viernes, 18 de enero de 2019

Pérdidas por robo de electricidad ascienden a 25,700 mdp: CFE

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya realiza un diagnóstico para determinar la magnitud del problema de robo de electricidad con “diablitos” y “diablotes”, que representan pérdidas por 25,700 millones de pesos, y con ello establecer la estrategia para combatirlo, señaló Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la empresa.
En reunión con los medios de comunicación, explicó que el robo de electricidad está considerado como pérdidas no técnicas, conocidas coloquialmente como “diablitos” que por lo general instalan usuarios domésticos, pero hay grandes corporativos que colocan sus “diablotes”.
Detalló que de enero a junio de 2018, las pérdidas por robo de electricidad representaron 5.7 por ciento de la energía recibida en CFE.
El total de pérdidas técnicas y no técnicas significaron 11.6%, equivalentes a 60,000 millones de pesos en el primer semestre de 2018. Las pérdidas técnicas ocurren en la transmisión y distribución eléctrica son una especie de “merma” que tiene cualquier negocio.
Señaló que con base en los análisis y sus resultados, CFE determinará la manera de combatirlo, en abril se darán a conocer los resultados de una serie auditorías, que la nueva administración de la CFE ordenó para conocer el tamaño real del problema.

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Logra Huexca suspensión contra descargas contaminantes de CFE

Se ponía en peligro salud y alimentación: pobladores
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▲ Miembros de la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, informaron que un juzgado concedió una suspensión definitiva para que la Comisión Federal de Electricidad se abstenga de descargar aguas residuales contaminadas en el río Cuautla, como parte de las obras del Proyecto Integral Morelos.Foto Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 18 de enero de 2019, p. 27
Cuernavaca, Mor., El juzgado sexto de distrito en Morelos concedió a la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, una suspensión definitiva para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla, como se pretendía con el Proyecto Integral Morelos (PIM), informó Teresa Castellanos Ruiz, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire.
En Huexca, la CFE impulsó el PIM (el cual contempla dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto), con apoyo de los entonces gobernadores, el panista Marco Antonio Adame Castillo y el perredista Graco Ramírez, obra que concitó el rechazo de las comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala por donde pasaría.
El PIM pretende operar las dos termoeléctricas con aguas del río Cuautla, pero parte de ese líquido se usa en la comunidad de Huexca para regar cultivos, explicaron pobladores ayer en rueda de prensa en Cuernavaca.
El pueblo de Huexca denunció que la intención de la CFE es verter las aguas contaminadas que saquen las torres de enfriamiento de las termoeléctricas al río Cuautla, lo que violentaría el derecho al medio ambiente, la salud y la alimentación de las comunidades de la zona oriente de Morelos.
Juan Carlos Flores, vecino, recordó que en 2015, cuando terminaron una de las termoeléctricas, estuvo a prueba por tres meses y durante ese tiempo las aguas contaminadas las arrojaron al río, por lo cual la comunidad de Huexca se amparó en contra de esas prácticas de la CFE.
La resolución del juzgado sexto dice: Se concede la suspensión definitiva al respecto del acto reclamado para que la autoridad responsable (la) Comisión Federal de Electricidad se abstenga de descargar aguas residuales contaminadas en el cauce del río Cuautla.
Castellanos Ruiz recordó que el proyecto se impulsó entre 2011 y 2012 sin consulta a las comunidades, que se han opuesto porque una de las termoeléctricas está a 500 metros de Huexca.
Por eso hoy (jueves) celebramos que el juzgado sexto de distrito concedió la suspensión definitiva para que no avienten las aguas muertas al río Cuautla, expresó.
Precisó que al principio la CFE intentó que el agua de las termoeléctricas se arrojara a la barranca Tezontitlán, ubicada atrás de los terrenos donde está la termoeléctrica.
Pero por la contaminación que causaría el agua de descarga, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que ahí no se vertieran; sin embargo, después anunciaron que las arrojarían al río Cuautla, y eso también sería muy dañino, subrayó Castellanos Ruiz.
De acuerdo con los vecinos de Huexca, a la fecha sólo se han terminado una termoeléctrica y el gasoducto, mientras la obra del acueducto sigue detenida por la oposición de los ejidatarios del municipio de Ayala, quienes mantienen un plantón desde 2016 para evitar que la CFE se lleve el agua limpia del río Cuautla porque la utilizan para riego de cultivos.

