martes, 9 de octubre de 2018

Marcha SME a San Lázaro.


Foro a Nueve Años de la RESISTENCIA, Balance y Retos.


Alzas a tarifas eléctricas a empresas, por "ineficiencias" de CFE: Castañón

Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de octubre de 2018, p. 27
El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo que el alza a las tarifas eléctricas para el sector industrial, de entre 50 y 70 por ciento este año, es resultado de inoperancias e ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Refirió que aún existen distorsiones en las tarifas pese a que en octubre ya no se aplicaron aumentos significativos, e hizo un llamado al futuro gobierno para que continúe con la apertura del sector a las empresas, pues con éstas los costos de producción son entre 10 y 30 por ciento inferiores a los de la CFE.
En entrevista, tras participar en el Foro 25 años de la Autoridad de Competencia, Castañón mencionó que el sector privado aún lleva a cabo reuniones con la CFE, la Comisión Reguladora de Energía y las secretarías de Energía y de Hacienda, para hacer más real la fórmula que se aplica actualmente porque tiene varias observaciones que hacerles, sobre todo en las tarifas de media tensión que son las que han subido y corresponden a empresas de servicios, hoteles, comercios e industrias medias.
Insistimos: no debe haber subsidios por parte del consumidor a inoperancias de la CFE. Las tarifas de luz han subido y afectado la productividad de la industria, por tanto, hay repercusión en los empleos y la productividad de las empresas.
–¿La CFE está trasladando a los industriales los elevados costos de generación de electricidad?
–Es evidente. Ha sido la causa del incremento de las tarifas en el último año. Hubo una baja importante en febrero y marzo, pero a partir de ahí una escalada de 50 a 70 por ciento.
Durante su participación en el foro, Castañón ponderó que para seguir invirtiendo en el sector energético, tanto hidrocarburos como energía”, se debe tener certeza y que las licitaciones vayan en el camino adecuado.
Si bien dijo que se requiere fortalecer a Pemex y CFE también reconoció que deben competir en iguales circunstancias con las empresas privadas y no cubrir sus ineficiencias a través de precios.
En cuanto a los costos de las gasolinas, señaló que en las condiciones actuales deben subir, dado que está aumentando el petróleo y no se deben dejar fijos a costa del erario, como se hizo en el pasado.

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Las mujeres en el 68

Los "rostros" de la marcha de Antropología al Zócalo. Foto: Alejandro Saldívar
Los "rostros" de la marcha de Antropología al Zócalo. Foto: Alejandro Saldívar

