miércoles, 15 de agosto de 2018

La Cooperativa LF del Centro logra adjudicar tres licitaciones en el Estado de México.

¡¡¡La Cooperativa VA!!!
¡¡Atención compañeros!!
Nuestra cooperativa acaba de dar un salto cualitativo. Logramos adjudicarnos tres licitaciones directas de CFE en el Estado de México.
CFE-0109-CSCON-0088-2018
Cambio de posteria dañada en mediana tensión en la zona de distribución tenango
0087
Corrección de puntos de riesgo de la zona de distribución tenango
CFE-0109-CSCON-0085-2018
Regularización modernización y relocalizacion de 5409 servicios en baja tensión en el ámbito de la zona de distribución Toluca.
Este hecho no da la experiencia para acelerar la reinserción laboral de nuestros compañeros.
Con información y fotos de nuestro compañero Secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca Luna.

SME La Cooperativa va! Taller Aragón 14 ago 2018

SME Entrega de acreditaciones programa FAM PROCAP 15agos18

Iniciará gobierno de AMLO en Sonora y B.C. la reducción de tarifas eléctricas

 
DOSSIER POLÍTICO
 

Se deja sentir en Sonora la mano del próximo director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, pues se ha formado grupo ciudadano responsable de elaborar un análisis a fondo del sistema eléctrico en el noroeste mexicano, como punto de partida para proponer cambios en el paradigma de los servicios que presta la paraestatal, entre ellos, la reducción de tarifas eléctricas para uso doméstico y la producción social del campo.Con ello, se busca definir el comportamiento del mercado eléctrico mayorista y su impacto social en la región noroeste de México y que la CFE visibilice los beneficios y perjuicios que ha traído la indiscriminada  participación de capital privado nacional, extranjero y mixto en la generación, suministro y venta de electricidad en Sonora y Baja California, estados punteros en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, eólicos y de ciclo combinado, paradójicamente las plazas con las tarifas más caras del mundo.

