jueves, 28 de febrero de 2019

La huelga en la UAM y la desatención a universidades



 

La lucha que viene dando el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) debe llevar a la reflexión a los funcionarios del área educativa y legisladores sobre la reasignación de mayores recursos a las universidades públicas del país por el marcado det gerioro salarial de su personal, sobre todo académico.

Esta primera revisión contractual federal refleja el deterioro en el poder adquisitivo de esta casa de estudios que alberga a más de 53 mil alumnos, pero también la falta de acuerdos y disposición para solucionar un conflicto que ya va para 1 mes, tras el estallamiento de huelga del pasado 1 de febrero.
Otras universidades –como la Autónoma de Chapingo (UACH) y de Baja California– enfrentan situaciones similares y de hecho, en el caso de la UACH, su rector ha señalado que en la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos 2019 se le quitaron 50 millones de pesos al rubro de pago de nómina y prestaciones para los trabajadores.
De acuerdo con esto, los diputados mandaron esos recursos a otras áreas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, lo que al decir de las autoridades ha agudizado un problema que se venía acumulando en el deterioro de salarios, sobre todo porque desde hace varios años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha resarcido el déficit financiero de la UACH.
El asunto se torna grave porque al parecer, y de manera generalizada, las universidades públicas de todo el país sólo están ofreciendo un 3.35 por ciento de incremento salarial, cuando para resarcir la inflación éste debe ser mínimo del 4.84 por ciento para compensar la inflación, tal y como lo ha establecido la política salarial del nuevo gobierno.
Si esto no se soluciona de manera pronta, el conflicto puede generalizarse a otras casas de estudios, razón por la que tanto funcionarios como integrantes del Congreso deben sentarse a analizar la cuestión salarial en las instituciones de educación superior, porque de ello depende el futuro académico de miles de jóvenes en México.
Desde el pasado año se puso de manifiesto que la falta de recursos en 10 universidades públicas estaba colocando en situación de riesgo la educación de más de medio millón de universitarios; de hecho, el pasado 29 de octubre 14 instituciones educativas hicieron un paro de 24 horas para exigir mayores recursos a las autoridades.
Estudios la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que en México únicamente 17 de cada 100 personas logran ingresar a una institución de nivel superior y cursar una carrera. Los estudiantes de menores recursos son los que tienen en las escuelas públicas la oportunidad de prepararse, pues las colegiaturas de las universidades públicas hacen imposible que puedan sufragar sus estudios.
Entre las universidades en déficit se encuentran las de Morelos, Chiapas, Edomex, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. De acuerdo con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, se requiere por lo menos invertir 2 mil 500 millones de pesos para rescatarlas del quebranto en el que se encuentran.
Sus rectores han reiterado que entre las causas de esta crisis que se generaliza en todo el país están el aumento de la matrícula sin incremento presupuestal, el estancamiento de los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales, pagos de pensiones a trabajadores y maestros, adeudos al SAT, deudas bancarias y plantillas de profesores no reconocidas tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Estas diez casas de estudios brindan atención a unos 580 mil alumnos; es decir, el 32 por ciento de la matrícula universitaria de todo el país. La Cámara de Diputados anunció a finales de octubre de 2018 que solicitaría a la SHCP la liberación de 1 mil 137 millones de pesos contenidos en dos fondos financieros de la SEP: el U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación y el U081 apoyos para la atención a problemas estructurales de la SEP, con 437 y 700 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, parece que en la asignación de recursos en el presupuesto de egresos no se contemplaron los brutales rezagos educativos en las universidades; de hecho, buena parte de la matrícula de profesores de la propia UNAM, no son de tiempo completo y los salarios que perciben los académicos son realmente muy bajos.
Es indudable que el tema requiere de una atención prioritaria pues la calidad de la educación en las instituciones públicas de educación superior está en riesgo, afectando sobre todo a los estudiantes de más bajos recursos. La crisis financiera en las universidades públicas tiende además a disminuir la creación de nuevos espacios para que un mayor número de jóvenes tenga la oportunidad de capacitarse.
No hay que olvidar que si bien se incrementaron los salarios mínimos no ha habido correspondencia con los salarios profesionales. Solucionar el pliego de peticiones del SITUAM debe implicar la reasignación de recursos económicos pero también el replanteamiento de los ya asignados para que como en el caso de la Universidad Autónoma de Chapingo, no se castigue a los salarios del cuerpo docente.
El asunto, insistimos, es prioritario porque no atenderlo puede generalizar el problema a un buen número de universidades públicas de todo el país. Ha llegado momento de analizar los brutales déficits económico en que colocaron los tecnócratas neoliberales a la educación pública superior en México, porque el futuro de millones de jóvenes estudiantes depende de ello.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Marcha Conjunta de Sindicatos Universitarios. ¡TODOS A LA MARCHA!


Respalda el SME huelgas en universidades

El Pulso Laboral

Por: Redacción/El Pulso Laboral

El movimiento obrero apoya el combate a la corrupción y al dispendio del dinero público, así como la imperiosa necesidad de abatir los abusos en la distribución de los presupuestos en las instituciones de educación superior, aseguró el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores.
Ello, a fin de favorecer con "cantidades ofensivas" los estímulos y las compensaciones de los altos funcionarios y mandos medios en detrimento de los salarios de los trabajadores, académicos y administrativos, agregó, y consideró que ese tipo de conductas afecta el desarrollo de las funciones sustantivas para las que fueron creadas las universidades.
El líder sindical dijo que la Nueva Central de Trabajadores expresa su total solidaridad a las huelgas de los sindicatos Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, y de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo.
Así como al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y el de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo.
En un mensaje enviado a estas organizaciones sindicales, apuntó que la insuficiente oferta salarial, las violaciones a los contratos colectivos de trabajo, la contratación de falso personal de confianza y por honorarios, así como el incumplimiento de acuerdos previos, obligaron a los trabajadores al estallido de dichos paros laborales.
Según él, la indiferencia gubernamental y tozudez de las autoridades de las respectivas instituciones de educación superior provocan la prolongación de los paros laborales, perjudicando a los jóvenes estudiantes de estas casas de estudios, así como el desarrollo de sus proyectos de investigación y difusión de la cultura.
Enfatizó que la Nueva Central de Trabajadores exige solución inmediata a las demandas de los sindicatos en huelga y respalda las reivindicaciones de los gremios en proceso de revisión salarial y contractual, y advirtió que la pretensión de recorte presupuestal a la ciencia, tecnología y cultura no corresponde con las expectativas creadas con el nuevo gobierno.
Esparza Flores llamó a los gobiernos federal y locales, y al Poder Legislativo federal y locales a que se adopten las políticas financieras correspondientes para rescatar a la educación pública y así contender con el desarrollo de sus funciones sustantivas y con el rescate de la estabilidad laboral. //Notimex
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Cayeron 74.6% las ganancias de CFE en 2018

