miércoles, 12 de septiembre de 2018

SME Asamblea de Toma de Protesta del Grupo de Jubilados 12sep18

Sangría de más de 60 mil millones en Pemex y CFE

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▲ A un costado de una toma clandestina en San Pablo Autopan.Foto Agencia MVT
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de septiembre de 2018, p. 29
Las dos empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están sometidas a una sangría constante de recursos por el robo de hidrocarburos y energía eléctrica, respectivamente, que en conjunto asciende a 60 mil 325 millones de pesos anuales.
Ese quebranto es equivalente al gasto programable destinado a desarrollo social para el periodo enero-julio de 2018, lapso en el que se ejercieron 60 mil 75 millones de pesos, según informes oficiales.
En el caso de Pemex, su director general, Carlos Treviño Medina, ha estimado que el robo de hidrocarburos de poliductos, entre gasolinas, gas LP, diésel y petróleo, asciende a unos 30 mil millones de pesos anuales, con el consecuente deterioro financiero de la empresa.
De acuerdo con el más reciente reporte de Pemex, en junio de 2018 se registró un aumento de 49.5 por ciento del número de tomas clandestinas, al documentarse 7 mil 590, contra 5 mil 75 detectadas en el mismo periodo de 2017.
Las cinco entidades con más ductos perforados en el primer semestre del año son: Puebla (mil 175), Hidalgo (909), Guanajuato (865), Veracruz (844) y Jalisco (758).
Entre 2013 (primer año de gobierno de la actual administración) y el cierre de 2017, el número de tomas clandestinas aumentó 294 por ciento, al pasar de 2 mil 627 a 10 mil 363 en ese lapso.
De seguir esa tendencia se perfila que a finales de año serían 15 mil zonas de extracción ilícita, con el consecuente quebranto a las finanzas de Pemex, cuyos cálculos conservadores estiman que el robo de combustibles ocasiona un quebranto de 30 mil millones anuales.
Por su parte, informes de la Secretaría de Energía señalan que en 2017 las pérdidas no técnicas ocasionadas por el hurto de energía a la CFE fueron de 18 mil 268 giga vatios-hora, lo que equivale a 7.6 por ciento del total de la energía recibida.
Así, el valor económico de esas pérdidas no técnicas asciende a 30 mil 325 millones de pesos, estimación basada en el costo de la energía dejada de vender: 1.66 pesos por kilovatio-hora.
Entre las principales acciones para abatir y controlar pérdidas no técnicas, la CFE está implementando nueva tecnología para reforzar los programas de verificación de los medidores en suministros de media tensión y sustituir los medidores electromecánicos por electrónicos.
Además, busca detectar anomalías en el proceso de medición y facturación de los servicios en media tensión en el mismo mes de facturación y reordenar el proceso de comercialización de la energía eléctrica, incluyendo los sistemas informáticos de gestión y los procesos operativos y verificación, así como el control de servicios.
Adicionalmente, se ejecutan programas especiales de revisión y detección de anomalías en la facturación y cobranza encaminados a la recuperación del costo de energía, pérdida mediante ajustes a la facturación y regularizando los servicios de energía eléctrica en áreas de conflicto social con la intervención de autoridades competentes y acercamiento a la comunidad con el apoyo del área de vinculación social.

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AT&T quiere ofrecer internet vía redes de electricidad a 1 Gb por segundo

CNN EXPANSIÓN. 
La firma de las telecomunicaciones avanza en EU en su intento por ‘cubrir’ de internet las líneas eléctricas.
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DALLAS, EU - AT&T informó este lunes que está en marcha la "implementación comercial" del envío de servicio de internet de alta velocidad a través de líneas de electricidad.
La compañía de telecomunicaciones con sede en Dallas informó que inició conversaciones con proveedores de tecnología para la construcción de equipos de grado comercial a fin de prestar el servicio que proveería internet a velocidades de 1 gigabyte por segundo a través de las líneas de electricidad.
La tecnología ha sido creada por AT&T bajo su iniciativa Proyecto AirGig.
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La compañía espera ampliar en los meses que siguen las pruebas de campo de los equipos con "el objetivo de lograr que internet a velocidad de gigabits sea tan amplio como la electricidad".
No existe aún una fecha concreta sobre cuándo la tecnología podría implementarse más ampliamente.
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"Confiamos en que estamos en la cúspide de una tecnología que podría ayudar a resolver la brecha digital en este país", dijo Andre Fuetsch, presidente de AT&T Labs y director de tecnología.
A la fecha casi un tercio de Estados Unidos carece del acceso a internet de alta velocidad
Investigadores de AT&T descubrieron hace dos años que se podía usar antenas de plástico de bajo costo, colocadas a lo largo de los postes eléctricos y telefónicos existentes en el país, para transmitir el servicio de internet.
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Desde entonces, AT&T ha solicitado más de 500 patentes para la tecnología AirGig y ha llevado a cabo pruebas de campo dentro y fuera de EU.
El año pasado, la tecnología AirGig fue probada con la compañía de electricidad Georgia Power, en una zona rural de Georgia.
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"Estos resultados iniciales son alentadores y nos mostraron cómo esta tecnología puede implementarse potencialmente en barrios suburbanos y rurales a escala comercial", anunció la compañía.

