lunes, 10 de septiembre de 2018

SME: ¡LA LUCHA SIGUE!

*La termoeléctrica J. Lúcke, ya arrancó con la generación de 150 mega wats.
*Aprueban Demandar a la Generadora Fénix 6% de Incremento Salarial.

Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
y Conductor de Frecuencia Laboral,
Participación en el Programa del 08 de septiembre 2018,
Transcripción de Antonio Peregrino Rojo, colaborador voluntario,
Llevamos dos semanas de movilizaciones en distintas regiones, en la Sierra Norte de Puebla, en Morelos, en Pachuca, como una forma de presionar al gobierno de Enrique Peña Nieto para que cumpla. A partir de todo esto el pasado lunes 3 de septiembre de 2018 retomamos la discusión en la Secretaría de Energía sobre los temas del Sindicato Mexicano de Electricistas., en donde recibieron el segundo listado de deudores, para que se garantice tratar lo de la cartera vencida de los usuarios de la electricidad.
También se trató por parte de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) que se cancelen las denuncias de la Comisión Federal de Electricidad ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de los usuarios que se niegan a pagar los cobros indebidos de luz. Queremos que se ponga fin a las denuncias y carpetas de averiguación del supuesto robo de fluído eléctrico, cuando en realidad se trata de usuarios que tienen queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor por el abuso tarifario.
Por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas ( SME ), también se hizo una minuta en la que estamos poniendo en la mesa los problemas pendientes con el gobierno federal, a partir de estas movilizaciones, tuve una reunión a media semana con el Secretario de Gobernación, con el Secretario de Energía y con el director de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), lo único que observamos es que se echan la bolita uno a otro, y Gobernación les instruye para que concluya el esquema que se acordó a través de ese memorándum de julio de 2015.
Sin embargo observamos que el director de la CFE es el que defiende los intereses del Sindicato Único de Trabajadores de la Electricistas de la República Mexicana ( SUTERM ), y se niegan a cumplir los acuerdos fundamentales que es el contrato de cobertura eléctrica a largo plazo, el pago a los jubilados de renta vitalicia y desincorporar los predios e inmuebles, que ya los tenemos en posesión pero falta su desincorporación para que nos entreguen los títulos de propiedad.
En síntesis, eso es lo que planteamos, ayer viernes 7 de septiembre de 2018 todavía hubo movilizaciones en el Estado de México, porque hay un problema de un predio que falta que nos entreguen, que es el predio que está anexo a la termoeléctrica J. Lúcke, tenemos que informar que ya arrancamos con la generación de 150 mega wats, la semana pasada y esta ya se empiezan trabajos preliminares, entraron a trabajar ya algunos compañeros en el área de topografía y en el área civil, van a ir incorporándose compañeros de la construcción para la operación y control de los equipos.
Posteriormente entrarán los compañeros que tienen que ver con la instalación de las turbinas de gas para generar electricidad, es una buena noticia, iniciamos nuestro procedimiento para revisar el salario diario de nómina de los que trabajan en Ave Fénix, ayer tuvimos una asamblea para el recuento de las cedulas en favor de la huelga, la mayoría fueron un porcentaje de casi el 90%, ya le comunicamos a la administración de Fénix, lo que estamos solicitando de incremento salarial es del 6%, que es el que aprobó nuestra asamblea general.
Vamos a continuar con nuestras actividades, el próximo lunes estamos llamando a Gobernación a retomar platicas, porque ayer se calentaron los ánimos con los trabajadores del SUTERM, y los del SME, en los terrenos de la termoeléctrica, es un predio nuestro, y así hay varios, ya están en la mesa firmados, y alguien les informo que nos los iban a entregar, y empezaron a pintarlos, a meterle vehículos, a ponerle vigilancia, incluso trae una policía privada CFE, si estos predios ya estaban contemplados, para que los ocupan nuevamente, ya los habían desocupado, se llevaron todas sus cosas, lo que observamos es que son provocaciones, ya nos la sabemos pues vamos a cumplir 9 años de este conflicto el 11 de octubre.
Vamos a continuar en nuestras actividades de luchar para defender nuestros derechos, habrá una reunión esta semana con Gobernación, y lo mismo para el tema del Seguro Social porque nos han estado borrando compañeros que van a las clínicas del Seguro Social y no los quieren atender, ya hay un acuerdo firmado de la vigencia del Seguro Social, lo que les decimos a nuestros compañeros, también ahí tenemos que hacer valer nuestros derechos.
El que no te atiendan en una clínica es un tema ético y una responsabilidad del médico que está ahí, y hay que fincarle la responsabilidad, el miércoles tengo una reunión con el Director de Vinculación del Seguro Social para ver todos estos casos, para ver por qué y quien está dando instrucciones para no atender a los trabajadores de la resistencia y a su propia familia.
Queremos invitarlos al foro que va a haber el 27 de septiembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SME, Insurgentes No 98 en el auditorio Ernesto Velazco, en el marco de la nacionalización de la industria eléctrica, que también es un tema que hay que discutirlo, porque empezó la apertura a partir de Salinas de Gortari, que modifico la ley del servicio público de energía eléctrica.
Y empezó a meter figuras como la cogeneración, el autoabastecimiento, para importar, para exportar, y empezó a entrar principalmente en zonas de la CFE, después ha habido una serie de cambios hasta llegar a lo que hizo de una manera fascista Felipe Calderón con los trabajadores de Luz y Fuerza, encontramos información importante donde hasta crean una coordinación institucional desde la Presidencia de la República para dar el golpe al SME y a la Empresa.
La entrada es libre y vale la pena porque son temas de interés nacional, que va a pasar con la reforma energética, se va a quedar como está, se va a echar para atrás, se va a nacionalizar, se van a recuperar los recursos naturales en bien de los mexicanos como marca el espíritu de la constitución del 1917

