jueves, 1 de noviembre de 2018

AVISO. A toda la RESISTENCIA, Continuación del Taller sobre Cooperativismo y Autogestión.

AVISO.

A toda la RESISTENCIA

Camaradas.

Por este conducto les enviamos la CONVOCATORIA para la continuación del Taller sobre Cooperativismo y Autogestión.


Además de la convocatoria les enviamos un documento de insumo básico para la discusión.

1. El Estatuto Social de LF del Centro.
Descarga: http://www.sme.org.mx/PDFDocs/Reglamentointeriores.pdf

Y cinco propuestas normativas complementarias al REGLAMENTO ORGANIZATIVO para el funcionamiento autogestivo de LF del Centro.

2. Reglamento de Envío de Candidatos
Descarga: http://www.sme.org.mx/PDFDocs/DoctosCooperativa/02PROPUESTAREGLAMENTOENVIOCANDIDATOS.pdf

3. Reglamento Disciplinario.
Descarga: http://www.sme.org.mx/PDFDocs/DoctosCooperativa/03PROPUESTAREGLAMENTODISCIPLINARIO.pdf

4. Reglamento General de Operación.
Descarga:http://www.sme.org.mx/PDFDocs/DoctosCooperativa/04PROPUESTAREGLAMENTOGENERALDEOPERACION.pdf

5. Reforma de Estatutos.
Descarga: http://www.sme.org.mx/PDFDocs/DoctosCooperativa/05PROPUESTAREFORMAESTATUTOLFC.pdf


6. Procedimiento de Adhesión de Socios.
Descarga: http://www.sme.org.mx/PDFDocs/DoctosCooperativa/06PROPUESTAPROCEDIMIENTOSADHESIONSOCIOS.pdf

Como es sabido, el Taller de Cooperativismo y Autogestión es el preámbulo para la realización de nuestras Asambleas de Unidad Productiva y de nuestra Asamblea General, que al término de todo este proceso de discusión democrática sancionará soberanamente este conjunto de propuestas.

El llamado es a la participación democrática de todas y todos los miembros de la resistencia en la toma de decisiones de nuestra Cooperativa LF del Centro. NO Faltes!!!

CONVOCANTES.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Comité Central y Comisiones Autónomas

SOCIEDAD COOPERATIVA LF DEL CENTRO
Consejos de Administración y Vigilancia.

CDMX a 1 de Noviembre de 2018.

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CONVOCATORIA AL TALLER SOBRE EL
REGLAMENTO DE ENVÍO DE CANDIDATOS DE LF DEL CENTRO


El proceso de reglamentación y regulación interna de nuestra Sociedad Cooperativa toma como base los 14 Resolutivos aprobados en la Asamblea General del 21 de marzo pasado. El resolutivo número 9 es de vital importancia en dicho proceso ya que tiene como fin:

…transparentar la integración progresiva de nuestros compañeros y compañeras a los puestos de trabajo que en el proceso vayamos creando…

Por ello, como resultado del trabajo conjunto de la Dirección del Sindicato y la Estructura Directiva de la Cooperativa, para la elaboración de la reglamentación interna de LF del Centro

CONVOCAMOS:

A todas las socias y socios cooperativistas, a participar en las sesiones que se llevarán a cabo los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de noviembre, para presentar la propuesta de Reglamento de Envío de Candidatos para las actividades de la cooperativa, documento que, junto con otras propuestas, habrán de discutirse en las Asambleas de Unidades Productivas y la Asamblea General de la Cooperativa, a celebrarse próximamente.

Cada sesión tendrá una duración total de 2 horas y se llevarán a cabo en el Auditorio Ernesto Velasco Torres, en Insurgentes 98. Con el fin de facilitar la participación de TODOS los socios COOPERATIVISTAS, se realizarán 2 sesiones diarias:

• Horario matutino (de 10:00 AM a 12:00 PM). El registro comenzará a las 9:30 AM.
• Horario vespertino (de 4:00 PM a 6:00 PM). El registro comenzará a la 3:30 PM

Los interesados en obtener copia digital de la documentación, deberán proporcionar número telefónico celular y/o correo electrónico al momento del registro. La participación en el taller es de carácter obligatorio para todos los socios cooperativistas. Los participantes deberán presentar su credencial del SME vigente al momento del registro.