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López Obrador recibe de trasnacionales propuestas para nueva refinería y reactivaciones


 
 
López Obrador se reunió con empresarios energéticos en la oficina de transición. Foto: Octavio Gómez

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los encuentros con representantes de trasnacionales del sector energético marcaron este martes la agenda del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En dichas reuniones, enfocadas en revisar el plan de reactivación de las refinerías y la construcción de una más, el tabasqueño recibió en su casa de transición a comisionados de la firma estadunidense Bechtel, especializada en infraestructura energética.

Presidida por López Obrador, al encuentro acudieron los futuros secretarios de Energía, Roció Nahle, y Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, así como el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López.
Nahle aclaró que los representantes empresariales ofrecieron propuestas, pero no se les adelantó ninguna información respecto de licitaciones.
Comentó que este martes se entrevistaron con integrantes de una empresa de Estados Unidos para escuchar sus propuestas de infraestructura, tecnología y licencias de construcción, y sostuvo que recibirán a diferentes empresas con experiencia en el mundo.
Nahle precisó que aún se trabaja en las bases de la licitación, sin embargo, cuando se trata de un proyecto de esa magnitud, todas las empresas quieren saber qué tipo de refinería se construirá, a fin de tener conocimiento de lo más elemental.
Al respecto, el próximo titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, detalló que en la reunión con el presidente electo asistieron representantes de una empresa de Estados Unidos con experiencia en construcción de refinerías en otras partes del mundo.
“Esa experiencia nos interesa conocerla a nosotros. Para el trabajo de las bases de licitación que tenemos que hacer, necesitamos mucha información”, dijo.
Detalló que cuando se tenga lista esa licitación “se va a invitar a todas las (empresas) que tengan experiencia en refinación, ya que a todo mundo le interesa participar en un gran proyecto que se va a llevar a cabo”.
En su oportunidad, el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López, coincidió en que existe un “interés mundial, es un proyecto de los más importantes a nivel mundial; los tabasqueños estamos haciendo todo para generar las condiciones de que se inicie el próximo año con los trabajos de la refinería”.
La entidad resultará beneficiada con la inversión en infraestructura en la red carretera y la capacidad de potabilidad de agua. “Vamos a tener ahí una derrama de 150 mil millones de pesos en los próximos tres años, con todo lo que la construcción de un proyecto como estos puede generar”, resaltó el mandatario estatal electo.
Tabasco es la entidad donde hay la mayor cantidad de mano de obra disponible capacitada que se dejó de emplear, entonces “se podrían generar entre ocho y 10 mil empleos directos, durante tres años, ya cuando la refinería entre en función, pues serán más o menos cinco mil”, expuso.
En tanto, Jiménez Espriú rechazó que las obras relacionadas con refinación vayan a contar con inversión privada.
Desde su campaña, López Obrador ha sido insistente en que buscará una disminución en el precio de las gasolinas, a partir de reducir la importación y generar las condiciones para que el combustible se produzca en el país.
Por la tarde, el presidente electo recibió a directivos de ICA en un encuentro que también versó sobre la construcción de la nueva refinería, según Jiménez Espriú.
Los directivos de esa empresa declinaron comentar sobre el contenido de la reunión.
Sin embargo, se cuestionó al futuro titular de la SCT si seguiría el favoritismo a empresas como ICA, una de las constructoras más grandes de México, históricamente favorecida con contratos de infraestructura.
Respondió que las empresas que asistieron hoy “son las que saben hacer refinerías”. Y anunció que Bechtel e ICA están interesadas en la obra que López Obrador proyecta construir en Tabasco.
Al preguntarle sobre las observaciones que ha tenido ICA por la Auditoría Superior de la Federación, el colaborador de López Obrador se mostró incómodo con los cuestionamientos respecto a Odebrecht, y dijo desconocer si ICA tenía relación. Se limitó a señalar que ese “es problema de ellos, nosotros seremos muy vigilantes”.