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico

Dia de publicación: 2018-08-13



El próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador contempla que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad de Sonora y Baja California sean los primeros en gozar de una nueva tarifa social que incluye una reducción en el costo del kilowatt hora para uso doméstico y agrícola, en una primera etapa; posteriormente, los beneficios alcanzarían la facturación comercial e industrial en el noroeste y el resto del país.
En colaboración con quien dirigirá la Comisión Federal de Electricidad en el próximo gobierno de la república, Manuel Bartlett Díaz, Sonora ha sido el primero en conformar un grupo denominado "Despacho Ciudadano" responsable de canalizar las propuestas sociales, financieras y técnicas que aporte la sociedad civil tendiente a eficiente los servicios de la Comisión Federal de Electricidad.
Esto incluye los análisis cualitativo y cuantitativo de los servicios de la paraestatal y su papel social en la región noroeste del país; el costo-beneficio de los servicios que presta y el comportamiento de la oferta-demanda del fluido en esta área geográfica del país, la disponibilidad del recurso y los beneficios para el usuario final y las utilidades que deja en la cadena de intermediación o exportación del fluido.
El despacho ciudadano trabaja ya en la elaboración de un análisis financiero, técnico y de impacto social cuyas conclusiones serán dadas a conocer después del primero de diciembre del año en curso, cuando constitucionalmente el gabinete encabezado por AMLO asuma responsabilidades plenas, según informó a Dossier un integrante de la agrupación ciudadana con la reserva de su identidad y la del resto del grupo.
"Se nos pidió trabajar con mucho sigilo y discreción para evitar que se politice el tema de las nuevas tarifas de la electricidad, que desde su campaña propuso nuestro hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que puedo adelantar es que la sociedad sonorense puede tener la garantía de que, después de muchos años de luchas infructuosas y la apatía de los gobiernos por hacer suyo este clamor ciudadano, hoy la reducción del costo del servicio eléctrico será una realidad en Sonora y el resto del país.
 Tenemos que ser discretos en lo que hacemos y propondremos para evitar que surjan falsos redentores de esta histórica lucha social en el noroeste de México. No deseamos que alguna persona, grupo, partido político o entidad de gobierno busquen dar otro sesgo a lo que fue un compromiso de campaña de quien hoy es nuestro presidente electo. Lo hizo en campaña con los sonorenses y con los mexicanos en general", dijo el informante.
Un documento mostrado por la fuente plasma las directrices a seguir para establecer las nuevas tarifas eléctricas en el noroeste de México y que se estima queden definidas al transcurso del primer trimestre de la nueva administración de López Obrador.
El documento Indica que el próximo gobierno está muy interesado en clarificar las reglas sobre las que se rige el mercado eléctrico nacional luego de la reforma energética impulsada por el actual régimen.
Tambien, añade, en visibilizar el grado de legalidad, transparencia, sustentabilidad social y criterios de elegibilidad sobre las que el gobierno de Peña Nieto sustentó su decisión de otorgar miles de títulos de permisos a consorcios privados de capital nacional, extranjero o mixto, lo que legalmente les permite participar en el mercado eléctrico mayorista nacional y de exportación.
Ya sea mediante la generación de energía limpia o de ciclo combinado, transportación, suministro, comercialización o como usuario calificado y en toda la gama de actividades de lucro que permite la nueva configuración legal de la actividad relacionada al recurso eléctrico nacional.
Sonora y Baja California son punteros en la participación de empresas privadas en la generación, suministro, distribución, transportación y toda la cadena de valor que incluyó la reforma peñanietista al abrir el mercado eléctrico mayorista. Como paradoja, tambien estos estados siguen manteniendo una de las tarifas eléctricas más caras del mundo.
Para el año 2030 Sonora y Baja California estarán aportando el 50 por ciento de la demanda nacional de la electricidad y los "excedentes" las empresas privadas estarán en posibilidades de exportar a Estados Unidos y Centro y Sud-América.
Actualmente el 25 por ciento de la energía que se produce en el noroeste de México proviene de fuentes renovables, actividad que de cinco años a la fecha ha experimentado un crecimiento exorbitante en la región donde los gobiernos han esforzado sus políticas públicas en facilitarles sus operaciones.
Sonora ha experimentado un crecimiento histórico a partir de la reforma al marco legal del mercado eléctrico en el 2013; a partir de ahí los sonorenses han sido testigos de la apertura de muchas empresas dedicadas a la generación de energía mediante la operación de inmensos parques fotovoltaicos localizados en diversos puntos de la región costa-centro y noroeste de Sonora.
También la generación de energía eólica ha crecido, aunque en menor escala que se suma a las reconvertidas plantas de carbón a generación por ciclo combinado (gas-combustóleo) de Puerto Libertad y Empalme, bajo operación del sector público (CFE) y las tradicionales hidroeléctricas también bajo este régimen.
La participación de capital privado en el mercado eléctrico de Sonora compite únicamente en la venta de electricidad destinada al alumbrado público de cinco municipios sonorenses, pero el próximo año las compañías privadas podrán ofertar el servicio a cualquier usuario en general, aun cuando no sean generadoras del recursos, solo participando en la compraventa y solo obligándose a utilizar la Red Nacional de Distribución bajo administración de la CFE y los centros de distribución previo pago por el usufructo.
