viernes, 3 de agosto de 2018

CRE otorga permiso de suministro eléctrico básico a SUBACE.

La CRE autoriza permiso de suministro eléctrico a SUBACE.

¡¡SUBACE ADELANTE!!
El día de hoy la Comisión Reguladora de Energía autorizó el permiso para prestar el servicio de suministro eléctrico en la modalidad de suministro básico a favor de nuestra Suministradora Básica del Centro (SUBACE). Este evento representa un salto cualitativo en la puesta en operación de nuestra suministradora. A la brevedad, vamos a programar la apertura de Juarez 90 para iniciar la capacitación de los compañeros que van a operar este proyecto. SUBACE es parte de nuestra estrategia de reinserción laboral de nuestros compañeros en resistencia y del compromiso del SME con los usuarios de la energía organizados en la ANUEE.
Fraternalmente.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
Comité Central y Comisiones Autónomas.
CDMX a 3 de agosto del 2018.

LF del Centro da banderazo de salida para realizar trabajos en diferentes estados de la República.

¡Ya nada nos detiene!
El día de hoy en las instalaciones de la Cooperativa LF del Centro se dio el banderazo de salida y la entrega de uniformes por parte de la coordinación de la línea de negocios Ingeniería Solar Fotovoltaica, para realizar trabajos en los estados de Nayarit, Durango, Campeche, Yucatán, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas, para la electrificación de comunidades rurales y marginadas con sistemas fotovoltáicos autónomos.
Con unidad y trabajo en equipo seguiremos avanzando... Siempre con pasos firmes​.






Sindicato de Electricistas tendrá relación de diálogo y respeto con López Obrador

López Obrador
El SME buscará tener una relación de diálogo y respeto mutuo con el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
México, 3 Ago (Notimex).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) buscará tener una relación de diálogo y respeto mutuo con el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, a quien presentará sus propuestas para aprovechar el enorme potencial energético que tiene México, afirmó su secretario general, Martín Esparza Flores.
Indicó que el mismo trato será para los nuevos titulares de las secretarías de Energía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante quienes siempre mantendrán en alto sus demandas: libertad sindical, respeto al derecho de huelga y salarios dignos.
En entrevista con Notimex, el dirigente de los electricistas dijo que el país cuenta con alternativas para construir plantas de energía renovable como son las hidráulicas, eólicas, geotérmicas, de energía solar y hasta nucleares.
Lo anterior, permitiría tener una infraestructura eléctrica con tarifas justas para el sector productivo y unas de carácter social que beneficiarían a la población de menores recursos económicos.
Para ello, señaló, el SME presentará, en su momento, al próximo presidente de la República, una serie de propuestas para aprovechar el enorme potencial energético que tiene el país, el cual ha sido desaprovechado por otras admnistraciones que han optado por desmantelar a las empresas paraestatales.
Consideró que en México se pueden tener gasolinas, diésel y energía eléctrica a precios bajos, pero hace falta voluntad política para llevar a cabo estos proyectos, pues hay mano de obra calificada e institutos que tienen propuestas para fortalecer a este sector y sacarlo de la mediocridad en la que se encuentra.
En sus oficinas del edificio nuevo en la avenida de Los Insurgentes, el dirigente sindical mencionó que con López Obrador, quien en los próximos días recibirá su constancia de mayoría para ser declarado Presidente Electo, se abre un canal de oportunidades, para recuperar el crecimiento del país y ofrecer nuevas condiciones de vida a los mexicanos.
“Somos un gremio que tiene propuestas y proyectos y por eso queremos acercarnos con la nueva administración y establecer un diálogo propositivo, concertar y llegar a acuerdos”, externó.
Sin embargo, señaló, lucharán porque se cumplan todos los acuerdos suscritos con el actual gobierno federal en torno a la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro. Aunque, posiblemente esto será una herencia que le dejarán al siguiente gobierno y que tendrá que resolver.
Hizo notar que uno de los grandes retos del próximo sexenio será revisar la reforma energética, principalmente en lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad y la generación de energía eléctrica, pues todo está quedando en manos de extranjeros y la empresa mexicana sólo va a regular el mercado.
“Se espera que haya más de 28 empresas generadoras de electricidad en el país y todas ellas de capital privado, donde la CFE será simplemente observador ya que solamente se va a dedicar a la comercialización y no a la generación del recurso. Por eso es fundamental revisar la reforma energética en este campo”, insistió.
Manifestó que sí es posible impulsar en esta industria una estrategia para el desarrollo del país, pues hay trabajadores capacitados y con amplia experiencia, sólo hace falta tener contratos colectivos de trabajo de avanzada y que puedan invertir su dinero en estas plantas de generación de electricidad.
Martín Esparza propuso utilizar las Afores de los electricistas para construir plantas de electricidad y de esta manera beneficiar a la población, sin embargo, “han orquestado una campaña negra en contra de los electricistas, de que tenemos prestaciones sociales fuera de la ley y que ponen en riesgo a estas empresas, lo cual es totalmente falso”, subrayó.
Estableció que el tema de los ahorros de los trabajadores y sus pensiones debe ser analizado con mucho detenimiento, pues el modelo que se siguió ya fracasó en Chile, por lo tanto, ya no debe continuar en el país.
Por ello, abundó, se deben impulsar reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro (Afore) y crear una comisión especial en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para analizarlo.
Otro tema de suma importancia, prosiguió el secretario general del SME, es el de la seguridad social y aún estamos a tiempo para sacarlo adelante a través del fortalecimiento del Seguro Social.
Comentó que actualmente el gremio cuenta con 16 mil trabajadores de 44 mil que eran anteriormente y la mayoría de ellos trabaja en varias hidroeléctricas que se ubican en localidades de Necaxa, Potla, Lerma, Alameda, Valle, Temaxcaltepec, Texcapa, Cañada, Valle de Toluca y Jorge Luque, en el Estado de México.
Todas ellas, aseveró, forman parte de la Cooperativa del SME y que fue constituida en 2015 e hizo notar que el gobierno federal debe comprarnos mil 700 megawatts por un periodo de 25 años.
Además, hay 30 trabajadores que aún no han sido liquidados y otros 988 que está pendiente su caso y que en total representan casi dos millones de pesos.
Esparza Flores sostuvo que con la empresa de generación de energía eléctrica y la firma de contratos colectivos de trabajo se da vigencia a esa organización como un sindicato de la industria y de esta manera se podrían firmar convenios en alguna rama.
Insistió que México tiene una gran cantidad de recursos para generar energía renovable y ofrecer el servicio con tarifas accesibles para la población en general y de otro nivel al sector productivo. “Tenemos cuencas, viento, sol casi todo el año, carbón, petróleo y energía geotérmica, sin olvidar la nuclear”, indicó.
La instalación de plantas para generar energía eléctrica a través del viento, y que están instaladas en algunos municipios de Oaxaca y Tamaulipas tienen problemas, pues las compañías extranjeras no quieren respetar los convenios que suscribieron con los ejidatarios de esas comunidades y eso se debe revisar.
“Las compañías extranjeras deben respetar las tradiciones de usos y costumbres de las comunidades indígenas y no quitarles la tierra a través de engaños”, expuso.

