12.5 a 65 por ciento.
Francisco Arias Vázquez, titular de la unidad de política de ingresos tributarios, afirmó que las medidas adoptadas tienen como objetivo aliviar la pesada carga tributaria y una de las medidas es aumentar los índices de deducibilidad de los costos en exploración y producción de manera gradual hasta 2024 con una liberalización de recursos de alrededor de los 12 mil millones de pesos al año para un total de 66 mil millones de pesos.
Se destacó que el presupuesto de Pemex para 2019 crece 14 por ciento con respecto a 2018 y su gasto de inversión aumentó 33 por ciento para alcanzar 273 mil millones de pesos.

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La delincuencia de cuello blanco

Lozoya y Deschamps. El saqueo a Pemex. Foto: Eduardo Miranda
Lozoya y Deschamps. El saqueo a Pemex. Foto: Eduardo Miranda

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El robo de combustibles que ha ocupado primeras planas durante semanas es uno de los aspectos del Estado corrupto. Durante los próximos meses y años tendremos más y más primeras planas en donde se reflejará la profundidad de la corrupción como sistema.
Ya estamos viendo que el huachicol se estructura en amplias organizaciones donde aparecen servidores públicos. Dentro de poco eso irá quedando mucho más claro.

La corrupción, como parte del sistema político y mecanismo de la organización estatal, se desparramó sobre la sociedad. La forma más desgarradora en que el Estado corrupto tuvo impacto social fue el colapso del modelo de seguridad pública ante el surgimiento de la llamada delincuencia organizada, principalmente la vinculada al narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
A partir de esto se desenvolvió la crisis de violencia, los enfrentamientos armados y las ejecuciones cotidianas en amplias regiones del país.
La delincuencia organizada fue definida en la Constitución como la “organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia” (art. 16). La última parte de este párrafo confiere al Congreso, al expedir la legislación secundaria, la facultad de escoger cuáles delitos pueden ser vinculados al concepto de delincuencia organizada y, por tanto, cuáles no.
Al analizar la ley específica resulta asombroso, aunque del todo explicable, que no se encuentren los delitos que suelen cometer directamente los poderosos. Las transgresiones a la democracia, como son la compra de votos, la utilización indebida de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el soborno, el tráfico de influencias, entre otras muchas, no están en la lista de aquellas vinculadas al delito de delincuencia organizada, el cual opera como una especie de delito de delitos.
La inmensa mayoría de actos punibles cometidos por servidores públicos en el ejercicio o con motivo de sus funciones se llevan a cabo en grupo. Es casi imposible robar y robar, enriquecerse a partir de fondos públicos, vender concesiones, simular operaciones, cobrar sobornos, etcétera, sin contar con una organización.
La idea de Felipe Calderón, propulsor de la “constitucionalización” del delito de delincuencia organizada y de su sencilla definición, así como de la ley reglamentaria, era excluir a los corruptos. Los narcos aparecían en esa versión sobre el país como la única amenaza organizada. Sin embargo, el narcotráfico, con toda su cauda de violencia y agravios, era a su vez producto de la estructura de la corrupción altamente organizada del Estado, especialmente en las esferas de gobierno. Esa era la que no se quería mostrar como dañina y peligrosa para el país; mucho menos quería combatirse.
El punto puede pronto resultar relevante porque los medios de investigación autorizados se facilitan cuando se persiguen conductas ilícitas amarradas al delito de delincuencia organizada, pero el combate a la corrupción no cuenta con esas ventajas, aunque los poderosos que delinquen se encuentren altamente organizados.
Resulta demostrativo que la ley de delincuencia organizada incluya al huachicol pero exceptúe a los servidores públicos involucrados y sus conectes, los franquiciatarios, los almacenadores, los transportadores.
Puede llegar la hora en que, por necesidades del combate al Estado corrupto, se deban incorporar los delitos que por su mecánica requieren una organización delictiva, aquellos de cuello blanco.
Si la figura de “delincuencia organizada” fue promovida con la idea de combatir a las mafias de narcos como los peores delincuentes, lo cual ha fracasado hasta ahora, podría usarse, sólo durante algún tiempo, para perseguir a los corruptos, ya que permite mayor holgura en los métodos legales de investigación, con la otra gran ventaja de que los funcionarios ladrones no viven en la clandestinidad.
Lo más difícil de la persecución de criminales se encuentra en el campo del combate a la corrupción, pues los poderosos son expertos en crear redes de complicidad. Por esto, podría no bastar la decisión política de desarticular al Estado corrupto. Podrían necesitarse también algunas reformas legales que favorecieran tan elevado propósito.