Energía hidroeléctrica, la renovable más rentable

Ciudad de México (Fabiola Galindo / Energía Hoy).- El director general de Nyssen Consultores, Alejandro Nyssen, se pronunció por impulsar las energías limpias, en particular las hidroeléctricas al considerar que tienen una producción continua asegurada las 24 horas, a diferencia de las eólicas o las fotovoltaicas.
En el marco del XXVI Congreso Internacional Ambiental Green Expo, el especialista trató el tema de los Gases de efecto invernadero provocados por la generación de energía en América del Norte, y las nuevas fuentes de energías limpias: fotovoltaica, geotérmica, eólica y solar acumulada.
Explicó la importancia del precio por el cual se vende y se paga cada fuente de energía, y aunque este costo cambia constantemente se debe reconocer cuál es el más conveniente para el país.
Al respecto, aseguró que las energías eólicas y fotovoltaicas tienen castigos debido a que no generan todo el tiempo, ya que su manera de producción depende del clima. Las primeras son cuando hay luz solar y las segundas cuando hay viento. Entonces no le dan la certeza a la red de tener la suficiente generación durante el tiempo que se requiere.
Hizo énfasis sobre “las energías hidroeléctricas, las cuales sí se requieren en el país, al ser las mejor calificadas, y que mejor se pagan, debido a su producción asegurada, ya que generan energía las 24 horas”.
Aunque también tiene períodos estacionales relacionados a los tiempos de lluvia, pero hasta el momento es una de las más confiables, aseguró. Sin embargo, lamentó que en México este tema se ha satanizado, lo que ha generado el cierre de grandes presas, donde destacó Las Cruces en Coahuila.
El director general de Nyssen Consultores, también habló sobre la Reforma Energética en México, a la que consideró obsoleta, sin embargo, que dio entrada a la iniciativa privada en el tema de la producción y generación de la energía.
Subrayó los grandes pasos que ha dado en cuanto a la producción, control de generación y distribución de la misma. Afirmó que con el nuevo gobierno se espera cambios muy fuertes que transformarán el sector, y aunque no detalló cuáles, confió en que se sigan permitiendo la entrada del sector privado.
Informó que se tienen tres usuarios básicos mayoristas del mercado eléctrico, con lo cual se dio entrada a lo externo, sin embargo, todo se siguió quedando en el gobierno, principalmente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Por último, retomó la creación de una norma donde se decida perfectamente la medición, reporte y verificación de las emisiones de gases de fécula, lo cuál sería un gran aporte en el Tratado de Libre Comercio.
“Actualmente todo el tema de las emisiones es con cálculos estadísticos, de terceros, no digo que sean malos, pero debemos tener una política clara en esos temas, el caso es empezar a medirlos, para después poderlos controlar. Yo espero que esta norma le dé puntos a México en el tema del cambio climático dentro del Tratado de Libre Comercio”.

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Sobrestimada, contabilidad del uso de energía

La intensidad del consumo se elevó 52 por ciento en el sector de la construcción, resalta
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de septiembre de 2018, p. 25
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de México (Conuee) advirtieron que aunque el uso de electricidad se incrementó en el sector industrial, eso puede estar sobrestimado en la contabilidad nacional porque muchos de los consumos corresponden a grandes comercios y servicios.
La industria aporta casi la tercera parte del producto interno bruto (PIB) de México y, al mismo tiempo, representa casi un tercio del consumo energético del país en los pasados 20 años. En 1995, el gas natural y la electricidad representaban 60.9 por ciento del consumo de energía en la industria nacional y para 2015 llegó a 71.4 por ciento del total porque muchas empresas sustituyeron el combustóleo por otras fuentes de energía, como gas natural, coque de petróleo y bagazo.
Desde 1995 hasta 2015, último año considerado en el estudio, hubo un crecimiento constante en el valor agregado de las actividades industriales, pero paralelamente disminuyó 15.6 por ciento la intensidad energética, referida a cuánta se requiere para generar una unidad del PIB, es decir, expresa la relación general entre la utilización de energía y el desarrollo económico, al pasar de 9.5 a 8.1 toneladas de petróleo crudo consumidas para obtener un millón de pesos a precios de 2008 (tep/mmp [2008]).
Por sectores, la intensidad energética en la industria de la construcción aumentó en 52.4 por ciento en el periodo mencionado, también aumentaron en 20 puntos las industrias cementera y del vidrio. En cambio, las fábricas de hierro y acero, celulosa y papel, química, minería, automotriz, alimentos, bebidas y tabaco redujeron el uso de energía.
La minería la bajó casi a la mitad y la industria manufacturera la redujo 21.6 por ciento en este siglo, precisa el estudio.
La industria nacional comenzó una transformación y una fuerte vinculación al sector manufacturero de Estados Unidos a partir de la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)... Las actividades secundarias son muy sensibles a los efectos de la economía estadunidense, por ello el consumo de la energía de la industria mexicana puede afectarse de manera considerable por recesiones o crisis, cambios en la cotización de dólar, precios de las materias primas, precios y disponibilidad de combustibles, volumen de exportaciones, por mencionar algunos factores, advirtieron la Cepal y Conuee.
Por esa vinculación, detallaron, hay dos tipos de industrias en México que se mueven a diferentes velocidades, una de rápido crecimiento con multinacionales competitivas a escala mundial y plantas de fabricación de última generación con constante aumento en los niveles de productividad y, del otro lado, las industrias con empresas pequeñas con lento crecimiento y una productividad que cae o apenas subsiste año con año.


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Código de Red: Disposiciones generales, regulaciones y anexos

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).-  El Código de Red contempla los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los procesos de planeación, medición, control operativo, control físico, acceso y uso de la infraestructura eléctrica.
Alejandro De Keijser Torres, coordinador de Gestión de Energía de CFE Calificados hace para ENERGÍA HOY, una breve descripción de lo que contiene el Código de Red.
“El Código de Red está dividido en dos partes, en las disposiciones generales -y es un poco el alcance de la red-, la gestión del código de red; y las disposiciones de la planeación. Luego está dividido en la parte del manual regulatorio de estados operativos del sistema o sea cómo deben interactuar transportistas, distribuidores, el Cenace, los participantes de la industria, cómo se deben coordinar y cómo deben operar las centrales.
Y finalmente tenemos el tema más controversial, los requerimientos técnicos para la interconexión de centrales al sistema eléctrico, y los requerimientos técnicos para la interconexión de centros de carga, concluye.
El Código de Red está conformado por 7 capítulos de las Disposiciones Generales del Sistema Eléctrico Nacional, 6 manuales, anexos y procedimientos que tienen como fin establecer los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad:
-DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
-MANUAL REGULATORIO DE PLANEACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
-MANUAL REGULATORIO DE ESTADOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
-MANUAL REGULATORIO DE CONTROL Y OPERACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
-MANUAL REGULATORIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA
-ANEXO 1. RELACIÓN DE PERSONAL DESIGNADO POR EL CENTRO DE CONTROL
-ANEXO 2. ENLACES FRONTERA ENTRE CENTROS DE CONTROL
-ANEXO 3. CAPACIDAD DEL EQUIPO PRIMARIO
-ANEXO 4. DIAGRAMAS UNIFILARES Y NOMENCLATURA PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE TENSIÓN
-PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS
-PROCEDIMIENTO DEL DESPACHO DE GENERACIÓN
-PROCEDIMIENTO DE REDUCCIÓN DE GENERACIÓN POR CONFIABILIDAD
-PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO
-PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA
-MANUAL REGULATORIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
-MANUAL REGULATORIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA
Aquí puede acceder al documento:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432507&fecha=08/04/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432509&fecha=08/04/2016

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Triste Pensión luego de 35 años de cotizar en AFORES QUIEN GANE 5 SM RECIBIRÁ SÓLO $1,300 AL MES

