jueves, 18 de octubre de 2018

9 AÑOS DE RESISTENCIA ELECTRICISTA

*Se confabularon los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para despojar a la nación.
*La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez aceptó un amparo improcedente.
*La ministra Margarita Luna , sembró pruebas para votar en contra de los trabajadores.
*Crearon un grupo especial de fuerzas armadas para tomar y desmantelar a Luz y Fuerza.
*Pero renacimos de nuestras cenizas: Martín Esparza Flores, líder del SME.
Un factor que ha facilitado la privatización y el desmantelamiento de los bienes de la nación es que los burgueses están operando como funcionarios públicos desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para confabularse, usando las fuerzas armadas y a los traidores de dentro de las organizaciones, eso pasó también para consumar el decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), coincidieron en señalar los ponente del Foro “A 9 Años de la Resistencia: Balance y Retos”.
Víctor Sánchez detalló que desde 2007 existía un proyecto, que mostró en pantalla, de operación militarizada para la toma de Luz y Fuerza del Centro, como parte de la ejecución del decreto ilegal su extinción de Luz y Fuerza, el cual se llamó GRUPO DE COORDINACIÓN INTEGAL DE SEGURIDAD (GCIE).
El centro de coordinación interistitucional de seguridad estuvo integrado por representantes de las fuerzas de seguridad pública y militares, los cuales tenían el mando absoluto de todos los grupo del GCIE.
El GCIE estaba compuesto por: un interventor Gobierno federal, autoridades de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública Federal, del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Marina, de seguridad pública de los estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guerrero y de la Ciudad de México.
Este GCIE se integró a partir de las 17 horas del 14 de marzo de 1007, todos sus miembros debía estar en disponibilidad física permanente. Las fuerzas de seguridad pública y el personal militar que actuaría en caso de decretarse la intervención se mantuvo físicamente disponibles, en total eran 898 personas.
El resguardo de cada instalación lo tenían a cargo elementos de SEDENA o MARINA, en el interior de las instalaciones y el acceso éstas. Al exterior tenían el resguardo las fuerzas de seguridad pública y PFP.
Víctor Sánchez anunció que todos los lunes a la 1 de la tarde en el programa “añoranzas” de radio SME, va a dar pormenores de este golpe que estuvo bien preparado desde mayo de 2007, pero el plan estaba previsto desde el gobierno panista de Vicente FOX y compraron a trabajadores de Luz y Fuerza que conocían el sistema, para dar el golpe.
Dijo que muchos de los altos funcionarios que participaron en esa traición a la patria, siguen operando y haciendo daño a los electricistas, como el caso del ex director de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, quien cobra como jubilado de la empresa que ayudó a desmantelar y actualmente opera en la Comisión Reguladora de Energía, además de que tiene su propio negocio particular.
En su turno el abogado que tuvo a su cargo la defensa de los electricistas en resistencia José Jorge Carbajal Smith, recordó que unas horas antes de que se emitiera el decreto de extinción ilegal de LFC el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Nacionales (SAE) hizo un convenio en donde se entregaban todos los activos y pasivos de Luz y Fuerza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en forma plena, lo cual convertía a ese organismo en patrón sustituto, pero el gobierno de Calderón se confabuló con al poder judicial, desde los jueces de tribunales, hasta a los ministros de la Suprema Corte, para evitarlo.
“Nosotros demandamos por despido injustificado y sustitución patronal, el poder judicial empezó a hacer procedimiento tortuga y se dictó un laudo condenatorio en el que se declaró la terminación de las relaciones de trabajo por caso fortuito y fuerza mayor (lo cual no podía ser porque no se trató de un desastre natural) mismo que se combatió a través de un juicio de amparo en el juzgado 1, que concedió la Lic. Coutiño.
El primer juicio de amparo no tenía por qué recaer en sala regional, desde ahí empezaron a hacer trampas…El tribunal segundo en materia de trabajo emitió un fallo en el que dijo que sí había sustitución patronal...Tribunal segundo en materia de trabajo…las autoridades federales se ampararon…
Olga Sánchez Cordero, en aquel momento ministra la Suprema Corte, aceptó indebidamente ese amparo (porque no tenía que ver con una interpretación de la Constitución, sino con una violación a la Ley Federal del Trabajo, no era materia de la Suprema Corte). Fue nombrada como próxima secretaría de Gobernación de la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que fue la encargada de hacer la resolución y le dio el apoyo al SAE y CFE en su amparo contra el fallo del tribunal segundo en materia de trabajo.