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Gobierno federal propone Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un anteproyecto de decreto para crear el Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos, con el propósito del centro es asegurar y vigilar el adecuado suministro y abasto de los mismos en el país. Será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener), dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión.
El documento argumenta que paralelamente a la estrategia de recuperación, saneamiento y control de los ductos por los que se transportan y distribuyen los petrolíferos, el gobierno federal requiere emprender acciones inmediatas y preventivas para eliminar cualquier posibilidad de desabasto de petrolíferos que afecte las actividades diarias de la población, las cadenas productivas o la economía nacional.
De ahí que resulta necesario crear una institución dentro del ámbito del sector energético, encargado de coadyuvar con la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, y sus empresas productivas subsidiarias.
El centro tendrá un director general que será propuesto por la titular de la Sener y ratificado por el Presidente. El directivo deberá contar con un nivel profesional relativo a las actividades que desempeñará con una experiencia mínima de 5 años.
El documento -emitido por la Sener y publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) en su portal de Internet-,  indica a que “el Centro tendrá por objeto establecer, implementar y, en su caso, ejecutar las estrategias y acciones de fomento para la realización de las actividades de distribución, transporte y almacenamiento de petrolíferos y otros servicios relacionados”.
Otras atribuciones establecer, coordinar, supervisar, dirigir y ejecutar estrategias operativas y de logística para la prestación eficiente de los servicios relacionados con su objeto, entre otras. También coordinará y supervisará la medición, control y participación volumétrica de los petrolíferos recibidos y entregados; establecer estrategias y directrices de confiabilidad operacional de la infraestructura de almacenamiento, despacho y de gestión del mantenimiento respectivo, así como su ejecución, evaluación y cumplimiento.
Además de administrar la planeación, evaluación y desarrollo de las actividades; gestionar y, en su caso, celebrar los actos jurídicos relacionados directa o indirectamente con su objeto, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
El centro deberá entregar a la Sener informes periódicos relativos a las actividades relacionadas, así como informes de carácter extraordinario que la propia dependencia solicite; además de establecer mecanismos de coordinación para la atención de posibles contingencias y emergencias.
También supervisará la aplicación de las estrategias, directrices, políticas, normas, planes, programas, procedimientos y sistemas de seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental, así como estándares de desarrollo sustentable aplicables, en sus instalaciones y servicios prestados, y proponer acciones de mejora.

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Huachicoleo en gas: Denuncian fraude por 44,000 mdp con empresas gaseras

