jueves, 20 de septiembre de 2018

SME Martín Esparza Flores en la Universidad Obrera 20sep18

El Estado busca sepultarnos como escombros bajo la corrupción y los cárteles inmobiliarios: damnificados


Marcha de damnificados al Zócarlo, a un año del 19S. Foto: Germán Canseco

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, el desprecio del gobierno los ha hecho sentir como escombros: desechos de una tragedia que develó una de las facetas más bajas de la clase política.
Así lo denunciaron esta tarde –al pie del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y de cara a Palacio Nacional– cientos de víctimas del temblor que un año atrás les cimbró la vida, luego de una larga macha en la que volvieron a juntar su voluntad y sus pasos.

“A un año del sismo, los damnificados declaramos que el Estado Mexicano ha sumado otro fracaso a la historia de este país, manifestado en miles de personas sin hogar, casas y edificios colapsados y dañados, imposibles de habitar.
“En estos 365 días nos hemos tenido que organizar para no convertirnos en los escombros que el Estado busca sepultar bajo la corrupción y los cárteles inmobiliarios. Pareciera que nos quieren condenar a vivir por siempre en campamentos.
“Ha pasado solo un año, pero cada día nos parece un lustro. Otros fenómenos naturales nos han afectado: padecemos el aire, la lluvia, el frío que cala en la piel. No obstante, el desastre social y gubernamental ha sido más duro de vencer”, dijo Francia Gutiérrez, vocera de los damnificados del Multifamiliar Tlalpan. Lastimados, revictimizados, los olvidados denunciaron el desprecio de los gobiernos federal y local que, dicen, han buscado sepultar sus derechos, y desaparecido el apoyo que la sociedad mexicana y la comunidad internacional les brindaron.
“Somos víctimas directas del Estado. El Estado nos mantiene en la calle, con el futuro negado. Hemos transitado infinidad de funcionarios y oficinas, todos sumidos en la opacidad y la insensibilidad. A 365 días de nuestra tragedia, denunciamos la incapacidad del gobierno federal y los actos corruptos de las autoridades locales en todas las entidades afectadas por los sismos”, reclamó Gutiérrez bajo el cobijo de tantos.
En punto de las siete de la tarde, las lágrimas de rabia y dolor se fundieron con una lluvia que, con furia, azotó el centro de la capital. Pero los indignados ya están acostumbrados y no pararon de protestar.
Mojada, corrió la tinta por sus cartulinas.
“Reconstrucción sí, créditos no. ¿Dónde está el dinero que el mundo nos donó? ¡Con eso nos alcanza para la reconstrucción!”; “Mancera, ladrón, ahora es senador”; “Reconstrucción digna y con fondos públicos. No al discriminatorio estudio socioeconómico”, se leía entre otras consignas.
Las huellas en el rostro de quien no duerme hace un año, o duerme en la calle, diferenciaban a los damnificados de los cerca de mil integrantes de distintos colectivos que también marcharon en solidaridad.
“Llevan un año marchando, llorando”, dijo Arturo López, miembro del Movimiento Alternativa Social, agrupación que como muchas de las otras presentes no ocultaba distintivos en apoyo al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Negaron que Morena o cualquier otro partido los hubiera convocado a la marcha, pero no escatimaron en su repudio a Enrique Peña Nieto y a Miguel Ángel Mancera.
“Peña, antes de que te vayas, dinos dónde está el dinero que recibiste de otros países”, repetían en altavoces, pero serían acallados por las protestas de los que han sufrido la tragedia del 19S en carne propia.
“Hemos pasado de la tristeza a la desconfianza, a la furia. El gobierno no ve que ancianos, mujeres y niños estamos como nómadas hace un año. El sismo abrió una enorme cuarteadura en el edificio y en nosotros. Usaron el dinero para sus campañas. Estamos indignados, la rabia crece al ver la corrupción detrás de los edificios colapsados y dañados. Mancera abrió la puerta a la corrupción inmobiliaria de par en par. ¿Quién les dio permiso para cobrar nuestros muertos?”, gritó la señora Luz Elena Moreno, damnificada de Navarro 30.
“La tragedia la vivimos de manera cotidiana con el desprecio de los gobiernos federal y locales. Nos dejaron desprotegidos. Dan ganas de mentarles la madre. Si nosotros no defendemos nuestros derechos, no solo nos van a despreciar, van a olvidar que existimos. Nos quieren invisibles”, agregó, antes de quebrarse, Francisco López, representante de 40 familias de un predio dañado en Perú 96, colindante con un edifico de gobierno que, desde luego, ya ha sido reconstruido.
Los testimonios siguieron llegando y los puños mojados volvieron a apuntar al aire. “Nunca olvidaremos a las personas que nos ayudaron a salir de los escombros a pesar del peligro en que pusieron sus vidas. Nuestro inmenso cariño para los que nos trataron como una familia que somos los mexicanos, a los que nos estorban los gobernantes”, se agradeció a la salida.