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONVOCANTES
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Comité Central y Comisiones Autónomas

LF DEL CENTRO, S.C. DE R.L. DE C.V.
Consejos de Administración y Vigilancia


Creció la economía sólo la mitad de lo ofrecido con las reformas: SHCP

Pueden enfrentarse los retos hasta finales del año: Alejandrina Salcedo
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Jueves 1º de noviembre de 2018, p. 24
Pese a la reciente turbulencia financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene la meta de crecimiento económico de entre 2 y 3 por ciento para este año.
Al presentar el último informe trimestral de finanzas públicas de la actual administración, Alejandrina Salcedo Cisneros, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, aseguró que las metas fiscales para este año, que incluyen un superávit primario (ingreso menos gasto antes del pago de deuda) serán cumplidas.
Con la previsión para este año, el crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto fue de 2.4 por ciento anual, de acuerdo con la cifra ofrecida por la funcionaria. Ese repunte fue poco menos de la mitad del ofrecido por el gobierno en caso de fueran aprobadas, como ocurrió, las reformas estructurales.
Estos resultados muestran que la economía mexicana ha sido resiliente a los choques que ha enfrentado. En ausencia del fortalecimiento del marco macroeconómico y de la puesta en marcha de las reformas estructurales se hubiera observado una importante desaceleración, refirió Salcedo Cisneros.
En los Criterios generales de política económica 2014, la SHCP aseguró que con la aprobación de las reformas estructurales –en telecomunicaciones, energía, competencia y sector financiero, entre otros– la economía mexicana lograría un crecimiento promedio anual de 5.02 por ciento entre 2015 y 2018.
La SHCP pronosticó, en ese documento, que con reformas se alcanzaría un crecimiento de 4.7 por ciento en 2015; 4.9 en 2016; 5.2 en 2017 y 5.3 este año. Estos objetivos se diluyeron y la actual administración gubernamental cierra con un crecimiento económico de menos de la mitad de lo ofrecido.
Acompañada de Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, y de Juan Rebolledo Márquez, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, Salcedo afirmó que la economía mexicana podrá enfrentar los retos hasta el final del año.
Tenemos un marco macroeconómico sólido y vale la pena seguir reforzándolo.
Reveló que pese a la inestabilidad en el tipo de cambio atribuida a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), no se tiene considerado que la Comisión de Cambios deba intervenir.
La economista en jefe de la SHCP declaró que el mensaje del equipo económico de transición en el sentido de que destinará recursos fiscales para el pago de contratistas e inversionistas del NAIM, con lo que se honrarán los compromisos y se mantendrá la disciplina fiscal, así como el respeto al estado de derecho y que se alcanzará un superávit fiscal, es muy relevante.
Sobre el fondo para la transición por 150 mil millones de pesos, instituido el pasado 28 de junio, Isaac Gamboa informó que no se ha utilizado por el nuevo equipo y con los intereses ya suma 152 mil millones de pesos.

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ICA y Hermes apoyan decisión de AMLO sobre cancelación de NAIM en Texcoco

AMLO pidió tranquilidad ante decisión de cancelar el NAIM en Texcoco. Foto: Tomada de video
AMLO pidió tranquilidad ante decisión de cancelar el NAIM en Texcoco. Foto: Tomada de video

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos de los principales contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuya cancelación fue anunciada por el presidente electo, se dijeron listos a respaldar al próximo gobierno, así como la decisión tomada al respecto.
Luego de un encuentro con López Obrador en la oficina de la transición, Alberto Pérez Jácome, director general de Hermes, y Guadalupe Philips, director de ICA, calificaron la cita como “una buena” y “una constructiva” reunión, para luego exponer el apoyo de sus respectivas empresas a la decisión de cancelar el NAIM.

En entrevistas por separado, la directora de ICA expuso que la decisión de cancelar la obra es del gobierno entrante y que será respetada por la empresa que dirige conforme a derecho.
La ejecutiva no quiso entrar a detalle en las condiciones financieras, de indemnización ni de compromiso para trabajaos en Santa Lucía, pero anticipó que seguirán trabajando en la infraestructura del país con el gobierno entrante y “lo vamos a hacer con mucho gusto”.