Las mujeres en el 68

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ahora que han aparecido tantas fotografías inéditas sobre el movimiento estudiantil y que se ha escrito mucho sobre la dinámica política en 1968 es notable una ausencia: las mujeres. ¿Cómo fue la participación de las mujeres durante el movimiento estudiantil de 68? Muy pocas de las participantes han puesto por escrito la forma en que el 68 impactó sus vidas, sus relaciones y su trayectoria política; una excepción es Roberta Avendaño, la Tita, representante de Derecho en el Consejo Nacional de Huelga (CNH), pero su libro es inconseguible.
La ausencia de testimonios y reflexiones en torno al papel crucial que jugaron las mujeres durante y después del movimiento refleja una realidad: el escaso protagonismo político de las mujeres en esa época. No es extraño que, dado el contexto cultural machista de los años sesenta, la gran mayoría de los líderes hayan sido varones y que en sus textos la variedad de la participación femenina apenas se esboce. Una notable excepción es La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, libro conmovedor e imprescindible de leer hoy en día, donde la escritora entrevista a 103 mujeres de distintas edades y condiciones sociales involucradas en el movimiento.
Pero, aunque resulta lógica la escasez de mujeres líderes, no es lo mismo con las activistas de base. Las brigadas estaban integradas por muchísimas mujeres y además hubo una gran participación femenina que no ha sido destacada. Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier, una historiadora y una antropóloga estadunidenses, convencidas de que la participación masiva de la población fue la que hizo tan poderoso y amenazante al movimiento a los ojos del Estado, estaban sorprendidas de que los relatos de los líderes no registraran a cabalidad la dimensión de la participación de las mujeres, se propusieron investigar el papel que habían tenido las mujeres que se involucraron en ese entonces.
Cohen y Frazier vinieron a México en 1989, entrevistaron a más de 60 mujeres que habían participado en el 68 y registraron qué recordaban y cómo habían vivido el movimiento. La variedad de las entrevistadas incluyó a: “estudiantes universitarias en diversas facultades de la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Antropología y en las universidades de provincia; estudiantes más jóvenes tanto en escuela mixtas como en las exclusivamente femeninas; mujeres que vivían en los conjuntos habitacionales, principalmente en Tlatelolco, activistas de partidos políticos, incluyendo a la Juventud Comunista, hijas de refugiados europeos, abogadas de prisioneros políticos, mujeres que se preparaban para trabajar en la Olimpiada de 1968, maestras a nivel secundario y universitario, funcionarias universitarias, madres de estudiantes, prisioneras políticas, artistas, activistas sociales, miembros del CNH y profesionistas: psiquiatras, periodistas, antropólogas” (1993:80).
Su investigación ofrece elementos para valorar la participación femenina en el 68. Ellas encuentran que las mujeres se integraron igual que los hombres en todos los niveles del movimiento, la gran mayoría en las brigadas, menos en las asambleas y pocas en el CNH. Y muchísimas mujeres se comprometieron con el movimiento en la tarea sustantiva de organizar las comidas:
El proporcionar las comidas permitía un funcionamiento efectivo y creciente. Además, las horas de comida servían para dar energía y fortalecer la lucha. Cientos de estudiantes regresaban de sus actividades nocturnas, matinales o vespertinas y eran recibidos con una comida caliente y un lugar donde nutrir no solamente su cuerpo, sino su espíritu (1993:82).
Hacer las compras, cocinar y limpiar después, fueron tareas laboriosas consideradas “trabajo de mujeres”. Y fueron indispensables. Jaime García Reyes declara: “para el 23 de septiembre, las escuelas se habían transformado para muchos de nosotros, en nuestras casas, sobre todo los que veníamos de provincia. Comíamos y dormíamos. Todo giraba en torno a las escuelas”.
También Cohen y Frazier registran que otras mujeres desecharon esa tarea típicamente femenina, pues preferían hablar en los mercados y en los autobuses, ya que descubrieron que eran buenas para comunicarse con la gente. Algunas mujeres reformularon la propaganda política, modificando los mensajes “intelectuales” para que se entendieran, haciendo “pequeños cuentos”, incorporando mitos populares y dichos mexicanos. Muchas estuvieron en las guardias nocturnas, lo que les significó una bronca con sus familias. Y porque su condición femenina las hacía menos sospechosas, varias fueron mensajeras, y engañaban a la policía. Las jóvenes de clase alta usaban sus coches.
Yo era estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y al recordar ese tiempo me doy cuenta de que, aunque muchas compañeras participaron en el movimiento, esto no forjó una conciencia feminista. La segunda ola feminista irrumpió en México hasta 1970 y eso explica que en la ENAH las estudiantes mujeres nos hiciéramos cargo de traer o preparar la comida, de darle a la manivela del mimeógrafo e, indefectiblemente, sirviéramos el café. En ese entonces yo no tenía la más pálida idea del feminismo que se estaba gestando en paralelo en Europa y Estados Unidos. Yo era una “compa” más, y asumía las tareas que me encomendaban sin cuestionar esa división tradicional del trabajo que, años después –ya feminista– analizaría y problematizaría. Tal vez hubo flashazos de feminismo espontáneo, como uno que me relató Mariángeles Comesaña. Una de sus compañeras de brigada “Miguel Hernández” decidió que era muy importante entrar a las cantinas, “pues cómo era posible que hubiese un espacio en la Ciudad de México que estuviera prohibido para las mujeres”. Así, un grupo de chicas entraban rapidísimo, entregaban los volantes mientras los meseros o el encargado les decían “Sálganse, sálganse, no pueden estar aquí” y los borrachitos gritaban “déjenlas que se queden”.
El propósito de Cohen y Frazier no fue tomar las experiencias de las mujeres como un complemento de la historia oficial, ni obtener “una perspectiva de las mujeres”, sino ganar una mirada más completa sobre lo que ocurrió. Ellas registran la camaradería entre mujeres y hombres, al grado de que a las mujeres no nos daba miedo quedarnos a hacer guardia en la noche en la escuela, con ellos al lado. Sin duda, el movimiento desafió los valores sexuales tradicionales, y provocó ampliaciones inesperadas en la vida sexual de muchas, con múltiples tránsitos de la política al sexo, del sexo a la política. Los momentos intensos y peligrosos que se vivían cambiaron las relaciones personales de todo tipo. Mientras las familias se sentían amenazadas por las actividades de sus hijas e hijos, las jóvenes descubrían nuevas dimensiones en las relaciones con los hombres: desde como amantes hasta como camaradas. El despertar sexual de muchas mujeres estuvo ligado a su despertar político, y viceversa. La amistad entre hombres y mujeres se volvió una realidad. Podía haber una sola mujer en una brigada y todos eran camaradas. Varias terminaron la relación con el novio porque no apoyaba al movimiento o porque desaprobaba su involucramiento. Las vidas de muchas se transformaron al quedarse de noche en las guardias. Cohen y Frazier recogen las palabras de Luisa, de la Facultad de Ciencias Políticas, sobre el movimiento: “Fue dar un gran paso hacia la igualdad” (1993:98).
Finalmente, algo que para las investigadoras resultó muy significativo fue que la mayoría de las mujeres entrevistadas no consideraba que su participación mereciera un estudio histórico, aunque todas señalaban que el 68 había cambiado profundamente sus vidas. Yo fui una de las 60 entrevistadas y ese fue mi caso: juzgué mi participación como insignificante al mismo tiempo que reconocí que el 68 cambió mi vida. Hoy, 50 años después, puedo calibrar qué tan profunda y sostenida fue esa transformación.
Este análisis se publicó el 7 de octubre de 2018 en la edición 2188 de la revista Proceso.

