miércoles, 10 de octubre de 2018

Foro A nueve años de la resistencia 10 oct 2018

Tarifas eléctricas: ¿por qué hasta ahora?

La Jornada
Opinión 
 
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, informó ayer que hay condiciones favorables para que la semana próxima la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reduzca las tarifas eléctricas de media y alta tensión –es decir, la electricidad destinada al comercio y a la industria–, tras el reciente acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal para ajustar los cobros. Parte de esos convenios, agregó, es la divulgación de la manera en que se conforman las tarifas referidas, con base en los costos de generación, algunos de los cuales son fijos y controlables por las autoridades nacionales; en tanto, otros, como el precio internacional del gas natural y la paridad del peso, son variables e independientes.
Desde mediados de septiembre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la CRE, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron negociaciones para buscar una fórmula que permitiera disminuir los costos que implica la energía eléctrica para las medianas y pequeñas empresas, los cuales se incrementaron entre 50 y 70 por ciento en meses recientes, según lo dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE la semana pasada.
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, en tanto, ya había advertido que las facturas de la CFE se dispararon hasta en 300 por ciento en el año reciente desde que la CRE, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la reforma energética de 2013-2014, empezó a formularlas de manera específica para cada tipo de consumo.
Que ahora se anuncie una reducción en las tarifas implica que los incrementos desmedidos no tuvieron razón de ser, y no es fácil entender por qué el organismo regulador de la energía, establecido por la reforma mencionada, ha procedido en forma tan opaca y arbitraria.
Lo cierto es que tales aumentos irracionales no sólo echaron por tierra la credibilidad de los argumentos justificatorios para la reforma energética –en la propaganda oficial se aseguraba que con ella disminuirían los precios de la electricidad y de los combustibles, pero ocurrió exactamente lo contrario– sino que causaron una afectación a la economía de las empresas. Adicionalmente, las políticas tarifarias de la CRE agudizaron en forma severa el extendido malestar social generado por las alzas en la tarifa doméstica de la electricidad: prácticamente no hay región del país exenta de movilizaciones y movimientos que exigen la eliminación de los adeudos acumulados por decenas o centenares de miles de usuarios residenciales ante cobros que resultaron impagables.
Si el descontento empresarial está en vías de solucionarse –cabe esperar que así sea–, la actual administración hereda a la próxima un grave conflicto social y financiero por las deudas incobrables que generaron o agravaron las alzas a las tarifas, que nunca han sido explicadas de manera racional y convincente.
Cabe preguntarse, por último, si no es pertinente cuestionar la utilidad de comisiones autónomas que, al margen de las necesidades de los habitantes, de los requerimientos del desarrollo económico y de la sensatez política, dictan a su arbitrio precios, tarifas, compras y condiciones del sector energético del país. Por lo que puede verse, la creación de tales instancias es uno más de los aspectos disfuncionales de la reforma energética.

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Energéticos empujan la inflación a 5.02% anual

Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de octubre de 2018, p. 27
La inflación fue de 5.02 por ciento en septiembre, medida a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Se trata del registro más alto desde marzo de 2018, cuando, también a tasa anual, fue de 5.04 y también la cifra más elevada en los nueve meses del año.
A tasa mensual, es decir, respecto de agosto pasado, el precio de los productos y servicios subió 0.42 por ciento.
Destaca el caso de los energéticos, que en su comparativo mensual registraron un aumento de 1.94 por ciento, pero el encarecimiento acumulado llegó a 19.20 en el último año.
El Inegi explicó que la canasta básica se encareció 8.14 por ciento a tasa anual y 0.82 mensualmente. Los mexicanos pagan actualmente 11.37 por ciento más que hace un año en tarifas de transporte y los servicios de vivienda, agua y electricidad, y otros combustibles resultan 4.95 más caros.
En el mismo lapso subieron 3.11 por ciento los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, 4.56 las prendas de vestir y calzado, así como 4.96 los servicios de salud.
Los productos y servicios más caros
A tasa anual, los productos y servicios que más aumentaron de precio fueron el gas doméstico (5.30 por ciento), la gasolina Magna (1.47), el huevo (3.99), el jitomate (4.26), la educación primaria (4.22), vivienda propia (0.20) y cebolla (7.76), detalló el instituto.
El Inegi dijo que en septiembre del año pasado la inflación fue de 6.35 por ciento anual y 0.31 mensual. Para un mes de septiembre, la tasa mensual de 0.42 de este año fue la quinta más alta desde 2009, cuando alcanzó 0.50.
La inflación se calcula a partir de un levantamiento de precios que realiza el instituto sobre 299 productos y servicios de 91 sectores en 55 ciudades de los 32 estados del país.
Hay entidades cuya inflación mensual fue superior a la nacional, y la lista la encabeza Oaxaca con 0.77 por ciento.
Le siguen Baja California (0.72), Zacatecas (0.70), Querétaro (0.65) y Yucatán (0.63).
En contraste, los estados de Puebla, Tlaxcala, Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo son las entidades que registraron una inflación de entre 0.25 y 0.32 por ciento durante septiembre, por debajo de la nacional.
Por ciudades, Tehuantepec, Oaxaca, reportó el mayor aumento de precios del país, con 1.28 por ciento a tasa mensual, seguido del 0.90 de Matamoros, Tamaulipas, y del 0.81 de Tijuana, Baja California.

