miércoles, 19 de septiembre de 2018

Comunicado Urgente. Septiembre 19.


A toda la Resistencia.

A las guardias presentes en los centros de trabajo reclamados.

Compañer@s

Se les informa que el día de ayer 18 de septiembre de 2018 se reanudó en la Secretaría de Energía y con la presencia del titular de esta dependencia, Pedro Joaquín Coldwell, la mesa de negociación con el Gobierno Federal con el propósito de destrabar el cumplimiento de los acuerdos que aún quedan pendientes por resolver cómo son:

- La firma del contrato de cobertura de energía eléctrica de largo plazo con la Generadora FENIX.
- El pago del 50% de la compensación por antigüedad para nuestros compañeros de renta vitalicia.
- La desincorporacion del dominio público de la Federación y la enajenación a título gratuito en favor del SME de los bienes inmuebles recuperados por la lucha de resistencia.
- El desistimiento de las denuncias interpuestas por la CFE en contra de miembros de nuestra organización.

Como lo habíamos informado antes, la SENER se había convertido en el principal obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el memorándum de entendimiento.

Al término de la reunión del día de ayer podemos informarles que hubo importantes avances para establecer los mecanismos administrativos e interinstitucionales que destraben el cumplimiento de lo pactado con el Gobierno Federal.

De tal manera que los acuerdos tomados ayer entre el SME y la SENER se ratificarán y se completarán con el compromiso y participación de otras dependencias del Gobierno el próximo día viernes 21 de septiembre en la Secretaría de Gobernación.

Por lo que podemos decirles que nuestra lucha y últimas acciones presenciales no han sido en vano y estan dando sus frutos, gracias a la participación activa y consciente de todos ustedes.

Por último, en esta misma mesa con presencia de una comisión de la Dirección Nacional de la ANUEE que encabeza el compañero Juan Carlos Escalante y la presencia del C. Juan Luis Gonzáles se tomó el acuerdo de instalar la mesa de trabajo entre SENER-CFE y SME-SUBACE para abordar el tema de la viabilidad de la transferencia de la deuda de los usuarios afiliados a la ANUEE a SUBACE como una vía para avanzar en el borrón y cuenta nueva.

Seguiremos informando. La lucha sigue camaradas.

Llamamos a toda la resistencia a redoblar nuestra lucha hasta alcanzar el cumplimiento de los acuerdos pues son indispensables para acelerar la reinserción laboral de nuestr@s conpañer@s en resistencia. De ahí que nuestra participación democrática y combativa es también indispensable.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS.

CDMX a 19 de septiembre del 2018.

Posdata: Se les recuerda que hoy se movilizan a un año del sismo de 2017, las organizaciones de damnificados por la reconstrucción de su patrimonio. Como parte de nuestro Plan de Acción aprobado por nuestra Asamblea General estamos convocados a marchar el día de hoy del Multifamiliar Tlalpan de Avenida del Taller y Tlalpan al Zócalo a las 16:00 hrs. Los esperamos.

El 68 y los medios de comunicación: los gritos del silencio

La protesta de 1968 en Tlatelolco. Foto: Archivo Procesofoto
La protesta de 1968 en Tlatelolco. Foto: Archivo Procesofoto

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana del 3 de octubre las ocho columnas de los periódicos principales de la Ciudad de México retomaban así la matanza de horas antes en la Plaza de las Tres Culturas:
Excélsior.-“Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas”.