Mi hijo, que en ese momento estaba estudiando leyes y me acompañaba a las gestiones me dijo: La Corte es una porquería papá…
Yo empecé a corretear el expediente, me entrevisté con la ministra Sánchez Cordero y ella me dijo que ya era fin de año de 2009 y que solamente se iba a hacer una sesión extraordinaria para rendir informes de labores. Que el asunto del SME ya no iba a ser revisado, regresen hasta en enero, me recomendó.
Pero el 5 de diciembre de 2009 sesionaron en lo oscurito. Emitieron un fallo y no sacaron la notificación….y me pasé un mes localizando el expediente, pero no había manera de establecer qué dictaba la resolución y no se podía conocer, es así que la primera sala publicó el 30 de enero de 2010 la resolución en estrado y su argumento de hacerlo así, fue que por ausencia del abogado del SME no se había entregado.
Y así le dieron el aval al amparo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para evitar la recontratación de los electricistas del SME en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto.
Cuando estábamos en la sesión la ministra Margarita Luna Ramos sacó unos documentos para justificar su voto en contra de los trabajadores, eso fue algo muy grave porque esas sentencias no estaban en ninguna parte del procedimiento, la ministra sembró pruebas en un expediente para determinar su voto en contra de este glorioso sindicato.
A partir de este momento empezó un proceso para dar cumplimiento al laudo que es un proceso político, si bien es cierto que la ley nos negó un derecho hoy nos encontramos con un gran futuro, pero tenemos un gran presente. La corrupción del sistema judicial es tan grande que se nos negó el derecho y la razón, aunque nos asistían.”
En su turno Martín Esparza comentó que quienes le antecedieron en la palabra, Humberto Montes de Oca, secretario del exterior del SME, Carlos Escalante, Coordinador de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y los ponentes antes mencionados, explicaron cómo prepararon el golpe a los trabajadores desde el poder ejecutivo y judicial, usando las fuerzas armadas “pero también vale la pena marcar lo que no hicieron en el legislativo que no quisieron interponer controversia constitucional..la dejaron en el tintero”.
Fue el preámbulo de sus últimas reformas como la laboral, para precarizar a la fuerza de trabajo.
También compraron a traidores de dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. “Yo platique con Alejandro Muñoz –quien compitió por la secretaría general, no ganó, pero dividió al gremio y saqueó sus finanzas- me dijo que atrás de él tenía al gobierno y si les decía que no iban a acabar con él y con su familia” .
El día de la extinción de Luz y Fuerza del Centro hubo partido de futbol: México vs El Salvador, todas las televisoras estaban centradas en esa información, ganó el equipo mexicano y llamaron a celebrar al Ángel de la Independencia. Mientras estaba esa distracción, por la noche con armas blancas y encapuchados, elementos del ejército y la Policía Federal, PFP, entraron a tomar las instalaciones para desmantelar a la paraestatal.
“Sólo pudieron operar al sistema de Luz y Fuerza, porque compraron a compañeros para hacerlo funcionar".
A partir de ese golpe el SME se mantuvo con el apoyo de los jubilados, que hoy tienen que luchar permanentemente para que les paguen ese derecho, porque ningún fondo de jubilación está respaldado, la deuda que tiene el gobierno con los trabajadores no está garantiza… no hay respaldo económico y ya no están los ingresos que recibía la federación por parte de PEMEX, porque a esa paraestatal también la remataron, concluyó Martín Esparza, líder del SME.
De cualquier forma en los últimos 9 años de lucha, el SME resurgió de sus cenizas con la empresa generadora eléctrica Fénix, que en 2018, después de CFE, fue la segunda empresa competidora en el mercado.
También se creó la cooperativa LF del CENTRO “nos quedamos con la mano de obra y los conocimientos de todas las especialidades. Es la cooperativa más grande de México y tal vez del mundo… Luego se creó a la Suministradora Básica del Centro, que ya tiene contrato de servicio eléctrico básico, SUBACE”.
El acoso legal sigue contra muchos de nosotros, tenemos demandas penales interpuestas. Muchos perdieron familiares muy cercanos. En la calle Antonio Caso hay una exposición de los 9 años de lucha y una lista de quienes han fallecido en estos años de lucha. Fueun golpe fascista, pero no nos van a doblar ni a callar. 


