jueves, 16 de agosto de 2018

Continuidad “Compensada” o Alternativa Real al Neoliberalismo y la Antidemocracia



Camaradas:
Por este medio circulamos el documento básico para la discusión de nuestra Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores a celebrarse los días 24 y 25 de Agosto del año en curso en el SME. El texto está a debate, las tareas también. Ahí nos vemos.
Informa la Secretaria del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. 👊🏽
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La Nueva Central de Trabajadores frente a la Nueva Situación Nacional:
Continuidad “Compensada” o Alternativa Real al Neoliberalismo y la Antidemocracia
El pueblo de México ha asestado un golpe formidable a los partidos neoliberales que lo mal gobernaron durante los últimos 30 años. El descontento social acumulado, la persistencia de innumerables luchas de resistencia obrera campesina y popular en contra de la pobreza, el despojo, la injusticia y la represión encontraron en el 1 de Julio el día y la hora para ajustarle las cuentas a quienes se enriquecieron con el remate de los bienes de la nación y el desmantelamiento del carácter social de la Constitución Mexicana.
• El Contexto Internacional
Tal acontecimiento histórico se da, en primer lugar, en un contexto internacional en el que la crisis global capitalista se recrudece y cobra nuevas expresiones. No existe ni de lejos la posibilidad de una recuperación económica prolongada o de expansión, y la búsqueda de salidas está llevando a las metrópolis imperiales, a los grandes poderes y capitales, a redefinir el mundo. En la “era Trump” se habla del fin de la globalización. Lo cierto es que se está replanteando toda la arquitectura que la globalización neoliberal armó en el periodo pasado y comienza a predominar una supuesta vuelta al “proteccionismo”, el chauvinismo fascista, la competencia entre las grandes potencias y una temida guerra comercial. Sólo que ahora el conflicto entre potencias capitalistas incluye a Rusia y, principalmente, a China. Y esa competencia y guerra comercial se traduce frecuentemente en conflictos bélicos, en intervenciones militares, en guerras regionales o en la amenaza de una nueva conflagración mundial. El peligro para la humanidad es enorme mientras el capitalismo se revuelve en su marasmo.
Como parte de lo mismo, el contexto internacional también está marcado por una ola de derechización y una profundización de los ataques neoliberales a nivel mundial. En particular en América Latina, la derecha ha conseguido con el apoyo del imperio echar para atrás o poner en peligro los avances antineoliberales que se habían conseguido en un periodo anterior, por medio de grandes campañas publicitarias con los medios masivos que controlan, campañas de desestabilización o de plano golpes de estado apenas disfrazados de “democráticos” o “anticorrupción”. El encarcelamiento de Lula es la culminación del golpe de estado que se vino construyendo en Brasil y pretende impedir una vuelta de la izquierda y las fuerzas progresistas.
Pero en aquellos países del Sur, y de hecho en toda América Latina, los pueblos resisten, los movimientos sociales y la izquierda representan e influyen en una gran parte de la sociedad de cada país, y el péndulo puede volver pronto a inclinarse a la izquierda. Es indispensable, sin embargo, sacar las lecciones también de las deficiencias y errores que facilitaron el regreso de la derecha neoliberal. Entre ellas, romper con la ilusión de que las alianzas con las derechas o sectores del capital, el “equilibrio” político, no dura prolongadamente. El capital y la derecha no perdonan. Sólo avanzar en las transformaciones sociales, políticas y económicas, y la organización determinante del pueblo pueden prevenirlo. Ni el dirigente más capaz puede sustituir eso, menos quien pretenda desde arriba y desde el “centro” mantenerse en el poder.
• El periodo de “transición”
Al tiempo que se realiza una “transición de terciopelo” entre el gobierno de Peña Nieto y el que encabezará López Obrador, las medidas neoliberales no cesan. El continuo incremento en el precio de la gasolina repercute, de manera directa o indirecta, en todo lo demás. La inflación y la carestía no ceden, y junto con el tope salarial continúan deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, por más que se hable de la recuperación del salario mínimo
Por otro lado, no sólo la supuesta “guerra en contra del narco” continúa sumando víctimas a los 150 mil muertos, 30 mil desaparecidos y 250 mil desplazados que acumula hasta hoy, sino que el clima de violencia se expande en todo el país, incluso en las esferas políticas, y siguen multiplicándose alarmantemente los feminicidios. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que legaliza la intervención de las fuerzas armadas en cualquier conflicto nacional, es una espada que pende amenazadora sobre todo el pueblo de México.
Las consecuencias de los pasados terremotos de septiembre siguen ahí, evidenciando a una clase política incapaz de hacerles frente, corrupta y preocupada más por sus carreras e intereses creados, por ejemplo con las grandes inmobiliarias, que por dar solución a las exigencias de los damnificados. Con ellos ha surgido otro sujeto social que cuestiona al estado como otros movimientos sociales en resistencia a lo largo y ancho del país.
• El Perfil del Nuevo Gobierno
Lo más preocupante es lo que las últimas semanas después del 1 de Julio han ido perfilando para el futuro inmediato de nuestro país. El tan anunciado cambio de régimen aparece ahora, por lo menos en el plano económico, como continuidad. La ruta neoliberal que ha predominado como política económica de estado se prolonga en el tiempo, a la vez que se entrelaza con la reconfiguración geopolítica del capitalismo mexicano. Como contrapeso a la continuidad económica, se perfila el despliegue de una política asistencialista orientada hacia los grupos vulnerables de la población que puedan constituirse en una sólida y amplia base social del nuevo gobierno. La composición del nuevo gobierno y la definición de sus políticas públicas obedece a estas dos grandes líneas de acción que ya lo caracterizan en primera instancia.
El gobierno nacido del hartazgo no es un gobierno de los trabajadores. Antes del 1 de Julio quedó de manifiesto que la candidatura de AMLO se desplazaba del centro hacia la derecha en la medida que matizaba su discurso y lograba la interlocución con los grupos de poder que han dominado al país. En esa misma medida el riesgo de un nuevo fraude electoral se fue diluyendo. Se alejaba la posibilidad de la ruptura con el neoliberalismo y se perfilaba la modalidad que ahora recién toma su curso. Desde luego, esos poderes fácticos lo han aceptado con la condición de determinarlo, de acotarlo, de que no vaya más allá de lo que el capital y el neoliberalismo pueden consentir. Esto lo facilita el hecho de que el gobierno y Morena se viene llenando de cuanto arribista y trepador de izquierdas y derechas pueda haber, sobre todo de tránsfugas del PRI y el PAN. El gabinete y los principales operadores políticos ciertamente no vienen de la izquierda.
La apuesta económica del nuevo gobierno apunta a la reactivación del mercado interno y la relocalización de la inversión privada hacia las zonas económicas especiales; el rescate de las empresas públicas del sector energético para recuperar renta nacional y controlar los precios del gas, las gasolinas y la electricidad; destinar recursos públicos a la producción agrícola para reactivar el campo; lograr una rápida renegociación del TLCAN que sortee las políticas proteccionistas de Donald Trump. Con estos ejes del paquete económico se pretende encarar y remontar la crisis económica del país. Complementariamente se plantea eficientizar el gasto social destinado a los programas asistenciales reduciéndolos de 150 a 50 prioritarios, incrementar la inversión pública en proyectos productivos e incentivar la economía de la frontera norte del país mediante el incremento al doble del salario mínimo, la disminución del IVA del 15 al 8% y del impuesto sobre la renta del 30 al 20%. Ciertamente, tales medidas podrán tener un impacto económico en un primer momento, pero no resuelven de fondo los lastres dejados por el neoliberalismo ni sientan las bases para un desarrollo sostenido y justo para el país.
• La Disyuntiva
El estado de ánimo de los sectores populares que votaron por la coalición “Juntos Haremos Historia” tiende a disiparse conforme se integran los equipos de transición, secretarias de estado y se confirma que no habrá marcha atrás a las reformas estructurales, a excepción, y limitadamente como ha señalado la CNTE, de la educativa que podría tener contados sus días. La efervescencia, sin embargo, aún sobrevive en algunos sectores sociales que o bien se beneficiarán directamente de las políticas asistenciales del nuevo gobierno o guardan la esperanza de que la suma de concesiones al gran capital nacional y extranjero solo sea parte de una estrategia de “engaño” que a la larga pueda revertirse con un súbito giro a la izquierda.