Fuente

Bloquean eólica en Oaxaca

Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 3 de agosto de 2018, p. 31
El Espinal, Oax.
Unos 200 propietarios que rentan sus tierras al parque de aerogeneradores Bii Nisa, de la empresa Eólica del Sur, bloquearon ayer el acceso principal a las instalaciones para denunciar que la compañía dañó sus terrenos con obras y no ha cumplido con los contratos.
Los arrendadores, armados con piedras y palos, se apostaron a la entrada del parque eólico, donde se instalan torres de aerogeneradores, lo que, según los inconformes, ha causado ‘‘infinidad’’ de afectaciones.
Dieron a conocer que 300 propietarios integrados en cinco comités reclaman al representante de Eólica del Sur, Eduardo Centeno, cumplir varios compromisos. ‘‘Nos prometieron que iban a reforestar, pero han derribado muchos árboles para montar las torres. Eso es un ecocidio’’, dijeron.
Otra de sus preocupaciones es que no se ha aclarado en qué se aplicarán 25 millones de pesos que la eólica entregó al ayuntamiento. Los inconformes exigen que se destinen a obras sociales.

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Pemex inaugura gasolinera con nueva imagen

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera estación de servicio “Emblema” de Pemex, fue inaugurada en el centro del municipio de Atizapán Santa Cruz, Estado de México, bajo la idea de mejorar el modelo comercial y renovar los procesos de la franquicia.
Serán 45 las estaciones de servicio que incorporarán la nueva imagen en lo que resta de 2018, ocho de ellas nuevas y 37 remodeladas, informó Pemex mediante un comunicado.

Durante la ceremonia de apertura, Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial, afirmó que con la nueva imagen se busca mantener el liderazgo de la franquicia a nivel nacional y concretar la evolución de la red de gasolineras.
A decir de Murrieta Cummings, la nueva imagen dará proyección a Pemex como una empresa con alto grado de competitividad al cumplir con los estándares de atención y servicio.

En tanto, Carlos Eduardo Gómez, director general de las estaciones Tianguistenco S.A. de C.V., se jactó de que, desde la incorporación del nuevo logotipo, sus ventas se han duplicado.

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Se le dijo “NO” por el riesgo nuclear y ni así: la minera de Canadá perfora con fuerza en Veracruz

- Foto: Óscar Martínez López, AVC
Por más riesgos demostrados, los proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad. Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha vuelto, acaso con más fuerza.
Por Flavia Morales y José Antonio Villagrán / SinEmbargo /

Alto Lucero, Veracruz, 25 de julio (SinEmbargo).- Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.
Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.
Han pasado 28 años desde entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su pueblo.
A unos kilómetros de su comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su tranquilidad.
No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida, si llegan todo se va a secar”, exclama.
La preocupación no es menor. A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.
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Mario Landa Viveros, comisariado ejidal en Alto Lucero, rechaza los proyectos mineros en la comunidad. Foto: Óscar Martínez López, AVC
La presencia de los “mineros” no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar oro, plata y cobre de su territorio.
El proyecto ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero.
A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.
En 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.
Divididos por la carretera costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea de una mina en su territorio los tiene atemorizados.

“ESTE CAMINO ES DE AVES”

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Alto Lucero, recursos naturales en riesgo por las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Los cerros que rodean Alto Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el Golfo de México, son los mejor conservados.
Si hubiera un lugar prohibido para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del Instituto de Ecología AC (Inecol).
La minera quiere construir en 361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.
Pero más de 265 hectáreas son terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia, que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.
En el camino de las aves migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24 horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.
Dentro del proyecto hay 51 especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de 1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.
La minera Gold Group intentó en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.
Pero la minera fue hábil y retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.
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Naturaleza, la víctima de la ambición por el oro en Veracruz. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Un grupo de expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes, que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.
La más grave es su cercanía con la planta nuclear Laguna Verde.
–¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.
–Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.
Para obtener 240 kilos de oro mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.
Laborde señala que la minera en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y manglares, además subestimó el riesgo de huracanes.  “Promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.
Cuestiona que la minera explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.
El investigador considera que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.
No han dicho a la Semarnat, ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.
Laborde sentencia que aunque la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más tiempo y el impacto sería más grave.
Además, existen otros peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.

El PERE NO FUNCIONARÁ 

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El Plan de Emergencia Radiológica Externo, insuficiente. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Caminar por los cerros y caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la estructura central  de la minera es toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la nucleoeléctrica Laguna Verde.
La minera alineó su plan de emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas que la empresa utilizará para la circulación de material químico.
El Plan de Emergencia de Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80 kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.
En diversas ocasiones, los habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento de las rutas de evacuación.
En un recorrido por el radio del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no saben que harían en caso de una emergencia.
Es el caso de los caminos de comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.
El Diputado por el distrito de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.

LOS PROYECTOS EN EL SILENCIO

La minera Caballo Blanco oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.
La estrategia de la minera es hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.
La investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.
Si el proyecto se extiende, entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.
Por esas montañas atraviesan también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de aves rapaces más grande del mundo.
Una extensión de mil 414 hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar (lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales), conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua dulce.
Ahí, un grupo de ejidatarios trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello crearon el proyecto La Mancha en movimiento.
El ecoturismo es una de principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas de las comunidades.
Adán Vez Lira, agente municipal de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.
Los habitantes de La Mancha viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a permitir que la minería llegue.
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Alto Lucero protege su salud y sus recursos, dice NO a las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC

UNA NUEVA ESTRATEGIA MINERA

Ante el segundo rechazo del proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del 2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el proyecto.
Para entonces la minera había enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.
Siete meses después, en mayo de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso electoral volverían a presentar el permiso de explotación.
Esta vez, su estrategia no era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos, encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.
Para conseguir el apoyo, la minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.
También regala pintura y flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine móvil.
Julio Portales, uno de los consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados productores de oro del país.La recién administración de la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto, por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400 empleos.
No habla a tientas. En Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos años.
La minera sabe de la situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades. “Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos el trabajo”.
También promete la rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio. ¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.
En una conferencia de prensa improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.
Sin embargo, el discurso positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de la región.
Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.

