lunes, 23 de julio de 2018

Informe, concentración en la SENER 2018-07-13

Concentración en SENER


CONSAR reconoce que no garantizan ni una pensión de salario mínimo AFORES SÓLO GENERARON 88 CVS POR CADA PESO QUE APORTÓ EL TRABAJADOR

*A 21 años de su creación demuestra que todo fue una mentira de Zedillo y Gurría.
*Para lo que sí sirven es para desmantelar el derecho humano a la seguridad social.
*También sirven para engordar el bolsillo de los banqueros por el cobro de comisiones.
LAS Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES), han generado sólo 88 centavos por cada peso que ha aportado el trabajador a lo largo de sus 21 años de existencia, lo cual no será suficiente para que garanticen ni siquiera una pensión de salario mínimo a quienes tienen cuentas individuales, reconoció la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
En su más reciente informe que abarca hasta marzo del 2018 la CONSAR señala que de 3 BILLONES 220 MIL 749 MILLLONES DE PESOS, que tenían acumulados hasta esa fecha las AFORES, 616 mil 861 millones de pesos fueron generados por rendimientos netos de comisiones (a lo que le llama plusvalías) y el resto mil 700, 661 millones de pesos, resultaron de las aportaciones netas de los asalariados con cuenta individual.
El rendimiento neto no es ni un peso por cada peso que aportan los trabajadores.
La garantía de que habría una mayor pensión con este sistema privado propiedad de la banca fue una de las múltiples promesas que hicieron Ernesto Zedillo Ponce de León en 1997 y José Angel Gurría, entonces secretario de Hacienda y hoy presidente de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico (OCDE), cuando propusieron y lograron las creación de las administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro.
Cabe recordar que todas las AFORES son propiedad de la banca privada, excepto en un caso, la Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fue vendida a Banorte en 2014 y, actualmente, es PensiónISSSTE, propiedad social del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En julio de 2018, a 21 años de que comenzaron a funcionar las AFORES, las autoridades de la CONSAR que es el organismo dependiente de la secretaría de Hacienda encargado de regular su funcionamiento, prevé que un trabajador requerirá cotizar al menos 45 años continuos en su Afore, para que logre juntar el monto o la densidad de cotización necesaria –como le llama- para obtener una pensión de salario mínimo, lo cual requerirá de trabajo estable y permanente.
El problema es que la propia CONSAR reconoció en este último informe que desafortunadamente el 57 por ciento de la población trabajadora no tiene ni empleo de base ni ingresos suficientes, sino que se encuentra en la informalidad laboral con bajos salarios, lo que le aleja de la posibilidad de tener una pensión mediante las AFORES. 

¿López Obrador marcará el fin de las reformas estructurales?



 
Modificar las tres reformas estructurales –energética, educativa y laboral– que se oponen al proyecto de nación que pretende impulsar el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador no bastará para marcar un cambio en el actual rumbo que lleva el país. Es necesario echarlas abajo.
Por ello la pregunta es si el próximo gobierno, con mayoría relativa en el Congreso, las cancelará o sólo las maquillará. Y aunque faltan poco más de 4 meses para que asuma el cargo, el cuestionamiento es pertinente por las indefiniciones que han mostrado el propio López Obrador y su equipo.
Estas ambigüedades podrían explicarse porque, al ser temas muy sensibles, se intenta generar las menores reacciones posibles, o bien porque los morenistas están matizando sus objetivos.
En caso de ser esto último, el político tabasqueño quedará bastante lejos de conseguir lo que llama la cuarta transformación del país, que requiere un cambio estructural y no sólo parches.
Las crisis que padece México son tan profundas que los paliativos no van a alcanzar para remediarlas y mucho menos para frenar el descontento social que reina a lo largo del país. Y López Obrador debe ser consciente de que en su espalda carga la esperanza del cambio que más de 30 millones de mexicanos expresaron al votar por él.
De lo contrario, sucederá lo que ha augurado la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: una gran desilusión nacional. Y no sólo eso, según algunos teóricos afines a ese movimiento indígena y autonómico, ante la falta de resultados sobrevendría un estallido social de proporciones inimaginables. Las condiciones están dadas.

