martes, 15 de enero de 2019

Aviso a nuestros compañeros Jubilados.


Denuncia desde la OPT Mexicali.

Desde el Sindicato Mexicano de Electricistas nos unimos a la denuncia hecha por la OPT-Jalisco demandando el castigo a los responsables de la agresión a nuestros compañeros de Mexicali.
¡¡¡DENUNCIA!!!
“ Hace unas horas el local de nuestros compañeros y compañeras de la OPT Mexicali B.C. fue asaltado. Les robaron su equipo de cómputo e información de la organización, cuando en el lugar hay otros objetos de mayor valor económico. Esta situación ocurre a poco de arrancar con la campaña de recolección de firmas para lograr las candidaturas independientes a las elecciones locales, por los distritos 3, 4 y 5.
Desde la OPT Jalisco denunciamos estos actos intimidatorios que parecieran tener la intención de impedir la organización independiente en defensa de nuestros derechos y conquistas sociales. Es por eso que exigimos a las autoridades correspondientes que se investiguen y aclaren estos hechos, así como que se garantice la seguridad e integridad de las y los compañeros, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad.
En ese sentido, llamamos a estar atentos y a acompañarles en esta etapa de lucha que, sabemos por la experiencia de la candidatura independiente del CNI-CIG, enfrenta múltiples trabas y constantes hostigamientos, mismos que no podemos permitir.
¡No están solos, no están solas!
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Enero 14 de 2019.

Pérdida mayor a $27 mil millones en CFE por robo de energía

Foto
▲ Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad retira diablitos en la colonia La Magueyera, Iztapalapa.Foto Yazmín Ortega Cortés
 
Periódico La Jornada
Martes 15 de enero de 2019, p. 18
Al margen de las pérdidas en Petróleos Mexicanos por el robo de combustibles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró daños entre 2013 y 2017, sólo por hurto de energía, de acuerdo con los datos disponibles más recientes, por un monto promedio de 27 mil 308 millones de pesos anuales, cantidad superior el costo estimado –22 mil 320 millones de pesos anuales– del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que apoyará a 2 millones 600 mil personas, revelan informes oficiales.
De esta manera, las pérdidas exclusivamente por robo de energía a la CFE, empresa productiva del Estado, en los primeros cinco años de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, denominadas no técnicas, alcanzaron un acumulado de 138 mil 543 millones de pesos.
Los daños no técnicos son la energía que pierde un sistema eléctrico por robo de ésta, usos ilícitos y errores de medición y facturación, entre otros.
En 2013, primer año de gestión del pasado gobierno, las pérdidas no técnicas alcanzaron 21 mil 456.3 millones de pesos, equivalente a 14.5 por ciento de la energía generada y entregada al sistema eléctrico nacional.
Para 2014 las pérdidas por robo ascendieron a 33 mil 318 millones de pesos, equivalente a 13.8 por ciento del total del suministro eléctrico, mientras en 2015 se situaron en 27 mil 500 millones, es decir, 13.1 por ciento de la energía generada.
Informes contenidos en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, correspondientes a cada año, revelan que en 2016 las pérdidas no técnicas tuvieron un valor económico de 25 mil 944 millones de pesos, lo que representó 12.3 por ciento de la generación total.
En 2017, según los informes oficiales disponibles más recientes, el hurto de energía ascendió a 30 mil 325 millones de pesos, lo que significó 11.6 por ciento de la energía generada y entregada al sistema eléctrico nacional.
Es importante señalar que la electricidad es la segunda fuente de energía de mayor consumo en México, después de los petrolíferos, que concentran 58.4 por ciento, con una participación de 17.6 por ciento del consumo energético nacional. Representa 22.6 por ciento del consumo de energía final del sector agropecuario, 33.4 del consumo de energía de la industria y 34.4 del consumo final de los sectores residencial, comercial y público.
Según dichos informes, las principales actividades para abatir y controlar las pérdidas no técnicas requieren implementar nuevas tecnologías de medición, como medidores AMI (advanced metering infraestructure) y escalar medidores electrónicos de autogestión con algunas funciones de AMI.
Adicionalmente se necesita reforzar los programas de verificación de los medidores en suministros de media tensión y sustituir los electromecánicos por electrónicos.
También se deben detectar anomalías en el proceso de medición y facturación de los servicios de media tensión en el mes de facturación y ejecutar programas especiales de revisión y detección de anomalías en facturación y cobranza, encaminados a la recuperación del costo de energía perdida mediante ajustes a la facturación.
Otras recomendaciones son: detectar y atender anomalías mediante selección estadística (automatizada) de servicios a verificar y reordenar el proceso de comercialización de la energía eléctrica, incluyendo los sistemas informáticos de gestión, procesos operativos y la verificación y control de servicios.
También es necesario regularizar los servicios de energía eléctrica en áreas de conflicto social con la intervención de autoridades competentes y acercamiento a la comunidad con el apoyo del área de vinculación social.