 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2019, p. 18
El mayor costo por compra de energéticos y otros combustibles, así como un aumento en los recursos destinados al pago de intereses, redujeron las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en 2018 fueron de 27 mil 273 millones de pesos, 74.6 por ciento menos de las obtenidas un año antes, informó este miércoles la empresa.
En 2017 la comisión registró un resultado neto positivo de 107 mil 605 millones de pesos.
La CFE detalló que sus ingresos en 2018 ascendieron a 553 mil 358 millones de pesos, un aumento de 13 por ciento frente al año previo, principalmente por la venta de energía, que contribuyó con 69 por ciento de los ingresos totales. En tanto, los costos de la empresa aumentaron 17.7 por ciento a 520 mil 845 millones de pesos.
Sin embargo, el costo de financiamiento de la empresa se incrementó de 12 mil 976 millones de pesos en 2017 a 28 mil 495 millones en el año pasado, una variación de 119.6 por ciento, señalaron los estados financieros enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
La compra de energéticos y otros combustibles representaron 54 por ciento de los costos ejercidos por la CFE el año pasado, con un gasto de 284 mil 109 millones de pesos, añadió la CFE.
La comisión informó que el costo de las obligaciones laborales se redujo a la mitad al pasar de 47 mil 903 millones de pesos en 2017 a 21 mil 481 millones de pesos. Sin embargo, el monto total de las obligaciones laborales ascienden a 333 mil 289 millones de pesos.
La deuda financiera de la CFE se incrementó 1.1 por ciento al llegar a 463 mil 137 millones de pesos, mientras en 2017 era de 457 mil 777 millones.
El reporte financiero de la empresa destacó la adquisición de préstamos bancarios por 7 mil 495 millones de pesos en sus pasivos de 2018, cuando en 2017 no existió tal renglón. Así, el total del activo de la CFE ascendió el año pasado a un billón 611 mil 606 millones de pesos, en tanto que los pasivos disminuyeron de 956 mil 85 millones de pesos en 2017 a 943 mil millones el año pasado.

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Cancelar el proyecto hidroeléctrico Las Cruces por ser inviable: SuMar-Voces por la Naturaleza

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Gobierno Federal la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces al ser inviable estratégica y financieramente, ya que ha aumentado sus costos en más del 80 por ciento, tanto por el incremento de los materiales de construcción como de la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, que elevó su costo a más de 13 mil millones de pesos.
De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Civil, SuMar-Voces por la Naturaleza, identifica que, en el nuevo contexto del sector energético, Las Cruces no es necesaria hoy, ni a futuro, para satisfacer los requerimientos del sistema eléctrico nacional.
“La inversión en tecnologías renovables a pequeña escala y cerca del lugar de consumo, es más atractivo para los inversionistas, más estratégico para el sistema eléctrico nacional y más eficiente para las redes de distribución”, señaló Ernesto Bolado Martínez, director de la organización.
En septiembre de 2014, la Semarnat, autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la CFE. La autorización se otorgó de manera condicionada a cumplir con una serie de observaciones que al final no se realizaron.
En particular, la Condicionante I del resolutivo de Semarnat (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07893), exige a la CFE, entre otros, el cumplimiento del artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE,2014), sobre la obligación de presentar una evaluación de impacto social que “deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrán derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes”.
Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces se analizó bajo el enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental, resultando que en su valoración no se consideraron los costos de impactos ambientales, sociales y económicos en localidades aguas abajo de la presa y sus respectivas medidas de mitigación. Tampoco se incluyeron los costos de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones durante y después de su vida útil.
Otro factor que no se evaluó son los costos a la salud por el incremento de enfermedades relacionadas con la presa durante su construcción y operación. El estudio señala que las mujeres son las más vulnerables y los casos de diarrea se incrementan en un 60 por ciento durante el proceso de construcción. Además, se identifican al menos 12 localidades que deberían reubicarse por estar dentro de la zona de riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos.
Las hidroeléctricas no deberían considerarse fuentes de energía limpia, ya que una hidroeléctrica en un clima tropical, durante sus primeros 10 años de vida, emitirá cuatro veces más gases de efecto invernadero que una planta que funcione con combustibles fósiles, revela la investigación hecha por la asociación civil. Además, el cálculo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la emisión de gases de efecto de invernadero para Las Cruces es incorrecto.
Representantes de organizaciones civiles señalaron que la Secretaría de Energía (Sener) ha retirado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2016-2030); y en el Prodesen 2017-2031, propone en su lugar una diversificación de la matriz eléctrica con tecnología renovable.
La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico Las Cruces.
Refirió que según documentos de la Secretaría de Energía, el sistema eléctrico en México presenta una pérdida de energía por transmisión y distribución de aproximadamente del 13 por ciento, lo que a su vez representa pérdidas de 42,246 millones de pesos anuales.
Estas pérdidas no se valoraron para el proyecto Las Cruces, que produciría energía en Nayarit, para enviarla a Jalisco, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, quienes demandarían 73 por ciento de esta energía.
En este escenario, representantes de organizaciones civiles y de las comunidades de la cuenca del río San Pedro, refrendaron su solicitud al Gobierno Federal para que confirme el retiro del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía.
Y que de igual modo, se dé paso a un proceso abierto de diálogo e inclusión con las comunidades para discutir alternativas de desarrollo que generen un verdadero desarrollo sustentable en la región.

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Advierten pérdida de 4,000 empleos más en Matamoros por huelgas

Concamin señala que la situación tiende a agudizarse por la llegada de migrantes en la frontera del país.