115 MDD, ¿ESO VALEN LAS CONCIENCIAS?

Para el activista, los mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras, hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el agua vale más que el oro”.
Por eso, a lo largo de la costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.
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El pasado 25 de mayo, en el municipio de Actopan y en asamblea popular, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de los pueblos Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro Gordo y Totolapa definieron la estrategia para resistir y defenderse de las empresas mineras en la zona. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

“USTEDES CONTAMINAN MÁS QUE LA MINA”

Armando Alexandri, director de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca, utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.
Rosario Aguilar, de la comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del auditorio se salió de la reunión.
Hasta la comunidad, los mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.
Nosotros vivimos con temor, para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si esto se acaba y contaminan todo”.
Rosario es parte vital de la resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.
“Mesa de veinticuatro” administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el proyecto es una amenaza para ellos.
La minera ha informado que para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.
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Rosario Aguilar, indignación convertida en resistencia. Foto: Óscar Martínez López, AVC

“¿QUÉ MEJOR VIDA NOS PUEDEN PROMETER?”

Villa Rica es una zona de mar azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.
Ahí ha vivido toda su vida Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.
Su actividad la combinan con su labor para la conservación de la tortuga lora.
Ubicados a poco más de 5 kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida acabe con la llegada de la mina.
No queremos que vengan a contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.
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Gilberto Martínez Castellanos, vecino de Laguna Verde: “Qué nos pueden dar las mineras que no tengamos”. Foto: Óscar Martínez López, AVC

“EL CERRO VA A DESAPARECER”

Arroyo Agrio es la comunidad más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.
Rogelio, agente municipal de la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.
En 2011, la primera vez que inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre economía.
La minera abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila.
Así, algunos habitantes como Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos por el agua que viene de los cerros”.
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La mina La Paila en Veracruz abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila. Foto:
Rogelio quien fue trabajador eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas) sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.
En ese entonces, la minera iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.
Cuando la mina regresó en 2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha,  no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.
Arroyo Agrio tiene sólo una calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al cerro donde el camino se pierde.
Rogelio quien ahora trabaja como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa de su árboles y agua.
La minera ha concentrado su fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017, cuando llegó un cine móvil, y  con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población de las bondades de la minería.

“DICEN QUE VA A HABER DINERO, NUNCA DESTRUCCIÓN”

Ha pactado reuniones en escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.
Pero algunos habitantes se quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder como ganaderos y propietarios de terrenos.
Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos fantasma”.
Acusó que la minera “engaña” a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.
Hace reuniones informativas pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.
Daniela Isabel cuenta que en las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.
“Pero yo les respondo que mi celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.
Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán, “eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.

UNA CONSULTA LIBRE E INFORMADA

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambietal (Cemda), advierte que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación o exploración.
Señala que en la región, las comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las comunidades”.
Asegura que estos proyectos violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.
Junto con varias comunidades, y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012 el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.
A su consideración es necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una amenaza permanente para las comunidades.
La activista considera que el proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría vigilar la operación correcta de una mina.
No entiendo por qué creen que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.

OTRA MINERA, UN RIESGO PARA ACTOPAN

Pero al riesgo del proyecto Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.
La minera tiene ocho concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.
Ximena Ramos advierte que la conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en consideración.
En el caso de Actopan, han presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.
Vedo Leal Vázquez, comisario ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera, los aguajes nunca se habían secado.
Denunció que la minera perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que –dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.
Además, la minera ha dividido al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200 hectáreas.

EL PUEBLO ESTÁ DIVIDIDO, COMO SUELE OCURRIR

Antes de que la minera llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.
Pero hace dos años, la minera Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más en terrenos aledaños.
Organizados los ejidatarios, iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28 actas de asamblea para decir no a la minera.
Son empresas que llegan con palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos prometidos”, refuta Ascensión.
La minera se ha valido de mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para fortalecer la lucha.
Nosotros no necesitamos que vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.
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Alto Lucero formaliza su oposición a la minería. Foto: Óscar Martínez López, AVC
En la comunidad de Tinajitas, la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones más fuertes en contra de la empresa.
Luego, los habitantes consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.
Ubicados a unos cinco kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco, Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.
Apenas el 25 de mayo, realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.
Varias comunidades no quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a nuestros pueblos”, señala.

HE AQUÍ EL ROSTRO OPACO DE LAS CONCESIONES

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Ante el entreguismo de las autoridades, la resistencia de los ciudadanos. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Durante ocho años la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las comunidades para evitar la llegada de la minera.
Emilio Rodríguez Almazán dice que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía  más de 100 barrenos perforados,  y lo primero que hallaron en las comunidades fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su tierra.
Aunque la lucha ha tenido logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan por vencidos.
Es preocupante que la empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública. También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.
Emilio afirma que la autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.
 

La UACM ante el derecho a la educación y la profesionalización laboral

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En un México en el que se ha recrudecido la precarización social, educativa y laboral, destaca la apuesta pedagógica de la UACM, basada en la inclusividad, la profesionalización laboral y la movilidad social desde una mirada distinta al actual paradigma económico, que da cabida a indígenas, padres y madres solteros, personas con capacidades distintas y adultos mayores

En la historia reciente de México, la inconsistencia del desarrollo de la educación nacional es un claro signo del modelo de liberalización económica y su pedagogía de la competitividad. Los resultados después de 35 años muestran que reducir el gasto educativo y emplazarlo hacia la certificación laboral no ha reducido la desigualdad ni la vulnerabilidad social. Mientras tanto, nuestro país ha venido obteniendo magros resultados o bajas calificaciones en la educación inicial –matemáticas, lectura y ciencias– y en la educación superior –menor empleo a mayor preparación– en los diferentes estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Por ejemplo, la matrícula en el nivel medio superior es una de las más bajas en comparación con los países de la OCDE; así como el gasto por estudiante en el nivel superior durante el periodo 2005 a 2017; además, un 24.5 por ciento de jóvenes no trabajan ni estudian.
Existen condiciones de severa marginalidad social y económica sobre aquellos estudiantes que pretenden realizar estudios profesionales y que son padres o madres solteras, responsables de familia, trabajadores informales o excluidos del mercado laboral, con capacidades distintas –los imbatibles colegas–, indígenas y de aquellos que se construyen una vida al margen de la atención institucional de las políticas asistenciales o laborales. El recrudecimiento de este escenario de precarización social, educativa y laboral, ligada al desempleo y restricción presupuestaria, nos obligan a mirar de forma crítica la situación actual. En tal sentido, la apuesta pedagógica en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) permite la inclusividad, profesionalización laboral y la movilidad social desde una mirada distinta al actual paradigma económico. Nuestra apuesta pedagógica y organizacional también responde a la formación de profesionistas que logren intervenir en los fenómenos sociales que afectan su entorno inmediato. A continuación revisamos el contexto nacional de las recientes políticas educativas nacionales de las tres recientes administraciones para después hacer un contraste con el modelo de la UACM y sus primeros resultados.

