lunes, 26 de noviembre de 2018

Foro de la Nueva Central de Trabajadores, Hacia la Construcción del Derecho Cooperativo y Economía Social Solidaria.

Congreso de Coahuila Pide Bajarlas ALTAS TARIFAS DE LUZ Y DE GASOLINAS PROVOCAN PÉRDIDA DE EMPLEOS

El Congreso del Estado de Coahuila solicitó al H. congreso de la Unión que ejerza sus facultades constitucionales para que las altas tarifas de luz impuestas por la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) regresen a índices reales y justos, que no paralicen a la industria y al comercio nacional y que no afecten más al bolsillo de los mexicanos.
En el exhorto que se publicó en la gaceta parlamentaria del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018, se explica que los hoteleros, restauranteros y comerciantes vieron incrementar sus recibos de cobro de luz de 400 a mil 200 pesos o de 500 a 2 mil pesos, de la noche a la mañana.
“Son prueba de otro abuso desmedido y arbitrario de un organismo público (CFE) que ante el fracaso de sus operaciones, o quizá ante actos de corrupción que no conocemos, inicia políticas recaudatorias leoninas y criminales, en perjuicio del desarrollo nacional y de la estabilidad de miles y miles de fuentes de empleo”.
El Congreso del Estado de Coahuila también exhortó a disminuir los precios de las gasolinas y el diésel porque han devastado a la economía nacional y al bolsillo de los mexicanos, por su repercusión en el aumento en el precio del transporte y de los alimentos.
“Los incrementos al precio de los combustibles y de la energía eléctrica han causado un gran daño al país y no sólo deben ser frenados, sino que deben ser revertidos al cien por ciento.”
Asimismo solicitó la reducción del I mpuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

Nueva planta carboeléctrica en Coahuila aprobada en 2012

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador contempla la construcción de una nueva planta carboeléctrica que requeriría una inversión entre 840 y mil 120 millones de dólares, la cual contará con dos unidades con una capacidad de 700 megawatts cada una, anunció Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.
El senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó que se instalarán en la región carbonífera o en Nava, Coahuila, ya están aprobadas, pues ya estaban proyectadas desde 2012, ahora serán mucho más eficientes en generación de energía y menos contaminantes.
Reconoció que desconoce el costo de cada planta, ahora son cada vez más compactas dependiendo de la capacidad, por ejemplo, visitó dos plantas de Altos Hornos de México en Monclova de 40 megas cada una, lo que les representa un importante ahorro comparado con el costo de energía que tiene la CFE.
Indicó que estas plantas se garantizará el abasto de energía, luego que en estos últimos años se construyeron algunas plantas generadoras de energía eléctrica a base de gas, elemento que no tenemos garantizado, porque la mayor parte proviene de Estados Unidos y puede llegar el momento en que ya no esté disponible para venta, sino solo para uso de la industria de ese país.
En estos momentos en algunas regiones del país, como Yucatán y Baja California Sur se tienen ya graves problemas de abasto de gas domiciliario, por lo que se requiere tomar medidas de precaución y aplicar otras opciones generadoras de energía para sustituir el uso de gas.
Sostuvo que con estas plantas se podrá tener un ahorro de aproximadamente la mitad del costo por kilowatt hora de energía eléctrica generada en estas nuevas plantas, lo que a futuro inmediato permitirá comercializarla a precios más bajos que los actuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Guadiana Tijerina, consideró que aunque se ha impulsado la generación de energía con tecnologías renovables, éstas no son suficientes ni las más seguras para abastecer la creciente demanda. Además, el costo por megawatts es de entre 600 mil y 800 mil dólares, siendo estos montos menores en comparación al millón de dólares que se requiere para la generación solar y eólica.
Subrayó que las energías renovables, no van a resolver el problema de la demanda de energía, ya que solo representan 7% del total y no generan potencia para industrias como la del acero.

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Presentación del libro ¡¿QUÉ TRANSA CON LAS AFORES?!

 

Presentación del libro

¡¿QUÉ TRANSA CON LAS AFORES?!