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La construcción del aeropuerto en Texcoco, costosa: especialistas

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▲ Las obras en Texcoco tendrán un retraso de cuatro años, señalan asociaciones de ingenieros.Foto Yazmín Ortega Cortés
Julio Reyna Quiroz e Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de octubre de 2018, p. 4
Asociaciones de ingenieros del país y consultores independientes consideraron que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es costosa, y que es viable la operación simultánea de la actual terminal con la base militar de Santa Lucía, en el estado de México.
Además, instaron a realizar mayores análisis en relación con el dictamen de la empresa Mitre, que planteó su rechazo a las operaciones de las dos terminales, y a revisar el proyecto impulsado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (Amime), que ha participado en la construcción del aeropuerto de San José del Cabo y en la renovación y el sistema de drenaje de pistas en la terminal Benito Juárez, aseguró que la construcción de las obras en Texcoco tendrán costos muy altos, por la naturaleza de los suelos, y que la tecnología actual permite las operaciones del que está actualmente en funciones y la base militar de Santa Lucía.
En un reporte disponible en el sitio en Internet del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la Amime planteó la construcción de pistas, rodajes y plataformas en el área de Santa Lucía para operaciones de despegue y aterrizaje de aeronaves de gran capacidad de fabricación actual y futura, y destinar el aeropuerto Benito Juárez para la operación de aeronaves de mediana capacidad y menores”, apuntó.
Operación simultánea
En tanto, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros consideró viable la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez y el de Santa Lucía, en contrasentido con el dictamen de la empresa Mitre, que desarrolla investigación de sistemas avanzados de aviación, del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Nuestros técnicos y un grupo de especialistas chilenos que han colaborado con nosotros consideran que sí es viable la operación alterna de esas dos terminales aéreas; sin embargo, señalan la necesidad imperiosa de un estudio a profundidad realizado por otra agencia internacional de prestigio para confirmar la afirmación de Mitre.
La unión aseguró que la construcción y mantenimiento del aeropuerto en Texcoco tendrá mayores costos, un retraso de al menos cuatro años en el levantamiento de la nueva terminal y el cierre del actual aeropuerto y de la base aérea militar de Santa Lucía, por razones de índole aeronáutica.
A su vez, Federico Rubli Kaiser, socio de la consultoría Matt Asesores, consideró que hay interés de parte de los inversionistas privados en participar en la construcción del NAIM, y que están a la espera de los resultados de la consulta.
Dijo que una crítica válida de la administración entrante es que el aeropuerto en Texcoco es caro y costoso, por lo que habría que revisarlo. Indicó que algunos de los contratos firmados para la construccióndel NAIM no fueron transparentes y apegados a derecho y pidió revisarlos.
En entrevista en televisión, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, indicó que el método para realizar la consulta del 28 de octubre sobre el nuevo aeropuerto está listo, y descartó que las preguntas sean sólo de A o B, es decir, que se vote por Texcoco o por la base militar de Santa Lucía.