Gobiernos "no deben temer" a proyectos de inversión con la IP

Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de octubre de 2018, p. 22
Las autoridades mexicanas deben perderle miedo a los proyectos de inversión público-privados y la gente de la calle tiene que conocer los beneficios que implican para su vida diaria, sin que se satanice los rendimientos que obtiene la iniciativa privada (IP), coincidieron en señalar los participantes en el décimo Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Juan Alberto Laeautaud Sunderland, presidente en México de BlackRock, uno de los principales fondos de inversión del mundo, el cual maneja 6.28 billones de dólares, explicó que los inversionistas en infraestructura requieren tres cosas fundamentales: visibilidad de los proyectos, certeza y estandarización en condiciones contractuales y regulatorias, así como cambio de mentalidad de los gobiernos para trabajar con el sector privado.
Debe haber, dijo, mensajes de consistencia interna de los gobiernos saliente y entrante sobre los proyectos de infraestructura, en tanto que explicó que con estandarización se refiere a que no deben pretender inventar el agua tibia con marcos novedosos y únicos para cada proyecto, sino reusar lo que sí ha funcionado y no partir de cero. En cuanto al cambio de mentalidad, explicó que cuando trabajan con empresas privadas los gobierno locales o federal quieren prevenir que las empresas ganen demasiado, y deben enfocarse en satisfacer una necesidad real”.
El directivo elogió los éxitos registrados en la inversión privada en infraestructura en este gobierno, como los 200 mil millones de dólares en el sector energético y la participación de 50 petroleras en el país.
Indicó que BlackRock cuenta con dos fondos en México, uno por 13 mil 500 millones de pesos y otro en el que ya levantamos 300 millones de dólares y cuya meta es cerrarlo en 400 millones de dólares cuando termine el año.
José Manuel Fortes Méndez, director de Marhos Hospitalia, una empresa que trabaja con los gobiernos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, consideró que este nombre debe desaparecer y llamarse como lo que son, contratos de riesgo compartido y de beneficio mutuo.

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Crece el gasto en educación superior y el sector privado aumenta su cobertura

Otto Granados, titular de la SEP. Foto: Benjamín Flores
Otto Granados, titular de la SEP. Foto: Benjamín Flores

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la inauguración de la LXXIV Asamblea General Ordinaria de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, señaló que en los últimos cinco años se incorporaron anualmente 160 mil alumnos a ese nivel educativo, lo que incrementó la cobertura del 32 al 38.4%.
Eventualmente, dijo, se podría llegar al 39.6%; es decir a cuatro décimas de la meta establecida en el Programa Nacional Sectorial de Educación 2013-2018.
“El incremento de la cobertura ha sido posible por a la incorporación de segmentos de menores ingresos y el fortalecimiento de las modalidades no escolarizadas, y la equidad ha sido una variable que ha influido de manera importante y positiva. De la matricula total, poco más de un millón 100 mil estudiantes se ubican en los sectores de rezago social y económico”, agregó el funcionario, según el comunicado emitido por la SEP.
El titular de la SEP advirtió, sin embargo, que el siglo XXI inicia con una cierta disfunción entre la oferta educativa en educación superior y la naturaleza de lo que demanda en un sentido integral el desarrollo del país, y comentó que la diversificación y la apertura de la economía mexicana han transformado los distintos sectores productivos hasta convertirlos en uno de los más sofisticados y complejos de América.
Comentó que en los últimos años el sector privado pasó de concentrar el 18 por ciento de la matrícula escolar en 1990, al 35 por ciento en el 2018; además, indicó que en lo que va del siglo se pasó de 2 millones de estudiantes en el ciclo escolar 2000-2001 a 4.5 millones de en el ciclo escolar 2017-2018.
En las últimas dos décadas el gasto educativo, privado y público, aumentó en términos absolutos; sin embargo, los niveles de crecimiento, la productividad laboral, las mediciones educativas, y la competitividad del país no arrojan evidencias de que exista una incidencia significativamente alta.
“No debemos gastar más sino invertir mejor; se debe realizar una gestión eficiente y optimizar los recursos adicionales”, apuntó.