*En Insurgentes Centro No. 98, Auditorio Eduardo Velasco del SME.
*Miércoles 28 de noviembre 2018, 12 horas.
Este libro detalla cómo fue que se obligó a los trabajadores a ahorrar una parte de su salario en cuentas individuales para el retiro y de qué manera se legalizó su especulación, su jineteo, en beneficio de los banqueros en México a través de las AFORES.
Esas instituciones financieras están autorizadas a especular con el dinero de los asalariados previsto para su vejez, pero nada las obliga a reponer lo que pierdan. Los banqueros están autorizados a cargar el quebranto a la cuenta de los trabajadores.
Además les permiten cobrar una comisión multimillonaria que sólo en el mes de junio de 2018 sumó la cantidad de 33 mil millones de pesos, aproximadamente, misma que los dueños de las AFORES toman directamente de los depósitos de los trabajadores. En tanto que los asalariados sólo ganaron 73 centavos por cada peso que ahorraron en toda la historia de este sistema privado de retiro.
Es un mecanismo de ganar-ganar para las AFORES y perder-perder para los trabajadores, creado y fortalecido con iniciativas presidenciales que impulsaron Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, desde 1992 hasta 2015, para lo cual contaron con el apoyo de los legisladores que votaron a favor y con el silencio de los ministros de la Suprema Corte.
Este libro explica por qué con el sistema privado de retiro asestaron un fuerte golpe a las instituciones que en México garantizan el derecho humano a la seguridad social, como el IMSS e ISSSTE, y eliminaron de un tajo las pensiones vitalicias que otorgaba el sistema de seguridad social solidario o de reparto. 

Sector energético necesita un ecosistema de reguladores fuertes, independientes e imparciales

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe continuar desarrollando un marco regulatorio que responda proactivamente a los cambios y necesidades del sector, con base en un diálogo permanente y balanceado con los gobiernos y los participantes de la industria, al tiempo que se garantice la entrega efectiva y eficiente de servicios públicos a los usuarios finales.
En lo anterior coincidieron el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, Armando Guadiana Tijerina, Presidente de la Comisión de Energía del Senado, Comisionados de la CRE y de diversos órganos reguladores, ex Comisionados, colaboradores de la CRE y participantes de la industria energética, en el marco del festejo por los 25 años de la CRE,
Indicaron que todos los sectores, incluido el energético, requieren de un ecosistema de reguladores fuertes, independientes, transparentes e imparciales, que velen por el interés público, al tiempo que ofrezcan certidumbre de largo plazo, sobre todo en periodos de transición política.
En el cumplimiento de su autonomía, la CRE trabaja para garantizar las condiciones necesarias para que en el país la disponibilidad de energéticos sea la requerida, con calidad y precios competitivos, y que de esta forma los beneficios de sus acciones puedan percibirse más allá de cifras, datos y regulaciones.
La Comisión contribuye a diario para que haya luz confiable en las escuelas, y en los hospitales de México; a que el gas llegue con suficiencia a nuestros hogares para cocinar y calentar el agua; todos los días trabaja para que la gente pueda desplazarse con normalidad por aire, mar y tierra.
La inauguración del evento estuvo a cargo de Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía; Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la CRE y Armando Guadiana Tijerina, Presidente de la Comisión de Energía del Senado.
En el primer panel del evento titulado “La consolidación de la CRE: pasado, presente y futuro” con la moderación de Ingrid Gallo, Secretaria Ejecutiva de la CRE, participaron los ex Comisionados Héctor Olea, Francisco Salazar Diez de Sollano, Rubén Flores y Raúl Nocedal quienes compartieron su visión y experiencia sobre el rol fundamental de los órganos reguladores para el fortalecimiento del sector energético. Coincidieron en que, a 25 años de su creación, la CRE enfrentará nuevos desafíos, pero gracias al cuerpo de funcionarios altamente especializados con el que cuenta, podrán afrontar el porvenir exitosamente.
El segundo panel “¿Por qué son importantes los órganos reguladores técnicos, autónomos y transparentes?” estuvo integrado por Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Carlos de Regules Ruiz-Funes, Director Fundador de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Benjamín Alemán Castilla, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; Javier Juárez Mojica, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Alejandro Faya Rodríguez, Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y moderado por Alejandra Elizondo, Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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Claman en varias entidades por frenar la violencia contra mujeres

