jueves, 30 de agosto de 2018

Asamblea General Extraordinaria 2018-08-30

Damnificados de los sismos exigen “borrón y cuenta nueva” a la CFE

JUCHITÁN DE ZARAGOZA._  “¡No somos morosos, somos dignos usuarios en resistencia!”.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia exigieron aquí que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, extienda para todos los damnificados por los sismos lo que prometió en Tabasco de aplicar “borrón y cuenta nueva” para los usuarios de la energía eléctrica, ya que los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son impagables.
Exigen además que el acceso a la energía eléctrica sea reconocido constitucionalmente como derecho humano y, que por ende, se pague una tarifa social justa.
Durante el octavo Encuentro Nacional de Damnificados, uno de los acuerdos fue que se suspenda el cobro por concepto de energía eléctrica en los estados afectados por los terremotos.
Pedro Antonio Gómez Patiño, de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, señaló que para que el acceso a la energía eléctrica se garantice como derecho, es necesaria la renacionalización del sector energético bajo el control de los trabajadores y usuarios, “para que las empresas privadas no lucren con nuestras necesidades imponiendo tarifas impagables”.
Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador anunció que se condonarán las deudas de “morosos en resistencia civil” de la CFE, los cuales adeudan 43 mil 320 millones de pesos, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Subrayó que los ciudadanos que estén en “resistencia civil” contra la Comisión Federal de Electricidad por “cobros excesivos” en sus recibos de luz, “no pagarán ni un solo peso”.
“Habrá borrón y cuenta nueva”, dijo López Obrador en Palenque, Chiapas.
Ante ello, los asistentes al octavo Encuentro Nacional de Damnificados demandaron que esta condonación de pagos sea general para todos los damnificados por los sismos.

Fuente

Ingreso de los 10 mexicanos más ricos equivale al de 60 millones de pobres: Graue

Una adulta mayor pide limosna en la Ciudad de México. Hugo Cruz
Una adulta mayor pide limosna en la Ciudad de México. Hugo Cruz

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, señaló que la lacerante inequidad en Latinoamérica es como un monstruo que se alimenta a sí mismo, “y si no la combatimos, nos destruirá por su propia ineficiencia”.
Graue declaró lo anterior tras la presentación del informe “La ineficacia de la desigualdad”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se analizan y miden los efectos de la falta de acceso a la salud, la educación, los ingresos y la discriminación por género o condición étnico-racial en una de las regiones más desiguales del mundo.

De acuerdo con el rector, en 2017 los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalían al total de ingresos del 50% de los más pobres, es decir, de casi 60 millones de personas. Y mientras en 2002 la fortuna de los cuatro mexicanos más ricos representaba el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), para 2014 ascendió al 9%.
“Al crecer la pobreza y acrecentarse la brecha de desigualdad, las oportunidades escasean, la desesperanza crece; se generan tensiones sociales y con ello inseguridad. La cultura del privilegio alimenta la corrupción y las carencias de los satisfactores sociales conllevan a un deterioro ambiental”, aseveró ante la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Por su parte, Bárcena explicó que el documento propone una nueva generación de políticas fiscales con énfasis en el gasto público, pero sobre todo en el combate a la evasión fiscal y los fondos ilícitos.
Además, establece que la igualdad es un valor fundamental, un principio ético irreductible y condición esencial para un modelo de desarrollo centrado en el cierre de brechas.
“Se trata de igualar para crecer, porque la desigualdad es injusta, ineficiente e insostenible, y genera instituciones que no promueven la productividad y la innovación, porque castiga la pertenencia de clase, etnia, género, y lleva a su máxima consecuencia la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, lo que es inaceptable”, subrayó en el auditorio “Maestro Jesús Silva Herzog”, del posgrado de la Facultad de Economía.
Es necesario, prosiguió, eliminar la cultura de los privilegios, que afecta principalmente a la mujer. “Si somos capaces de ir de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, podremos lograr un beneficio social que incluya no sólo a las generaciones actuales, sino también a las futuras”, comentó.
En su oportunidad, Gerardo Esquivel, académico de la Facultad de Economía (FE), expuso que el documento esboza una nueva visión macroeconómica, la construcción paulatina de un estado de bienestar y una economía sostenible, así como instrumentos para lograrlo. Esto, prosiguió, es importante en el momento que atraviesa el país, en el que una nueva administración construye sus políticas públicas.