Advierten pérdida de 4,000 empleos más en Matamoros por huelgas

Las huelgas ilegales en la industria maquiladora de Matamoros, Tamaulipas, rompieron la paz laboral en esa región, que de mantenerse en los próximos seis meses podrían perderse 4,000 empleos, advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz.
“Va creciendo la afectación actual y de aquí a seis meses podemos alcanzar los 4,000 despidos porque los paros siguen en 14 empresas, y una de ellas es Arca Continental, embotelladora de Coca Cola”, alertó.
Entrevistado en el marco del reconocimiento de la Denominación de Origen del Tequila, acusó que existen “alborotadores”, entre abogados y líderes sindicales, que incitan a los trabajadores a la huelga para elevar sueldos.
Afirmó que la situación de huelgas ilegales que han derivado en paros “es un tema delicadísimo, porque se rompió la paz laboral que costó mucho trabajo hacerla”.
A 42 días de paros laborales, en donde ya se contabiliza la pérdida de 1,500 empleados, cierre y traslados de empresas, el presidente de la Concamin dijo que la situación tiende a agudizarse por la llegada de migrantes en la frontera del país, lo que deja “una carga industrial tremenda; y estamos comprometidos a generar empleos, sin embargo, a dónde vamos con estas condiciones adversas”.
Hasta la fecha, hay 14 empresas que aún están en paro, las cuales no quieren que se mencionen sus nombres, pero llegaron a estar alrededor de 40 organizaciones en esta circunstancia, lo cual ha desempleado a más de 1,000 personas.
Precisó que diversas industrias han interpuesto varías denuncias, tanto en Michoacán como Tamaulipas, ante las autoridades estatales por esos hechos.
“El problema puede extenderse al Bajío y sur del país, por eso insistimos en que en la Secretaría de Gobernación tengamos una mesa de diálogo para atender ese tema. Lo que queremos es Estado de Derecho, con condiciones para seguir trabajando, no le quitamos a nadie nada, al contrario, ponemos inversiones y generamos crecimiento”, expresó Cervantes Díaz.
“El llamado enérgico a los trabajadores es que no crean, la ley de incremento de sueldos aplica para aquellos trabajadores que ganan un salario mínimo, pero en cambio exigen incremento al doble y bonos. Ya tuve contacto con el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien recientemente creó un sindicato, pero se sumó a apoyar”, recordó.
También se busca tener una respuesta de solución del gobierno de Tamaulipas, pues corresponde a la entidad como se los indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, añadió Francisco Cervantes.

Gira de trabajo

Por otro lado, este martes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, realizará su primera gira de trabajo al Silicon Valley en San José, California, para encabezar una misión comercial, presentar su plan de trabajo y mantener el soporte de la Inversión Extranjera Directa para el estado.
En el marco de la toma de protesta de César Castro Rodríguez, como nuevo presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (Index) de Occidente, el mandatario dio a conocer que este martes alcanzará a la comitiva, conformada por empresarios locales, que ya se encuentra en California.
“Hay condiciones para que la inversión productiva siga en el estado, para hacer negocio (...) Al gobierno le toca dar certidumbre y apostar por el restablecimiento del Estado de Derecho a largo plazo”, indicó el Ejecutivo estatal.
En el estado de Jalisco, el sector maquilador genera 200,000 empleos y este año proyecta inversiones por 800 millones de dólares, informó el presidente de Index Occidente al asumir el cargo. (Con información de Patricia Romo)
estados@eleconomista.mx

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Pactan gobierno y empresarios alcanzar un crecimiento de 4%

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▲ Juan Pablo Castañón Castañón; Andrés Manuel López Obrador, jefe del Ejecutivo federal, y Carlos Salazar Lomelín, después de que este último rindió protesta como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en el Centro CitiBanamex en Ciudad de México.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2019, p. 3
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) colaborarán en materia de inversión para lograr un crecimiento de 4 por ciento, erradicar la pobreza extrema en el sexenio y acabar con la corrupción.
Tras tomar la protesta a Carlos Salazar Lomelín como nuevo dirigente del organismo cúpula en la 36 asamblea ordinaria, el jefe del Ejecutivo federal garantizó a los empresarios que siempre tendrán el respaldo del gobierno, pero aclaró que también se requiere el apoyo del sector privado, nacional y extranjero, para lograr el crecimiento de la economía.
Con la frase: trato hecho, el Presidente avaló dos compromisos planteados por Salazar Lomelín: colaborar para crecer 4 por ciento y acabar con la pobreza extrema en seis años.
¡Hagamos historia! Nosotros le ayudamos, podemos movilizar a los sectores más organizados de la sociedad, afirmó el empresario después de poner de ejemplo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha interesado a casi 80 mil empresas.
¡Cuente con el sector empresarial organizado!, manifestó.
En esta difícil tarea de transformar a México, agregó, usted y sus colaboradores no están solos. Aquí estamos, para empezar, los empresarios. Antes que nada estamos como mexicanos y me interesa decirle, señor Presidente, que en esta misión no buscamos ningún privilegio: queremos acompañarlo.
En el Centro Citibanamex, donde se reunió con el CCE por primera ocasión como Presidente de México, López Obrador señaló como tercer compromiso acabar con la corrupción, planteamiento que recibió aplausos de los asistentes, ante quienes resaltó la honestidad e integridad de su nuevo dirigente.
Conciliar en la diversidad
Antes, recordó que con Juan Pablo Castañón, ex líder del organismo cúpula, vivió “tiempos difíciles“ en la campaña presidencial. No obstante, le agradeció su apoyo, respeto y tolerancia, porque a pesar de las diferencias logramos respetarnos y conciliar en la diversidad, en la pluralidad.
El mandatario destacó que el mejor instrumento para llegar a los acuerdos es el diálogo, los equilibrios y la búsqueda de la conciliación. Explicó que el gobierno federal está poniendo en práctica que la inversión pública sea básicamente capital semilla que se complemente con la inversión privada nacional y extranjera.
Aplicó ese modelo de economía mixta como jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando por cada peso del erario la iniciativa privada invirtió 30 o 40 pesos.
“Es lo que queremos que se aplique en este sexenio para reactivar la economía. Así va a ser la inversión para construir el Tren Maya, mil 500 kilómetros de vías… es una inversión de 120 mil, 150 mil millones de pesos, y la hacienda pública no puede financiar un proyecto de esa magnitud. Vamos a invertir una cantidad y vamos, con eso, a convocar a inversionistas privados, nacionales y extranjeros.”
Lo mismo dijo para el caso del Istmo de Tehuantepec y para conectar al país por Internet, con una red de fibra óptica de 50 mil kilómetros de la Comisión Federal de Electricidad. Explicó que el gobierno realizará una licitación con la finalidad de que con inversión privada la Internet sea gratuita en carreteras, plazas públicas, escuelas y hospitales.
De modo que, precisó, hay muchos proyectos para participar de manera conjunta. Estamos por la apertura económica.
Salazar Lomelín solicitó al Presidente que se vuelva obsesivo con las inversiones, al recordar que en esta materia se requiere el equivalente a entre 25 y 27 por ciento del porducto interno bruto, después de que la inversión pública se redujo en años recientes y la participación de la iniciativa privada, si bien ha aumentado, no es suficiente para cubrir el faltante.
El nuevo dirigente destacó que recibe un CCE unido, integrado, con propósito y con rumbo, pues sus integrantes representan a un millón 300 mil empresas que generan más de 18 millones de empleos formales.
Nuestro trabajo será sólo proponer, nunca decidir. Los empresarios no debemos hacer política, sostuvo.
En su intervención, López Obrador –quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete– recordó que durante el mandato de Castañón se negoció el Tratado México- Estados Unidos-Canadá, y se llegó al acuerdo de aumentar el salario mínimo 16 por ciento.

