miércoles, 26 de septiembre de 2018

Movilización en apoyo a Ayotzinapa

Hoy, a cuatro años de la desaparición forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, marchemos en apoyo...

¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!



4 años la lucha sigue hasta encontrarlos.
AYOTZINAPA
A un año
saldremos a encontrar su voz,
sus rostros y sus manos
no los hallaremos en el silencio fúnebre de una tumba
ni los alcanzaremos en el llanto tibio de la lluvia
que moja la noche de su desaparición forzada
no estarán perdidos en el olvido alcahuete
que excreta la impunidad
y presunción oficial de su muerte
ni estarán cautivos
en la baratija de “verdad histórica”
que nunca podrá absolver
a los culpables de su ausencia
estarán en nuestras escuelas
condiscípulos de nuestra rabia
despertando nuevas conciencias
estarán en nuestras calles
pueblos y ciudades
sonriendo al frente de nuestro coraje
porque ustedes son las 43 razones
del porque
todo esto que duele, empobrece y mata
ya tiene que cambiar
hermanos no están solos
ni extraviados en nuestra memoria
ya verán que los encontraremos
ViVoS.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Septiembre 2015.

Ayotzinapa: la esperanza está en la verdad

Cuatro años en agonía. Foto: Benjamín Flores
Cuatro años en agonía. Foto: Benjamín Flores

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este miércoles 26 se cumple un aniversario más de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hechos en lo que también fueron privadas de la vida seis personas –tres de ellas normalistas– y donde fueron lesionadas varias decenas más, algunas con secuelas hasta hoy.
A lo largo de 48 meses no ha habido un momento en que las familias de los normalistas hayan dejado de exigir justicia y verdad. Esta exigencia se ha seguido escuchando en México y el extranjero a lo largo de todo este tiempo.