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Si se actualizan los costos, el NAIM es inviable: Poder

César Arellano García
Periódico La Jornada
Jueves 18 de octubre de 2018, p. 5
El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es un mal negocio. Tiene sobrecosto, existe una crisis de financiamiento, la deuda es difícil de pagar con el esquema actual y si se actualizan los precios reales resultaría inviable”, coincidieron en señalar especialistas del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), quienes demandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que solicite al Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM) un nuevo estudio de costo-beneficio de la obra que se construye en el lago de Texcoco.
Dijeron que existe un esquema opaco de fideicomisos privados, por donde pasa toda la deuda contraida por el proyecto, en el cual no se puede distinguir el origen público o privado de los pagos.
Indicaron que 70.34 por ciento de los contratos y todos los convenios se han adjudicado sin concurso. Así, cinco empresarios han sido los grandes beneficiados con 51 por ciento de los contratos del NAIM, entre ellos ICA SA de CV, de Bernardo Quintana, con nueve; Grupo Carso, de Carlos Slim; Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon; Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, y Constructora Edificadora GIA + A, de Hipólito Gerard Rivero.
Además, señalaron que es preocupante que Construcciones Aldesem, subsidiaria de Grupo Aldeas –responsable de la ampliación del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde murieron dos personas–, construirá la torre de control aéreo, así como otros accesos y plataformas para pistas.
Hay un desfase en los costos. En 2014 dijeron que el NAIM tendría un costo total de 169 mil millones de pesos. En la actualidad, Hacienda proyecta 195 mil millones, ligado a las variaciones que ha habido en la inflación, y el GACM estima sólo para la primera fase de construcción 285 mil millones.
En tanto, la Academia de Ingeniería de México estima que el costo total podría llegar a 440 mil millones. Esto implica que el GACM no pueda asegurar que el proyecto tenga garantizada su financiación, dijo Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de Poder.
Actualmente tiene financiamiento de 70 por ciento de lo que costaría la primera fase del proyecto, (y) falta financiar alrededor de 88 mil millones, señaló.
Dijo que el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México propone medidas problemáticas para conseguir el total del financiamiento, cómo vender los terrenos del actual aeropuerto y los terrenos que colindan del NAIM, conocidos como la Aerotrópolis, endeudar más el proyecto con una nueva emisión de Fibra E ( vender bonos de deuda en los mercados financieros) y empezar a cobrar la tarifa de uso aeroportuario (TUA) de interconexión, lo cual encarecería la utilización de la terminal aérea y la haría menos competitiva.
Eduard Martín-Borregón, director de datos, periodismo y tecnología de Poder, agregó que hasta el pasado primero de septiembre se tiene una inversión comprometida de 155 mil millones de pesos para la construcción.
Por la tarde, América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Andrés Manuel López Obrador, participaron en el foro La Consulta sobre el Nuevo Aeropuerto de la CDMX: un análisis necesario, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ahí, Ramírez Cuevas aseveró que la próxima consulta nacional sobre el NAIM es legítima.


De la censura presidencial (y el regreso de Aristegui)

La periodista Carmen Aristegui fue despedida de MVS en 2015. Foto: Octavio Gómez
La periodista Carmen Aristegui fue despedida de MVS en 2015. Foto: Octavio Gómez

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los dos sexenios anteriores, de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la costumbre de inhibir el ejercicio periodístico ha quedado plasmado en declaraciones y discursos que, mediante hábiles juegos retóricos, intentan confrontar a la sociedad con los medios, retorcer el valor de las libertades, dictando “línea” para fortalecer su imagen y controlar la percepción popular.
Conscientes del poder que ejercen sus palabras en la sociedad, pero sobre todo en dueños y directivos temerosos de perder los ingresos por publicidad oficial, y aún más por los negocios que, apuntalados en la fuerza de titulares del día y primeras planas, nada tienen que ver con el periodismo, los presidentes saben dar el manotazo sobre la mesa y quien los desafía padece las consecuencias.