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La huelga de Sombrerete es legal y no se ha levantado, aclara el sindicato minero

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de septiembre de 2018, p. 20
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana desmintió versiones difundidas por el Grupo México y aseguró que la huelga de la sección 201 de Sombrerete, Zacatecas, no se ha levantado y los auténticos trabajadores siguen en el movimiento.
La afirmación de la organización gremial se basa en los hechos, pero también en la suspensión definitiva dictada el 7 de septiembre por la juez séptima de distrito en materia de trabajo del primer circuito, que reconoce y protege el derecho de huelga de los trabajadores, que en los hechos significa que no pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo con los mineros que decidan mantener la huelga.
Como es evidente, Grupo México no transcribe el párrafo (de la resolución) completo y con ello manipula la información, señaló el sindicato en un comunicado.
El sindicato denunció que el 23 de agosto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) permitió un acto ilegal, cuando seis personas, supuestamente en representación de 253 ex trabajadores, se desistieron de la huelga. Sin embargo, esos mineros, 153 ya habían renunciado, nueve están pensionados por el IMSS y uno (Jorge Cuevas Barbosa) ya falleció. Todas estas cuestiones fueron pasadas por alto por la junta y el notario que la empresa contrató.
La huelga continúa. El sindicato está en favor de que se resuelva, pero siempre en estado de legalidad y respetando los derechos de los trabajadores, que es uno de los aspectos sustantivos de la demanda de amparo de esta organización gremial, señala.
La organización sindical reafirmó que debe respetarse el derecho a huelga, que es una garantía universal señalada en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los diversos tratados que México ha suscrito y en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo.
El sindicato minero hace responsable a las autoridades de la JFCA y al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, de los hechos violentos que Grupo México pudiera cometer contra los trabajadores.
Asimismo, exigió castigo ejemplar a quienes han llevado este problema hasta los límites a los que indebidamente ha llegado, con el único propósito de terminar ilícitamente con una huelga legal.
Es una vergüenza que a la salida de este gobierno se manifiesta su compromiso con el capital y particularmente con la empresa Grupo México, que lo único que ha dejado a nuestro país es muerte, contaminación, violación de los derechos humanos y laborales, desempleo e injusticia, aseguró el sindicato minero.

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El Comité 68 solicita amparo para que PGR sea obligada a reabrir proceso contra Echeverría

Luis Echeverría, expresidente (1970-1976) de México. Foto: Benjamin Flores
Luis Echeverría, expresidente (1970-1976) de México. Foto: Benjamin Flores

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miembros del Comité 68 presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que obligue a la Procuraduría General de la República (PGR) a reabrir el proceso en contra de Luis Echeverría.
Félix González, quien fuera líder estudiantil en 1968, dijo que acudieron a pedir que un juez dictamine la demanda de amparo.

“Cuando por primera vez denunciamos los hechos en 1998, el juez la rechazó con el argumento que los delitos habían prescrito”, declaró.
Al promover un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se decidió que ni la PGR ni el juez podían cerrar el expediente sin abrir una investigación, por lo que se inició el proceso.
El amparo promueve la reapertura de 54 averiguaciones que integró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), además de exigir su reestablecimiento para retomar casos pendientes. 