Liberalización y contra-democracia: precariedad y acceso a la educación

La profundización de liberalización económica y privatización de bienes y servicios sociales avanza sexenio tras sexenio con la desincorporación del sector estatal, la privatización de los servicios públicos de educación, salud, vivienda y pensiones e incluso, de los recursos estratégicos –comunicaciones, energéticos e industria agroalimentaria– además de la desregulación de las transacciones del capital financiero y garantías para su rentabilidad con débiles controles de competencia económica. El ascenso de una renovada tecnocracia –devota del pragmatismo económico estadunidense– y de burócratas vigorizados viene acompañando prácticas contra-democráticas. Ejemplo de ello es el cacicazgo sindical de la educación pública encabezado por el grupo liderado por Elba Esther Gordillo, hasta hace poco líder magisterial indiscutible y hoy encarcelada por imputaciones de corrupción. No obstante, liderazgos similares al gordillismo indican la persistencia de la praxis antidemocrática de control organizacional del sector magisterial y la educación pública.
Dicho control del magisterio y, por ende, del discurso educativo del sector estudiantil ha sido funcional al nuevo Estado liberal-ortodoxo, que hoy se ha centralizado en las agencias del gabinete económico fieles a las viejas élites políticas y antidemocráticas, cuyas prioridades financieras coinciden en su vocación por el desmantelamiento de la educación pública crítica y la desmovilización social y política. Dichos liderazgos en la cúpula de la educación pública han sido la clave en los esfuerzos por adoctrinar al sector estudiantil y que éste sea funcional al capitalismo de amigotes y al autoritarismo burocrático o tecnocrático. Las organizaciones a cargo de los espacios de enseñanza profesional y universitaria han sido estratégicos en dicho objetivo.
Otra tendencia evidente en la instalación del liberalismo a la mexicana durante la década de 1990 fue la desmovilización social a través de la reducción de responsabilidades estatales en la provisión de soluciones a problemas públicos y, desde luego, la exclusión de la población que requiere de educación superior como factor de movilidad social. Un escenario sombrío donde se vienen vulnerando derechos sociales amparados en la simulación de la institucionalidad democrática y la erosión del estado de derecho. Pocos resultados tuvieron la reforma municipal (artículo 115 de la Constitución) que devolvió facultades en la provisión de servicios pero sin suficiente tecnología administrativa, control y financiamiento, así como la reforma política de apertura a la competencia política de partidos de oposición, sin una real competencia y autonomía de las élites. Las condiciones de vulnerabilidad social se mantenían vigentes.
A finales de 2006, concluía el gobierno de Vicente Fox –el de la ansiada alternancia con el Partido Acción Nacional–, el cual fue relevado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, periodo en que la matrícula de educandos de nivel superior apenas se incrementó de forma similar a la de la década de 1970, mientras que el recorte de 757.2 millones de pesos (mdp) –un 6 por ciento– al presupuesto del sector educación para 2010 –de 211,186 mdp– afectaba a universidades públicas y programas extraordinarios del sector [1]. De manera semejante, de 2006 a 2010 el gobierno gastó miles de millones de pesos en publicidad oficial y el monto total entre el inicio y el final de su sexenio alcanzó los 40,000 mdp [2]. En contraste, en 2010, el presupuesto asignado para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue de 23,108 mdp. Para 2013, Enrique Peña Nieto también repitió esta tendencia, pues habría gastado 4,195 mdp en publicidad, de los cuales al menos 186 mdp se usaron para promover reformas por la privatización de la educación pública y del sector energético [3]. Esta forma de reorientar el gasto nacional y el interés gubernamental es por demás inadmisible en un país que padece una crisis económica y en la administración pública. Veamos ahora el actual contexto social y económico de la educación superior en la Ciudad de México [4].

Reforma educativa en el plano del paradigma económico y el derecho a la educación