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Pemex anuncia descubrimiento de yacimientos con reservas de 180 millones de barriles

Ciudad de México (David García / Yair Vega / Energía Hoy).- Carlos Treviño Medina, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el descubrimiento de siete yacimientos ubicados en dos pozos de las Cuencas del Sureste ‘Manik-101A’ y ‘Mulach-1’, mismos que otorgarán a la empresa cerca de 180 millones de barriles de crudo equivalente (MMbpe) a las reservas de México.
En conferencia de prensa, el titular de Pemex declaró que, gracias a dichos hallazgos, se podrá cumplir con las metas de producción para los próximos años. Será a finales de 2020 cuando estos entren en operación, financiados en su totalidad por la empresa del estado.
Los siete campos contribuirán, de acuerdo con estimaciones de Pemex, con 210 mil barriles diarios de aceite y 350 millones de pies cúbicos de gas para 2020.
El pozo Manik 101-A dio un tirante de agua de 90 metros y alcanzó una profundidad total 4,765 metros, se ubica a 102 km al noroeste de Ciudad del Carmen, en la senda de Campeche. Por su parte, Mulach-1 dio un tirante de 21 metros y alcanzó una profundidad de 3,996 metros, se ubica en aguas someras al noroeste de Paraíso, Tabasco. El volumen esperado alcanzaría los 80 mil millones de barriles de crudo equivalente.
Sin querer abordar temas relacionados con el nuevo gobierno, Carlos Treviño aseguró que los hallazgos serán de ayuda para la siguiente administración petrolera. “Dada su cercanía e infraestructura existente, su futuro desarrollo contribuirá a cumplir con las metas de producción de Pemex en los próximos años”.
Mulach – 1 se encuentra en etapa de incorporación de reservas. Con su perforación se encontraron 5 yacimientos de aceite ligero, lo cual, informó la empresa “potenciará la producción de este hidrocarburo estratégico para la refinación”. En este pozo, las estimaciones rondan los 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
“Estos descubrimientos son el resultado del enfoque de las inversiones de Pemex hacia las áreas de mayor prospectividad para aceite y conforman el potencial remanente de la provincia petrolera Cuencas del Sureste”, detalló Carlos Treviño.
A su vez, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, celebró la noticia destacando que dichos descubrimientos se colocan entre los diez hallazgos en aguas someras más importantes en los últimos 15 años.
Además, el titular señaló que la tendencia a la baja del presupuesto exploratorio en Pemex “está por terminarse”, luego de los ‘efectos negativos’ en la caída de precios del petróleo, ocurridos en 2016, los cuales afectaron negativamente en tres cuartas partes de los ingresos de la empresa.
Los descubrimientos se suman a otros cuatro campos en proceso de delimitación y en transición a la fase de producción, puestos en marcha durante los últimos años. Durante el anuncio, se informó que los campos ‘Xikin’ y ‘Esah’ entrarán en producción durante 2019 o 2020, luego de su dexcubrimiento en 2015.
De igual forma, ‘Kinbe’ y ‘Koban’, descubiertos en 2011 y 2016, continúan siendo analizados para fijar su delimitación, con el fin de dimensionar la cantidad de hidrocarburos contenida en ellos.

