martes, 10 de julio de 2018

Curso de Verano 2018

La Secretaría General a través de la Pro Secretaría de Cultura y Recreación y Resistencia Teatro te invitan al "Curso de Verano 2018", a partir del 11 de julio con duración de un mes. Aprovecha tus vacaciones para aprender y conocer el mundo del teatro.

El curso no tiene ningún costo.
Requisitos:
- Tener 10 años como mínimo (ambos sexos)
- Presentarse con ropa cómoda (pants y tenis)
- Se requiere disciplina
- Los niños deben ser acompañados de un familiar adulto

PROGRAMA
1.- Introducción a la historia del teatro
2.- Ejercicios de calentamiento
3.- Ejercicios de expresión corporal
4.- Ejercicios de desinhibición
5.- Técnicas de vocalización
.- Ejercicios de dicción
7.- Ejercicios de coordinación
8.- Trazo escénico
9.- Introducción al ballet clásico
10.- Introducción al baile urbano, jazz, etc., además de otras técnicas teatrales

Al finalizar el curso se presentará ante los padres de familia lo aprendido por los alumnos durante todo el curso con una puesta en escena (obra corta) o rutina de baile. Nota: Se pide a los alumno que acudan al curso llevar una botella con agua y sándwich o torta. Para mayor información estamos a sus órdenes en el 5° piso de Insurgentes 98. ¡¡¡Los esperamos!!! acudan al curso llevar una botella con agua y sándwich o torta.

Para mayor información estamos a sus órdenes en el 5° piso de Insurgentes 98.

¡¡¡Los esperamos!!!

Movimientos sociales alzan la mano

REVISTA SIEMPRE! 

Movimientos sociales alzan la mano

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Los resultados electorales del primero de julio son el espejo donde se mira el fracaso de la política neoliberal implantada por la tecnocracia hace más de tres décadas que devastó por igual la economía y el nivel de vida de millones de hogares mexicanos, como también el derecho de  las  comunidades indígenas y campesinas a defender sus territorios y riquezas naturales, criminalizando por todo el territorio nacional la protesta social de sindicatos independientes y organizaciones civiles.
Los atropellos acumulados por la inexistencia de un justo e imparcial Estado de derecho se reflejaron de manera contundente en las urnas; una sociedad agraviada salió como nunca en la historia contemporánea a expresar con su voto su desaprobación a un modelo político y económico que solo ha dejado pobreza y marginación a su paso. Datos de organismos como el Coneval hablan de que uno de cada dos mexicanos es pobre.
Las cifras resultantes de la ejemplar jornada cívica donde al decadente régimen no le alcanzaron ni funcionaron sus mapacherías electorales de antaño, hablan de un abrumador apoyo popular y establecen una importante coyuntura para que los movimientos sociales levanten la mano y planteen que  sus demandas sean atendidas por el próximo gobierno.
Los diversos sectores de la sociedad votaron por la esperanza de que se ponga fin a problemas de inseguridad, gasolinazos, alzas indiscriminadas a las tarifas eléctricas y gas doméstico, al desempleo, precariedad laboral y bajos salarios, que afectan lo mismo a habitantes de la ciudad que de las zonas rurales.
En entidades de tradición panista o priísta como Baja California, la lucha social por la defensa del agua y de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, por ejemplo, marcó un parteaguas en la historia política de aquella entidad: los partidos tradicionales no ganaron una sola de las diputaciones federales en disputa.
Pero ese voto masivo fue también en la justa exigencia a que se aclare al país asuntos pendientes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los conflictos indígenas derivados de los megaproyectos mineros y energéticos de diversas empresas privadas, tantos nacionales como extranjeras; las protestas reprimidas de los maestros democráticos que se han opuesto a la reforma educativa, la lucha de los mineros exigiendo respeto a sus derechos laborales y el incumplimiento de acuerdos con gremios agredidos y despojados de sus fuentes de empleo por el desmantelamiento de la industria eléctrica, como el caso del SME.
El pueblo terminó cobrando la factura a los gobiernos neoliberales que le dieron la espalda y ahora las clases trabajadora, indígena y campesina esperan la tan anhelada justicia que les fue negada por la tecnocracia para  favorecer a un reducido grupo de empresarios y trasnacionales. Se votó masivamente por un cambio y tras los festejos es hora de sentarse a la mesa para redireccionar el modelo económico y las políticas públicas a favor de las mayorías. Es lo justo.