Reforma educativa

Echar abajo esas tres reformas es apenas el primer paso de los cambios que requiere México. En el caso de la reforma educativa, su cancelación contribuiría a desactivar un foco rojo de descontento, en particular de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
De acuerdo con el análisis Los avances de las reformas estructurales. El balance final del sexenio, publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, son siete los principales puntos de fricción de esa reforma.
El primero de ellos es el rechazo del magisterio. La “oposición, inconformidad y movilización social de algunas secciones del magisterio por el contenido de la reforma educativa, al considerar que se vulneran sus derechos laborales”.
Le sigue la “centralización de los recursos presupuestales para el pago de nómina, lo que puede significar el condicionamiento de los ingresos de los maestros a la evaluación de desempeño”.
En tercer lugar, el análisis ubica la persistencia “de dudas acerca de si las medidas contempladas en la reforma educativa garantizarán el mejoramiento de la calidad de los contenidos educativos”.
También, como cuarto punto en contra, señala que “la reforma educativa se centra en la educación básica y media superior, pero su incidencia en la educación superior y técnica superior es nula”.
En quinto lugar indica que “se estima insuficiente que el sistema de evaluación docente sea justo y equitativo”.
El sexto punto se relaciona con el primero: “bajo la óptica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la reforma educativa es una reforma laboral y administrativa que tiene serias implicaciones contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación y un retroceso en el ámbito pedagógico, como lo han demostrado expertos en lo jurídico y laboral”.
Agrega que “con la reforma y las leyes derivadas se legaliza un régimen de excepción laboral anticonstitucional, al instrumentar disposiciones jurídicas exclusivas a pesar de que existen preceptos constitucionales que regulan el régimen laboral de los trabajadores al servicio del Estado”.
Finalmente, el séptimo punto de fricción indica que “los avances de la reforma laboral en lo concerniente a la perspectiva de género no han alcanzado el umbral de reconocer y legitimar verdaderamente los derechos de las mujeres y restituir los agravios contra ellas que se han generado en el mercado laboral”.

Reforma laboral

Respecto de la reforma laboral, el análisis elaborado por el investigador parlamentario Roberto Manuel Candelas Ramírez señala nueve puntos de fricción.
De estos destaca que “la reforma laboral no revierte las condiciones de precarización salarial que experimenta el mercado laboral en el país”; no garantiza que el aumento en la productividad laboral se equipare con mejores salarios; por el contrario, es la tasa de ganancia de capital la que se ve favorecida; el límite a los salarios caídos durante los juicios laborales obra en contra de los intereses de los trabajadores”.
Además, que “las jornadas por horas y por obra determinada no generan beneficios ni derechos para las personas contratadas bajo esta modalidad; y que los contratos a prueba perjudican a los jóvenes que se contratan por primera vez, ya que no reciben los beneficios de la seguridad social”.
Otros graves retrocesos son el outsourcing y la legalización de los sindicatos blancos y charros. Al respecto, el análisis indica que esa reforma “permite la subcontratación libre; [también] deja libre al patrón para seguir escogiendo la sindicato de su preferencia, ignorando con ello la condición
de voto secreto en la forma de un contrato colectivo; y se cancelan las garantías vigentes en materia de aviso de despido por escrito y en el procedimiento; se fijan reglas procesales que dejan a los trabajadores en estado de indefensión frente a los términos otorgados a los patrones”.
Finalmente, destaca que “la ausencia de huelgas y paros que se catalogan como parte de la paz laboral en realidad son resultado de la individualización de las relaciones laborales, el debilitamiento y desmantelamiento de los gremios sindicales que tiene lugar mediante la anulación de la negociación de contratos colectivos”.
Es evidente que estas reformas no empatan con el modelo de país que López Obrador prometió durante su campaña electoral y, por ello, el único camino es su anulación total.
Nancy Flores/Segunda y última parte