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Alrededor de ocho empresas distribuidoras de gas recibieron descuentos de Petróleos Mexicanos (Pemex) de hasta 44 mil millones de pesos entre 2017 y 2018 y cuyo destino no se ha aclarado, denunció el senador Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía. Adelantó que llamará a comparecer al director de Pemex en cuanto inicie el periodo de sesiones.
Entre esas empresas que recibieron descuentos irregulares, que no tuvieron impacto para el consumidor final, están Sonigas, Global Gas y Regio Gas. Ese dinero se lo pudieron repartir los dueños de las empresas gaseras con funcionarios de Pemex, por lo que pidió a las autoridades federales a que indaguen el caso.
“Esas empresas que estuvieron en este tema, esos descuentos que se dieron en 2017 y 2018 sumaron más de 44 mil millones de pesos”, que “en ninguna forma se transmitieron al consumidor final y que de alguna forma se lo repartieron entre los empresarios o dueños de estas empresas y algunos de los funcionarios o empleados de Pemex que hicieron los descuentos citados”.
“Se estima que el equivalente en pérdidas de dinero de dichos sobrantes que Pemex entrega a éstas y otras empresas oscila en alrededor de 583 millones de pesos”, refirió Guadiana.
De acuerdo con la Comisión de Energía, durante la reforma energética, Pemex estuvo realizando sus ventas de primera mano por debajo de su costo, ya que en todo este tiempo otorgó descuentos de hasta 2.61 pesos por kilo de gas LP, lo que significó que la empresa del Estado dejó de ingresar a sus carcas una cantidad aproximada de mil quinientos sesenta y seis millones de pesos.
“Si una empresa como Grupo Soni que en el país vende mensualmente un aproximado de ciento veinte millones de kilos, multiplicado por el descuento que percibe en promedio de 2.61 pesos por kilo, le significa una ganancia mensual adicional de trescientos trece millones doscientos mil pesos”.
Bajo este panorama, la Comisión de Energía citará a comparecer al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, así como a funcionarios de esa empresa de la anterior Administración, sin importar que sigan o no en el cargo. “La Comisión de Energía vamos a citar al director de Pemex y a los funcionarios que considere necesarios que conozcan del tema del gas LP y sobre todo los del sexenio pasado, estén o no estén”.
Por otro lado, el senador de Morena ello, exhortó al Gobierno federal a emprender acciones en contra del huachicoleo de gas LP. En 2017 se robaron 6.1 mil barriles diarios de gas, mientas que el año pasado la cifra ascendió a 11 mil barriles robados por día. Además, el ducto de gas LP que va de Cactus a Guadalajara, tuvo 177 tomas clandestinas en 2017 y 256 en 2018. 

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Estos son los temas laborales que les interesan a los diputados

Transparencia en la elección de líderes sindicales, subcontratación regulada y vigilada, derechos para las trabajadoras del hogar y home office. Estos son algunos de los temas en materia laboral que los diputados federales de la actual legislatura quieren legislar.

Los derechos laborales serán unos de los temas importantes en la LXIV legislatura. Foto: Especial

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados han llegado ya 47 iniciativas en esta LXIV legislatura, que inició en septiembre de 2018. De ellas, 34 serán dictaminadas exclusivamente por ese grupo, nueve serán revisadas con otras comisiones y en cuatro sólo aportará su opinión.
Algunas propuestas abordan temas pendientes de la reforma laboral de 2017. Por ejemplo, la subcontratación, o la creación de nuevos órganos de justicia que sustituyan a las juntas de conciliación y arbitraje.
Los diputados también quieren legislar prácticas como la flexibilización de horarios y la posibilidad de trabajar desde casa, pues cada vez más compañías las están utilizando, un poco presionadas por las nuevas generaciones que exigen otras formas de desempeñar sus tareas.

Segunda regulación a la subcontratación

Desde 2009 la Ley del Seguro Social contempla el esquema de subcontratación. En ese año se establecieron reglas para los empleadores que operen con ese esquema. Sin embargo, la gran mayoría ha cumplido, afirma el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sea la encargada de emitir las normas que obliguen a los patrones a cumplir con sus responsabilidades laborales.
Robledo Leal expone en la argumentación de su iniciativa que la subcontratación es lo mismo que outsourcing. Es decir, es cuando una empresa contrata a otra para que se haga cargo de cierta parte de su actividad o proceso productivo.
La subcontratación, dice el legislador, ha facilitado “la erosión y desprotección de los trabajadores en México”. Del total de las empresas que trabajan con ese sistema, sólo 100 están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Y de ese centenar, sólo 40 por ciento paga impuestos. Muchas de esas compañías, que emplean a más de 2 millones de personas, violan los derechos de los empleados y simulan cumplir con los servicios para los que se les contrató, indica en su exposición de motivos.
Por ello, pretende reformar el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para especificar que la STPS será la responsable de poner orden y evitar que estos abusos sigan ocurriendo.