Pese al boom en el mercado eléctrico mayorista que experimenta Sonora y Baja California, los costos de las tarifas siguen siendo insultantes y exageradamente onerosas para el bolsillo del ciudadano común, aun con el subsidio que aportan los gobierno federal y estatal sobre la facturación real del servicio doméstico.
Con sobrada razón permea la percepción social en el noroeste de México que la apertura al sector privado del mercado eléctrico mayorista no ha generado beneficio alguno a las familias sonorenses, en especial las de menores ingresos. Antes, al contrario, el costo por kilowatt hora sigue en aumento.
El haber permitido al capital privado participar de la cadena de valor del mercado mayorista en su faceta de generación, distribución y venta de electricidad o para exportación solo ha beneficiado a las mismas empresas participantes y sus propietarios o asociados.
Por cierto, no pocas de las compañías participantes son propiedad familiar o en sociedad de políticos, funcionarios y personajes allegados a los círculos gubernamentales de los regímenes preponderantemente priistas de los gobiernos estatal y federal, aunque también políticos o exfuncionarios del PAN se han beneficiado de la repartición de títulos de permiso.
Aunado a lo anterior, los consorcios de capital extranjero, nacional o mixto participantes del mercado eléctrico mayorista en el noroeste y el resto de México paulatinamente están convirtiendo a la CFE en su cliente cautivo, de tal suerte que la paraestatal está siendo desplazada de “empresa estratégica del estado mexicano" a simple comprador y revendedor del recurso, por cierto, en términos muy onerosos y para el usuario final de hogares, comercios, industrias o del sector agropecuario.
Mayor suspicacia genera sobre la verdadera razón de la reforma energética del régimen que fenece, al quedar evidenciado que, lejos están las empresas privadas participantes del mercado eléctrico mayorista de generar la riqueza deseada en las regiones donde desarrollan exponencialmente sus inversiones, ya sea a través de sus parques fotovoltaicos, bosques eólicos y plantas de ciclo combinado.
La mano de obra mayoritaria que generan estas empresas es temporal, es decir, solo durante la etapa de instalación de su infraestructura, pero una vez en operación la demanda de trabajadores se reduce a su mínima expresión, esto, por la naturaleza misma de la actividad y el alto grado de automatización de parques fotovoltaicos, los aerogeneradores, igual en las plantas base gas-combustóleo.
Agregue a lo anterior que estos consorcios reciben atractivos incentivos fiscales de los gobiernos de los tres niveles y sus contribuciones al erario estatal o federal son ínfimos; en cambio, la autoridad le ofrece todas las facilidades para su instalación, entre ellas alta disponibilidad de suelo para operar, además de obviarles la tramitología del marco regulatorio exigible.
No son pocos los estímulos crediticios que la banca de desarrollo ofrece a las empresas nacionales asociadas al mercado eléctrico y los subsidios gubernamentales para el fomento de proyectos están a su disposición libremente y que cuestan al presupuesto federal miles de millones de pesos, principalmente en apoyos destinados a estudios de mercado y programas de capacitación para el personal gerencial.
En Sonora como en el resto del país los consorcios privados participantes del mercado mayorista, en especial los permisionarios para el suministro eléctrico operan sobre el riesgo de convertirse en una red de especulación financiera disfrazada de "bolsa de electricidad".
El mismo fenómeno sucederá por una eventual tenencia indiscriminada de Certificados de Energías Limpias (CEL), que el gobierno de México emite a través de la Tesorería de la Federación como valores intercambiables, asociados al vaivén de la oferta y demanda mundial del recurso.
Estos y muchos otros elementos de duda están siendo tomados en cuenta por el "despacho ciudadano" de Sonora en el análisis sobre los beneficios o perjuicios que ha traído para la sociedad sonorense y en especial para el usuario del servicio doméstico la apertura del mercado eléctrico mayorista. Paralelamente se busca definir el papel que desempeña la Comisión Federal de Electricidad como empresa estratégica del Estado mexicano y de cara a la función social para la que fue creada años ha.
La asociación ciudadana aclara que colabora con la próxima dirección de la CFE desde Sonora como organismo independiente multidisciplinario y que sus integrantes participan sin devengar emolumento alguno de ningún gobierno, además que no forman parte de algún partido político como organización, aunque sus integrantes están en libertad de tal pertenencia.
El despacho ciudadano agrupa a empresarios, académicos, líderes de la sociedad civil, luchadores históricos contra altas tarifas de la CFE, ex servidores públicos y ciudadanos comunes en general con representatividad en las principales ciudades de Sonora.
Nace como voz del colectivo sonorense con el compromiso de ser escuchado por la alta autoridad del próximo gabinete federal, en particular, por quien será director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y sus principales colaboradores. Será a esta instancia a quien hará llegar las propuestas definitivas a efecto de enriquecer las de la paraestatal y que Sonora y México cuenten en lo sucesivo con tarifas eléctricas con sentido social en beneficio principalmente de familias de menos ingresos y en general, a todo el usuario doméstico del país.
Entre sus objetivos, la agrupación también contempla elaborar un padrón de usuarios morosos del servicio de la CFE en Sonora para incluirlos como candidatos a beneficiarse del programa de condonación de adeudos que -por instrucciones del presidente electo- emprenderá la próxima administración de la paraestatal para aquellos que demuestren incapacidad económica para cubrir facturaciones históricas.