La presencia pública de esta dolorosa e irresuelta desaparición forzada se puede explicar por la dimensión numérica de las víctimas, por su juventud o por su pertenencia a un sector vulnerabilizado de la sociedad. Pero sin duda hay otros dos factores que han contribuido a que Ayotzinapa permanezca como una herida abierta en el corazón de la nación.
El primero es que Ayotzinapa evidenció la profundidad de la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos que enfrenta el país. La magnitud –en tiempo y geografía– de los ataques, el control territorial de los perpetradores, el papel activo en la desaparición de varias fuerzas de seguridad y las omisiones no explicadas de otras, y la complicidad entre autoridades y criminales, fueron condiciones que quedaron expuestas a la vista de todos.
Ayotzinapa mostró las condiciones estructurales que han permitido que la colusión entre el crimen organizado y las autoridades se extienda a amplias parcelas de la vida pública, mucho más allá de la esfera municipal.
El segundo factor es, sin duda, la persistencia y la fortaleza de las madres y de los padres. Protagonistas involuntarias de un momento histórico, estas familias se sobrepusieron al permanente dolor de la ausencia, para recorrer con pasos firmes senderos en Iguala, pasillos en Palacio Nacional, calles de la Ciudad de México, decenas de plazas públicas de toda la República e incluso espacios solidarios en otros países. Como lo han hecho decenas de miles de familiares en búsqueda de sus seres queridos a lo largo de todo el país, padres y madres de los normalistas han desnudado las falencias del aparato de justicia y de la atención victimal, consiguiendo que la intervención de las instancias internacionales haya jugado un papel decisivo en el caso.
Cada una de las acciones emprendidas por las madres y los padres ha tenido un solo objetivo: alcanzar la verdad. Pero la administración federal saliente no sólo no ha querido responder a esa interpelación, sino que ha obstaculizado una y otra vez el camino hacia la verdad. A cuatro años, ese es el balance.
Si la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 condensó los factores que inciden en la crisis que padece México, la respuesta del Estado mostró un aparato de justicia fallido y una acendrada indolencia institucional.
A pesar de la dimensión de los hechos, el gobierno federal tardó más de una semana en pronunciarse al respecto. Cuando intervino, lo hizo para confeccionar la llamada “verdad histórica” e intentar cerrar el caso.
Así se construyó, con base en pretendidas confesiones de un conjunto de detenidos, una versión oficial: que los normalistas habrían viajado a Iguala para irrumpir en un acto político municipal, que policías de Iguala y Cocula los habrían entregado a integrantes del crimen organizado, y que éstos los habrían privado de la vida, incinerado y dispersado sus restos en el río San Juan.
En este escenario, las familias lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formara un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la misión de supervisar en tiempo real la investigación y la búsqueda y de hacer recomendaciones sobre temas estructurales.
La intervención del GIEI fue decisiva para demostrar científicamente que la versión de la pira en el basurero de Cocula es materialmente imposible.
En su primer informe, además, el GIEI evidenció que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento a través del C4 y que su intención no fue boicotear el evento político, encontró momentos y eventos delictivos no reconocidos en la versión oficial, describió una escalada en la violencia durante los ataques y concluyó que éstos se dirigieron a impedir que los autobuses tomados por los estudiantes en Iguala salieran de la ciudad, señaló su preocupación por la fragmentación de la investigación, trató la falta de búsqueda inmediata y de uso de inteligencia y recogió la palabra de las familias.
Seguramente por ello, en su segundo periodo, el GIEI enfrentó una sucia campaña de difamación, lo mismo que constantes obstáculos para alcanzar su cometido. De todas maneras, en su informe final, el grupo documentó nuevos escenarios no investigados y la renuencia de la PGR a profundizar líneas de investigación distintas a la hipótesis oficial, además de sus omisiones y retrasos en las pesquisas sobre trasiego internacional de drogas.
El GIEI también expuso graves irregularidades en el levantamiento y procesamiento de la evidencia supuestamente recogida en el río San Juan.
Luego de la salida del GIEI, el monitoreo de la indagatoria no concluyó. El Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH ha desem­peñado un papel fundamental en la revisión del caso. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó contribuciones esenciales para entender lo ocurrido. Finalmente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la presentación del informe Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, encontró fuertes evidencias de que se cometió tortura contra al menos 34 personas detenidas –algunas de ellas, clave en la construcción de la teoría oficial– y señaló la posible ejecución arbitraria de otra más.
Esta decidida confluencia de un organismo nacional autónomo de derechos humanos, de un organismo del sistema interamericano y de un organismo del sistema universal, no sólo evidenció cómo la mentira se situó en el centro de la respuesta institucional al caso Ayotzinapa, sino que también mostró que el gobierno federal se quedó solo en su tozuda defensa de la “verdad histórica”.
Pero faltaba una evaluación final: frente a las críticas internacionales, la administración saliente sostuvo siempre que la última palabra provendría de los tribunales nacionales. Pues bien, durante este 2018 esa palabra fue enunciada y fue reprobatoria respecto de la hipótesis oficial.
Un esperanzador contrapeso judicial
En mayo de 2018, al resolver juicios de amparo promovidos por personas imputadas en el caso y tras realizar un análisis riguroso, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito encontraron indicios sobre el uso de tortura, además de notar la existencia de otras irregularidades, como detenciones arbitrarias e ilegales, demora en la puesta a disposición de autoridad competente y la omisión de investigar la tortura.
A partir de una valiente propuesta del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, el Tribunal determinó que la investigación no había sido independiente ni imparcial ni eficaz y decidió otorgar la protección de la justicia no sólo a los quejosos, sino extender ese manto hacia las propias víctimas del delito con una fórmula innovadora pero legal: ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), estableciendo que en ella participaría el Ministerio Público pero también, para fungir como contrapeso, los familiares de las víctimas con sus representantes y la propia CNDH. El Tribunal también ordenó profundizar la asistencia técnica internacional, enfatizando la pertinencia de regresar al GIEI.
Lamentablemente el gobierno federal ha empleado su resto en emprender una ofensiva inusitada contra la resolución del Tribunal –de suyo inatacable–, interponiendo más de 200 recursos, escritos e impugnaciones de diversa índole contra esta sentencia, al tiempo que el titular del Ejecutivo estimaba pertinente emplear el tiempo aire del Estado mexicano para reafirmar, en la difusión de su último informe de gobierno, su compromiso personal con la insostenible “verdad histórica”: el presidente expresó su convicción sobre la solvencia de la hipótesis oficial y enfatizó que su gobierno había permitido el escrutinio internacional de la indagatoria; no dijo, sin embargo, que precisamente ese escrutinio internacional concluyó que la explicación por él defendida carece de sustento científico.
En tanto las familias esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la innovadora sentencia dictada en el caso y mientras que ya se vislumbra el deslinde público respecto de la “verdad histórica” de actores vinculados a los hechos o a la investigación –el caso de Osorio Chong en el Senado–, la inminente alternancia abre una oportunidad para el esclarecimiento pleno del caso. Para ensanchar esta oportunidad, en el marco del cuarto aniversario de los hechos las familias se encontrarán con el presidente electo en una reunión decisiva para la ruta de justicia que podría iniciarse.
Los signos del compromiso de la administración entrante con la resolución del caso son hasta ahora alentadores. La designación de Alejandro Encinas para dar seguimiento al tema es en sí misma esperanzadora, pues no sólo desde su visión política, sino también desde su historia de vida, cuenta con las credenciales idóneas para entender la trascendencia de alcanzar la verdad.
Empero, como en tantos otros casos de desapariciones, la experiencia de interacción entre las familias y el Estado mexicano ha sido desastrosa y ha abonado a la sabia desconfianza. Por ello, los padres y las madres de los normalistas están expectantes y ávidos de verificar si lo que hasta hoy son compromisos y declaraciones, se convierten con celeridad en actos de gobierno capaces de verdaderamente desafiar los pactos de impunidad que se entrelazan con la dolorosa historia reciente de nuestro país.
Para las familias no hay duda, la concreción de las palabras en actos pasa por la implementación de la sentencia del Tribunal Colegiado que ordena reponer la investigación con controles externos, particularmente con asistencia técnica internacional.
Ayotzinapa puede ser una oportunidad para el nuevo gobierno. Si el caso es resuelto con justicia y verdad a través de la operación de un mecanismo de investigación innovador, se demostrará que es posible revertir la impunidad. Ese poderoso mensaje podría generar, sin duda, una imparable sinergia respecto de las propuestas que se han lanzado al nuevo gobierno sobre la adopción de una robusta política de Estado contra la impunidad y, especialmente, de medidas emergentes para erradicar y esclarecer las desapariciones. Hoy en el debate público sobre la necesidad de profundizar la asistencia técnica internacional en el ámbito de la justicia, volver a la experiencia del GIEI es ineludible. Por eso, esclarecer el paradero de los normalistas es mucho más que dar cauce a un caso individual.
En México hay al menos 37 mil personas a quienes algún familiar espera y busca, en medio de esa zozobra inconmensurable que genera la desaparición. Como los padres y las madres de los normalistas, se trata de hombres y mujeres que no descansarán hasta saber el paradero de las y los suyos, en un testimonio de amor y de dignidad que –como se ha dicho– es un manantial que alimenta la reserva moral de México. Se trata de víctimas a las que durante muchos años hemos volteado la espalda como sociedad y a las que el gobierno saliente les falló.
La nueva administración no puede ignorar este dolor en los esfuerzos orientados a la transformación del país y debe entender la especificidad y la urgencia de sus demandas. Ellas y ellos ya han dado mucho al país con su ejemplo; más que pedirles que ahora den algo más, corresponde al gobierno entrante poner sobre la mesa lo que las víctimas llevan años demandando: justicia, verdad, un trato digno.
Es hora de estar a la altura de los padres y las madres que movieron a México este sexenio. Por eso la esperanza está en la verdad.
*Director del Centro Prodh
Este ensayo se publicó el 23 de septiembre de 2018 en la edición 2186 de la revista Proceso.  