Fuente

Proyectos en energía solar suman 5.2 mil millones de dólares en México

Ciudad de México (David García / Energía Hoy).-  La Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), dio a conocer cifras sobre los proyectos de energía solar, revelando que en México ya suman inversiones cercanas a los 5.2 mil millones de dólares, impactando en la generación de cinco mil empleos en toda la cadena de valor.
De acuerdo con el inventario de proyectos en operación comercial; es decir, aquellos proyectos que ya se encuentran entregando energía al sistema eléctrico nacional, actualmente se cuentan con 30 centrales solares de gran escala en operación comercial, que suman una capacidad instalada de 1,572 MW en once estados del país.
Cinco de estos proyectos son resultado de asignaciones por medio de la primera y segunda subastas, mismas que entraron en operación en este año. “En el país ya se generan más de dos mil MW de energía solar, una de las más competitivas y de mayor dinamismo del portafolio de generación en México. En particular, observamos que los proyectos vinculados a las pasadas subastas son ya una realidad”, indicó Héctor Olea, presidente de Asolmex.
En su Asamblea General, Asolmex informó que, con base en datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), existen 82 mil 823 contratos para generación distribuida a nivel nacional, lo que significa una capacidad instalada de 496 MW en techos solares, con ahorros de hasta 95% para usuarios residenciales, comerciales e industriales.
De igual forma, Asolmex compartió que, durante la Asamblea, los socios expresaron su confianza en la energía solar y su potencial para continuar en vías de la consolidación en el país. Muestra de ello es el crecimiento sin precedentes que ha tenido el sector en el último año, no solo en las centrales de gran escala sino también en el sector de la generación distribuida.
Héctor Olea resaltó la confianza del sector por mantener la continuidad de las inversiones bajo un marco regulatorio e institucional que brinde certeza y predictibilidad a todos los participantes. Así mismo, indicó que “México está llamado a ser una potencia mundial en energía solar y le toca ahora a la nueva administración acompañar al país en esta transformación”.

Fuente 

Nace el Clúster de Energía en Querétaro


El organismo se constituye con la integración de 20 empresas, tres instituciones educativas y ocho centros de investigación.
Nace el Clúster de Energía en Querétaro

Querétaro, Qro. El Clúster de Energía de Querétaro nace con la finalidad de potenciar el desarrollo de esta industria de la entidad, así como para forjarlo como un estado modelo en planeación, innovación, academia y cadenas de valor.
Con la integración de 20 empresas, tres instituciones educativas y ocho centros de investigación, tomó protesta el primer Consejo Directivo del clúster.
La presidenta del Clúster de Energía de Querétaro, Elisa Ávila Requena, vislumbró que se propicie un crecimiento estratégico del sector, que permitirá hacer de Querétaro un estado ejemplo.
“En Querétaro estamos trabajando colaborativamente al reunir experiencia, voluntad y recurso para contribuir al desarrollo de la región, convirtiéndonos en un modelo referente de competitividad en el nivel de especialización y compromiso con la innovación en materia energética”, mencionó.
Expuso que en la entidad han comenzado a desarrollarse proyectos de generación de energía, especialmente solar.
“Existen proyectos aislados de generación de energía, sobre todo, en lo que son sistemas fotovoltaicos a través de energía solar y algunos de cogeneración; en un parque ya iniciaron el proceso de ciclo combinados a través de gas que también es un área de oportunidad en Querétaro de gas y turbinas”, indicó.
El clúster suma tres instituciones educativas que en sus planes de estudio han incorporado carreras afines: Universidad Mondragón, Universidad Tecnológica de San Juan del Río y Universidad Tecnológica de Querétaro.
Además, se ha entablado diálogo con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), para plantear adecuaciones a sus planes de estudio.
“Arrancamos con tres universidades, porque son las que cuentan con carrera a fin al sector. Con el Conalep estamos en pláticas para la modulación de su programa para que los egresados salgan con competencias como las de las mismas universidades que ya cuentan con esta carrera”, expuso Ávila Requena.
Frente al proceso de transición en el gobierno federal, expresó que el sector espera que se impulse el desarrollo de la industria de energía, particularmente de renovables.
Contextualizó que uno de los proyectos de la nueva administración se centra en llevar energía a lugares distantes, lo cual representa una oportunidad de mercado para las empresas que ofrecen servicios de generación, instalación y distribución.
“Hay una iniciativa del gobierno federal, el poder impulsar energía a lugares muy alejados que no cuentan con ella, en este caso serían sistemas aislados a través de solar. entonces, eso nos abre un gran nicho de mercado a todas las empresas que nos dedicamos al sector energético en los diversos ramos, tanto instalación, generación, distribución”, detalló.
Con los planteamientos de fortalecer Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dijo, se tiene la expectativa de potenciar el desarrollo de la industria energética en México.

Se refuerza red

El Clúster de Energía de Querétaro se suma a la red estatal de clústeres. La conformación de estos organismos avanza con la visión de fomentar la economía desde la propia industria, declaró el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.
En el estado se han desarrollado los clústeres del plástico, médico, automotriz, de tecnologías de la información, para la innovación logística y Aeroclúster.