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Reducen de 128 mil a 91 mil pesos ingresos mensuales de los diputados federales

Néstor Jiménez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de septiembre de 2018, p. 19
Los diputados federales anunciaron que reducirán sus ingresos mensuales de 128 mil 230 pesos a 91 mil 507. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) refirieron que dicha baja se concreta porque ya no serán beneficiarios del seguro de vida institucional, del seguro de gastos médicos mayores, del seguro de separación individualizada y del fondo de ahorro.
En conferencia de prensa, los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PES, PT, Movimiento Ciudadano y Verde expusieron que el volumen de su remuneración se integra con: el monto de su dieta, 73 mil 764 pesos; aportaciones a la seguridad social, 4 mil 562; ahorro solidario, mil 472; proporción mensual del aguinaldo, 11 mil 708, que sumará los 91 mil 507 pesos.
Acordaron dejar de percibir 3 mil 959 pesos por concepto de seguro de vida institucional; seguro de gastos médicos mayores, 9 mil 207; seguro de separación individualizada, 12 mil 205, y fondo de ahorro, 10 mil 910.
Al ser cuestionado por los reporteros de la fuente de la Cámara de Diputados en torno a si sólo se redujeron prestaciones, el coordinador de Morena, Mario Delgado, aclaró: Se redujeron remuneraciones. Y es que, en el ánimo de los periodistas, rondó la duda acerca de si los diputados se bajarían el salario (dieta), que asciende a 73 mil 674 pesos. Ese rubro no fue tocado por el acuerdo de la Jucopo y se mantendrá en sus términos.
La reducción es la primera de esa magnitud en los ingresos de los diputados federales. No obstante, al cuestionar a los integrantes de la Jucopo si también se contempla desaparecer o reducir las partidas de apoyo ciudadano y asistencia legislativa que en-globa cada mes –por cada uno de los legisladores– 72 mil pesos, el diputado Delgado indicó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se revisarán ambos rubros para desaparecerlos: no obstante permanecen como gasto irreductible de los representantes populares, por lo menos hasta diciembre próximo.
El diputado morenista explicó que esas dos percepciones no cuentan como ingresos para los diputados, porque requieren comprobación fiscal. Aun así, lo único cierto es que por asistencia legislativa cada diputado recibe 45 mil 686 pesos y para atención ciudadana 28 mil 772, que junto con los vales de alimentación al mes por 2 mil 85 pesos, suman 76 mil 643 pesos.
La representación de Morena en la Cámara de Diputados presentará hoy ante el pleno la ley de austeridad republicana, que se circunscribe al compromiso asumido por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante la pasada campaña electoral.

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El 19S, lección no aprendida: corrupción, voracidad de inmobiliarios, complicidad de autoridades…

Voluntarios remueven escombros en Escocia y Gabriel Mancera, Del Valle. Foto: Marco A. Cruz
Voluntarios remueven escombros en Escocia y Gabriel Mancera, Del Valle. Foto: Marco A. Cruz
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los días posteriores al terremoto de magnitud 7.2, que el 19 de septiembre de 2017 causó estragos en la zona centro del país y afectó a la Ciudad de México, el estupor cedió el paso a la indignación ciudadana, a medida que salieron evidencias de irregularidades en la construcción de los edificios derrumbados.
La investigación “¿Por qué se cayó mi edificio?”, que dio a conocer hoy la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirma que los edificios caídos y las muertes de sus ocupantes fueron marcados por el sello de la corrupción y de la voracidad de promotores inmobiliarios, quiénes pusieron sus ganancias por delante de la vida humana, con la complicidad de las autoridades capitalinas.
Mediante una serie de reportajes, la investigación muestra que los desarrolladores hicieron caso omiso a los reglamentos de construcción adoptados después del terremoto de 1985, usaron materiales baratos en violación a las normas, no respetaron los permisos que obtuvieron para las obras, bajo el cobijo de las delegaciones y el gobierno capitalino que, además, dejaron a los damnificados en el olvido y la indefensión.
Y peor: prueba que, a ocho días de cumplirse un año del fenómeno telúrico, ningún actor de la construcción o del gobierno parece haber entendido la lección, pues todo sigue igual y la cadena de responsabilidad que los involucró se quedó en la impunidad.