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Compromiso por escrito, exigirán padres de los 43

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▲ Ayer en Ciudad de México se realizó una protesta con antorchas para exigir justicia para los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años.Foto Xinhua
Emir Olivares, Gustavo Castillo y César Arellano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2018, p. 6
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos serán claros ante el presidente electo: Ha dado buenas señales, pero no tendrá un cheque en blanco. Los signos de buena voluntad deben materializarse en acciones concretas a partir del primero de diciembre para llegar a la verdad, a la justicia y, sobre todo, a conocer el paradero de los estudiantes.
Con esa premisa, los familiares de los jóvenes desaparecidos hace justamente cuatro años en Iguala, Guerrero, se presentarán este miércoles ante Andrés Manuel López Obrador, en lo que será su primera reunión con el futuro mandatario federal.
Plantearán dos demandas encaminadas a la resolución del conflicto: que el Estado mexicano firme un nuevo acuerdo de asistencia técnica internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recogiendo la experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y que emita un decreto presidencial en el que se delineen por escrito los compromisos de su gobierno, adelantaron a La Jornada representantes de los familiares.
Por la mañana, los padres de familia se manifestaron en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que este tribunal valide la comisión de la verdad en el caso Iguala.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, señaló que luego de reunirse con el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, y las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Luna Ramos, se comprometieron a dar celeridad al tema de la comisión.