“Platicamos de apoyar la decisión y lo vamos a hacer. Somos contratistas en este país, nos toca trabajar por la infraestructura y lo vamos a hacer. Ese es el mensaje: nosotros queremos apoyar al presidente electo, al gobierno entrante y lo vamos a hacer”.
Luego de que el lunes las cámaras y organismos empresariales cuestionaran la consulta convocada por López Obrador, así como la decisión que en el resultado de la votación se tomó, la posición de los contratistas directamente implicados contrastó hoy, cuando también Alberto Pérez Jácome, director de Grupo Hermes, expresó su apoyo a la decisión, calificando el mensaje del presidente electo como de “confianza y respeto a la ley”.
Por lo pronto, Pérez Jácome confirmó que se han establecido las mecánicas para finalizar los contratos en el NAIM y que en breve habrá una convocatoria más amplia para actuar conforme a la decisión tomada por el presidente.
“Vamos a hacer una conciliación ordenada y civilizada. No hay incertidumbre ni nada que temer. Nos vamos tranquilos y confiados en que se va a actuar conforme a derecho”, agregó.
Ayer, el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace de López Obrador con el sector empresarial, Alfonso Romo Garza, anunció que integrarían una comisión entre él, y los futuros titulares de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a fin de dar calma a contratistas e inversionistas, aunque hoy, los encuentros se realizaron directamente con el presidente electo, se espera que dicha comisión encabece los trabajos para la terminación de contratos del NAIM, en el lago de Texcoco.

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Empresas ganadoras de rondas petroleras invierten 20 mil mdd en 70 pozos: PA Consulting

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Empresas petroleras que ganaron en las rondas petroleras están por iniciar labores de perforación en 70 pozos, lo que representará una gran oportunidad de aumentar la producción de hidrocarburos, adelantó a ENERGÍA HOY, Guillermo Bilbao, director en México en PA Consulting Group, en el marco del Energy Day que organizó la Cámara de Comercio Británica en el Hilton Reforma de la Ciudad de México.
“Estos pozos los están trabajando los ganadores de las rondas petroleras, una vez que ganas una licitación corres, lógicamente hay que empezar a perforar cuanto antes, hay que confirmar reservas, empezar a sacar el primer barril, todo es cuanto antes”.
Guillermo Bilbao que participó como moderador de la intervención de Macario Schettino que realizó el análisis sociopolítico de la situación actual, indicó que las inversiones que se van a realizar son entorno a los 20 mil millones de dólares, y el presupuesto de la federación no tiene esos recursos. Y realizar las rondas petroleras fue un buen modo de hacerlo.
“Se decidió cuál será el royalty para pagar a la federación por extraer ese petróleo y el mercado dio unos números muy positivos para la federación y tendrá grandes ingresos derivado de esos nuevos pozos y nueva producción”.
El consultor de PA Consulting sostuvo sin embargo, que estos “70 pozos requieren de muchas cosas, certidumbre jurídica, por supuesto, pero también necesitan que la tecnología esté disponible y una proveeduría. Aquí México tiene una oportunidad de proveeduría nacional fantástica”.
“Nosotros estamos con varias de las empresas operadoras y ellas quieren desarrollar proveedores nacionales, les viene bien a las propias empresas, esa es una oportunidad maravillosa para México, estoy seguro que el contenido nacional será algo en lo que se va a trabajar mucho en los siguientes 6 años”.
PA Consulting fue patrocinador del Energy Day que organiza la Cámara Británica dese hace 15 años.

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El gasoducto Los Ramones II, inseguro y envuelto en irregularidades

Peña en la inauguración del gasoducto Los Ramones II. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Peña en la inauguración del gasoducto Los Ramones II. Foto: Víctor Hugo Valdivia

PROCESO 

Las firmas italianas que participaron en la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur, adjudicada por Pemex, aseguran que hubo un sobreprecio de 223 millones de dólares en esa obra. Por medio de su abogado, Salvador Ochoa, se quejan también de que el consorcio que los contrató –ICA-Fluor– aún les adeuda 570 millones de pesos y aseguran que la obra carece de la certificación internacional que garantiza la seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las compañías Sicilsaldo y Nuova Ghizzoni que participaron en la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur –la tercera parte del tramo de esa obra ubicada en Guanajuato, la zona de mayor robo de hidrocarburos– denunciaron ante la Fiscalía General de Querétaro a la empresa mexicana ICA, a la estadunidense Fluor y a funcionarios de Pemex de haberlos engañado y desviado el dinero público para el pago de la obra.