Sindicatos rechazan reforma laboral de Morena; advierten "control disfrazado"

En el segundo día de audiencias para la reforma laboral en la Cámara de Diputados, varias de las centrales sindicales más grandes del país advirtieron que la reforma podría traer una “oleada de amparos”.


En la jornada de audiencias de la reforma laboral de este miércoles participaron representantes sindicales.

Varias veces lo mencionaron: la democracia y libertad sindical que pretende establecer Morena, ya existe. En cambio, su iniciativa de reforma laboral podría estar disfrazando un control de las organizaciones gremiales, afirmaron representantes sindicales.
Todos se refirieron al proyecto legislativo de dicho partido, el de mayoría. La discusión giró en torno a esa propuesta de reforma y nadie mencionó la de otros partidos, como la del PRI, que en otros tiempos tenía entre sus afiliados a las grandes centrales de obreros.
Segundo día de audiencias públicas sobre la ley reglamentaria de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. A la cita faltaron varios líderes y, en su lugar, mandaron a un representante. Algunos llevaron porra y otros más bien salieron aporreados.
Uno a uno fueron exponiendo sus quejas de la propuesta de Morena presentada en enero pasado. Los temas fueron derecho de asociación y negociación colectiva; voto secreto, democracia y transparencia sindical, y contratación colectiva.

Los ausentes

No llegó Carlos Aceves del Olmo, secretario general del comité nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM). Faltó Joel Ayala, líder de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), pero mandó a Ismael Cruz López.
Tampoco estuvo Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Rafael Olivos Hernández suplió a Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STSS), quien se salvó de una gritoniza.
Cuando Olivos Hernández hablaba sobre la importancia de los sindicatos para favorecer las condiciones de los trabajadores, Rafael Soto Cruz, enfermero despedido del IMSS, irrumpió con una pancarta que decía “espurio”.
Otros dos hombres lo acompañaron en su protesta y acallaron el discurso llamándolo “traidor”. El trío de manifestantes aseguró que su contrato fue rescindido por denunciar la corrupción en el Instituto y que el sindicato avaló esa injusticia.

Los entrometidos

Ángel Celorio Guevara, representante de la CTM, y Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), advirtieron el peligro de “las listas negras” que fomenta esta iniciativa de reforma laboral.
Por ejemplo, para comprobar la titularidad, los representantes sindicales deberán presentar una lista de trabajadores que los reconocen como sus líderes. Los trabajadores que aparezcan ahí corren el riesgo de ser despedidos, explicaron.
Salvador Alcázar, de la Federación de Trabajadores de Jalisco, uno de los ponentes más críticos a la iniciativa, señaló que la constancia de representatividad, tal como la concibe Morena, es en realidad "un control disfrazado de los sindicatos".
No es que rechace la idea de demostrar la representatividad, se apresuró a aclarar. Pero no debe ser la autoridad quien "meta la mano" en los estatutos, sino los propios sindicatos. Para él, la reforma morenista ataca la vida sindical.
Es más, es una intromisión a la vida interna, remató Alejandro Velázquez, presidente del Sindicato de Empleados y Trabajadores, Agentes de Venta en Almacén, Tiendas de Autoservicio, Artesanías, Oficinas del Comercio Particular, Similares y Conexos.
Velázquez llamó a los legisladores a tomar en cuenta los convenios internacionales en materia laboral para formular la nueva legislación. Todos los sindicatos deberíamos estar exigiendo que lo hicieran, arengó.
Porque, a final de cuentas, los diputados ya han decidido qué hacer con la reforma laboral, sostuvo. “Aquí sólo hablamos de si el voto es libre y secreto, está bien”, pero eso ya existe, insistió.
Como está formulada la iniciativa es inconstitucional, advirtieron. Tarde o temprano alguien se inconformará y así comenzará una oleada de amparos, señalaron Alejandro Velázquez e Ismael Cruz de la FSTSE.
Usando un viejo tono de discurso sindical, modulando la voz como si le hablara a sus agremiados para convencerlos de la fraternidad, Ismael Cruz concluyó: “Sí a la rendición de cuentas, pero es responsabilidad únicamente de agremiados. Sí al voto secreto, sí a la paridad de género, sí libre contratación colectiva”.

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Iniciativa sobre las Afore no mejorará pensiones, sostiene Gustavo Leal

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▲ Protesta de jubilados en Tlalpan. La modificación del régimen de inversión de las Afore sólo patea el bote, advierte Gustavo Leal.Foto Alfredo Domínguez
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2019, p. 19
La modificación al régimen de inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que fue aprobada ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, busca abrir la posibilidad de que el ahorro de los trabajadores sea empleado por el gobierno federal en el financiamiento de infraestructura, como el Tren Maya, y para apoyo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), proyectos que no aseguran una rentabilidad que mejore la pensión de los trabajadores, aseguró Gustavo Leal Fernández, experto en temas de seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana y articulista de La Jornada.
El problema de fondo del sistema actual es la baja pensión que ofrece a los trabajadores que empezaron a cotizar bajo el régimen de Afore y el costo presupuestario del déficit de pensiones, pero sobre ese punto la iniciativa sólo patea el bote y no presenta una solución para que los mexicanos obtengan una pensión digna, refirió.
Mencionó que con la iniciativa se sigue la agenda de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), entidad que representa los intereses de los dueños de las empresas y no el interés de los trabajadores.
Gustavo Leal aseveró que la iniciativa, tal como fue preparada y procesada hasta ahora en el Congreso, tiene de entrada un déficit de actualidad respecto al desafío pensionario. Esto es muy costoso porque ignora absolutamente lo que se esperaba de la Cuarta Transformación, una modificación de la agenda pensionaria para atender los grandes problemas que plantea este tema.
Todos sabemos que el asunto es complejo, pero sobre la mesa hay muchas propuestas y hay equipos capacitados para dar una solución diferente a la planteada, dijo.
El gran problema de lo que está sobre la mesa en la iniciativa del gobierno es que se basa en dos esperanzas completamente infundadas, expuso. La primera es que habrá mayor rendimiento al cambiar la figura que gestiona los fondos (que ahora se llamará fondos de inversión especializados, o Fiefores, en vez de sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro). Esto, apuntó, es infundado en términos de lo que pasa en el mundo. La otra esperanza es que se cree que con sólo bajar las comisiones los rendimientos aumentarán en los siguientes años.
Todo esto –que traza la ruta de los tres primeros años del gobierno, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador–, sin hacer cambios adicionales no garantiza pensiones dignas. Pero se pierden tres años más en un esquema que no va al fondo del asunto. Ese es el gran problema que tiene esa iniciativa.
La reforma que se procesa en el Congreso ignora el debate que hay en el país desde hace 22 años y de ninguna manera garantiza mejores pensiones, insistió.
Otro ingrediente que es muy preocupante es que se retoman las propuestas del gobierno del ex presidente Enrique Peña de imponer una comisión adicional en las Afore y eso es absolutamente inadecuado, dado que esa comisión se daría por desempeño en la gestión de los fondos. Ahí hay una contradicción profunda, dijo, porque la Ley del SAR señala que las Afore ya tienen como cometido otorgar mejores rendimientos por desempeño. No se justifica una comisión adicional para que realicen lo que es su trabajo.
Eso sólo muestra el desconocimiento de Abraham Everardo Vela, nuevo titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del mercado de las Afore y la responsabilidad que también tiene el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al haberlo impulsado para ese cargo cuando en México hay tanta gente capacitada, añadió.
Ellos insisten, como en las administraciones neoliberales, en que el ahorro voluntario es una opción. Si vemos en conjunto todo esto, lo que queda claro es que la prioridad es otra. La prioridad es la necesidad de recursos que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación en materia de grandes proyectos de infraestructura que están mencionados en la iniciativa.