Cadena de proveeduría

Ante el desarrollo de la industria de energía en el país, surge el reto de incrementar la integración de empresas nacionales en la cadena de proveeduría.
Esta premisa se visualiza como uno de los objetivos del Clúster de Energía del Bajío, cuya conformación avanza con la integración de los estados de Querétaro y Aguascalientes, en tanto que está en gestiones la integración de San Luis Potosí (SLP) y Guanajuato.
El clúster surge como propuesta de las comisiones de Energía de las delegaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y Aguascalientes.
El presidente del Clúster del Bajío y presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, destacó que es necesario identificar cuántas firmas nacionales pueden añadirse a la cadena de valor del sector energético.
“Lo que buscamos con esto es que haya proveeduría local, que no pase como en otras industrias donde la cadena de valor está en puras trasnacionales por el tipo de tecnología, inversión, de trabajo. Creemos que puede haber una gran participación de empresas locales en el sector y es lo que queremos hacer en el clúster”, detalló.
En Querétaro, expuso, ya radican empresas locales que trabajan para empresas trasnacionales en las áreas de media y alta tensión con subestaciones elevadoras o subestaciones de maniobra.
Este tipo de integración en la cadena de valor, añadió, implica procesos de alta especialización y sofisticación, lo que a la vez tendrá un impacto en los sueldos, que podrían ser mayores a los de otras industrias.
“Un ejemplo muy sencillo: el diseño y la ingeniería de un parque fotovoltaico de gran escala, sobre todo de una trasnacional, seguramente va a venir desde la matriz, pero la instalación de los páneles solares, toda la obra eléctrica de media y alta tensión los pueden hacer empresas locales”, externó el especialista.
Las cualidades geográficas de los cuatro estados que integrarán el clúster convierten al Bajío en una región con alto potencial para la industria energética, al caracterizarse por una alta radiación solar y capacidad de viento, elementos clave para la generación de energías renovables, especialmente en franjas de San Luis Potosí, entidad donde se contabilizan tres parques eólicos.
El consumo de energéticos como el gas natural, gas LP y energía eléctrica también la configuran como una zona atractiva para inversionistas del sector.
“La región centro-occidente, que abarca esta parte del Bajío y otros estados más, consume casi 30% de toda la electricidad del país, que hace más sentido generar donde se consume, es por eso que ha llegado mucha inversión en esta materia precisamente para satisfacer las necesidades energéticas de cada estado”, comentó Ávila Hernández.

Reforma

La detonación del sector eléctrico, explicó, sobresale como uno de los principales logros de la reforma energética, la cual ha motivado grandes inversiones en el país.
“Con todo y que la Ley de la Industria Eléctrica se promulgó en el 2014, a cuatro años de esto, ya vemos que la inversión no para de llegar, en Aguascalientes estamos concentrando 33% de toda la capacidad del país y 18% de la capacidad instalada de subastas. entonces, pues es un hito que hace que nazca este tipo de iniciativas (el clúster regional)”, manifestó el presidente del Clúster del Bajío.
Antes de la reforma, reveló, tanto Aguascalientes como Querétaro no contaban con una plataforma energética, segmento en el que empiezan a tener presencia. Mientras que Guanajuato destaca en el sector energético a través de la refinería de Salamanca.

Confirmación

Actualmente, entre las dos entidades federativas del país confirmadas para el clúster regional, suman cerca de 100 instancias involucradas, refiriéndose a empresas, instituciones educativas y dependencias.
En los próximos días se prevé un nuevo acercamiento con representantes de Guanajuato, para dar pie a su adhesión al clúster.
Se estima que una vez que se oficialice la incorporación del resto de los estados, se llevará a cabo la constitución formal del clúster.

Seis proyectos energéticos impactarán en territorio queretano

Querétaro, Qro. A través del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) se han diseñado seis proyectos regionales que impactarían en Querétaro.
El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, instó a que se acelerara la ejecución de estos proyectos, toda vez que se ha aprobado la necesidad de llevarlos a cabo, pero no se cuenta con la autorización para su ejecución.
“Año con año se van autorizando, los proyectos son técnicos, son centrales de distribución, líneas de conducción (...) Está aprobada la necesidad de construir ese proyecto, pero no se ha autorizado la ejecución (...) Nuestra función como facilitadores es hacer notar que urgen estos proyectos para que se pueda de alguna manera acelerar este proceso de ejecución”, declaró.
Se trata de proyectos que están a cargo de la Secretaría de Economía y del  Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), este último organismo, precisó, es el encargado de autorizar los proyectos mediante el Prodesen.
“Son seis proyectos los que la Cenace ha identificado que se necesitan para satisfacer la necesidad energética no sólo del estado, sino de la región, son proyectos que benefician a la región, son proyectos regionales que benefician al estado”, explicó.
En tanto, el titular de Sedesu confirmó que sigue en proceso la construcción de un parque eólico en el municipio de Huimilpan.
“Sigue caminando, lo último que nos pidieron (los inversionistas) fue un permiso para hacer un camino de acceso para que pudiera entrar propiamente la instalación de las turbinas, sigue en marcha, no se ha cancelado”, indicó.
Se tenía previsto que este año iniciara operaciones el parque que desarrolla la firma Eólica Huimilpan SAPI  de CV; la proyección anual de producción es de 115,700 megawatts por hora.
Además de este proyecto, está en análisis otro que plantea que en un parque industrial del municipio de Querétaro, se genere energía eléctrica a través de gas: sin embargo, esta propuesta aún no está confirmada.
“Sería desarrollado por particulares, es una ventaja de la reforma energética que permite que los particulares inviertan para la generación de energía en sus instalaciones”, expuso el secretario estatal.
El desarrollo de proyectos de este tipo, abundó, propicia la autosuficiencia energética, un elemento importante para la competitividad del estado, aunado a que permite tener acceso a la energía a precios más competitivo.
estados@eleconomista.mx

