miércoles, 17 de octubre de 2018

Invitacion 3er Encuentro la economía de las y los trabajadores 2018

Talleres autogestión y cooperativismo Cooperativa LF del Centro

Derechos laborales y soberanía energética

Miércoles, 17 Octubre, 2018



REVISTA SIEMPRE! 

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Una especial importancia para el futuro de los trabajadores mexicanos y la defensa de la soberanía energética del país reviste el contenido de los capítulos laboral y energético del nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que suple al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994.
En materia laboral, se establece la obligación de aplicar ordenamientos globales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Declaración de Principios de 1998 y el Convenio 98, recién ratificado por el Senado de la República, que garantizan al respeto a la contratación colectiva y la libre sindicación.
En el capítulo energético se plasma el derecho soberano de los mexicanos y del próximo gobierno a reformar la Constitución para que el Estado mantenga la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos del subsuelo nacional, incluida la plataforma continental y las zonas adyacentes y allende el mar territorial, así como también de la energía eléctrica.
En una palabra, se abre la posibilidad de salvaguardar los recursos naturales en beneficio de la nación y frenar, por la vía legislativa, permisos antiecológicos contenidos en las leyes secundarias de la reforma energética como el sistema del fracking o fractura hidráulica para la extracción de gas y petróleo y que utiliza grandes cantidades de agua con devastadores efectos contaminantes. La cercana administración federal anunció la prohibición de tal método, cancelado ya en varios países de la Comunidad Europea y Estados Unidos.
A 24 años de la puesta en marcha del TLCAN, la economía experimentó un franco estancamiento en materia salarial; de acuerdo al INEGI, los obreros mexicanos están a la par en el rezago de ingresos con países como El Salvador y Haití y los mismos negociadores del nuevo acuerdo aceptan que un trabajador de la industria automotriz, con iguales capacidades que sus pares de Estados Unidos y Canadá, gana diez veces menos.
En el actual entorno global, la futura administración tiene la oportunidad de aprovechar lo ya estipulado en el nuevo tratado para apuntalar viejas aspiraciones de los trabajadores mexicanos y que de acuerdo con lo pactado con sus socios comerciales, establece una puntual aplicación de los derechos laborales en la legislación nacional, tales como: garantizar su derecho a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección; establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos; establecer requisitos para el registro de contratos colectivos; y garantizar la transparencia de los contratos negociados.
En este contexto de cambios y retos por venir para el futuro de México los electricistas del SME estaremos al alba para sumarnos a la convocatoria que haga la próxima administración federal para apuntalar estos capítulos del USMCA que, manejados con sentido nacionalista, pueden ser el nuevo paradigma desarrollo económico y social para el país, donde la clase trabajadora recobre con mejores salarios y el respeto a sus derechos laborales, un nivel de vida digno al lado de sus familias, y las riquezas del país puedan ser defendidas con la Constitución en la mano.

Pemex coloca bono por 2,000 millones de dólares en los mercados internacionales

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- En el marco de su programa de financiamientos autorizado para 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza la colocación de un bono en los mercados internacionales de deuda, por un monto total de 2,000 millones de dólares con vencimiento a 10 años (enero de 2029), y otorga una tasa de rendimiento al inversionista de aproximadamente 6.5 por ciento.​
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para cumplir con el programa de inversión de Pemex, y para liquidar o refinanciar deuda a su cargo.  Con esta operación se fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y garantiza la liquidez de la empresa para el inicio de 2019.
Las colocaciones realizadas durante el año están encaminadas al adecuado funcionamiento de la compañía, en cumplimiento con su Plan de Negocios.  Durante el proceso de emisión se tuvieron las comunicaciones conducentes con el equipo de transición de la nueva administración federal.
En esta transacción se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente, con una demanda de 5.9 veces el monto colocado.  Los agentes colocadores de este instrumento fueron HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank y UBS.
Esta operación refleja la confianza que los inversionistas tienen en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado y su perspectiva positiva sobre la continuidad en el buen manejo que la compañía ha mantenido durante los últimos años.
Pemex dio a conocer en septiembre que la implementación de una serie de medidas operativas y comerciales podrían generar una mejora en su balance financiero 2018 por 30,000 millones de pesos, ubicándolo en un déficit de aproximadamente 49,414 millones de pesos, frente al déficit originalmente aprobado por el Congreso de la Unión de 79,414 millones de pesos.
En línea con lo anterior, Pemex reduce sus perspectivas de endeudamiento para 2018 focalizado en financiar exclusivamente su déficit actualizado de 49,414 millones de pesos.