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Impuesto “ecológico”: permiso para destruir el medio ambiente

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Mineras tóxicas y depredadoras podrán pagar sus culpas con un “impuesto verde”. La determinación de la SCJN, que avala la medida impulsada por el gobierno de Zacatecas, sólo vendrá a justificar un daño por miles de millones de pesos –además del social y cultural– que no se ve reflejado en los libros contables



Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó legal la aplicación de un “impuesto ecológico” que pagarán las empresas relacionadas con el modelo extractivo depredador en el estado de Zacatecas. En los hechos, el aval a este impuesto significa la justificación y un intento de legitimación de un modelo extractivo que múltiples estudios e investigaciones han demostrado que destruye la vida.
Con estos tenues e irreales paliativos verdes, como el aprobado recientemente, se envía un mensaje distorsionado y mentiroso para que la opinión pública crea que en Zacatecas hay un gobernador –Alejandro Tello– preocupado por el medio ambiente. La realidad es que se sigue imponiendo una visión de desarrollo en la que se usa la naturaleza de forma barata.
Nuevamente se propaga el grito de que “el que contamina paga”, a pesar de ser una fórmula nacida –y ya oxidada–, en el zedillismo. Y que, sin embargo, para varios políticos y magistrados continúa siendo vigente. Todo a pesar del desastre socioambiental en el que nos encontramos.

Este gobernador y el resto de los gobernadores del país, en lugar de simular políticas públicas verdes, deberían impulsar la aplicación de procesos para la rendición de cuentas, y no para compensar o resarcir daños, que, además ni siquiera el Estado está capacitado para determinarlos.
Si a la actividad minera se le agregara en su costo de producción el costo generado por daño ambiental y por daños a la salud de la población, sería una práctica económica inviable, porque los daños que ocasionan son desproporcionadamente mayores a la inversión orientada a esa supuesta atención.
Lo que los pueblos y la sociedad demandan es justicia socioambiental. En consecuencia, se debe prohibir la minería a cielo abierto y de tumbe y relleno, porque esta práctica pondera una visión de “progreso y desarrollo” que hace creer que podemos tener un crecimiento económico infinito (cuando el planeta es finito). Este modelo, además, profundiza la desigualdad; concentra y privatiza las ganancias, y deja en manos de la sociedad más vulnerable los costos y prejuicios socio-ambientales. Insistimos en que se deben responder tres preguntas básicas ante los proyectos mineros: 1) desarrollo para qué y 2) para quiénes; y 3) si, bajo esa lógica, tal desarrollo será de largo aliento.

Giancarlo Delgado, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de maestría y doctorado en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (España) e investigador titular de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su publicación Metabolismo social y energía, hace referencia al costo ecológico del actual modelo, y nos explica lo que significa sacar 1 gramo de oro en la mina Cerro San Pedro, de San Luis Potosí.
Cada gramo de oro de esa mina trae consigo una carga ecológica de por lo menos 4 millones de gramos de desechos sólidos de diverso grado de toxicidad y 2 millones de gramos de agua altamente tóxica. ¿Será que el gobernador de Zacatecas tiene idea de lo que sucede con ese tema en la mina de Mazapil?
Esta carga, conocida como “mochila ecológica”, de manera inmediata hace ver que la actividad minera actual es insostenible y ayuda a entender que el “impuesto ecológico” establecido por la Suprema Corte raya en la burla y el desconocimiento de fondo de la problemática minera.
El gobernador Tello cree que el maquillaje verde podrá perpetuar la rapacidad e impacto de las empresas extractivas. Cree también que con este impuesto salvará al estado de no entrar de lleno a una crisis socioambiental sin precedentes. Falta ver las reacciones en contra de esta nueva tributación que, por supuesto, las empresas –por cierto, varias con amparos en la bolsa– podrán discernir para que su aplicación, si es que no la pueden esquivar, sea por lo menos subrepticia, oculta, oscura, para que no se le pueda dar seguimiento, tal como sucede con el Fondo Minero.

Tampoco es real que con el dinero que se recaude mediante ese impuesto, se podrán atender los problemas que históricamente ha presentado el extractivismo minero, cervecero y monoagroalimentario relacionados con los daños a la salud, la contaminación y agotamiento de recursos hídricos, el despojo y desplazamiento forzado y la destrucción de formas de vida campesinas.
Lo paradójico que raya en el cinismo es que a quienes se les quiere responsabilizar a los campesinos, los pueblos y las comunidades de no ser solidarios con los bienes naturales que demandan las megaurbes (que siguen creciendo sin planeación de futuro).
Decir que los “impuestos ecológicos” son sinónimo de justicia, reciprocidad y beneficio para el estado, significa acentuar la asignatura pendiente que se tiene con los pueblos que son saqueados y violentados.
Esta iniciativa verde centrada en el ecoeficientismo es sólo un discurso. Y es aberrante hablar de “minería sustentable”, cuando la esencia de ésta es la lógica capitalista de acumulación de ganancia por desposesión.