Fuente

Sindicato de Telmex pide a AMLO cobrar impuestos a Netflix, Amazon y Google


El gremio señala que estas empresas, así como Apple y Facebook, usan la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones y pagan muy poco por ella, por lo que tienen negocios redituables.
Zenyazen Flores
29/08/2018
Actualización 29/08/2018 - 18:23
El Sindicato de Teléfonos de México (Telmex) pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que en su agenda digital incluya el cobro de un impuesto a Netflix, Amazon, Google, Apple y Facebook, ya que son empresas que utilizan "gratis" la infraestructura disponible para dar sus servicios.
Esto, como parte de los 14 temas que conforman la Agenda Digital por México 2018-2024, presentada este miércoles por el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez, ante trabajadores y el asesor económico de López Obrador, Abel Hibert.
"Se propone la implementación de un impuesto a estas grandes empresas tecnológicas, enfatizando que no deberá ser un gravamen sobre los consumidores. El impuesto deberá ser canalizado para el crecimiento y desarrollo del sector en las zonas marginadas", establece la propuesta.
El sindicato indicó que desde hace varios años empresas como IBM, SYSCO, Intel, Netflix, Amazon, Google, Apple y Facebook "se montan" sobre la infraestructura de los operadores fijos y móviles de telecomunicaciones para proveer servicios de diferente índole, y pagan muy poco a los dueños de la infraestructura y a los propios estados.
De acuerdo con el sindicato, esto es un "negocio redondo" ya que las compañías obtienen amplios márgenes de utilidades, lo que las hace rentables.
Otros temas de la agenda son la consolidación de un programa de digitalización universal en el país, interconectar a la mayoría de la población en los próximos años, el impulso al crecimiento de infraestructura, equidad regulatoria de telecomunicaciones, restituir al IFT la facultad regulatoria del derecho de las audiencias, entre otros.
Hibert dijo que las propuestas del sindicato serán tomadas en cuenta por el próximo gobierno, ya que hay muchas coinciden con el plan de Nación de López Obrador en materia de telecomunicaciones, por lo que anticipó que trabajarán de la mano.
Sobre la separación funcional que el IFT ordenó a Telmex, Hernández Juárez pidió a Hibert que en la medida de lo posible, el próximo gobierno ayude a revertir ese dictamen, sobre todo porque, de acuerdo con los tiempos del instituto, será en el primer trimestre de 2019 cuando deberá concretarse la separación funcional.
Consultado sobre esto, Hibert se limitó a decir que ese tema es exclusivo del IFT. 

Por primera ocasión una mexicana dirige la UFW

Notimex
 
Periódico La Jornada
Jueves 30 de agosto de 2018, p. 17
Bakersfield. La mexicana Teresa Romero asumirá la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés), la organización campesina más grande en Estados Unidos, y será la primera mujer e inmigrante en encabezarlo.
Arturo Rodríguez, actual dirigente, dejará el cargo tras 25 años, al cual llegó en 1993 después de la muerte del fundador de la UFW, César Chávez, quien junto a Dolores Huerta crearon la organización campesina en 1962.
Romero, que en la actualidad forma parte de la mesa directiva de la UFW, será la tercera presidenta de la organización y la primera mujer en llevar las riendas de la misma.
Teresa Romero tiene 60 años, nació en Ciudad de México y creció en Guadalajara, Jalisco; a principios de la década de 1980 llegó a Estados Unidos de manera ilegal, en 2002 se convirtió en ciudadana estadunidense y en la actualidad tiene experiencia en administración de oficinas y asuntos legales.

Fuente

México garantiza a EU erradicar la simulación sindical

Pacto comercial bilateral incluye un capítulo laboral que compromete a nuestro país a legislar para asegurar la negociación salarial colectiva.