Salvador Ochoa, abogado de ambas firmas, asegura que de enero a diciembre de 2017 denunció esas irregularidades ante los órganos internos de control de Pemex, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la de Energía (Sener). Esas instancias, dice, rechazaron sus argumentos y desdeñaron los documentos probatorios que presentó.
Hoy, dice el abogado, sus representadas adeudan cerca de 3 millones de dólares –50.5 millones de pesos– a proveedores asentados en Querétaro, los cuales fueron subcontratados para el traslado de maquinaria, equipo e insumos. Ello se debe a que el consorcio ICA-Fluor, el que contrató a las firmas italianas, aún no les paga.
Según documentos de la Sener, el gasoducto Los Ramones Fase II Sur tiene una longitud de 291 kilómetros que van de San Luis Potosí a Apaseo El Alto, Guanajuato, pasando por Querétaro. Su costo oficial fue de 945 millones de dólares.
La obra se le adjudicó a ICA-Fluor de manera directa –sin licitar–, por lo que subcontrató a las empresas italianas para construir un tramo de 106.5 kilómetros; incluso se firmó un contrato con cinco añadidos que sumaron 92 millones de dólares (mdd), de los cuales el consorcio dejó de pagar 30 a sus clientes, dice el abogado.
Y expone: “Si la obra fue de casi 300 kilómetros con un costo de 945 mdd, según los documentos de la Sener, entonces el costo aproximado por 100 kilómetros fue de 315 mdd. Y si a nosotros nos contrataron para construirlo por sólo 92 mdd, entonces hay un faltante de 223 mdd. ¿Dónde están? ¿Quién se quedó con ellos? ¿Quién los cobró?
“No sólo desconocemos quién se quedó con esos 223 mdd que Pemex pagó por la construcción de un tramo de 100 kilómetros, sino que además el único encargado de ‘bajar’ o cobrar el dinero a la petrolera nos quedó a deber 30 millones de dólares.”
Todo eso, dice el abogado, se encuentra en la denuncia penal que presentaron sus clientes ante la fiscalía de Querétaro, a la que acusa de no investigar.
Dudosa asignación a ICA
El 13 de mayo de 2013, Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy Pemex Transformación Industrial, PTI) lanzó la convocatoria internacional para “prestación de servicios de transporte de gas natural de la estación de Los Ramones, Nuevo León, a la estación de Apaseo el Alto, Guanajuato”.
Se trataba de construir el gasoducto Los Ramones Fase II Sur. Hubo tres concursantes: Transportadora de Gas Natural de la Huasteca –conocida como TransCanada–, Infraestructura Energética Nova –conocida como Sempra– y Enagas International SLU-Ramones BV.
A pesar del ventajoso contrato y después de haber trabajado “con interés y esfuerzo” durante cuatro meses y presentar propuestas, el 27 de septiembre de 2013 las dos primeras compañías se desistieron de manera irrevocable “por así convenir a sus intereses”; sólo Enagas se mantuvo en la puja.
Sin embargo, semanas después –el 15 de octubre–, se le informó a la compañía que su propuesta “no fue solvente” y se declaró “desierto el proceso licitatorio No. PGPB-PL-001/2013. En consecuencia, el 14 de abril de 2014 se otorgó un contrato por 743 millones de pesos de manera directa a ICA, cuyo dueño es Bernardo Quintana Isaac, y a Fluor para diseñar y construir el gasoducto de 291.7 kilómetros, con tubería de 42 pulgadas.
Desde la convocatoria de mayo de 2013 se establecieron las grandes ventajas para quien se adjudicara el contrato. Se estableció, por ejemplo, que el ganador pasaría a tener 90% del capital social de la empresa Tag Pipelines, creada por Pemex, mientras el restante 10% estaría en manos de las firmas MGI Enterprises LTD y MGI Supply LTD, ambas constituidas en paraísos fiscales como las Islas Caimán.
Según esa convocatoria, al año Pemex adquiriría otro 20% de ese capital, subsidiando así 30% de la inversión requerida. Y, una ventaja más, se le autorizaría a “subcontratar todas aquellas actividades relacionadas con el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema de transporte”.
En la página 28, el documento del 13 de mayo de 2013 indica que Pemex “pagará” al ganador el transporte de gas bajo las reglas que establezca la Comisión Reguladora de Energía. Otra ventaja: los millones que la contratista ganara diariamente por el transporte de gas serían de 5 millones 801 mil pesos, según las tarifas establecidas para Tag Pipelines Sur.
Al ser Tag Pipelines una empresa de Pemex, firmó el contrato para el servicio de transporte de gas con PTI. Pero como los dos consorcios ganadores se desistieron y el tercero fue descalificado, la beneficiaria fue ICA-Fluor.
El 5 de junio de 2014, la Comisión Reguladora de Energía otorgó a TAG Pipelines el permiso G/335/TRA/2014, con una vigencia de 30 años.
Sin embargo, de manera extraña, antes de que se otorgara la adjudicación directa a ICA-Fluor, ésta tenía ya varios meses recibiendo las propuestas de subcontratistas para la construcción del gasoducto.
Así lo prueba la carta que ICA-Fluor envió el 19 de junio de 2014 al Consorcio Corporativo de Construcción en México (Cocomex)-Sicilsaldo-Nuova Ghizzoni, según la cual su oferta se aprobó “el 28 de febrero de 2014”.