El Universal: “Tlatelolco, campo de batalla”.
El Heraldo de México: “Sangriento encuentro en Tlatelolco”. “26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército: el general Toledo lesionado.
Novedades: “Balacera entre francotiradores y el ejército, en Ciudad Tlatelolco”.
El Día: “Muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco”.
El Sol de México: “Responden con violencia al cordial llamado del Estado. El gobierno abrió las puertas del diálogo”.
Como claramente se ve, las palabras “represión”, “matanza”, “ejecución” estaban ausentes de los titulares. El sometimiento de los medios impresos y más el de los electrónicos fue total, no sólo al día siguiente de la matanza del 2 de octubre sino durante toda la cobertura del Movimiento Estudiantil.
No había otra “línea” en las líneas ágata de los periódicos más que la dictada desde las oscuras oficinas de la Secretaría de Gobernación, encabezada por el instigador de la matanza, Luis Echeverría, o la sumisión absoluta al abogado de barandilla Gustavo Días Ordaz transformado en presidente de la República en los momentos más delicados de la nación.
Carlos Monsiváis, en su extraordinario ensayo-crónica El 68, La Tradición de la Resistencia resumió así la situación de un país de la unanimidad con el presidente de la República en los medios informativos:
“En 1968, al sistema informativo de los capitalinos lo norma la prensa (leída por la minoría significativa), la televisión (espacio de la mayoría crédula y distante) y el rumor, ocupado sobre todo en las alzas y las caídas de las fortunas políticas. El periodismo dominante es ‘totémico’, que apenas se lee pero se compra porque defiende las causas del lector. El anticomunismo es parte del sentimiento colectivo y el nacionalismo es todavía la ideología sentimental al uso”.
(Pp. 167-168).
Pequeñas “perlas” de protesta escandalizaron un absoluto divorcio de los periódicos ante la población: el cartón negro de Abel Quezada, con la pregunta “¿Por qué?” le valió una dura reprimenda del gobierno a Julio Scherer. director del Excélsior; la corbata negra, en señal de luto, de Jacobo Zabludovsky en la pantalla le valió una reprimenda del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Un poema de Rosario Castellanos, chiapaneca, priista y respetada fue apenas un destello de lucidez frente a una clase intelectual aplastada y controlada: “la Plaza amaneció barrida; los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo”; el poeta Octavio Paz renunció a la embajada mexicana en la India, en medio de la indiferencia de los medios, siendo ésta la protesta más fuerte al interior del gobierno.
La indignación silenciada en los medios ante una matanza que excedió con mucho los 27 muertos oficiales (quizá 250 o más de 350, según los cálculos de los testigos) sólo es equiparable con el miedo a una represión más extendida. Sólo se puede contextualizar con la invisibilidad o la sanción en contra de eventos claves como la Marcha del Silencio del 13 de septiembre, la renuncia del rector Javier Barros Sierra el 23 de septiembre ante la ocupación militar de Ciudad Universitaria o la cobertura casi inexistente de los enfrentamientos y los muertos en el Instituto Politécnico Nacional.
Un tremendo silencio fue acrecentando la sospecha generalizada de una matanza de grandes dimensiones. Sólo la prensa extranjera retomó lo ocurrido como una matanza que cortó el vuelo del movimiento estudiantil mexicano, enlazado con el Mayo Francés del mismo año; las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos; y lo ocurrido en Praga: la intervención rusa para frenar el intento de reforma del régimen comunista. El periódico británico The Guardian fue el primero en mencionar la cifra de 300 muertos, más decenas de heridos que llegaron a los hospitales capitalinos.
La periodista italiana Oriana Fallaci, presente el día de la matanza, escribió en la revista Look, el 12 de noviembre de 1968, el primer testimonio de una reportera que desmintió la versión oficial del ejército mexicano:
Después del anuncio, una chica de unos 17 o 18 años, con voz como de pajarito, dijo: ‘Quiero pedirles que permanezcan tranquilamente’. Todos aplaudieron. Luego, otro dijo: “Queremos enseñarle al gobierno que sabemos otras formas de lucha. El lunes, iniciaremos una huelga de hambre.
En ese momento, un helicóptero apareció sobre la plaza, bajando, bajando. Unos segundos después, lanzó dos luces verdes en medio de la multitud. Yo grité: ‘Muchachos, algo malo va a pasar. Ellos han lanzado luces’. Me contestaron: ‘Vamos, usted no está en Vietnam’. Pero yo repliqué: ‘En Vietnam, cuando un helicóptero arroja luces, es porque desean ubicar el sitio a bombardear.
No más de tres segundos después, escuchamos el fuerte ruido de carros militares acercándose y estacionándose bajo alrededor de los dos lados de la plaza. Los soldados saltaron con su ametralladora y abrieron fuego inmediatamente. No al aire, como para amedrentar, sino contra la gente. En seguida, nos dimos cuenta que en los balcones habían más soldados con ametralladora y pistolas automáticas. Habían estado ocultos. Me helé. Sócrates, el muchacho que tenía el micrófono, gritaba: “¡Compañeros, no corran, no se asusten. Es una provocación. Quieren atemorizar. No corran!”.