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Transformar la educación superior neoliberal

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El sistema de educación superior en México se sustenta por un conglomerado de instituciones históricas públicas y privadas sobre las cuales se empoderó finalmente el gran capital.
Entre las partes que lo componen destaca el crecimiento desmedido de la educación privada, a cuya vanguardia están instituciones como la Universidad Iberoamericana o el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sin olvidar la presencia de monopolios-universidades de los países imperialistas. La educación privada resulta más rigurosa y abiertamente capitalista que las configuradas bajo el manto del Estado, en razón de su entera conexión con la gran empresa, siendo hoy el emblema de las perspectivas neoliberales en la materia. Este tipo de instituciones suelen ser capitalistas por los procesos a que se adhiere la educación como negocio, y burguesas por la naturaleza misma de la enseñanza que se imparte.
La otra parte, en líneas generales, es la educación pública, en que prevalecen instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las grandes universidades públicas de la Ciudad de México, las universidades autónomas estatales, la Universidad Pedagógica Nacional, las universidades militares, la Universidad Autónoma de Chapingo, las escuelas de artes, las normales urbanas y rurales [1]. Con importantes éxitos para la derecha, se les viene cambiando sus normativas para que se vuelquen al negocio de la educación, así como que despeguen en el sentido de la ideología burguesa.
Su autonomía es relativa en torno a su administración interior y diseño de programas, no obstante, están entrelazados a los intereses del Estado-nación y a sus dinámicas internas, algunas como grandes espacios del poder del saber. La diferenciación entre las instituciones públicas sigue igualmente la trayectoria de las que fungen como empresas privadas, el Estado descapitaliza algunas que desde hace varios años atraviesan por crisis financieras en los estados en que debiese haber prioridades presupuestarias, lanzándoles a una competencia de la cual no pueden salir bien libradas, para ser asimiladas al complejo mecanismo privatizador. Tal situación de reducción de recursos ocurre con las universidades autónomas estatales y las normales rurales.
En conjunto éste es el arco en que se instaló el paradigma general de educación universitaria propietaria del saber, hacia el desarrollo, legitimación y sustentación de la sociedad capitalista, de sus conflictos, de sus relaciones, su sentido de dominación cultural e ideológica.
Por lo que se refiere a sus políticas institucionales y la construcción a que dieron lugar, así como de sus tendencias propias; las universidades son presionadas a asumir las premisas del capitalismo neoliberal, incluyendo la mercadotecnia en su promoción.
Este universo naturalmente es más complejo: su historia se desenvuelve según los procesos del capitalismo y la lucha de clases por educación, vinculando conocimiento, aprendizaje, métodos e intereses de las diversas clases y sectores sociales. Es claro que las universidades, sus sectores integrantes, siempre dieron muestras de grandes luchas por elevar los niveles de formación y desarrollo del país; enfrascadas ineludiblemente en los antagonismos generales y los del plano educativo, son fuente de resistencia contra su entera mercantilización.
Contra el legado histórico, cultural y científico, la política neoliberal pasó a la descuartización o adecuación de propósitos en los saberes y profesionalización, así mismo animó la individualización, elitización, tercerización de servicios, franquicias de servicios universitarios, feudos, lucha de poderes, degradación de la enseñanza, la exclusión económica, y la minimización de los contenidos humanísticos. Resultando una profunda crisis de la educación superior que se adentró en los intereses económicos capitalistas, en la promoción del modo de vida burgués y clasemediero.
A las universidades públicas se les reprime de muy diversas maneras para acallar voluntades, acciones y pensamientos. Además de abocarse el sistema a una represión de muy diversos tonos, pero siempre presente en todas estas instituciones (Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, cuerpos policiacos), siguiendo el hilo del poder. Hasta el más vulgar de los porrismos se instaló como elemento teledirigido por autoridades universitarias o de ciertas dependencias estatales, para mantener sus espacios en la paz neoliberal mediante el terror contra los estudiantes. Resulta evidente el contubernio, la complacencia, protección y encubrimiento del porrismo por parte de autoridades universitarias y el Estado de forma sistemática contra todo reclamo estudiantil.
Por su parte, el conjunto de escuelas normales soportan la mayor carga en la formación de docentes para la enseñanza básica, aunque en estas circunstancias han proliferado las escuelas particulares de educación normal, y la formación de educadores en las grandes universidades. En este sentido, el neoliberalismo no está en las raíces de la educación mexicana, ni de su pedagogía; el sentido educativo histórico, legado mucho tiempo atrás es popular, masificador, solidario, universalista y formativo del ser humano para la vida en sociedad y comunidad.
El capitalismo en su desenvolvimiento neoliberal ha hecho de las universidades y demás instituciones de enseñanza superior, ejes de trasmisión del comercio en la educación y para la ideologización de su cultura dominante. En este sentido el comportamiento de las élites universitarias dista mucho del puro interés académico o cultural, entrelazándose con los fines y negocios del capital, transformándose en capas aristocratizadas que detentan presupuestos y constriñen toda posibilidad de cambio democrático en su seno.
El sistema de educación superior e incluso las instancias de educación universitaria alternativa, bajo la intensa actividad estudiantil, académica e intelectual, que contribuyeron al empuje cultural, académico, social y científico del país; hoy están en una difícil condición ya sea por su constricción o por el férreo control de las élites, las burocracias, el Estado y la política de gran empresa.
En la actualidad es necesaria una ardua batalla ideológica y política de largo aliento, desde los movimientos estudiantiles y magisteriales, como condiciones para debilitar el poder tecnocrático que rige la enseñanza superior y las redes en como ésta se sostiene. Estas luchas y estos sujetos sociales de cambio, históricamente establecen bases de una auténtica revolución y democratización en su seno, contra el tradicional adoctrinamiento en torno a las prácticas y el pensamiento dominante formador de sus reproductores.
Referencia:
 [1] Existen cerca de 3 mil 800 instituciones de educación superior operando en el país.
Felipe Cuevas Méndez/Telesur 