La reforma educativa del presidente Peña Nieto, que entró en vigor en 2013, planteó modificaciones al artículo tercero de la Constitución respecto del carácter y estructura del sistema nacional de educación pública. También modificó el artículo 73 constitucional respecto de las facultades legislativas en materia de educación y, básicamente, planteó regresar al esquema de centralización que fue abandonado en las décadas de 1980 y 1990. De hecho, las reformas al municipio de 1983 a 1999, que devolvieron facultades en materia de educación pública a las entidades locales, buscaban responder a las necesidades particulares de la diversidad del territorio. En cambio, la reforma de Peña las volvió a centralizar bajo el eufemismo de “devolución” de la “rectoría del estado”.
La reforma desarrolló una legislación que instituye la creación de diversas instituciones y un sistema educativo nacional para la educación preescolar, básica y media superior. Las leyes reglamentarias de la reforma al Artículo 3 de la Constitución dieron paso a la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la Ley General de Educación y el Servicio Profesional Docente y el Sistema Educativo Nacional. En conjunto, éstas crean un sistema nacional centralizado que tiene características similares a los antiguos sistemas de recompensas y reclutamiento de la burocracia que fueron tan exitosos en los inicios del presidencialismo fuerte; de hecho, el sistema de rotación de cargos fungió como un sistema de castigos y recompensas para alinear la conducta de los burócratas hacia la disciplina y lealtad de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y el presidente de la República.
Uno de los rasgos característicos de esta legislación es su acento en los mecanismos de evaluación del desempeño, capacitación del magisterio, sistemas universales para la evaluación de las calificaciones de los estudiantes y otros componentes que sustentarán la “calidad y plena autonomía” de la gestión pública de las organizaciones a cargo de la educación. Sin embargo, esto no ha sido el sentido más impactante de la reforma educativa. En primer lugar, cuando se habla de instrumentar un sistema nacional para la evaluación del desempeño de las autoridades y el personal docente en realidad se está creando un sistema centralizado para el disciplinamiento de las organizaciones a cargo de los servicios educativos y del magisterio. Si bien, no debemos poner en duda la necesidad de crear sistemas de evaluación que cuenten con sofisticados sistemas para la evaluación de la gestión, con indicadores sobre resultados, impactos y mejora, la experiencia luego de 4 años de aplicada la reforma muestra el despliegue de mecanismos de coacción al magisterio.
Este sistema centralizado de castigos y recompensas responde a dinámicas de tipo exógeno, es decir, a sistemas de evaluación universalistas construidos fuera del país y que no pueden incorporar de forma alguna la complejidad social de los distintos esquemas pedagógicos que requiere un verdadero sistema de educación nacional, territorializado y contextualizado en las diversas problemáticas educativas: por sectores sociales y niveles de precariedad o de subdesarrollo económico. Por tanto, es en realidad un sistema de control del conflicto magisterial. Las resultantes obras que ha producido esta reforma no han sido las mejores y tampoco generan adecuados controles de rendición de cuentas que sancionen a las autoridades encargadas de su instrumentación, lo cual desmiente el objetivo central de evaluar y sancionar a las autoridades.
Ejemplo de ello fue la producción de libros de texto que contenían un gran caudal de errores ortográficos y científicos, sin que esto representara sanciones a los responsables.
Para crear un verdadero sistema institucional autónomo es necesario que éste quede fuera del alcance de la influencia determinante del presidente de la República y las fuerzas políticas, lo cual no ocurre debido a que el Instituto Nacional para la Evaluación depende de la intervención directa del presidente y la ratificación del Senado, pero sin la intervención de contrapesos técnicos ni sociales. Además, existen restricciones presupuestarias que pesan sobre el sector educativo y que año con año muestran una disminución gradual que contradice la condición de autonomía y calidad.
El llamado a la devolución de la autonomía de gestión es otra de las inconsistencias notables de la reforma. En realidad, ésta impuso a los padres de familia los costos de la reducción presupuestaria. Si bien, el financiamiento social de la educación pública no es a priori negativo, éste debe articularse a las mejoras estructurales y logísticas que disponga la administración pública y a ciertas acciones estratégicas de gobierno. Un recorte sin la correspondiente prestación de estructura educativa funcional que catalice el esfuerzo económico de las familias, anula cualquier acción de corresponsabilidad socio gubernamental. No obstante, la denominada autonomía de gestión ha sido en realidad la autogestión de las escuelas, ya que los padres han tenido que financiar la mayor parte de las necesidades diarias en la provisión del servicio, y dichos aportes aumentan año con año.
Se debe de añadir que las promesas hechas con la reforma respecto de la creación de las escuelas de tiempo completo en realidad impusieron mayores horas de trabajo y de carga laboral al personal docente, que no son financiadas ni compensadas de forma adecuada. Además, debe subrayarse que la venta de comida chatarra es una de las prácticas cotidianas en los centros educativos, lo cual fue un punto neural que la reforma constitucional buscó atender y eliminar, por inusual que parezca. Asimismo, la mayor carga horaria impone en los estudiantes mayores cargas laborales en sus hogares, lo que les impiden la realización de actividades recreativas vitales para su sano desarrollo motriz, emocional e intelectual.
En términos generales, la centralización del nuevo modelo nacional de educación sólo pretende operar como una herramienta para la reforma laboral que cancele conquistas y dinámicas de negociación que el sector magisterial aplicaba a los gobiernos. Principalmente, respecto de las necesidades particulares de aquellos territorios en marginalidad que han sido abandonados por los diferentes gobiernos a lo largo de las últimas décadas. En tal sentido, cuando se habla de la modernización y prestación de infraestructura y tecnología, lo que en realidad encontramos es la precariedad total de aquellas zonas en las periferias urbanas; pero de manera más dolorosa en las entidades rurales con alta marginalidad, donde es imposible instrumentar los esquemas de evaluación que requieren el uso de nuevas tecnologías de la información y mínimas condiciones de infraestructura eléctrica, drenaje, sanidad e inmuebles dignos.
Se debe subrayar que una gran cantidad de unidades escolares que no cuenta ni siquiera con el servicio eléctrico. Además, existen poblaciones que hablan idiomas autóctonos que no podrían articularse a un modelo de escala nacional adecuado a las necesidades particulares de sus contextos, lo cual desarticula la aspiración de formar capital humano y desarrollar el potencial de la comunidad estudiantil para ser absorbidos por el mercado laboral. Por ende, es claro que son acciones dirigidas a desarrollar esquemas corporativos de control que sitúan al sistema educativo como una herramienta más del opaco orden político, que facilitan la flexibilidad laboral y privatización de servicios educativos al tiempo que imponen los costos a los padres de familia por medio de la autogestión de sus centros educativos. A continuación veremos el contraste que representa nuestro modelo con el de la reforma educativa nacional.

La UACM: por nuestro derecho a la educación universitaria

¿Qué escenario enfrenta la población vulnerable –social y económicamente– para acceder a la educación universitaria en la Ciudad de México? Las cifras del periodo 2005-2010 muestran que en la capital el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que trabajó por cuenta propia alcanzó un 18.6 por ciento, de los cuales aproximadamente 660 mil son comerciantes ambulantes, mientras que la escolaridad promedio de la PEA es de 10.7 años; 48 por ciento de quienes laboran en el sector informal –es decir, toda actividad económica fuera del esquema fiscal y legal– cuentan con educación media o superior [5].
Esta situación se agrava si se trata de población indígena o con capacidades distintas. Ante semejantes problemas estructurales el gobierno capitalino y un grupo de especialistas integraron el Consejo Asesor del gobierno del Distrito Federal, que desarrolló el proyecto que fundaría la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue hace 17 años, un 26 de abril, que se decretó la creación de nuestra Universidad, el cual además incluía un proyecto educativo vanguardista que buscaba fortalecer la ciudadanía desde la inclusividad, además de atender el rezago en materia educativa del Distrito Federal y la zona conurbada [6]. En tal sentido, nuestra alma mater buscaba confrontar la crisis del modelo educativo de mercado que normalizaba la exclusión de grandes sectores sociales de la educación superior [8].
La UACM no sólo cuestionó la tendencia de los recortes presupuestarios de anteriores gobiernos, también planteó un modelo de accesibilidad universal a la educación superior que confrontó la lógica de exclusión por criterios cuantitativos. Según lo establece el artículo 5 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: “los principios de cooperación y apoyo mutuos deben ser la base de las normas que rijan la Universidad, [una] comunidad […] constituida mediante relaciones de cooperación y apoyo mutuos”. La Exposición de Motivos, en sus puntos 1 y 3, señala que “independientemente de cualquier singularidad social o económica [habrá] apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades educativas, sin prejuzgar acerca de méritos”.
Esta vocación humanista ha sido crucial para el desarrollo personal de una vasta comunidad de estudiantes que son padres o madres solteras, de gente con capacidades distintas, de adultos mayores, indígenas y de otros más que son educandos con un gran compromiso social a pesar de padecer circunstancias adversas por su condición social, económica, étnica o por motivos de salud. Estos ejemplos son muestra evidente de que la formación en esta Universidad está ligada a diversas luchas sociales y pedagógicas libradas por su comunidad, que no sólo expresan una salida digna ante la marginación social, sino que también constituyen un serio cuestionamiento al vigente orden establecido que amplía sus fronteras de exclusión. En este orden de ideas, diversos grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad por carencias sociales –cuando se carece de tres, o más, factores de desarrollo social y económico– o incluso de vulnerabilidad por ingresos, cuentan al fin con una institución que garantiza sus derechos y oportunidades educativas [9].
Mi visión particular como padre de familia soltero y entonces trabajador de clase baja ha sido crucial en mi valoración de este proyecto educativo. El mes de abril de 2011 cumplía 38 años, con dos hijos en edad escolar, un trabajo precario pero que al fin lograba concluir sus estudios gracias a la flexibilidad de la Universidad. Mi asistencia a tiempo parcial y el uso de asesorías dentro y fuera del aula, con movilidad entre planteles y asistencia en distintas sedes y horarios como oyente facilitaron mi estudio como autodidacta que trabajaba el día completo. Fue fundamental el apoyo de mis colegas y sector docente que siempre fueron sensibles con los estudiantes de medio tiempo [10]. Estas ventajas no se encuentran en otras instituciones educativas de orden público. Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, donde realicé mis estudios de ingeniería industrial, no me fue posible concluir debido a que mi trabajo en la Secretaría de la Defensa Nacional me privaba de muchas horas de estudio y no había ningún esquema para recuperar tales aprendizajes a través de asesorías o grupos de estudio. Los horarios y reglamentos rígidos me impidieron concluir los estudios.
Para diciembre de 2010 concluí la licenciatura, después realicé mi tesis y me titulé en junio de 2011. Aquella tesis obtuvo un premio nacional en 2012, que brindó el Instituto Nacional de Administración Pública, el cual fue mi segundo premio nacional y el tercer laurel después de mi egreso de la UACM, durante el primer proceso de cambio de Rectoría en 2010 y 2011. En el periodo mencionado logré obtener también mi primer premio nacional por un ensayo político sobre fiscalización y rendición de cuentas (la onceava edición), el cual fue entregado por la Auditoría Superior de la Federación con el concurso de más de 650 ensayistas e instituciones profesionales y educativas de más alto nivel, públicas y privadas. El mismo día de la ceremonia de premiación yo aplicaba mi examen de ingreso a la maestría en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (Flacso), lo cual me permitió certificar mi competencia internacional. En el examen Ceneval de admisión que aplicó Flacso obtuve el primer lugar a nivel nacional y el segundo a nivel internacional.
Luego vinieron más recompensas y en marzo pasado obtuve mi noveno reconocimiento (segundo de carácter internacional): primer lugar de ensayo latinoamericano, en la categoría de posgrado. Además he generado 13 publicaciones académicas, de las cuales, nueve están indexadas por mecanismos colegiados de arbitraje ciego.