Durante el gobierno de Velasco Coello, 283 homicidios; señalan impunidad
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▲ Manifestantes se reunieron ayer fuera del palacio de gobierno de Chihuahua para denunciar los feminicidios que se han cometido este año en la entidad, luego de que una menor de edad fue asesinada antes de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.Foto Jesús Estrada
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▲ En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cientos se manifestaron para exigir alto a las agresiones por motivo de género y para repudiar la militarización que pretende el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la construcción del Tren Maya.Foto Elio Henríquez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 26 de noviembre de 2018, p. 24
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones civiles realizaron protestas para demandar que paren los feminicidios y otras agresiones. Uno de los actos lo encabezó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
En Chihuahua, horas antes de una manifestación para exigir al gobernador, Javier Corral Jurado, que terminara con la violencia de género, una menor de edad fue localizada muerta a golpes en un predio baldío de la colonia Riberas de Sacramento, en el norte de la capital del estado.
La policía municipal informó que la adolescente fue violada y asesinada a golpes; entre sus pertenencias encontraron una credencial de estudiante de la preparatoria Maestros Mexicanos.
Fuera del palacio de gobierno, colectivos feministas denunciaron que en Chihuahua se han perpetrado al menos 132 feminicidios este año y 2 mil 798 mujeres han sido asesinadas de 1993 a la fecha, según la organización Justicia para Nuestras Hijas.
Acusaron al gobierno del panista de no tener voluntad para combatir la violencia de género; exigieron más presupuesto para la Fiscalía Especializada de la Mujer y atender en forma laica y científica el aumento de embarazos entre adolescentes; asimismo, recordaron que ha habido niñas embarazadas a quienes se ha negado el derecho al aborto.
En Ecatepec, estado de México, 200 mujeres marcharon para exigir alto a los feminicidios y señalaron que las políticas de seguridad del gobernador, Alfredo del Mazo Maza, han fracasado, pues persisten la violencia machista y la inseguridad.
Las manifestantes se reunieron frente a Casa Morelos, emprendieron la marcha hacia la explanada principal y ahí colocaron cientos de flores en memoria de las muertas. Destacaron que la alerta de género en 11 municipios del estado no ha servido de nada.
En Xalapa, Veracruz, la periodista Lydiette Carrión presentó su libro La fosa de agua, que documenta la desaparición de 10 jóvenes de entre 13 y 20 años, de 2012 a 2014 en Tecámac y Ecatepec, estado de México. El hilo conductor es la historia de Bianca, una joven cuya familia recibió mensajes que se vinculan con otros tres casos.
En Oaxaca, Alejandro Murat pidió en un acto oficial a todos los oaxaqueños impulsar una cultura del respeto de los derechos de las mujeres y refrendó el compromiso de su gobierno para combatir toda clase de violencia de género.
En tanto, un grupo de mujeres de diversas organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron frente a la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de la Mujer, a las cuales los acusaron de inoperantes.
En Juchitán, integrantes de la sección 22 del magisterio oaxaqueño realizaron una plenaria para repudiar los feminicidios.
En Chiapas, decenas de mujeres marcharon en San Cristóbal de Las Casas para demandar que se detenga la violencia misógina. Aseguraron que dos años después de la alerta por violencia de género, en comunidades, ejidos y municipios de Chiapas han aumentado las agresiones.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas afirmó que el sexenio de Manuel Velasco Coello termina (el 8 de diciembre) marcado por feminicidios impunes, pues de 2012 a 2018 se documentaron 283 casos.
En Guerrero, un grupo de 20 mujeres protestó fuera de la Fiscalía estatal, en Chilpancingo, y denunció total omisión de esa instancia para aclarar los crímenes por violencia de género; colocaron sellos de clausura y cruces de cartulina con mensajes. El alcalde de esta ciudad, Antonio Gaspar Beltrán, afirmó que en los dos meses pasados el ayuntamiento atendió 37 casos de violencia contra las mujeres.
En este contexto, cifras de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán refieren que este año 145 mujeres han sido asesinadas en esta entidad. En 2017 fueron 139.
Sólo en Zamora han sido ultimadas 31 mujeres en 2018, y en Uruapan, 25. Les siguen Morelia y Apatzingán. Estos cuatro municipios concentran el mayor número de feminicidios, a pesar de que en junio de 2014 se emitió alerta de género en 14 localidades.