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La lucha estudiantil a 50 años de 1968

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La protesta estudiantil de 1968 fue detonada por una trifulca callejera, en la que intervinieron porros y provocadores, además de estudiantes; las causas de esa gesta son más profundas y tienen que ver con la inexistente democracia de esa época, el autoritarismo de un gobierno que reprimía y asesinaba mediante los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, y la mordaza que sufrían los medios de comunicación.
Eran tiempos en que a nivel mundial se levantaba la voz de la juventud y los estudiantes se rebelaban contra diversas situaciones en sociedades muy distantes y distintas, clamaban por democracia, por derechos humanos y por libertad en múltiples formas; siempre la libertad, una de las principales banderas de las luchas estudiantiles.
¿Qué significa la libertad para los estudiantes que hoy protestan tras la brutal represión del 3 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)?  Para cada uno de los involucrados en las protestas previas a ese fatídico día y para los que se involucraron después, el significado de la lucha puede tener distintas perspectivas, pero después de un mes de paros y marchas, en los que se han involucrado otras instituciones educativas, se puede advertir que entre lo que claman los estudiantes está la libertad aun a 50 años de Tlatelolco.
De acuerdo con el pliego petitorio que los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco entregaron al rector de la UNAM, Enrique Graue, algunas de las demandas tienen que ver con tener suficientes profesores para no saturar los grupos, elegir un cuerpo administrativo para ese CCH con la participación del estudiantado en el proceso; así como el que esos administradores realicen un manejo transparente de los recursos.
Por otro lado, le exigen que las autoridades universitarias no prohíban las expresiones político-culturales de la comunidad estudiantil. Debe recordarse que antes del 3 de septiembre se dieron protestas en el CCH Azcapotzalco, en un conflicto entre estudiantes y la ahora exdirectora del plantel María Guadalupe Márquez. Las demandas de los cecehacheros eran sobre mejoras académicas y anulación de cobros indebidos, que se sumaron a la inconformidad por la eliminación de unos murales elaborados por los estudiantes, acción ordenada por Márquez. Entonces también estamos hablando de un reclamo de libertad de expresión.
Más allá del CCH Azcapotzalco, del pliego petitorio sobresalen asuntos que competen a la comunidad universitaria en todos los planteles de la UNAM, que tienen que ver con lo que el 3 de septiembre pedían a Graue los bachilleres, también había estudiantes del CCH Oriente y de algunas preparatorias.
Una demanda era la erradicación de los porros de sus planteles, que fue adicionada en el pliego con la petición de que se tomen acciones en contra de quienes desde adentro de la Universidad y fuera de ésta los patrocinan ­­–los porros operan como brazo represor, agitador o disuasorio de movimientos estudiantiles, ya sea para autoridades administrativas y académicas, o para organizaciones ligadas a poderes políticos externas a las instituciones educativas–; una moción que innumerables rectores y directores de las principales instituciones universitarias públicas del país no han atendido desde hace 50 años, porros hubo en el 68 y los sigue habiendo, el 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, bajo la mirada de Graue que estaba en la Torre de Rectoría, golpearon, quemaron, acuchillaron y mutilaron a los universitarios más jóvenes.
Otro punto relevante del pliego petitorio, y que también fue externado antes de la brutal agresión, es la solución al acoso, la inseguridad y la violencia que se vive al interior de la UNAM y en sus inmediaciones. Demanda de los cecehacheros motivada en esos días por el asesinato cometido en agosto de este año contra Miranda Mendoza Flores, alumna del CCH Oriente, que fue secuestrada tras salir del plantel y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el Estado de México.
Desgraciadamente ese tipo de crímenes y otros más son un problema añejo en la UNAM. Los casos de agresiones sexuales contra universitarias son una realidad en la máxima casa de estudios. A principios de este año se denunció el ataque a una estudiante en los baños del CCH Vallejo, el atacante era un trabajador del plantel. En marzo pasado, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, fue violada una alumna. En agosto de 2017, varias estudiantes de la Facultad de Economía acusaron de abuso sexual a un profesor adjunto.
La violencia desatada el 3 de septiembre y los crímenes mencionados, son una pequeña parte de la brutalidad que se vive en la UNAM, pues en las últimas tres rectorías se han reportado más de 300 ataques sexuales, periodo en el que la aparición de cadáveres en suelo universitario supera la treintena.
Una profunda investigación de Zósimo Camacho sobre la crisis de inseguridad y violencia de la UNAM puede ser consultada en: Crisis en la UNAM por violencia
Es inadmisible que en la principal universidad del país los estudiantes no puedan ejercer libertad de expresión mediante manifestaciones culturales, es reprobable que no puedan manifestar su inconformidad libres de la represión porril y ante la mirada tácita del rector, pero es aterrador que en los campus universitarios los alumnos, y principalmente las mujeres sean acosadas y violadas.
Por lo anterior, se entiende que una de las demandadas de los universitarios a 50 años de Tlatelolco sigue siendo por libertad de expresión, pero además por la libertad de atender a la vida académica sin el riesgo de sufrir un secuestro, una violación o de ser asesinado.
Al parecer con la pronta aceptación del pliego petitorio por parte del rector el conflicto se aminoró y se focalizó en las demandas de los estudiantes de Azcapotzalco, falta ver si la maniobra de Graue no fue sólo de contención y para evitar que los reclamos escalaran hasta lograr su renuncia; esperemos que implemente acciones que erradiquen a los porros y para proteger al alumnado más allá de la solución de las demandas académicas y administrativas, sobre todo en cuanto a la inseguridad y la violencia que imperan en nuestra máxima casa de estudios.
La marcha de conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco será un buen indicador del tamaño del conflicto universitario. Lo cierto es que a 50 años del 2 de octubre los estudiantes siguen luchando por la libertad.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en apreciación y creación literaria, literato, arqueólogo, diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente

Coparmex pide definir la estrategia para impulsar el sector energético

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación de que la inversión que pretende hacer la nueva administración no corresponda a una estrategia planeada con el objetivo de maximizar sus beneficios, así como la falta de una propuesta clara en materia de energías limpias.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo empresarial, dijo que la administración federal entrante ya ha hecho públicos algunos planes de inversión, sin que se haya justificado con un análisis sectorial, de costo-beneficio, estratégico o prospectivo. Es por ello que desde la Coparmex, hacemos un llamado para atender esta materia con profundidad analítica y el sustento técnico que las necesidades del país demandan.
En un video  denominado “Estrategia Energética”, indicó que “nos preocupa también la falta de propuesta respecto a formas limpias de energía y, sobre todo, el clima de incertidumbre que se ha generado en torno a la continuidad de la reforma energética”.
“Derivado de los altos montos de inversión que el sector requiere, creemos que la administración entrante, debe ser cautelosa con los anuncios que pudieran deteriorar la necesaria confianza en el sector”.
“Solamente pensando a largo plazo y teniendo una visión libre de dogmas económicos, lograremos consolidar la política energética a la altura de la que el país necesita”.
También se pronunció por una e una estrategia nacional para impulsar al sector energético –pujante-, ya que las reformas que ha tenido la industria han sido insuficientes para lograr una mejoría financiera en CFE y Pemex, además de que la administración de las empresas productivas del estado ha registrado hechos de corrupción al igual que en algunos procesos de licitaciones.
Señala que históricamente el sector energético ha sido pieza fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. En los últimos años, se ha transformado a través de decisiones de gran impacto, entre las que destaca la reforma energética.
A partir de las reformas estructurales del sector energético que se realizaron en 2013, la CFE y Pemex abandonaron la estructura monopólica en algunos tramos de la cadena productiva, dando entrada a la inversión privada, que hoy asume parte del riesgo que antes solamente tomaba el Estado Mexicano.
Sin embargo, “las reformas han sido insuficientes para mejorar la productividad de ambas empresas, y solventar la mejoría financiera de las mismas”. En parte, debe decirse, por la tardanza relativa con la que se aprobaron: el país necesitaba estas reformas muchas décadas antes.
Pero también “debemos reconocer que la administración de las empresas ha estado empañada por hechos de corrupción en su administración y en algunos procesos de licitaciones”, así como por la histórica falta de inversión y de competitividad en el sector, indicó de Hoyos Walther.
“En Coparmex creemos que, como empresas productivas del Estado, la CFE y Pemex deben seguir desempeñando un papel toral en el sector y que se necesita una estrategia nacional de altas miras y largo aliento para fomentar un sector energético pujante”.
Los presupuestos tanto de la CFE, como de Pemex sufrieron fuertes recortes. Tan sólo en 2016 alcanzaron 2 mil 500 y 100 mil millones, respectivamente. Esta disminución ha representado un impacto negativo en la productividad de ambas empresas. Durante el primer semestre de 2018, la CFE tuvo pérdidas por más de 39 mil millones de pesos y Pemex de casi 50 mil millones.
En el caso de Pemex es especialmente grave. El mencionado recorte de 100 mil millones de pesos significó una reducción del 22% de su gasto programable. Derivado de ello, la paraestatal ha dejado de invertir en proyectos para el desarrollo y mantenimiento de campos y pozos petroleros, es decir, en proyectos que podrían incrementar sus ganancias.
Adicionalmente, la falta de recursos ha impedido el desarrollo de los complejos necesarios para aprovechar las áreas de explotación reservadas en la “Ronda Cero”, mismas que tenían el más alto potencial productivo.
Por su parte, las pérdidas que ha experimentado la CFE han impactado a la iniciativa privada. Para compensar sus pérdidas, la CFE ha tenido que elevar sus tarifas, provocando un aumento en el costo de operación de varias empresas, incluso para los grandes empleadores del país.
Ante este panorama, consideramos acertada la decisión de la nueva administración de invertir 175 mil millones de pesos, para impulsar el sector energético. En particular, creemos que la decisión más oportuna es la de invertir 75 mil millones para la exploración y perforación de pozos petroleros, con el fin de elevar su producción en Pemex a la suma de 2.6 millones de barriles diarios.
“Sin embargo, queremos insistir en que estas inversiones deben ser canalizadas y analizadas con detenimiento, buscando el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos disponibles”.
Para el presidente de la Coparmex, la inversión privada puede ser una aliada importante en el fortalecimiento de la industria y en la generación de cadenas de valor regionales que impulsen el crecimiento económico nacional, también contribuirá a un ejercicio más estricto y una rendición de cuentas más apropiada.
Recientemente se han publicado datos sobre grandes escándalos de corrupción en Pemex, y el IMCO ha calificado a la CFE como primer lugar en el “Índice de riesgos de corrupción”, debido a su falta de competencia, transparencia y por la existencia de anomalías en los contratos.
El desarrollo económico del país está íntimamente ligado al sector energético. Si queremos fortalecerlo, necesitamos que tanto Pemex, como la CFE se constituyan en empresas verdaderamente competitivas y libres de corrupción, que aprovechen las posibles alianzas con la iniciativa privada.