Estado actual de la UACM

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha mostrado buenos resultados en términos cuantitativos y cualitativos. Es decir, cuenta con indicadores que muestran el éxito de su modelo respecto de la formación de profesionistas que logran insertarse en el campo laboral y en los más altos circuitos académicos de profesionalización y excelencia en Mexico. Asimismo, los matriculados de la Universidad integran a una gran población de padres y madres solteros, personas con capacidades diversas, adultos mayores, los cuales, también han logrado titularse. A la fecha, la Universidad cuenta con 1 mil 700 egresados (Oficina de información pública UACM, 2017).
Respecto del primer elemento cuantitativo –orientado a la profesionalización–, tenemos como referente específico a los posgrados nacionales de calidad de los distintos programas de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde hay matriculados alrededor de dos decenas de egresados de la UACM y de donde se han graduado con maestría y doctorado unos 15 estudiantes. Otro ejemplo, reside en los titulados de posgrados impartidos por la UACM [10], que hasta abril de 2016 sumaban 188 posgraduados. Otros indicadores de éxito en la profesionalización y competencia laboral residen en licenciatura de ciencia política y administración urbana (LCPAU), una carrera que articula la política educativa para la formación de profesionistas enfocados a resolver problemáticas de la gestión pública y la planeación urbana en la Ciudad de México (ver tabla).
La LCPAU cuenta con la segunda matrícula de mayor tamaño, después de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se contabilizó en 8 mil 369 matriculados, hasta el primer semestre de 2016 (tabla 1); en tangos de edad que van de los 17 años hasta adultos mayores de 75, como el caso de la licenciada Socorro Calderón Ibarra, titulada a los 84 años. Los egresados de la carrera de ciencia política sumarían más de 290 estudiantes hasta 2017 y con 105 titulados hasta abril de 2016 (tabla 2). Otro dato de suma importancia es el número de padres y madres de familia que integran la matrícula de estudiantes en la carrera de CPAU, entre los cuales hay egresados, titulados y posgraduados, que en 2016  fue de 1 mil 243 estudiantes-padres-laborantes.
Desde luego, en los medios educativos e institucionales y en los grandes medios de comunicación no se dan estos detalles; en contraste, se ha exagerado el conflicto interno de nuestra Universidad en opinión de periodistas, legisladores y demás detractores gratuitos que se oponen al modelo educativo de la UACM. Sin embargo, los egresados de nuestra alma mater hemos cuestionado en diversas ocasiones a dichos detractores dando evidencia del caudal de logros obtenidos por un gran número de estudiantes y egresados. Muchos estudiantes más lograron significativos reconocimientos locales y nacionales en las áreas de comunicación, arte y patrimonio cultural, ciencia política, ingenierías, letras e historia. Y ya suman alrededor de 50 galardones en 2018. Es así que nuestra alma mater nos ha permitido a muchos cambiar nuestras condiciones, oportunidades y perspectivas. En este tenor, los estudiantes ofrecemos evidencia de los alcances del insigne proyecto de la UACM y de su paradigma pedagógico.

Conclusiones

En la actual coyuntura, la discusión que tenemos en la mesa es de suma importancia, porque las políticas educativas nacionales de las tres recientes administraciones y la reforma educativa de Peña Nieto han mostrado sus resultados adversos y demuestran que la racionalización del problema desde las perspectivas empresariales de gestión del desempeño y la visión estatista centralizadora de la estructura educativa conlleva riesgos e impactos negativos que empeoran el problema sin garantizar inclusividad, presupuesto adecuado y capital humano.
El proyecto educativo de esta Universidad es una alternativa viable al modelo propuesto por la reforma educativa del presidente Peña Nieto. En contraste con la reducción presupuestaria del modelo nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha realizado sendas apuestas por un esquema pedagógico diferente y con acento en el el financiamiento público, cuyas políticas inclusivas (apertura a sectores marginados, sin examen de admisión ni asistencias obligatorias al aula, con asesorías y gratuidad) no solamente ha logrado crear un amplio esquema de oportunidades de acceso a la educación superior, sino también ha generado talento con un alto perfil de capital humano.
En contraste, el modelo organizacional de la UACM ha mostrado triunfos que deben de evaluarse con honestidad y a la luz de las limitaciones que tiene un modelo de reciente creación. Aunque han sido también evidentes ciertas inconsistencias normativas y conflictos –habituales en las organizaciones públicas– que nos deben dar también una voz de alerta sobre la importancia de resolver dichos problemas. Hoy es crucial poner en el centro de la discusión nacional la perspectiva de inclusividad y competencia del proyecto de nuestra Universidad y las ventajas que tiene en materia de profesionalización de alto nivel y de creación de ciudadanos capaces de intervenir en sus propias problemáticas locales.
En resumen, la UACM ha logrado crear una entidad autónoma que garantiza la inclusividad a través de una asignación presupuestaria adecuada sin sacrificar la profesionalización de alto nivel que responde a la demanda de capital humano en el mercado laboral. También, ha logrado crear una población de egresados altamente comprometidos on su realidad inmediata (ingenieros, gestores culturales, comunicadores, politólogos, promotores de la salud, humanistas, entre otros) cuyos casos de éxito demuestran que la formación de profesionistas con un alto nivel de desempeño también es viable a través de modelos que no están orientados exclusivamente a la certificación laboral.
La UACM es una institución joven, por ello contradictoria, como todo lo que es nuevo en la vida. Por ello desde sus aulas comienzan a gestarse importantes cambios en el paradigma educativo y una crítica profesional a las estructuras excluyentes; esto permite construir senderos donde no existían oportunidades de tránsito y movilidad de sectores excluidos históricamente. Su comunidad universitaria es responsable de interpretar otra realidad desde el crisol de otras perspectivas y potenciar la herencia universitaria que mostraremos a las futuras generaciones y que serán muchas y mejores que nosotros. Esa es la responsabilidad de todo universitario, retribuir a la sociedad y a las aulas de su alma mater por la oportunidad recibida.