Hay que hacer énfasis en que la minería que predomina en América Latina, México y Zacatecas es una megaminería tóxica centrada en la extracción de metales y en la acumulación de desechos tóxicos como pasivos ambientales. Predomina también la acumulación de ganancias como sucedió en 2017, cuando el total del valor de la extracción minera fue de 417 mil millones de pesos, pero de los cuales el Estado sólo recaudó 4 mil 973 millones de pesos. Es decir, el 1 por ciento del total, que equivale sólo al 0.35 por ciento del total de los ingresos del gobierno federal.
Antes de aprobar impuestos ecológicos “por remediación ambiental de la extracción de materiales, de la emisión de gases a la atmósfera, de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y al depósito o almacenamiento de residuos”, tanto el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, como los legisladores y las instancias de procuración de justicia, deberían concentrar sus esfuerzos en la reivindicación para las y los zacatecanos que históricamente han sido agraviados por la actividad minera.
Los funcionarios del gobierno que hoy encabeza Tello mucho tienen que decir del despojo y desplazamiento forzado en el municipio de Noria de Ángeles; en Salaverna, Nuevo Mercurio y las comunidades aledañas al complejo Peñasquito en Mazapil; en la Colorada y la cabecera municipal en Chalchihuites; en Vetagrande, en San Martín y San José de Canutillo en Sombrerete… sólo por mencionar algunas de las varias experiencias que falta citar.
Grecia Eugenia Rodríguez Navarro y Sergio Elías Uribe Sierra*
*Integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería

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Abrogación de la reforma o "volveremos a las calles": sección 22

 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2019, p. 11
Al concluir su jornada de tres días de movilizaciones en la capital del país, maestros de la sección 22 de Oaxaca señalaron que las demandas que presentamos ante el gobierno federal y el Poder Legislativo son muy claras: abrogación total de la reforma educativa, porque no vamos a aceptar simulaciones; reinstalación de todos los compañeros cesados; el rescate del normalismo; la asignación de plazas pendientes desde 2013, y la lucha por una verdadera democracia sindical.
Tras protestar ante las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los inconformes advirtieron que si no se cumple con las promesas de campaña que se ofrecieron a los maestros, no sólo de Oaxaca, sino del país, estamos dispuestos a regresar a las calles y hacer escuchar nuevamente nuestras voces.
Los integrantes del magisterio oaxaqueño agregaron que la exigencia también es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos saque definitivamente las manos de nuestro sistema educativo y que no desperdiciemos esta oportunidad de hacer un verdadero cambio de rumbo en la educación.
Por la mañana, en el mitin frente a la SEP, Eloy Hernández, secretario general de la sección 22, puso énfasis en que el magisterio disidente no sólo pidió adecuaciones a la reforma educativa aprobada en el sexenio pasado: La lucha siempre ha sido y será por la abrogación de todas y cada una de sus disposiciones, porque no hemos exigido únicamente eliminar lo punitivo a la evaluación de maestros, sino tener un proyecto educativo alternativo acorde con las necesidades de nuestras comunidades.
El dirigente, quien el martes sostuvo una reunión con legisladores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, expresó: Tampoco vamos a permitir que se aplique ninguna evaluación punitiva, por lo que solicitaron que se suspenda el procedimiento para convocar a examen a docentes en servicio.
Por la tarde, los profesores disidentes levantaron el plantón que instalaron el pasado lunes frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de retornar a sus lugares de origen.

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Frena Pemex venta maliciosa de acciones a un astillero español



 

Al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2018, funcionarios de los sectores de Energía y Hacienda intentaron vender “al vapor” y a bajo precio el 51 por ciento de las acciones que Petróleos Mexicanos (Pemex) posee en el astillero español Hijos de J. Barreras.



En una acción concertada, funcionarios salientes del gobierno mexicano pretendían que accionistas minoritarios del astillero español se quedaran con el total de las acciones de Pemex (51 por ciento) a un precio muy castigado e impedir así la participación de la empresa petrolera mexicana en un nuevo plan de negocios para construir un crucero y otras embarcaciones que J. Barreras había pactado previamente.
Al pretender aprovecharse del momento de transición política que había en México, los accionistas minoritarios de J. Barreras (49 por ciento) emplazaron a Pemex en noviembre pasado para que en un periodo de 30 días la paraestatal les cediera toda su participación accionaria a un muy bajo costo.
Pero el equipo de transición del sector energético del gobierno de López Obrador, encabezado por el ahora director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, descubrió la operación maliciosa de los funcionarios mexicanos y ordenó frenarla a cualquier costo, bajo el argumento de que necesitaba información a detalle sobre esa compra-venta accionaria y solicitó a los españoles tiempo para analizar la sociedad que aún tienen con Pemex.
En las primeras investigaciones al tomar las riendas de Pemex, Romero Oropeza encontró que aun cuando la petrolera mexicana es la socia mayoritaria y que la compra de acciones del astillero a finales del gobierno panista de Felipe Calderón (2012) sirvió para evitar su quiebra, ningún funcionario de Pemex ha podido presidir el Consejo de Administración del astillero, lo que va en contra de toda lógica de negocios.
Además, el contrato de inversión fue totalmente desventajoso para México, pues Pemex no sólo no presidiría el Consejo, sino que los accionistas minoritarios podían emplazarla en cualquier momento para terminar con la sociedad.
Aunque la compra del 51 por ciento de las acciones del astillero J. Barreras por parte de Pemex se concretó dos meses antes de concluir el gobierno de Felipe Calderón, ese compromiso había sido pactado con los españoles cinco años antes por Juan Camilo Mouriño (muerto en un avionazo el 4 de noviembre de 2008), amigo y colaborador muy cercano del exmandatario.
El primer acuerdo de negocios pactado era salvar al astillero de la quiebra mediante la construcción de dos floteles (buques-hotel) para Pemex, los cuales darían servicio decían a trabajadores que laboran en plataformas petroleras de México.
Fue así como la empresa española J. Barreras construyó uno en su astillero de la ciudad de Vigo, a un costo de 180 millones de dólares, pero ese buque hotel está subutilizado hasta la fecha en la Sonda de Campeche, debido a que es un hotel tan grande que nunca se llena.
Para la construcción del segundo flotel J barreras subcontrató a la naviera estatal Navantía, empresa ubicada en Santiago de Compostela y que fue investigada por supuestos actos de soborno y chantaje a funcionarios del gobierno de Venezuela. Sin embargo, desde que construyeron el buque-hotel embarcación quedó abandonado.
Ante el pésimo negoció que significó para las finanzas de Pemex, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó rematar ese buque-hotel en el mercado mundial, pero la oferta más alta recibida apenas ascendía a 50 millones de dólares, por lo que venderlo representaba pérdidas por unos 130 millones de dólares para el gobierno mexicano.

