La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en México se dio a partir de enero del 2017
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La decisión que tomó la administración de Enrique Peña
Nieto, a unos días de terminar su gobierno, de disminuir los estímulos
fiscales aplicables para el Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios (IEPS) a las gasolinas y el diésel -que significa aumentar el
porcentaje de está tributación a los combustibles- y que ocasionaría un
probable aumento de sus precios, ha causado mucha indignación entre los
consumidores.
El aumento en el porcentaje del IEPS a los combustibles se dio a
conocer en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de octubre,
por lo que la gasolina Magna tendrá una cuota de 3.26 pesos por litro,
equivalente al 33.6 por ciento, que equivale a un aumento de 82 centavos
más de lo que se pagaba la semana pasada.
Para la gasolina Premium, el impuesto se incrementó en 29.5 por
ciento y la cuota por litro quedará en 3.55 pesos, por lo que subió 80
centavos su costo, mientras que para el diésel la cuota aumentó 22.5 por
ciento, al pasar de 2.17 pesos la semana pasada a 2.66 pesos, lo que
equivale a un incremento de 48 centavos por litro.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que los
ajustes a las tasas del IEPS que aplica a las gasolinas y el diésel se
vayan a traducir en aumentos en los precios de esos combustibles, ya que
la reducción en el monto del estímulo responde a la disminución
observada en el precio de las referencias internacionales durante la
semana que concluye.
La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en
México se dio a partir de enero del 2017 y a partir de esa fecha, cada
viernes la Secretaría de Hacienda Pública en el Diario Oficial de la
Federación establece las cuotas para el IEPS que cobra a los
combustibles, y la justificación a este incremento es por la política de
“suavización”, que ajusta la cuota a la baja cuando suben los precios
del crudo en el mercado internacional, y repone a la alza cuando
disminuyen los costos del combustible que importa México desde Estados
Unidos.
El precio total al público de las gasolinas y el diésel en México
actualmente contempla los siguientes conceptos: precio del litro de las
gasolinas por parte de Pemex, que ya incluye el IEPS, más el margen de
ganancia para la franquicia que distribuye los combustibles al menudeo,
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más el costo logístico. Todo
esto forma el precio final al consumidor.
El incremento de los precios de los combustibles petrolíferos que
ya han sido liberados a las fuerzas del mercado, se debe a varios
factores, entre los que se encuentran el alza del precio internacional
del petróleo, que es el principal insumo para la elaboración de estos
productos refinados, los altos impuestos al consumo de los energéticos,
el robo de gasolina en los ductos y sobre todo la baja producción de las
refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex), que provoca que haya poca
oferta local y que se tengan que importar los productos para satisfacer
la demanda nacional. Esto se agrava con la depreciación del peso frente
al dólar de los últimos meses, que encarece más la adquisición de estos
hidrocarburos en el exterior.
Según el reporte de Pemex, en 2017 el 71.58 por ciento del volumen de
gasolina utilizada por los mexicanos fue importada, con un total de
570.6 miles de barriles diarios adquiridos en el exterior, especialmente
de Estados Unidos.
En cuanto al diésel, un 74.77 por ciento de dicho hidrocarburo
consumido en México se trajo de otro país, mientras que aproximadamente
el 50 por ciento del gas Licuado de Petróleo que se comercializó en el
país se trajo del extranjero.
En los últimos años el alza en el precio de las gasolinas y la
producción de las refinerías de Pemex ha sido un tema abierto y
conflictivo para los mandatarios, desde Vicente Fox, pasando por Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto. Los presidentes panistas, cuando fueron
candidatos prometieron que el costo para el consumidor nacional de los
combustibles bajaría, mientras que la actual administración ofreció un
descenso de precios con la aprobación de la Reforma Energética, pero
desgraciadamente no hubo cumplimiento, ya que en los tres sexenios las
alzas en los precios de estos productos fueron significativas y con una
marcada disminución en la producción local de productos refinados.
Los altos ingresos y excedentes petroleros que se tuvieron en el
sexenio del Presidente Vicente Fox, permitieron que esa administración
aplicara un subsidio al consumidor final de gasolinas y diésel.
La administración de Felipe Calderón siguió aplicando el subsidio a
los combustibles automotrices, pese al alto precio de estos energéticos
en el mercado internacional, pero la crisis del 2009 hizo que la
administración calderonista tomara la decisión, a finales de ese año, de
incrementar mensualmente las gasolinas Magna, Premium y diésel,
práctica llamada popularmente como “gasolinazo”. El gobierno del panista
argumentó que era necesario retirar gradualmente el subsidio a las
gasolinas, debido al alto gasto que se destinaba a subsidiar el
combustible, que impactaba negativamente en las finanzas públicas.