Referencias:

 [1] “Confirman recorte al presupuesto de 2010 para educación superior”, La Jornada, 2016, http://www.jornada.unam.mx/2010/01/23/index.php?Section=sociedad&article=030n1soc.
 [2] “Calderón gastó más de 8 mil millones de pesos en publicidad, en su último año”, Animal Político, 2013, http://www.animalpolitico.com/2013/09/calderon-gasto-en-publicitar-su-gobierno-38946884-pesos/#axzz2l1vhpjmu.
 [3] “Publicidad oficial: recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013, primer año del presidente Enrique Peña Nieto”, Fundar y Artículo XIX, http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/documentogastosPOEPN_VF.pdf, págs., 1-8.
 [4] Debido al impacto de tales reformas, muchos universitarios participaron desde los espacios de la UACM para ejercer alguna forma de activismo político.
[5] “¿Quién puede gobernar esto?”, Nexos, 2012, http://www.nexos.com.mx/?p=14743.
[6] En enero de 2001, el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y su administración integraron dicho Consejo –con la contribución de notables académicos y académicas– al cual se encomendó el proyecto pedagógico para la creación de una universidad pública, cuyo trabajo dio lugar a la Universidad de la Ciudad de México.
 [7] La inauguración de este proyecto daba continuidad a sendos procesos de movilización cívica que en la periferia de la Ciudad de México y particularmente en el polígono de Iztapalapa luchaba por la creación de espacios de reinserción social. Bajo esa lógica nació el primer proyecto de la preparatoria que dio cauce al Instituto de Educación Media Superior (IEMS), originalmente impulsado bajo la consigna social: “Prepa sí, cárcel no”, de los vecinos de San Miguel Teotongo, Iztapalapa.
 [8] Cabe subrayar que el acceso a la salud pública es un factor crucial cuando algunos miembros de la familia tienen un padecimiento crónico y el estudiante no puede darse el lujo de enfermarse, ni mucho menos de invertir un día entero en atenderse en las dependencias de salubridad pública.
 [9] Durante mi estancia en la Universidad, colaboré con diversas redes de investigación en México y América Latina mientras realizaba mi servicio social como investigador en Fundar, AC. Estos andamios me permitieron después alcanzar diversos reconocimientos académicos.
 [10] Los posgrados que ofrece la UACM son: maestría en ciencias genómicas, maestría en ciencias de la complejidad, maestría en ciencias sociales, maestría en defensa y promoción de los derechos humanos, maestría en didáctica y conciencia histórica, maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos, maestría en educación ambiental, maestría en fuentes renovables de energía y eficiencia energética, maestría en pensamiento y cultura en América Latina, doctorado en ciencias genómicas y doctorado en pensamiento y cultura en América Latina.
Omar Elí Manriquez Santiago*
*Doctorante de estudios sociales (procesos políticos) por la Universidad Autónoma Metropolitana; maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; licenciado en ciencia política y administración urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
[ANÁLISIS EDUCATIVO][D] [SEMANA]


Impulsa la STPS la inclusión laboral para personas en situación vulnerable

Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de agosto de 2018, p. 14
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) firmó con la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra) el acuerdo de Ejecución para la difusión de las políticas laborales incluyentes, que tiene como fin incentivar políticas públicas que permitan el ingreso al campo laboral a personas en condiciones de vulnerabilidad, principalmente adultos mayores y jóvenes.
Durante la reunión que se efectuó ayer en la ciudad de Guanajuato, el titular de la STPS, Roberto Campa Cifrián, subrayó que esta dependencia, así como los delegados estatales de la secretaría, trabajarán hasta el último día del sexenio, al que le restan poco menos de cuatro meses.
“Debemos seguir al pie de la letra el proceso establecido para cumplir con la entrega-recepción transparente y oportuna que preserve la continuidad del servicio público. Vamos a aprovechar también esta reunión de Conasetra para –en el caso de los delegados– definir las acciones finales para entregar bien, para cumplir cabalmente cada una de nuestras metas… Ha sido un privilegio contribuir en esta tarea, en esta responsabilidad”, sostuvo durante la que fue la última reunión de esta agrupación en la actual administración federal.
Detalló que el acuerdo firmado por las delegaciones estatales de la STPS y las secretarías estatales del trabajo, busca diseñar acciones encaminadas también a jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, así como cualquier otro grupo social en condición de vulnerabilidad.
Agregó que se busca incentivar en los centros de trabajo el desarrollo de políticas organizacionales en favor de los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad y de inclusión.
Además, los gobiernos estatales deberán difundir la relevancia de obtener el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, el cual reconoce a centros de trabajo que aplican medidas en favor de trabajadores vulnerables, así como acciones que erradiquen el trabajo infantil en el país.
Roberto Campa Cifrián adelantó que buscará un convenio con autoridades municipales y estatales para formalizar las plazas laborales de bomberos y cuerpos de emergencia, esto a partir de una solicitud de la Organización Internacional del Trabajo.