Doce años después Calderón sigue haciendo daño

La historia de la compra accionaria por parte de Pemex del astillero español J. Barreras se remonta al gobierno de Calderón, cuando su subalterno Juan Camilo Mouriño (nacido en España el 1 de agosto de 1971), jefe de la Oficina de la Presidencia, se comprometió en 2007 ante empresarios gallegos a beneficiarlos con el otorgamiento de contratos de Pemex para la construcción de buques. Pero aquella promesa tardó en cumplirse cinco años por el fallecimiento de Mouriño en un accidente aéreo ocurrido en la Ciudad de México.
Así fue como a dos meses de concluir su administración, Calderón ordenó en octubre de 2012 al entonces director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, concretar la firma de los dos contratos con astilleros de Galicia para construir un par de buques-hotel.
El monto involucrado en aquella operación rondaba los 290 millones de euros (377 millones de dólares) por los dos buques, y aunque Pemex debió convocar a licitación pública internacional para ambos contratos, como lo establecen las leyes mexicanas, Calderón ordenó hacerlo directamente con los astilleros españoles para cumplir la promesa de su amigo Juan Camilo Mouriño.
La referencia de aquella promesa de Juan Camilo con sus paisanos españoles quedó publicada el 18 de julio de 2007 en el diario La Voz de Galicia, en donde se informa que “durante una fugaz estancia en esa provincia española, Juan Camilo Mouriño, de origen gallego, ofreció a los dueños de varios astilleros un pedido masivo de buques pesqueros, petroleros y de todo tipo de embarcaciones, para renovar la flota marítima a cargo del gobierno federal (de Mexico)”.
La monumental compra que una operación de esa naturaleza implicaba –como declaró a la prensa española el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de México– se realizaría a cambio de transferencia de tecnología y de la inversión extranjera directa que, un año antes de la crisis global, simplemente se daban el lujo de escoger minuciosamente a sus clientes.
La promesa de Mouriño en aquel año fue adquirir 14 buquetanques para Pemex, siete construidos en los astilleros gallegos y otros siete se armarían en astilleros mexicanos con tecnología de Galicia.
Doce años después de aquellos negocios armados por Mouriño y Calderón, Pemex enfrenta aún las consecuencias y apenas en noviembre pasado el director de Pemex debió cancelar una operación que estuvo a punto de concretarse con pérdidas millonarias para México.
Miguel Badillo 

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Por el costo social, a debate el horario de verano en el mundo

 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2019, p. 34
El horario de verano está a debate a escala mundial en Europa y otros países por el costo social, y aunque genera ahorros energéticos, pueden ser mayores si se hace el cambio de focos o se genera la energía por vías renovables, consideró Daniel Chacón de la Iniciativa Climática de México (ICM). Hace unos días organizaciones y partidos locales de Sinaloa anunciaron que buscarán en el Senado la eliminación del horario del verano.
Lo que habría que hacerse es analizar costos y beneficios, pero si lo que queremos es tener un ahorro de energía hay que tomar otras medidas como la eficiencia energética, un ejemplo es cambiar focos por led o compactos, tan sólo con ello el ahorro de energía será mayor a lo que proporciona el cambio de horario. Se dice que se ahorra el equivalente a lo que usa Tlaxcala, un pequeño territorio, indicó en el contexto del foro La urgente transición energética en México: acciones necesarias para cumplir con el Acuerdo de París”.
En cuanto a la política en la materia del actual gobierno, dijo en entrevista que aún no es claro, pero hay algunas noticias que plantean que la Comisión Federal de Electricidad rehabilitará sus plantas viejas de combustóleo, las cuales deberían estar fuera de operación porque contaminan mucho. Preciso que ese combustible tiene 6 por ciento de azufre, produce dióxido de azufre, muy dañino para la salud, por ejemplo las gasolinas tienen casi cero.
Mencionó que la alternativa es generar electricidad con energías renovables, cuesta la mitad de hacerlo con gas, y si se hace con éste o con combustóleo, nos salimos totalmente del Acuerdo de París. México debe ser responsable con sus emisiones, con la trayectoria de gas y combustóleo se complica. La opción es la vía renovable, cuesta la mitad y genera más empleos. Si CFE no tiene recursos para las plantas, hay privados que lo pueden hacer.
Por su parte, Jorge Villareal, director de política climática de la ICM, apuntó que el sector eléctrico representa un poco más de 18 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y es importante tener la capacidad de bajarlas, porque aún con la meta de 35 por ciento, estamos por arriba de los objetivos del Acuerdo de París, hay que incrementar el esfuerzo.

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miércoles, 27 de febrero de 2019

A LOS TRABAJADORES DE LA UAM, LA UACh, LA UAAAN

Ciudad de México, 25 de febrero de 2019
A LOS TRABAJADORES DE LA UAM, LA UACh, LA UAAAN
A LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS, DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA CULTURA
A LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATALES
AL PODER LEGISLATIVO
AL PUEBLO MEXICANO
La Nueva Central de Trabajadores, a través de mi conducto, expresa su total solidaridad a las huelgas de sus sindicatos integrantes, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el SITUAM, y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, el STAUACh, y con los sindicatos hermanos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo.
La insuficiente oferta salarial, las violaciones a los contratos colectivos de trabajo, la contratación de falso personal de confianza y por honorarios y el incumplimiento de acuerdos previos, obligaron al estallido de estas huelgas; por su parte, la indiferencia gubernamental y tosudez de las autoridades de las respectivas instituciones están provocando la prolongación de las mismas perjudicando a los jóvenes estudiantes de estas instituciones y el desarrollo de sus proyectos de investigación y difusión de la cultura.
La Nueva Central de Trabajadores exige solución inmediata a las demandas de los sindicatos en huelga y respalda las reivindicaciones de los sindicatos en proceso de revisión salarial y contractual. Apoyamos enfáticamente el combate a la corrupción y al dispendio del dinero público, así como la imperiosa necesidad de terminar con los abusos en la distribución de los presupuestos de estas instituciones para favorecer con cantidades ofensivas los estímulos y compensaciones de los altos funcionarios y mandos medios en detrimento de los salarios de los trabajadores, académicos y administrativos, afectando así el desarrollo de las funciones sustantivas. Al mismo tiempo advertimos que la pretensión de recorte presupuestal a la ciencia, tecnología y cultura, no corresponde con las expectativas creadas con el nuevo gobierno.
Llamamos a los gobiernos federal y locales y al poder legislativo federal y locales a que se adopten las políticas financieras correspondientes para rescatar a la educación pública y así contender con el desarrollo de sus funciones sustantivas y con el rescate de la estabilidad laboral y las condiciones salariales y laborales dignas para los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura. Nos sumamos a la exigencia de la Confederación Nacional de Sindicatos de los CECYTE de que se dé marcha atrás con el recorte de mil millones al subsistema de educación media superior para no afectar la operación de estos centros educativos ni las conquistas contractuales de sus trabajadores. Conminamos a las autoridades laborales y de nuestras instituciones a respetar la legalidad observando la primacía del derecho de huelga y privilegiar el diálogo constructivo para permitir la reanudación inmediata de la educación de los jóvenes mediante la atención a las aspiraciones de los trabajadores en huelga o en proceso de revisión salarial o contractual.
FRATERNALMENTE
Martín Esparza Flores
Coordinador General del Consejo Político Nacional
NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Alianza de Tranviarios de México (ATM); Secciones IX y XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF); Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social del DF (SDTPS); Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM); Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior (SUTIEMS); Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM); Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FENASTE); Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M); Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI); Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA); Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Guerrero (SISPPJEG); Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, (CJPAMRM); Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL; Alianza Cooperativista Nacional, A.C. (ALCONA); Central de Trabajadores Democráticos (CTD); Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC); Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep); Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM); Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Instituciones Descentralizadas Estales y Empresas Privadas de Nayarit (SYSPEMIDEPN); Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit (SITSEN); Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC), Chiapas; Sección XIV del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo; Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (SUTCOBACH); Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP); Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM); Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH); Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA); Sindicato Nacional de Trabajadores General Tire (SNTGT); Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET); Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO); Sindicato Único de Trabajadores de Caminos y Autopistas de Oaxaca (SUTCAO); Sindicato de Trabajadores al Servicio del CECyT de Oaxaca (STSCECyTO); Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN); Sindicato Democrático de Bomberos del Estado de Jalisco (SDBEJ); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSS), Sección 50; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP); Cooperativa de Agricultores de Chapingo (CACH); Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados de Chapingo (APJPCH); Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC); CNTE - Secciones IX y XVIII; Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU); Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE); Unión de Trabajadores del Transporte Público (UTTP); Sector INBAL – ATM / Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTSC); Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SITIMP; Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