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A mayor libertad, menor violencia

A mayor libertad, menor violencia

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Paola Guerrero Ibarra
Este 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, solemos escuchar el concepto muy seguido, tal vez más seguido de lo que nos gustaría, pero ¿sabemos realmente que es la violencia? La OMS la define como “aquel uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” (OMS, 2018).
Uno de los grupos sociales que más ha experimentado violencia es el de las mujeres. De acuerdo con estadísticas de Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a escala mundial. Por otra parte, en el ámbito nacional, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han vivido algún acto de violencia a lo largo de su vida.
Las causas por las cuales se da la violencia contra la mujer varían según el contexto e historia de cada persona, tanto de parte del agresor como de la agredida, algunos ejemplos pueden darse debido al bajo nivel educativo, la falta de acceso a un trabajo remunerado, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, consumo excesivo de sustancias tóxicas o por actitudes que perciben la violencia como un acto normal, entre otros. Estas son algunas situaciones que pueden colocar a la mujer en una posición de vulnerabilidad, o que pueden influir en el comportamiento violento del agresor.
Las consecuencias que se generan ante un acto de violencia pueden ser mortales, como el homicidio o suicidio; emocionales, como el trastorno depresivo o de ansiedad; y actitudinales, como la pérdida de expectativas y aspiraciones en la vida personal y profesional.

Podemos pensar que la violencia contra la mujer solamente tiene efectos negativos para este grupo social en específico. Sin embargo, este problema afecta a la sociedad entera ya que interfiere en la convivencia democrática y con el bienestar y desarrollo humano de cada una de las personas que conforman la comunidad. Toda persona, independientemente de su edad, sexo, género e ideología tiene derecho a vivir una vida sin violencia. La pregunta es ¿de qué manera nosotros como comunidad podemos prevenir y erradicar la situación de la violencia contra la mujer?
Aparte de la instrumentalización de políticas públicas por parte del gobierno y de la implementación de programas que garanticen a las mujeres que han vivido algún tipo de violencia el acceso a servicios integrales y multidisciplinarios para su desarrollo; necesitamos una concientización cultural que nos haga comprender que al violentar a una persona, estamos limitando su libertad y autonomía; y, por consiguiente, su capacidad en la toma de decisiones, oportunidades y valores se ve reducida de forma significativa impidiendo su pleno desarrollo y crecimiento personal.
Así como seguramente hemos escuchado varias veces el dicho: “trata a los demás como quieres que te traten a ti”, como comunidad debemos reconocer y respetar el derecho que tiene cada persona de vivir una vida digna y plena, carente de violencia e inseguridad. Construyamos una sociedad en donde predomine la libertad por encima de la violencia.

Sindicalismo y feminismo

Cartón de Rocha
Cartón de Rocha

Sindicalismo y feminismo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de septiembre la ministra del Trabajo de España, al enterarse de que se había otorgado el registro a un sindicato de trabajadoras sexuales, exclamó: “Es uno de los peores disgustos de mi vida política. Me han metido un gol por la escuadra” (El País, 4 de septiembre). A continuación despidió a la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, quien asumió la decisión de que se hubiera registrado a la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), pues había cumplido con todos los requisitos. La nota de El País señala que el ministerio busca “la fórmula legal” para anular dicha inscripción, pues “no avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”. La reacción de la ministra (¡una socialista del PSOE!) muestra la forma en que se ha ido mezclando discursiva y conceptualmente el comercio sexual con la trata, lo que produce una confusión generalizada. Lo que vulnera a las mujeres es no tener derechos y vulnera también la ausencia de empleos flexibles donde puedan ganar lo que se gana en el trabajo sexual.
El problema para la ministra es explicarnos por qué el trabajo sexual es la manera en que miles de mujeres logran el mejor ingreso, además con una flexibilidad que les permite conciliar su vida familiar. ¿Dónde está su contrapropuesta de oportunidades laborales en las que se gane bien con flexibilidad? La reacción del gobierno ante la organización sindical de lxs trabajadorxs suscitó que dos organizaciones feministas, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, interpusieran una demanda para ilegalizar al sindicato Otras.