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Repudian industrias de SLP alza en costo de electricidad

Vicente Juárez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2018, p. 33
San Luis Potosí, SLP., Empresarios potosinos que integran la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), repudiaron el incremento de las tarifas industriales de electricidad y el cambio en la metodología para calcularlas, pues esta situación ha ocasionado que su costo se eleve hasta en 61.15 por ciento en casi todo el territorio nacional.
En un comunicado, expusieron que durante septiembre el aumento en este servicio fue equivalente a un 12.32 por ciento en promedio, por lo que manifestaron su descontento y preocupación por la situación que genera la continua e incesante alza en los costos de la energía eléctrica a las empresas y ratificaron su apoyo a las acciones que a escala nacional se emprendan.
Agregaron que el aumento fue de 74.59 por ciento para las tarifas industriales de media tensión. Estos incrementos dañan la productividad y la competitividad de las empresas, inhiben la inversión, afectan la generación de empleo y la rentabilidad de las empresas.
La industria manufacturera en el estado tiene registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social más de 170 mil empleos formales, y las alzas mensuales en tarifas eléctricas afectan a casi 60 por ciento de la industria nacional, alrededor de 580 mil empresas, señalaron.
Los industriales aseguraron que se perjudica a un gran número de empresas, siendo los sectores más afectados el automotriz, metalmecánico, plástico, químico y alimentos, pues en muchas el insumo eléctrico representa entre 30 y 40 por ciento de su costo de producción.
Se trabaja en propuesta
Respaldamos las reuniones de los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Confederación de Cámaras Industriales, Canacintra y demás organismos que llevan a cabo con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde se trabaja para tener el 15 de octubre una fórmula para fijar las tarifas, que impida incrementos en forma desproporcionada, precisaron.
Enfatizaron que la CRE revisará la medición de tarifas y los cálculos, con un punto de equilibrio para que respete el compromiso de que las alzas sean de 12 por ciento.
En Canacintra seguiremos de cerca los avances, apoyaremos las propuestas que abanderen los organismos empresariales, por el bien del desarrollo económico, el empleo y la competitividad de las empresas, puntualizaron.

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Genesal Energy instala 14 generadores anti huracanes en Yucatán