Demandan activistas cancelación de proyectos mineros en México

Foto
▲ Jorge Zapata (al micrófono), nieto del general Emiliano Zapata, activistas, académicos y habitantes de varios municipios de Morelos realizaron ayer una caravana en el estado para exigir a las autoridades la cancelación de concesiones de yacimientos, en el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto.Foto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 23 de julio de 2018, p. 30
Cuernavaca, Mor.
Integrantes del Movimiento Morelense en contra de las Concesiones de Minería a Tajo Abierto realizaron ayer la segunda caravana Por la Vida y la Defensa del Territorio para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales en funciones y electas cancelar las concesiones y los permisos de minería en esta entidad y en México.
La movilización se realizó en el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Empezó en el zócalo de Cuernavaca a las nueve de la mañana y en 10 vehículos recorrió los municipios de Temixco, Xochitepec, Mazatepec, Coatetelco, el poblado de Xochicalco, ubicado en Miacatlán, y concluyó en la comunidad de Cuentepec a las seis de la tarde.
El contingente estuvo integrado por estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), decenas de pobladores de municipios donde existen seis concesiones mineras en etapa de exploración, y líderes de organismos civiles.
Lilián González Chévez, profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAEM, señaló que las seis concesiones otorgadas en Morelos abarcan unas 15 mil hectáreas de tierras ejidales y comunales en Temixco, Cuernavaca, Miacatlán y Xochitepec.
Destacó que emprenderán una campaña informativa para bloquear la manifestación de impacto ambiental (MIA) que pretende presentar la minera canadiense Álamos Gold (antes Esperanza Silver) para empezar trabajos en Morelos, e impedir que ‘‘en la tierra del general Emiliano Zapata, caracterizada por la agricultura y el turismo’’, se extraiga oro y plata.
Detalló que Álamos Gold pretende entregar el documento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en enero de 2019, a pesar de que los pobladores de Xochicalco detuvieron ese recurso en 2013 porque afectaba la zona arqueológica.
Al acto acudieron Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata; el dirigente de la Asamblea de Pueblos de Morelos, Saúl Roque Morales; Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la UAEM; el líder de la Asociación Cívica Morelense, Gabriel Rivas, y Margarita Saravia, integrante del equipo del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
El maestro jubilado Antonio Camacho Romero leyó un pronunciamiento en el cual reprochó que desde hace cinco años los afectados por estos proyectos nunca han sido consultados.
‘‘Hemos sido despojados y divididos por las empresas mineras que, en colusión con el gobierno, compran conciencias de ejidatarios y comuneros para que se manifiesten en favor de sus proyectos, que sólo traen muerte y destrucción del medio ambiente’’, expuso.
Destacó que hace cinco años se enteraron de la existencia de las seis concesiones mineras en Morelos, por lo que solicitaron a los diferentes cabildos de los municipios afectados que se declararan territorios libres de minería por las graves repercusiones ambientales, sociales y culturales de estos proyectos.
Una de las concesiones se encuentra a dos kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco, entre Temixco y Miacatlán, territorio considerado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Camacho Romero dijo que se oponen a la explotación de sus recursos naturales porque lo único que dejan las mineras es escasez y contaminación de agua, daños a la salud y muerte por las sustancias usadas para la explotación de yacimientos, entre ellas el cianuro.
Además, la minería no es compatible con las actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, y dañarán cerros, lagos y la zona arqueológica de Xochicalco, advirtieron.
La académica de la UAEM demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, actuales y electas, ‘‘que actúen con la razón, el derecho y la justicia para cancelar las concesiones mineras’’.
Abundó: ‘‘Nos declaramos en defensa de la vida y del territorio. No a los proyectos que perjudiquen la vida humana y el medio ambiente’’.
Jorge Zapata insistió en que las comunidades deben ser consultadas antes de que se entreguen las concesiones. ‘‘Simplemente las imponen, pero eso se acabó. Ya se demostró en estas elecciones (las del primero de julio) que cuando el pueblo se une y se harta no hay quien lo detenga.
‘‘Ya se dio el primer paso al correr de Los Pinos a los tres partidos enquistados en el poder, y de aquí en adelante la obligación de todos los que votamos por el cambio es participar activamente con el nuevo gobierno, por nuestras futuras generaciones.’’
Juan Jiménez, ejidatario del municipio de Miacatlán, demandó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que antes de analizar las concesiones mineras en México con autoridades canadienses, escuche a los pueblos afectados.
‘‘Queremos que el nuevo gobierno cancele las 28 mil concesiones mineras en la nación y las que ya otorgaron para Morelos, porque es un estado agrícola y turístico’’, añadió.
Alejandro Vera Jiménez manifestó por su parte que los pueblos morelenses ‘‘no están de acuerdo con estas concesiones mineras porque ,son una nueva forma de colonizar. Por supuesto, no estamos dispuestos a ceder nuestros territorios ni a permitir que se vulnere la autodeterminación de nuestras comunidades’’.
 