Un primer manifiesto, titulado “El feminismo ha sido abolicionista desde su raíz”, respaldaba las dos demandas, pero no tardó en aparecer otro titulado “El feminismo no tiene una sola voz en el debate sobre la prostitución”, donde se precisaba que no todas las feministas son abolicionistas y se solicitaba a esas organizaciones feministas la retirada sus demandas. Este manifiesto fue suscrito ya por más de mil 500 personas, entre las que destacan feministas de la talla de Nancy Fraser, Rita Laura Segato, Naila Kabeer, Silvia Federici y Janet Halley. De México aparecen Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Carmen Boullosa, María Pía Lara y varias más.
En él se reivindica la enorme diversidad de posiciones y de sensibilidades feministas respecto al comercio sexual y se pide que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico, entre otras–. También se propone un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones.
No debe impedirse la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. Lo que está en juego es el día a día de muchas personas que encuentran en el trabajo sexual su medio de vida sin la cobertura ni protección mínima de derechos. Es imprescindible que las trabajadoras sexuales tengan voz en este debate y se les reconozca capacidad de agencia sobre sus decisiones vitales (reconociendo la pluralidad de experiencias de quienes se dedican a esta actividad, dentro de los límites que impone la necesidad de trabajar y las escasas opciones disponibles para muchas). La sindicalización les permitirá reclamar mejores condiciones de trabajo a los dueños de los establecimientos y hoteles.
El sindicato Otras señala que en España la actividad económica que genera el trabajo sexual (bajo múltiples modalidades) y su legalidad se encuentran avaladas jurídicamente, como se refleja en múltiples sentencias tanto nacionales como europeas. Por tanto, privar del derecho fundamental a constituir sindicatos y afiliarse a ellos a las personas que prestan servicios en esta actividad –también servicios telefónicos o vía web, actores y actrices, etcétera– supone un ataque frontal a un derecho democrático básico del sistema constitucional. Sindicalizarse es un derecho consolidado tras siglos de lucha y resulta lamentable que organizaciones feministas emprendan acciones legales en contra de este derecho.
Sin duda hay muchos tipos de trabajadoras sexuales y también hay distintas personas y organizaciones que están implicadas en el negocio del comercio sexual, algunas de ellas con turbias e ilegales prácticas. Pero precisamente lo que una organización sindical como Otras pretende es fortalecer a las mujeres para que no caigan en manos de las mafias, para que puedan exigir mejores condiciones y defenderse grupalmente. El trabajo sexual es la ocupación mejor remunerada que consiguen muchísimas personas frente a los brutales cambios económicos que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo, que genera precarización laboral, desempleo prolongado y salarios míseros. Más que abolir el comercio sexual, hay que cambiar el sistema socioeconómico. Mientras tanto, hay que apoyar la organización política sindical de lxs trabajadorxs sexuales. 
Este análisis se publicó el 18 de noviembre de 2018 en la edición 2194 de la revista Proceso.

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Derechos de los pueblos indígenas: hacia un cuarto nivel de gobierno