Las armas apagaron su voz. El volvió a gritar: “¡No corran!” y las armas volvieron a disparar. Había mujeres brincando por las escaleras y por las paredes con niños en sus brazos. Yo no tenía idea de a dónde ir y, de repente, escuché un fuerte ruido en las escaleras.
Estaban disparando y fuimos rodeados por policías vestidos de civil. Cada uno de ellos tenía un guante o un pañuelo blanco en su mano izquierda, para que pudieran reconocerse. Saltaron sobre los dirigentes estudiantiles y sobre mí. Uno me jaló los cabellos y me tiró contra la pared. Me golpeé la cabeza, me doblé y caí”.
El relato de Fallaci estremece aún. Fue una de las pocas crónicas periodísticas publicadas días después que rompió con la versión oficial. Líneas abajo, la periodista italiana relató que el tiroteo empezó a las 5:45 de la tarde. Ella fue herida cerca de una hora después. Y permaneció en Tlatlelolco hasta las 8:30 pm. Ella vino a cubrir Las Olimpiadas y se convirtió en una feroz crítica del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y le reclamó al gobierno italiano que retirara su delegación deportiva.
Fallaci no regresó a México. El Sol de México canceló los servicios de la United Press International (UPI) por la cobertura de su reportero Mike Hughes, quien llegó a mencionar la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos.
Los ocho minutos del noticiario Excélsior
A pesar del férreo control gubernamental, hubo imágenes que no se pudieron evitar. El Excélsior era el responsable del Noticiero de Excélsior que se transmitía en la noche en el canal 2 del entonces Telesistema Mexicano (hasta 1972 se convertiría en Televisa).
Las imágenes eran una secuencia filmada desde el tercer piso del edificio Chihuahua, de Tlatelolco. La cámara estaba a ras del suelo y se veía a los líderes del Consejo Nacional de Huelga, tirados. Se escuchaban las ráfagas. El presentador afirmó que había ocurrido “algo muy grave, hubo un tiroteo”.
Monsiváis recordó en entrevista con Jesús Ramírez Cuevas que “después pasaron como ocho o 10 minutos al aire: se ve la gente tirada, se oyen los gritos, las quejas, los insultos, todos estaban tirados: el reportero que narraba y el camarógrafo. Nadie se levantaba. Luego se ve cuando entra un grupo civil y se lleva a los estudiantes, a los que se ve bajar las escaleras reptando en medio de la balacera. Ahí se interrumpe la transmisión”.
“Monsiváis propone una lectura: nada tuvo la contundencia de las imágenes de los jóvenes tirados en el piso. Ahí se ve a un movimiento pacífico pecho-tierra ante la conversión de la plaza en un campo de batalla. Esos minutos transmitidos por Excélsior fueron importantísimos. Era la prueba más contundente que no habían disparado los estudiantes ni habían resistido” (Masiosare, en La Jornada, 20 de octubre de 2002).
La revista Por qué, del periodista yucateco Mario Renato Menéndez fue la única que publicó un número con fotografías de jóvenes ejecutados, apilados en una barda. En su portada se leía: “La matanza. ¡Asesinos!. ¿Quién manda en México?”. La osadía le valió la cárcel a Menéndez, quien pasó algunos años en Lecumberri por órdenes de Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación.
Menéndez recordó en entrevista con El Mañana que fueron muchos periodistas quienes le dieron sus fotografías. “Todas esas fotografías estaba prohibido publicarlas. ¿Entonces qué pasa, qué ocurrió? Fotógrafos de los distintos medios se sintieron ofendidos y entraban a verme llorando, decían: ‘usted puede publicar, a nosotros nos prohibieron todo esto. Y yo estaba tan alterado también que eché para adelante todo” (El Mañana, 3 de octubre de 2015).
El 4 de octubre, a dos días de la matanza, se aprueba en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo del PRI y del PARM que acusa a los estudiantes de ser “marionetas” y justifica la represión en respuesta al “clamor popular de que se mantuviera el orden público”. Incluso, el entonces diputado federal priista Víctor Manzanilla Schaffer, yucateco para mi desgracia, sentencia en la tribuna un silogismo memorable: “preferimos ver los tanques de nuestro ejército salvaguardando nuestras instituciones, que los tanques extranjeros cuidando sus intereses”. Por supuesto, fue la frase más destacada por los medios de comunicación.
La minoría de legisladores del PAN y del PPS, los dos extremos unidos en contra de la represión, rechazan el punto de acuerdo. El diputado panista Gerardo Medina les reprocha: “no hay diálogo, señores, porque las balas nunca han sido un instrumento de diálogo”.
La misma noche del 4 de octubre, Juan García Ponce, Nancy Cárdenas y Héctor Valdés llevan a Excélsior un manifiesto de protesta de la Asamblea de Artistas, Intelectuales y Escritores. Al salir, son detenidos por la policía judicial. Sólo la intervención del director del periódico Julio Scherer los libera horas después. Este manifiesto se convirtió en la primera descripción de lo que realmente sucedió en Tlatelolco:
“1.-El mitin, iniciado alrededor de las 17:30 horas, estaba desarrollándose en perfecto orden.
“2.-El primer orador estableció que después del acto, los asistentes debían retirarse de la Plaza, también ordenadamente.
“3.-No se hizo ningún disparo anterior a la intervención de la fuerza pública