A la fecha, y al igual que en el 1985, ningún responsable de actos de corrupción o negligencia que llevó al derrumbe de un edificio y a la muerte de personas ha sido condenado.
“En 1985 hubo dos órdenes de aprehensión, pero nunca se cumplieron, reinó la impunidad en ese entonces”, dijo la periodista Thelma Gómez, quien encabezó la investigación. Abundó: “Ahora parece que la procuraduría quiere repetir este esquema de impunidad”.
Tras más de 10 meses de trabajo, Gómez detalló la “gran opacidad” en la que operaron las autoridades capitalinas después del terremoto: delegaciones, como la Gustavo A. Madero o Coyoacán, se negaron a proporcionar información, el Registro Público de la Propiedad carece de documentos, y la delegación Benito Juárez guarda los planos o permisos en cajas de cartón que se llenan de hongos en la Alberca Olímpica.
“No hay mejor muestra del desdén de las autoridades (…) esta ciudad tiene perdida parte de su memoria”, deploró la periodista. Indicó que, ante la cerrazón de las autoridades, el equipo de investigación acudió con los vecinos.
“La gente conoce bien la historia de su edificio, de su colonia, y lo que encontramos es que los vecinos casi siempre alertaron a las autoridades sobre las malas condiciones de sus edificios. Hay un caso donde llevan 32 años alzando la voz”, recordó.
Entre sus hallazgos, la investigación subraya que las propias inmobiliarias contratan a los Directores Responsables de Obra (DRO) a cambio de que, a veces, cierren los ojos ante la violación a los reglamentos de construcción adoptados después del terremoto de 1985.
Los culpables
El arquitecto Bernardo Mendez Bernal, quien diseñó el flamante edificio ubicado en la calle Zapata 56, en la delegación Benito Juárez –que se derrumbó debido a sus cimentos baratos, sus vigas débiles y columnas más delgadas que lo autorizado en el permiso–, también fue DRO del edificio de Eje Central 526, en la colonia Portales de la misma delegación.
José Rubén Palo Soto, damnificado de aquel edificio, aseguró que existían por lo menos siete irregularidades graves en el edificio.
“Perdí mi patrimonio en dos minutos. ¡No chinguen! (…) y estuve a un paso de perder la vida por irregularidades”, estalló el hombre, quién opinó que la Benito Juárez es la delegación “más corrupta de la ciudad”.
Durante 10 meses su edificio no estuvo incorporado en la plataforma de los edificios dañados y “en condición de damnificados se nos llevó a andar mendigando apoyos”, dijo.
Y para colmo, señaló que el mismo arquitecto Mendez Bernal es asesor en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
“No basta con señalar la corrupción, la lucha debe incluir la cárcel a quiénes procuraron esto, pero sobre todo que recuperemos nuestro patrimonio”, exhortó.
Entre los funcionarios señalados en la investigación, destaca Simón Neumann Ladenzon, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, y cuyo nombre está vinculado con varios edificios derrumbados el 19 de septiembre de 2017.
Neumann tejió con Mancera –ahora senador– un entramado de lucrativos intereses, como lo documentó Proceso esta semana: participó de manera directa e indirecta en el incremento sospechoso del patrimonio inmobiliario de Mancera durante su paso por los gobiernos capitalinos, primero como procurador y luego como jefe de gobierno.
Uno de los reportajes de MCCI vuelve al derrumbe del edificio ubicado en la calle de Bolívar en el que trabajaban obreras textiles, varias de ellas sin prestaciones sociales ni protección laboral. El edificio, previsto para contener departamentos, no soportó el peso de una antena de 10 toneladas instalada en el techo, ni el piso extra que le fue añadido. Se derrumbó.
Fernando Sánchez Lira, hijo de una de las obreras fallecidas, recordó que el patrón, un hombre coreano, ofreció a los familiares de las víctimas una suma de dinero “muy mala”, y posteriormente “parece que dejó el país”.
Juan Pedro Filomeno Manuel es primo de Noemi Manuel García, quien el 19 de septiembre falleció en el edificio ubicado en Álvaro Obregón 286, al que la joven de 21 años había ingresado para firmar su documento de servicio social, a dos semanas de titularse de sus estudios de finanzas.
“Hay cosas que son de Dios, contra las que no podemos hacer nada. Pero hemos sabido que el edificio estaba en muy mal estado (…) desde 1997 no podía vivir gente. Quitaron techos para ganar espacio, para rentar más”, se indignó.
Recordó con dolor la lentitud de las autoridades en remover los escombros, mientras impedían a los civiles acceder al edificio caído; las mentiras –familiares encontraron los cuerpos de sus cercanos en los Semefos, sin que el gobierno les notificara–, y el sufrimiento.
“Viví la muerte lenta de mi familiar”, soltó
Y, tras culpar a “Mancera y todo su grupo de la corrupción”, lamentó: “Nadie perdió su chamba. Somos muchos los que perdimos familiares, casas, y en el gobierno simplemente se reubican”.
Pese a ello, lanzó: “Muchas gracias a todos los mexicanos que se formaron horas y horas para ayudar, y que no les dejaron pasar”.
La investigación, que se centra en las historias de corrupción de 28 edificios derrumbados, se lanzó con base en más de 300 denuncias ciudadanas y centenares de solicitudes de información –la mayoría de las cuales no fueron atendidas conforme a la ley–.
Salvador Camarena, director de investigación periodística de MCCI, indicó que la organización invitó a Claudia Sheinbaum a la presentación, pero ningún integrante del equipo de la próxima jefa del gobierno capitalino se presentó.