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El NAIM podría continuar con inversión privada, como plantea Slim: AMLO

Obras en el NAIM. Foto: Germán Canseco
Obras en el NAIM. Foto: Germán Canseco

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reveló una serie de aspectos relacionados con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Y, aun con la idea de someterlo a consulta, expuso que se trata de un asunto en el que hay muchos intereses.
En un video colocado en sus redes sociales, el tabasqueño dio a conocer este lunes una carta enviada por el actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; asimismo, el cese de un general de la Fuerza Aérea; un estudio que avala la construcción de dos pistas en Santa Lucía, y la posibilidad de que el nuevo aeropuerto sea concesionado a inversionistas privados, como Carlos Slim, en caso de que gane la opción de mantener la obra en el lecho seco del Lago de Texcoco.

En medio de esa cascada de datos, el presidente electo anticipó que la información completa la dará a conocer el jueves 11 el próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y que un nuevo estudio se difundirá el siguiente lunes.
El pasado viernes 5, Jiménez Espriú recibió una misiva de parte de Ruiz Esparza, en la que éste se deslinda de una campaña publicitaria a favor del NAIM actualmente en construcción, sobre la que supuestamente habría pedido se suspenda.
Dicha campaña se pautó en tiempos oficiales, así como en inserciones en diarios, un día después de que el equipo de López Obrador se reuniera con comuneros de la zona de Texcoco que se oponen al NAIM, lo que el futuro mandatario de México consideró responde a intereses detrás del proyecto.
“A lo mejor ni está enterado el presidente Peña”, dijo.
En su alocución, López Obrador también expuso que hay un estudio de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI) que avala la viabilidad de la construcción de dos pistas en la Base Área Militar de Santa Lucía.
Y se explayó al respecto, aunque de inmediato advirtió que sería imparcial. Su interés, dijo, está en dar a conocer toda la información para que los ciudadanos cuenten con más elementos a la hora de decidir si debe mantenerse el proyecto iniciado en la actual administración o cancelarse, y resolver la saturación con las pistas en la base militar.
López Obrador sostuvo que de continuarse el proyecto del NAIM, requeriría una partida de 88 mil millones de pesos aportados por el gobierno, por lo que optarían por un esquema de concesión, un interés que ya ha manifestado, entre otros empresarios, el magnate Carlos Slim.
“Lo que plantea el ingeniero Slim es que se puedan reducir los costos, y lo que más importa es que podrían hacerse cargo de la inversión sin recursos del presupuesto. En ese caso sí podríamos considerar la posibilidad de continuar la construcción en Texcoco y no cancelar la obra”, dijo, pero luego volvió a referirse a la consulta pública.
En la serie de revelaciones, el presidente electo informó que un general de la Fuerza Aérea fue removido de su cargo luego de haber compartido información con Javier Jiménez Espriú sobre la base militar de Santa Lucía.
Y aunque dijo desconocer si fue el comandante de la Fuerza Aérea, o bien el responsable de dicha base, le hizo el ofrecimiento de reinstalarlo.