El sueño legislado del home office

Una de las iniciativas más populares es la del home office. El 2 de octubre del año pasado, la diputada Lyndiana Bugarín Cortés, presentó la propuesta de su grupo parlamentario, el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los legisladores de esa bancada proponen modificar la LFT y que un día de la semana laboral los colaboradores puedan trabajar desde casa. La iniciativa también contempla horarios escalonados.
Estos esquemas no serían obligatorios, los implementarán quienes puedan y deseen hacerlo. Pero al estar considerados dentro de la ley, protegerá a empleados y patrones ante algún conflicto.
La principal motivación de los diputados para proponer esta reforma es reducir la contaminación vehicular. La movilización de millones de empleados a sus centros de trabajo, que en ciudades como la México, Monterrey o Guadalajara genera caos vial, es lo que tratan de aminorar.
Por ello, iniciativa será dictaminada en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. La Comisión de Trabajo solo dará su opinión sobre los cambios que se pretenden hacer a diferentes leyes.

Van por la transparencia de los sindicatos

Otro tema que será relevante en esta legislatura es el de los sindicatos. La iniciativa del diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo (PT), pretende garantizar que el voto de los trabajadores para elegir a su directiva sea libre y secreto.
Actualmente, el artículo 371 de la ley del trabajo permite que las elecciones sean directas o indirectas. Es decir, en muchos sindicatos, como el de Petróleos Mexicanos (Pemex) los agremiados votan a mano alzada, a la vista de los candidatos y los dirigentes. El legislador propone especificar que el sufragio debe ser libre y secreto.
La bancada de Morena también quiere hacer adecuaciones a la ley para garantizar la democracia sindical. Su iniciativa también va por voto libre y secreto, y además por la paridad de género en la dirigencia. Asimismo, exige que los sindicatos tengan una constancia de representatividad para realizar cualquier trámite, como la negociación salarial.
Hay otra propuesta, la de Nayeli Salvatori Bojalil, diputada del Partido Encuentro Social (PES). Ella también quiere eliminar el voto a mano alzada, y además busca que las directivas tengan un periodo de hasta seis años.

Nuevas juntas de conciliación

Uno de los pendientes de la reforma laboral de 2017 es la creación de los nuevos centros de justicia laboral. Los diputados de Morena presentaron una iniciativa para instaurar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Ese órgano tendrá la función de conciliar los conflictos entre empleados y empleadores. La iniciativa señala que, además, cada estado del país deberá tener un centro de conciliación local. Una vez que estén en operación, las justas de conciliación y arbitraje desaparecerán.
Actualmente las JCA intentan que la parte patronal y obrera lleguen a un acuerdo. Si no sucede, ellas mismas emiten una sentencia sobre el asunto. Los nuevos organismos solo se encargarán de concertar a ambas partes. Si no se logra, la resolución del conflicto la dictará el Poder Judicial.

Derechos laborales de las trabajadoras del hogar

Los derechos de las trabajadoras del hogar son otras de las iniciativas más numerosas. Hasta ahora van cinco. Las propuestas van desde eliminar la palabra "domésticas" en la Ley Federal del Trabajo, hasta reconocerles derechos como el de la vivienda.
Antes de pedir licencia como diputada federal para dirigir la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara envió una iniciativa para pedir la reforma a varios artículos de la LFT y cambiar el concepto de “trabajadores domésticos” por “trabajadores del hogar”.
Esta ha sido una de las demandas de las empleadas de ese sector, pues argumentan que definir su trabajo como doméstico las confina a lo privado, donde difícilmente el Estado puede hacer regulaciones.
En tanto, la diputada Marcela Torres Peimbert, del PAN, también con reformas a la LFT, pide que tengan las prestaciones que marca la ley para otros trabajadores; como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, seguridad social y aguinaldo.
Propone dividirlas en tres grupos: las empleadas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio, o “de planta”; las que trabajan para un patrón y no viven en el domicilio, o “de entrada por salida”, y aquellas que trabajan para diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguno de ellos.
Finalmente, la diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI, quiere modificar el artículo 146 de la LFT y establecer la obligatoriedad de los patrones a pagar las aportaciones al Instituto del Seguro Social. Igual que la Torres Peimbert, quiere que su una jornada laboral sea de hasta 8 horas, pues actualmente no hay un límite.