*El esquema de beneficio definido vs esquema de contribución definida.
Colaborador voluntario y especialista en Derechos Laboral
Un trabajador con 35 años de cotización a  su  AFORE en forma permanentes y que gane 5 salarios mínimos, sólo obtendrá al final de su vida laboral una pensión de mil 300 pesos, señaló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
En el documento Diagnóstico del Sistema de Ahorro para el Retiro en México: funcionamiento, beneficios y retos 2018 , documento que consideramos es de importancia para los trabajadores, ya que los datos que proporciona y analiza dejan entrever hacia dónde apunta las posibles futuras transformaciones de los sistemas pensionarios.
En este documento hace un recuento histórico del surgimiento del sistema de pensiones que nacieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, bajo el esquema del llamado “ESTADO BENEFACTOR” en sus orígenes los sistemas de pensiones se diseñaron como esquemas de BENEFICIO DEFINIDO.
Que se basaba en un mecanismo intergeneracional de beneficios mediante el cual los trabajadores en activo financian, a través de sus contribuciones, a los trabajadores que se pensionan. El modelo implica una transferencia de recursos entre generaciones.
Para la CONSAR tanto el surgimiento de un sistema de pensiones como la forma en que se diseñó este sistema, fue producto de la visión de quienes gobernaban. Quienes participamos en el programa frecuencia laboral, consideramos que la obtención del beneficio de pensiones y de contar con mayores beneficios de una SEGURIDAD SOCIAL fue producto de las constantes luchas del movimiento de trabajadores.
Este sistema pensionario de BENEFICIO DEFINIDO tuvo su vigencia de 1943 a 1997 cuando se cambió a un sistema de CONTRIBUCIÓN DEFINIDA vía cuentas individuales, este sistema opera para quienes están afiliados al IMSS y quienes iniciaron su vida laboral comenzando a cotizar por primera vez a partir del 1 de junio de 1997,
La CONSAR justifica este cambio fundamentalmente por dos hechos:
1.- Transición demográfica” caracterizada por el envejecimiento de su población, explicada principalmente por una disminución en las tasas de fecundidad y un aumento de la esperanza de vida. En lo que se refiere a la tasa de fecundidad, ha disminuido significativamente: en 1950 una mujer tenía en promedio 6.75 hijos, mientras que en 2000 esta cifra se redujo a 2.61 hijos y se espera que llegue a 1.71 hijos en 2050. Mientras que la esperanza de vida al nacer se incrementó de 50.7 años en 1950 a 74.9 años en 2000 y se proyecta que alcance 83.4 años en 2050
Para la CONSAR, en un sistema de reparto y beneficio definido, conforme avanza la transición demográfica hay cada vez menos contribuciones de trabajadores activos para financiar las pensiones
2.- Otro factor era el creciente costo fiscal que representaba el viejo sistema de reparto, que tanto por diseño como por las condiciones demográficas que anticipaban al país, era financieramente insostenible.
La introducción del sistema de cuentas individuales en 1997 impuso una inalcanzable esperanza de contar con una pensión digna y suficiente. Para aquellos trabajadores que se afiliaron al IMSS después del 1 de julio de 1997 (generación AFORE), su ahorro ingresa a las cuentas individuales administradas por las AFORE y al final de su vida laboral, los recursos acumulados en éstas, servirán para financiar su pensión bajo ciertas condiciones
Una primera cuestión en referencia a la apreciación de la CONSAR es que. Consideramos que siendo cierto el dato de la existencia de mayor población mayor de 60 años, también es verdad que el hecho que existan menos contribuciones es debido a las nuevas formas de contratación, la falta de vigilancia de que los patrones afilien a sus trabajadores, a los bajos salarios y al asistencialismo y falta de cumplimiento del Gobierno en turno de cubrir las aportaciones presupuestales que está obligado, aunado al hecho de la pésima administración y a la corrección
Con cifras al segundo trimestre de 2018, el país tiene una población de 124.6 millones de habitantes de los cuales 55.6 millones forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Poco más de 4 de cada 10 mexicanos (43.4%) que forman parte de la PEA laboran en el sector formal; el resto, 30.5 millones de mexicanos (56.6%) laboran fuera del sector formal (en definición de INEGI, no cuentan con seguridad social).
Para la CONSAR existe otro elemento que advierte la necesidad de iniciar otro cambio al sistema de pensiones, es la carga fiscal que dicen representa los trabajadores llamados la generación de transición es decir:
a) Trabajadores afiliados al IMSS que cotizaron antes del 1 de julio de 1997. Al momento de su retiro podrían optar por una pensión bajo el esquema de beneficio definido, de acuerdo con la ley 73 de dicho instituto.
b) Trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que con la reforma de abril de 2007 optaron por quedarse bajo el artículo décimo transitorio.
Según la CONSAR para el 2017 se alcanzó una cifra superior a 700,000 millones de pesos de recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones, monto que en su mayor parte sufraga pensiones de la generación de transición.
En los últimos 17 años el número de pensionados bajo los sistemas anteriores de reparto del IMSS y del ISSSTE se ha duplicado, mientras que el gasto en pensiones ha incrementado a una tasa anual promedio de 12%, el rubro del presupuesto con más rápido crecimiento.
Los trabajadores llamados GENERACION AFORE, y que están inscritos bajo el sistema de cuentas individuales. Que opera para los trabajadores afiliados al IMSS o ISSSTE, cada trabajador acumula su ahorro previsional en una cuenta individual y el saldo de dichas cuentas es administrado por instituciones financieras privadas conocidas como administradoras de fondos para el retiro (AFORE) para cuando lleguen a la edad y cumplan los requerimientos, tanto el ahorro para el retiro como los rendimientos alcanzados servirán para financiar la pensión del trabajador
Según la CONSAR en “los 21 años del SAR, el ahorro para el retiro de los trabajadores ha servido como palanca para el desarrollo productivo del país al tiempo que genera rendimientos atractivos. Al cierre de junio del 2018, las AFORE han invertido 1.2 billones de pesos en actividades productivas:
Para un trabajador con un ingreso de 5 SM, cotizante desde 1997 hasta la fecha, su ahorro acumulado sería de $294,480 de ahorro pensionario (aportaciones más intereses menos comisiones). De éstos, $138,597 corresponderían a rendimientos netos de comisiones, el 47% del total de ahorro acumulado en su cuenta individual.”
Este ejemplo que brinda la CONSAR es lo que un trabajador tiene en la Afore en 21 años en el supuesto que siga teniendo empleo estable, que su patrón lo siga manteniendo registrado en la institución que le corresponda y que se mantenga los rendimientos así como considerando un aumento del 4% anual en la percepciones de salario.
Un trabajador tendrá que laborar aproximadamente unos 15 a 20 años más tomando como consideración que comenzó su vida laboral entre los 28 y 25 años de edad, para que este trabajador que gana el equivalente a 5 salarios mínimos tenga una idea de cuánto será su pensión después de más de 35 años de laborar y un aproximado en su cuenta de afore de$535,000.00 su pensión mensual será de aproximadamente de $1,300.00
No obstante que se mencionó que con las reformas se garantizaba un sistema de pensiones más favorable para los trabajadores y a 21 años de iniciar esta reforma ya se está planteando mecanismos para supuestamente garantizar ahora si un sistema que si garantice una mejor pensión, ¿Cuál será la nueva propuesta? ¿Qué haremos los trabajadores? 