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Universitarios exigen frenar delincuencia en Tehuacán

Se acercarán a otros sectores para crear movimiento civil
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▲ Estudiantes y profesores de universidades públicas y privadas de Tehuacán, Puebla, marcharon hacia el zócalo de ese municipio en protesta por el asesinato de Aldo Felipe Jiménez, alumno del instituto tecnológico del municipio, cometido la semana pasada, y para exigir a las autoridades que garanticen seguridad.
Foto cortesía de Centro Noticias Tehuacán
Elizabeth Rodríguez Lezama
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Martes 9 de octubre de 2018, p. 32
Tehuacán, Pue., Más de 5 mil personas, la mayoría estudiantes, marcharon ayer para exigir seguridad, luego del asesinato de Aldo Felipe Jiménez, alumno del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), perpetrado la semana anterior.
La movilización, convocada por alumnos del ITT, comenzó a las 10 de la mañana. También participaron estudiantes de universidades públicas y privadas, quienes exigieron a las autoridades frenar a la delincuencia.
En lonas, cartulinas u hojas de libretas, los manifestantes escribieron mensajes como ‘‘Queremos seguridad para la comunidad estudiantil’’, ‘‘Quiero salir a estudiar sin miedo de no regresar vivo a mi casa’’ y otras que recordaban a Aldo Felipe, asesinado con un arma blanca en un asalto.
A la protesta, encabezada por la directora del ITT, Yeyetzi Sandoval, se unieron catedráticos de varias instituciones e integrantes del Consejo Estudiantil de la Sociedad de Alumnos.
Al llegar a la plaza principal de la cabecera de Tehuacán, los inconformes gritaron ‘‘¡queremos justicia!’’ Luego guardaron un minuto de silencio en honor de Aldo Felipe y demandaron aclarar su homicidio.
Integrantes de la Sociedad de Alumnos señalaron que los jóvenes de Tehuacán se enfrentan todos los días a la inseguridad; las mujeres salen a la calle con miedo de ser violentadas e incluso de aumentar la cifra de feminicidios, y los empresarios están desalentados por los ataques de la delincuencia.
Indicaron que en el municipio persisten extorsiones, secuestros, asaltos y asesinatos. Por ello, llamaron a la sociedad de Tehuacán a unirse para reclamar su derecho a contar con seguridad y vivir en paz.
Los jóvenes solicitaron que la Marina y el Ejército instalen retenes en las entradas a la ciudad, más policías mejor capacitados; vigilancia en el transporte público, regularización de las unidades que prestan este servicio y de las motocicletas que circulan en la ciudad, pues la mayoría de los asaltantes utilizan estos vehículos.
También acusaron a la Fiscalía General del Estado de no cumplir con su función y dieron a los gobiernos estatal y federal 24 horas para responder su pliego petitorio; de lo contrario, este miércoles recurrirán a medidas ‘‘más drásticas’’, entre ellas apoderarse de casetas de peaje. Asimismo, se unirán a sindicatos, empresarios, comités de padres de familia, representantes sociales y directivos de instituciones educativas para fortalecer su movimiento.