“4.-El ejército no previno a los asistentes en forma alguna antes de la agresión.
“5.-La fuerza pública mantuvo un fuego intermitente.
“6.-La fuerza pública hizo detenciones masivas en forma ilegal.
“7.-Hasta el momento, hay un gran número de desaparecidos que fueron capturados en el lugar de los hechos por la fuerza pública, responsable de su seguridad.
“8.-Se allanó un gran número de hogares con lujo de violencia.
“9.-Ninguno de estos actos delictuosos puede ser justificado por las autoridades ni ha sido explicado legalmente”.
En Excélsior, el periodista José Alvarado publicó un artículo el 12 de octubre de 1968 con estos párrafos notables:
“Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y verdad: la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un país libre de la miseria y el engaño.
“Y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas.
“Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos”.
El texto fue lo más osado. Sin embargo, “no hay reportajes de investigación, no es posible verificar el número de muertos, los funcionarios no conceden entrevistas, ocupados en pronunciamientos exterminadores”, recordó Carlos Monsiváis en el capítulo “La Prensa y los Poderes”, escrito para Tiempo de Saber, Prensa y Poder en México, en coautoría con Julio Scherer.
“Sólo a partir de 1971 se inicia, y no con rapidez, el conocimiento detallado de la matanza y del Movimiento Estudiantil, abordado en forma extraordinaria por el coro testimonial reunido por Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco”, sentenció Monsiváis.
El libro de Poniatowska sigue siendo el más leído, vendido y referido para investigar lo ocurrido con el movimiento y con la matanza. Fue el primer material periodístico que rompió el cerco del silencio. Los gritos comenzaron a escucharse desde entonces, a pesar de la segunda matanza que fue el Jueves de Corpus, en el halconazo de 1971.
“La sangrienta conjura contra México” que señaló Gustavo Díaz Ordaz y que se reprodujo al infinito en las notas, artículos, reportajes, comentarios de aquellos años dejó una impronta que esperamos nunca vuelva a ocurrir: la mordaza autoimpuesta para callar la peor matanza de estudiantes en los últimos 50 años del país.
¿Qué le deben los medios mexicanos al 68?
Cincuenta años después, nos encontramos en las antípodas del 68 mexicano con todos sus contrastes. No podemos explicarnos la lenta, pero irreversible apertura de los periódicos mexicanos sin la herencia del 68. El golpe a Excélsior, ocho años después, fue también el mismo gesto represor de Luis Echeverría que dio la orden de correr a Julio Scherer y a su equipo, pero escondió la mano detrás de un supuesto conflicto de la cooperativa.
El “golpe a Excélsior” modificó para siempre el escenario de la prensa capitalina. Surgió el Unomasuno, nació la revista Proceso, considerada heredera de una tradición en contra de la censura diazordacista y echeverrista. En los años ochenta nació La Jornada, en medio de una trepidante batalla por informar más allá de la versión oficial frente a los sismos de 1985, cuyo epicentro trágico también se localizó en Tlatelolco.
La televisión y la radio mexicanas tardaron mucho más en cambiar. Ha sido muy lenta la apertura en los medios masivos mexicanos y muchos los intereses que se agolpan en torno al consenso de la derecha mediática frente a la represión del 68.
En 1969 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz “castigó” a los concesionarios con un impuesto en especie, el 12.55 de los tiempos oficiales que, en realidad, fue un acuerdo de mutua conveniencia para el gobierno y para la cúpula empresarial de la radio y la televisión, a cambio de una sumisión al presidente en turno.
“Soldados del presidente”. Así describió Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, el mantra de los concesionarios frente al régimen que llegará a su fin el próximo 1 de diciembre.
La libertad de expresión y el derecho a la información, batallas que nacieron en paralelo con el Movimiento del 68, aún tienen nuevas plazas de Tlatelolco y nuevas marchas del silencio que defender y que cubrir. Nunca la libertad de expresión puede ser completa ni el derecho a la información es una causa plena, menos en un sistema que ha decidido sembrar la ignorancia a través de los medios masivos y una generación de jóvenes y adultos que se rebelaron en las redes sociales, pero que aún no encuentran espacios reales de deliberación, de diálogo y encuentro, y no meros desfogues de la ira o del malestar frente al derrumbe de una clase política.
El principal desafío que nos deja el Movimiento del 68 para los periodistas que nacimos después de Tlatelolco y vivimos el ciclo histórico de la próxima transformación es enorme: la historia no se repite de manera exacta, pero las conductas represivas de los poderes y la violencia contra el disidente, el libertario, el rebelde es una constante en una cultura política tan arraigada en el autoritarismo. Para ser jóvenes permanentes que acudimos a nuestra plaza simbólica de las Tres Culturas simplemente debemos tener presente que la mejor tradición que nos deja el 68 no es la del victimismo sino la tradición de la resistencia y de la búsqueda de la verdad.