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Hubo cerca de 200 recursos contra comisión de la verdad sobre Ayotzinapa: CIDH

Se reunió Mecanismo de Seguimiento con autoridades, organizaciones y familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de septiembre de 2018, p. 18
La sentencia del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito de Tamaulipas que ordena reponer el caso Ayotzinapa y crear una comisión por la verdad y la justicia, con la participación de los familiares, ha sido rechazada por las autoridades federales, al grado que se han presentado alrededor de 200 recursos contra dicha resolución.
Así lo informó este martes el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la semana pasada realizó su segunda visita oficial a México para conocer el avance de las indagatorias por los crímenes contra los normalistas suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron seis personas asesinadas, varios lesionados y 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada.
Además de con familiares de los estudiantes y las organizaciones civiles que los acompañan, los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH se reunieron con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República (PGR); al igual que con integrantes del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En relación con la decisión del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito de Tamaulipas, la CIDH fue informada de que se presentaron aproximadamente 200 recursos en contra de dicha resolución y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará respecto del alcance de la sentencia. La comisión estará atenta a la decisión final del alto tribunal de justicia, informaron.
La PGR dio a conocer ante los comisionados del organismo interamericano los avances en las diligencias, por lo que detalló sobre la detención de Juan Miguel N, alias El Pajarraco, y la relevancia de esa captura para esclarecer la participación de la organización delictiva Guerreros Unidos en los hechos.
El Estado también informó sobre los esfuerzos para investigar la posible participación de la Policía Federal y obtener información por parte de las autoridades estadunidenses que adelantan procesos judiciales contra presuntos miembros de Guerreros Unidos en Chicago.
Otro de los avances que los funcionarios presentaron ante el Mecanismo de Seguimiento fueron los asuntos relacionados con investigaciones sobre el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) de Iguala, así como a militares y policías estatales.
La CIDH solicitó información adicional sobre estas autoridades, así como de funcionarios municipales y los estudios de telefonía que se han elaborado por las instancias de investigación y procuración de justicia.
La delegación que visitó el país está conformada por los comisionados Esmeralda Arosemena de Troitiño y Ernesto Vargas Silva; por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y especialistas de la secretaría ejecutiva.
Sobre la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, los miembros de la CIDH valoraron la implementación de la tecnología Lidar, y señalaron que continuarán monitoreando las actividades de búsqueda realizadas junto con la coadyuvancia para obtener pistas claras sobre el paradero de los estudiantes, quienes después de cuatro años aún continúan desaparecidos.
 
 
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Aeroméxico rechazó violar contrato de pilotos; desconoce emplezamiento a huelga

Un avión de Aeroméxico en la CDMX. Foto: Eduardo Miranda
Un avión de Aeroméxico en la CDMX. Foto: Eduardo Miranda

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Aeroméxico informó que no ha violado el contrato colectivo de trabajo de los pilotos por lo que desconoce el emplazamiento a huelga de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).
Esta mañana, el sindicato informó que la aerolínea había suspendido la prestación de Tripulante Viajando en Cabina (TVC), luego que Aeronáutica Civil informó que, de acuerdo a sus indagatorias del accidente que el vuelo 2431 sufrió en Durango, un tercer piloto sin autorización estaba en la cabina y tomó el control de la aeronave en las operaciones de despegue.