En cualquier caso, en los próximos meses y sobre todo después del 1 de julio casi todo escenario probable conduce a una situación nacional altamente conflictiva, a una enorme crisis política, y probablemente económica, que puede conducir a la reconfiguración del estado y puede abrir compuertas para redefinir a la nación si hay un sujeto social que lo pueda capitalizar. La victoria electoral no significa que estarán garantizados los intereses y reivindicaciones del pueblo trabajador, de las comunidades y pueblos, de los jóvenes y mujeres, la democracia verdadera o el desarrollo soberano de la nación; ni siquiera es seguro que se reviertan las reformas neoliberales o se recuperen los bienes nacionales privatizados. En realidad, lo que significará es que se abrirá la verdadera disputa, entre el capital y el trabajo, entre la democracia y el autoritarismo, entre la izquierda y la derecha, entre los movimientos sociales y los partidos, por definir el rumbo de la nación. Ahí iniciaría realmente la famosa “transición”. Pero la transición siempre va para algún lado. La derecha y los poderes fácticos, y las metrópolis imperiales, jalarán a ese gobierno hacia sus intereses o lo harán caer; la clase trabajadora, los movimientos sociales, la izquierda, debemos actuar para que ese momento político de transición, ese cambio político derivado de las elecciones, conduzca hacia la izquierda, hacia un proceso de transformación real del país bajo un gobierno constituyente verdaderamente representativo de la mayoría del pueblo mexicano. Aun para quienes desde los movimientos sociales hayan apoyado esta candidatura esta será la disyuntiva.
• La Lucha por la Libertad y la Democracia Sindical en la Nueva Situación
Pese a todo, la derrota del PRI encierra enormes posibilidades de retomar la lucha por la democratización de los sindicatos y en general del mundo laboral. El debilitamiento del sindicalismo corporativo es manifiesto. Tanto así que en la segunda semana del mes de julio ya habían declarado, y lo siguen haciendo, a los cuatro vientos en sendas publicaciones de página entera su alineamiento con el gobierno de AMLO. Este por su cuenta, ha reiterado que no intervendrá directamente en contra de las direcciones charras afiliadas al PRI que encabezan al SNTPRM y al SUTERM, señalando que en todo caso serán los propios trabajadores quienes los releven bajo sus propios procedimientos estatutarios. No ocurre lo mismo en los sindicatos de empresa que emprenden la lucha por la libertad sindical donde el aparato patronal-sindical sigue imponiendo sus violentos métodos represivos para doblegar a los grupos en rebeldía que les disputan la conducción de la lucha obrera. Goodyear y Laboratorios Zerboni son ejemplo de ello. Está en veremos si López Obrador termina aceptando pactar con el viejo aparato corporativo, como en su momento también lo hizo Fox.
Vulnerable, al centro de la ofensiva mediática y sin respaldo oficial, el charrismo sindical de los anteriormente “poderosos” sindicatos nacionales de la industria energética y de los menguados servicios públicos de la salud y educación se hayan imposibilitados para retomar el control de sus bases. En el corto plazo viven una especie de periodo de gracia en tanto las fuerzas democráticas que buscan desplazarlos y los tiempos estatutarios maduran el proceso de relevo que por lo menos en el caso del sindicato petrolero es inevitable. ¿Qué vendrá después? ¿Cómo se repondrá la democracia en un sindicato que por décadas ha estado dominado por el corporativismo?
El primer impulso democratizador derivado de la derrota priista pudiera tener poco alcance y tender a localizarse en los sindicatos ya referidos. Un segundo impulso tendría que detonarse desde adentro y fuera de un sindicalismo en movimiento, sobre todo aquel que está asentado en las empresas privadas de la agroindustria, la maquila y la mediana industria y las industrias de punta ligadas al mercado exterior (automotriz, aeronáutica, autopartes, etc.). Esta lucha por la democracia sindical está dirigida en contra de los contratos y sindicatos de protección patronal lo que nos confrontan con las mafias sindicales que le dan garantías de control al capital. Tratándose de un proceso no espontaneo requiere de una elaborada planeación estratégica. La Nueva Central de Trabajadores tendrá que asumir esta tarea.
Podríamos decir que el proceso de recomposición del sindicalismo mexicano se ha puesto en marcha. Su impulso dará lugar a una nueva configuración de lo que hoy conocemos como sindicalismo corporativo. Su desmantelamiento no necesariamente dará lugar por si mismo al fortalecimiento del sindicalismo independiente. Para evitar la debacle es predecible su transformación en organizaciones neo corporativas a modo de respaldar las líneas de acción del gobierno en turno. Este proceso puede derivar al surgimiento de un nuevo agrupamiento sindical promovido desde el mismo gobierno cuyo eje central sea recuperar cierta capacidad de negociación sindical dentro de los parámetros de la reforma laboral del 2012 y sin cuestionar de fondo la relación capital trabajo. La Nueva Central de Trabajadores debe aparecer como una alternativa a esta recomposición de charrismo y ofrecer una alternativa real de organización autónoma. La liberación de Elba Esther Gordillo deja entrever la posibilidad de reciclar al charrismo sindical como contrapeso a los procesos de insurgencia sindical que puede detonar la coyuntura política y a favor de la “gobernabilidad” neoliberal del país.
A fin de evitar una recomposición del sindicalismo que derive en la prolongación del sometimiento político e ideológico de la clase trabajadora es necesario lanzar una iniciativa que reagrupe al sindicalismo democrático e integre a los desprendimientos del sindicalismo corporativo y de protección patronal cuya articulación gire en torno a la democracia sindical, independencia política, autonomía de clase y emancipación social, cuya lucha reivindicativa se exprese en una plataforma de lucha común que plantee la solución a los principales problemas económicos y sociales que viven a diarios los millones de trabajadores asalariados y asociados en el campo y la ciudad, el mar y el aire.
• Hacia la Convención Nacional Democrática de los Trabajadores.
Las condiciones estructurales que dieron paso al malestar social que derivo en el voto de castigo en contra de los neoliberales de Acción Nacional y del PRI no van a cambiar substancialmente. La continuidad del modelo está garantizada en la preservación y continuidad de las reformas estructurales impuestas en el último tramo de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La persistencia del modelo arrastrará tras de sí a todo el caudal de prácticas de expoliación del trabajo que derivan de la reforma laboral del 2012. El problema del desempleo, la terciarización, los bajos salarios, la sobre explotación de la fuerza de trabajo que en resumen han precarizado el trabajo no encontrarán una solución en las políticas del gobierno de AMLO. Será necesario promover distintas iniciativas de carácter legislativo para desmontar el andamiaje jurídico y procedimientos administrativos que someten a los trabajadores a favor del sindicalismo corporativo y patronal. Ahí estará sobre la mesa el destino de la reforma laboral pendiente para reglamentar la reforma constitucional del 2017. Así mismo, emplazar al gobierno a la solución de las demandas de los trabajadores mediante el diálogo y la movilización social sustentada en una plataforma de lucha unitaria del movimiento sindical y cooperativista democrático. La Estructura Ejecutiva Nacional tiene ya una propuesta de ruta para el impulso de este proyecto.
Como parte de esta estrategia proponemos una campaña nacional por la libertad sindical desplegada desde nuestra propia plataforma y de ser posible en alianza con otras fuerzas del sindicalismo democrático. Esta campaña es imprescindible para impulsar un nuevo ciclo de luchas obrero sindicales que tienen el propósito de alcanzar la independencia política de la clase trabajadora comenzando por la recuperación de las organizaciones sindicales de los trabajadores ahora en manos del corporativismo y el control patronal. Esta campaña debe estar ligada a la campaña de la organización de los no organizados.
La campaña por la libertad sindical debe desplegarse a nivel nacional y contar con todos los medios para sensibilizar a los trabajadores, orientar jurídicamente sus luchas, formar política e ideológicamente a sus activistas y dirigentes y fomentar la articulación de sus luchas con otras plataformas populares. Los compañeros del Cilas presentarán una propuesta a la Conferencia Nacional.