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Incertidumbre laboral provocará crisis en el INAH, advierten empleados en Palacio Nacional

Protesta por contrataciones en el INAH bajo el Capítulo 3000. Foto: Octavio Gómez
Protesta por contrataciones en el INAH bajo el Capítulo 3000. Foto: Octavio Gómez

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No a los despidos masivos del INAH”, se leyó en algunas de las pancartas de trabajadores eventuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia contratados bajo el Capítulo 3000 frente a Palacio Nacional, cuya incertidumbre laboral podría llevar a una crisis institucional.
“Para los compañeros significa incertidumbre laboral en todo este año, es una crisis a nivel institucional y en un año significativo para el INAH (que cumple 80 años), y sin duda puede llevar a parar investigaciones y el cierre de zonas arqueológicas y museos por falta de personal, así de simple”, explicó Joel Santos, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia en el instituto.

El secretario comentó que han apoyado, en asambleas, a trabajadores del Capítulo 3000 y lo seguirán haciendo, pues es un punto primordial en la agenda.
A su juicio, tanto la protesta de hoy frente a Palacio Nacional como la convocada para el próximo domingo 3 de febrero (fecha en que el INAH cumple 80 años), es producto de la desesperación y hartazgo por parte de casi 100 profesores e investigadores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración, y Museografía (ENCRyM), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, mismos que se manifestaron esta mañana frente al zócalo.
Tras un par de horas fueron atendidos por Diego Prieto, titular del INAH, quien les aseguró, entre otras cosas, que “no habrá despidos masivos”.
Santos dijo que se trata de un problema que se debe resolver lo más pronto, pues el presupuesto autorizado para eventuales del INAH es de 53 millones de pesos para todo el año, y para pagar a los 1,740 trabajadores del Capítulo 3000 se requerirían de unos 300 millones de pesos más.
“Se habla de un recorte de 20 a 30 % del personal eventual y hasta de una reducción de sueldos de 2,000 a 3,000 pesos, lo cual es insostenible para una institución en donde gran parte de su personal es eventual, porque el de base no es suficiente. Por ello hablamos de una crisis laboral que se agudizó con las nuevas disposiciones hacendarias”, señaló.
Entre los trabajadores eventuales se encuentras docentes, investigadores, especialistas de disciplinas como biología y química; restauradores, arqueólogos, arquitectos, antropólogos, y lingüistas.
Efraín López, antropólogo de base y miembro del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, indicó que lo que ha faltado es información.
“El director del INAH giró una instrucción para hacer una revisión de puestos de trabajo, pero la realidad es que cada quien ha interpretado de manera diversa, hay quien habla de un recorte de hasta 50% de su personal eventual, hay una falta de información y claridad al interior respecto a los trabajadores del Capítulo 3000. Desde el sindicato hemos apoyado, porque muchos de nosotros en su momento fuimos eventuales y pasamos por recortes y situaciones similares, ahora mismo es un tema prioritario”, explicó.

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En el conflicto en Venezuela, México "no juzga a nadie"

 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2019, p. 8
México no va a condenar o apoyar a ninguna de las partes en conflicto por la presidencia de Venezuela, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Causabón, quien dijo que ya varios países han confirmado su participación en la conferencia internacional que organiza el gobierno mexicano junto con el de Uruguay con el propósito de coadyuvar y facilitar que haya un diálogo para dar solución a la situación que se vive en aquel país sudamericano.
No vamos a juzgar a nadie, no es el papel de México, manifestó el funcionario al ser entrevistado luego de participar en la ceremonia en la que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, huésped distinguido de la capital mexicana.
Respecto del llamado que el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo a México para que se sume a la condena al gobierno de Nicolás Maduro, Ebrard Casaubón expresó: si estamos llamando a un diálogo, no podemos condenar a nadie, e insistió en que el país es neutral en torno a este conflicto.
Por su lado, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, consideró que la posición de México de impulsar el diálogo como vía de solución al conflicto interno de Venezuela no cae en el aislamiento.
Al hacer un balance positivo sobre la visita este 30 y 31 de enero a México del presidente del gobierno de España, en entrevista para La Jornada aseguró que a pesar de las rutas distintas que han tomado México y el país ibérico para tratar de encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana, las relaciones bilaterales se verán fortalecidas.
Destacaría una convergencia importante, ambos gobiernos reiteraron su preocupación por la situación humanitaria, económica y política que se vive en Venezuela, dijo el funcionario.
Ventura indicó que de manera paralela, se anunció la reunión convocada por México y Uruguay para dar seguimiento a la propuesta conjunta de mantener proceso abierto a un diálogo en el que pueden participar diversos países. Las consultas están teniendo lugar y en ese sentido se irá viendo cómo articular el proceso de aquí al 7 de febrero, fecha en que ha sido convocado en Montevideo dicho encuentro.
Recalcó que en el énfasis de México en la búsqueda de soluciones pacíficas, en el diálogo incluyente y esquemas que generen espacios para la solución pacífica de las controversias, no cabe el aislamiento. Al contrario, somos una voz fuerte que es respetada.

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