El gobierno de Peña Nieto creó empleos de pobreza 23.9 MILLONES GANAN ENTRE -1 Y 2 SM


*Representan al 45% de la población ocupada en el país.
* Creció en 5.7 millones la población con ese nivel de ingreso.
*Un salario minimo está abajo del nivel de pobreza, 2 salarios en la pobreza: CONEVAL
* En el "Sexenio del Empleo" se perdieron 2 millones de plazas con más de 3 salarios mínimos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto creció a 8 millones 705 mil trabajadores que ganan menos de uno y hasta un salario mínimo, un 1 millón 949 mil personas más en ese rango salarial, según datos del anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno. Se trata de un ingreso por abajo de la línea de pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL).
En la línea de pobreza por ingresos se ubica todo aquel cuyo ingreso es inferior a 2 mil 975.27 pesos al mes, señala el CONEVAL.
Por lo que todo aquel trabajador que gane menos de un salario mínimo o hasta un salario mínimo que en 2018 es de 2 mil 686.14 pesos mensuales, está por debajo de la línea de pobreza por ingresos, sector que representa al 16.6 por ciento de la población ocupada en México.
La población trabajadora que percibe ingresos de pobreza también creció. La cifra de quienes recibieron de 1 a 2 salarios mínimos en el sexenio es de 15 millones 871 mil mexicanos. Son 3 millones 811.2 más de los que había en 2012, cuando Peña Nieto tomó protesta de su cargo como presidente de la República.
En conjunto suman 23 millones 992 mil trabajadores quienes perciben menos de uno y hasta 2 salarios mínimos, ingresos considerados por debajo de la línea de pobreza y en pobreza. Esta población aumentó en 5 millones 760 mil mexicanos más durante los seis años de la actual administración.
Este bloque representa al 45% por ciento de población ocupada en el país, compuesta por 53 millones 785 mil trabajadores.
En tanto que a quienes ganan de 2 a 3 salarios mínimos se sumó otro millón 19 mil trabajadores con lo que en total son 9 millones 739 mil mexicanos con ese rango de ingresos, que de acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es suficiente para comprar la canasta básica, que cubre pago de alimentos y de servicios de luz, agua, vivienda, entre otros básicos y, por lo tanto se encuentra en pobreza multimodal según el parámetro del CONEVAL.
El presidente de la República en un video que publicó con motivo de su sexto informe de gobierno promovió a su administración como “el sexenio del empleo”, dijo que “se han generado prácticamente 4 millones de empleos…40% han sido para jóvenes y para mujeres”, pero de acuerdo al anexo estadístico se trató principalmente de ocupaciones con salarios inferiores a 3 salarios mínimos, pues en rangos superiores se perdieron casi 2 millones de empleos.
Específicamente se perdieron 492 mil empleos con más de 3 salarios mínimos y un millón 464 mil plazas con ingresos superiores a 5 salarios mínimos.
También bajó ligeramente la cifra del rango de personas ocupadas que no perciben ingresos al pasar de 3 millones 934 mil a 3 millones 254 mil mexicanos en esa condición y existe un rango de más de 7 millones 442 mil personas que se especifica cuánto ganan.


Desmiente Graue al jefe de Gobierno de Ciudad de México

José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de septiembre de 2018, p. 4
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió al jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, quien la víspera declaró que la máxima de estudios no interpuso denuncia alguna por los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre en la explanada de Rectoría, en Ciudad Universitaria.
Además, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, exhortó a los universitarios a no caer en provocaciones que buscan dividir y debilitar a la comunidad.
En un mensaje, subrayó que la unidad mostrada por la comunidad durante los días recientes es y será la vía más certera para erradicar la violencia de sus planteles y lograr que la universidad siga cumpliendo con sus tareas sustantivas.
Para este lunes se espera que los alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la gran mayoría de escuelas y facultades de la UNAM reinicien sus actividades académicas.
Hasta la tarde de ayer no estaba definida la entrega de la Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria ni los Colegios de Ciencias y Humanidades planteles Azcapotzalco y Naucalpan.
En el resto de los institutos, centros y unidades de investigación de la universidad, así como en los museos y el Centro Cultural Universitario permanecen las actividades de manera normal, así como todas las áreas que prestan servicios a la comunidad universitaria.
Mediante un comunicado, la UNAM reiteró que desde el mismo día en que se suscitó la agresión en la explanada de Rectoría fueron presentadas las denuncias correspondientes tanto en las procuradurías General de la República (PGR) como en la General de Justicia de Ciudad de México, contra quienes resultaran responsables.
Incluso informó que la carpeta de investigación en la procuraduría capitalina fue abierta bajo el número CI-FAAE/CU/UI-1 C/D/00283/09-2018, mientras que en la PGR fue la FED/CDMX/SPE/0011998/2018.
La víspera, tras la liberación Érick Linares Torres y Joel Rojas, dos de los presuntos implicados en estas agresiones en contra de estudiantes del CCH Azcapotzalco, el jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, declaró que la UNAM no había interpuesto ninguna queja, situación que fue desmentida con el comunicado.
En un mensaje, el rector Graue celebró la participación y el orden con que se llevó a cabo la asamblea efectuada el pasado viernes en el auditorio Alfonso Caso. Es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen por su universidad.
Graue Wichers reiteró su disposición para conocer las propuestas que surjan de esa asamblea, a fin de implementar las medidas que permitan resolver las preocupaciones más genuinas de la comunidad universitaria.
En el transcurso de la tarde de este lunes podrían ser reintegrados a las autoridades algunos de los planteles que todavía están tomados por alumnos y que suspendieron sus actividades en protesta por las agresiones porriles y para exigir que sean erradicados dichos grupos de choque.