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En las últimas semanas se ha debatido fuertemente sobre la consulta por la construcción del Tren Maya. De la misma forma, ha cobrado fuerza la discusión por la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el nombramiento de su titular. Todo esto por las afectaciones al territorio de los pueblos indígenas y el derecho que tienen a la consulta y a la autonomía, en contraparte con lo que suscitan históricamente los partidos políticos y la institucionalidad del Estado en su relación con ellos.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 6, dice que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, lo cual evidentemente no se está cumpliendo. En su discurso, los gobiernos vacían de contenido los conceptos de pluriculturalidad, derecho al territorio y a la consulta. En los hechos, los nulifican, lo que se traduce en que para los pueblos originarios resulta más de lo mismo y su situación real se modifica muy poco.
Sería conveniente que el gobierno modifique su visión de los pueblos y comunidades para que éstas puedan decidir sobre lo que realmente les incumbe, su vida comunitaria como sociedad diferenciada, es decir como pueblos. El derecho a la autonomía de los pueblos es fundamental para su desarrollo político, social, económico y cultural. Por eso, más que reconocerlos como sujeto de derecho público, que ya lo son, se debe reconocer en los hechos el cuarto nivel de gobierno en México: el autonómico o el de las autonomías indígenas. En este sentido, lo que se necesita es reconocerle y ampliarle las facultades y atribuciones al sujeto autonómico.
Nuestro país es una nación pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas, tal como lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 2. En él habitan más de 67 pueblos o naciones indígenas. Los estudiosos del tema todavía no se ponen de acuerdo en la cifra exacta. Esto se traduce en que México está integrado por individuos y por pueblos y naciones, es decir, nuestra nación mexicana es una nación de naciones o pueblos, además de individuos en su particularidad.
Hasta 1992 se creyó que social, jurídica y políticamente nuestro país era la unión de individuos o ciudadanos a través de un pacto o convenio político materializado en la Constitución mexicana, el famoso contrato social sostenido por el pensador francés Juan Jacobo Rousseau. No obstante, la reforma constitucional de 1992 efectuada por el presidente Carlos Salinas de Gortari para reconocer e incorporar jurídicamente a los pueblos indígenas como parte de nuestra nación mexicana, se quedó sólo en lo declarativo, en derechos culturales, difíciles de exigir su cumplimiento de manera jurídica, cuando lo político fallaba. En la práctica el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno siguió funcionando como un Estado monocultural.
Los sujetos autonómicos reconocidos por nuestra Constitución son dos: los pueblos indígenas y las comunidades indígenas. Reconocimiento que refuerzan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, entre otros documentos de alcance internacional y, por ende, nacional de acuerdo con los Artículo primero y 133 constitucionales. La vía jurídica para los pueblos indígenas es importante, porque les permite exigir el respeto de sus derechos colectivos, es decir como comunidad o pueblo indígenas.
La construcción y exigencia de reconocimiento del cuarto nivel de gobierno en México, sigue tomando fuerza en las comunidades y pueblos indígenas, como una forma de ejercicio de sus derechos, entre ellos los políticos y muy de la mano los económicos, para poder elegir a sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres o sistemas normativos.
Guadalupe Espinoza Sauceda*
*Abogado y maestro en desarrollo rural; integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC

Este lunes, resultados de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya

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▲ Los organizadores señalaron que se instalaron mil 97 mesas de votación.Foto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de noviembre de 2018, p. 4
Al cierre de la consulta ciudadana sobre los 10 proyectos prioritarios que propuso el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el equipo de transición detalló que acudieron a votar 925 mil 168 personas en las casillas instaladas en 538 municipios del país. Los resultados del ejercicio democrático serán dados a conocer este lunes por la Fundación Arturo Rosenblueth, responsable de su aplicación.
Entre los proyectos que fueron sometidos a consulta se encuentra el Tren Maya, el ferrocarril interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y la siembra de un millón de árboles frutales y maderables en el sureste del país.
De acuerdo con el equipo de transición fueron instaladas mil 97 mesas de votación en distintas partes del país, 99 por ciento del total de las que estaban programadas.
El día de hoy las mexicanas y los mexicanos refrendaron libremente su voluntad de participar en la construcción de la democracia participativa. El gobierno entrante asume la responsabilidad de nutrir la autoridad que se le confió en las urnas el primero de julio. Estamos en el camino de decisiones que el gobierno entrante ha de tomar con la deliberación y participación del pueblo, indicó Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, en un comunicado.
En la consulta los votantes también fueron cuestionados sobre su aval a los programas sociales que ha propuesto López Obrador, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes de nivel medio superior, el plan para conectar a Internet gratuito, hacer universal el derecho a la salud establecido en la Constitución, y las becas como aprendices para jóvenes en centros laborales.
Durante la pasada consulta ciudadana del 29 de octubre, en la que se puso a votación el proyecto para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México votaron un millón 67 mil 859 personas, 142 mil 691 más que este fin de semana; sin embargo, en la primera las mesas de votación estuvieron abiertas durante cuatro días, mientras que la de los 10 proyectos prioritarios sólo se desarrolló el sábado y domingo.

