lunes, 15 de octubre de 2018

EL SME MOVILIZADO, ESTABLECE INTERLOCUCIÓN CON EL NUEVO PODER LEGISLATIVO.


En las últimas dos semanas tuvimos importantes reuniones de trabajo con el Senador Napoleón Gómez Urrutia quién preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado; el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado; El Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y el Diputado Mario Delgado Coordinador de Morena y miembro de la Junta de Coordinación Política de ésta misma Cámara.
En resumen, durante estas reuniones establecimos los vínculos y mecanismos de gestión para abordar una agenda de trabajo con dos temas básicos: el laboral y el energético. Para lo cuál se establecerá un calendario de reuniones con las comisiones de trabajo y energía del Senado y de la Cámara de Diputados. Aquí es importante destacar que el SME se pronunció a favor de la recuperación de la soberanía energética de nuestro país y la restauración de los derechos laborales que nos fueron despojados por el decreto de extinción de Felipe Calderón y la vergonzosa actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indebidamente revocó el amparo que obligaba a la CFE a devolvernos el empleo y nuestro Contrato Colectivo de Trabajo a través de la figura del patrón sustituto.
La Mega Marcha a San Lázaro enmarcó la entrega de la iniciativa ciudadana de la ANUEE y el SME que plantea el Derecho Humano a la Energía con más de 200 mil firmas que recibió el Diputado Mario Delgado e integrantes de la Comisión de Energía, encabezados por su presidente Manuel Rodríguez González. Cabe destacar la participación en el mitin de San Lázaro del diputado Azael Santiago Chepi del Estado de Oaxaca, la diputada Simey Olvera Bautista del Estado de Hidalgo, y por la Comisión de Energía, los diputados Manuel Rodríguez González y Mirtha Villalvazo Amaya.
C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior.
CDMX a 14 de octubre de 2018.

Rechaza la IP que el Estado fije precios de los energéticos

Julio Reyna Quiroz
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de octubre de 2018, p. 24
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) admitió que el aumento en los precios de la energía genera malestar entre los empresarios, pero se opuso a que haya una intervención del Estado en la fijación de tarifas.
La evolución de los precios de energéticos genera malestar entre los agentes económicos, que demandan una solución a su constante aumento después de la liberación en enero del año pasado, con la promesa de que esto contribuiría a su disminución. Además, una de las promesas de campaña fue precisamente una baja en las tarifas, expuso el organismo privado en su análisis económico del domingo.
Advirtió que la dinámica de los precios de los energéticos puede agudizar las demandas por un ajuste a la baja, lo cual podría estimular nuevamente la propuesta que se hizo durante la campaña presidencial sobre la posible fijación de precios de productos estratégicos para la actividad económica. Sin embargo, esta política implicará desequilibrios para el mercado y propiciará efectos tan negativos que al final del día afectarán a los que menos tienen.
El Ceesp explicó que cuando el Estado interviene para fijar precios o tarifas de garantía y subsidios, generalmente distorsionan los costos de mercado para beneficiar a algún sector o grupo.
Sostuvo que los más privilegiados por el control de los precios son quienes tienen la mayor capacidad de compra.
Recordó que en los subsidios a la gasolina y el diésel, el costo para el gobierno entre 2007 y 2014 fue de 871 mil millones de pesos, que benefició a quienes menos lo necesitaban, pues son aquellos grupos con mayor capacidad de consumo quienes se vieron beneficiados por la adquisición a costos menores.

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Inician plan para concesionar y asignar aguas nacionales