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Con 62 años de retraso, el Senado ratificará convenio de la OIT sobre libre sindicalización

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de septiembre de 2018, p. 14
Más de 60 después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 98, sobre el derecho de libre sindicalización y negociación colectiva, el Senado dio ayer el primer paso para ratificarlo en la sesión del próximo jueves.
El convenio fue puesto a consideración del Senado por primera vez en 1956. El 31 de diciembre de ese año esa cámara propuso avalarlo, pero con una reserva, ya que iba en contra de la cláusula de exclusión, contenida en la Ley Federal del Trabajo, de 1931, que obligaba a los patrones a separar del empleo a los trabajadores que fueran expulsados del sindicato o quisieran afiliarse a otro.
La OIT no permite realizar reserva a sus convenios y rechazó la propuesta del gobierno mexicano, por lo que el convenio quedó sin ratificar los siguientes 62 años, pese a que ha sido una de las demandas más sentidas del sindicalismo independiente, porque significa libertad para los trabajadores de afiliarse al organismo gremial que consideren más idóneo y también el poder negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.
En julio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto insistió y remitió ese Convenio 98 al Senado, para su ratificación, pero la entonces mayoría de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional se opuso y no se dictaminó.
Durante la sesión de hoy, de forma sorpresiva, luego de una excitativa para que se dictaminara la ratificación de ese Convenio 98, de la OIT, presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, el pleno le dio primera lectura y se ratificará en la sesión del próximo jueves.
El presidente del Senado, Martí Batres, expuso que contaba con el aval de todos los grupos políticos de esa cámara.
Durante la sesión de ayer Morena presentó ante el pleno una iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, para evitar fraudes y desvíos de recursos.
Igualmente, a nombre de Morena, la senadora Guadalupe Covarrubias propuso crear una comisión especial de investigación, que dé seguimiento a los desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, en los que presuntamente están involucradas dependencias federales, como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles. Se planteó su comparecencia y la propuesta se turnó a la Comisión de Justicia.
Comparecerán cuatro secretarios de Estado
El pleno del Senado aprobó que para la glosa del sexto Informe presidencial comparezcan los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Gobernación y Hacienda.
El titular de esta última dependencia, José Antonio González, será el primero, el próximo martes 25.