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Casi 500 empleados se suman al plan de retiro voluntario del INE

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de octubre de 2018, p. 4
El programa de retiro voluntario que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) para adelgazar su nómina rebasó las experiencias anteriores y, de acuerdo con fuentes del organismo, aproximadamente 500 trabajadores solicitaron salir de la institución. Incluso personal que no cumple el requisito de tener al menos 10 años de laborar en forma continua exploró la posibilidad de encontrar algún resquicio para inscribirse.
De acuerdo con estimaciones oficiales, debido a la incertidumbre que prevalece en el INE por la transición, al cierre del registro al programa se habrían superado casi ocho veces las experiencias de años anteriores.
En días recientes se incrementó en forma sustancial el registro de trabajadores que pretenden dejar el INE si los recursos asignados al programa de retiro alcanzan.
Según el acuerdo INE JGE156/ 2018, las vacaciones y los gastos que genere la implementación del programa será cubierto con el capítulo 1000 del presente ejercicio; y los recursos para el pago de la compensación por término de la relación laboral provendrán del fideicomiso Fondo para atender el pasivo laboral del INE.
Con la finalidad de alentar la inscripción al programa, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE remitió a los trabajadores que cumplen con el requisito de antigüedad correos electrónicos para que se inscriban, incluso con una redacción irónica:
Me es grato informarle que el día de hoy, 7 de septiembre, la Junta General Ejecutiva aprobó los lineamientos del Programa especial de retiro y reconocimiento de las ramas administrativas y del Servicio Profesional Electoral del INE. Según el oficio, el programa incluye beneficios que pretenden reconocer la trayectoria y aportaciones en la consolidación de nuestra institución.
Si bien hace énfasis en que el retiro es voluntario, omite incorporar una disposición del acuerdo: la prohibición absoluta de reincorporarse al INE.
En las próximas semanas, la Dirección Ejecutiva revisará los expedientes y determinará cuales peticiones proceden y se harán efectivas al 31 de diciembre.

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Las advertencias de la OACI sobre el NAIM en Texcoco

Obras del Nuevo Aeropuerto Internacional Internacional de México, ubicado en Texcoco. Foto: Eduardo Miranda
Obras del Nuevo Aeropuerto Internacional Internacional de México, ubicado en Texcoco. Foto: Eduardo Miranda

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La semana pasada, el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno lopezobradorista, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, leyó en conferencia de prensa un fragmento del informe de más de 160 cuartillas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que consideró la posibilidad de incluir a la base aérea militar de Santa Lucía dentro de un sistema metropolitano de aeropuertos, alterno a la posibilidad del NAIM de Texcoco.
El texto del informe es breve y muy claro. La propia OACI advirtió que “aunque en principio no es parte del estudio”, la base de Santa Lucía “es una zona despejada con buena climatología local, con características mecánicas del terreno que no parece tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para crecer, en principio, de manera moderada. Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos (el actual AICM y la Base de Santa Lucía), aunque lo serían menos con un hipotético aeropuerto en Texcoco”.