El mecanismo no garantiza el derecho humano al líquido de los pueblos originarios ni los volúmenes requeridos por el medio ambiente, critican
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de octubre de 2018, p. 10
A partir de este lunes, mediante el sistema Conagu@ Digital, los particulares podrán solicitar concesiones y asignaciones de aguas nacionales superficiales, subterráneas, permisos de ocupación de terrenos federales administrados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permisos de descarga de aguas residuales y transmisión de derechos de título, entre otros trámites.
La coordinadora Agua para Todos indicó que el proceso no contará con mecanismos para garantizar el derecho humano al agua de los pueblos originarios ni tampoco asegura los volúmenes requeridos por el medio ambiente ni la no afectación a terceros.
En el decreto publicado el primero de octubre en el Diario Oficial, la Conagua señala que el objetivo del trámite por vía electrónica es reducir 78 por ciento el costo económico total a los ciudadanos y eficientar los procesos de atención y resolución de los trámites por parte de la Comisión Nacional del Agua, lo cual podría representar un ahorro a la economía de más de 16 mil millones de pesos anuales.
Precisa que el costo económico total anual de los trámites presentados en la Conagua y que regula el acuerdo son de alrededor de 20 mil millones de pesos, cada solicitud de trámite ingresada a la Comisión Nacional del Agua le cuesta a la economía del país 376 mil pesos, por la carga administrativa y el costo de oportunidad que asumen los ciudadanos.
Para los trámites la Conagua solicita que los ciudadanos cuenten con la firma electrónica avanzada, la llave digital y la huella digital, entre otros requisitos de los cuales carecen las comunidades, pero que son de uso común de las grandes empresas y mineras.
Se busca otorgar concesiones masivamente a particulares, como paso final para cumplir con las expectativas de las empresas mineras que recibieron concesiones en 98 millones de hectáreas, o sea, la mitad del territorio nacional a finales de la administración anterior, así como con las de las empresas energéticas a las cuales dio entrada la actual administración, señaló Pedro Moctezuma, integrante de la coordinadora.
Resaltó que esta medida carece de base constitucional, ya que desde febrero 2013 debió establecerse la ley general de aguas, para remplazar a la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de garantizar el derecho humano al líquido.
Esto se da en el contexto del levantamiento de vedas en 300 cuencas del país, en las cuales se establecieron reservas de agua pero se estima que en promedio 70 por ciento del agua de cada cuenca podría concesionarse y el resto se iría a caudal ecológico, de acuerdo con los decretos publicados en junio, señaló Miguel Ángel Montoya, consultor y asesor parlamentario.

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Alista la CNTE propuesta para el manejo de la nómina magisterial

Pareciera que intentan que reviente la relación con el próximo gobierno
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▲ La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que rechaza el uso discrecional de los recursos para los maestros. En la imagen, una protesta realizada el 4 de junio pasado.Foto Jesús Villaseca
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de octubre de 2018, p. 4
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aún no tiene un planteamiento definitivo en torno al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), afirmaron integrantes de su dirección política, quienes destacaron que será hasta el próximo congreso nacional, a realizarse del 26 al 28 de este mes, cuando se definan los planteamientos que se presentarán al nuevo gobierno federal en materia educativa, laboral y política.
Luego que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló su intención de mantener el Fone bajo el control del gobierno federal a fin de garantizar el destino de los incrementos salariales para los docentes, lo que aseguró no le gustó a algunos a los que también, dijo, se dicen muy radicales y no lo son, pero que solicitan regrese la nómina a los estados, donde no se manejaba con mucha transparencia, incluso de ahí se repartía a organizaciones del magisterio, a dirigentes, desde luego no a maestros, profesores disidentes destacaron que pareciera que hay fuerzas a las que les interesa que la relación de la coordinadora y el gobierno electo reviente.
En entrevista por separado, Francisco Bravo, ex secretario general de la sección 9; Daniel Hernández, vocero del movimiento magisterial de Veracruz, y David Valenzuela, dirigente de la coordinadora en Sonora, destacaron que desde su creación en 1979, en la CNTE rechazamos el uso discrecional y las desviaciones de la nómina magisterial. El compromiso siempre ha sido con la transparencia.
Recordaron que una de las principales denuncias presentadas por la coordinadora es que los gobiernos estatales usaban la nómina del magisterio como una caja chica para el pago de tareas político-electorales y para mantener un ejército de aviadores, lo que también involucró a las dirigencias seccionales del sindicalismo institucional, pero la creación del Fone no corrigió muchas de las desviaciones, por el contrario, afirmaron, fue una herramienta de control y coerción de los maestros, además, generó miles de impagos a docentes frente a grupo y a jubilados.
La CNTE, agregaron, tiene un compromiso con un cambio de fondo del sistema de enseñanza, que pasa por la abrogación de la reforma educativa y todos sus componentes, que incluye al Fone, el cual debe replantearse, porque si va a permanecer en manos del gobierno federal debe garantizar un uso realmente transparente de los fondos y un pago ágil y completo a los maestros.
En su mensaje durante un mitin en Toluca, estado de México, el pasado 11 de octubre, López Obrador también llamó a los maestros y a las organizaciones que señalan son democráticas a que consulten el destino del Fone y si éste debe permanecer o no en manos del gobierno federal. Eso es consultar, nada de que devuélvanos la nómina, si no se consulta a los maestros no, pero si protestan mucho se la devolveremos, a ver qué van a decirles sobre este asunto, señaló el presidente electo.
Sobre el tema, se solicitó una opinión al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual declinó hacer declaraciones al respecto.
Por su parte, integrantes de la dirección política de la CNTE destacaron que el presidente electo debería conocer mejor los mecanismos de toma de decisión que tenemos y saber que toda decisión pasa por la consulta de los maestros, desde las asambleas delegacionales hasta las estatales.
Son procesos, explicaron, muy complejos que nos llevan tiempo, pero que permite también recoger las inconformidades de los docentes que están frente a grupo, quienes tampoco están satisfechos con el Fone, y eso debería saberlo.
Cualquier tema que debamos debatir, insistieron, se hará conforme a los mecanismos de consulta que tenemos y que permiten a la base tomar las definiciones. Queremos diálogo abierto y franco, y no limitado a formatos que no permiten escuchar realmente las voces del magisterio, que son miles y que tienen cosas que decir y proponer, indicaron.