 
Fuente 

LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS TIENEN DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Por el Lic. Jesús Luna Hernández,
Especialista en Derechos Laboral,

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO
En México La Constitución en la fracción XXIX del artículo 123 incorporó como garantías sociales y prestaciones de los trabajadores el derecho a la seguridad social, entre ellos el seguro de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria de trabajo, enfermedades y accidentes, habiéndose dispuesto originalmente la obligación de crear de cajas de seguros populares para solventar los costos de estas prestaciones
La Ley del Seguro Social le dio carácter obligatorio a una parte de los derechos de la seguridad social en México, determinando los seguros que le brindan garantía a los trabajadores tales como los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales.
Sin embargo para los trabajadores del campo la posibilidad de que gozaran de los beneficios que otorga el IMSS, se dio a partir de 1954, al reformarse la Ley del Seguro Social en México, se incluyó como posibles beneficiarios a los trabajadores del campo, estableciéndose en el artículo 16, que el Ejecutivo Federal, mediante decreto fijaría las modalidades del régimen obligatorio del seguro social para los trabajadores de la agricultura.
En 1960, se expidió un decreto para reglamentar los derechos del seguro social de los trabajadores agrícolas, este decreto incluyó como sujetos de derecho tanto a los trabajadores permanentes del campo como a los estacionales, pero a éstos últimos les reconoció de manera muy limitada los derechos de la seguridad social. Este reglamento se derogo en 1997.
La ley del Seguro Social y la Ley Federal de Trabajo clasifican a los trabajadores agrícolas y define quienes y en qué condiciones pueden tener el goce de la atención y derecho a prestaciones que otorga el IMSS.
La ley del Seguro Social en su Artículo 5A fracción XIX.-menciona que; Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho período por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo.
La Ley Federal de Trabajo en su artículo 279. Menciona que: Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón.
Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales de esta ley.
Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.
Según los datos que proporciona “estadísticas a propósito del… día del trabajador agrícola (15 de mayo)” datos nacionales INEGI - SAGARPA. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, Reporte del CEDRSSA, México, septiembre de 2015.
En México, la población de 15 años y más ocupada en actividades agrícolas, es de 5.5 millones de personas a diciembre de 2015.
· De estas, 56% son agricultores y 44% trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros).
· De estos ocupados, 11 de cada 100 son mujeres
· Su edad promedio es de 41.7 años. · El promedio de escolaridad de la población con esta ocupación es de 5.9 años,
· Ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada.
· De cada 100 trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros), 66 son remunerados y 34 no reciben ningún ingreso.
De conformidad con lo estipulado en la LFT y LSS, la seguridad social a que tienen derecho los trabajadores del campo se encuentra garantizada; sin embargo, en la práctica se tiene dificultades que limitan su pleno goce.
Una primera cuestión que limita es el llamado trabajo y el pago del salario “eventual”, que implica que el trabajo que se va a llevar a cabo solamente será por un determinado tiempo, es decir la relación laboral será por unas semanas
Sin embargo esta temporalidad no debe interpretarse como una excluyente para ser beneficiario de la seguridad social; ya que la propia LFT prevé esa modalidad (contrato por tiempo determinado) y en consecuencia el patrón o empleador deberá registrar al trabajador en el Seguro Social. Pero lo que se da es que no se registra a los trabajadores.
Suponiendo que si se registrara a los trabajadores en el IMSS, pero como son eventuales según la media que el mismo INEGI menciona es que solamente este tipo de trabajos eventuales tienen ocupación en promedio 5 meses, lo cual de conformidad con la ley de 1997 tendrán que pasar más de 70 años trabajando para que puedan acumular las 1250 cotizaciones que se requieren para que puedan gozar de una pensión por cesantía en edad avanzada.
 