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El gobierno de AMLO está a tiempo de cambiar de rumbo EL MODELO NEOLIBERAL SIGUE APLICÁNDOSE

*Urge reactivar al aparato productivo mexicano rural y urgano para generar empleo.
*Necesario dejar de controlar el salario contractual y de restringir al mercado nacional.
*Más que pedir paciencia al pueblo trabajador se debe cambiar el modelo económico.
Participación del Doctor en Economía, David Lozano,
Catedrático e Investigador de la Facultad de Economía y
Coordinador Colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM,
Programa del 12 de enero de 2019

La política económica del actual gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo la misma que dictó el modelo neoliberal en los últimos 35 años para México y, de no cambiar en los próximos meses, el crecimiento económico no será mayor a 1.2 por ciento, generará mayor desempleo, inflación y contracción del aparato productivo nacional, advirtió el doctor David Lozano, investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Precisó que para los trabajadores eso significa aumento en los índices de desempleo, más carestía, control de los incrementos salariales de los trabajadores con contrato colectivo y sindicalizados y caída del poder adquisitivo, por lo cual más que pedir paciencia al pueblo trabajador el gobierno actual está a tiempo de cambiar de rumbo económico.
A continuación transcribimos la entrevista que otorgó el doctor Lozano en el programa Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, el 12 de enero de 2019.
El crecimientó económico será de 1.2 por ciento como máximo.
P. ¿Qué panorama vislumbra el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, especialmente luego de que en el paquete presupuestal de 2019 se señala que el Producto Interno Bruto del país solamente va a crecer entre 1.5 y 2.5?
El gobierno federal está planteando un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, pero los cálculos que hay del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional es que el crecimiento máximo del país será de entre 0.9 por ciento y el 1.2 por ciento. Eso porque esperan que la tasa máxima de crecimiento que alcancen algunos de los países del subcontinente sea de 1.5 por ciento.
Esto significa que la expectativa de crecimiento sería de 1.5 por ciento y máximo 2 por ciento del PIB, lo cual será difícil por varias situaciones.
La inflación podría crecer entre 7 y 9 por ciento.
Más allá de lo que está ahorita sucediendo con la escasez de combustible en varios estados del país, se prevé que la inflación se va a disparar. Lo que nosotros vislumbramos es que la inflación llegará a ubicarse entre 7 y 9 por ciento. A esto se suma la parálisis productiva que hay en algunos sectores del país como el sector agropecuario y que no se ha podido reactivar. Eso afecta a los bolsillos de los trabajadores mexicanos.
Más allá de que se haya incrementado el salario mínimo en 16 por ciento y que los salarios contractuales no se hayan aumentado, lo que significaría es que varios incrementos de precios que se estén registrando sea superior a la inflación que se espera y que muchos productos pueden tener incrementos de entre 8 y hasta 20 por ciento. Lo cual significa que los trabajadores reportarían una merma en su ingreso.
El desempleo aumentará a 19%
El desempleo es de 17% y subirá a 19% por los recortes presupuestales y la inactividad económica.
La tasa de desempleo ahorita es de 17 por ciento, pero con las medidas restrictivas que ha tenido el gobierno mexicano por ajustes del presupuesto, restricciones de contratación y de compras, por lo menos lo que se espera es que el desempleo suba al 19 por ciento, lo que estaría más o menos en las mismas condiciones de la tasa de desempleo internacional, lo que quiere decir que de cada 10 trabajadores ingresarían al desempleo 2.
El cálculo del gobierno federal de despidos es de que el recorte de personal será cerca de medio millón de trabajadores de su nómina.
2.- El gobierno federal pide paciencia ¿es posible tener paciencia o viene un panorama peor al que esperábamos por decisiones a ultranza?
R.- Económicamente hablando el panorama es difícil a nivel mundial. Los informes del Banco Mundial señalan que en marzo de 2019 entraremos a un proceso de crisis financiera. Es un año difícil y el gobierno federal reconoce que va a ser un panorama adverso, eso va a complicarlo todo para el gobierno actual y no tendrán los va tener los resultados que esperaban a algunos.
No va a ser tan fácil pedir paciencia, porque el rezago históricamente en el empleo es muy fuerte y el otro aspecto es la falta de resultados de los programas sociales. Llevamos muchos años con adversidad. Y si hablamos de tener paciencia se puede pedir solamente de 4 o 5 meses del año para que la gente empiece a ver resultados, no más.
Ahora he escuchado que están pidiendo paciencia de 4 años y si no mal recuerdo eso mismo decía Felipe Calderón que pedía paciencia de por lo menos 20 años, pero entre paciencia y paciencia no avanzamos.
La política economica sigue siendo neoliberal. Urge cambio de rumbo.
Pedir paciencia no es argumento económicamente hablando. O aplicas la política económica que corresponde o no y mucha de la política económica que se está planteando por el gobierno actual no tiene gran diferencia con la del gobierno anterior.
O sea, el neoliberalismo no se acaba por decreto. Eso no es posible porque implica una serie de actividades económicas. Esas actividades económicas se siguen manejando de la misma manera y en los mismos rubros.
Ahorita hay condiciones para cambiarlas, pero tendrían que haberse hechos cambios ya para los primeros tres meses.
P.- Entonces ¿qué políticas se tendrían que aplicar para cambiar de rumbo económico, que hemos pedido los trabajadores desde hace más de 20 años?
R. Uno: Cambiar políticas de control de los salarios contractuales. Si eso no cambia difícilmente se va a reactivar el mercado interno.
Dos: Tendrán que cambiar la política de generación de empleo en sectores productivos, si no reactivas rápidamente la planta productivo del país difícilmente tendremos empleos y no se podrá cambiar nada y hasta ahorita no han anunciado nada en ese sentido para el crecimiento de la economía.
Tres: respecto a la inflación que tiene que ver mucho con problemas de importaciones y no ha habido un planteamiento claro eso no se ha visto.
Cuatro: crecimiento de la economía si la actual política económica no toma medidas en ese sentido no vamos a crecer más de 4 por ciento y no va a haber crecimiento de la economía.
Mientras tengamos ese panorama adverso, no vamos a tener el crecimiento y, más que pedir paciencia, debemos pedir cambio de rumbo económico. 