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La salud de la población trabajadora en tiempos de neoliberalismo

y a su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, y de seguridad
económica e igualdad de oportunidades ”.
Buenos días a todas y todos
Dr. José Jackson Coelho Sampaio – Rector de la Universidade Estadual do Ceará, Brasil
Dra. Erica Hynes – Ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe
Dr. Julio Genesini-Ministro Trabajo Provincia Santa Fe
Psi. Rosario Nilde Cambiaso – Presidenta del Colegio de Psicólogos
Arq. Héctor Floriano – Rector de la Universidad Nacional de Rosario
Dr. Ricardo Nidd – Decano Facultad de Medicina
Bioq. Juan Canella – Coordinador ALAMES
 
Ante todo, un enorme agradecimiento a nombre de los que integramos la Red de Investigadores en Factores Psicosociales en el Trabajo, por su hospitalidad y solidaridad por albergar al 3er Congreso de la Red por lo que nos sentimos muy complacidos, además por la oportunidad de conocer la tierra natal de uno de los imprescindibles el Dr. Ernesto Guevara de la Serna quien lucho por hacer llegar a los pueblos la mejor medicina.
 
Estamos en este congreso con el propósito de evitar que los derechos de la población trabajadora se conviertan en un tema para los arqueólogos, como en alguna ocasión lo expreso el entrañable Eduardo Galeano.
 
El sistema económico imperante a nivel mundial se ha empeñado en primer lugar en la fragmentación, la disgregación de las estructuras, de las redes de apoyo, de solidaridad y de movilización de los pueblos. Ha impedido uno de los derechos humanos fundamentales que es la libertad de asociación, destruyendo sindicatos e impidiendo la sindicalización, atacando a organizaciones campesinas e indígenas y de la sociedad, llegando incluso al asesinato de los dirigentes que no se pliegan a sus intereses. En segundo lugar, ha impuesto por diferentes mecanismos la privatización de las riquezas colectivas, de los bienes públicos –llámese empresas del Estado, como son los bancos, la tierra, los fondos de pensiones, los bosques y los minerales por mencionar ejemplos. En tercer lugar, reduciendo y minimizando el Estado, empequeñeciéndolo; en la medida en que el Estado es –mal que bien– cierta idea de lo común, de lo colectivo, pretende destruir esta idea del Estado como colectivo, de entidad que busca el bien común. Hoy en gran parte del mundo la “legalidad” que se impone es la de los tratados de libre comercio aún por arriba de las leyes nacionales.
 
En la Declaración de Filadelfia de la OIT, aprobada en 1944, se plantea que: “todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo o sexo, tienen derecho a bienestar material y a su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, y de seguridad económica e igualdad de oportunidades”.
 
Esto se logra primero teniendo trabajo de calidad, nos encontramos en el tercer lustro del siglo XXI y no hay avances hacia el logro de esta meta, por el contrario, el sistema económico mundial nos esta llevando a un franco retroceso en varios aspectos de la calidad de vida de las personas trabajamos o deberíamos tener derecho a tener trabajo.
 
Sabemos que uno de los pilares del sistema económico mundial es tener “un ejército industrial de reserva” es decir una gran cantidad de personas sin empleo que sirvan de presión para que los ocupados tengan como prioridad la conservación del trabajo, y en la creación de ese ejército han sido exitosos, a continuación, daremos algunos datos en los que fundamentamos nuestra aseveración.
 