México garantiza a EU erradicar la simulación sindical

En el acuerdo alcanzado por ambas partes esta semana para actualizar su Tratado de Libre Comercio (TLC), México se comprometió con Estados Unidos a emprender cambios legislativos específicos para garantizar el derecho a la negociación salarial colectiva, lo que implica terminar con los llamados “contratos de protección”.
En México estos contratos han servido durante años para mantener bajos los salarios trabajadores, quienes en numerosos casos se ven obligados a pertenecer a sindicatos cuyas dirigencias –no democráticas– renuncian a pelear por sus derechos en beneficio de los patrones. Estos sindicatos son conocidos popularmente como sindicatos blancos o sindicatos de empresa.
“El Capítulo Laboral (del acuerdo México-EU) incluye un anexo sobre representación de trabajadores en negociaciones colectivas en México, bajo el cual este país se compromete a efectuar acciones legislativas para otorgar el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”, afirmó la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) en un reporte sobre puntos generales de la negociación del nuevo acuerdo de libre comercio con México.
Más aun, de acuerdo con la USTR, México se comprometió a adoptar y mantener en la ley y en la práctica los derechos laborales como se plantean por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que implicaría, por ejemplo, la obligación de ratificar el convenio 98 de la OIT que garantiza, precisamente, el derecho a la libre sindicación.
Al garantizar este derecho, nuestro país se comprometería a garantizar tanto la libre afiliación sindical (sin condicionamientos de ningún tipo), como la libertad de los trabajadores de elegir democráticamente a sus representantes.
Diversos sindicatos, legisladores y funcionarios públicos en Estados Unidos y Canadá, países con los que México renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han manifestado que México compite deslealmente en la atracción de inversiones al tener una legislación laboral laxa que, al no proteger la negociación colectiva, da pie a salarios bajos.
“Desde la implementación del TLCAN, los salarios mexicanos, condiciones laborales y la capacidad de los trabajadores mexicanos de ejercitar sus derechos laborales, no ha mejorado, en realidad, en muchos casos ha empeorado”, acusó recientemente la AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos.
Una oferta de mano de obra calificada, pero de bajo costo, ha sido un factor crucial de México para atraer inversiones manufactureras, propiciando en numerosos casos el traslado de líneas de producción de Canadá y Estados Unidos hacia México.
El martes pasado, al reincorporarse Canadá a las pláticas del TLCAN, en Washington, DC, su canciller Chrystia Freeland destacó que la flexibilización de México en los temas automotriz y laboral en la negociación que sostuvo con Estados Unidos era vista con buenos ojos por Canadá, pues “eso beneficiará a los trabajadores canadienses”.

Pacto vinculante

Para Óscar de la Vega, abogado laboralista de la firma De la Vega & Martínez, a diferencia del TLCAN vigente en el que los asuntos laborales se trataban en un acuerdo paralelo “de buenas intenciones”, el nuevo pacto entre México y Estados Unidos introduciría un capítulo laboral, muy similar al Capítulo 19 del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que México suscribió en marzo pasado.
En éste las partes se comprometen a aplicar los rubros relativos a la libertad de asociación; derecho a la libre contratación colectiva; acceso a una justicia laboral independiente; condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos; horas de trabajo y seguridad social y ocupacional; prohibición del trabajo infantil, y prohibición del trabajo forzoso u obligatorio.
“La existencia de un capítulo laboral da mayor compromiso de los gobiernos al cumplimento de las normas, de lo contrario se incumple el tratado comercial”, opinó.
Respecto a si nuestro país podría cumplir con el nuevo capítulo, De la Vega destacó que “nuestro país ya ha adecuado su marco constitucional desde febrero del 2016, en la que se garantizan estos principios, aunque está pendiente la preparación y aprobación por el Congreso, de la ley secundaria necesaria para su aplicación”.
Se ha informado en diversos foros nacionales que gobierno y legisladores ya trabajan en una nueva propuesta, pues de las tres iniciativas que hay en el Senado, ninguna logró ser aprobada por la legislatura que acaba de concluir.
Cabe recordar que la iniciativa central, presentada por el PRI, contemplaba los plazos para desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje; crear un nuevo organismo autónomo para el registro de los contratos colectivos de trabajo, así como los plazos de la conciliación; sin embargo, no había claridad en los emplazamientos a huelga y a la manera en la que se debe transparentar la elección de los líderes sindicales.

¿Qué son y por qué EU quiere eliminar los “contratos de protección” en México?