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Sindicalizados toman la Secretaría de Cultura por cambio de sede

Sindicalizados impidieron la entrada de empleados a la Secretaría de Cultura. Foto: Twitter @sndtsc
Sindicalizados impidieron la entrada de empleados a la Secretaría de Cultura. Foto: Twitter @sndtsc

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Sindicato de Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) se apostaron a las afueras de la Secretaría de Cultura, ubicada en avenida Reforma, como parte de su protesta contra el traslado de la dependencia Tlaxcala como lo propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en su plan de austeridad.
A través de su cuenta de Twitter, advirtieron:

Desde temprana hora, un grupo de sindicalizados se instaló afuera de la dependencia federal e impidió la entrada al personal.
El martes pasado, el SNDTSC realizó una protesta frente a la casa de la transición e instaló un plantón que, según informó, será indefinido hasta que resuelvan sus demandas.
La concentración en la casa de transición fue porque hasta ahora nadie del equipo del presidente electo ha hablado con los trabajadores sobre el cambio de ciudad sede, ya que, según López Obrador, la Secretaría de Cultura sería la primera dependencia en descentralizarse.
Aproximadamente a las 5:00 de la tarde López Obrador abandonó la oficina de transición sin hacer comentarios, mientras los sindicalistas expresaban su inconformidad en un megáfono. Y aunque siguieron su vehículo, no obtuvieron respuesta alguna.
Más tarde, una comisión fue recibida por Leticia Ramírez, enlace del presidente electo para atención ciudadana, sin embargo, los agremiados señalaron que mantendrán su plantón hasta que se resuelvan sus demandas, que también incluyen retraso de pagos e irregularidades en la definición de plazas laborales.
Antes de la protesta y plantón des SNDTSC, se habían registrado otras inconformidades por el plan de descentralización del presidente electo, pero la de ayer fue la primera realizada en la casa de transición.
En julio pasado el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) envió una misiva a López Obrador, en la que expresan su rechazo a la descentralización de la dependencia, porque “los trabajadores resultarían afectados”.
Desde la perspectiva del sindicato de la Semarnat, dicha descentralización de la que no se han publicitado sus beneficios, “entraña una compleja problemática social, personal y familiar para los trabajadores de la dependencia”.

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En Umsca, derechos laborales y combate a la corrupción

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de octubre de 2018, p. 17
La Secretaría de Economía envió al Senado un informe del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual señala que se elevan a nivel de tratado las obligaciones de combate al cohecho o peculado, soborno de empresas a funcionarios, integridad de servidores públicos y protección a denunciantes.
En materia laboral, detalla el informe, contiene un nivel de ambición que nunca antes se había incluido en un instrumento de esta naturaleza. Se actualiza el contenido del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) y se integra lo señalado en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998, en relación con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como condiciones laborales, salarios mínimos, horas de trabajo y salud en el empleo.
Las partes se comprometen a combatir el trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo a niños, en los países fuera del TLCAN, con mecanismos de cooperación para identificar el movimiento de bienes producidos en esas condiciones, que evolucionarán hacia medidas obligatorias relativas a la importación de dichos productos.
Asimismo, por primera vez incorpora compromisos específicos para proteger a los trabajadores de la discriminación de género y se incluye un anexo que busca concretar las reformas a la Constitución para brindar certeza sobre el marco legal aplicable en materia de representación de los trabajadores y negociación colectiva en el país.
En esta sesión, Margarita Sánchez, senadora de Morena, presentó una reforma para que los trabajadores puedan elegir libremente a sus dirigentes sindicales, con voto universal, secreto y directo, que deberá establecerse, de manera obligatoria, en los estatutos de cada organismo gremial. La periodicidad de las elecciones en cada organismo gremial deberá ser menor a seis años, señala la iniciativa.