Hay 192 millones de personas sin empleo en el mundo, pero no solo el desempleo es una de las deficiencias del actual sistema a nivel global, la calidad de los empleos que se crean es también otra de ellas, más del 40 por ciento de las personas laboran con condiciones de trabajo deficientes, es decir 1,400 millones y se prevé que esta cifra aumente; no basta tener trabajo para salir de la pobreza, en los países en desarrollo se estima hay 114 millones de trabajadores en extrema pobreza, equivalente al 40 por ciento del total de las personas con trabajo, las mujeres en todos los indicadores como desempleo, condiciones de trabajo de baja calidad y salarios mucho más bajos que el de los hombres, el 82 por ciento de las mujeres de los países en desarrollo se encuentran en modalidades de empleo vulnerable en comparación con el 72 por ciento de los hombres . Para 2019 se espera que esta se cifra se incremente en 35 millones de personas más.(1)
Entre 2014 y 2017 las tasas de desempleo de los países emergentes registraron un aumento apreciable a causa de la importante desaceleración de la economía, en parte debido a la caída del precio de los productos básicos en muchas grandes economías, como el Brasil y la Federación de Rusia. En los países en desarrollo, el desempleo aumentaría en medio millón de personas anuales tanto en 2018 como en 2019. Ahora bien, en muchos países en desarrollo y emergentes, el principal problema es la persistencia del empleo de mala calidad y de la pobreza laboral. (2)
 
Para subsistir una gran parte de la población recurre al empleo informal, p or lo general, no perciben un salario fijo y no están organizados ni regulados se encuentran al margen de la reglamentación y el control del Estado, incluidos los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y sin seguridad social. También adolecen de los medios técnicos y los recursos necesarios para aplicar las medidas de salud en el trabajo y de una cultura general de seguridad para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo.
Una proporción significativa de los pobres se encuentran en la economía informal, y, al ser pobres, los riesgos laborales se ven agravados por factores tales como la vivienda precaria, la nutrición de baja calidad, la falta de acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias, y la falta de servicios básicos de salud. La vulnerabilidad a las enfermedades son por tanto el resultado de una combinación de malas condiciones tanto en el trabajo como en la vida. Es en este sector donde se presenta también la mayor prevalencia de trabajo infantil y trabajo forzoso.
En ocasiones existe la creencia que el trabajo informal es sólo el que no está regulado por el Estado, lo cual no es así, el outsourcing o terciarización es una práctica muy común por empresas o instituciones, por ejemplo en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay en el país 5 millones 664,000 trabajadores que no dependen de la razón social de la empresa para la que trabajan. De las 900 empresas registradas bajo esta actividad, sólo 100 cuentan con registro ante el IMSS y de éstas 40% paga impuestos. (3)
Un ejemplo de la magnitud de esta nueva forma de esclavismo, es el siguiente: en México la institución financiera más grande del país es Bancomer BBVA, de origen español por cierto,   tiene aproximadamente 38 mil empleados, más de 1,794 sucursales y más de 19 millones de clientes , tiene en su nómina a un solo trabajador, los demás son contratados por medio de terceros.
Algunas cifras sobre México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, en disponibilidad de producir bienes y servicios en el país fue del 59.2% de la población total del país durante el primer trimestre de 2017. Es decir, 53 millones 681 mil 720 mexicanos.
La población desocupada en el país se situó en 1.8 millones de personas, lo cual equivale a 3.4% de la PEA. (4)
 
Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostraron que todas las modalidades del empleo informal sumaron 29.7 millones de personas, lo cual representa a 57.2% del total de la población ocupada del país. Además, la cantidad de personas en informalidad laboral aumentó 1.8% con respecto de 2016. (5)
Para el salario mínimo es de los bajos del mundo $ 88,36 pesos mexicanos equivalente a $ 4,7 dólares por día. (6)
Por otro lado para visualizar como el neoliberalismo afecta a millones de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo, impidiéndoles lograr el bienestar material y su desarrollo espiritual por medio de un trabajo con salarios y prestaciones que satisfagan sus necesidades y condiciones de trabajo seguras y saludables, consideramos importante conocer lo que significan los llamados paraísos fiscales, dado que se estima que el 45 por ciento de las empresas trasnacionales invierten sus ganancias en esos lugares para evadir impuestos en los países donde obtuvieron estás, y reinvertir para mejorar las condiciones de trabajo y generar nuevos empleos de calidad. Desde otro punto de vista los Estados disminuyen sus ingresos para financiar las políticas sociales.
Dicho de otra forma, el Estado recauda mas impuestos de las personas físicas que de las empresas. En un estudio realizado por Oxfam Internacional (7) en España evidencio que antes de la crisis de 2007 las personas aportaban el 74% del total de impuestos recaudados, para pasar a aportar el 83% en 2016, mientras que las empresas aportaron el 22% en 2007 y el 12% en 2016. Los ingresos fiscales provenientes de las empresas en el 2016 disminuyo en un 52 por ciento de lo que ingresaba antes de la crisis. Se destaca que la reducción de la recaudación fiscal proveniente de las empresas y grandes fortunas y el aumento de la que proviene de las personas es un fenómeno global.
En la baja en la tributación empresarial, los paraísos fiscales juegan un papel de terminante, ya que actúan como impulsores de esta desleal competencia fiscal. Son los grandes agujeros negros de la recaudación fiscal internacional. Al ser territorios con un nivel de impuestos bajo o nulo y resultar prácticamente opacos, permiten a grandes empresas y grandes fortunas desviar beneficios y capitales que deberían tributar en sus países de origen.
Se estima que cada año los países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares en recursos fiscales por la evasión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar 6 millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niños y niñas.
Ante esta situación los gobiernos son cómplices ya que tienen las facultades para desaparecerlos y sancionar a quienes recurren a ellos.
Se requiere que los gobiernos combatan la evasión y elusión fiscal para garantizar que las personas cuenten con ingresos para una vida digna y financiar políticas sociales, como contribución a la seguridad social, salud de la población trabajadora, formación de profesionales en la materia higienistas, médicos, enfermeras, capacitación de trabajadores, investigación y principalmente la vigilancia de las condiciones de trabajo por medio de la inspección del trabajo para promover la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
Una evidencia de los efectos de la evasión y elusión fiscal es que según estimaciones de la OIT indican que solo el 29 por ciento de la población mundial está prote­gida por un sistema de seguridad social integral que abarca toda la gama de prestaciones, desde beneficios familiares hasta pensiones de vejez, y que la amplia mayoría de la población mundial –el 71 por ciento, o 5200 millones de personas– tiene solo una cobertura parcial o ninguna. (8)
La salud de la población trabajadora depende principalmente de las condiciones de trabajo en las que laboran, específicamente a los riesgos y exigencias a los que se exponen durante la jornada de trabajo.
De acuerdo a estimaciones de la O.I.T. a nivel mundial cada año mueren más de 2,3 millones de mujeres y hombres a causa de lesiones o enfermedades en el trabajo. Más de 350.000 muertes son causadas por accidentes y casi 2 millones de muertes son provocadas por enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, más de 313 millones de trabajadores sufren accidentes no mortales ocasionados por el trabajo, estima también que anualmente ocurren 160 millones de casos de enfermedades relacionadas con el trabajo.(9) El subregistro de estos daños es un problema importante a resolver, principalmente el de las enfermedades profesionales en donde es más grave la falta de diagnóstico, registro y notificación que en el caso de los accidentes. Contar con esta información fiable y oportuna es fundamental por muchos motivos, principalmente para poder establecer estrategias efectivas de prevención.
Los cambios en los procesos de trabajo y en la forma de trabajar impuestos por el sistema económico prevaleciente globalmente, han provocado cambios en la organización del trabajo y en las relaciones laborales, salarios insuficientes para tener condiciones de vida dignas, empleos flexibles y temporales, automatización, trabajo sedentario, aumento en la duración de la jornada de trabajo, mayores exigencias de productividad, inadecuadas condiciones ergonómicas han provocado un aumento del número de casos de trastornos mentales y de salud asociados a estrés, agotamiento y violencia en el trabajo, así como de los trastornos musculoesqueléticos. El estrés relacionado con el trabajo es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo registrado en Europa, después de trastornos musculoesqueléticos (TME). (10)
Como observamos en la figura anterior el costo de las compensaciones a nivel mundial, son los trastornos musculoesqueléticos y mentales los que en conjunto equivalen al 47 por ciento de estas indemnizaciones.
Se prevé que ante el modelo económico existente los efectos negativos en la salud aumenten, es por esto que la prevención de estos daños a las poblaciones trabajadoras debe ser un imperativo ético, y social en todos los países.
Son estos motivos por los que hoy estamos reunidos en este tercer congreso y esperamos que las aportaciones y discusiones que se darán aporten elementos para que el trabajo deje ser causa de sufrimiento y daños a la salud, para quienes generamos la riqueza del mundo.
 