Correo: nuevacentraldetrabajadores@nuevacentral.org.mx
Página: http://www.nuevacentral.org.mx

García Alcocer me planteó su renuncia, pero no la acepté: AMLO

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le pidió ni le pedirá la renuncia al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, y que el conflicto de interés lo resolverá la autoridad competente.
En un tono más tranquilo, el Ejecutivo dijo que en su encuentro con el comisionado de la CRE fue en buenos términos y que le expuso que “no vamos a llevar actos arbitrarios, pero tampoco vamos a encubrir a nadie”, porque “si omito, empiezo a perder credibilidad con los servidores públicos que dependen de uno”.
“Las denuncias van a seguir su curso, pero eso no significa que haya persecución, ni mucho menos que ya como si fuese un juicio sumario se le condene como culpable, porque en un Estado de Derecho el ciudadano tiene toda la posibilidad de defenderse y no solo es un asunto jurídico sino de la dignidad de las personas, eso lo tenemos que garantizar”.
Sostuvo que aun cuando García Alcocer planteó poner a su disposición su renuncia, él no se lo permitió, “no yo no quiero eso, no, él dijo si usted quiere y eso ni lo plantees”, porque sería como antes “aquí tengo tu expediente y fírmale (como en el autoritarismo), y no, no somos los mismo, él en el plan de que ya consideraba que podía dedicarse a otras cosas, a la academia, pero le dije no, yo no te estoy pidiendo la renuncia, si no imagínense yo como quedó?”
“Yo tengo que cuidar todo eso”, “yo no puedo hacer eso ni en público ni en privado, yo soy un hombre de principios y la honestidad es el objetivo más importante en mi vida”. Renunciar, “es una decisión tuya, libre, yo voy a plantear esas cosas”.
El Presidente comentó que el comisionado de la CRE le expresó que “él es inocente, que él ha hecho su trabajo. Por otro lado hay elementos, no sé si de pruebas, hay testimonio donde sí existe una vinculación de familiares en actividades que tienen que ver con esta comisión”. Y aclaró que esto lo va resolver la autoridad competente.

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Licitación IFT-10 de espectro para Internet móvil saldrá al final de 2019: Navarrete

Esta licitación fue considerada por el IFT en 2018 y saldrá al mercado apenas concluyan los procesos de la IFT-8 e IFT-9, que tratan sobre adjudicación de frecuencias para radiodifusión y para complementos servicios satelitales

Licitación IFT-10 de espectro para Internet móvil saldrá al final de 2019: Navarrete

Barcelona, Esp. El plan del Instituto Federal de Telecomunicaciones para licitar 60 MHz de frecuencias regionales y locales en la banda de 2.5 GHz, así como 10 MHz más en la banda de AWS (1.7/2.1 GHz) continúa como una prioridad para el IFT, aún con los recortes presupuestales por 280 millones de pesos que enfrentará el órgano regulador este año y que complican el cumplimiento de proyectos como esta subasta de remanente espectral en su diseño, tiempo y proceso de adjudicación.
De visita en esta ciudad para cumplir con un programa de reuniones ministeriales con pares americanos, europeos y asiáticos, Alejandro Navarrete, jefe de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, platicó que esta licitación fue considerada por el instituto desde el año pasado y saldrá al mercado apenas concluyan los procesos de la IFT-8 e IFT-9, que tratan sobre adjudicación de frecuencias para radiodifusión y para complementos servicios satelitales.
“Este año tenemos ese tema resuelto por previsiones que ya había. Hasta ahora no se congelan (las licitaciones)”, comentó Navarrete Torres.
“Estamos comprometidos a que sea en el segundo semestre cuando salga lo que quedó de la 2.5 y que el remanente de AWS también salga en un proceso simultáneo; que todo sea en el segundo semestre del año, muy posible ya a finales de año, y de ahí continuaríamos con los planes de 5G. Hoy estamos metidos con este espectro para colocarlo en el mercado y que la industria decida. Seguimos ideando el mecanismo”, añadió el director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico.
El IFT pretende licitar espectro adicional de 2.5 GHz y de 1.7/2.1 GHz para comunicaciones inalámbricas fijo/móviles de 4G, 4.5G y eventualmente para servicios de quinta generación.
El regulador estima que en esta licitación empleará un mecanismo de subasta que habilite la participación de todos los agentes económicos que muestren interés en el espectro para explotarlo después en servicios como Internet móvil de alta velocidad y porque los tres operadores más grandes del sector ya cuentan con frecuencias de 2.5 GHz y de AWS conseguidas a través de subastas o vía el mercado secundario de espectro.
Las frecuencias próximas a licitarse son los 60 MHz de 2.5 de cobertura regional y/o local que en 2018 fueron recuperadas de sus concesionarios originales por el incumplimiento de ellos en la explotación de las señales, mientras que el otro paquete tiene que ver con los 10 MHz de alcance nacional desde la banda de 1.7/2.1 GHz, el remanente de la licitación de espectro de los años 2015-2016, la subasta IFT-3.
Navarrete Torres admite que Telcel, como agente económico preponderante y AT&T, como el mayor tenedor de frecuencias radioeléctricas en México, sí podrían entrar al nuevo proceso licitatorio para conseguir más señales de 2.5 GHz o el paquete AWS.
El próximo paso para el IFT será definir de qué manera los resultados de la IFT-7 –cuando el regulador licitó 120 MHz de frecuencias nacionales de espectro en 2.5 GHz– repercutirán en los precios de salida  de las frecuencias de la IFT-10.