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La Jornada: 34 años

E
l 19 de septiembre de 1984, en un entorno nacional e internacional radicalmente distinto al actual, vio la luz el primer ejemplar de La Jornada, expresión de un proyecto informativo que se proponía impulsar la democratización del país, la preservación de la soberanía nacional, la pluralidad y la inclusión en el panorama mediático de sectores sociales que eran sistemáticamente invisibilizados –aunque tal expresión aún no estaba en boga– en publicaciones impresas y medios electrónicos.
El arranque del diario y su circulación en los días, meses y años subsecuentes significó y sigue representando la superación diaria de obstáculos de diversas clases, entre los cuales destacan las dificultades financieras: a diferencia de otros medios en papel, La Jornada no fue el resultado de una decisión empresarial y comercial, sino el empeño de un grupo de periodistas, académicos, artistas, políticos, líderes y activistas sociales, que se proponían incidir en la realidad del país mediante la construcción y el sostenimiento de un espacio independiente que permitiera retratar con profesionalismo el acontecer del país y del mundo, ofrecer análisis y contextos, dar curso al debate de ideas, dar voz a quienes no la tenían y constituir una fuente de trabajo estable y digna. El surgimiento mismo de este periódico y su persistencia a lo largo de 34 años han sido calificados por propios y extraños como una suerte de milagro social, habida cuenta de que La Jornada no dispuso nunca del respaldo de un consorcio empresarial, de acceso a capital fresco ni de medios y recursos tecnológicos comparables a los de otros diarios.
En el inicio se contó únicamente con pequeñas aportaciones ciudadanas en forma de acciones preferentes, la generosa solidaridad de artistas que donaron obra para financiar el inicio del proyecto –sus nombres son muchos, pero quedan bien representados por Rufino Tamayo y Francisco Toledo–, la voluntad de los trabajadores y la fidelidad participativa y crítica de los lectores, quienes han correspondido así a la lealtad de este diario a su línea editorial y a sus principios fundacionales. En estas más de tres décadas las tendencias económicas y tecnológicas han ido configurando un panorama crítico para las publicaciones impresas.
El auge de Internet y de las redes sociales, así como la caída en el mercado de publicidad se han traducido en el cierre de miles de periódicos y revistas en el mundo y ha obligado a los que sobreviven a una reducción sostenida de tirajes y de paginación, además, en casi todos los casos, a despidos masivos de personal.
En esta circunstancia, La Jornada decidió hacer frente a la crisis no por medio de una reducción de la plantilla laboral sino con una disminución general de gastos, incluida la cancelación de prestaciones adicionales a las contempladas en la Ley Federal del Trabajo que se fueron acumulando a lo largo de los años y cuyo mantenimiento haría imposible la supervivencia del periódico. Ello ha llevado a un largo diferendo legal con el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y a arduas negociaciones entre la empresa editora y la organización laboral.
En suma, nuestro diario llega a su 34 aniversario en un contexto nacional esperanzador y a la vez incierto y con el telón de fondo de una crisis sectorial generalizada, pero con la determinación de preservar una publicación que sigue siendo punto de referencia insoslayable en México y el extranjero, espacio irrenunciable para la reflexión y sustento para centenares de familias.
La Jornada superará sus actuales dificultades y saldrá adelante como resultado del esfuerzo conjunto de sus trabajadores, directivos y colaboradores, el apego de sus lectores y la fidelidad a una línea editorial que sigue siendo, después de 12 mil 265 jornadas, socialmente necesaria.