  • Son contratos laborales colectivos utilizados por los patrones para abaratar el costo de los contratos laborales, cuando la dirigencia sindical es proclive a los intereses de la empresa y renuncia a pelear por los derechos de los trabajadores.
  • En otra de sus facetas, también son utilizados por supuestas dirigencias sindicales para extorsionar a los patrones, amenazándolos con estallar huelgas de no ceder a los intereses de los líderes.
  • En años recientes ha crecido el repudio en EU y Canadá hacia su uso, pues se considera que el tolerarlos abarata la mano de obra mexicana, lo que propicia el traslado de líneas de producción a México y la pérdida de empleos estadounidenses y canadienses.
empresas@eleconomista.mx

Fuente

Plantón de Comité del 68 y Eureka en el Zócalo

Aumenta la cifra de ausentes ante la impunidad, denuncia HIJOS
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Jueves 30 de agosto de 2018, p. 13
Integrantes de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), del Comité Eureka y del Comité 68, realizan desde el martes en la noche un plantón en el Zócalo capitalino en conmemoración del 40 aniversario de la primera huelga de hambre que realizó el Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, el 29 de agosto de 1978.
Tania Ramírez Hernández, de HIJOS México, señaló: lamentablemente, las desapariciones forzadas siguen sumando números debido a la impunidad que prevalece en el país. Subrayó que este tema es relevante no sólo porque no ha habido solución ni justicia, sino por el contexto político actual, en el que hay discursos sobre armar comisiones de la verdad y pensar leyes de amnistía. Ante esto, es fundamental recordar.
Cese a la persecución contra los luchadores sociales
Asimismo, consideró que estamos en uno de los momentos más crudos del país en el que, sin lugar a dudas, las desapariciones forzadas son el problema central.
Pasadas las 20 horas, diversos integrantes de las citadas agrupaciones llegaron a las inmediaciones de la Catedral Metropolitana cargando veladoras; al grito de ¡ni olvido ni perdon ni reconciliación! dieron dos vueltas a la plancha del Zócalo, para luego establecerse en plantón afuera del templo, donde permanecerán 40 horas, en recuerdo de las cuatro décadas de la primera huelga de hambre en demanda de la aparición con vida de los desaparecidos políticos, liberación de los presos políticos y suspensión de las órdenes de aprehensión y regreso de los exiliados, en general el cese de la persecución contra los luchadores sociales.
Recordaron que esa fue la primera de muchas huelgas de hambre, con la que se logró la liberación de varios presos políticos y se negoció una ley de amnistía, con lo que fue posible el regreso de exiliados, no obstante lo cual no se logró la presentación con vida de los desaparecidos.
Rememoraron que alrededor de las 11 de la mañana, hace cuatro décadas, 84 mujeres y cuatro hombres provenientes de diversos estados se instalaron en huelga de hambre por los motivos ya descritos.
Durante la protesta se realizan diversas actividades, entre ellas un periódico mural y se volverá a marchar alrededor de la explanada del Zócalo. Concluirá hoy, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, alrededor de las 11 de la mañana.
En algunos de los carteles se leía: fue el Estado, de él es la raíz de la violencia y el desorden.

Fuente

Padres de los 43 reprueban dichos de Peña y acusan opacidad ante “pruebas irrebatibles”

Familiares de los normalistas desaparecidos en conferencia de prensa en la CDMX. Foto: Hugo Cruz
Familiares de los normalistas desaparecidos en conferencia de prensa en la CDMX. Foto: Hugo Cruz

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de no concluir el caso por no aceptar la “verdad histórica”.
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares de los desaparecidos.

En un escueto mensaje, recordaron que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas, vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Los inconformes destacaron que, contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos, desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto, cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43, ante este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento, creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.

Fuente

Los aviones de Peña… los pagará López Obrador



 