La política de incrementos mensuales del gobierno de Calderón tenía
como objetivo reducir el subsidio al combustible, hasta igualarlo con
los precios promedio en Estados Unidos, que están determinados por el
mercado, a diferencia de México, que en ese entonces eran fijados por
las autoridades de la SHCP.
La tasa de importación de combustibles creció en el sexenio
calderonista y el primer año del gobierno de Enrique Peña, pasando de 41
al 50.1 por ciento entre el 2007 y el 2013, esto debido a la creciente
brecha entre producción y demanda, por la mala administración y
corrupción que hay en las refinerías del país, que condiciona una baja
producción y cada vez mayor demanda.
Las revisiones de la cuenta pública del 2012 sobre el organismo Pemex
Refinación, arrojaron resultados negativos, por lo que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) recomendó una investigación exhaustiva
por parte de autoridades, así como revisiones profundas sobre el
comportamiento de los funcionarios involucrados de esa administración,
que fue el último año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El gobierno de Felipe Calderón, en 2008, prometió una nueva refinería
en Tula Hidalgo para refinar crudos pesados y tener más producción de
combustibles. Dicho proyecto fue cancelado.
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró en enero de 2017 que, en la
administración de Felipe Calderón, se perdieron casi un billón de pesos
en subsidio a la gasolina y que el incremento al precio se trataba de un
ajuste.
El proyecto de la refinería de Tula que con bombo y platillo se
anunció en el sexenio pasado, fue rematado por la Secretaría de Energía
(Sener), en octubre del 2014, al asegurar que el nuevo Plan de Negocios
de Pemex de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto
consideraba sólo reconfigurar las refinerías existentes y no construir
nuevas centrales.
La cancelación de la refinería de Tula significó una pérdida para las
finanzas públicas de 3 mil 435 millones de pesos, ya que el proyecto
contaba ya con la barda perimetral, dos túneles de desfogue, la
reubicación de líneas de alta tensión y dos basureros.
El no llevar a cabo la construcción del complejo petroquímico en el
estado de Hidalgo, provocó también que no se crearan más de mil 400
empleos permanentes y más de 40 mil empleos directos e indirectos
durante la construcción, además de que varias empresas privadas, que ya
habían invertido en esa zona del país, y que instalaron oficinas,
tuvieran pérdidas millonarias.
La anulación del proyecto petrolero significa que ya no se procesarán
250 mil barriles diarios de crudo pesado, con lo que se tenía
proyectado producir 161 mil barriles de gasolina por día, 125 mil de
diésel y 76 mil barriles diarios de residuales, además incluiría la
construcción de 832 kilómetros de ductos para transportación de crudo,
gasoductos y líneas de interconexión entre las refinerías, lo cual
hubiera ayudado mucho a disminuir la importación de combustibles.
La reconfiguración que llevó a cabo la actual administración en las 6
refinerías que hay en México no ha tenido éxito, ya que, de acuerdo con
reportes financieros de Pemex, en el primer trimestre de 2013, año en
el que inició la administración de Enrique Peña Nieto, el sistema
nacional de refinación produjo un promedio de 425 mil barriles diarios
de gasolinas, que alcanzaron para satisfacer más de la mitad (54.6 por
ciento) del consumo nacional en dicho periodo (778 mil barriles
diarios).
Al segundo trimestre de 2018, la producción de gasolinas promedió fue
de 235 mil barriles diarios, los cuales apenas alcanzaron para cubrir
el 30 por ciento de la demanda nacional de combustibles, que fue de 784
mil barriles diarios.
El pasado lunes 22 de octubre, Pemex anunció a través de un
comunicado que importará 1.4 millones de barriles de crudo ligero Bakken
en noviembre. Asignó cuatro cargamentos de 350,000 barriles cada uno
para importar petróleo que será entregado el mes próximo, esto con el
fin de hacer más eficiente la producción de gasolinas y diésel, ya que
las 6 refinerías del país están diseñadas para trabajar con crudo ligero
y en México la mayor parte de la extracción de este energético es
petróleo pesado, quedando en evidencia el gran error de la actual
administración de cancelar la refinería de Tula.
La pregunta que está en el aire, es ¿por qué habiendo tantos
analistas financieros, intelectuales, académicos, periodistas y líderes
de opinión como Valeria Moy, Isaac Katz, Héctor Aguilar Camín, Ciro
Gómez Leyva, Francisco Calderón (Caricaturista de
Reforma) entre
otros, que con insistencia nos previenen de las supuestas consecuencias
de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, nunca fueron capaces de prevenirnos de las consecuencias que
ocurrirían de cancelar la Refinería de Tula?
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