• La agenda del movimiento social independiente.
En todo el proceso electoral de 2018 predominó la lógica de privilegiar el fortalecimiento de régimen de partidos. La discrecionalidad en el tratamiento de las candidaturas independientes, la exclusión de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno del proceso político, la exclusión del movimiento social de las coaliciones electorales y la ausencia de un frente político popular de carácter nacional que pusiera en la mesa su propio proyecto alternativo de nación terminaron por facilitar un relevo de poder, que por la vía electoral, desplazo sin grandes convulsiones políticas y sociales, a una fracción política de la oligarquía que gobernó por tres décadas al país, e instauró mediante el voto popular a un gobierno de coalición que, salvaguardando la continuidad del modelo, asume la necesidad de contrarrestar la polarización social que emerge de sus entrañas. Dicen entonces que ganó la democracia.
La exclusión del movimiento social independiente del poder ejecutivo en sus tres niveles de gobierno y cámaras del poder legislativo, con sus pocas excepciones, advierte la ausencia de una alianza formal del movimiento social con el nuevo gobierno; su proyecto político aparece entonces como continuidad de la lucha social por otros medios aún y cuando en el movimiento social perfiló en el último período distintos proyectos alternativos de nación de carácter antineoliberal que coincidían en la necesidad de convocar a una Nueva Constituyente de carácter popular. Esta vía, sin estar cancelada, no fue adoptada por el nuevo gobierno. Sin embargo, para el campo popular sigue siendo un eje central de su proceso de acumulación de fuerzas histórico.
Es imperativo construir un gran polo social alternativo capaz de influir en la conciencia de la gente, de abrir combate a la derecha neoliberal, de ser articulador del descontento social, de representar un dique contra la represión, de ser un bastión en la defensa de la democracia, de representar un verdadero contrapeso en el escenario político, de contrarrestar las tendencias de adaptación al sistema, de constituir una verdadera alternativa transformadora. Hay que empezar a hacerlo desde hoy.
Pero hay que ser objetivos e ir colocando piedra sobre piedra. Es necesario reconocer que el movimiento social y la resistencia están sumamente dispersos. Los intentos de unidad no dan el ancho y, siendo varios, son prueba precisamente de que no hay unidad.
En este camino es necesario avanzar en círculos concéntricos, en ir colocando cada engrane en su lugar. Indudablemente lo primero es relanzar la construcción de la propia NCT, retomar los acuerdos del Segundo Congreso. Este es el primer nivel de unidad, el estratégico de clase, entre las organizaciones que están comprometidas en avanzar en el nivel de organización de la clase trabajadora entendida en su sentido más amplio. Retomar los acuerdos del Segundo Congreso en sus distintos carriles, de manera central retomar el lanzamiento de una campaña de organización de los no organizados en las filas de la NCT, es el primer paso indispensable.
Al mismo tiempo, debemos proponernos levantar un bloque unitario con nuestros más cercanos aliados estratégicos, como la ANUEE y la Confederación de Jubilados. En el mismo nivel de unidad estratégica, aunque quizá en otra pista, deberíamos buscar consolidar las alianzas con el Consejo Indígena de Gobierno, o sea con los pueblos originarios, y con los movimientos y comunidades en resistencia a los megaproyectos, a la minería, en defensa del territorio y el agua, etc., así como con la CNTE.
Tales pasos son necesarios para buscar de una manera más sólida y eficaz una unidad más amplia con todas aquellas fuerzas sociales dispuestas a conformar un gran polo social alternativo, un sujeto social capaz de construir grandes movilizaciones y cambiar la correlación de fuerzas, cualquiera que sea el nuevo gobierno que surja. Un gran evento nacional de los movimientos sociales para discutir las perspectivas de la lucha para derrotar al neoliberalismo y avanzar en la transformación social del país más allá de las elecciones es una tarea que tenemos enfrente.
• La Convergencia de Plataformas.
A lo largo de la obscura noche neoliberal se han desplegado innumerables luchas de resistencia a lo ancho y largo del país. 30 años de resistencia popular acumularon una basta experiencia de lucha, de formas organizativas y procesos de construcción que hoy en día cobran vida en organismos populares sectoriales y/o temáticos constituidos que adquieren un carácter nacional.
Las plataformas constituidas para resistir el despojo de la tierra y el agua, la imposición del extractivismo y la minería a cielo abierto, la cancelación de los derechos sociales y la accesibilidad a los servicios públicos, la violación de los derechos humanos y golpeteo a las libertades democráticas y la precarización del trabajo que se desarrollan de manera unilateral pueden articularse en una plataforma común mediante un proceso de convergencia que unifique y dirija sus fuerzas. Una plataforma de esta naturaleza tendría que sujetarse a principios básicos de independencia y autonomía, y procurase un programa de lucha anticapitalista que le permitiera acumular fuerzas en una perspectiva de cambio profundo en nuestro país ensayando múltiples formas de integración comunitaria que perfilaran alternativas de organización social y económica, constituyeran nuevas formas de organización de contrapoder social y perfilaran la lucha política popular en mejores condiciones. En primera instancia la estructura ejecutiva ha diseñado un proceso de articulación de estas plataformas mediante un diálogo inicial que sopese esta perspectiva.
• La Disputa por la Nación
La Nueva Central de Trabajadores asume que la lucha por una verdadera transformación democrática de México y por enterrar al nefasto modelo neoliberal aún está por delante. Advertimos del riesgo de que todo cambie para que todo quede igual, de que este acontecimiento histórico no conduzca a los cambios que está exigiendo el pueblo de México. Ya lo vivimos cuando el triunfo de Fox con el que se nos vendió el cuento de la “alternancia” para que nada cambiara. Hoy el signo de la victoria es distinto, pero ahí siguen los viejos poderes económicos y políticos listos para frustrar las aspiraciones populares y para inclinar a la nueva presidencia hacia sus intereses. Y ahí están también visibles las señales en el futuro gobierno y su partido de reciclar los residuos del viejo régimen y no trastocar de fondo sus nefastas políticas económicas neoliberales. Sin el protagonismo político de los trabajadores organizados, la derrota electoral de los partidos neoliberales puede convertirse en un simple reacomodo de fuerzas al interior del bloque dominante, en el desplazamiento de una fracción política por otra que entra al relevo para remontar la crisis de legitimidad del régimen de partidos.
A pesar de la importante victoria, el pueblo de México debe asumir que con la sola votación no hay garantías para que se cumplan sus reivindicaciones. Sólo la profundización de la participación y la organización del pueblo trabajador, de las comunidades, de los pueblos originarios, de los campesinos, de las mujeres y los jóvenes, puede ser la garantía del cambio verdadero.
Los trabajadores, en particular, no pedimos dádivas, sólo exigiremos que se respete por fin nuestra libertad de deshacernos del control corporativo, de los charros corruptos, de los sindicatos de protección y que no se obstaculice nuestro derecho de organizarnos en sindicatos auténticos. Que se incremente no sólo los salarios mínimos, sino los profesionales y, sobre todo, que se acabe con el ignominioso tope salarial.
La Nueva Central de Trabajadores llama a la constitución de un poderoso polo social que exija al nuevo gobierno el cumplimiento de sus compromisos hechos en campaña; que contrapese a los poderes económicos, políticos y mediáticos de siempre que buscarán mantener al país bajo su control o desestabilizarlo como lo han hecho en otros países; que empuje por llevar a la nación a una verdadera transformación democrática y social.
La coyuntura que se abre, la enorme crisis política que se está profundizando, aunque sin subestimar sus riesgos, podría ser favorable para darle vuelta a la tortilla, para salir del abismo y la posición defensiva a otra en la que el pueblo trabajador vuelva a tener el protagonismo en la reconstrucción de la nación.
Fraternalmente.
ESTRUCTURA EJECUTIVA NACIONAL DE LA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES
México agosto de 2018

