Mientras se prolonga la discusión sobre si México debe aprovechar o no sus vastas reservas de hidrocarburos no convencionales (shale) —que deben extraerse mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking)—, el país depende cada vez más de este tipo de recursos, pero importados.
Al término del 2017, la proporción de la demanda nacional de gas natural que se abastece con producto importado desde Estados Unidos escaló a 62% (en el 2010 era 23%), de esta fracción, alrededor de la mitad corresponde a gas natural shale obtenido a través del fracking, afirmó Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El presidente del órgano regulador exhortó a priorizar la producción doméstica de gas natural incluso por encima de la del crudo para asegurar la seguridad energética y el crecimiento económico nacionales, objetivo que se puede lograr con la explotación responsable de los yacimientos no convencionales.
Ante la polémica que genera la técnica de fractura hidráulica de las rocas lutíferas mediante pozos horizontales —que es la utilizada en los yacimientos shale—, el titular del regulador explicó que con más de 10,000 pozos perforados en el mundo a lo largo de una década se ha alcanzado madurez para que se utilicen las mejores prácticas posibles.
México tiene recursos prospectivos no convencionales de 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural, que equivalen a 1.8 veces los recursos convencionales y 4.6 veces las reservas totales documentadas de este hidrocarburo hasta el momento. “No podemos obviar esta riqueza y mantener o incrementar las importaciones de este combustible fundamental para la industria y la transición energética hacia fuentes limpias de generación eléctrica”, dijo Zepeda hace algunos días en el marco del XIII Congreso Mexicano del Petróleo.
Para ello, antes de lanzar la convocatoria de la Ronda 3.3, de nueve contratos de licencia en campos shale en Tamaulipas —en la que hay dos empresas inscritas para el fallo postergado hasta el 14 de febrero—, la Comisión Nacional del Agua y la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) concluyeron la regulación económica y de protección al medio ambiente que se requiere y que no sólo aplicará a los operadores de los campos, sino a todos sus proveedores, modificando tres leyes y diseñando seis lineamientos y 11 normas con base en las mejores prácticas que se realizan en Estados Unidos, Canadá y Argentina.
En México no se utilizará agua potable, sino de tratamiento industrial reutilizable hasta cuatro veces para las perforaciones, por lo que se buscará que los municipios participen con la proveeduría de agua residual. Los pozos tendrán distancias de por lo menos 600 metros verticales en relación con cualquier manto acuífero cercano y de al menos 1 kilómetro con cualquier masa hídrica, y se obligará a que los operadores construyan dos barreras impermeables en cada pozo, o tres si se trata de rocas calizas, junto con un monitoreo permanente de 99 compuestos químicos como línea base.
Otro argumento para prohibir estas prácticas en países como Alemania y Francia son los sismos que provoca esta actividad, ante lo que el comisionado de la CNH, Héctor Moreira, explicó al presentar el documento técnico sobre el gas natural elaborado por el regulador que es verdad que provocan movimientos telúricos, de alrededor de 3 grados de magnitud, tales como los más de 300 imperceptibles que se registran cada año en la Ciudad de México.

Buscan prohibir el fracking

Pero la polémica se mantiene. El 20 de septiembre, los senadores del partido Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que piden que se establezca que “queda prohibida la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente”.
Además, este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa para conocer la situación general de la utilización de fracking y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad. La audiencia se realizará en el marco del 169 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, del 1 al 5 de octubre del 2018 en la Universidad de Colorado. Una delegación integrada por representantes de comunidades afectadas por esta práctica y organizaciones integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, dará a conocer la problemática de la región, incluyendo la actividad potencial en México, ante la CIDH.
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