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Detienen a ex dirigente sindical de Honda

Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 18 de enero de 2019, p. 27
Guadalajara, Jal., José Luis Solorio Alcalá, quien fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (Stuhm), organización independiente, fue detenido por autoridades federales y remitido al reclusorio de Puente Grande, acusado de falsedad de declaraciones cuando fue despedido, en 2011, de la planta automotriz de El Salto, Jalisco.
Sus familiares denunciaron que dos sujetos vestidos de civil, al parecer agentes federales, lo detuvieron en su casa de Santa Fe, Tlajomulco, la tarde del miércoles. En el juzgado noveno, en Puente Grande, se le sigiue la investigación 90/2015 VIII con el expediente administrativo 251557.
Este jueves se realizó una audiencia, en la cual el juez fijó una fianza de 11 mil pesos, cantidad que aportó la cooperativa llantera Tradoc para que el líder sindical siga el juicio en libertad, aunque al cierre de esta edición continuaba en el penal.
La Cooperativa Tradoc y el Movimiento de Trabajadores Democrático e Independiente (MTDI), que aglutina a sindicatos no filiales de las grandes centrales obreras, demandó la liberación de Solorio, cuya detención, dijeron, tiene tintes políticos y de amenaza para la libertad gremial.
Solorio fue despedido junto con otros compañeros afiliados al Stuhm por encabezar diversas protestas en 2010 y 2011 en la planta automotriz, luego de que la trasnacional japonesa escatimó el reparto de utilidades.
Tras su despido demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) su reinstalación y en el juicio la empresa presentó documentos y nóminas cuyas firmas negó Solorio, obligando a que la junta ordenara un peritaje que al parecer surtió efecto para que el juez ordenara su captura.
Esta detención muestra la persecución de la empresa Honda de México contra los compañeros por organizar y luchar por un sindicato independiente, acusó Aldo Santana, del MTDI.
En 2013 y 2015 Solorio encabezó los intentos del Stuhm para que mediante elecciones el organismo fuera reconocido por la JFCA, pero con artimañas como represión y alteración del padrón de empleados, la Confederación de Trabajadores de México conservó la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

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Conservar prestaciones y no despedir personal, piden sindicatos del INBA a las autoridades

La coalición de sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, integrada por cinco sindicatos, piden a la institución y la no hacer despidos masivos y conservar las prestaciones de los trabajadores.

Trabajadores sindicalizados de Bellas Artes - Foto: Adriana Hernández   EE

Trabajadores de la coalición de sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) piden a las nuevas autoridades del instituto conservar sus prestaciones y no hacer  despidos masivos como ocurrió en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hasta el momento, a los sindicalizados sólo les adeudan un beneficio de 2018 - 2,600 pesos anuales para compra de lentes -, el resto de las prestaciones no se les ha quitado; sin embargo, las autoridades han comentado que podrían estar en riesgo porque no están registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice Alejandro Vázquez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Sntinbal) en entrevista con Factor Capital Humano.
“Si buscamos un clima de paz y reconciliación entre los trabajadores y el instituto, como lo dijo la directora general (Lucina Jiménez), un punto básico para llegar a ello es el cumplimiento de todos los acuerdos que tenemos y que históricamente se nos han otorgado, firmados o no ante la Secretaría de Hacienda, se han venido ejerciendo”, sugiere Vázquez.
Las prestaciones como bonos de puntualidad y asistencia o prima por antigüedad son las que están en riesgo, según los agremiados.
Si estos acuerdos laborales se acaban, los trabajadores sindicalizados - de base - estarían viendo una reducción de hasta 40 por ciento de sus ingresos mensuales, advierte Francisco Albarrán, secretario general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Sinitinbal)
Las cinco organizaciones que integran la coalición de sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura agrupan alrededor de 7,500 trabajadores administrativos y docentes, que perciben sueldos mensuales de 7,000 a 22,000 pesos.
Ambos líderes sindicales rechazan que la mayoría del presupuesto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se use para pagar las prestaciones de los trabajadores.
En el Inbal contratan servicios de mensajería que podría hacer personal de base. También invierten en renta de equipos de cómputo  y vehículos para funcionarios. “No estamos en desacuerdo con la política de austeridad, siempre y cuando se respeten los beneficios que se han obtenido para los trabajadores”, aclara vázquez
“La institución se conforma de una estructura de mandos medios de confianza, de honorarios, de Capítulo 3000 y Capítulo 1000, no todos somos de base”, apunta Albarrán.
En algunos centros de trabajo los nuevos jefes que vienen de la iniciativa privada quieren que los empleados trabajen horas extras sin pagarlas, acusa el secretario general del Sntinbal.