Aún no hay diálogo con zapatistas por Tren Maya

 
Periódico La Jornada
Martes 15 de enero de 2019, p. 15
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, señaló que ya entablaron diálogo con algunas comunidades, principalmente de Calakmul, por donde pasará el Tren Maya, excepto con los zapatistas. Esta misma labor se llevará a cabo con habitantes de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Adelantó que este año lanzarán hasta cuatro paquetes de licitaciones para rehabilitar algunas vías ya existentes de Palenque, Mérida y Valladolid, por mencionar algunas.
Ahorita el diálogo directo con los zapatistas no se tiene. Tenemos que garantizar que se llegue a todas las comunidades. Habrá y se revelará cuáles son realmente las zapatistas, porque no están identificadas puntualmente, y llevarles esa información. Tener un foro de discusión sana para entenderlos, buscar el diálogo y seguir procesando los apoyos que necesitamos generar en todas las comunidades; sean zapatistas o no, estamos obligados a llegar a todas con los programas de apoyo, afirmó.
Estamos en la búsqueda de una interlocución correcta con ellos. Creo que lo primero que tenemos que dar es información. Ya me he sentado con comuneros en la zona de Calakmul, sabemos que es una zona donde tienen presencia los grupos zapatistas. Independientemente de la posición política a la cual tienen todo el derecho de manifestar, lo más importante del proyecto del Tren Maya es buscar que las poblaciones colindantes con la reserva de la biosfera suban su nivel de vida, reiteró
Dijo que durante este año se realizarán las consultas y estudios de impacto ambiental, y agregó que de los mil 500 kilómetros que recorrerá el Tren Maya, la mitad del trayecto no tiene vía, por lo cual ya salió la licitación en diciembre.
En el resto de la región existe vía desde hace 70 años, pero se está rehabilitando y se lanzarán concursos. Espero que en abril ya tengamos las licitaciones para la rehabilitación de la parte occidental, donde ya hay vía; son inversiones bastantes fuertes, paquetes de alrededor de mil millones de dólares cada uno.