No es “el avión presidencial”, sino la flota de aeronaves que utiliza la Presidencia de la República. Es decir, no se trata sólo de un avión, aquel que “no lo tiene ni Obama”. En total, durante el presente sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió cinco aviones y un helicóptero para uso del titular del Poder Ejecutivo.
Además, están las aeronaves que adquirió directamente la Presidencia de la República. Pero de ellas nos ocuparemos en otra entrega.
Decíamos, fueron seis las aeronaves adquiridas por la Sedena para transportar al presidente de la República. En total, el costo de la flota asciende a casi 250 millones de dólares: 248 millones 630 mil 891 dólares, para ser específicos. En moneda nacional, estamos hablando de más de 5 mil millones de pesos.
De tal cantidad, el gobierno mexicano –a través de la Dirección General de Administración de la Sedena– sólo ha pagado el 38 por ciento: poco más de 100 millones de dólares (1 mil 940 millones 990 mil 786 pesos, específicamente). Y faltan por pagar más de 150 millones de dólares o 3 mil 100 millones de pesos.
Destaca una aeronave. Por sí sola vale más del 50 por ciento del total de la flota. Claro: se trata del avión Boeing 787-8, famoso por su lujo y por estar en la polémica desde antes del inicio de las campañas electorales. Como candidato, el hoy presidente electo –Andrés Manuel López Obrador– prometió que, de llegar a la Presidencia, vendería este avión porque su adquisición era símbolo del despilfarro del régimen.
De acuerdo con un documento de la Sedena –elaborado por la institución castrense en respuesta a la solicitud de información 0000700132518–, el costo del polémico avión asciende a 125 millones 45 mil 800 dólares (unos 2 mil 501 millones de pesos). Resulta que, al 30 de julio pasado, el gobierno mexicano sólo había pagado, en pesos, 821 millones 347 mil 212 (poco más de 41 millones de dólares): el 32.8 por ciento del valor total de la aeronave. Faltarían por desembolsar 84 millones de dólares.
Conocido también como “Dreamliner”, el Boeing 787-8 fue entregado a la Fuerza Aérea Mexicana el 3 de febrero de 2016. Según la ficha genérica de Boeing para estos aparatos, el avión tiene un alcance de 14 mil 200 kilómetros, alcanza una velocidad máxima de 954 kilómetros sobre hora y, entre otras características, puede transportar a 217 pasajeros.
Ninguna de las otras cinco aeronaves adquiridas por la Sedena (y operadas por la Presidencia de la República) rivaliza en precio al Boeing. Pero tres de ellas también han significado un compromiso presupuestal importante. Las tres son Gulfstream, aunque de diferente modelo. El avión G550 fue adquirido en 54 millones 439 mil dólares (alrededor de 1 mil 100 millones de pesos). El G450, en 37 millones 750 mil dólares (unos 760 millones de pesos). Y el G150, en 15 millones 100 dólares (aproximadamente 305 millones de pesos). En total, por los Gulfstream la Sedena tiene comprometidos 107 millones 289 mil dólares, es decir, unos 2 mil 170 millones de pesos.
El documento elaborado por la Sedena informa que, al 31 de julio pasado, por los tres aviones Gulfstream sólo había pagado 633 millones 127 mil 154 pesos (unos 32 millones de dólares). Es decir, faltan por pagar alrededor de 75 millones de dólares, el 70 por ciento de la deuda.
Gulfstream es una constructora estadunidense de aviones. Se ha especializado en aeronaves militares y diseñadas para transportar jefes de Estado.
El quinto avión adquirido por la Sedena para trasladar al presidente de la República es un King Air 350i. Por él, el gobierno mexicano se ha comprometido a pagar 8 millones 86 mil 75 dólares (alrededor de 163 millones de pesos). Hasta el 30 de julio pasado sólo había pagado 46 millones 343 mil pesos: alrededor de 2 millones 350 mil dólares. Falta cubrir poco menos de 6 millones de dólares: el 75 por ciento.
El King Air 350i es un avión biturbohélice producido por la estadunidense Beechcraft. El modelo se vende principalmente a gobiernos y milicias y generalmente son empleados para realizar operaciones especiales,? como reconocimientos aéreos, servicios de ambulancia aérea, inspecciones aéreas y vigilancia.
La sexta aeronave de la flota adquirida por la Sedena para uso de la Presidencia de la República es un helicóptero AgustaWestland AW109SP. Es el único que ya ha sido pagado en su totalidad. Tuvo un costo de 8 millones 210 mil 16 dólares. Cabe destacar que, en el documento, la Sedena consigna haber erogado por esta aeronave 440 millones 173 mil 460 pesos (unos 23 millones de dólares), cantidad que casi triplica al costo señalado en el mismo documento. La institución castrense no ofrece explicaciones al respecto.
Esta aeronave es desarrollada por la compañía italiana Agusta, para uso civil y militar. Se trata de un helicóptero ligero de 8 plazas, bimotor.
Así, Peña Nieto dejará a López Obrador una deuda por miles de millones de pesos por aeronaves que el tabasqueño ya ha anunciado que no usará. Y es que el mexiquense ya se va y no pasó a pagar ni, remotamente, la mitad del dinero comprometido con Boeing, Gulfstream y Beechcraft. ¿Qué hará el nuevo presidente? ¿Podrá venderlas todas?
Zósimo Camacho

Peña Nieto será recordado por el alto endeudamiento que dejó al país


De acuerdo con expertos, es preocupante que el costo financiero de la deuda representa el tercer rubro de gasto más grande del gobierno federal.