Prepara SME primera oficina comercial

Reforma | Viernes 10 Agosto 2018 | 08:06 hrs

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Ciudad de México— El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ya tiene lista una de sus primeras oficinas de cobranza de su empresa Suministro Básico del Centro (SUBACE), con la cual venderá electricidad a usuarios residenciales.

Se trata del inmueble ubicado en Juárez 90, en el Centro Histórico, que fue una oficina de cobranza de la extinta Luz y Fuerza del Centro y, tras la liquidación de la empresa, se convirtió en oficina de Comisión Federal de Electricidad, la cual ahora fue recuperada por el SME.

De acuerdo con comerciantes de la zona, hace cerca de un mes concluyeron los trabajos de remodelación y hace unas dos semanas se instalaron las mamparas rojas con el nombre de la empresa que operará, mismas que lucen cubiertas por plástico negro.

Los vendedores confirmaron que quien realizó los trabajos de remodelación fue personal del SME.

"Era en donde estaba el de la Comisión Federal, entonces lo recuperó el SME, ellos mismos lo remodelaron, ellos mismos pusieron esos anuncios, pero así los pusieron tapados, pero no sabemos qué va a ser", contó Román, uno de los comerciantes de la zona.

Cabe recordar que el edificio fue entregado a la CFE tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en 2009; sin embargo, en diciembre del año pasado el SME recuperó las instalaciones que se ubican en una superficie de terreno 746.6 metros cuadrados.

En marzo pasado, Martín Esparza, secretario general del Sindicato, informó a través de una de las plataformas informativas para trabajadores, que la primera sucursal de SUBACE se ubicaría en el edifico de Juárez 90.

Esta semana, la Comisión Reguladora de Energía otorgó el permiso a SUBACE y otras dos empresas para comercializar electricidad a usuarios residenciales a partir de 2019.

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Tamaulipas tendrá uno de los parques eólicos más grandes de AL

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).-  Con una inversión de 600 millones de dólares, Tamaulipas tendrá uno de los parques eólicos más grandes de América Latina y será la primera en asegurar su financiamiento a través de la Banca de Desarrollo nacional y comercial, para llevar a cabo desde las obras de ingeniería, hasta su enlace al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El complejo eólico es resultado de la segunda Subasta Eléctrica de Largo Plazo, la empresa mexicana Zuma Energía lleva a cabo la construcción del Parque Eólico Reynosa, señaló el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la inauguración de su infraestructura de interconexión.
Los más de 120 aerogeneradores que tendrá este proyecto sumarán un potencial de generación de 420 megawatts, suficiente para abastecer el consumo eléctrico de un millón cien mil hogares mexicanos. Además, se dejará de emitir 739 mil toneladas de dióxido de carbono.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo Tamaulipas es el estado de la energía por excelencia en porque goza de vastos recursos para el desarrollo de proyectos eólicos. Adelantó que habrá más proyectos en conjunto con universidades estatales y la Sener para impulsar el desarrollo de capital humano en el sector energético a nivel local, regional y nacional.
Refirió que para 2024 México se comprometió a generar 35 por ciento de toda su energía de forma limpia, por lo que Tamaulipas jugará un papel muy importante para lograr dicha meta. También agradeció a las autoridades y, en particular a los representantes ejidales y dueños de los terrenos, quienes cooperaron para que esto fuera posible.
Por su parte, el Director de la empresa Zuma Energía, Adrián Katzew, aseguró que el éxito de este proyecto se debe al trabajo del equipo que dirige, el profesionalismo y calidad de los contratistas, así como la estrecha colaboración con las distintas instancias nacionales, estatales y municipales que, en el ámbito de su competencia, tienen un papel fundamental en la ejecución del proyecto.
Joaquín Coldwell, señaló que con sólo tres subastas concluidas y con una inversión de 8 mil 600 millones de dólares, se adicionarán cerca de 7 mil megawatts de capacidad renovable a 2020, equivalente al 10 por ciento de todo el SEN.
“Más de la mitad de las entidades de la República se beneficiarán con la instalación de 65 nuevas centrales, de las cuales el 30 por ciento serán eólicas y entregarán energía al suministrador a precios altamente competitivos”, agregó el Titular del ramo energético.
Además, expuso que a principios de noviembre finalizará la cuarta Subasta Eléctrica, que buscará comprar potencia, energía verde y certificados de energía limpia.
“La Reforma Energética ha posicionado a México entre los diez principales destinos a nivel global con mejor regulación para invertir en proyectos limpios. Éste, es uno de los mayores legados en materia ambiental que el actual gobierno dejará al país y, además, una formidable aportación a la transición energética y a los esfuerzos mundiales de lucha contra el cambio climático” concluyó el Secretario de Energía.
En el evento también participó José Alfonso Peña Rodríguez, Presidente Municipal de Reynosa. Asimismo, estuvieron presentes Luis Guillermo Pineda Bernal, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); Andrés Fusco Clynes, Comisionado de Energía de Tamaulipas; Ismael García Cabeza de Vaca, Senador Electo por Tamaulipas; Maky Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal Electa de Reynosa; y Gilberto Estrella Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Por parte de la empresaria mexicana a Zuma Energía también asistió Petros Lamprinos, Director de Operaciones.