La misiva fue para notificar al consorcio Cocomex-Sicilsaldo-Nuova Ghizzoni la adjudicación GLR-007-14 para la construcción de 106.5 kilómetros del gasoducto que va de San Luis Potosí a Apaseo El Alto, Guanajuato. Semanas después, el 22 de agosto se fijó el monto del contrato: 62 mdd más impuestos.
El 22 de mayo de 2015, ICA-Fluor y Cocomex-Sicilsaldo firmaron el subcontrato para construir los 106.5 kilómetros de gasoducto del 22 de mayo al 19 de octubre de ese año. Sin embargo, se hicieron cinco añadidos y la suma se elevó a 90 mdd, según el abogado de las empresas italianas.
Un mal rompimiento
La buena relación entre ICA y los italianos se rompió. El 23 de noviembre de 2015 se notificó a los empresarios la “suspensión de trabajos” por “incumplimiento contractual”.
Ochoa rechaza esa imputación. Recuerda que el último pago lo recibieron sus clientes la primera quincena de octubre de 2015; asegura también que se firmaron dos estimaciones más de pago e incluso las firmas italianas emitieron las facturas correspondientes. ICA-Fluor no se las liquidó, por lo que, puntualiza, les debe 30 mdd; es decir, 570 millones de pesos. Hoy, dice, sus representadas adeudan 50 millones de pesos a sus proveedores de Querétaro.
Durante un año se intentó conciliar con ICA y con Ricardo Álvarez Fonseca, el representante de Cocomex –la empresa con la cual la propia ICA pidió a los italianos formar la sociedad–, que finalmente firmó el subcontrato para la construcción de los 106.5 kilómetros de gasoducto.
Finalmente los italianos presentaron la denuncia penal contra Álvarez Fonseca, Quintana Isaac y los funcionarios de Pemex que manejan Tag Pipelines por engaños y por el adeudo de 30 mdd.
El abogado alega que “sí se terminaron las obras”. Aclara que sólo faltaron como “10 kilómetros, pero eso fue porque nos sacaron del lugar”. Y añade que Cocomex se encargaba de “bajar” el recurso de Pemex, que depositaba en sus cuentas y luego pagaba a los italianos.
Para 2017 ninguno de los señalados había sido citado a declarar. Y ante la declarada negligencia de la fiscalía, el abogado recurrió al juez primero de Oralidad Penal del Estado de Querétaro, quien el 31 de agosto de 2017 ordenó a la fiscalía realizar las investigaciones del caso. “Al día de hoy –puntualiza el demandante– todo sigue en la impunidad y nadie se ha hecho cargo de las indagatorias”.
Meses antes, el 13 de enero de 2017, los italianos recurrieron a la denuncia administrativa, interpusieron denuncias ante el Órgano Interno de Control de Pemex, ante la Sener y ante la SFP. Luego de un año, el 15 de febrero de 2018, y de aportar pruebas de sus denuncias, la SFP determinó que “no se advirtieron elementos suficientes de prueba o convicción que permitieran acreditar la existencia de conductas irregulares…”.
Un dato alarmante que revela el abogado y se incluye en las denuncias, es que en 81 kilómetros del tramo, ICA –la empresa a la cual Pemex le adjudicó la obra– no cuenta con los certificados de seguridad en el sellado o pruebas de soldadura no destructiva del gasoducto.
Ochoa explica que, como parte de las normas internacionales, el gasoducto debe contar con un escáner, películas y certificados que se realizan a lo largo del tramo y donde consta la seguridad. Los italianos y Cocomex fueron los encargados de contratar a la empresa internacional Norcontrol Inspección para realizar la inspección. Los italianos recibieron el material, pero como ICA-Fluor no les pagó, decidieron no entregárselos.
En las denuncias a Pemex y la Sener se detalla que ni Pemex ni Tag Pipeline ni ICA tienen el material y “por la seguridad de la obra” y al carecer de la documentación o película comprobatoria el gasoducto no puede operar.
En sus denuncias, los italianos también advierten que la “seguridad del gasoducto es de orden público, de interés social… y para que se ponga en operación en esos tramos, de encontrarse tal documentación, ésta es falsa e ilícita”, ya que todo el material está en poder de Sicilsaldo.
El abogado incluso muestra fotografías de los miles de rollos de película y escáner de los 81 kilómetros del tramo construido.
La ganona
Noviembre de 2015 fue un mes de altibajos para ICA, pues no pudo cubrir el pago de intereses por 31 mdd a sus acreedores, canceló el contrato con los italianos en la construcción del gasoducto y aún les debe 30 mdd por sus servicios.
Además, el 27 de ese mes Pemex decidió “desinvertir” en Tag Norte Holding, Tag Pipelines Norte y Tag Pipelines Sur (responsables del desarrollo e inicio de operaciones del gasoducto Los Ramones Fase II), en sus tramos norte y sur. Ello implica, para ICA, quedarse con los permisos de transporte de gas, pues al adjudicársele la obra de manera directa se quedó con 90% del capital social de los tags.
Y como el permiso para transporte y cobro de gas fue otorgado a Tag Pipeline, ahora podrá cobrar a Pemex por transportar el gas, 5.8 mdd por día en el tramo sur. Para el tramo norte el cobro asciende a 11.1 mdp.
Pero ICA sabe hacer buenos negocios y cubrir sus deudas. El 1 de marzo pasado logró salir de concurso mercantil en que se encontraba y pudo reestructurar pasivos con su acreedor por más de 3 mil 500 mdd, según reportó el 19 de marzo de 2018 la periodista Erika Hidalgo, del portal Lexlatin.
Este reportaje se publicó el 28 de octubre de 2018 en la edición 2191 de la revista Proceso.