Peña Nieto será recordado por el alto  endeudamiento que dejó al país

A dos días de que el presidente Enrique Peña Nieto entregue su sexto y último Informe de Gobierno, expertos hablan sobre los claroscuros que se tuvieron en el manejo de las finanzas públicas y su escasa contribución a la economía mexicana.
Coinciden en que el sexenio de Peña Nieto será recordado como el más endeudado, con excesos de gasto y con un superávit primario que se logró a costa de reducir la inversión pública, la cual llegó a niveles mínimos históricos.
“Al final del sexenio, tendremos una deuda histórica que se incrementó en más de 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), pasamos de 6.3 billones de pesos y vamos a cerrar el 2018 en alrededor de 11.3 billones, es decir, casi se duplica la deuda”, expuso Luis Foncerrada, economista y experto en política fiscal.
Refirió que lo peor del endeudamiento es que no se haya reflejado en una mayor inversión pública, la cual al cierre del 2017 apenas representó 3% del PIB, la tasa más baja en los últimos 80 años.
Foncerrada abundó que esta baja inversión y el mal manejo del gasto público tuvieron un efecto mínimo y hasta negativo en el crecimiento de la economía. “La contribución del gasto público al PIB en unos años fue cero, en otros fue apenas 0.2% y en otros fue negativo en -0.2 por ciento. En promedio, la contribución del gasto público al PIB fue cero”.
Al respecto, Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), criticó las estimaciones de deuda, ingresos y gastos que presentaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año en los paquetes económicos, ya que siempre cerraban el año con mayor endeudamiento y mayores gastos.
“Siempre hubo un desfase entre lo que se aprobaba y en lo que se tenía al cierre de cada año. Si bien es bueno tener cierto margen ante alguna eventualidad, en ingresos encontramos una variación de más de 11%, mientras que en el gasto veíamos una de 5%, es decir, se gastaba más de lo que se aprobaba. No es buena práctica tener este nivel de colchón”, dijo.
Mencionó que, si bien en el 2017 se logró contener el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda— como porcentaje del PIB, el efecto negativo que dejará es el mayor pago de intereses por deuda adquirida en este sexenio.
“Un dato preocupante es que el costo financiero de la deuda representa el tercer gasto más grande del gobierno federal, entonces esto ya es alarmante, incluso en el 2017 vimos que se gastó más en el servicio de la deuda que en la inversión física, lo cual te habla de un mal manejo de las finanzas públicas y del endeudamiento”, refirió.

Enfrentaron escenarios complicados

Félix Boni, director general de análisis en HR Ratings, consideró que las decisiones de política fiscal  se tomaron de manera optimista, ya que no se anticipó una caída tan drástica de los ingresos petroleros como se vio en el 2014. Además, indicó que enfrentaron ciertos escenarios que le generaron incertidumbre al país como el Brexit, la victoria de Donald Trump, y la renegociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte.
“En los primeros años, quizá no consideraron las precauciones que debieron, pero fue por factores de mercado que son difíciles de estimar (...) y han reaccionado de manera adecuada para tratar y controlar el gasto, son retos importantes para cualquier administración”, explicó.
Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), coincidió y agregó que, en este sexenio, de alguna manera se buscó no romper los balances macroeconómicos y se logró que las finanzas públicas mostraran cierta resiliencia.
“No hay que olvidar que les tocó una despetrolización de las finanzas públicas muy fuerte, lo que fue un golpe fuerte al sistema fiscal. Tuvieron tres años con bastante volatilidad, lo cual para la planeación de un sistema fiscal es veneno puro, porque te complica los escenarios”, precisó.

Faltó reforma al gasto

Villarreal destacó que, si bien la reforma fiscal del 2014 dejó mayores ingresos tributarios, no sirvieron para mejorar el manejo del gasto público. “La reforma con la que se debió haber empezado era la del gasto público, lo que nos llevó a una consolidación fiscal, en la que se logró un superávit primario, pero a costa de ajustes en la inversión”.
Guadarrama recordó el intento fallido de realizar un Presupuesto Base Cero, con el cual se buscaría eliminar la carga inercial que se ha tenido por varios años. Aclaró que el siguiente gobierno deberá hacer cambios significativos en la evaluación de programas sociales, así como un padrón de beneficiarios para tener un mayor margen en el presupuesto.
Juan Pardinas, director general del Imco, concluyó que, en efecto, hubo un mal manejo de las finanzas públicas, por lo que el siguiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá tener como prioridad no repetir los errores de endeudamiento y manejo laxo de las finanzas públicas que ocurrieron durante el sexenio de Peña Nieto.
“Se necesitará un nuevo plan de inversión que, además, verifique la calidad de la misma, que genere competitividad y mejore la calidad de vida de las personas”, acotó.

Lo bueno:

  • Mayor recaudación.
  • Menor dependencia de los ingresos petroleros.
  • En el 2017, se estabilizó la deuda.
  • Superávit primario, pero a costa de inversión.
  • Supieron enfrentar incertidumbre ante Brexit, Trump y TLCAN.

Lo malo:

  • La deuda creció más de 10 puntos del PIB.
  • La inversión pública se redujo y llegó a niveles mínimos históricos.
  • El gasto creció, pese a recortes.
  • Poco impacto del gasto público sobre la economía.
  • La economía no creció 5%, pese a reformas.
Fuente