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Equipo de AMLO y gobierno de EU evalúan alianzas bilaterales

Ciudad de México (Iliana Chávez y Energía Hoy).- La virtual secretaria de Energía en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle García se reunió con el Secretario de Energía de USA, Rick Perry en la Ciudad de México, informó en su cuenta de twitter.
“Hoy en la CDMX tuvimos una interesante reunión y de mutuo respeto con el Secretario de Energía de USA, Rick Perry. En el Gobierno de @lopezobrador_ el sector energético va a interactuar en el ámbito de las relaciones internacionales con todos los paises del mundo. @SecretaryPerry”.
La reunión se dio en el marco del First Global Challenge 2018 y se discutieron las alianzas bilaterales en el sector. La visita de Perry fue para reunirse con funcionarios del Gobierno de México actual y entrante para dialogar sobre la continuidad de fuertes alianzas energéticas bilaterales entre los Estados Unidos y México.
Nahle García también comentó que “grande es la responsabilidad que nos otorga nuestro Presidente Electo @lopezobrador_ para trabajar por la sustentabilidad y seguridad en el sector energético. Con producción y construcción vamos a servir a nuestro pueblo en esta área estratégica”.


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Controlan 46 nuevas marcas de gasolinerías 24% del mercado

La mitad de las estaciones compran productos a Pemex
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▲ En un recorrido realizado ayer se constató que el precio en estaciones de la franquicia Pemex es menor al de sus competidoras.Foto Pablo Ramos
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de agosto de 2018, p. 22
Las 46 nuevas marcas de gasolineras controlan ya 24 por ciento de las estaciones de servicio y en consecuencia del mercado de ventas y distribución de combustibles en el país tras la apertura del sector energético, revelan informes oficiales.
Cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) precisan que de las 12 mil 16 gasolineras diseminadas en el país, 2 mil 960 son marcas distintas a la franquicia Petróleos Mexicanos (Pemex).
Un fenómeno notorio es que las nuevas marcas en lugar de construir nueva infraestructura se dedicaron a comprar estaciones de servicio con franquicia de Pemex y sólo cambiaron la imagen.
Las marcas que más se han extendido son Oxxogas, con 464 estaciones de servicio; Grupo Gasored, 238; Petro 7, 233; BP, 223; Hidrosina, 204; Orsan y G-500, con 137 cada una.
Otras marcas de recién ingreso al mercado son: Redco, Grupoeco, ExxonMobil, Gasmart, Lodemo, Nexum, Shell, Rendichicas, Full Gas, Gulf, Repsol, Ruta Gasolinera, Arco, VipGas, Chevron, Rendimax VIP, GasMex, El Rey Gasolineras, Total, Smartgas, Gastop, Supercarga, Cotsco, Appro, Black Gold, Soriana, Combured, Energía DG, Kpetrom, Sunoco, Gaxo, Akron, Good Price, Maxfuel, Aledyj, Carvel y F.
De las 2 mil 960 gasolineras con imagen y marca diferente a la franquicia de Pemex, mil 321 compran productos a la petrolera mexicana.
De éstas, 341 operan bajo la figura de sublicencia de marca y 980 utilizan nombres de otras firmas.
Del total de estaciones de servicio con el nombre de Pemex, 10 mil 736 son privadas y operan como franquicias; las 46 restantes son propiedad de Pemex Transformación Industrial (TRI).
Pese a la participación de más empresas en la venta al público en el mercado de los combustibles los precios continúan a la alza sin ningún beneficio para la población.
En un recorrido realizado ayer en diversas gasolineras se constató que el precio en estaciones de la franquicia Pemex es menor al de sus competidoras.
En la estación de Pemex ubicada en Miguel Ángel de Quevedo esquina con Pacífico, de esta ciudad, se comercializó el litro de gasolina Magna en 19.49 pesos y la Premium en 20.89 pesos por litro.
En la estación G-500 localizada en el eje 3 Oriente y esquina Taxqueña, la gasolina categoría similar a la Magna se vendió en 19.48 pesos y la equivalente a la Premium en 20.90 pesos. Por su parte, en una estación de BP también sobre avenida Taxqueña, el litro de gasolina equiparable a la Magna se vendió en 19.57 y la de categoría similar a la Premium en 21.03 pesos por litro.

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CRE aprueba modificaciones para facilitar el uso de gasoductos

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó una modificación a las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural. Con esta modificación, se simplificaron los procedimientos, requisitos y plazos para que los permisionarios lleven a cabo temporadas abiertas.
La Comisión recibió comentarios de permisionarios y usuarios de los sistemas de transporte de gas natural que fueron tomados en cuenta para llevar a cabo dicha modificación en la sesión del Órgano de Gobierno del pasado 3 de agosto.
La CRE ha otorgado 71 permisos de transporte de gas natural por medio de ducto de acceso abierto, de los cuales 47, que representan una inversión de 11 mil 767 millones de dólares, corresponden a los permisos otorgados en los últimos cuatro años.
Con esta decisión, la CRE contribuye al fortalecimiento del mercado de gas natural al facilitar los medios que permitan tener disponibilidad del hidrocarburo, abonando así a la seguridad energética del país. El gas natural es un combustible competitivo que reduce costos e impacto ambiental de procesos industriales y de generación eléctrica.
Con esta modificación, los transportistas de gas natural deberán someter a aprobación de la CRE, por única ocasión, un procedimiento de Temporada Abierta que podrán aplicar siempre que requieran poner a disposición del mercado capacidad disponible en su infraestructura de gasoductos.
La modificación establece procesos ágiles y de bajo costo para las cesiones de capacidad, tanto entre usuarios como a través del permisionario. Se precisa que los usuarios podrán pactar bilateral y libremente las condiciones aplicables a la cesión de capacidad que realicen.
También se establece la obligación de pagar al permisionario la tarifa acordada en el contrato original, priorizando la protección de los intereses de los transportistas. Dicha modificación beneficia a transportistas y consumidores de gas natural.
Por un lado, favorece la máxima utilización de la capacidad en los sistemas y, por otro lado, fomenta la publicidad y transparencia de la información en beneficio del desarrollo del mercado de gas natural en México. El despliegue y utilización eficiente de la infraestructura de gas natural facilitará atender la demanda de este hidrocarburo en industrias, comercios y hogares en el país.
La CRE sometió a consulta pública el proyecto de modificación de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural.