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Foros sobre Reforma Educativa inician el 27 de agosto y luego saldrán tres proyectos: Esteban Moctezuma

 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los planes para cancelar la Reforma Educativa empezarán a diseñarse a partir del 27 de agosto, cuando inicien los foros que en la materia prepara el equipo del próximo gobierno.
Esteban Moctezuma Barragán, anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó hoy que dichos foros incluirán a maestros, padres de familia, especialistas en la materia, así como estudiantes y organizaciones sociales.

De ahí, abundó, surgirán las propuestas de las que se derivarán tres proyectos, entre ellos un nuevo acuerdo nacional para la educación básica, que se relaciona con lo que se hará tras cancelar la Reforma Educativa.
También saldrá de ahí la nueva legislación y, finalmente, un consejo nacional sobre educación pública.Moctezuma Barragán declinó adelantar detalles sobre el encuentro con los rectores y directivos de universidades e instituciones de educación superior que se celebrará mañana.

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Ya hay ruta de trabajo con padres de los normalistas de Ayotzinapa, dice Encinas

Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de agosto de 2018, p. 14
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que ya hay una ruta de trabajo –de aquí al inicio de la siguiente administración– con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
El también diputado electo al Congreso de Ciudad de México asistió ayer a San Lázaro, donde se reunieron los próximos legisladores locales de Morena para presentar su agenda en la capital del país.
Entrevistado sobre su futura encomienda como funcionario federal, afirmó que una de las prioridades al inicio del próximo sexenio será conformar la comisión de la verdad que indague el caso de los estudiantes atacados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Sostuvo que el acercamiento con los familiares de las víctimas se realizará “partiendo del principio de que vamos a trabajar de manera conjunta y no actuaremos de manera unilateral.
“Queremos una comisión de la verdad, que se ejerza el derecho a la memoria y a la verdad de las víctimas, al mismo tiempo que conozcamos el paradero de los muchachos… Por supuesto que aquí sí va a haber voluntad política para que esa comisión se instale”, agregó Encinas.
Precisó que el trabajo de dicha instancia estará encaminado a retomar las líneas de investigación que se quedaron sin desahogar, atendiendo las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las agencias de Naciones Unidas y ahora la resolución del tribunal colegiado de Tamaulipas para que se instale la comisión de la verdad.
Además, destacó que dicha comisión investigará desde la responsabilidad estatal en la desaparición forzada de los estudiantes hasta la de las policías municipal, estatal y federal, e incluso la presencia de las fuerzas armadas, lo cual no ha sido reconocido, así como el hecho de la alteración de la escena del crimen, tanto en el basurero de Cocula como en el hallazgo supuestamente de otros restos humanos; hay muchas líneas de investigación y todas tienen que desahogarse en el marco de la ley.
El trabajo de la comisión de la verdad, dijo, no se iniciará de cero, ya que retomará los avances que presentó el GIEI, pero recordó que aún se mantiene la fase de transición, por lo que no pueden asumir responsabilidad alguna sobre este caso antes de ocupar el encargo junto con la nueva administración que estará encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Junto al caso Ayotzinapa, dijo que la agenda en materia de derechos humanos incluye las reuniones con víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y desplazados.

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Instalan el Comité Interuniversitario M68: Ciudadanías en Movimiento, para evocar el 2 de octubre


 
PROCESO
 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El movimiento estudiantil de 1968 sigue siendo un símbolo de nuestras luchas y esfuerzos colectivos. La conciencia social que derivó de él y de la tragedia de Tlatelolco permeó gradualmente en nuestra vida cotidiana y se expresó con la adquisición de nuevos derechos y valores sociales, sin los cuales no se podría entender el México contemporáneo.
Así lo señaló el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, durante la instalación –en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT)- del Comité Interuniversitario M68: Ciudadanías en Movimiento, para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968.