Aprueba la UE "el único acuerdo posible" para la separación de GB

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▲ La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ayer, en una cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de noviembre de 2018, p. 21
Bruselas. La Unión Europea (UE) aprobó este domingo un histórico acuerdo de divorcio con Reino Unido, calificado por ambas partes como el único posible, en un proceso inédito que, para llegar a buen puerto, necesita aún una difícil ratificación por el Parlamento británico.
Este es el mejor acuerdo posible para Gran Bretaña y para Europa, dijo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, al término de una cumbre extraordinaria en Bruselas en que los mandatarios del bloque respaldaron el texto junto a la primera ministra británica, Theresa May.
La UE27 adoptó el acuerdo de salida y la declaración política sobre las futuras relaciones UE-Reino Unido, tuiteó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
A los parlamentarios británicos, muchos de los cuales amenazan con rechazarlo, Juncker les invitó a tener en cuentan la realidad, una advertencia similar a la lanzada por May, quien se enfrenta no sólo a sus rivales de la oposición, sino también a un nutrido grupo de rebeldes en el Partido Conservador.
May aseguró que nadie consigue todo lo que quiere en una negociación. Si la gente piensa que se puede hacer otra, no es el caso. Este es el acuerdo que está sobre la mesa; es el mejor y el único posible.
Con este primer acuerdo de divorcio de un país en la historia del proyecto europeo, Reino Unido y la Unión Europea buscan pasar página a más de cuatro décadas de relación compleja.
El Brexit no es un momento de alegría ni de celebración, es un momento triste y es una tragedia, aseguró Juncker.
El acuerdo, de 585 páginas, 185 artículos y tres protocolos, adoptado por los líderes europeos recoge los términos de la salida de Reino Unido del bloque, prevista para el próximo 29 de marzo.
El pacto fija el procedimiento de divorcio, protege los derechos de los ciudadanos de Reino Unido y de la UE afectados por el Brexit y mantiene abierta la frontera con Irlanda.
Los términos del acuerdo incluyen cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, la factura de unos 39 mil millones de libras que Londres debe pagar y rubrica un documento de 26 páginas que establece los objetivos para relaciones futuras una vez que Gran Bretaña se desprenda del bloque europeo.
La canciller federal alemana, Angela Merkel, calificó de obra de arte diplomática el acuerdo, que necesitó 17 meses de duras negociaciones, repletas de sobresaltos, para ver la luz.
El Brexit muestra que nuestra UE tiene un elemento de fragilidad y que debería ser mejorado, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, quien pidió una reconstrucción del bloque.
Seguiremos siendo aliados, socios y amigos, afirmó Michel Barnier, negociador de la UE para el Brexit, para quien el acuerdo alcanzado con Londres es un paso necesario para crear confianza a la hora de negociar una ambiciosa relación futura.
La cumbre de este domingo estuvo en vilo durante días, pues España amenazaba con un veto si no recibía garantías sobre el peñón de Gibraltar, situado en el sur de la península Ibérica y bajo soberanía británica.
Madrid exigía que cualquier acuerdo de la UE que afecte a Gibraltar debía contar con su visto bueno y logró esa garantía el sábado. (España cedió Gibraltar a Reino Unido por el Tratado de Utrecht de 1713, que acabó con la guerra de sucesión española).
Está previsto que el Reino Unido abandone la UE a finales de marzo, pero antes May deberá lograr que los acuerdos del Brexit sean aprobados por el Parlamento británico.
El texto de salida de la UE ha generado un fuerte rechazo tanto de los diputados británicos más euroescépticos, como de los legisladores que se oponen al Brexit, por lo que es posible que May no logre el apoyo necesario para su aprobación en la votación que se celebrará a mediados de diciembre.
Los más euroescépticos se oponen al mecanismo denominado backstop, previsto para evitar que vuelva a surgir una frontera entre la región británica de Irlanda del Norte –que saldrá de la UE– y la República de Irlanda, que permanecerá en el bloque.
Según el acuerdo, si no se encuentra una solución mejor, todo Reino Unido seguirá temporalmente formando parte de la unión aduanera transcurrido el periodo de transición, que termina a finales de 2020.
En una carta a la nación publicada este domingo, May pidió a sus conciudadanos que apoyen el acuerdo. Comienza un nuevo capítulo en nuestra vida nacional, escribió. Tras la salida del país de la UE llegará un momento de renovación y reconciliación en el que los defensores y detractores del Brexit tendrán que volver a ser un pueblo. Con esta separación Reino Unido recupera el control de su dinero, sus leyes y sus fronteras, añadió, y ahora es importante volver a concentrarse en temas como la economía o el sistema de salud.
May planea presentar el acuerdo a políticos y a la sociedad británicos en las próximas semanas antes de su votación en el Parlamento el próximo mes. Entre febrero y marzo el acuerdo será ratificado por la Eurocámara.

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