Ciudad de México (José Alejandro Mentado / Energía Hoy).- La región de Yucatán, en México, aspira a convertirse en un ejemplo de energía limpia gracias a la instalación de numerosos parques eólicos. Sin embargo, Yucatán es zona de huracanes y este tipo de instalaciones necesita disponer de generadores de emergencia especiales capaces de hacer frente a este tipo de fenómenos meteorológicos que pueden dañar considerablemente la estructura de los molinos debido a su fuerza extraordinaria.G
Para reducir la presión que ejerce el viento en la estructura del molino, éste debe orientar la góndola y sus palas con la ayuda de motores eléctricos e hidráulicos de forma que el viento ejerza la mínima fuerza posible con la ayuda de la veleta y demás equipos de instrumentación.
Nuestro cliente necesitaba que, ante la llegada de un ciclón o huracán (y por tanto, ante un posible fallo de red en el parque) que los molinos fuesen capaces de orientarse al huracán y así evitar graves daños.
Sistema personalizado
En Genesal se analizaron las necesidades del cliente con el fin de ofrecer una solución óptima y se propuso un sistema cien por cien personalizado, equipando alternadores de mayor potencia para absorber los picos de arranque de los diferentes motores que integran el molino y sin que las caídas de tensión afectasen al resto del sistema. También se realizaron pruebas conjuntas previas para verificar tanto la comunicación de los equipos como la respuesta del grupo electrógeno frente a las cargas.
Una vez realizados todos estos pasos, diseñamos un generador diésel por cada grupo de tres o cuatro molinos, suministrando 14 grupos electrógenos que están comunicados mediante un anillo de fibra óptica con el conjunto de molinos eólicos.
Cada grupo del parque eólico recibe órdenes de arranque y paro desde cualquier molino de los que alimenta, proporcionando energía a los sistemas principales de orientación de cada uno de los molinos de forma secuencial. El objetivo principal es evitar picos o caídas de tensión en la alimentación. Además, todos los parámetros de cada uno de estos 14 grupos son monitorizados de forma centralizada en la SCADA del parque eólico.
Datos técnicos:
  • Potencia prime: 14×228 kVA
  • Potencia standby: 14×250 kVA
  • Tensión: 690 V
  • Frecuencia: 60 Hz
  • RPM: 1.800
  • Motor: Iveco
  • Alternador: Standford

Petroprecios, en su nivel más alto en casi 4 años

Foto
▲ Actividad en la bolsa de valores de Nueva York.Foto Afp
Agencias y De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2018, p. 28
Los precios petroleros aumentaron a su nivel más alto en casi cuatro años. La mezcla mexicana subió 1.05 dólares y llegó a 72.40 por barril, su mayor precio en 2018 y el más alto desde noviembre de 2014. El Brent ganó 67 centavos y cerró en 81.87. El West Texas Intermediate repuntó 20 centavos, a 72.28. En el mercado cambiario, el peso se depreció 0.34 por ciento y regresó a 19 unidades. El Dow Jones cedió 0.26 por ciento, el Standard and Poor’s 500 restó 0.10 y el Nasdaq 0.17.

Cibiogem insiste en consulta a comunidades sobre cultivar la soya transgénica

Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2018, p. 40
Monsanto presentó un juicio de nulidad ante la revocación del permiso de cultivo de soya transgénica en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –pendiente de resolución judicial–, por lo que no es definitiva esa cancelación. Aun así, las consultas a las comunidades indígenas sobre esas siembras continúan, sostuvo Sol Ortiz, secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
Esto expresó luego de que comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, determinaron el 25 de agosto que la consulta sobre el cultivo de la soya transgénica la realice la próxima administración. Esta decisión, señaló en un comunicado la Cibiogem, contraviene los mandatos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y limita la atención a la recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancias que ordenaron que se consultara a las comunidades sobre la siembra de la soya transgénica.
Ortiz explicó que ha cumplido con el proceso de acuerdos previos de la consulta indígena, desde que salió la sentencia de Campeche hemos tratado de cumplir, si no me meten a la cárcel y me cobran. Además la consulta se debe hacer, antes de esta administración no se hicieron y ya hemos terminado 31 procesos.
Agregó que cuando se inició el proceso para cumplir la sentencia y la recomendación de la CNDH, se determinó no consultar sólo a las seis comunidades, sino a todas, ya que están involucrados siete estados. Tan sólo en Hopelchén son 34 comunidades.
Recordó que el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revocó el año pasado el permiso de Monsanto, lo cual no está firme, pero la consulta debe seguir. Indicó que los mayas de Quintana Roo dijeron que no quisieron la consulta porque el permiso estaba revocado.
Emmanuel González, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dijo que esta agrupación ha acompañado el proceso informativo, el tema legal y la consulta en comunidades de Bacalar, Quintana Roo. Recordó que ahí el proceso fue violento, no se respetaron las formas de organización y comunicación de las comunidades, además de que se pretendía consultar, cuando los permisos para sembrar soya estaban revocados y no había objeto.
Greenpeace llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a sustituir a los titulares del Senasica y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para cumplir con el compromiso de instaurar una política efectiva de protección de los maíces nativos, impidiendo la siembra e introducción de especies genéticamente modificadas.
Advirtió que esos titulares han seguido un patrón sistemático de actos y omisiones que ha debilitado el marco de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados o transgénicos y tampoco han adoptado medidas para evitar el pésimo manejo y gestión de los plaguicidas de gran peligrosidad.