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Ante un gran desastre, sólo 1.7% de mexicanos tendría refugio temporal




En la Agenda Nacional de Riesgos, los desastres ocasionados por fenómenos naturales encabezan la lista de las 10 más graves amenazas a la seguridad nacional: en el Continente Americano, México es el que más pérdidas humanas y materiales ha sufrido en la última década por estas catástrofes.
Elaborada por los aparatos de inteligencia, civiles y militares, la Agenda es el instrumento prospectivo ultraconfidencial que identifica los riesgos y amenazas a la seguridad nacional y las vulnerabilidades del Estado frente a éstas.
Pese a esta evaluación, que nos ubica como altamente vulnerables ante los desastres ocasionados por fenómenos naturales, y a que hace 1 año sufrimos dos letales sismos –que cobraron la vida de 471 personas y nos mostraron cruelmente esta fragilidad–, el país permanece en pañales en materia de prevención y atención de desastres.
Muestra de ello es que la capacidad de albergar a damnificados es terriblemente insignificante: sólo cubre al 1.7 por ciento de la población mexicana, estimada en más de 132 millones de personas.
El Sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto revela que, en todo el país, existen apenas “12 mil 916 instalaciones para resguardo de 2 millones 383 mil 121 damnificados”.
La incapacidad en este aspecto es evidente si tomamos en cuanta que el propio gobierno federal calculó en más de 12 millones de personas las damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Éstas se ubicaron en unos 400 municipios de las entidades afectadas (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México).
El censo de los poco más de 12 mil albergues se obtuvo, indica el Informe de Peña, con información de las 32 entidades federativas, a partir de la cual “se conformó el Catálogo nacional de refugios temporales, los cuales están georreferenciados para una localización precisa”.
En caso de ocurrir un gran desastre o emergencia, el albergue disponible para apenas 2.3 millones de personas sería, otra vez, insuficiente como lo fue en septiembre del año pasado. Tan sólo en la Ciudad de México habitan poco más de 8 millones 851 mil personas y no se entiende por qué, después de los sismos de 2017, este tema no se ha atendido.

Gastos excesivos

Lamentablemente, las fallas estructurales en la prevención y atención de desastres y emergencias no se reducen a la incapacidad para albergar a los damnificados. También alcanzan el mal manejo de los recursos públicos, sea por corrupción, fraude o negligencia.
El mismo Informe de Peña da cuenta de que, ante el desastre de septiembre de 2017 no faltaron recursos, sino que su ejecución ha sido fallida. Para continuar con las obras de reconstrucción en la atención de desastres naturales y otros, refiere, los recursos autorizados con cargo al Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ascendieron a 14 mil 320.1 millones de pesos, entre enero y junio de 2018.
Reconstrucción que, sin embargo, no se ve: las comunidades y pueblos destruidos por los sismos del año pasado permanecen en ruinas, a pesar de esos gastos.
Según el Sexto informe, de esa bolsa multimillonaria se destinaron 10 mil 364.8 millones para la reconstrucción de la infraestructura pública, que representa el 72.4 por ciento del total de los recursos autorizados; 2 mil 900.9 millones, a la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre por fenómenos naturales; y 1 mil 54.4 millones, a la renovación del seguro catastrófico Fonden.
En el caso específico de la atención a las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, refiere que se emitieron 11 declaratorias de desastre, autorizando más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29 mil 694.7 millones correspondieron a la aportación federal a través del Fonden, y 8.4 mil millones a la aportación de las entidades federativas.
El propio informe admite subejercicios, pues detalla que, “a junio de 2018, la ejecución de recursos del Fonden presentó un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento”.

La deuda

El gran desastre causado por esos terremotos no sólo reveló la desorganización del gobierno y la negligencia –por no decir la corrupción– en la aplicación de los recursos públicos, sino también los negocios paralelos en el contexto de la reconstrucción.
Al respecto, uno de los temas que se han pasado por alto es el de los seguros, se consumieron ya 1 mil 54.4 millones de pesos del Fonden.
Según el Sexto informe, el primer sismo –del 7 de septiembre– activó el bono catastrófico contratado en agosto del año pasado, “lo cual generó un pago por 150 millones de dólares, que representó el ciento por ciento de la cobertura contratada a través de este instrumento para el riesgo de sismo. Los recursos de este bono fueron transferidos al Fonden en noviembre de 2017”.
Refiere que, en coordinación con los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y el Banco Mundial, el 7 de febrero de 2018 se colocó un nuevo bono catastrófico conjunto para el riesgo de sismo con vigencia de 2 años.
Éste consta de “dos series de cobertura complementarias para incrementar la suma asegurada de 150 millones a 260 millones de dólares, cobertura de las zonas sísmicas más relevantes del país con diferentes parámetros de activación y estructuración conjunta con los países de la Alianza del Pacífico para reducir costos de colocación”.
Agrega que esa colocación se suma a la cobertura vigente del bono emitido en 2017 para ciclones tropicales de las costas del Pacífico y Atlántico. En total, indica, se cuenta con una suma asegurada conjunta de 470 millones de dólares.
Otro tema ligado a los seguros es el que tiene que ver con el Fonden. Según el Informe, “derivado de los sismos que afectaron a la población e infraestructura durante septiembre de 2017, se detonó el proceso de reclamación y ajuste de pérdidas del seguro catastrófico del Foden, renovado en julio de 2017. La magnitud de los daños en la infraestructura a cargo del Fondo generó indemnizaciones por 2 mil 777.1 millones de pesos a mayo de 2018, derivadas de este seguro. El proceso de ajuste continúa y se estima obtener una mayor recuperación durante el segundo semestre de 2018”.
Así, el manejo de los multimillonarios recursos que, lamentable, los damnificados jamás vieron llegar. La falta de infraestructura en el tema de albergues es un reflejo más de la pésima administración del dinero. Pero, en peñalandia, México está mejor.
Nancy Flores