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INEE descarta suspender la evaluación a maestros

Maestros durante la aplicación de la evaluación educativa. El INEE descartó atender el exhorto de diputados para suspender ese proceso. Foto: Yahir Ceballos
Maestros durante la aplicación de la evaluación educativa. El INEE descartó atender el exhorto de diputados para suspender ese proceso. Foto: Yahir Ceballos

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) descartó atender el exhorto formulado por la Cámara de Diputados para suspender la evaluación docente, al subrayar que este proceso está establecido por ley. Incluso, informó a los legisladores que ya ejerció sus atribuciones correspondientes a esa materia en este año.
En un oficio dirigido a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la presidenta del INEE, Teresa Bracho, expuso que el proceso de evaluación de docentes y directivos del sistema educativo nacional está en la legislación vigente.

Aseguró que tiene la obligación de apegarse al marco jurídico vigente y al principio de legalidad establecido en la Constitución. En ese contexto, estableció que el cumplimiento de las normas jurídicas que comprenden el marco de actuación del INEE “no constituyen una cuestión sujeta al arbitrio de la propia autoridad, sino una obligación de carácter absoluto”.
En respuesta al punto de acuerdo promovido por Morena en el que llama a suspender la evaluación a maestros, destacó que “de conformidad con el calendario de evaluaciones para el presente año, las atribuciones correspondientes al INEE, contenidas en el Artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya han sido ejercidas”.

El exhorto a las autoridades educativas a suspender de manera “inmediata e indefinida” la evaluación a los maestros fue aprobado en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre pasado.
En el oficio, el INEE expuso que la ejecución de los procesos de evaluación a los que se hace referencia en el exhorto de mérito le corresponden a las autoridades educativas locales y a la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
(con información de Notimex)

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México, entre 142 países que han firmado los convenios fundamentales de la OIT

Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de octubre de 2018, p. 21
Aunque el Congreso de la Unión ratificó hace dos semanas el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar la asociación sindical en el país, México aún tiene congelados 46 convenios internacionales más en materia laboral, tres de ellos considerados como de gobernanza y con carácter de prioritarios, además de otros 43 instrumentos de carácter técnico.
Están encaminados a temas como la inspección, protección a madres que trabajan, a quienes realizan labores domésticas, exámenes médicos a trabajadores menores de edad y cuidados del medio ambiente, entre otros.
De acuerdo con la página de Internet de la OIT, México se convirtió hace dos semanas en el país 142 que ratifica los ocho convenios considerados como fundamentales en materia laboral, pero aún tiene pendientes los otros 46 instrumentos, algunos de los cuales fueron suscritos desde 1946 pero aún no han sido ratificados por el Estado mexicano.
Éste es el caso de dos convenios para garantizar la aplicación de exámenes médicos a los menores que trabajan tanto en la industria como en otras áreas laborales. De acuerdo con un diagnóstico emitido en el presente año junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en México hay más de 2.2 millones de menores trabajando en áreas no permitidas legalmente para su edad.
Además, se encuentra pendiente un convenio enfocado a garantías para los trabajadores migrantes, el fechado en 1949; uno más sobre las prestaciones en casos de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, emitido en 1964; otro sobre las prestaciones para trabajadores en situación de invalidez, vejez y sobrevivencia, de 1967, y uno acerca de la contaminación del aire, ruido y vibraciones provocados por las actividades laborales, de 1977.
El año pasado, la STPS respondió a la Cámara de Diputados que hay una serie de dificultades que harían inoperante ratificar el Convenio 189 sobre el trabajo doméstico, como la dificultad para vigilar con inspectores los domicilios en los que trabajan las personas que se dedican a este oficio. Hace dos semanas, la bancada de Morena en el Senado sostuvo que éste será uno de los acuerdos que ratifique próximamente ese órgano legislativo.
Mientras, Víctor Manuel Castro, senador del partido Morena, propuso un punto de acuerdo para llamar al Ejecutivo federal a remitir el convenio 129 sobre las inspecciones en centros laborales agrícolas y ratificar así dicho acuerdo, el cual es uno de los calificados por la OIT como prioritarios de gobernanza. La propuesta fue turnada a comisiones legislativas para que sea debatida.