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Un nuevo portal permitirá a los trabajadores denunciar de manera más ágil la violación de sus derechos

Durante la presentación del portal, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, afirmó que “la violación a los derechos laborales de las y los trabajadores constituye una realidad inaceptable hoy en nuestro país”.


Foto: @1campa

Todos los días se registran en nuestro país despidos injustificados, solicitudes de pruebas de embarazo o de VIH, acoso sexual y hostigamiento laboral. Todas estas acciones van en contra de los derechos laborales de los trabajadores y por esta razón, varias ONG´S y el gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal para la Defensa de los Trabajadores (Profedet) lanzó un nuevo portal que busca agilizar las denuncias.
Durante la presentación del portal, en el que trabajan de manera conjunta ONU-Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Alianza Heartland México, entre otras, el sectario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, afirmó que “la violación a los derechos laborales de las y los trabajadores constituye una realidad inaceptable hoy en nuestro país”.
En ese sentido, dijo que “los espacios de trabajo deben constituirse como impulsores tanto del desarrollo nacional como personal, donde los trabajadores alcancen sus proyectos de vida. Por ello, es inaceptable que 26 por ciento de las mujeres que trabajan o trabajaron hayan sido víctimas de algún tipo discriminación; solamente por el hecho de ser mujeres”.
La Profedet lanzó el micrositio http://profedet.noip.me/ que proporciona orientación y además, busca facilitar el ejercicio de los derechos laborales.  “Si los trabajadores consideran que sus derechos son violados,  aquí encontrarán la manera de presentar denuncias. El micrositio conduce de manera automática y notifica a las autoridades, dependiendo de la situación de que se trate, para que se puedan activar de manera inmediata”, indicó Campa Cifrián.
Cabe señalar que, al visitar el sitio, en menos de 3 minutos, los trabajadores de México podrán comprobar de manera fácil, amigable dónde deben acudir para recibir asesoría gratuita si sufren alguna situación de  discriminación, violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual en materia laboral, derechos humanos y penal entre otros a la vez que se despliega un oficio de referencia dirigido a las instituciones que atienden los casos correspondientes.

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El empleo informal aumenta un 3.3% en México: INEGI

 
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CIUDAD DE MEXICO (apro).- En el segundo trimestre del año, 30.5 millones de personas se desenvolvieron en el ámbito laboral informal, cifra que representó un incremento de 3.3% respecto del mismo lapso de 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según el reporte, el número de personas que se encuentran ocupadas en el país ascendió a 53.8 millones, y al menos el 56.6% de la fuerza laboral se desempeña en la informalidad.

El empleo informal o medición ampliada de informalidad se refiere a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, y aquellos cuyo vínculo (o dependencia laboral) no es reconocido por su fuente de trabajo.
En esta tasa se incluye –además del componente que labora en micronegocios no registrados o en el sector informal– a otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.

De los 30.5 millones de informales, 14.8 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, es decir, aquella población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar.
Los restantes 7.6 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.9 millones al agropecuario, y 2.2 millones al servicio doméstico remunerado.
Otra forma de caracterizar a la población ocupada es en función de su condición de subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario.
Al respecto, durante el periodo abril-junio de 2018 la población sub-ocupada en el país fue de 3.8 millones de personas y representó 7.1% de las personas ocupadas, tasa inferior a la de igual periodo de 2017, que fue de 7.2%.
Desempleo a la baja
El panorama es precario en el mercado laboral del país, pese a que el desempleo continuó a la baja.
Según el INEGI, la ocupación muestra distintos grados de intensidad, según sea la perspectiva desde la cual se le observe. Una de éstas es la que se refiere a la población con trabajo cero, que se ubica entre la ocupada y la no económicamente activa, es decir, población desocupada, que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo.
De esta forma, en el segundo trimestre del año la población desocupada en el país se situó en 1.9 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente (TD) fue de 3.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje menor al 3.5% de igual trimestre de 2017.
Sin embargo, al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, donde está más organizado el mercado de trabajo. Y es así que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la tasa llegó a 4%.
Las entidades que durante el segundo trimestre de 2018 observaron las tasas de desocupación más altas respecto de la PEA fueron: Tabasco, con 6.4%; Ciudad de México, 5.1%; Coahuila de Zaragoza, Estado de México y Nayarit, con 4.1% de manera individual; Querétaro, 3.9%; Tamaulipas, 3.8%; Durango y Sinaloa, 3.7%; Sonora, 3.6%, y Baja California Sur y Nuevo León, 3.5% cada entidad.
Panorama de la población ocupada
La ENOE dejó ver que al interior de la PEA es posible identificar a la población que estuvo participando en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (población ocupada), que en el trimestre en cuestión alcanzó 53.8 millones de personas.
Poco más de la mitad de la población ocupada (50.8%) se concentra en las ciudades más grandes del país (de 100 mil y más habitantes y/o capitales de estado); le siguen las localidades rurales (menores de dos mil 500 habitantes) donde se agrupa 20.3% de la población ocupada total, mientras que los asentamientos que tienen entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) albergan 14.9%. Finalmente, el resto de los ocupados (14%) residen en localidades de 2 mil 500 a menos de 15 mil habitantes (urbano bajo).
Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que labora, 6.7 millones de personas (12.5% del total) trabajan en el sector primario, 13.8 millones (25.6%) en el secundario o industrial y 33 millones (61.3%) están en el terciario o de los servicios.
Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo, poco más de dos terceras partes del total (68.5%), es decir, 36.8 millones, son trabajadores subordinados y remunerados; 12 millones (22.3%) laboran por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.4 millones (4.4%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.6 millones (4.8%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.
La población ocupada desempeña una gran variedad de tareas que realiza con distinta intensidad: por un lado, 6.1% de las personas trabaja menos de 15 horas semanales y en el otro extremo se ubica un 27.5% que labora más de 48 horas semanales. En promedio, la población ocupada trabajó en el segundo trimestre de 2018 jornadas de 43 horas por semana.