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Estrategia antihuachicol, clave para impulsar ingresos anuales de Pemex en 3 mil mdd: Moody’s


 
Plan federal antihuachicoleo con militares en instalaciones de Pemex en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Moody’s Investors Service respaldó la estrategia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el robo de combustibles en el país.
De acuerdo con Nymia Almeida, vicepresidenta senior de la firma, “el combate al robo de combustible en México es positivo para Pemex, ya que éste pudiera ser el punto de partida para una solución de más largo plazo que aumente los ingresos anuales de la petrolera en alrededor de tres mil millones de dólares y mejore su gobierno corporativo”.

A su vez, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s, manifestó que el impacto del desabasto de combustible en la economía de México y las cuentas fiscales “será limitado, a menos que esta situación se convierta en un problema prolongado que afecte de manera notoria la actividad económica”.
Añadió: “Por el momento consideramos que las implicaciones crediticias para la calificación soberana de México no son significativas”.
Pero organismos empresariales aseguran que el desabasto de gasolinas ya dejó mermas en la actividad comercial del país. Por ejemplo, la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que la escasez de gasolina ha provocado pérdidas económicas por mil 250 millones de pesos en Michoacán, Querétaro y Guanajuato.
Y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios Y Turismo señaló que el efecto del desabasto de combustibles registrado en numerosos estados del país, combinado con el incremento de los salarios, el alza de las tarifas eléctricas y el aumento del costo financiero, provocará la peor cuesta de enero de muchos años para los sectores comercio, servicios y turismo, y una caída de hasta 10% en las ventas de las micro y pequeñas empresas del sector terciario.
En tanto, el sector industrial solicitó a la Dirección General de Petróleos Mexicanos que revise su estrategia y logística para resolver a la brevedad el déficit en el suministro, ya que está generando serios problemas a la economía y a la vida cotidiana en diversas entidades del país.

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Protestan maestros en Michoacán y Guerrero

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▲ Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron ayer frente al palacio de gobierno de Michoacán, en Morelia, un plantón indefinido para exigir el pago de diversas prestaciones. Advirtieron que no se irán hasta que las autoridades cumplan.Foto Ignacio Juárez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 15 de enero de 2019, p. 26
Maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron ayer por la mañana presidencias municipales y oficinas estatales de rentas en buena parte del territorio de Michoacán. Asimismo, iniciaron un paro indefinido de labores e instalaron un plantón frente al palacio de gobierno en Morelia, sobre la plaza Melchor Ocampo de la capital del estado.
Con estas movilizaciones, la CNTE exigió a la administración estatal casi 7 mil millones de pesos que, aseguró, se deben a mentores en prestaciones no cumplidas, entre ellas bonos, prima vacacional de 2018 y reintegro del impuesto sobre la renta de los dos años anteriores. El gobernador perredista Silvano Aureoles sostuvo que el adeudo es menor a 600 millones de pesos.
En tanto, un centenar de profesores bloquearon las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan. Con piedras y vigas, obstaculizaron el paso del tren de la empresa estadunidense Kansas City Southern que sale del puerto de Lázaro Cárdenas. Mientras, estudiantes de Tiripetío bloquearon vías férreas para exigir que se otorguen plazas automáticas a los egresados de las ocho escuelas normales de Michoacán.
Aureoles advirtió que a los docentes que participen en el paro que se inició este lunes se les aplicarán descuentos. Agregó que sigue el proceso para devolver a la Federación la nómina de miles de mentores, pues Michoacán no cuenta con recursos para mantener la descentralización educativa que comenzó hace más de 20 años. Indicó que, no obstante, se han tomado medidas para pagar a los maestros la primera quincena de enero.
Mientras, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero provenientes de las regiones Montaña baja, centro y norte de la entidad bloquearon ayer desde antes del mediodía y hasta las dos de la tarde la Autopista del Sol México-Acapulco para exigir a la Secretaría de Educación guerrerense que se asignen a esas zonas 20 docentes y tres claves para escuelas, para que tengan reconocimiento oficial y recursos.
En el municipio de Atlixtac, en la Montaña alta, decenas de habitantes bloquearon la carretera federal para demandar al gobierno del estado que se pavimenten ocho kilómetros de caminos y que se asignen profesores.