Cuidemos y defendamos la UNAM

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Cuidemos y defendamos la UNAM
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Malos vientos soplan cuando nuestra Universidad Nacional se ve violentada en sus propias instalaciones y un grupo de sus jóvenes estudiantes agredidos por grupos armados de piedras, bastones, bombas molotov, navajas, únicamente por marchar a entregar a Rectoría un pliego petitorio, relativo a temas de sus planteles. La agresión no puede quedar impune y desvanecerse con el manto del olvido, por el simple trascurrir del tiempo.
Estos episodios violentos han venido ocurriendo en tiempos recientes con cierta recurrencia y ahora se presentan en una difícil coyuntura de cambio de gobierno y de conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Se dice que en política nada es casual y estos condenables hechos no son, no pueden ser producto de la casualidad, tampoco del celo desmedido de un burócrata menor, por lo que comienza a emerger, fue resultado de una acción perfectamente planeada.
Al escribir estas líneas en la mañana del día 5 de septiembre, comienza a saberse la logística del ataque; la identificación de los golpeadores; la participación de jóvenes lumpen y su dependencia con grupos de poder; el involucramiento de personeros que han manejado la ciudad en los últimos veinte años y actualmente están divididos; la participación de los grupos autodenominados “anarcos” y desde luego el control territorial del Campus por los distribuidores de droga de la ciudad. Y se alzan voces para denunciar a la propia vigilancia de la UNAM. Por eso es importante investigar, deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.
Es increíble la velocidad con que se han venido presentando los efectos de la agresión a los jóvenes de los CCH. Ese mismo día, se fueron al paro las Facultades de Filosofía y Letras y Psicología. Al día siguiente, se realizaron asambleas estudiantiles y hoy miércoles toda la Universidad está en paro.
En ese vértigo, el rector anuncio la expulsión de 18 supuestos participantes, sujeto a la determinación final del Tribunal Universitario. Y es lamentable, pero debe decirse, el rector ha equivocado la comunicación social con la comunidad universitaria y con la sociedad en su conjunto. El primer boletín parece escrito de barandilla de los años setenta, y luego se equivocó en cancelar la rueda de prensa, sustituirla por otro boletín y, por si hiciera falta, emitir un video “casero” buscando dar explicaciones. El señor rector, nuestro rector, tiene que encabezar la defensa de la autonomía universitaria personalmente.
El rector tiene que tener la entereza de ponerse al frente de la comunidad: alumnos, académicos, investigadores, trabajadores administrativos y de base, para exigir castigo a los responsables. La defensa de la dignidad de la Universidad requiere de hombres con la serenidad, ponderación y compromiso social de un Javier Barros Sierra.
El proceso sucesorio en Rectoría tiene que mantenerse ajeno a las luchas político partidarias del momento. La universidad como Institución de la republica debe salvaguardarse. Todos los universitarios tenemos ese compromiso. Heredamos de nuestros mayores la autonomía, hoy tenemos que defender ese legado.
Todas las luchas políticas tienen su arena donde se dirimen las diferencias. Que no se pretenda secuestrar a la UNAM para resolver conflictos políticos que corresponden a otros ámbitos.

Aniversario de los sismos, más amenazas a la seguridad humana



 

Autor:

Un aniversario más de los terremotos del 19 de septiembre (1985 y 2017) y la exposición a amenazas a la seguridad humana por terremotos, huracanes, sequías, olas de calor e incendios continúa. La población, entre víctimas y pérdidas materiales, enfrenta además desplazamientos forzados y violencia entre comunidades por estos fenómenos ocasionados por el cambio climático.