También es de señalarse que el reglamento de los trabajadores del campo establece que; los Trabajadores independientes respecto de quienes no medie ninguna relación de subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así como los ejidos y otras formas superiores de organización constituidas legalmente. Podrán incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social, salvo lo que establece el reglamento en su artículo 28:
Artículo 28.  No será sujeto de aseguramiento el solicitante que presente:
I.         Alguna enfermedad preexistente, tales como: tumores malignos; enfermedades crónico degenerativas como: complicaciones tardías de la diabetes mellitus; enfermedades por atesoramiento (enfermedad de gaucher); enfermedades crónicas del hígado; insuficiencia renal crónica; valvulopatías cardíacas; insuficiencia cardíaca; secuelas de cardiopatía isquémica (arritmia, ángor o infarto del miocardio); enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respiratoria; enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y periférico y secuelas de enfermedad vascular cerebral; insuficiencia vascular periférica, entre otras;
II.        Enfermedades sistémicas crónicas del tejido conectivo; adicciones como alcoholismo y otras toxicomanías; trastornos mentales como psicosis y demencias; enfermedades congénitas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH positivo, y
III.       Secuelas de lesiones musculoesqueléticas o neurológicas, de origen traumático que ameriten tratamiento
Esto contraviene lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 102 de la OIT (Noma Mínima), que disponen: 
“…Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,…la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad…
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."