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Más de 30 mil maestros se van a huelga en Los Ángeles, California

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▲ Marcha de docentes ayer, en un día lluvioso en el centro de Los Ángeles.Foto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 15 de enero de 2019, p. 22
Nueva York. Más de 30 mil maestros estallaron una huelga en Los Ángeles paralizando el segundo sistema escolar más grande de Estados Unidos con una serie de exigencias para restaurar recursos escolares, reducir el tamaño de los grupos, cuestionar los exámenes estandarizados y rescatar a la educación pública del proceso de privatización impulsado por las reformas educativas financiadas por multimillonarios.
Los maestros iniciaron marchas y plantones frente a cientos de escuelas con algunos de los más de 600 mil alumnos (72 por ciento de ellos latinos, aunque se hablan más de 90 idiomas en el sistema) y algunos padres que fueron a apoyarlos en un día de lluvia. Estamos en una batalla por el alma de la educación pública, declaró Alex Caputo Pearl, presidente del sindicato United Teachers of Los Ángeles (UTLA).
Esta huelga –la primera del UTLA en 30 años– se suma a una ola de acciones sin precedente en por lo menos seis estados de cientos de miles de maestros que estallaron a lo largo del año pasado en una rebelión contra las políticas de austeridad y privatización; en 29 estados hay menos financiamiento para educación que hace 10 años.
Aún más notable, muchas de estas acciones estatales se realizaron en estados conservadores con gobiernos republicanos –como Virginia Occidental, donde comenzó, Oklahoma, Arizona, Kentucky y Carolina del Norte– que sacudieron a sus cúpulas políticas, consiguieron conquistas sorprendentes y transformaron el panorama político regional. A diferencia de éstos, la huelga en Los Ángeles es en una ciudad y un estado bajo control demócrata liberal.
Esta huelga demuestra que la resistencia es contra el consenso bipartidista que impulsó lo que llamaron reformas educativas a lo largo del país, que incluyeron la promoción de un modelo de privatización de la educación pública mediante las llamadas escuelas chárter, e imponiendo medidas de evaluación de escuelas, maestros y alumnos por medio de exámenes estandarizados.
El UTLA exige que los gobiernos municipal y estatal (en Estados Unidos los sistemas de educación pública son administrados a nivel municipal y estatal, no federal) inviertan fondos para contratar a más personal de apoyo, reducir el tamaño de los grupos y disminuir los exámenes estandarizados. El sindicato señala que el deterioro de las escuelas públicas ha nutrido un éxodo a las escuelas chárter desviando así aún más fondos estatales. Denuncia que un grupo promedio tiene más de 32 estudiantes en las secundarias y preparatorias, con algunos casos donde superan 40 y literalmente no hay dónde sentarse más que en el piso.
Después de 20 meses de negociaciones –el contrato colectivo anterior caducó en junio de 2017– el sindicato rechazó la última oferta del comisionado de educación de la ciudad, el banquero inversionista Austin Beutner, quien argumenta que el distrito no puede aceptar las demandas de los maestros porque eso llevaría a la bancarrota.
Los mega-ricos son parte de la disputa en Los Ángeles. Las escuelas chárter –concepto promovido por todo el país financiado por multimillonarios como solución a los problemas supuestamente endémicos del sistema de educación pública– son escuelas públicas pero administradas de manera privada por diversos grupos, y en su mayoría su personal no está sindicalizado. Sus campeones en Los Ángeles incluyen al multimillonario filántropo Eli Broad y Reed Hastings, jefe ejecutivo de Netflix, junto con otros titanes que han impulsado estas escuelas a escala nacional como parte de una reforma, incluido al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Bill Gates, la familia Walton (los herederos de Walmart) y un diverso grupo de especuladores financieros. Aproximadamente uno de cada cinco estudiantes en Los Ángeles está en una escuela chárter.
Mientras el gobernador (cuya campaña fue respaldada por el sindicato magisterial) llamó a las partes a regresar a la mesa de negociación, los profesores fueron acompañados por representantes de los sindicatos nacionales de docentes. Randi Weingarten, de la Federacion Americana de Maestros, declaró: los ojos de la nación están observando esto y los educadores y enfermeros del país están respaldando a los educadores en Los Ángeles.