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Empleados de Constellation defienden a la cervecera

Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 18 de enero de 2019, p. 27
Mexicali, BC., Unos 2 mil trabajadores de servicios y de la construcción se manifestaron en favor del empleo y la seguridad de sus familias y por la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en el Valle de Mexicali, la cual ha sido cuestionada por activistas que promueven un plebiscito ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) para suspender las obras.
Más de un centenar de empleados se concentraron frente al Ieebc para pedir a los consejeros electorales que tomen en cuenta que la multinacional ofrece mil 800 empleos con remuneraciones por encima de lo que dan otras compañías de la región. La primera semana de febrero el Ieebc determinará si procede la consulta.
Es mi empleo y con él mantengo a mis cuatro hijos. En el Valle de Mexicali no hay trabajo. Cuando llegaron fui a tocar la puerta y me dieron empleo. ¿Usted qué haría? ¿Empleo o boicot?, cuestionó Adriana Ontiveros quien es trabajadora de limpieza en la planta, que lleva 35 por ciento de edificación.
Los promotores del plebiscito argumentaron que causará problemas de distribución de agua y perjudicará la actividad agrícola en la región, pues dichas instalaciones estiman producir 500 mil metros cúbicos de cerveza al año.
José Eugenio Lagarde Amaya, dirigente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dijo que Mexicali tiene mil 480 millones de metros cúbicos de agua al año y Constellation Brands requiere sólo 3 millones. Agregó que cuando opere la planta habrá 500 empleos permanentes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas de Organización Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales en la República Mexicana (Sitapresc) solicitó al Ieebc ser reconocido como tercer interesado en el proceso de aprobación del plebiscito que promueven los activistas.
Los dirigentes del Sitapresc, Máximo y Pedro Reyes Vilchis, dijeron estar en desacuerdo con el plebiscito, ya que afectará las fuentes de trabajo de mujeres y hombres de Mexicali.
Los trabajadores que se manifestaron en el Ieebc se retiraron del inmueble luego de que entregaron un documento ante la oficialía de partes de dicha dependencia al ser confrontados por 14 activistas, quienes increparon también a periodistas.

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¿Qué se sabe hasta ahora de los despidos en el gobierno federal?

El plan de austeridad del presidente López Obrador avanza con más despidos en la administración pública federal. De manera oficial no se ha dado a conocer cuántos servidores públicos han sido separados de sus cargos. Pero a unos días de ser elegido en julio pasado, informó que solo 30% del personal de confianza continuaría laborando en el gobierno.


Trabajadores del SAT de varias partes del país que fueron despedidos por la nueva administración, se manifestaron frente a Palacio Nacional donde le exigen al presidente que cumpla su palabra de campaña de que no habrá despidos. Foto: Cuartoscuro

El pasado miércoles a dos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) les impidieron la entrada al edificio de la dependencia, ubicado al sur de la Ciudad de México. En la recepción los vigilantes, de la Policía Bancaria Industrial (PBI), les negaron el acceso. Un día antes, a ambos funcionarios les había pedido su renuncia y ellos se negaron.
“Me pueden acusar de abandono de trabajo, no me han bloqueado el correo electrónico (institucional) y puedo ver los mensajes que me han enviado los contralores”. En los hechos, dice uno de los funcionarios, quien ha pedido que no se mencione su nombre por temor a represalias, no ha sido bloqueado del sistema que utilizan para trabajar.
Como estos casos, de a poco, la prensa mexicana los ha ido documentando. Algunos empleados o exempleados deciden hacer públicas sus denuncias por despidos, como los del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero la gran mayoría son testimonios cuya identidad está reservada.