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Montemayor, el hombre del fracking

Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex. Foto: Miguel Dimayuga
Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex. Foto: Miguel Dimayuga

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde 2013, antes inclusive de que terminaran los procesos legislativos para concretar la Reforma Energética, una asociación civil inició cabildeos y articuló una red de relaciones en México y el extranjero, a fin de promover la inversión en shale gas: el Clúster de Energía Coahuila.
Dicha asociación fue creada por el exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, economista excluido de la élite tecnócrata, acabada su carrera política por ser protagonista del escándalo conocido como “Pemexgate”, de triangulaciones millonarias de la entonces paraestatal al sindicato petrolero para de ahí, financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Miembro de una influyente familia en el norte de Coahuila, Montemayor era un estereotipo del tecnócrata. Estudió economía en el Tec de Monterrey, maestría y doctorado en la Universidad de Pensilvania, donde fue adjunto de Lawrence Klein, el Nobel de Economía, creador de las herramientas econométricas para predecir tendencias.
Luego de ocupar diferentes posiciones en el gabinete económico, llegó al INEGI en sustitución de Pedro Aspe, presidiendo el organismo de 1985 a 1988, año este último en el que inició, impulsado por el salinismo, una vertiginosa carrera política: diputado federal (1988), senador (1991), gobernador de Coahuila (1993-1999) y director de Pemex (1999-2000).
El caso fue ampliamente ventilado en medios, se convirtió en bandera anticorrupción del gobierno de Vicente Fox, pero sus consecuencias de derecho se perdieron en el maniobrerismo, la negociación, la simulación y la inexperiencia. Multado el PRI con mil millones de pesos, el asunto no tuvo responsabilidades penales y Montemayor, como los demás implicados, quedaron exonerados.
Menos conocidos en el ámbito nacional, son los negocios de los hermanos Edilberto, Jesús María y Rogelio Montemayor Seguy en la minería de carbón: sin controles ambientales suficientes han perforado indiscriminadamente la región para enriquecerse como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, inclusive a costa de la vida de los trabajadores, como ocurrió en el Pozo 3 de Binsa, en mayo de 2011, donde murieron 13 trabajadores y un niño trabajador quedó mutilado, en una mina en la que Jesús María era concesionario.
Rogelio, libre de todo proceso judicial, se arrimó a Grupo México por ahí de 2008. Apareció por Cananea, intentando sabotear la huelga minera, consiguió la reapertura de una lavadora de carbón en Pasta de Conchos y, tiempo después, fundó la mencionada asociación energética fincando alianzas locales, nacionales y trasnacionales para promover el fracking. Una campaña en forma que va de escribir artículos en diarios (con guiños de simpatía hacia López Obrador) a consolidar alianzas en todos los niveles, y promover el fracking en pueblos y comunidades.
Consiguió que aceptaran ser “asociados” al menos 15 instituciones de educación superior, entre estas, Texas A&M International University y el Tecnológico de Monterrey; cuatro centros de investigación con presupuesto federal como lo son IIE, Ciqa, Comimsa y Cinvestav; en lo local, 19 ayuntamientos y el gobierno del estado; pero principalmente, 57 empresas, entre las que destacan Grupo México, Peñoles e Iberdrola.
Una versión hasta ahora no confirmada es que, entre sus asociados y políticos de la entidad, hay inversiones millonarias en acaparamiento de tierras con potencial de shale gas, pues hasta hace unos días el negocio parecía inminente, con tenue oposición de los siempre minoritarios ambientalistas.
El pasado viernes 5, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no se permitirá el fracking, lo que ha causado nerviosismo en los ya dispuestos inversionistas. Previsible, sigue una fuerte presión sobre el gobierno que aún no inicia desde el tejido de alianzas construidas por Montemayor Seguy, en un contexto donde el presidente electo tiene ante el poder económico, varios frentes abiertos.
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Ayotzinapa y los errores de Peña Nieto

Ayotzinapa. Investigación estancada. Foto: J. Raúl Pérez
Ayotzinapa. Investigación estancada. Foto: J. Raúl Pérez

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, únicamente hay tres certezas: la cadena de errores que ha cometido el gobierno federal en relación con las investigaciones de los hechos; la indignación que desataron en México y el extranjero; y la persistencia de los padres de los estudiantes en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Los yerros empiezan en la valoración misma de los acontecimientos, pues en un primer momento el presidente Enrique Peña Nieto pretendió minimizarlos y delegó totalmente la responsabilidad de las investigaciones a las autoridades estatales. Fue hasta una semana después, cuando José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, ya había huido, que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación.
 