Este fragmento se difundió y generó una airada reacción del Colegio de Pilotos y de buena parte de los medios de comunicación que han hecho un consenso a favor del NAIM de Texcoco. El Colegio de Pilotos indicó que el director general de la Organización, Melvin Citrón, le envió una carta a López Obrador para decirle que sus conclusiones a favor de Texcoco siguen siendo válidas y que la opción de Santa Lucía “no fue estudiada”.
Esto es una obviedad porque el mismo informe lo indica. El escándalo generado con el documento de la OACI ignora lo que dice e indica el amplio diagnóstico sobre Texcoco. El estudio de noviembre de 2013 -meses antes de que se diera a conocer el proyecto peñista del NAIM en 2014- es explícito cuando concluye que se requiere un nuevo aeropuerto ante la saturación del actual y que Texcoco sería la mejor solución.“Desde el punto de vista de vida útil, por tanto, la solución del NAIM se presenta como la más ventajosa”, sentenció el estudio en la página 12.
En la página 13, subraya que “el desarrollo del NAIM tendrá un efecto positivo en el desarrollo de zonas marginales de la Ciudad de México, como pueden ser los distritos de Neza y más”, el terreno que está ubicado en la zona federal “representa ventajas apreciables, porque es posible iniciar la construcción sin necesidad de realizar trámites de cambio de uso del suelo”, y “la suficiencia en la disponibilidad de terrenos en el exlago de Texcoco facilita la estructuración de un concepto de ‘ciudad-aeropuerto’ (la Aerotrópolis) que ha sido catalogado como un objetivo fundamental del proyecto”. En otras palabras, el negocio del NAIM viene aparejado con la construcción de una ciudad paralela.
Sin embargo, la OACI también hace advertencias muy claras que son ignoradas o minimizadas, una y otra vez por los promotores del NAIM.
Estos son sus cinco ejes de preocupación más importantes:
1.- Hidrología. La OACI establece en la página 13 de su estudio que “una de las desventajas del emplazamiento de Texcoco es: la necesidad de acometer una serie de obras hidráulicas de gran importancia para poder utilizar el exvaso del Lago Texcoco como emplazamiento para el nuevo aeropuerto”.
“La implantación del aeropuerto y de su infraestructura de apoyo en esta zona conlleva, lógicamente, el que no pueda seguir usándose las lagunas para la regulación hidráulica”, sentencia.
La Organización sugiere una serie de medidas de mitigación con un “presupuesto estimado” para obras hidráulicas “por unos 12 mil 291 millones de pesos”.
En la página 17, subraya que las condiciones hidrológicas de la zona se encuentran “alteradas por diversos motivos: sobreexplotación de acuíferos, deforestación y erosión de suelos, reducción de la filtración, vertidos de aguas residuales sin depurar procedente de los municipios colindantes”.
“El proyecto de construcción del NAIM tendrá una incidencia importante sobre la hidrología superficial y subterránea, supondrá la modificación del trazado y artificialización de cauces, la desecación de lagunas y la modificación en las aportaciones por cambios en los usos de suelo y captación de las escorrentías superficiales del NAIM, siendo necesario por todo ello una regulación hidráulica del exvaso de Texcoco”, sintetiza el informe.
2.- Gran Negocio Inmobiliario y el deterioro ambiental. La OACI no ignora que el NAIM en Texcoco es un negocio rentable, sobre todo, en materia inmobiliaria. El impacto económico de esta alternativa se traduciría “en un valor presente social neto del proyecto de 307 mil 700 millones de pesos (rentabilidad social positiva), con una tasa interna de retorno social de 32%, lo que confirma la viabilidad del proyecto cuando se compara con la tasa de descuento social (12%)”.
La Organización advierte que esta cifra “puede subvalorar la dimensión del beneficio total del proyecto considerando que no existe una medición de todas las externalidades positivas que se generarían con el proyecto del NAIM, tales como la valoración de terrenos adyacentes o el desarrollo de actividades económicas que se gestarían bajo el concepto de ciudad-aeropuerto”. Este gran proyecto puede involucrar el desarrollo urbano de 700 hectáreas.
Sin embargo, en la página 17, advierte que toda la zona metropolitana “ha sufrido un deterioro significativo a nivel ambiental, debido en gran medida a un desarrollo económico y urbano no sustentable ni planificado” y que se requieren “fuertes inversiones” de mitigación del impacto medio ambiental.
3.-Afectación a la fauna y, sobre todo, a las aves. Un amplio apartado del informe documenta que “el proyecto de construcción del NAIM afectará a la fauna autóctona, al modificarse o desplazarse pastizales, cuerpos de agua, etc, pero con la implantación de medidas adecuadas, correctivas y compensatorias, se podrá, aunque sea lentamente, recuperar esos hábitats haciéndolos compatibles con las operaciones aéreas”.
En definitiva, “el proyecto de construcción del NAIM tendrá una incidencia destacable de afección a la fauna y en especial a la avifauna, donde se identifican varias especies amenazadas, según la normatividad mexicana”, argumenta el informe.
La mayor afectación será, sin duda, para las especies acuáticas residentes. En la zona del exlago de Texcoco existen “de 100 mil a 150 mil aves de más de 153 especies”. Existen 14 especies de aves acuáticas residentes que se reproducen en el ex lago, con una “población estimada de seis mil 450”.
La OACI recomienda que “deberían realizarse estudios más concretos sobre los flujos de las aves migratorias y residentes entre los sistemas lagunares resultantes y existentes… Con ello, se podría evaluar el riesgo para la seguridad aérea, así como el manejo de la avifauna necesario”.
Hasta ahora, se desconoce si existe un estudio amplio y concreto sobre la afectación a la avifauna en el exlago de Texcoco.
4.-Gestión de residuos. La principal amenaza, según la Organización, es “la posibilidad de un futuro colapso que podría desembocar en afectaciones graves a los mantos acuíferos o cuerpos de agua superficiales por contaminación de lixiviados”.
La organización de la ONU subraya que “ningún municipio de la zona cuenta con un programa municipal de gestión de residuos”. Recomienda establecer vertederos/rellenos sanitarios de residuos municipales “a más de 13 kilómetros de distancia radial” del NAIM y que las “estaciones de transferencia de residuos sean instalaciones cerradas”.
5.-Reemplazo total de la infraestructura aeroportuaria actual. En la página 60 del informe, la Organización compara cuatro opciones: a) ampliar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) que sólo durará cinco años; b) combinar el AICM con Tizayuca que tendrá una vida de 20 años, pero tiene como desventaja que “divide el tráfico aéreo, aumenta costos para usuarios, aerolíneas y sociedad”; c) combinar el AICM con un Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SMA) que aumente la capacidad de Toluca, Cuernavaca, Querétaro y Puebla, que dure 20 años, tiene menor costo, pero “fracciona en cinco aeropuertos el tráfico, perdiendo economías de escala” y será más caro para los usuarios.
La última opción es el NAIM de Texcoco. Su principal ventaja es que “capitaliza economías de escala al concentrar demanda. Permite desarrollo de ciudad-aeropuerto. Cercanía de demanda. Buenas condiciones metereológicas y operativas”.
Sin embargo, la desventaja principal es el “reemplazo total del AICM que supone mayores costos al prescindir de toda la infraestructura actual. Retos de construcción por terreno. Transición compleja por traslado total”.
Ya vimos que la transición hacia el NAIM de Texcoco se ha vuelto más compleja de lo esperado.
https://www.homozapping.com.mx