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Estados Unidos: errante e inhumana política de inmigración




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Washington, Estados Unidos. Constantes muestras de rechazo a polémicas decisiones en temas migratorios de la administración del presidente Donald Trump marcaron el 2018 en Estados Unidos, que se mantiene como destino de muchas personas pese al mandatario.


Desde su cuenta personal de la red social Twitter y otros espacios, el gobernante norteamericano lanzó disímiles ataques verbales contra los inmigrantes sin documentos y criticó a quienes se oponen a su severa política de seguridad fronteriza.
Sin embargo, hubo medidas oficiales que fueron frenadas por la justicia, y los afectados previamente encontraron alguna esperanza en medio de la incertidumbre y la desesperación.
Por ejemplo, el gobierno estadunidense solicitó a la Corte Suprema el 11 de diciembre imponer el decreto ejecutivo contra la posibilidad de obtener asilo para quienes entren ilegalmente a Estados Unidos, el cual fue bloqueado en tribunales inferiores.
Una decena de días después de tal pedido, la máxima instancia judicial rechazó la demanda gracias a cinco votos a favor y cuatro en contra, incluidos en el último grupo los dos jueces conservadores nombrados por Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh).
Según el Departamento de Justicia, la disposición de Trump del 9 de noviembre, debía aplicarse de inmediato para disuadir a miles de centroamericanos que se encuentran en la frontera con México en busca de dicho permiso.
Con una votación dividida de 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, asentada en San Francisco, California, se rehusó a permitir la iniciativa del gobernante republicano.
La prohibición del mandatario resulta discordante con las leyes federales existentes y un intento por eludir al Congreso, determinó el panel.
Antes, el 19 de noviembre, el magistrado federal John Tigar, también de San Francisco, detuvo de manera temporal la disposición de Trump, quien justificó la orden con su propósito de evitar la entrada de miembros de caravanas de migrantes centroamericanos.
Mediante la disposición del presidente, solo quienes ingresen a territorio estadunidense por pasos fronterizos oficiales podrían solicitar asilo.
Tigar se pronunció tras una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, e indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, sea o no a través de un puerto de ingreso, puede pedir el permiso.
De la misma manera, el juez federal Emmet Sullivan bloqueó el 19 de diciembre una disposición de la administración destinada a rechazar a solicitantes de asilo que alegan haber sufrido violencia doméstica o de pandillas.
El magistrado, de Washington, DC, consideró como una violación de la ley federal de inmigración las medidas que impiden reconocerles a las presuntas víctimas un “temor creíble” de regresar a su país de origen, el primer paso en un pedido de dicho tipo.
La decisión de Sullivan prohibió al gobierno deportar rápidamente a los solicitantes de tal protección, y el juez expuso que las políticas al respecto emitidas en junio por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, se opusieron a la intención del Congreso y eran ilegales.
También ordenó a las autoridades federales regresar a Estados Unidos a los demandantes que fueron deportados ilegalmente y proporcionarles nuevas determinaciones de temor creíbles que concuerden con las leyes de inmigración.
Sessions dio a conocer el 11 de junio que pondrían en práctica una nueva interpretación de las reglas de asilo, con el argumento de que los inmigrantes indocumentados abusaban de ese sistema.
Bajo la interpretación de la ley hasta ese momento, los ciudadanos extranjeros podían pedir dicha protección si llegaban a Estados Unidos y alegaban miedo al regreso debido a persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular.
En ese contexto, el Gobierno estadounidense confirmó el 20 de diciembre su decisión de regresar a México a los inmigrantes que crucen sin documentos la frontera entre ambos países, incluidos los solicitantes de asilo.
Según un comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, la administración estadunidense confrontará esta crisis de frente.
Defenderemos la ley y fortaleceremos nuestros compromisos humanitarios, afirmó la funcionaria, quien explicó que Washington informó esta decisión a México, que implementará medidas a favor de las mencionadas personas.