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La consulta sobre el NAIM se realizará del 25 al 28 de octubre en 538 municipos

Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de octubre de 2018, p. 4
La consulta para definir la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se realizará del 25 al 28 de octubre y para aplicarla se instalarán más de mil cien urnas en 538 municipios.
En el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se espera una participación de entre cien mil y 500 mil personas.
Este ejercicio será coordinado por la Fundación Arturo Rosenblueth, que dirige Enrique Calderón Alzati, quien en entrevista con este diario no descartó que se aplique una encuesta posterior para comparar los resultados.
Las mesas de votación se instalarán de 8 a 18 horas, de jueves a domingo, y la población podrá participar con su credencial de elector vigente. Los municipios designados para la consulta representan 82 por ciento del padrón electoral.
Las mesas se colocarán en plazas públicas y estarán a cargo de organizaciones de la sociedad civil indígenas, campesinas y ambientalistas, entre otras. Una vez verificada la credencial de elector, se dará a cada persona una boleta con dos o tres preguntas relacionadas con la construcción del NAIM en el lago de Texcoco o en la Base Aérea de Santa Lucía.
La Fundación Rosenblueth, explicó Calderón Alzati, recibirá durante cada uno de esos cuatro días las respuestas vía Internet para contabilizarlas y elaborar los reportes correspondientes. Espera tener resultados la noche del domingo 28.
Reconoció que los resultados de la consulta no son vinculantes, en tanto que el gobierno de López Obrador comenzará el primero de diciembre, pero resaltó el compromiso del presidente electo de escuchar a la población en este tema. Es decir, preguntarle a los mexicanos qué opinan, y a partir de ahí el nuevo gobierno tomará la decisión.
Destacó que en el pasado los gobiernos hacían lo que les deba la gana; por ejemplo, la reforma educativa simplemente la impusieron sin preguntar. Aquí el cambio es que López Obrador está diciendo: ahora vamos a tener una democracia de verdad y en la democracia la opinión del pueblo cuenta.
Es la primera vez que se hace un ejercicio de esta naturaleza a escala nacional, destacó, y desechó la posibilidad de que los resultados sean hackeados. Aunque hay intereses creados, veo muy difícil que se atrevieran a hacer operaciones de compra de votos o cosas de esta naturaleza, o a meter votos inválidos en las casillas, indicó.
Calderón Alzati recordó que la Fundación Arturo Rosenblueth participó en el plebiscito que se realizó en 1993 para que los habitantes en la capital del país opinaran si el jefe de Gobierno del Distrito Federal debía ser electo o nombrado por el Presidente de la República –participaron cerca de 340 mil personas– y también en la consulta convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1995.
En tanto, este jueves el equipo de transición realizará un foro informativo sobre el impacto ambiental del NAIM.

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Argentinos hacen frente a la crisis y el desempleo con trueques y ollas populares en las calles

Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de octubre de 2018, p. 32
Buenos Aires. En un escenario cada vez más tenso, donde la crisis social se profundiza como evidencian las más de mil ollas populares organizadas en distintos barrios, los comedores públicos que funcionan incluso en escuelas cerradas por el gobierno provincial, en iglesias, en los barrios de menores recursos y el sistema de trueque que comenzó el año pasado en localidades de la provincia de Córdoba, se extiende a algunos municipios del conurbado, cuando estallan los escándalos de una justicia que está violando las leyes y la Constitución, al ser utilizada por el gobierno para perseguir a opositores.
Todo parece a punto de estallar; el empresario Jorge Fontevechia, dueño de la editorial Perfil, reveló en entrevista que el juez Claudio Bonadío maneja la causa de las fotocopias de supuestos cuadernos del ex chofer de un funcionario con la única finalidad de llevar a prisión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a su vez el fiscal Guillermo Marijuan, acaba de sorprender denunciando penalmente al ministro de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público, tras haber dispuesto una compensación a las compañías provedoras de gas por la devaluación del peso, lo que redundará en un nuevo aumento a las tarifas.
Otros organismos lo han denunciado y en los últimos días también se ha presentado un pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri por todas las violaciones contra los derechos del pueblo argentino cometidas por su gobierno, incluidos los derechos humanos. La reacción de Iguacel es que todos los críticos pertenecen al kirchnerimo, a pesar de que es toda la oposición la que se ha rebelado contra esta última injusticia.
Por su parte, el Centro de Economía Política (CEPA) en su análisis sobre el cobro retroactivo del gas, advierte que con el incremento que comenzó a aplicarse este mes, la boleta promedio acumula, en lo que va de la gestión Cambiemos, un incremento de mil 848 por ciento. Y todo esto en medio del deterioro de la situación social, mientras el presidente Macri habla de un futuro promisorio.
Esto está provocando una abierta rebelión popular que ha creado una red en la que se hace un llamado a no pagar estas 24 cuotas que engrosarán las tarifas de gas aumentadas nuevamente –ya de por sí impagables– y la oposición se unió para debatir en el Congreso y legislar contra esta inaudita medida.
Fontevecchia dijo que Bonadío manipula las declaraciones de los arrepentidos para perjudicar a Fernández de Kirchner y evitar que la investigación escale hacia personas no convenientes.
En entrevista con el periodista Carlos Pagni, en el canal de televisión de La Nación, relató que cuando los empresarios comienzan a declarar ante Bonadío y el fiscal Stornelli, les dicen: Paren, paren paren, el único objetivo es que Cristina vaya presa, pero nadie más.
En este caso, la Cámara de Casación, también conformada por jueces aliados al gobierno de Mauricio Macri ha convalidado el procesamiento de la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y otros ex funcionarios.
En horas recientes, Bonadío citó a Máximo Kirchner, diputado del Frente para la Victoria-parttido Justicialista en la misma causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Óscar Centeno, luego de que el ex funcionario José López lo mencionó en su declaración ante el magistrado.
José López es el arrepentido personaje que arrojó unos bolsos con 9 millones de dólares hacia el interior de un convento; está detenido y ha cambiado más de seis veces sus declaraciones. Fue Bonadío el que lo apremió a arrepentirse para utilizarlo en el caso de los cuadernos contra Fernández de Kirchner.
Esto es lo que en estos días ha llevado a funcionarios del Ejecutivo a advertir la gravedad del abuso de las prisiones preventivas e incluso hay ya intervenciones de organismo internacionales frente a esta situación. Esto también ha provocado una crisis en la propia alianza Cambiemos, especialmente por el enfrentamiento con la diputada Elisa Carrió.
En tanto, el deterioro de la situación social es insostenible. Unas 10 mil familias están viviendo en las calles. En la avenida Paseo Colón, las familias que prácticamente están refugiadas, soportaron las tormentas de hace unos días. Hasta estos lugares llegan personas de buena voluntad a llevarles comida y ropa. La visión de una de esta cuadras donde se agolpaban unas cinco familias cubiertas apenas con plásticos, el único refugio por la lluvia, era dantesca.
Este martes estuvimos en las largas cola de un comedor en dos iglesias del barrio de Almagro. Los testimonios son sobrecogedores. Elvira, de 80 años, no pudo pagar la habitación que alquilaba, le costaba casi toda su pensión. Dormía bajo el alero de una vieja casona. Una familia con cinco niños esperaba por su única comida del día. Los sacerdotes están pidiendo a todos los vecinos el aporte que sea, porque la cifra de los que tienen hambre aumentó entre cinco y siete veces en comparación con el año pasado.
Un trabajador de una pyme que cerró hace siete meses –una de las 10 mil que han quebrado por la crisis–, no pudo contener el llanto al verse en esta situación. Con su esposa y dos niños debieron dejar el pequeño departamento que alquilaban. No tenemos cómo resistir, conozco a miles de desocupados. Nosotros somos desaparecidos sociales. Nadie nos ve ni nos escucha. Sólo la buena voluntad de lo que nos dan una comida al día.
En todo el país en las zonas cada vez más empobrecidas, como publicó La Jornada el año pasado, el trueque es común. Miles de empleados de comercio han quedado en la calles y cada día vemos en los barrios cómo se bajan las persianas de los negocios pequeños.
En algunos lugares del conurbado, los maestros que no están dando clases se juntan en los patios de la escuelas, sobre todo en la zona oeste, en el municipio de Moreno, para organizar ollas populares. Cada vez alcanza menos la comida pero se reparte con solidaridad sombrosa. Nadie duda ya de que nos estamos acercando al 20 de diciembre de 2001. Ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, ni otros organismos internacionales, advierten en sus documentos sobre la gravedad de esta crisis, mientras el gobierno sigue soñando con la próxima cumbre del G-20, en un país en terapia intensiva.

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