 
MSO. LUIS MANUEL PÉREZ H. PANTOJA
Presidente de la Mesa Directiva de la Red de Investigadores en Factores Psicosociales en el Trabajo
 
2. Idem
3.Outsourcing será prioridad en nueva agenda laboral. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Outsourcing-sera-prioridad-en-nueva-agenda-laboral-20180819. (consulta 29 de agosto 2018).
4.El futuro del Trabajo/Invitada Dra. Graciela Bensusán.Disponible en: mexicosocial.org./indexphp/2017-05-22-13-35-51/resena-programas/ítem/1572-el-futuro-del-trabajo-invitada-dra-graciela-bensusan (consulta 29 de agosto 2018). Idem,
5. http://elinpc.com.mx/salario-minimo-en-mexico/.(consulta 29 de agosto 2018).
6. Informe de Oxfam Intermon No. 42. (2017).El dinero que no ves-Paraísos fiscales y desigualdad. Oxfam Intermón noviembre de 2017.
7. Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019, Resumen Ejecutivo. Organización Internacional del Trabajo. 2017.
 
8. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 28 de abril de 2015. Tendencias mundiales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Organización Internacional del Trabajo. 2015.
9. Idem.

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Burócratas de Jalisco pagan con sus ahorros la crisis en Abengoa

Un banco ya les habría dado una ganancia de $150 millones
Foto
▲ Las villas que se utilizaron en 2011 para los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco, son otro de los proyectos ruinosos en los cuales el Instituto de Pensiones Estado de Jalisco ha invertido los ahorros de los burócratas del estado.Foto Arturo Campos Cedillo
Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 15 de octubre de 2018, p. 29
Guadalajara, Jal., Los 603 millones de pesos que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) invirtió en 2014 en fondos bursátiles de la empresa española Abengoa siguen sin redituar ganancias a los burócratas.
El informe de la multinacional enviado a la Bolsa Mexicana de Valores el mes pasado dice que, “en virtud de su situación financiera, la sociedad no podrá hacer frente con la obligación asumida en el convenio concursal consistente en el pago a ser efectuado el día 25 de septiembre de 2018’’.
La compañía ha estado en riesgo de quiebra durante tres años.
En la mayoría de los bancos comerciales, los 603 millones de pesos de ahorros de los burócratas que el Ipejal invirtió en Abengoa en 2014 habrían generado a la fecha un rendimiento de aproximadamente 150 millones de pesos, con una tasa de 6.75 por ciento.
Además, los certificados bursátiles comprados por Ipejal para financiar la deuda de Abengoa no tienen garantías; tampoco se conoce la tasa de interés pactada, pues el propio Ipejal se ha negado a revelar detalles con el argumento de que se trata de información reservada y confidencial.
Abengoa ganó la licitación para construir el acueducto de la presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco, a León, Guanajuato. El proyecto no se ha iniciado por la oposición de habitantes y productores alteños, por la crisis financiera de la transnacional y por resoluciones jurídicas en contra de la obra.
Esta inversión y otras igualmente ruinosas, como las Villas Panamericanas en Zapopan, que costaron casi 400 millones de pesos y están deshabitadas desde 2011 por falta de permisos ambientales y municipales, se decidieron de manera discrecional luego de que la Ley de Pensiones estatal fue reformada en 2009 para otorgar ese poder a los directivos del Ipejal.
Desde 2009 se ha intentado revertir la reforma. La Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios ha organizado protestas y presentado recursos legales, pero los diputados locales se han negado a hacer modificaciones e incluso decidieron aumentar las aportaciones de los trabajadores en activo.
El gobernador electo, Enrique Alfaro, publicó la semana pasada en sus redes sociales que estaba ‘‘preocupado’’ por las pérdidas que podrían causar las inversiones altamente riesgosas del Ipejal.
‘‘Quienes han manejado al Ipejal tienen mucho que explicar a los jaliscienses sobre el uso que han dado al dinero de los trabajadores. Hoy ese dinero está a unos pasos de perderse. Tengan por seguro que deberán responder quienes sean los responsables de este desfalco’’, escribió Alfaro en su cuenta de Twitter.
Anticipó también que tras su llegada a la gubernatura, el 6 de diciembre, se revisará ‘‘con lupa’’ lo que se ha hecho con el dinero destinado a las pensiones de los trabajadores de los gobiernos estatal y municipales.
Aunque se desconoce la cifra exacta, el Ipejal ha invertido al menos 2 mil 800 millones de pesos en diversos proyectos, desde la adquisición de pasivos de Abengoa hasta el fideicomiso de las Villas Panamericanas y depósitos en instrumentos bursátiles en Suiza.