Aún persisten damnificados en riesgo y hay indicios de corrupción: CNDH, CDHDF y OSC

Damnificados del multifamiliar Tlalpan en protesta ante desatención de autoridades. Foto: David Deolarte
Damnificados del multifamiliar Tlalpan en protesta ante desatención de autoridades. Foto: David Deolarte

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del sismo del 19 de septiembre, organismos públicos y organizaciones sociales de derechos humanos denunciaron la persistencia de damnificados en condiciones precarias, derivada de la falta de coordinación de autoridades responsables de atender la emergencia, así como de indicios de corrupción en la canalización de los fondos de apoyo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que refiere que, a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, “no se tiene certeza del avance de la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas” en Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, solicitantes de la declaratoria federal de desastre.

Para el organismo, no ha habido “transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos”.
Y puso como ejemplo de las irregularidades que en la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por parte de Bansefi, pues se reportó “la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola”, pero cuando la institución bancaria fue cuestionada por la CNDH, argumentó que sólo se había entregado una y que el resto permanecía resguardado, negándose a mostrarlas bajo el pretexto del secreto bancario.

Para la CNDH, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México es cada vez más resiliente pues también incurre en opacidad, ya que aunque reporta que cuenta con seis mil 855 millones de pesos de aportaciones gubernamentales y donaciones particulares, “no se especifica el monto efectivamente ejercido por rubros y destino”.
Al recordar que, de acuerdo con cifras oficiales, por los sismos 470 personas perdieron la vida y mil 372 tuvieron que ser hospitalizadas, el organismo destacó las inconsistencias entre los informes de las entidades afectadas y el gobierno federal.
Dijo que “reflejan una lamentable falta de coordinación entre las instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir con los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación”.
Así, los estados notificaron “de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978, daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en su esquema de reparación de viviendas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”.
Las diferencias de datos también se advierten en los reportes de escuelas dañadas, pues mientras los estados reportaron 16 mil 795 edificios dañados, de los cuales mil 521 se clasificaron con daño total y el resto con daño parcial, para el gobierno federal la cifra de escuelas afectadas es de 14 mil 976, de las cuales sólo 200 tendría daño total.
CDHDF recibe dos quejas de damnificados al día
Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), una de las entidades más vulneradas por el terremoto del 19 de septiembre, destacó que mientras el organismo continúa en la investigación de 258 quejas, “se siguen recibiendo dos quejas promedio al día de personas damnificadas, frente a la actuación de la autoridad”.
Durante la presentación del “Informe Especial sobre el estado que guarda la garantía de los Derechos Humanos de las personas damnificadas por el sismo de 2017 en la Ciudad de México”, advirtió que “hoy tampoco, como hace 364 días, estamos preparados para esto (el sismo) ni para que ésto no vuelva a ser un desastre”.
Y es que, en la capital el temblor provocó el colapso de 38 inmuebles, la muerte de 228 personas y más de 30 mil damnificados.
La ombudsperson puntualizó que, si bien el temblor reveló la existencia de la solidaridad ciudadana, también evidenció que “a pesar de los significativos esfuerzos desplegados por diversas autoridades de la Ciudad de México, ante el desastre, existe una percepción de que la actuación gubernamental ha sido insuficiente”.
En el evento en el que también encabezó la presentación de las recomendaciones 12/20128 y 13/2018, relacionadas con el sismo, Nashieli Ramírez resaltó que, en sus denuncias, los damnificados hablan de “la falta de respuesta coordinada de las autoridades en diferentes niveles y ámbitos de responsabilidad, y en el lento proceso para la atención y obstaculización hacia el ejercicio de sus derechos”.
En el informe se destaca que, a agosto pasado, la Plataforma CDMX señalaba la existencia de 992 inmuebles que aún tiene alto riesgo, además de otros mil 784 y mil 360 con niveles de peligro bajo y medio en las delegaciones Tláhuac, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Xochimilco.
La Recomendación 12/2018 fue dirigida a los titulares de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, así como al Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), las secretarías de Protección Civil (PC), Movilidad (Semovi), de Obras y Servicios (Sobse) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Como autoridades colaboradoras, la Recomendación ubica a la Secretaría de Gobierno (SG)y a la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX), así como a los 16 responsables de las demarcaciones, para responder a las violaciones a derechos humanos contra 25 víctimas directas, tres indirectas y a diversos afectados por violaciones estructurales.
La Recomendación 13/2018 se centra en las violaciones a derechos de los habitantes de la ciudad víctimas del desplazamiento forzado derivado del sismo, en la que se identifica como autoridades responsables a los titulares de las delegaciones Coyoacán, Gustavo A, Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Tlapan, y, de nueva cuenta, al ISC y a PC, Sobse, Seduvi y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
Miles, aún en inmuebles en riesgo
El colectivo Nosotrxs denunció a que, a un año del sismo, de los mil 70 inmuebles dictaminados por el ISC, 483 se encuentran en grave riesgo de derrumbe y están localizados en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.
La organización denunció que 33% de los inmuebles en peligro de colapsarse aún se encuentran habitados por cerca de ocho mil personas “quienes son las más expuestas al riesgo de perder la vida”, en tanto que, de los 105 inmuebles programados para ser demolidos, 61 siguen en pie.
En cuanto al ámbito rural, activistas de Infra Rural, organización conformada por profesionistas multidisciplinarios que respaldaron a damnificados en la reconstrucción de viviendas, presentaron un informe en el que coincidieron en “la falta de claridad en el ejercicio de recursos económicos” para atender a los damnificados, además de que muchos de los afectados quedaron fuera de los programas de apoyo.
Como muestra de la falta de atención, el presidente de la organización, Walter Ángel, señaló en conferencia de prensa que, en las cuatro comunidades pertenecientes a Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, “al menos 300 personas no tuvieron acceso ni fueron beneficiados de recursos del Fonden”.
El activista relató que entre las anomalías que detectaron resalta el condicionamiento de apoyos estatales y municipales con fines electorales, además de que, en Puebla, las tarjetas del Fonden se distribuyeron a través de Antorcha Campesina, organización vinculada al PRI.
Walter Ángel narró que en los cuatro municipios detectaron que, al momento de entregar los fondos, “a los damnificados se les canalizaba con constructores, que les presentaban proyectos de vivienda que superaban el monto de las tarjetas, por lo que les ofrecían un esquema de facilidades de pago”.
Los activistas advirtieron que los retos de la reconstrucción siguen vigentes, no sólo a nivel material, sino también de tejido social, que fue dañado ante la falta de atención oportuna en las comunidades rurales dañadas.

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Pensión de $1,274 para mayores de 68 años en zonas urbanas, anuncia el futuro gobierno

En documento entregado a legisladores morenistas, afirma que se cambiará el enfoque de la política social
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de septiembre de 2018, p. 6
La pensión universal de mil 274.61 pesos al mes para adultos mayores, se entregará a las personas de más de 68 años en las zonas urbanas, y sólo se mantendrá la edad mínima de 65 en las zonas indígenas, anunció ayer a los diputados federales de Morena la próxima secretaria del bienestar, María Luisa Albores.
En una reunión ayer con los legisladores de ese partido, les entregó un documento denominado Elementos iniciales de una política social para todos, donde el próximo gobierno afirma que México no es un país pobre, sino desigual e injusto y cuestiona que las administraciones anteriores se dedicaron a impulsar programas que fueron utilizados de manera clientelar y electoral.
Han hecho de la pobreza negocio de unos cuantos; abandonaron a los más débiles y olvidados: indígenas, adultos mayores, jóvenes, mujeres, niños y discapacitados; despojaron a muchos de sus recursos naturales, tierras, cultura y libertad, indica.
Programas, a revisión
También les anticipó que se cambiará el enfoque de la política social, con una perspectiva que permita hacer efectivos derechos humanos, además de que serán sometidos a revisión programas en vigor desde el actual sexenio. Entre otros, los de empleo temporal, estancias infantiles, seguro de vida para jefas de familia, subsidios a jóvenes, comedores comunitarios, 3×1 para migrantes y atención a jornaleros.
Además detalló el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, que incluye a 19 estados y considera un subsidio de 5 mil pesos mensuales a cada productor por su jornal.
Los estados donde se aplicará son Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
También incluye la siembra, intercalada con árboles frutales, de cacao, canela, agave, café, palma de coco, achiote y pimienta. Así como un proyecto de milpa intercalada con árboles frutales, con objeto de permitir ingresos a corto plazo con la cosecha de granos básicos.

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SME ANUEE Informe en la SENER 18sep18