De ocurrencia sorpresiva, rápida evolución y violencia, los desastres naturales se multiplican por el cambio climático y dejan a su paso una larga estela de desolación y muerte, frente a un gobierno incapaz de prevenirlos y que no aprende con las experiencias y que reacciona tardíamente.
Sabedor de su incapacidad para atender con eficacia los desastres naturales, y rebasado por una sociedad cada vez más activa y solidaria, como se demostró en los sismos de 1985 y 2017, los órganos de seguridad nacional del Estado Mexicano han clasificado en primer lugar los desastres naturales entre los 10 graves problemas enlistados en la Agenda Nacional de Riesgos.
Rescate de sobrevivientes, atención de heridos, extinción de incendios, control de escapes de sustancias peligrosas, establecimiento de albergues, entrega de agua y comida para damnificados, evacuación de personas, resguardo de la seguridad y el orden público, así como la recuperación y manejo de cadáveres, son tareas a las que se enfrentan oficinas anacrónicas de protección civil que desde hace 30 años no saben qué hacer en momentos de crisis para salvaguardar la vida de las personas.
Y es que, por su ubicación geográfica, diversidad climatológica de suelo, relieve e hidrológica, México está expuesto a riesgos y amenazas naturales -que los especialistas definen como riesgos “socialmente construidos”-, que derivan en cuantiosos daños humanos y materiales.
Después del Continente Asiático, América es la segunda región más afectada por desastres naturales. De acuerdo con The International Disaster Database, entre 1900 y 2017 se han registrado 3 mil 589 desastres en la región. En el mismo periodo, en México han ocurrido 259 desastres naturales, lo que lo convierte en el segundo país con mayor ocurrencia de este tipo de eventos, después de Estados Unidos, con 979 desastres.
En el periodo de 1900 a 2017 se han registrado en México 34 terremotos, que han causado poco más de 11 mil muertos, haciendo de estos fenómenos geológicos el más peligroso para el país en cuanto a pérdidas humanas se refiere, señala el informe La vulnerabilidad de México ante el cambio climático, una revisión del Sistema Nacional de Protección Civil, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Precisa que la frecuente ocurrencia de ciclones tropicales, 92 para el mismo periodo, hace de este fenómeno el más costoso de afrontar, con daños calculados en 31 mil 144 millones de dólares a lo largo de poco más de 100 años.
 “A pesar de lo anterior, en términos de costos financieros, la suma histórica de los daños por tipo de desastre revela que no ha habido mejoras sustanciales en prevención y mejora regulatoria, contrario al caso de la disminución de pérdidas humanas”, subraya el documento de la autoría de Raúl Zepeda Gil, Alejandra Huerta Pineda, Mara Karina Sánchez y María Cristina Sánchez.
De acuerdo con los expertos, el Sistema Nacional de Protección Civil no ha sido capaz de generar mecanismos de protección a la población por las consecuencias del cambio climático antropogénico y sus secuelas como tormentas, inundaciones, terremotos, actividad volcánica, temperaturas extremas, deslizamientos de tierra, incendios, sequías y epidemias.
Los daños provocados por los 10 peores desastres naturales, medidos por el número de muertes que estos ocasionaron tanto en el periodo amplio de 1900 a 1917, como en un segundo periodo que va del año 2000 a 2017, revelan que, en ambos casos, los terremotos de 1985 y 2017 han sido los que mayores pérdidas humanas han causado; a pesar de ello, entre el primer y segundo evento se registra una importante disminución de dichas pérdidas. (Tablas 1 y 2)
Asimismo, el estudio del Senado de la República señala que es evidente que los fenómenos hidrometeorológicos como los ciclones tropicales y las inundaciones, cuya peligrosidad aumentará debido al cambio climático, han tomado relevancia en las últimas décadas, no sólo por la frecuencia de ocurrencia sino por el monto de los daños que estos provocan.
De los 259 desastres naturales registrados en México entre 1900 y 1917, el 80 por ciento (207) fue causado por fenómenos hidrometeorológicos: tormentas, inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra y temperaturas extremas. La ocurrencia de estos fenómenos provocó 11 mil 350 muertos, 16 millones de afectados y daños totales calculados en 38 mil millones de dólares.
En comparación con los desastres geológicos, tan solo representan el 17 por ciento (44) del total; se estima que han provocado 12 mil 134 muertos y 2.8 millones de afectados, así como costos por daños que ascienden a 8 mil 378 millones de dólares.
Es decir, “el riesgo que representan los fenómenos meteorológicos es casi tan mortífero como los grandes terremotos, con pérdidas monetarias cuatro veces superiores”, consigna el diagnóstico del instituto Belisario Domínguez.
Humberto González Arroyo, maestro en protección civil y prevención de desastres por la Universidad Iberoamericana, asegura que el cambio climático es un detonador de fenómenos ciclónicos en México, un proceso del que se debe hacer conciencia de adaptación y ejercer medidas para enfrentarlo ante el incremento de temperatura, que conduce a la extinción de especies y problemas de seguridad nacional, como desplazamientos de población forzados por desastres como las sequías.
“La sequía va a obligar a muchos municipios a acercarse a otras poblaciones, lo cual es un tema de seguridad nacional y de seguridad pública por incendios forestales, deforestación, extinción de especies, ecocidios, ciclones, huracanes, y su derivación en conflictos, incremento de epidemias y pandemias y violencia en comunidades obligadas a desplazarse de manera forzada por el cambio climático”, acota.
Refiere en entrevista con Contralínea que desde 1989 se registra el desplazamiento forzado en muchas comunidades del país que carecen de oportunidades de sobrevivencia económica y que genera violencia.
 “Es un tema prioritario de la Agenda Nacional de Riesgos que el nuevo presidente (Andrés Manuel López Obrador) deberá atender, porque tiene que ver con pobreza, cambio climático, seguridad alimentaria y gobernabilidad”, precisa el académico.
González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, señala que el cambio climático es un tema no solo para la agenda de protección civil, sino para la Agenda Nacional de Riesgos y la seguridad nacional que el nuevo gobierno debe contemplar.
 “El cambio climático es un tema delicado por la inversión que realiza el Estado Mexicano en el rubro de desastres, los cuales no son naturales, sino socialmente construidos, por ejemplo, construir en zonas de alto riesgo, lagos, etcétera, donde va a haber un riesgo por fenómenos meteorológicos”.
Indica que para el Estado, de entre los desastres naturales el problema número 1 de la Agenda Nacional de Riesgos son las inundaciones, contrario a lo que se piensa de los sismos, ya que desde 2012 hubo un aumento del 40 por ciento de anegaciones en el país ocasionadas por el cambio climático.
 “El cambio climático nos habla de canícula, aumento en la temperatura, epidemias y pandemias, desplazamientos forzados, violencia entre comunidades porque se acaba la actividad económica, así como de la obligación de enfrentarlo como una amenaza a la seguridad nacional”, destaca el catedrático.
La violencia entre comunidades -dice el especialista- es el efecto colateral del cambio climático, un tema irreversible que demanda medidas de adaptación y de una cultura de prevención y de gestión integral de riesgo y protección civil. En su opinión, persiste la acción reactiva frente a la preventiva por parte de las instituciones, “como lo vimos en los sismos de 2017”.
González Arroyo explica que el modelo internacional habla de la gestión integral del riesgo, es decir, de una gestión preventiva y reactiva y de prospección de prevención de riesgos a los que está expuesta la población, para que esta sepa a lo que se está enfrentando y aprenda a manejarlo. Pero, sobre todo, es un fenómeno relacionado con la pobreza que está relacionada intrínsicamente con los desastres.
Advierte que si no se generan políticas transversales que reduzcan la pobreza y la vulnerabilidad de las comunidades, resulta muy complicado que no vaya a haber damnificados por desastres “mal llamados naturales”, derivados del cambio climático, es decir, socialmente construidos.
“Falta mucha cultura de protección civil, no hemos trascendido de una gestión de riesgos de carácter reactiva a una preventiva, sino que todo recae en las fuerzas armadas y en la sociedad civil. México necesita trascender y no ver el niño ahogado y tapar el pozo sin invertir en prevención de la gestión de riesgo y revertir el gasto en acciones reactivas como forma de enfrentar los desastres”, añade González Arroyo.
Se requiere conjuntar la capacidad de Inteligencia Naval, de la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Federal, de los Centros de Alertamiento de Tsunamis y Sismos, y romper el paradigma que demuestre que se puede hacer algo en el ámbito de la seguridad pública y la protección civil.
“La protección civil tiene que ver con imparcialidad y neutralidad, por lo que al estar en áreas de seguridad pública se complica. Se tiene que analizar cuál es el modelo que pueda funcionar, porque durante años el sistema está debilitado y corrupto, aunque hay excepciones de autoridades capaces en estados y municipios”, indica el también investigador del Instituto Mora.
Para González Arroyo el gobierno debe centrar el tema en la seguridad humana, alimentaria, seguridad nacional y de desarrollo, enfrentar el cambio climático, para lo cual “se requiere de funcionarios capacitados en una cultura y conocimiento de la gestión integral de riesgos desde el marco de Sendai y que cumplan la Ley de Protección Civil, porque la gente sigue viviendo en las calles, hay problemas de reconstrucción por los sismos de 2017 sin resolver, incluso también desde el los sismos del 85”, remata.