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Interés inmobiliario, el verdadero motor del nuevo aeropuerto

La maqueta del nuevo aeropuerto. Foto: Octavio Gómez
La maqueta del nuevo aeropuerto. Foto: Octavio Gómez


PROCESO 

Históricamente, detrás de cada megadesarrollo erigido en México subyace un turbio precedente de especulación inmobiliaria, despojo de terrenos ejidales y todo tipo de violaciones a las leyes, entre ellas las ambientales. La corrupción de sucesivos gobiernos priistas y panistas, llevada a niveles insólitos durante el de Enrique Peña Nieto, ha marcado también el nuevo proyecto aeroportuario. Aun cuando falta definir su viabilidad en terrenos del exlago de Texcoco, lo que ya es irreversible desde 1999 es la compra de terrenos aledaños a la zona por desarrolladores inmobiliarios y la Comisión Nacional del Agua para levantar en ellos ese monstruo llamado aerotrópolis.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En uno de los recientes anuncios del sitio de bienes raíces Trovit se leen ofertas como ésta: “Excelente terreno de 10 mil metros cuadrados, excelente ubicación atrás de Walmart. Ideal para centro comercial o bodegas de servicio para el aeropuerto… Bardeado, cuenta con luz, agua, oficinas de 200 metros, caseta de vigilancia de 50 metros cuadrados. Techado firme. 35 millones de pesos”.

Como éste, hay otros que se ofrecen en 32 millones, de 1 a 100 hectáreas, en la carretera Texcoco-Calpulalpan; o hasta en 60 millones de pesos sobre la carretera Lechería-Texcoco, “a unos pasos del nuevo aeropuerto” de la Ciudad de México.
Según la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Texcoco, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha disparado la especulación inmobiliaria en esta zona conurbada a la capital, a tal grado que el valor de los terrenos se duplicó. Lo que antes costaba 2 mil 500 pesos por metro cuadrado, ahora vale 5 mil.
No es el único caso. En San Salvador Atenco, en Teotihuacán, en Chimalhuacán, junto con las comunidades de Santa Isabel Ixtapan, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, la especulación y el acaparamiento de la tierra de los ejidos y comunidades aledañas a la zona del NAIM se han convertido en un negocio más grande y conflictivo que el nuevo aeropuerto, cuyo costo asciende ya a 285 mil millones de pesos, tan sólo en la primera de sus dos fases.
Para representantes de ejidos, ambientalistas, especialistas y conocedores de la zona oriente del Valle de México, no son los aviones sino los terrenos el auténtico gran negocio en torno al NAIM.
Así lo expresaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que en la casa de transición del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en los foros realizados en el Club de Periodistas denunciaron el despojo de más de 500 hectáreas del cultivo en los parajes de Xalapango y El Paraíso por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el consorcio responsable de la construcción del NAIM.
Habitantes del ejido de Santa Isabel Ixtapan entregaron al reportero denuncias del comisariado ejidal contra el GACM porque “las parcelas de nueva creación 1210 y 1211 no se las venderemos hasta en tanto no cumplan con los compromisos contraídos con el ejido, como son las obras y la compra-venta de parcelas individuales de nuestros ejidatarios que no han vendido”.
Desde junio de 2016, los ejidatarios de Santa Isabel Ixtapan, perteneciente al municipio de Atenco, demandaron el entubamiento de las aguas provenientes de la termoeléctrica y de los consorcios inmobiliarios ARA y GEO “que llegan sin tratar, hasta la planta tratadora de la ampliación de Nueva Santa Rosa y almacenarlas en un estanque”.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2189, ya en circulación)

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Comienza en el INE plan de retiro voluntario