La agrupación sindical expuso que, al suspender unilateralmente la prestación, prevista en el contrato colectivo, Aeroméxico afecta una cláusula necesaria para casi dos mil 400 pilotos que cumplen cabalmente en tiempo y lugar con la normatividad laboral y de aeronáutica.
La empresa explicó que en acatamiento a la circular CO AV-55/18 emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, prohibió el uso de esta prestación únicamente para viajar en la cabina de pilotos, limitando el acceso solo a aquellas personas establecidas en los manuales de operación de la compañía.
La ASPA advirtió que, al suspender unilateralmente la prestación, prevista en el contrato colectivo, Aeroméxico afecta una cláusula necesaria para casi dos mil 400 pilotos que cumplen cabalmente en tiempo y lugar con la normatividad laboral y de aeronáutica.

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Pilotos emplazan a huelga a Aeroméxico

El sindicato asegura que se suspendió una prestación que beneficiaba a 2 mil 400 agremiados
Carolina Gómez Mena y César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de septiembre de 2018, p. 41
La asamblea general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) determinó por unanimidad emplazar a huelga a la empresa Aerovías de México (Aeroméxico) por violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT).
ASPA explicó que la administración de Aeroméxico decidió unilateralmente suspender la prestación de tripulante viajando en cabina, entre otras violaciones al contrato colectivo, afectando una cláusula necesaria para alrededor de 2 mil 400 pilotos que cumplen cabalmente en todo tiempo y lugar con la normatividad laboral y aeronáutica.
Sólo se restringió viajar en cabina: aerolínea
Posteriormente, Aeroméxico calificó de falsa la aseveración de que la compañía haya incurrido en una violación al CCT con ASPA, pues no retiró a sus pilotos la prestación de tripulante viajando en cabina; ellos, como el resto de los tripulantes elegibles, continúan utilizando hoy en día dicho beneficio.
Aclaró que la empresa, acatando la circular obligatoria CO AV-55/18 emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), prohibió el uso de esta prestación únicamente para viajar en la cabina de pilotos, limitando el acceso sólo a aquellas personas establecidas en los manuales de operación de la compañía.
Aeroméxico argumentó que esta nueva circular obligatoria se aplica a todos los concesionarios de transporte aéreo en el país.
ASPA explicó que dicha prestación es utilizada por los pilotos para trasladarse de su lugar de residencia a su base de trabajo y es empleada en la mayoría de las aerolíneas del mundo.
El gremio subrayó que a consecuencia de que en el informe preliminar que emitió la DGAC sobre el accidente ocurrido en el aeropuerto de Durango el 31 de julio pasado se menciona un hallazgo no contribuyente del mencionado evento, pero atentatorio contra las normas y procedimientos en la operación de vuelo, la aerolínea cesó a los pilotos involucrados.
Expuso que de ninguna manera avala conductas violatorias de la normatividad aeronáutica y añadió que una vez publicado el dictamen final, nos sumaremos a las recomendaciones de la comisión investigadora para seguir construyendo una aviación segura en beneficio del público usuario.
Destacó que ASPA acordó emplazar a huelga a Aeroméxico en protesta por la decisión unilateral de su administración de dar por canceladas prestaciones contractuales en un momento poco propicio para ello, en virtud de encontrarse ambas partes en una importante revisión integral del contrato colectivo que rige su relación laboral y cuyo vencimiento es al primer minuto del 1º de octubre.
El diálogo entre las partes no ha cesado.
 