Protección civil, 30 años de fracasos

 “Justo 32 años, 5 horas y 55 minutos después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la sociedad y autoridades de una de las ciudades más grandes del mundo y de las más importantes de América, no estuvieron del todo preparadas para un escenario muy similar al que se vivió en el ´85”, refiere César Orlando Flores Sánchez, maestro en prevención de riesgos por la Universidad Politécnica de Valencia, España.
Los sismos de septiembre de 2017, al igual que otros eventos desastrosos como el impacto de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, la explosión en San Martín Texmelucan en 2010 o las inundaciones en Tabasco en 2007, son muestra de lo poco eficiente que resulta el modelo de una Agencia de Protección Civil subordinada a despachos ajenos a la gestión de riesgos, como la Subsecretaría de Protección Civil que anunció el gobierno de López Obrador.
Considera que la creación de dicha Subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública del próximo gobierno representa un retroceso de 30 años en la gestión integral del riesgo de desastre, “íntimamente ligado a la gestión del desarrollo sostenible, lo que lo hace un tema prioritario de seguridad nacional”.
La Subsecretaría de Protección Civil será un obstáculo para cumplir con los programas y proyectos para alcanzar las metas del marco de Sendai y sus cuatro fases: prevención, preparativos, respuesta y recuperación, responsabilidades de los órdenes de gobierno y la racionalidad de la comprensión holística de las amenazas y riesgos, enfatiza el especialista.
“El tema (de protección civil) quedará relegado, por carecer del respaldo profesional, académico y gubernamental que exige un organismo de esta naturaleza… Lo que se necesita es un organismo autónomo y con mayor autoridad”, subraya Flores Sánchez en su análisis Subsecretaría de Protección Civil, un retroceso de 30 años, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav).
Jesús Manuel Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), manifiesta que la idea errónea de que los desastres representan retos para la gobernabilidad fue la causa de que en México la protección civil se alojara en la Secretaría de Gobernación.
Explica que la ocurrencia de desastres tiene que ver más con la pobreza y malos gobiernos que no atinan a desarrollar la mejor organización para enfrentar desastres, considerando integralmente el marco de Sendai.
Destaca que cuando el mundo ha evolucionado hacia el concepto de gestión integral del riesgo de desastre, México sigue hablando de protección civil como si ésta fuera realmente una política pública o como un eje de acción gubernamental. “Todo esto resulta más bien una idea obsoleta que sólo conducirá a que México siga quedando fuera del concierto mundial” en protección civil, apunta el investigador.
Refiere que hace un año en México se llevó a cabo la Plataforma Global para la reducción del riesgo de desastre, y que hace sólo un mes se participó en la Plataforma Regional para la reducción del riesgo de desastre en las Américas, en Cartagena, Colombia, donde México se comprometió a implementar acciones en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030.
Entre las acciones destaca reconocer el carácter multidisciplinario e interinstitucional de la reducción del riesgo de desastres, a fin de aumentar y promover la resiliencia; promover la investigación conjunta sobre los fenómenos que potencialmente ocasionan pérdidas en la región; promover la concientización y conocimiento entre la sociedad en una cultura de prevención de desastres, resiliencia y responsabilidad ciudadana.
Macías anota que quienes llevan a cabo acciones de protección civil en otros países son unidades autónomas; por ejemplo, dice, Ecuador cuenta con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es un organismo descentralizado; Colombia cuenta con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre.

Posibilidad de macrosismo de 8.5 grados

José Raúl Cantón y Lara, presidente del Congreso Nacional de Protección Civil (CNPC), alerta que se espera un sismo de magnitud considerable sobre el Pacífico, precisamente “en la brecha de Guerrero que va de Ixtapa, Zihuatanejo, hasta Acapulco, donde se ha concentrado un cúmulo de energía”, aunque aclara que no se puede predecir científicamente cuándo ocurrirá ni su magnitud, “pero se estima que podría ser un sismo de intensidad de entre 7.5 y 8.5 grados”.
La zona del Pacífico está expuesta a una mayor ocurrencia de alta sismicidad, relacionada con la actividad volcánica y el reacomodo de las placas tectónicas, por lo que de ocurrir un macrosismo, sus efectos se percibirían en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México.
El experto afirma en entrevista con Contralínea en que la protección civil no es sinónimo de bomberos ni de socorristas o paramédicos, o de rescatistas ni de policías, por lo que estima que no debe estar adscrita a bomberos ni a grupos de rescate ni de socorrismo, y mucho menos a seguridad pública o a dependencias policiacas.
En las dependencias de protección civil debe haber científicos, ingenieros civiles, licenciados en derecho y en psicología, antropólogos, geólogos, médicos especializados en medicina forense, ingenieros químicos, arquitectos corresponsables en seguridad estructural, especialistas en la gestión integral del riesgo.
La protección civil se consideraba como un conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir desastres o minimizar sus efectos. Ciertamente la implementación tiene su complejidad, pero ésta se basa principalmente en ciertas normas que reduzcan la vulnerabilidad de las zonas con mayor posibilidad de afectación, y principalmente en la educación de la población en esta materia para lograr crear cultura respecto a la protección civil.
Sin embargo, explica que las bases del Sistema Nacional de Protección Civil de 1986 cada quien las interpretó a su manera, y peor aún es que en muchas entidades federativas se elaboraron leyes sin siquiera saber lo que contenían dichas bases.
Lentamente fue madurando todo lo que involucraba la protección civil y cómo se debería manejar; entre 1992 y 2012 se produjo un retroceso al imponer a personas ineptas al frente del sistema, añade el experto en protección civil.
Advierte que insertar la protección civil en la Secretaría de Seguridad Pública, como propone el gobierno de López Obrador, “es un error garrafal”, y plantea que esta tarea compleja debe recaer en un organismo totalmente independiente y autónomo, que lleve a cabo las actividades de gestión de riesgos y prevención de desastres.
 “Justo 32 años, 5 horas y 55 minutos después del sismo del 19 de septiembre de 1985, la sociedad y autoridades de una de las ciudades más grandes del mundo, y de las más importantes de América, no estuvieron del todo preparadas para un escenario muy similar al que se vivió en el 85”, arguye César Orlando Flores Sánchez, exdirector de Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los sismos de septiembre de 2017, al igual que otros eventos desastrosos, como el impacto de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, la explosión en San Martín Texmelucan en 2010 o las inundaciones en Tabasco en 2007, son muestra de lo poco eficiente que resulta el modelo de una agencia de protección civil subordinada a despachos ajenos a la gestión de riesgos.
“Cuántas veces hay que equivocarse y seguir experimentando con errores del pasado, más aún cuando ha quedado demostrado que ese camino no ha sido el idóneo a lo largo de 30 años”, cuestiona Flores Sánchez.
Expone que México es muy vulnerable a distintas amenazas, pero el mensaje oficial que se transmite es que la gestión integral del riesgo de desastre aún no está contemplada como una prioridad, íntimamente ligada a la gestión del desarrollo sustentable, y por ende es una materia muy importante para la seguridad nacional.
Flores Sánchez advierte que el nuevo gobierno deberá entender que no es posible seguir siendo reactivos en cuestión de desastres. “Todo el ahorro y la disciplina que se obtendrá con la ‘austeridad republicana’, podría perderse en temas de reconstrucción, en lugar de invertir para la mitigación y preparación, como lo establece el marco de Sendai”.
Insiste en que no se debe confundir el tema de seguridad pública con el de protección civil “ni semántica ni coloquialmente existe una relación donde una se subordine a la otra, sino que coadyuvan entre sí para un mismo fin, pero con métodos y conceptos absolutamente diferentes y en casos específicamente definidos”.
Aglutinar varias agencias dedicadas al tema central de seguridad en la futura Secretaría de Seguridad Pública “no es adecuado, puesto que los conceptos son divergentes; es decir, no es lo mismo la política criminal que la prevención del delito, no es lo mismo la inteligencia policial que la inteligencia para la seguridad nacional, y la prevención del delito tiene técnicas y prácticas muy diferentes a la prevención de desastres”.
Añade que se requiere una autoridad única que pueda lograr la gobernanza y transversalidad que el tema exige, tanto en la administración pública federal, estatal y municipal, de manera que se asegure una gestión del desarrollo sostenible, en el marco del cambio climático.
Apunta que México necesita una autoridad autónoma en materia de protección civil que realmente pueda ejercer con independencia acciones, programas, proyectos e iniciativas encaminadas a la gobernanza, a la prevención, a la mitigación de riesgos y amenazas a la población.
 “Esto incluye la reorganización conceptual y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, recursos federales, estatales y municipales para la prevención y atención de emergencias y desastres, y la recuperación o reconstrucción de las zonas afectadas. Y, sobre todo, solventar lo más peligroso: el centralismo en la atención de los aspectos de gestión de riesgos”, enfatiza el experto.
Argumenta que la protección civil no se creó para actividades de prevención del delito ni combate a la delincuencia, sino para establecer medidas y protocolos de prevención de accidentes, siniestros y desastres, auxiliar a la población en caso de verse afectada por algún fenómeno natural, coordinando las actividades de grupos especializados, no actuando como bomberos, socorristas, ni rescatistas.
En enero de 2014, 178 municipios fueron afectados por sequías; en los primeros 15 días de enero de 2018 fueron 996.
José Réyez