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Casi vacías, oficinas de Presidencia; han salido más de 500 empleados

Rosa Elvira Vargas
 
Periódico La Jornada
Jueves 1º de noviembre de 2018, p. 18
Ayer, en el último día de octubre, concluyó la fase más intensa en el proceso de separación, vía despido o solicitud de renuncia, de funcionarios y empleados de las oficinas presidenciales.
Se estima que sólo en las oficinas de la Presidencia más de 500 han dejado el empleo. Y también que en este último mes del mandato de Enrique Peña Nieto trabajarán sólo los titulares de las diversas oficinas, con el mínimo de personal de confianza, así como los elementos del Estado Mayor Presidencial, que también está a punto de desaparecer.
Despejar la nómina y los puestos laborales para que el gobierno entrante disponga de los mismos y al mismo tiempo agilizar, en caso de mandos medios y superiores, la entrega del Seguro de Separación Individualizado (SSI), han sido los principales argumentos esgrimidos para prescindir de quienes laboraron estos seis años –y en muchos casos desde antes– en la Presidencia de la República.
De este modo, a partir de hoy áreas enteras quedan prácticamente desmanteladas y, en el mejor de los casos, sólo con el titular y muy pocos de sus colaboradores más cercanos.
Se ha dicho incluso que para el último tramo de la actual administración federal algunos servidores han aceptado trabajar pro bono, esto es, sin cobrar durante noviembre.
En la sala de prensa de Los Pinos, por ejemplo, a partir de ayer sólo quedó la titular de esa área, el equipo de estenógrafos y una secretaria.
En la Presidencia se tienen muy pocas de las llamadas plazas de base y cada administración emplea funcionarios en la modalidad de estructura o contrato –aunque a final de cuentas prácticamente todos caen en la categoría de trabajadores de confianza– y por tanto resultan prescindibles cuando así lo determinan las diversas áreas de la Presidencia.
Por lo general, los contratos de los empleados de Los Pinos –mandos medios y operativos sobre todo– vencían el 30 de noviembre del año de cambio de poderes, y las administraciones entrantes, tras realizar evaluaciones de desempeño y aquilatar la experiencia acumulada, decidían en no pocas ocasiones ratificar su permanencia.
Esta vez, y cuando a partir de diciembre gobierne Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado su intención de despedir a buena parte del personal de confianza del gobierno federal, instancias como las oficinas de la Presidencia se adelantaron y desde julio mismo –cuando se realizaron los comicios– iniciaron el despido del llamado personal eventual.
En conferencia de prensa el día 18, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, confirmó tener la instrucción de realizar ese procedimiento con el fin de no dejar cargas financieras adicionales a la nueva administración.
Detalló que en una reunión previa de gabinete, el presidente Peña Nieto instruyó a todas las dependencias no realizar nuevas contrataciones en los últimos meses del sexenio y hacer los ajustes necesarios en el gasto corriente, a fin de que el gobierno entrante no tenga cargas más allá de los que la propia operación requiera para iniciar en las mejores condiciones financieras.
Fue así como entre ese mes y octubre día a día se fue solicitando la renuncia a muchos trabajadores de la Presidencia. De manera notoria, en el área de comunicación social se volvió común recibir noticias de las incesantes bajas y ausencias de trabajadores de las áreas de información y logística y ayer prácticamente cerró con la salida de altos mandos.