Casi un mes después, el 23 de octubre de ese año, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ante la indignación nacional e internacional, se vio obligado a solicitar licencia a su cargo; y dos semanas después, el 7 de noviembre, en rueda de prensa el entonces procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar el caso anunciando su llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido cremados por el cártel Guerreros Unidos, en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
El 11 de noviembre, cuatro días después de la declaración de Murillo Karam, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que no se había confirmado que los restos hallados en el basurero y otras fosas de Guerrero correspondiesen a los de los estudiantes desaparecidos. El 18 de noviembre, el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron conformar un grupo de expertos internacionales que acompañaran las investigaciones de las autoridades mexicanas en relación con este caso.
El 27 de noviembre, apoyado centralmente en la “verdad histórica”, Peña Nieto presentó un plan para combatir la inseguridad, orientado a la creación del llamado mando único con el fin de eliminar las policías municipales, conformar una corporación de nivel estatal y crear una coordinación única nacional. Dicho plan nunca se pudo concretar a pesar de la insistencia del presidente.
El 6 de diciembre el EAAF confirmó que el fragmento de hueso hallado en una fosa común pertenecía a uno de los estudiantes. El 16 de enero del 2015 se anunció a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que auditaría las investigaciones de la PGR.
El 6 de septiembre de ese mismo año, el GIEI dio conocer su informe en el que rechazó la versión de la PGR y contundentemente afirmó: “…no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014… Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida”.
Dicho informe también estableció una serie de recomendaciones (Proceso 2030) para continuar las investigaciones y desentrañar la verdad. Esto dio pie a que se concretara un nuevo acuerdo para que el grupo continuara su trabajo durante seis meses más; en víspera de que concluyera el plazo, el 1 de abril de 2016, la PGR dio a conocer un nuevo dictamen sobre el incendio del basurero, de otro experto, en un intento de descalificar el primero realizado por el GIEI. El grupo de expertos concluyó sus labores en México y el gobierno de Peña Nieto pretendió nuevamente cerrar el caso.
Pero el 4 de junio de este año, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitió una sentencia en la que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, “como un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR”. En dicha comisión deberán participar las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. El 22 de junio, la PGR impugnó dicha sentencia y la semana pasada, el 21 de septiembre, el mencionado tribunal la confirmó, así que lo único que queda es cumplirla.
El 26 de septiembre, justo en la conmemoración del cuarto aniversario de los trágicos acontecimientos de Iguala, el juez primero de Procesos Penales Federales en Matamoros ordenó la liberación de ocho integrantes de Guerreros Unidos acusados del asesinato y quema de los normalistas. El gobierno federal ha sido incapaz de resolver el caso y ha fracasado en sus intentos de imponer su “verdad histórica”.
En octubre de 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein, entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que el caso Ayotzinapa “representa un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.
Días antes, el 2 de octubre de 2015, Rose-Marie Belle Antoine, entonces presidenta de la CIDH, al dar a conocer el informe preliminar de la visita que hicieron representantes del organismo para constatar cuál era la situación de los derechos humanos en México, señalaba: “Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47° aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.”
Tres años después aún predominan la impunidad y las violaciones a los derechos humanos; ningún avance se ha logrado en la resolución de los dos hechos a los que hacían referencia los dos altos funcionarios de derechos humanos de los organismos internacionales. Las heridas se mantienen abiertas y en ninguno de los dos se conoce todavía la verdad y, mucho menos, se ha logrado la justicia.
Aunque ambos casos son los más presentes en la memoria colectiva, son muchos más los que están exactamente en las mismas condiciones y es imperativo resolverlos para avanzar en la construcción de un México más justo, libre, pacífico y democrático.
Este análisis se publicó el 30 de septiembre de 2018 en al edición 2187 de la revista Proceso.

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