Desde hace cinco décadas, dijo, las instituciones de educación superior “hemos acompañado e impulsado la consolidación de una ciudadanía libre y democrática”.
La conmemoración, abundó, sirve para explicar la transformación de nuestra sociedad y el patrimonio de libertades y derechos edificados durante estos años, y de aquellos que anhelamos alcanzar.
Graue Wichers anunció que se evocará el 2 de octubre con la apertura del nuevo Memorial del 68, en la principal sala de exhibición del CCUT. Se recordarán los acontecimientos como elementos fundamentales de la memoria histórica, y también serán una fuente de investigación y recuperación de nuestro pasado reciente.
Por su parte, Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, sostuvo que el espíritu plural, democratizador y crítico del 68 sigue siendo importante frente a cualquier poder, y con el esfuerzo de las universidades Nacional Autónoma de México, Iberoamericana (UIA) y Autónoma Chapingo (UACh), así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y El Colegio de México (Colmex), se realizarán actividades para mantener la memoria del movimiento, propiciar las distintas interpretaciones que tuvo en su momento y las consecuencias que ha tenido hasta hoy.
Explicó que se creará un macro repositorio digital –que se lanzará en octubre–, con documentos, imágenes y grabaciones de más de 30 archivos públicos y privados sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos de 1968 a la fecha. “Se trata de una plataforma de libre acceso y en permanente construcción, columna vertebral del nuevo Memorial del 68 y del Museo de Movimientos Sociales”, apuntó.
De igual manera, del 4 al 28 de septiembre se celebrará el Coloquio Internacional M68: Ciudadanías en movimiento.
El director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, opinó que el legado del movimiento es invaluable, porque demostró que los jóvenes tienen la capacidad de generar los cambios que lleven al país a mejores estadios de libertad y bienestar, donde se privilegie el diálogo, y donde sociedad y gobierno caminen por senderos convergentes.
José Sergio Barrales Domínguez, rector de la UACh, dijo que lo ocurrido en esa institución en aquella época “nos dejó la posibilidad de ser libres, de autogobernarnos y de difundir lo que creemos que debe hacerse en el país, a través del sentido social de nuestros estudiantes”.
En tanto, la presidenta del Colmex, Silvia Giorguli Saucedo, destacó que se requiere autonomía para mantener el carácter crítico, independiente y libre que debe caracterizar a las universidades. Esas instituciones también deben cumplir la misión de salvaguardar las visiones de largo plazo, más allá de coyunturas políticas, puntualizó.
David Fernández Dávalos, rector de la UIA, señaló que es necesario, más que nunca, intentar revertir la historia, lanzarla en otra dirección, y en esa tarea la universidad tiene un papel relevante, subrayó.

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El NAICM se come el tezontle de 100 cerros

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▲ Las casas de 80 familias se encuentran en riesgo, debido a la sobrexplotación del tezontle de 100 cerros. Estamos aterrados. No tenemos a dónde ir, dicen afectados.Foto Afp
Afp
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de agosto de 2018, p. 13
Estamos aterrados, afirman vecinos del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), pues a un lado de sus casas crece todos los días un descomunal hoyo cavado en un cerro para extraer tezontle, la piedra rojiza utilizada para la construcción de la terminal aérea.
Angélica González añade casi llorando: Con ese temor vivimos, de que cualquier día colapsen nuestras viviendas... No tengo a dónde irme, dice encogiéndose de hombros esta septuagenaria de aspecto frágil en Tezoyuca, a unos 10 kilómetros de Texcoco, donde se erige la terminal aérea cuyo destino se debatirá desde este miércoles.
El intenso sol que cae sobre el empobrecido Barrio de la Concepción de Tezoyuca acentúa el contraste de la oquedad rojiza de esta cantera de unas 40 hectáreas de extensión y 100 metros de profundidad contra el verde de lo que queda del cerro y el celeste del cielo, un mural donde las casas se ven diminutas y endebles.
El nuevo aeropuerto, que será el segundo más grande del mundo después del de Estambul, en Turquía, se ha vuelto un tema candente para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Durante su campaña, AMLO prometió que cancelaría su construcción, que tildó de obra faraónica manchada por la corrupción. Tras una ola de críticas del empresariado local, el izquierdista matizó su discurso y ahora dice que lo someterá a debate. Pero el proyecto sigue asustando a pobladores de la zona.
Se construye sobre lo que fue el Lago de Texcoco, sobre un suelo que se hunde poco a poco y además tiene altas concentraciones de salitre.
Para que ese hundimiento sea parejo, las pistas estarán construidas sobre una capa de dos metros de tezontle, una piedra volcánica que es tan ligera como firme, más otros dos de basalto.
En total son 80 las casas que corren riesgo de derrumbe en esa zona, aseguró Octavio Jiménez, uno de los afectados e integrante de la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se opone a la construcción del aeropuerto porque considera que además atenta contra el medio ambiente.
La extracción de estas rocas rojizas está afectando nuestra ecología, nuestra flora, nuestra fauna y está poniendo en riesgo nuestra vida, denuncia.
El cerro del Barrio de la Concepción, que además es zona sísmica, no es el único que sufre la extracción desmedida de tezontle, asegura David Delgado, académico del departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien ha hecho varios estudios sobre los impactos de la terminal. Se están sobrexplotando unos 100 cerros en el corredor que va del estado de México a Tlaxcala. Acaban con cerros enteros, enfatiza.
Con la destrucción de los cerros, la captación y filtración al subsuelo de agua se verá afectada y con ello el abastecimiento de toda esta región, sostiene.
Este miércoles, López Obrador publicará un dictamen técnico de especialistas que abrirá dos meses de debate para una consulta en que los mexicanos decidan qué es lo que debemos hacer, dijo en días recientes el presidente electo.
Pobladores de la Concepción, junto a medio centenar de vecinos de otras comunidades que denuncian estar siendo afectados por la construcción, protestaron este martes frente a la oficina de transición del futuro mandatario, donde entregaron un documento en el que exigen participar de la discusión.