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PGR presenta recurso de revisión contra fallo de reabrir el caso Tlatlaya

Será el noveno tribunal colegiado del primer circuito el que ratifique o modifique el criterio judicial
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de agosto de 2018, p. 12
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juzgado 14 de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, que encabeza el juez Érik Zabalgoitia Novales, en la cual ordenó reabrir el caso Tlatlaya, y ahora corresponderá al noveno tribunal colegiado del primer circuito revisar la resolución y ratificar o modificar el criterio judicial.
En días pasados la organización defensora de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que el juez Zabalgoitia ordenó la reapertura del caso Tlatlaya, a fin de que se corrijan las omisiones cometidas en su investigación y profundice la responsabilidad que pudo tener la cadena de mando en la presunta orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
La madrugada del 30 de junio de 2014, un grupo de soldados presuntamente repelió una agresión de un grupo de hombres armados que se encontraban dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya. Los militares abatieron a 22 personas y según imágenes de la posición en que terminaron los cuerpos y los testimonios de varias sobrevivientes, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían ejecutado a entre 12 y 15 personas.
Aunque varios de los militares que participaron en esos acontecimientos fueron procesados, quedaron en libertad tras no acreditarse la comisión de algún delito.
Tras la sentencia de amparo que ordenó reabrir el caso, el noveno tribunal colegiado en materia penal deberá analizar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, como parte del expediente toca 172/2018.
En su recurso de revisión, la PGR solicita la revocación de la sentencia dictada en primera instancia.

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El “no al perdón” se extiende en los foros por la paz

 
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El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se afana en decir que la política pública de “pacificación” del próximo gobierno emanará de lo que los familiares de las y los desaparecidos digan en las consultas para la pacificación y la reconciliación. Sin embargo, las madres agraviadas manifiestan su desconcierto sobre el tema de la amnistía y el perdón a los criminales. Así lo expresaron en los dos primeros foros realizados la semana pasada. 
CIUDAD JUÁREZ, Chih. (Proceso).- El moderador de la mesa lanza la pregunta que le instruyeron: “¿Cree que alguna persona obligada a cometer delito debe ser amnistiada?”