En afores "hay mil inversiones exitosas" por cada fallida

Israel Rodríguez J.
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de agosto de 2018, p. 25
Por cada inversión que realizan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) con los recursos de los trabajadores que resulta poco rentable hay mil acciones exitosas.
Así lo expresó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, quien explicó que el sexenio arrancó (2012) con 1.9 billones de pesos y terminará con cerca de 3.5 billones, y de ese crecimiento de 1.6 billones, 800 mil millones son rendimientos netos de comisiones, de minusvalías (pérdidas), netos de volatilidad e inversiones que no resultaron como se esperaban.
En conferencia de prensa después de inaugurar la quinta edición anual de las Afores 2018, efectuada en la explanada de la delegación Benito Juárez, Ramírez Fuentes resaltó: Entiendo que en ocasiones el énfasis se ponga en las inversiones que no resultan como se esperaban, pero se pierde de vista que detrás de cada uno de ellas hay mil acciones que sí son exitosas y por eso es que se genera un rendimiento libre de comisiones para los ahorradores.
El presidente de la Asociación Mexicana de las Afores (Amafore), Carlos Noriega Curtis, añadió que el Sistema de Ahorro para el Retiro le da al trabajador una enorme responsabilidad de juntar dinero más allá de lo que pide la ley y de cómo invertir ese ahorro. Para cada trabajador se vuelve muy complicado analizar cuáles son las mejores inversiones.

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Venezuela pone fin, tras 15 años, al rígido control de divisas

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▲ Venezuela liberaliza su mercado cambiario, pues la falta de liquidez disparó un mercado negro donde las cotizaciones multiplican por 30 la oficial.Foto Afp
Afp y Reuters
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de agosto de 2018, p. 28
Caracas
Tras 15 años de prohibición, Venezuela autorizó este jueves negociar divisas, ahora podrán llevarse a cabo operaciones en casas de cambio para atraer capitales y paliar la hiperinflación, medida que según expertos tendrá impacto limitado, pues excluye a la banca.
A pedido del presidente Nicolás Maduro, la oficialista Asamblea Constituyente derogó una ley que castigaba con multas y penas hasta de 15 años de cárcel a quienes realizaran operaciones al margen de un rígido control cambiario.
Los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán autorizadas por el Ejecutivo y hacer cualquier operación de manera legal y segura, señaló el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami.
Según el decreto, el gobierno socialista, enfrentado a cuatro años de recesión, busca otorgar las más amplias garantías para integrarse al modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país.
Desde que fue impuesto en 2003, el control de cambios dio al Estado el control de las divisas y la potestad de fijar la tasa, pero la falta de liquidez disparó un mercado negro donde las cotizaciones multiplican por 30 la oficial.
Analistas sostienen que ese diferencial potencia la corrupción y genera presiones inflacionarias, pues la mayor parte de las importaciones privadas se realizan con dólares del mercado paralelo.
El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2018 una caída del Producto Interno Bruto venezolano de 18 por ciento y una inflación de un millón por ciento, luego de que el gobierno se vio obligado a eliminar cinco ceros a la moneda local, el bolívar, medida que entrará en vigor el 20 de agosto.
El objetivo es devolverle a la clase trabajadora su poder adquisitivo y quebrar los marcadores paralelos que pretenden desestabilizar nuestro sistema financiero, afirmó El Aissami.
La reforma también pretende incentivar la inversión extranjera, al permitir que empresas puedan repatriar sus capitales, afirmó el ministro en días pasados.
Si bien esta semana admitió el fracaso de su modelo de producción, Maduro atribuye el alto costo de vida a una guerra económica de la oposición y Estados Unidos, que le impuso sanciones financieras.
La medida no precisa cómo se fijará la tasa en las casas de cambio ni qué pasará con la oficial, en la práctica intrascendente ante la baja asignación de divisas por parte del Estado, lo que da primacía al mercado negro.
Pese a ello, es una buena noticia, pues permite que los privados trabajen con sus dólares sin ser penalizados, indicó el director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.
Sin mayores detalles, El Aissami adelantó que el nuevo esquema será alimentado por los particulares, pues los recursos del Estado serán destinados a la inversión social.
Venezuela experimenta una caída de la renta petrolera que vació sus arcas, primero por la baja en las cotizaciones del crudo y luego por un desplome de la producción de más de 50 por ciento en la pasada década, lo que impide beneficiarse del repunte de precios.
Por ello, el gobierno, que obtiene 96 por ciento de los ingresos del petróleo, redujo la asignación de dólares al sector privado y las importaciones (de 66 mil millones de dólares en 2012 a menos de 10 mil millones este año, según Ecoanalítica), generándose una aguda escasez de bienes básicos.
Es una gran oportunidad, es un nuevo comienzo, dijo El Aissami, tras entregar el decreto a la Asamblea Constituyente.
El primer artículo del decreto deroga el régimen de ilícitos cambiarios, una norma que databa del 2005 y que imponía multas y penas de prisión de hasta 15 años.
Pero la reforma no exonera a las compañías y particulares que el gobierno acusa de haber cometido delitos cambiarios en el pasado y tampoco será retroactiva.
Al Estado usted no le va a pedir más, afirmó Diosdado Cabello, el presidente de la asamblea.
Otros constituyentes avalaron la reforma porque creen que evitará que los dólares que entran al país por la venta del petróleo, casi la única fuente de divisas, lleguen a manos de empresarios enchufados, es decir, aquellos que se favorecían con las divisas que asignaba el Banco Central a tasa subsidiada.
Sin embargo, el gobierno mantiene aún vigente el Dicom, el mecanismo estatal que fija a diario un tipo de cambio que se ubica hasta 30 veces por debajo de otra cotización de un mercado paralelo que la mayoría usa como referencia.
Con el cambio legislativo, analistas creen que volverán a existir dos mercados legales para negociar dólares en Venezuela, un esquema que el fallecido presidente Hugo Chávez prohibió por sorpresa en 2010, tras años en los que empresas y personas conseguían divisas al negociar con bonos de la deuda externa venezolana.
La derogatoria evidencia la necesidad de financiamiento como el (proveniente) de China, apuntó Asdrúbal Oliveros, quien aseguró que el mayor aliado financiero de Maduro en Asia exigió esa flexibilización para retomar la entrega de créditos, suspendidos desde hace tres años.
La medida, que abre el juego a las casas de cambio tendría, sin embargo, un efecto limitado, pues excluye a la banca.
Si se pudieran hacer operaciones en el sistema bancario, la oferta de dólares aparecería, pero no está planteado, comentó el director de la firma Econométrica, Henkel García.
Además, sin la unificación de tasas las distorsiones se mantendrán, opina el diputado opositor José Guerra, ex directivo del Banco Central.
Tras la aprobación del decreto, el Banco Central convocó para el viernes a los privados a una nueva subasta de divisas bajo el viejo sistema, alimentando los temores sobre una dualidad de marcadores.
Un mercado dual, con un tipo de cambio oficial con el dólar barato y otro paralelo con la moneda cara, en medio de un déficit fiscal enorme financiado con emisión monetaria y sin entradas de capital, va reventar la tasa de cambio paralela, advirtió.
La cuestión cambiaria es neurálgica para la supervivencia del gobierno, pues es un mecanismo de repartición de rentas entre aquellos grupos de poder con control sobre importaciones públicas, que representan 75 por ciento del total, considera Ecoanalítica.

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