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de octubre de 2018, p. 11
En medio de los anuncios de austeridad como prioridad del próximo gobierno y en el contexto de la elaboración de su presupuesto para 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado un programa de retiro voluntario para sus trabajadores con al menos 10 años de antigüedad, con lo cual pretende reducir su voluminosa nómina. Con ofrecimientos que en los casos de mayor tiempo de labores alcanzarían hasta 18 meses de pago efectivo, el organismo destinó 200 millones de pesos para tal fin.
Aun cuando el cierre de registro de quienes pretendan acogerse al programa terminará hoy, se estima que en esta ocasión ha sido muy demandado por los trabajadores, ante la incertidumbre que priva por lo que sucederá en el sector público a partir del primero de diciembre con la entrada del nuevo gobierno. Las renuncias del personal serán efectivas a partir del 31 de diciembre.
Sin embargo, consecuencia paralela de las dimisiones voluntarias, éstas podrían impactar en el personal que integra el servicio profesional electoral, es decir, los empleados especializados del instituto en las diversas tareas.
En principio se conoció que uno de los que casi seguramente saldrían de la institución es Miguel Ángel Solís, director ejecutivo de Organización Electoral.
Si bien en su caso se conoció que desde hace meses había anunciado al consejero presidente, Lorenzo Córdova, su intención de dejar el cargo pasando la elección, su salida se daría en el contexto del programa de retiro voluntario.
Solís ha sido el responsable de la organización de elecciones de 2006 a 2018, es decir, cinco procesos electorales, entre ellos tres presidenciales. Es uno de los cuadros más experimentados de la institución.
Rápido crecimiento
En la otra vertiente el adelgazamiento de la nómina se asocia con el crecimiento vertiginoso que tuvo de 2012 –cuando todavía era el Instituto Federal Electoral– a 2018. Según cifras del órgano interno de control, en ese periodo el personal del instituto creció de forma descontrolada, al pasar de 12 mil 317 plazas a 17 mil 697.
En ese lapso se aprobó una ambiciosa reforma electoral, la cual dotó de mayores facultades al INE; aunque según el pasado informe del órgano interno de control, el costo de la estructura es el principal elemento de presión del gasto y el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del INE.
Ante la posibilidad de que el programa rebase la capacidad económica del INE, se ha establecido como criterio dar prioridad al personal de mayor antigüedad.
De hecho, sólo está enfocado a los trabajadores con antigüedad mayor a 10 años.
Para hacerlo más atractivo se ofrece al personal, en un video en intranet, tres meses por la renuncia, 20 días por año –en lugar de los 12 que se dan en condiciones normales–, a lo cual se añade un bono efectivo de retiro por 30 días a quienes tienen 10 años laborando, 60 días a quienes tengan 15 y 70 a quienes superen 20 en la institución.
El INE lanzó el programa el 7 de septiembre pasado, ya cuando se conocían varias medidas de austeridad que ha anunciado el próximo gobierno y después de haber realizado el diagnóstico en cada una de las áreas, con miras a la elaboración del Presupuesto 2019.
La coyuntura del cambio de gobierno ha postergado la entrega del proyecto de presupuesto del INE a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para noviembre próximo.
De acuerdo con los plazos del INE, el pasado día 7 el responsable de cada área debió remitir la documentación de quienes solicitaron su retiro y será a finales de mes cuando se anunciará a quiénes les fue aceptada su dimisión.

Fuente

Peña Nieto se va...pero DEJA AL PUEBLO UNA DEUDA DE 10.6 BILLONES

*Se pagan alrededor de 700 mil pesos de intereses.

La deuda pública total en México, la interna y externa llegó a 10 billones 310 mil millones de pesos, en el primer semestre de 2018, lo cual es un billón más que en 2017, de acuerdo a los principales indicadores de la Finanzas Públicas y Deuda Pública que entregó la Secretaría de Hacienda al Senado de la República y que se publicó en la gaceta parlamentaria del 2 de octubre de 2018 . DÉJENME REIR PARA NO LLORAR
Nos vamos a reír para no llorar como dice la canción de Rubén Blades porque al día siguiente, el 03 de octubre de 2018 el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya comparecenció en la Cámara de Diputados y dijo que el pago de los intereses que generan los 10.3 billones de pesos de deuda externa e interna equivalen a 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto, cada año.
Eso es igual a alrededor de 700 mil millones de pesos al año, que es casi lo mismo que se pide prestado para complementar el faltante del presupuesto anual, lo cual resulta un absurdo.
Lo más grave es que los pronósticos del informe de finanzas y deuda pública señalan que para finales de este año la deuda aumente a 10.6 billones de pesos, es decir 300 mil millones más que en este semestre.
Otros datos relevantes de ese informe es que el presupuesto de Petróleos Mexicanos se redujo en 10.1 mil millones de pesos, el de comisión Federal de Electricidad en 8.8 mil millones y el del ISSSTE. Eso es parte del efecto nocivo del pago de la deuda externa.