Muerte de niños guatemaltecos

Por otra parte, en diciembre también, indignó a la opinión pública la muerte de dos niños inmigrantes guatemaltecos de 7 y 8 años de edad bajo la custodia de autoridades estadunidenses.
El problema comenzó cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza violó la ley y no notificó al Congreso dentro de las 24 horas estipuladas que la menor Jakelin Caal había fallecido bajo su responsabilidad, subrayó en conferencia de prensa Joaquín Castro, representante demócrata por Texas.
Junto a varios congresistas, Castro visitó el 18 de diciembre el puerto de entrada de Antelope Wells y la estación de la Patrulla Fronteriza de Lordsburg, en Nuevo México.
Por ese punto de acceso ingresó la pequeña guatemalteca a Estados Unidos y quedó en custodia de los agentes previo a su fallecimiento el 8 de diciembre.
De acuerdo con un comunicado de la Patrulla Fronteriza, del cual informó el periódico The Washington Post el 13 de diciembre, la menor llevaba varios días sin comer o tomar agua en el momento de su detención.
Castro mencionó que sostuvo una conversación con Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, quien admitió que la agencia violó la ley federal.
También descubrí en ese diálogo que hubo otros hechos: durante el viaje en autobús para ser procesada, de unos 150 kilómetros, en el cual la menor comenzó a presentar síntomas graves de falla física, no había nadie que pudiera ofrecerle ningún tipo de ayuda médica, explicó.
Posteriormente, dicha oficina informó que otro niño guatemalteco murió el 25 de diciembre en un hospital de Alamogordo, Nuevo México, adonde él y su padre fueron trasladados un día antes pues un agente vio lo que parecían ser signos de enfermedad.
Al principio se pensó que el chico, cuyo nombre no fue mencionado, tenía un resfriado común, lo llevaron a la institución médica y allí el personal descubrió que también poseía fiebre.
Fue retenido durante 90 minutos adicionales para observación y recibió el alta con recetas del antibiótico amoxicilina e ibuprofeno, que a menudo se usa para aliviar el dolor y reducir la fiebre, reportaron medios locales.
Sin embargo, en la noche del 24 de diciembre sintió náuseas y tuvo vómitos, lo que condujo a las autoridades fronterizas a llevarlo de regreso al Centro Médico Regional Gerald Champion, donde pereció.

Niños separados de sus padres

Debido a la rechazada política de “tolerancia cero” hacia inmigrantes sin documentos, 2 mil 667 pequeños fueron separados de sus padres, y varias imágenes sobre esa situación publicadas por medios de prensa desataron innumerables críticas contra Trump.
Un informe difundido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos a fines de noviembre puntualizó que 147 menores se encontraban entonces bajo custodia federal casi 5 meses después de una orden judicial para la reunificación familiar.
La fuente expuso que los padres de 30 niños fueron declarados no elegibles para la unión teniendo en cuenta sus antecedentes penales, aunque algunos, a juicio de organismos civiles, cometieron faltas menores sin afectar su capacidad para cuidar a los descendientes.
Precisó además que los progenitores de los restantes 117 chicos fueron deportados a sus naciones de origen, y 11 no habían sido localizados.
Siete padres pidieron que los hijos regresaran a su lado, y 99 renunciaron a los derechos de reunificación y solicitaron que sus descendientes permanezcan en Estados Unidos para evitar exponerlos a las existentes condiciones de violencia en sus países.
Aplicada desde mayo último pese al rechazo a nivel nacional y foráneo, la política de “tolerancia cero” estableció que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la línea divisoria entre Estados Unidos y México fuera acusado de cargos criminales.
Frente a la presión de diversas voces y con el fin de frenar la división familiar, Trump firmó el 20 de junio una orden ejecutiva, pero quedaron fuera de la disposición quienes habían sufrido la práctica.
Menos de una semana después, el juez federal Dana Sabraw, de San Diego, California, ordenó al gobierno que procediera de inmediato con la reunificación de familias separadas, pero los plazos dados se cumplieron sin lograr el objetivo de manera total.

Muro fronterizo

Reiteradas veces en 2018, Trump insistió en la importancia de edificar la mencionada barrera fronteriza, una de sus promesas de campaña rumbo a la Casa Blanca, la cual siguió acaparando rechazo.
Para los trabajos de esa obra, el presidente solicitó 5 mil millones de dólares, y amenazó con permitir un cierre del gobierno si esa suma no era incluida en las leyes de gastos que debían aprobarse a finales de año.
Sin embargo, el 21 de diciembre, cuando se cumplía el plazo para financiar una parte de la administración, el Senado falló en alcanzar un acuerdo sobre una propuesta de la Cámara de Representantes que autorizó 5.7 mil millones de dólares destinados al muro.
Tal falta de acuerdo provocó la paralización de actividades en la cuarta parte de las entidades federales, entre ellas los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Estado, Interior, Agricultura, Comercio, y Vivienda y Desarrollo Urbano.