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Funcionarios mejor pagados ganan 7 millones de pesos anuales

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La alta burocracia cuesta demasiado a los mexicanos: en 11 casos, sus sueldos ascienden a 7 millones de pesos brutos anuales, pero en otros –más de 900 casos– oscilan entre 4 millones y 2 millones al año.
Estas remuneraciones son, por lo menos, obscenas, porque México es un país subdesarrollado en el cual más de 53 millones de personas sobreviven en situación de pobreza, miseria y marginación. Muchos de ellos ni siquiera tienen qué comer en estos momentos; mientras que en la mayoría de esos hogares pobres hasta los niños de 4 años en adelante trabajan para aportar algo a la economía familiar.
Pero de esa miseria nada saben los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes encabezan la lista de mejores pagados por el erario nacional: este 2018, cada uno obtendrá un sueldo bruto de 6 millones 938 mil 234 pesos (4 millones 659 mil 489 pesos netos).
Ése es el tamaño del hueso que tanto han peleado los ministros ante el esquema de austeridad planteado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el cual ya han rechazado por considerarlo “ilegal”.
De acuerdo con el análisis Los salarios máximos en la Administración Pública Federal –del investigador Salvador Moreno Pérez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop)–, en esa lista de privilegiados, irónicamente, figura en segundo lugar el presidente Enrique Peña Nieto, con un sueldo bruto para este 2018 de 4 millones 452 mil 601 pesos (3 millones 115 mil 531 pesos netos).
Y es irónico porque los garantes de la constitucionalidad en México violan flagrantemente la Carta Magna: el Artículo 127 de la Constitución establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Pero, qué importan las leyes para los guardianes de la constitucionalidad si ellos son la justicia: “el ministro presidente y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente de la República y son los servidores públicos que tienen mayores percepciones”, señala el análisis del Cesop.