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Argentina, paralizada mientras Macri bailaba en Nueva York

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▲ Un guardia vigila en el Aeroparque Jorge Newbery, durante la jornada de paro laboral en la zona metropolitana de Buenos Aires.Foto Xinhua
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2018, p. 30
Buenos Aires. Mientras Argentina estuvo paralizada este martes por el cuarto paro nacional –el más contundente de los realizados contra el gobierno de Mauricio Macri– y se dio a conocer la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, el mandatario argentino bailaba en Nueva York, recibía un reconocimiento de los poderosos como Ciudadano Global 2018 y confesaba su esperanza de que los argentinos terminaran enamorados de Christian Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La visión de ciudades desoladas en todo el país, de las movilizaciones que, como las del lunes, continuaron este martes en algunas provincias como Mendoza o Santa Fe, donde en la castigada ciudad industrial de Rosario hubo una importante marcha de los huelguistas, contrastó visiblemente con la banalidad del presidente, bailando en una gala en Nueva York y confesando su enamoramiento con el FMI, tan ligado para los trabajadores a la crisis de 2001, la más grave que ha vivido el país.
Esto causó gran indignación entre los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocantes del paro general y de todas las centrales sindicales y frentes que participaron activamente desde ayer al mediodía con una manifestación de medio millón de personas, precisamente contra los ajustes, la política gubernamental que ya no se soporta y contra el FMI, como señalaron los líderes de la protesta.
Los trabajadores acusan el agravamiento de la crisis económica y social a las imposiciones de ajustes del FMI, para prestar 50 mil millones de dólares por etapas al gobierno de Macri, que en dos años provocó el mayor endeudamiento en la historia del país.
Los dirigentes sindicales, en sus declaraciones, mostraron la gravedad de la situación nacional, recordando los despidos masivos, el incremento constante de la pobreza, la inflación que se disparó sobre todas las especulaciones destruyendo el salario y el consumo interno, la especulación financiera, la devastación de la industria y las empresas, la caída de la producción, la quita de impuestos a los sectores poderosos y los que se están imponiendo a los trabajadores, además de los tarifazos constantes, entre otras graves medidas como el desconocimiento del Congreso, vetando leyes y gobernando por decreto.
Pero también se refirieron a la pérdida de soberanía en favor del FMI, los organismos financieros, la entrega territorial y la ocupación militar extranjera. Es la radiografía de un país asaltado, como definieron los dirigentes más activos que este martes destacaron la fuerza de la movilización y el paro.
Advirtieron que si el gobierno no cambia sus planes, la lucha continuará y escalará etapas en todos los frentes. Ya no se aguanta más, sostuvo el dirigente de la CGT, Carlos Schmidt, al analizar que el gobierno no escucha. Sabemos que con un paro, aunque sea muy importante, no vamos a desaparecer esta crisis, pero la contundencia de este día y la movilización del lunes dan cuenta del compromiso de continuar la lucha.
Para la mayoría de la dirigencia sindical, el FMI determinó que se acabó la independencia del Banco Central de Argentina, mientras el analista Gustavo Sylvestre sostuvo que se nombró a quien decidió el organismo financiero internacional, al referirse al nombramiento del economista Guido Sandleris en sustitución de Caputo.
El dirigente sindical Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, señaló durante la conferencia de prensa junto a dirigentes de la CGT alineados a su espacio, como el líder bancario Sergio Palazzo y las dos Centrales de Trabajadores de Argentina, que lo más doloroso y lo que más bronca da es ver a Macri bailando con sus mandantes: cuando tiene un paro nacional él responde bailando con el FMI. Recordó que se había advertido que el paro no era sólo contra Macri, sino contra el organismo financiero, y con todo esto quedó claro quién manda en el país, agregó que lamentablemente esto lo van a pagar las generaciones presentes y futuras, porque van a hipotecar al país.
La participación de Macri en Naciones Unidas causó más reacciones negativas, al considerarlo como el discurso de un presidente entregado que dice lo que Estados Unidos necesita escuchar, avergonzándonos con lo que declaró sobre Venezuela y con lo que sugirió en el caso de Irán, señalaron agrupaciones de derechos humanos; el descontento y la indignación crecían esta noche, donde todo es silencio. El primer minuto de este miércoles terminó la medida de fuerza.

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