 
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Golpeadores atacan a campesinos de San Mateo Atenco; 15 lesionados

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▲ Quinientos campesinos y miembros del Frente de Pueblos de en Defensa de la Tierra bloquearon ayer durante nueve horas la carretera Texcoco-Lechería, en San Salvador Atenco, estado de México, en protesta por un ataque de golpeadores supuestamente contratados por la empresa Pinfra.Foto Javier Salinas
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de septiembre de 2018, p. 33
San Salvador Atenco, Méx., Unos 100 golpeadores presuntamente contratados por la empresa Pinfra, concesionaria de la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, parte de la infraestructura del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), agredieron a campesinos de núcleos ejidales de Acuexcomac, municipio de San Salvador Atenco, quienes se encuentran en plantón para impedir que los camiones de esa compañía pasen por sus tierras. Quince personas resultaron lesionadas, denunciaron los afectados.
Sin embargo, representantes de la constructora se comunicaron a la redacción de La Jornada para desmentir la versión de los labriegos y asegurar que no tienen nada que ver con los agresores.
Tras el ataque, unos 500 ejidatarios de ambos poblados, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), bloquearon durante nueve horas un tramo de la carretera federal Texcoco-Lechería, a la entrada de San Salvador Atenco.
Acusaron a la presidencia ejidal de Atenco y a los gobiernos municipal, estatal y federal de alentar estos ataques para terminar con la resistencia al NAICM.
Los campesinos se retiraron a las 19 horas, después de que una comisión fue recibida por representantes de los gobiernos estatal y federal, con quienes acordaron negociar.
De allí los ejidatarios se trasladaron a la explanada municipal de Atenco, donde llamaron a organizaciones y pueblos a sumarse a su lucha contra ‘‘las agresiones’’, ‘‘los grupos de choque’’ y ‘‘el saqueo e invasión’’ de empresas constructoras como Cipsa y Pinfra, así como de transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México.
Los labriegos narraron que aproximadamente a las siete de la mañana de ayer, mientras hacían guardia en el retén que mantienen en avenida Nacional, en la zona ejidal ubicada entre Atenco y Acuexcomac, los golpeadores llegaron a bordo de 10 furgonetas y otros vehículos de la línea Valle de México e hicieron disparos para dispersar al grupo de 20 campesinos. ‘‘Nos guarecimos en el retén y nos dispararon, aunque no nos dieron, pero luego se bajaron y nos golpearon’’, narró uno de los agredidos de Acuexcomac.
Los agresores balearon la pequeña choza donde pernoctan los ejidatarios, a quienes sometieron y lesionaron a unos 15.
Antes de irse, los golpeadores ordenaron a los campesinos que dejen de oponerse a la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, de 13 kilómetros, que pasará por los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, La Magdalena, Francisco I. Madero, Atenco, Acuexcomac y Nexquipayac.
La autopista Texcoco-Pirámides, que comenzó a construirse hace cuatro años, es una de las principales obras de equipamiento vial del NAICM. Conectará las autopistas México-Pirámides y Peñón-Texcoco, además del corredor México-Tuxpan, con la terminal aérea.
Para ello, la empresa se apropió por la fuerza de decenas de hectáreas. Ejidatarios de Tocuila, Atenco y Nexquipayac han interpuesto denuncias penales y juicios de amparo en demanda de que se detenga la obra, se respeten sus tierras y se investiguen las agresiones. Incluso cuentan con una suspensión definitiva otorgada por un juzgado de distrito, pero las empresas lo han ignorado.
Después de la agresión se dio la voz de alerta. Cientos de campesinos de Atenco y Acuexcomac se reunieron en la plaza principal de Atenco y después bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería con pancartas en las que se leía: ‘‘Pinfra balacea ejidatarios. Alto a la agresión’’.
Ahí colocaron dos retenes de neumáticos y madera, uno en cada sentido de la vía. Más tarde los pobladores de Acuexcomac instalaron otro bloqueo a la entrada de esa localidad y comenzaron a colocar en las furgonetas de la línea Valle de México letreros en los cuales acusaban a la empresa de estar coludida con Pinfra para golpear ejidatarios. En ambos bloqueos retuvieron 22 furgonetas de transporte público. Tras nueve horas los manifestantes concluyeron su protesta.
Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT, sostuvo que esta agresión es ‘‘una clara muestra de que el gobierno federal promueve a grupos de golpeadores’’ de las empresas que construyen la terminal aérea para desalentar la resistencia.
Responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, de eventuales agresiones a los pobladores de Atenco.
Recordó que el 9 de marzo de 2017 unos 30 golpeadores desalojaron y dispararon a unos 200 campesinos del núcleo ejidal de Tocuila que obstruían el paso a decenas de camiones pesados que transportaban materiales para la construcción de la autopista Texcoco-Pirámides. Ese día la policía estatal detuvo a 21 agresores contratados por las empresas Pinfra y Cypsa Vice.

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