Frente a eso, son numerosas las expresiones de conformismo proferidas por intelectuales de una y otra orientación, dueños de medios, concesionarios de radio y televisión, directivos y aun de periodistas que prefieren hacerse de la vista gorda, comodinos, poco solidarios ante los actos de censura, e inclusive, ante la violencia contra los compañeros de gremio: “antes era peor”, “hoy se publica lo que sea”, etcétera.
La violencia que vino con el accionar de gobierno de Felipe Calderón, incluyó entre las víctimas a cientos de periodistas, pero eso no fue motivo de atención presidencial en uno ni otro sexenio. Calderón, reunido con empresarios en Cancún en 2009, acusó a la prensa de sólo publicar malas noticias. Hablar bien o hablar mal de México, el problema de la violencia visto sólo como de percepción, que tiempo después derivaría en la campaña servil de la Canaco-Servytur “Hablemos bien de México” y en el rastrerismo empresarial de medios plasmado en el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”.
No sería el único reclamo de Calderón y así fue Peña Nieto, que lo anticipó desde el 6 de diciembre de 2012, apenas iniciando el mandato, cuando dijo a la fuente presidencial que los medios eran una fuente importante de información para atender problemas, pero trazando clara la línea:
“Todo esto hay que irlo reorientando. Espero que encontremos espacios de comunicación muy equilibrados entre lo que debe atenderse, lo que a veces no son muy buenas noticias, pero también, de las muy buenas noticias que México deba conocer”.
Proceso, como ocurrió desde su origen, fue sometido la mayor parte de los años desde la llamada alternancia, al castigo publicitario; resistió la demanda de la primera dama, Marta Sahagún; padeció abiertas campañas de desprestigio del gobierno de Calderón; en el peñanietismo, fue calificado de “enemigo” y “oposición”.
La alternancia tuvo muchos episodios de censura: el despojo de Canal 40; el caso Gutiérrez Vivó con quiebra por castigo publicitario y censura; y naturalmente, la embestida a Carmen Aristegui: extinción de Círculo Rojo; su salida de Grupo Imagen en 2001; de W Radio en 2008; el despido y contratación en MVS en 2011, de donde finalmente salió en 2015, tras publicar el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”.
Acostumbrado a ir al Estado de México cada que tenía problemas (por su apapacho clientelar para la autoestima), Peña Nieto declaró en una concentración multitudinaria en noviembre de 2014, que por la Casa Blanca y las movilizaciones de Ayotzinapa, había quienes intentaban descarrillar la acción transformadora de su gobierno. Con ello, puso la marca sobre Carmen y crecieron las presiones contra aquellos que, en la elite peñanietista, eran conocidos como “El eje del mal”: es decir, Aristegui, Proceso y Reforma.
Hoy, el regreso de Aristegui a la radio comercial marca la superación de un período detestable, al menos en lo que se refiere a la hostil conducta del peñismo contra las libertades de expresión e información. Personalmente, me congratulo por ello.
También, inicia otra etapa, con Andrés Manuel López Obrador. Lo precede un historial pendenciero en su relación –más o menos justificado durante la etapa de opositor bajo hostigamiento desde el poder que instrumentaliza a los medios– y la reiterada promesa de no censurar, pero que no termina de dejar atrás la reacción a las frecuentes críticas a la cobertura periodística y la opinión, por ahora señaladamente sobre Reforma y la descripción intangible de la “prensa fifí”.
Como en otros períodos, la promesa presidencial (o del presidente electo) de libertad de expresión en paralelo a la actitud que confronta a aquel sector de la sociedad que lo apoya, contra quienes periodísticamente o no, lo cuestionan y, sobre todo, en un país presidencialista, marca una línea. Pero este tema, por lo temprano, debe esperar.
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