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Suspende el IMSS servicios a 5 mil empleados de la UAN por adeudos

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▲ Empleados de la Universidad Autónoma de Nayarit se sumaron el pasado lunes al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios a fin de exigir al gobierno federal más recursos para las instituciones de educación superior.Foto Myriam Navarro
Myriam Navarro
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de noviembre de 2018, p. 31
Tepic, Nay., El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de brindar servicio médico a cerca de 5 mil trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), debido a un adeudo de cuotas por poco más de 175 millones de pesos, y otro por cuotas de retiro en edad avanzada superior a 83 millones de pesos.
El IMSS notificó a los empleados sus semanas cotizadas y sus fechas de afiliación y de baja. En respuesta, líderes de los sindicatos de Empleados y Trabajadores de la UAN (Setuan), así como de Personal Académico de la UAN (Spauan), Luis Manuel Hernández y Carlos Muñoz, respectivamente, dieron a conocer que interpusieron sendos amparos para evitar que la comunidad universitaria se quede sin servicio médico.
El pasado 31 de agosto el rector, Ignacio Peña, pidió al IMSS buscar una alternativa. “Estamos en un momento muy complicado. Vislumbramos que a partir de noviembre no tendremos recursos para pagar la nómina; si sumamos que no tendremos seguridad social, el problema sale del ámbito universitario y se vuelve de carácter estatal. Yo pediría al Seguro Social llegar a un acuerdo. Hemos pagado en los dos años recientes cerca de 80 millones de pesos’’, dijo entonces.
Deudas con SAT e Infonavit
Mencionó que la UAN adeudaba mil millones de pesos al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como 670 millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La UAN sólo tiene dinero para pagar la primera quincena de noviembre (54 millones de pesos en salarios y estímulos), pero carece de fondos para las cuatro quincenas que restan de 2018.
El dirigente del Spauan, Carlos Muñoz, informó que obtuvieron un amparo que evitará que se suspenda el servicio médico a los agremiados y tampoco se les dará de baja del instituto. Este sindicato cuenta con 2 mil 800 afiliados.
El lunes anterior la UAN participó en el paro convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios para exigir al gobierno federal apoyo para regularizar la situación económica de la institución. Ese día el líder del Setuan, Luis Manuel Hernández, advirtió que si el 15 de noviembre no se pagan las quincenas habrá una huelga que afectará a 30 mil alumnos de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado.
Aarón Noel Verduzco, dirigente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, aclaró ayer en conferencia de prensa que ese organismo tiene un convenio con el IMSS para brindar atención médica a estudiantes de preparatoria y universidad y que no depende de cuotas-obrero patronales, por lo cual los estudiantes no perderán este servicio.
Hasta ayer la UAN no había fijado su postura sobre esta situación, aunque fuentes de la rectoría informaron que Ignacio Peña busca alternativas para cubrir las próximas quincenas.

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Fracasa también en Colombia la “guerra” contra las drogas