Detecta la SFP contratos irregulares

Ana Langner
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de septiembre de 2018, p. 15
La Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó a 29 empleados de la administración pública federal que han incurrido en presuntas irregularidades en la contratación de servicios de limpieza para diversas instituciones.
Información del periodo enero-diciembre de 2017 dio lugar a la realización de visitas de inspección en las que participaron 46 órganos internos de control, coordinados por el IMSS, que por conducto de su dirección de incorporación y recaudación está facultado para revisar las cuotas obrero-patronales de las empresas, en este caso de limpieza.
Del 6 de febrero al 13 de abril pasado, la SFP revisó una muestra de 231 contratos, de un universo total de 311; de este ejercicio, se determinaron 207 observaciones de las cuales se han atendido 138 a la fecha. La SFP comunicó que, de dichas anomalías, falta por recuperar o aclarar, un monto superior a 75 millones de pesos.
La secretaría identificó a 11 proveedores que tienen contratos con la administración pública y fueron remitidos a la dirección de incorporación del IMSS, debido a que se determinaron diferencias en el número de trabajadores registrados.


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Posponer ratificación del Convenio 98 de OIT, pide el CCE al Senado

Alejandro Alegría
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de septiembre de 2018, p. 12
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar hoy la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues consideró dicha acción como un trámite apresurado y que se requiere realizar consultas.
En un comunicado, rechazó que dicha cámara tome esas determinaciones, pues consideró que afectan fundamentalmente la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado. Argumentó que se viola el Convenio 144 de la misma OIT, el cual indica que es necesario realizar consultas entre gobierno y las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores sobre cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo.
En su rechazo de que el Senado ratifique el Convenio 98 –el cual señala el derecho de libre sindicalización y negociación colectiva–, el CCE llamó a los legisladores a analizar de forma amplia e integral el tema y a escuchar todas las opiniones pertinentes.
Debe someterse a consulta
Sostuvo que es necesario que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, el cual determina que los acuerdos que se sometan al pleno del Senado se turnarán a comisión, con la finalidad de analizar y discutir para formular un dictamen.
Aunque expresó su desacuerdo, el CCE dijo que el sector privado está en favor de la modernización del marco legal que rige el diálogo social y de los derechos laborales, como los de asociación, sindicalización y contratación colectiva. Insistió en que se mantenga y fortalezca la consulta a los sectores, pues el nuevo marco de las relaciones laborales, rediseñado con la reciente reforma constitucional en materia de justicia laboral, debe ser entendido conjunta e integralmente.
Esta legislación deberá armonizar el respeto a los derechos de los trabajadores y su libertad sindical, con un contexto de orden y certidumbre que permita una relación laboral armónica y productiva, dijo.
Concluyó que la IP está dispuesta a entablar el diálogo y la generación de propuestas que contribuyan a fortalecer los derechos de los trabajadores, con el fin de consolidar las instituciones y la paz laboral.
Por la noche, el CCE hizo llegar una carta al Senado en la que solicita que no apruebe la ratificación del convenio.

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