Indignado por acciones estudiantiles, Díaz Ordaz olvidó su "disposición al diálogo"

Foto
▲ Concentración estudiantil en la Plaza de la Constitución, con la Catedral Metropolitana al fondo, en agosto de 1968.Foto Manuel Gutiérrez Paredes. AH/UNAM
José Antonio Román Y Emir Olivares /II
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de septiembre de 2018, p. 14
Declarada ya la mejor disposición del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz a dialogar para resolver el conflicto y la aceptación por parte de los estudiantes de efectuar un encuentro, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) convocó para el 27 de agosto de 1968 a una manifestación, que se conocería como la marcha de las antorchas. El clímax de las jornadas de protesta del movimiento ­estudiantil.
Esta marcha, a la que acudieron cientos de miles de personas, partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo capitalino. Para ese entonces, sectores populares, obreros y campesinos iban acercándose a los jóvenes y a muchos de los padres de familia. Incluso, contingentes de trabajadores electricistas y petroleros participaron en esta enorme concentración que, de acuerdo con diferentes reportes, sumó hasta 400 mil participantes.
Ya avanzado el mitin, de manera sorpresiva, Sócrates Amado Campos Lemus, representante ante el CNH de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tomó el micrófono y propuso permanecer en el Zócalo para dialogar de manera directa con el presidente Díaz Ordaz el primero de septiembre a las 10 de la mañana, el mismo día y hora en que el mandatario presentaba su cuarto Informe de Gobierno.
Esta decisión, junto con el izamiento de una bandera rojinegra en el asta del Zócalo, el intento de quemar las puertas de Palacio Nacional y una andanada de insultos contra el presidente Díaz Ordaz, coreadas al calor de la indignación por hechos violentos previos, dio al gobierno federal argumentos para la represión.
Horas después, en la madrugada del 28 de agosto, del Palacio Nacional salieron tanques para dispersar a quienes habían permanecido de guardia en la Plaza de la Constitución y desalojaron a los manifestantes, cerrándose el camino del diálogo. Hay quienes afirman que esa disposición al diálogo nunca existió por parte del gobierno.
Agosto
Martes 27. La manifestación convocada por el CNH, a la que asisten unas 400 mil personas, se lleva a cabo sin incidentes, en la misma participan contingentes de trabajadores electricistas y petroleros con mantas que decían: “Muera el charrismo sindical”, Apoyamos el movimiento estudiantil y Libertad a los presos políticos. Hubo letreros que decían: Las madres mexicanas apoyamos a nuestros hijos.
A su llegada al Zócalo, un ­contingente estudiantil entró en la Catedral, encendió las luces e hizo sonar las campanas a todo vuelo, todo con la autorización de Jesús Pérez, sacerdote de guardia y encargado en ese momento del recinto religioso. Casi al finalizar el mitin, el estudiante politécnico Sócrates Amado Campos Lemus propuso permanecer en el Zócalo para celebrar allí el diálogo ­público con el presidente Díaz Ordaz el primero de septiembre, día del ­Informe de Gobierno. Alrededor de 5 mil personas permanecieron en el sitio. Además, fue colocada en el asta central una bandera rojinegra.
Miércoles 28. A la una de la ma­drugada, varias horas después de la marcha, los batallones 43 y 44 de infantería, 12 carros blindados de guardias presidenciales, un batallón de paracaidistas, cuatro carros de bomberos, 200 patrullas y cuatro batallones de tránsito desalojan de la Plaza de la Constitución al grupo de estudiantes. A raíz de esa intervención hubo varias escisiones en el movimiento estudiantil y una actitud autocrítica dentro del mismo.
Tras la colocación de la bandera rojinegra –hay versiones de que los estudiantes colocaron una muy modesta y descolorida; en cambio, amanece una nueva, más grande y con colores firmes–, autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal organizan un acto de desagravio de la bandera nacional, en el que se obliga a los burócratas a asistir como acarreados.
Jueves 29. En la madrugada, un grupo de personas enmascaradas dispara durante 10 minutos contra la Vocacional 7. En esa acción usan ametralladoras y rifles de alto poder. Médicos residentes e internos del Hospital General, al igual que la sección 37 del Sindicato de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana, se declaran en huelga. Vecinos de la unidad Tlatelolco y estudiantes deciden realizar un mitin a las tres de la tarde. Fuerzas de la policía y del Ejército, apoyadas con 26 tanques y 13 camiones, lo impiden y ocupan la Vocacional 7. Aprehenden a 23 estudiantes que pretendían concentrarse frente a la refinería de Azcapotzalco. La muchedumbre apedrea al Ejército y éste dispara dejando un herido.
Viernes 30. El CNH llega a los siguientes acuerdos:
1) No habría mítines ni manifestaciones estudiantiles en el Zócalo durante el Informe presidencial.
2) Expresa su disposición a reunirse con autorirades lo antes posible con la condición de que el diálogo sea público y cese la represión.
3) Las comisiones estudiantiles son designadas.
4) El CNH desarrollará una ofensiva política entre todos los sectores populares mediante brigadas, que tendrán la instrucción de no provocar la represión de la policía y el Ejército.
5) El movimiento no tiene relación alguna con los XIX Juegos Olímpicos y no intentaría entorpecer su celebración.
Sábado 31. La Vocacional 7 y la Prevocacional 4, en la unidad Tlatelolco, sufren un ataque de unos 200 paramilitares del gobierno. Los estudiantes y vecinos de Tlatelolco luchan contra los granaderos y el Ejército, y desde las ventanas de los departamentos lanzan macetas, piedras, basura y todo tipo de proyectiles; muchos estudiantes y vecinos son salvajemente ­golpeados.
Gran número de estudiantes es aprehendido en esos días. En tanto, la prensa silencia o falsea la información. Alboratadores, agentes extranjeros y agitadores son algunos de los calificativos endilgados a los estudiantes y sus simpatizantes. Desde días antes del cuarto Informe presidencial era previsible que Díaz Ordaz haría referencia a estos hechos, pero se desconocía en qué términos.
La tercera parte de esta crono­lo­gía se publicará el lunes 17 de ­septiembre.