Su audiencia –medio centenar de víctimas de los delitos más crueles– pueden alzar la mano para dar su opinión. En vez de eso evaden la pregunta y hablan del hijo torturado tres días por la policía o de la búsqueda de pesadilla del hijo desaparecido al que la autoridad dice que quemaron con dísel, o de cómo les fueron masacrando a la familia entera, y por más que las apuren a enfocar sus respuestas durante los tres minutos del tiempo del que disponen, ellas, las agraviadas, evaden responder a la hipotética pregunta.
Él insiste y la plantea de otro modo: “Ordene del uno al cuatro los siguientes eventos: verdad, justicia, amnistía y reparación”.
Los asistentes coinciden: lo primero que necesitan es conocer la verdad de quién mató o hizo mal a su familiar; luego la justicia, para que pague la maldad. Una mujer dice que, al mismo tiempo, tiene que ir la reparación, “aunque nada puede compensar nuestro daño, pues nos arruinaron la vida”. En la ecuación no mencionan la amnistía.
“¿Podrían dar un número a amnistía? ¿Cuál?”, insiste el moderador. Pero la gente habla de la impunidad, de que las autoridades están corrompidas, de las pruebas que tienen. La siguiente pregunta versa sobre lo mismo: “¿Estaría dispuesto a que se otorgue amnistía o reducción de penas a perpetradores a cambio de que otorgue información que ayude a esclarecer sus casos?” En este caso las opiniones varían.
“Andrés Manuel dijo que sólo perdonará delitos leves, pero si permitimos (la amnistía) para delitos graves, entonces que nos digan la verdad de dónde están los restos; si dicen mentiras, que se les incremente la pena por hacernos sufrir”, dice la mamá de una desaparecida.
“Hay unos (criminales) que lo hacen con saña, que cocinan, descuartizan… Donde hay dolo hay maldad; no puede haber perdón. Tampoco para quien los deshaga (los cuerpos) en ácido”, comenta otra.
“Si va a haber amnistía para los que se les compruebe el delito, ¿por qué no para quienes tienen deficiencias en el expediente?”, agrega la madre de un joven condenado injustamente a cadena perpetua.
Esos son los diálogos que se escuchan en el salón Audiovisual G-1, en la “Mesa de víctimas de la violencia” que asistieron al Foro Nacional para la Pacificación y la Reconciliación. Ahí, en un mismo grupo, se juntaron familiares de personas desaparecidas, de presos sentenciados de manera injusta, de sobrevivientes de tortura, de víctimas de feminicidios o masacres como la de Villas de Salvárcar.
Algunas familias llevan años recorriendo los laberintos de la burocracia judicial del país, otros son “inexpertas”. Todas tienen la esperanza de que López Obrador o su gente las escuche.
En la sesión –que de dos horas se alarga a cuatro– se desgranan 10 preguntas que las participantes deben responder para que sus opiniones sean consideradas en el diseño de las nuevas políticas de seguridad (o pacificación, como la llaman desde ahora los organizadores del foro). En el caso de las víctimas, ellas serán quienes delineen la nueva ley de amnistía.
Escrita en el pizarrón queda esa palabra, evadida por la mayoría.
Laboratorios de la paz
El martes 7 el presidente electo eligió arrancar los foros de consulta en esta frontera porque Juárez “tiene sed de justicia”. En su discurso inaugural, Andrés Manuel López Obrador dijo que para alcanzar el proyecto de unidad nacional requerirá que los juarenses concedan “el perdón” –no especificó a qué tipo de delitos se refería. De inmediato las víctimas presentes comenzaron a gritar que no.
“¡Ni perdón ni olvido!… ¡Sin justicia no hay perdón!”, se escuchó en el recinto donde se realizó el encuentro.
El tabasqueño reviró: “Coincido con lo que dicen de que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a los que dicen ‘Ni perdón ni olvido’. Yo digo: ‘Olvido no, perdón sí”.
Después pidió acabar con la ley del Talión, la del “ojo por ojo, diente por diente”, y explicó que por eso él y el equipo encargado de la pacificación viajaron para escuchar las propuestas de la gente.
De lo que escuchó en el teatro salió confundida la señora Luz María Dávila, la obrera que en 2010 se paró frente a Felipe Calderón, atravesada por dolor porque sus dos únicos hijos habían sido asesinados con otros 13 jóvenes deportistas en Villas de Salvárcar.
Llena de dignidad en aquella ocasión le dijo el visitante que no era bienvenido, le pidió que se disculpara por haberlos acusado de ser pandilleros cuando eran estudiantes. Y le reclamó: “Si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. No los puedo buscar porque no tengo recursos. Tengo muertos a mis dos hijos”.
Mientras caminaba hacia las mesas donde sería confrontada de nuevo con el dilema de perdonar, cuando se le preguntó su opinión sobre lo dicho por López Obrador ella dijo: “No puedo perdonar, la verdad. ¿Quien va a perdonar a los sujetos que me arrebataron a mis dos únicos hijos? ¿Será que soy muy rencorosa? Yo no puedo. El daño en mi corazón ya me lo hicieron”.
Bertha Alicia Camacho, quien acompañaba a Luz María, lloró con la pregunta: “A ver si ellos perdonarían si le mataran a su pareja, le dejaran inválido a uno de sus hijos y al de nueve años traumado y si su mamá por todo esto hubiera muerto de tristeza como la mía. Nos verán fuertes, estamos destrozados por dentro”.
Su vecino, Alonso Encina, papá de José Adrián, uno de los jóvenes masacrados, trataba de encontrarle sentido a lo que había escuchado: “Pienso que quizás (AMLO) se refiere a la gente que es usada, a los que les ponen droga en los carros. Pero nosotros ya hemos sido misericordiosos, y perdonamos; pero sí queremos justicia”.
En el Salón G-1 guardaron silencio. En su caso ni siquiera todos los asesinos fueron encarcelados, nunca les pagaron la indemnización que les correspondía y –como dijeron– sólo los usaron políticamente durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, en los que Juárez ha sufrido la embestida de las varias guerras entre cárteles con militares, y donde 13 mil 500 personas han sido asesinadas en una década.
Esa opinión es la que expresó la mayoría de quienes asistieron a las mesas de víctimas organizadas por el equipo de la futura Secretaría de Seguridad Pública y Morena, como escuchó esta reportera. Cuando se les preguntaba directamente su opinión, pocas podían lidiar con tamaña pregunta. Como si se les atorara en el pecho, cerraban los ojos, se les atragantaba.
Sin embargo, en el comunicado que un par de horas después enviaron a la prensa los organizadores del foro, entre las escuetas conclusiones destacaron esta: “Varias víctimas han dado sus testimonios, exponiendo sus casos para llegar a acuerdos, han expresado opiniones, algunos aceptando la amnistía”. Eso contrasta con el resultado observado y documentado por Proceso: la mayoría de las víctimas se manifestaron contra la amnistía, o lo que entendían sobre ella.
“En la mesa de las víctimas de feminicidio todas se opusieron a la amnistía, sólo un hombre dijo que sí estaría de acuerdo”, comenta a la reportera una persona que tomó nota mientras participaba en el otro salón donde se consultó a las víctimas. Los moderadores –maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez– no pudieron dar entrevistas porque los organizadores les pidieron confidencialidad.
El sacrificio de las víctimas
Desde que comenzó la polémica sobre si la ley de amnistía significará impunidad, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño –a cargo de los foros de consulta– y Olga Sánchez Cordero, quien será su par en la Secretaría de Gobernación, han repetido que sólo se reducirán penas para delitos menores, y nunca para delitos graves o violaciones de derechos humanos.
No queda claro para qué preguntan a las madres de los y las desaparecidas: “¿Están dispuestas a perdonar?” a las víctimas de los delitos más graves, como las representadas en Juárez que penan por causa de tortura, desaparición, asesinatos en masacres, desplazamiento forzado o feminicidio”. ¿O por qué López Obrador les dice que sí al perdón cuando ellas reviran que no? ¿Por qué el ejercicio se les aplica a ellas?
Un día después del inicio de los foros, Durazo insistiría en Televisa que el proceso de paz está condicionado a que las víctimas perdonen.
“Si no tenemos capacidad para explicar, para convencer, para sensibilizar a estas víctimas, está muy difícil, sería muy difícil que pudiéramos avanzar (…) son los que tienen que aportar la cuota más alta en este proceso, el sacrificio más alto en este proceso de reconciliación nacional”, dijo a Carlos Loret.
–¿No están pidiendo mucho a las familias antes de hacer justicia? –preguntó Proceso a Sánchez Cordero cuando salía de la consulta del grupo G-1.
Respondió: “El perdón es hacia tu interior, para no tener un resentimiento, una situación de dolor interna. Entonces, es remontar este dolor y empezar a cicatrizar una herida tan fuerte. Desde luego es muy difícil porque el dolor y la tragedia están ahí. Andrés lo que quiere es ir hacia la reconciliación nacional y la pacificación; no es contradictorio. Está invitando a los mexicanos a que no olviden y perdonen las rencillas. Y es al final del día el mensaje de nuestro señor Jesucristo: la verdad. No quiere decir que dejes de hacer justicia, sino que de adentro te salga”.
La petición de perdón, así como fue planteada, hizo cortocircuito en esta ciudad, laboratorio de políticas de seguridad que han convertido a esta urbe en una de las más violentas del mundo –con la Operación Conjunta Chihuahua– y en el epicentro del dolor. También ha sido laboratorio para fallidas estrategias de pacificación, como la calderonista “Todos somos Juárez”.
Este año volvió a alcanzar niveles de violencia que no se habían visto desde 2010 con un promedio de ocho asesinatos al díay cada vez más crueles. Una semana antes de la llegada de López Obrador 11 jóvenes fueron estrangulados en una vivienda.
La ciudad es también campeona en impunidad. El Diario de Juárez ha documentado que de los mil 691 asesinatos que hubo en 2008 en esta ciudad, cuando se estrenaba la estrategia de combate frontal a los cárteles, una década después sólo 46 de los crímenes han sido judicializados. La impunidad es de 97.2%, lo que significa que mil 645 difuntos no han recibido justicia.
El patrón común para el esclarecimiento de estos homicidios es aprehender por posesión de drogas o de armas a los presuntos asesinos y presentarlos ante la prensa como casos resueltos. La mayoría de las veces no se les puede comprobar su vínculo con los homicidios, por lo que salen en libertad; en caso contrario, paga la gente inocente.
Quizás por eso las víctimas fruncen el ceño cuando se les pregunta qué opinan de la amnistía.
Los desplazados de las comunidades de El Manzano y el ejido Monterde que participaban en la consulta de Juárez y habían sido consultados respondieron con este diálogo:
–¿Qué es eso? –preguntó un campesino.
–Es como reducir la sentencia a un delincuente –aclara otro.
–Yo diría que no serviría.
–Sólo que digan la verdad para que encuentren a los desaparecidos, pero no creo que sea conveniente porque si cometieron delitos chicos van a seguir con más frecuencia.
La mamá del joven Alexis Campoy, desaparecido en 2014, opinó: “Si a mi hijo se lo llevaron y lo traen trabajando en cosas ilegales, no sé. Tampoco me gustaría tener un hijo asesino. Es muy difícil”.
La mamá de un joven condenado a cadena perpetua dijo: “Tiene sus pros y sus contras. Si son (asesinos) seriales, no se van a componer”.
La señora Lourdes, quien desde 2010 ha recorrido el país con el cartel de su hija Pamela Portillo, no cree que se pueda negociar con quienes “se dedican a levantar y a echar cuerpos en ácido”. Pero no pudo expresarlo en el foro porque le dieron sólo tres minutos para hablar, “igualito que los del gobierno”.
Gabino Gómez, activista de vieja data del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y de El Barzón, amigo de líderes campesinos asesinados y tío de una víctima de un atroz feminicidio, está del lado de quienes dicen que no deben perdonar.
Al final del día todos llenaron una larga encuesta donde se les preguntaba si aceptarían liberar a campesinos, legalizar las drogas, encarcelar a quienes cometan delitos; qué pensaban del Ejército y las policías, y cuáles eran sus propuestas para alcanzar la paz, entre muchas, muchas otras.
Esta crónica se publicó el 12 de agosto de 2018 en la edición 2180 de la revista Proceso.


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