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Pobladores echan de su comunidad a personal de la Sener que buscaba negociar el paso de gasoducto


 
PROCESO
 

CHILA DE JUÁREZ, Pue. (apro).- Pobladores de este municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla corrieron a personal de la Secretaría de Energía (Sener) que la mañana del lunes llegó para tratar de negociar el paso del gasoducto Tuxpan-Tula por ese territorio.
El Consejo Regional de Pueblos Originarios Puebla-Hidalgo en Defensa del Territorio informó que, encabezados por Carmen Álvarez, la gente de la Sener utilizó dos patrullas de la policía estatal para tratar de intimidar a la población.

“La comunidad se organizó, los esperó con pancartas y mantas en muestra del rechazo del paso del gasoducto. La representante de la Sener insistía en querer negociar diciendo a las personas que protestaban que si no lo permitían les iban a quitar el servicio de la Luz”, relató la agrupación en un comunicado.
Al grito de “fuera, fuera, fuera”, “no queremos consulta” y “no al gasoducto”, los pobladores obligaron a los trabajadores de la dependencia federal a salir de la comunidad, escoltados por elementos de la policía estatal.
En un video proporcionado por los pobladores se observa cuando la mayoría de los vecinos se congregan en la plaza principal para decir a las autoridades municipales y a los enviados de la Sener que no permitirán el paso del gasoducto por su comunidad.
Entre gritos, aseguran que al arrancar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esa obra será detenida. Una de las vecinas toma la palabra y en náhuatl habla del rechazo de la comunidad al gasoducto.
El Consejo Regional aseguró que una vez que corrieron a los representantes de la dependencia federal, las patrullas trataron de intimidar a los manifestantes, por lo que la comunidad organizó guardias para vigilar los caminos y “evitar que personas extrañas entren a su territorio por la noche, y también evitar que la policía arremeta contra los compañeros que estuvieron presentes en la protesta”.
De igual manera, señaló que el presidente auxiliar de la comunidad, Andrés Diego, es quien convoca a esas reuniones, pese a que en varias ocasiones se le ha pedido que no actúe como trabajador de la empresa.
“Anteriormente él ha estado invitando a la población a que vayan a ver la construcción del gasoducto; en realidad los llevan a pasear y a comer, y a las personas que llegan a ir también les hacen firmar documentos”, apuntó.
El gasoducto Tuxpan-Tula, construido por la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), filial de la canadiense TransCanada, inicia en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y pasa por los estados de Puebla, México e Hidalgo.
Supuestamente comenzaría a operar en enero de 2018, pero a finales del año pasado las comunidades de Cuautepec y San Pablito, en la Sierra Norte –agrupadas en el Consejo de Pueblos Originarios–, lograron que juzgados de distrito ordenaran la suspensión definitiva de la obra, además de que echaron abajo la vigencia de la manifestación de impacto ambiental y la evaluación de impacto social.
Por su lado, las comunidades de San Antonio El Grande, San Nicolás, Chila de Juárez, Montellano, Zoyatla, Ahuacatitla, Tlalcruz de Libres, Cuauneutla, Cruzanta, San Andrés y Tlacuilotepec lograron el reconocimiento judicial de sus autoridades tradicionales, punto de partida de la estrategia jurídica para la defensa de sus territorios.