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Bogotá, Colombia. El consumo de drogas crece en Colombia de modo preocupante, amparado en un mercado cada vez más amplio y diverso. La conclusión pertenece al Observatorio Nacional de Drogas, instancia gubernamental subordinada al Ministerio de Justicia que señala cómo al menos 520 mil estudiantes, cuyas edades están entre los 12 y los 18 años, han consumido drogas por lo menos una vez en su vida. Esa cifra representa al 15.9 por ciento de los escolares del país entre el séptimo décimo primero grados, y confirma cómo el consumo se convirtió en un problema de salud pública.
Los estudios de expertos revelan que mientras el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes bajó, el de sustancias ilegales, incluidos el éxtasis y la cocaína, va en aumento sostenido.
De las drogas ilegales, la marihuana encabeza la lista de las más fáciles de conseguir para los niños colombianos, con 37.3 por ciento; le siguen el basuco (conocido en México como crack: pasta de residuos de cocaína) con 12.4 por ciento; la cocaína con 12 por ciento; los productos inhalables con 8.5 por ciento y el éxtasis con 7 por ciento.
A lo anterior se suma que en los últimos 8 años se han encontrado 32 nuevas sustancias en el país sudamericano, que consumen preferentemente los jóvenes.
Según investigaciones epidemiológicas de consumo, el mercado de drogas sintéticas en Colombia se expande y se diversifica. También se ha podido comprobar a través de las incautaciones y de los datos obtenidos en laboratorios.
Jenny Fagua, de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, explicó al diario local El Colombiano tras un decomiso, por ejemplo de aparente éxtasis, se realizan pruebas químicas que determinan si hay nuevas moléculas y si se trata de un nuevo alucinógeno.
Advierten las autoridades colombianas que conocer el impacto en la salud de tales sustancias puede tardar mucho tiempo. En los laboratorios ilegales en los que las fabrican hacen mezclas de anestésicos, opioides y estimulantes, pero nadie sabe en realidad cuáles son los efectos de esas pastillas. Incluso, quienes las compran no saben qué están consumiendo.
Señalan que los “jíbaros” –como llaman en Colombia a los que se dedican al narcomenudeo–, engañan a los compradores al manifestarles que son drogas como el éxtasis o el LSD, cuando pueden tener perjuicios para la salud mucho mayores.
Para el médico e investigador José Norman Salazar, el panorama es desalentador, pues demuestra que los estudiantes cada vez están más cerca de acceder a este tipo de drogas. El riesgo consiste en que los jóvenes “policonsumen”, es decir, pueden tomar varias drogas que mezcladas con alcohol intoxican y conducen a la muerte.
De los consumidores de sustancias psicoactivas en Colombia, el 87 por ciento compra marihuana. El abuso del basuco se presenta, en su mayoría, en los estratos de bajos ingresos, mientras que existe una mayor proporción de consumidores de cocaína y éxtasis en los denominados estratos altos.
Martha Paredes, subdirectora de Análisis e Investigación del Ministerio de Justicia, expresa que los resultados siguen mostrando la tendencia al alza en el consumo y una reducción de brechas entre hombres y mujeres. Paredes apunta que donde más se consume es en el departamento de Antioquia, en el llamado Eje Cafetero, y en Bogotá.
Para el presidente del país, Iván Duque, es propósito de su administración desarticular las redes de suministro de estupefacientes. Tras concluir en septiembre último reunión del Consejo de Seguridad de la nación con altos jefes militares y policiales, el mandatario declaró que es objetivo central de su gobierno enfrentar el fenómeno de la drogadicción y acabar con las estructuras del microtráfico.
De hecho, el pasado 1 de octubre entró en vigor un decreto que regula el porte de estupefacientes en los espacios públicos y permite a las autoridades “confiscar cualquier dosis que se encuentre en las calles”. Duque admitió que hay cientos de miles de consumidores de sustancias psicoactivas en Colombia y llamó a enfrentar con fuerza la drogadicción. Expresó que habrá mano dura con los expendedores, “con los que están contaminando a los niños en las afueras de los colegios”.
Aseveró que su gobierno no está dispuesto a ver impunemente la destrucción de hogares como consecuencia de las drogas, ni la expansión de los cultivos ilícitos, estimados en unas 200 mil hectáreas en todo el país.
A juicio de la excandidata presidencial Piedad Córdoba, Duque ha optado por medidas que no resuelven el problema de fondo con complejas ramificaciones políticas, económicas y sociales. Sostiene la excongresista colombiana, que las nuevas directrices de la Casa de Nariño (sede de la presidencia) no se enfocan en el consumidor de cierto nivel de privilegio socioeconómico, sino en el de estratos medios o bajos.
Discrepa también del decreto gubernamental Juan de Zubiría, especialista en temas de educación y de drogas en Colombia: “En general todas la políticas de restricción lo que hacen es agudizar el problema. El microtráfico utilizará prácticas más oscuras porque cuando usted prohíbe, lo que hace es fomentar el mercado negro”.
Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Los cultivos de coca en el país crecieron en 171 mil hectáreas en 2017, lo que representa un aumento del 17 por ciento en comparación con 2016, reveló un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También el texto dio a conocer que el año pasado se produjeron 1 mil 379 toneladas de cocaína en el país sudamericano, 31 por ciento más que en 2016.
Como sostiene el histórico Acuerdo de Paz pactado en La Habana, la clave está en combatir la profunda inequidad social. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Sin mayor inclusión, no se liberará de las drogas ni del leonino negocio del narcotráfico.
Tania Peña/Prensa Latina