70% del personal de confianza se irá

A mediados de julio de 2018, días después de ganar las elecciones presidenciales más grandes de la historia del país y con el mayor número de votos que haya obtenido un candidato (30 millones), Andrés Manuel López Obrador anunció su plan austeridad y contra la corrupción.
En el punto 21, de un total de 50 lineamientos, informó que reduciría “toda la estructura de trabajadores empleados de confianza en un 70% del personal y del gasto de operación”.
Sin embargo, la reducción de la plantilla laboral también ha afectado a los empleados que fueron contratados mediante el Servicio Profesional de Carrera (SPC). Este mecanismo, fue creado para garantizar que quienes ingresaran a laborar al gobierno federal tuvieran la mejor preparación, y obtuvieran y conservaran su puesto con base en sus méritos profesionales.
El recorte de personal está ocurriendo en todas las dependencias, entidades y órganos que pertenecen a la administración pública centralizada y paraestatal, dice Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma Abogados.

Algunas cifras de despidos

El bufet del que Martínez es asociado representa a más de 6,500 trabajadores del gobierno federal que están teniendo conflictos laborales por este plan de ahorro. De ellos, 2,400 ya fueron despedidos. El resto, unos 4,100 empleados, se han acercado al despacho porque su trabajo está en riesgo.
La Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (Ssa), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son algunos de los lugares donde ya ha sido despedidos, según el abogado.
En octubre de 2018 más de 2,000 empleados del Senado de la República, es decir, a 64% de la plantilla, fueron liquidados. El 14 de diciembre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) despidió a 90 trabajadores, como parte de las medidas de austeridad.
El 20 de diciembre el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la reducción de personal sin precisar el número. Hasta ahora 10 trabajadores dejaron de prestar servicio para ese organismo.
Los casos más visibles, por sus denuncias en redes sociales y mítines, han sido los del SAT. Por lo menos unas 1,000 personas han sido desvinculadas, la gran mayoría denuncia que han sido presionados para firmar una renuncia voluntaria. Muchos de ellos eran empleados operativos, con sueldos de 11,000 pesos al mes.
Ya en enero de este 2019, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, adelantó que 3,000 trabajadores serán liquidados. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) por lo menos 40 trabajadores fueron separados de su puesto.
Este año también fueron despedidos más de 3,000 empleados de la Cámara de Diputados y el 30% de la plantilla de la Secretaría de Educación Pública.

Miles de clientes para los despachos de abogados

“Se están tirando a la basura millones de pesos en capacitación y profesionalización de servidores públicos de los tres últimos sexenios”, desde que se creó el Servicio Profesional de Carrera, reprocha Martínez. Capital humano formado durante mucho tiempo, está saliendo y continuará haciéndolo, pronostica.
El año pasado, al escuchar los planes de ahorro de López Obrador, previeron que muchos empleados del gobierno podrían requerir un abogado. A nombre del despacho él y sus socios enviaron miles de correos electrónicos a los servidores públicos federales para ofrecer sus servicios. “Como nosotros, otras firmas llevan miles de casos”.
Los litigantes creyeron que la medida solo alcanzaría a una buena parte de los 250,000 empleados de confianza en el país. “Los del Servicio Profesional de Carrera, que se sometieron a exámenes de oposición, que tienen niveles de estudio más alto, no tendrán bronca”, pensaron.
Los cerca de 37,000 trabajadores del SPC no pueden ser desvinculados de su puesto. A menos que ellos renuncien de manera libre y voluntaria, explica el abogado. Por eso les están pidiendo que ellos mismos decidan firmar su separación laboral, “un acto que es unilateral, ni el patrón tiene derecho a solicitarla, ni el empleado tiene obligación de pedirla”.
Quienes se niegan a renunciar están siendo despedidos de manera injustificada, asegura Rodolfo Martínez. El gobierno federal “está aplicando una estrategia agresiva para separarlos de su cargo, sin importar la preparación, trayectoria o los derechos adquiridos”.