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Los insaciables ministros y exministros de la Corte



 

Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dejado claro al presidente electo André Manuel López Obrador que no cederán ante su pretensión de reducir el millonario salario (7.2 millones de pesos anuales) que perciben, por lo que ya preparan su defensa ante lo que se pronostica como una dura batalla legal entre esos dos Poderes de la Unión.
A esos 11 togados se agregan también los exministros de la Corte, como la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien lejos de aceptar los principios de austeridad que ha marcado su jefe López Obrador como una directriz imperante de su gobierno, se inclina por defender los intereses de sus colegas ministros y los de ella misma, pues ha dicho que ya le explicó al presidente electo que no se puede reducir el salario de los ministros porque es un derecho constitucional.
Pero por qué Sánchez Cordero defiende con tanta pasión el ingreso mensual de 600 mil pesos que gana cada miembro de la Corte, pues simplemente porque también ella, como todos los exministros vivos, recibe un salario similar con todas las prestaciones y derechos incluidos que actualmente ganan quienes dicen defender la legalidad y la constitucionalidad del país.
Es decir, que Sánchez Cordero también recibe una jugosa pensión sin trabajar. La duda ahora es si esta exministra ganará además de los 600 mil pesos mensuales de pensión, los 108 mil pesos del sueldo como secretaria de Gobernación.
Por lo pronto ésta es la primera contradicción que el próximo gobierno va a enfrentar, cuando la encargada de atender la política interna del país rechaza desde ahora las disposiciones del próximo presidente de la República para reducir los cuantiosos salarios y pensiones de la burocracia.
Es momento de considerar si tiene sentido mantener en un puesto clave del próximo gobierno a una persona convencida de que debe existir una élite política que obtengan del erario sueldos individuales por 7.2 millones de pesos al año, mientras que millones de obreros y campesinos apenas sobreviven con un salario mínimo anual de 32 mil 233 pesos.
En esta confrontación legal que ya vislumbra el propio López Obrador, destaca que es precisamente la Suprema Corte de Justicia la responsable de analizar y decidir sobre la constitucionalidad de los artículos que refieren sobre el salario.
Eso convierte a los 11 ministros en juez y parte, pues por un lado ellos alegan que el salario no debe reducirse porque es un derecho constitucional, mientras que López Obrador buscará también que se cumpla la Constitución, que mandata que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, y como él bajará su salario al 50 por ciento, a 108 mil pesos mensuales, entonces nadie debe percibir cantidades superiores a ese monto.
Como seguramente los ministros determinarán mantener su voluminoso ingreso, entramos al terreno de lo inmoral y grotesco que resulta que un grupo de burócratas que se dicen “servidores públicos” consideren justo que el pueblo tiene la obligación de pagarles tanto dinero porque dicen impartir justicia.