La justa extinción del Cisen





Sin control ni supervisión del gasto público por cientos de miles de millones de pesos en la compra de equipo militar y policial, así como obras y servicios públicos sin licitar, además de salarios excesivos que rebasan el sueldo del presidente, los órganos de inteligencia y seguridad del Estado han sido ineficientes y omisos para prevenir y atender los principales problemas sociales, como se revela en la propia Agenda Nacional de Riesgos (ANR), documento confidencial elaborado por el gobierno federal y resguardado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano que desparecerá por su incapacidad y negligencia para atender los riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Esa Agenda, correspondiente a 2017, establece los 10 principales “peligros” para la nación, de los cuales destaca la delincuencia organizada trasnacional, los ataques cibernéticos, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, la vulnerabilidad fronteriza, los grupos armados y la migración, problemas que identifica como “factores que pueden vulnerar el pleno desarrollo de la nación” y “que buscan atentar contra los objetivos e intereses nacionales”.
Esa Agenda Nacional de Riesgos identifica al Cisen con la “responsabilidad de establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad del Estado Mexicano”, circunstancia que por los vicios, abusos y corruptelas de ese órgano de inteligencia se ha perdido, de tal manera que su desaparición es un acto de justicia que responde a una demanda popular.
Ante ello, integrantes del gabinete que gobernará el país los próximos 6 años han anunciado la desaparición del Cisen, principal órgano de inteligencia que ha sido utilizado por el gobierno para el espionaje político en contra de grupos de oposición, movimientos sociales e incluso periodistas.
Ese Centro será sustituido por una Agencia Nacional de Seguridad, la cual concentraría la información y todo el trabajo de los distintos órganos de inteligencia del país –aquí se involucra a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República­–, con el propósito de ser eficientes y resguardar la seguridad del Estado, rendir cuentas y evitar despilfarros desmedidos de recursos públicos.
Esto ha generado de inmediato duras críticas de algunos especialistas y expertos en la materia, así como de muchos opinadores, quienes han calificado esta propuesta como un retroceso y una vulnerabilidad para el Estado. Lo extraño es que la mayoría de estos “críticos” ha guardado silencio ante los pésimos resultados de ese órgano de inteligencia viciado que ha dejado de ser útil a México, sin descontar la enorme carga presupuestal que representa.
Lo que se necesita entonces es ordenar a todos los centros de investigación e inteligencia del país para ser más eficientes, cruzar información para evitar duplicidades, retomar su objetivo primordial que es atender y prevenir los riesgos a la seguridad nacional, dejar de espiar, perseguir y acosar a luchadores sociales, políticos, opositores, empresarios incómodos, activistas y periodistas, además de ser austeros y más eficientes en el gasto público.
El Cisen también tiene como función “alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de los mexicanos, así como el desarrollo económico, social y político del país”.
Investigaciones de Oficio de papel han dado cuenta de cómo el Cisen mantiene una nómina de 3 mil 500 empleados, de los cuales unos 40 ocupan los cargos más importantes en su estructura, aunque varios de ellos carecen de experiencia profesional.
Con el organigrama del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano, clasificado como documento confidencial, se pudieron conocer los nombres y los elevados salarios de quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con recursos públicos y considerados entre los gastos más opacos de la administración federal.
Para esa cúpula privilegiada del Cisen, los salarios oscilan entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos anuales, es decir entre un 90 y 140 por ciento más de lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador que deberán ganar los servidores públicos al año, en un país donde la miseria y la pobreza extrema se extiende por todo el territorio. Se debe acabar con esa burocracia privilegiada.
La opacidad de este órgano de inteligencia llegó al absurdo de que, desde su creación el 13 de febrero de 1989, los mexicanos no conocíamos quiénes eran los funcionarios que ocupan los 40 cargos más importantes en su estructura y mucho menos el salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos y oscila para cada uno de ellos entre los 160 mil y 200 mil pesos mensuales, más un bono por riesgo de trabajo correspondiente al 30 por ciento adicional al salario, con lo cual la burocracia del Cisen rebasa el sueldo del presidente de la República.
En la página en internet de este órgano de seguridad nacional se lee: “es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho”. Si ese órgano de inteligencia hubiera cumplido con sus funciones, el país tendría menos problemas.
Por ser un ente de seguridad nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, sus 3 mil 500 trabajadores son de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.
En las tres últimas administraciones federales, con Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) como presidentes, el Cisen prácticamente fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad del Estado y se convirtió en un centro de espionaje de comunicaciones, vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y cumpleaños dentro de sus propias instalaciones.
Debido a que dos secretarías de Estado –Función Pública y Hacienda y Crédito Público– son las responsables de aprobar el presupuesto del Cisen, la estructura de éste se mueve sin organización ni control, lo que deriva en una descomposición y desorden hacia su interior.
Fuentes internas de ese órgano de seguridad explican que actualmente se recluta y selecciona a personal que carece de un perfil adecuado para el puesto que debe desempeñar. Con un estancamiento de 18 años, este Centro acumula personal anquilosado, que por muchos años no recibió capacitación alguna y tampoco realiza las funciones inherentes a su responsabilidad.
En los exámenes de control de confianza que se aplica al personal, de cada 10 trabajadores sólo aprueban dos, aunque en sus informes oficiales el Cisen asegure que todos sus empleados son confiables sin importar la eficiencia y eficacia en su desempeño. Esto nos lleva a considerar que serán contados los agentes del Cisen que serán nuevamente recontratados en el próximo gobierno y los demás deberán irse a su casa.
Puntos suspensivos… De las muchas medidas y acciones anunciadas por quienes gobernarán el país a partir del 1 de diciembre, una de las que ha causado más conmoción es la de reducción salarial de un 50 por ciento para todos aquellos que ganen más de 1 millón de pesos mensuales. Y se entiende este malestar porque a nadie le gusta que le toquen su salario cuando éste es a la baja. Sin embargo, debemos considerar que el cambio de funcionarios pasará por secretarios de Estado, directores generales de paraestatales u órganos descentralizados, subsecretarios, directores generales y hasta algunos directores de área y jefes de departamento, por lo cual debe dejar de preocuparse nuestra actual burocracia de mandos medios y superiores porque no les reducirán a ellos sus ingresos, sino que se irán a su casa y serán contratados quienes estén dispuestos a vivir con un salario austero y justo, en donde aprendan a someterse a la transparencia y a la rendición de cuentas… En ese mismo sentido, llama la atención las protestas de un loco y un borracho que se resisten a perder sus canonjías que ellos mismos autorizaron cuando ocuparon la Presidencia de la República, y que actualmente le cuesta al erario poco más de 5 millones de pesos por cada expresidente. Con esas acciones, los mexicanos podremos ver por fin algo de justicia con esos holgazanes, quienes no sólo deben perder sus pensiones sino que deben irse a prisión por todas las corruptelas que cometieron durante los años que gobernaron el país… Otros burócratas privilegiados que de inmediato protestaron por la intención de López Obrador de reducir el salario a los servidores públicos fueron los ministros de la Corte en voz de su presidente Luis María Aguilar, a quienes sólo basta decirles que cumplan la ley y lo que la Constitución mandata de que ningún burócrata puede ganar más que el presidente de la República, así que los 11 ministros vayan despidiéndose de sus 600 mil pesos mensuales y de los multimillonarios fideicomisos que manejan porque les va a llegar la austeridad en la que ya vivimos 100 millones de mexicanos.
Miguel Badillo