“No firmen renuncias”

Los amparos o demandas laborales que los socios de Trusan & Roma Abogados han interpuesto son para evitar despidos o para reclamar por ellos, unos son individuales y otros son colectivos. Entre sus casos también hay trabajadores sindicalizados o de base.
Rodolfo Martínez, asociado de la firma, dice que existen “sólidos argumentos jurídicos y precedentes jurisdiccionales que dan la certeza de que estos servidores tienen todas las posibilidades de ganar”.
Sin embargo, cree que el mensaje que lanzan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al aceptar reducirse el salario, es de una “laxa actitud del Poder Judicial para defender sus derechos”. El recorte salarial autoimpuesto no se debió a motivos de ahorro, sino a razones políticas, opina.
El abogado se dice preocupado de que los jueces, bajo ese contexto de lo que él le parece como debilidad, fallen a favor del gobierno.
Y ante la inminente continuación de despidos, recomienda no firmar la renuncia. Si lo hacen, “no habrá abogado que pueda hacer algo por ellos”. Si a un empleado le advierten que su plaza va a desaparecer y les proponen continuar en la dependencia, pero con un nivel inferior, “tampoco lo acepten”.

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Aprueban la primera radio comunitaria de Hidalgo

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▲ Locutores voluntarios de Radio Ximai en el municipio Santiago de Anaya, en el Valle del Mezquital, Hidalgo, que ayer se convirtió en la primera estación de uso social comunitario en el estado legalizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.Foto Cortesía del Colectivo Ximai
Corresponsal y Reportera
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2019, p. 31
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) otorgó la primera concesión a una radio comunitaria del estado de Hidalgo: Ximai Radio, con sede en el municipio indígena de Santiago de Anaya, en la región del Valle del Mezquital, emitirá su señal en el 103.5 de frecuencia modulada (FM) con una potencia de 3 mil vatios.
Ximai (atmósfera que envuelve al mundo, en ñañú u otomí) promoverá la igualdad de género, la pluralidad, la convivencia social, la equidad y la participación ciudadana directa con un sentido humano incluyente que fortalezca a la cultura, la educación, la salud, la economía y el medio ambiente.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Juan Carlos Piña Aguilar, presidente de la radioemisora, e Irina Vázquez Zurita, presidenta ejecutiva de Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) en México, llamaron al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a tener claridad sobre lo que estipula el artículo 89 de la Ley Federal de Comunicaciones, fracción 7, respecto a la publicidad oficial.
Señalaron que uno por ciento de publicidad oficial que se da a las radios comunitarias e indígenas es discriminatoria, ya que ello no garantiza sustentabilidad de éstas, por lo que exigimos al gobierno de la República que se apoye con más recursos económicos.
Reprocharon que muchas instancias del gobierno omiten contratar publicidad en estos medios y no hay sanciones por ello. Recordaron que las radios comunitarias e indígenas no pueden contratar publicidad comercial, sólo del gobierno. Refirieron que el año pasado 51 dependencias contrataron 56 campañas en radios comunitarias e indígenas.
Ximai Radio, afiliada a la Amarc México, obtuvo una concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social comunitario.
El proyecto surgió por la necesidad de comunicar lo que acontece en el Valle del Mezquital y dar voz a quienes no tienen acceso a medios de comunicación tradicionales. Hasta abril de 2018 había en el país 57 radioemisoras comunitarias y ocho indígenas.
"El 25 de octubre de 2017 dejamos de transmitir en FM a raíz de que se iniciaron los trámites para obtener la concesión, los cuales duraron 13 meses. Continuamos las transmisiones en Internet y de vez en cuando en FM”, comentó Fidel García Cuevas, uno de los integrantes del proyecto.
Ahora que ya se tiene la concesión, vamos a reanudar transmisiones en cuanto hayamos cumplido diversas especificaciones técnicas que nos marca el Ifetel, explicó. Mencionó que la estación está ubicada en una pequeña vivienda de la localidad indígena de González Ortega, a unos tres kilómetros de la cabecera municipal de Santiago de Anaya.

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