La corrupción del Poder Judicial

Sin embargo, este tema salarial no es, por mucho, el principal problema al que se enfrentarán los dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Judicial, pues la corrupción, como también lo ha mencionado López Obrador y todos los mexicanos lo sabemos, es también el talón de Aquiles de jueces, magistrados y ministros de la Corte.
Ha sido sumamente doloroso y grotesco observar cómo la burocracia de los tres Poderes se llena de dinero las alforjas cada 6 años y con cada cambio de gobierno siempre aparece una nueva clase política enriquecida ilícitamente.
En ese sentido observamos como miembros del Poder Ejecutivo roban literalmente dinero público: son muchos los casos y ejemplos ya mencionados en medios de comunicación. Lo mismo sucede con el Poder Legislativo, en donde diputados y senadores tienen elevados salarios y múltiples canonjías y privilegios que no se obtienen ni en países desarrollados.
Pero sin duda que el mayor agravio para la población es la corrupción del Poder Judicial, porque cada juez, magistrado o ministro que se corrompe pone en juego la vida, la libertad y el patrimonio familiar de acusados y víctimas. Pero el máximo tribunal de justicia del país no hace nada por combatir la corrupción.
Así que los elevados salarios que defienden hoy los ministros de la Corte son totalmente contrarios a la impartición de justicia, la cual sigue siendo una aspiración y una exigencia de la población. Entonces, por qué pagarles esas fortunas cuando han sido incapaces de proporcionarnos justicia.
Puntos suspensivos… Hace unos días se llevaron a cabo foros en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que López Obrador y miembros del que será su gabinete escucharan las demandas y denuncias de familias de decenas de miles de víctimas de asesinato, secuestro y desaparición. Con todo el dolor y desesperanza de familiares que han perdido a padres, hermanos, hijos, cónyuges, quienes integrarán la nueva burocracia gubernamental el próximo sexenio escucharon atónitos las terribles narraciones. Todo avanzaba de acuerdo con lo previsto hasta que a López Obrador se le ocurrió hablar de “perdón” ante esas víctimas. Aunque entiendo el interés del presidente electo por pacificar de alguna forma el país, la exigencia de justicia para esas víctimas que han vivido el homicidio en sus familias, la desaparición o el secuestro de algunos de sus miembros, no puede ser negociable. Mucho menos se les puede pedir que otorguen perdón a los victimarios. ¿O a quién se refiere López Obrador cuando les dice a estas víctimas ni olvido pero sí perdón? Si revisamos la estructura de esos crímenes tenemos que el asesinato, secuestro o desaparición la cometió uno o varios sicarios; arriba de él está quien los contrata y les paga, lo que lo hace responsable directo, y en la punta de la cúspide criminal aparece el autor intelectual, que bien pueden ser narcotraficantes, políticos, autoridades de los tres niveles de gobierno, jefes policiacos o militares. ¿A quién de éstos propone López Obrador perdonar? Por supuesto que a nadie de éstos se puede perdonar; entonces, ¿para qué escuchar a estas familias de víctimas si lo que se les va a pedir es algo que con justicia no están dispuestos a aceptar? Urge que le expliquen cuándo y dónde puede emplear esas palabras que lejos de dar esperanza de justicia causan más dolor, desconfianza e indignación.
Miguel Badillo 

Titular de Energía de EU se reunirá con equipo de AMLO

Ana Langner
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de agosto de 2018, p. 25
El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, se reunirá con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador durante su visita que realiza a Ciudad de México. Perry asistirá al First Global Challenge 2018 aprovechará su estancia para reunirse con funcionarios mexicanos en funciones y con los del gobierno entrante, informó el Departamento de Energía de Estados Unidos.
La finalidad es dialogar sobre la continuidad de las alianzas energéticas bilaterales entre los Estados Unidos y México, detalló.
Según el Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador, se planea el rescate del sector de energía mediante el impulso a su producción nacional, la generación de alternativas de energía renovables y el fortalecimiento financiero y operativo de Pemex y CFE, a fin de reducir la dependencia externa en la materia.
Asimismo, se pretende incrementar la capacidad de refinación, a través de la reconversión de las refinerías existentes, así como la construcción de dos nuevas, y el impulso a refinerías de biodiésel, para reducir las importaciones de gasolina y de gas y aportar insumos a nivel nacional.
Por otro lado, el Departamento de Energía detalló que First Global es una organización internacional enfocada en iniciativas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este año, estudiantes de 160 países deberán resolver problemas relacionados con robots y eficiencia energética.
Más de mil estudiantes entre 14 y 18 años representarán a sus países en una competencia para mejorar el medio ambiente. En este sentido, la oficina estadunidense destacó que el secretario Perry ha impulsado iniciativas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante un programa cuya misión es preparar e inspirar a estudiantes, maestros y la fuerza de trabajo actual para fomentar la educación y carreras enfocadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

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