Mejores pagados

A esa élite de mejores pagados se suman los secretarios de Estado, los consejeros y magistrados electorales, consejeros de la Judicatura Federal, titulares de organismos autónomos, senadores y diputados.
Según el análisis de Moreno Pérez, los consejeros del Instituto Nacional Electoral –que encabeza el doctor en derecho Lorenzo Córdova– están en el tercer escalón de la lista, perciben individualmente 4 millones 354 mil 208 pesos brutos anuales (2 millones 997 mil 90 pesos).
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación son los siguientes, con 4 millones 345 mil 942 pesos brutos al año cada uno (2 millones 993 mil 80 pesos netos).
Y a éstos les siguen los consejeros de la Judicatura Federal: este año cada uno se embolsará 4 millones 313 mil 698 pesos brutos (2 millones 970 mil 124 pesos netos).
En la lista de privilegiados también está el auditor superior de la federación, David Colmenares, con un sueldo anual bruto de 4 millones 268 mil 60 pesos (2 millones 959 mil 341 netos).
También Luis Raúl González Pérez, el flamante ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien al cierre de este año ganará 4 millones 243 mil 164 pesos brutos (2 millones 917 mil 569 netos).
Le sigue Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con un sueldo bruto anual de 3 millones 456 mil 571 pesos (2 millones 382 mil 44 pesos netos).
De acuerdo con el estudio del Cesop, a esa lista se une la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios Prieto, con un ingreso bruto anual de 3 millones 401 mil 535 pesos (2 millones 371 mil 643 netos).
Asimismo, el presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell, quien percibe anualmente 3 millones 403 mil 222 pesos brutos (2 millones 369 mil 261 netos).
Otra funcionaria que figura entre los mejores pagados es Teresa Bracho González, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: 3 millones 517 mil 740 pesos brutos al año (2 millones 343 mil 133 pesos netos).
También el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Oswaldo Contreras Zaldívar, quien gana 3 millones 340 mil 687 pesos brutos al año (2 millones 238 mil 261 pesos netos).
Otro convidado de las mieles del poder es el vicepresidente del Inegi, Enrique de Alba Guerra, con un sueldo bruto anual de 3 millones 165 mil 17 pesos brutos al año (2 millones 211 mil 640 netos).
Pero la lista no concluye ahí: a ésta se suman los 128 senadores, con sueldos brutos individuales de 2 millones 796 mil 810 pesos al año (1 millón 973 mil 763 pesos netos); y los 500 diputados, con 1 millón 918 mil 120 pesos brutos (1 millón 436 mil 397 netos). Muchos de éstos se han dicho comprometidos con la austeridad, así que esperamos que en breve muestren congruencia.
“Aunque los legisladores federales se encuentran en el último lugar […], la información no permite contabilizar ingresos que reciben, como pagos por asistencia legislativa, atención ciudadana, pasajes aéreos y vales de gasolina, entre otros”, apunta el análisis del Cesop, basado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.
Agrega que los funcionarios del sector eléctrico también son mejores pagados: presidente de la Comisión Reguladora de Energía: 3 millones 394 mil 598 pesos anuales; presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: 3 millones 394 mil 598; director general de Petróleos Mexicanos: 2 millones 640 mil pesos; y director de la Comisión Federal de Electricidad: 3 millones 409 mil 848 pesos anuales (sin especificar si los montos son brutos o netos).
El análisis del Cesop también incorpora a secretarios de Estado –entre quienes están los cuestionados Rosario Robles Berlanga y Luis Videgaray Caso– que también forman parte de esa élite, pues ganan 199 mil 533 pesos mensuales netos.
A la lista se suman otros funcionarios menos visibles pero igualmente caros para un país tan pobre como México: los subsecretarios de Estado (198 mil 244 pesos mensuales); oficiales mayores (189 mil 555 pesos al mes); jefes de Unidad (195 mil 362 pesos); directores generales (entre 188 mil y 174 mil pesos mensuales, dependiendo de la institución); directores generales adjuntos (de 152 mil a 147 mil); y directores (de 123 mil a 120 mil pesos).
Sin duda, estos sueldos a la alta burocracia contribuyen a la desigualdad: las mayorías son sometidas al pago de uno, dos o tres salarios mínimos (por apenas 2 mil 686 pesos mensuales; 29 mil 808 pesos al año). ¿Alguien está en contra de empezar a recortar este abuso de los “servidores públicos”?
Nancy Flores