Inician trabajos en Texcapa

Elevada carga fiscal acota las inversiones de Pemex

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▲ Plataforma de exploración Bicentenario, de Industrial Campeche, ubicada en el Golfo de México.Foto José Carlo González
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de julio de 2018, p. 18
La pesada carga fiscal que entrega Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal afecta su capacidad para realizar inversiones, aseguró la empresa productiva del Estado. Explicó que una tercera parte de sus ingresos totales por ventas se canalizan a pagar impuestos y derechos.
Adicionalmente, enfrentará vencimientos de deuda programados para los próximos tres años por 29 mil 300 millones de dólares, revelan informes preliminares enviados por la petrolera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Además, Pemex no tiene control sobre las políticas del gobierno federal y éste puede establecer en el futuro controles de precios adicionales en el mercado nacional. La imposición de medidas en los precios podría afectar de manera adversa los resultados de operación de la empresa.
Dichos informes explican que Pemex tiene una deuda considerable, contraída principalmente para financiar los gastos de inversión necesarios para llevar a cabo sus proyectos productivos. Debido a su fuerte carga fiscal, el flujo de efectivo derivado de las operaciones de Pemex en años recientes no ha sido suficiente para fondear sus gastos de inversión y otros, por lo que su endeudamiento se ha incrementado significativamente y su capital de trabajo ha disminuido.
Los más recientes reportes financieros de la petrolera revelan que al primer trimestre de 2018 el monto total de la deuda de Pemex, incluyendo intereses devengados, ascendía a aproximadamente un billón 949 mil 900 millones de pesos en términos nominales, lo que representa una baja de 4.3 por ciento respecto del monto observado al cierre de 2017, cuando alcanzó 2 billones 37 mil 900 millones.
Del total de la deuda vigente de la empresa productiva del Estado, 27.6 por ciento, es decir, unos 29 mil 300 millones de dólares, tiene vencimientos programados en los siguientes tres años. Por ello, advierte, el nivel de endeudamiento de Pemex podría incrementarse en el corto y mediano plazos, por nuevas actividades de financiamiento o la depreciación del peso frente al dólar, y podría tener un efecto adverso en la situación financiera, resultados de operación y liquidez de Pemex.
Los estados financieros consolidados intermedios en manos de autoridades bursátiles y bancarias de México alertan que, con el fin de desarrollar las reservas de hidrocarburos que tiene asignadas y amortizar los vencimientos de deuda programados, Pemex necesitará obtener cantidades significativas de recursos de una amplia gama de fuentes de financiamiento.
La petrolera reiteró que paga una cantidad significativa de impuestos y derechos, entre otros conceptos, lo cual podría afectar la capacidad de Pemex para hacer inversiones. Al 31 de marzo de 2018, aproximadamente, 32.4 por ciento de ingresos por ventas totales de la empresa, unos 108 mil 900 millones de pesos, 3.2 por ciento más que en el primer trimestre de 2017, se utilizaron para cubrir contribuciones.
Es importante destacar que para proteger parcialmente sus flujos de efectivo en todo 2018, ante una eventual caída en el precio de la mezcla mexicana de exportación por debajo del nivel establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, Pemex contrató una cobertura petrolera de 440 mil barriles al día para los meses de enero a diciembre de este año, con un costo de 449 millones 898 millones de dólares.
El deterioro constante de Pemex en los pasados 14 años ha llevado a que al primer trimestre de 2018 la producción promedio haya sido de un millón 890 mil barriles diarios, o sea, comparado con el mismo periodo del año anterior, ha disminuido 128 mil toneles al día.
Prácticamente la disminución de la producción se concentró en crudo ligero, el cual se redujo en 17.8 por ciento, equivalente a unos 129 mil barriles diarios, principalmente por la declinación natural de los campos Chuc, Kuil, Chuhuk e Ixtal, del activo Abktún-Pol-Chuc, así como de los campos Artesa, Guaricho, Puerto Ceiba, Ayocote, Shishito y Rabasa, de los activos de la Subdirección de Producción de Bloques Sur.
 
 
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Solalinde llama al EZLN a sumarse al “encuentro y diálogo” con López Obrador

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sacerdote Alejandro Solalinde llamó hoy al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a sumarse al “encuentro y al diálogo” con el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, para construir el “México que queremos”, pues argumentó que 30 millones de personas “no se equivocan”.
A través de su cuenta de Twitter, dijo:

“Hago un llamado a los asesores ideológicos de los hermanos y hermanas zapatistas para que permitan el encuentro, el diálogo y la construcción del México que queremos. Podemos caminar juntos y unidos”.
Cercano al equipo de López Obrador, Alejandro Solalinde señaló también que “el movimiento zapatista es parte de nuestros logros en nuestra lucha social, pero ya no tiene sentido aislarse con la idea de todo o nada”.

Asimismo, dijo que el político tabasqueño será un presidente “amigo, que de verdad está con su pueblo y con los pobres”.
El llamado de Solalinde se da luego de que el pasado viernes 6, el EZLN emitió un comunicado –firmado por los comandantes Galeano y Moisés— en el que señaló que no se sumará al gobierno de López Obrador al considerar que nada cambiará porque “podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo”.

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La salud no se entregará a la IP ni sufrirá recortes

Con ahorros de $50 mil millones y aumento de 8% al presupuesto se alcanzará la inversión de 6% del PIB
Alcocer Varela, investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Zubirán, propone un sistema único con acceso igual para todos, ampliar la capacidad real de atención, fortalecer los servicios de primer contacto e iniciar el cambio legal de las condiciones de los trabajadores
Angeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de julio de 2018, p. 6
La salud no se privatiza. Seguirá bajo la rectoría del Estado y con un mecanismo que garantice a todos el acceso a la atención clínica y medicamentos como los tiene la seguridad social. Para lograrlo, se contará con 50 mil millones de pesos que dejarán de gastarse en duplicidades de la estructura administrativa de la Secretaría de Salud (Ssa), así como en la corrupción que aún impera en compras y contrataciones.
Así es como Jorge Alcocer Varela –propuesto como secretario de Salud por el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador– visualiza al sistema nacional de salud a partir del 1º de diciembre. Dice que no se aplicarán recortes presupuestales al sector y, por el contrario, cada año los recursos aumentarán 8 por ciento.
El médico internista y reumatólogo, investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, recibió a La Jornada en su domicilio y señaló que antes de una nueva reforma del sector habrá que poner los cimientos para que no quede en un parche más, y añadió que el Seguro Popular se reorganizará, porque no ha funcionado.
Con la confianza y el respaldo de López Obrador, a quien conoce hace más de 20 años, Alcocer anticipa que las evaluaciones del sector se harán con base en resultados, no con números, que fueron inventados por Dios para contar las tonterías de los hombres.
–¿Cuáles son los alcances del nuevo proyecto de salud?
–No hay duda de los logros de la biomedicina, pero en los pasados 40 años se dejaron de atender los determinantes sociales de la enfermedad, principalmente la pobreza, y los médicos se enfocaron en la medicina curativa y lucrativa.
Es inaceptable que aún 35 mujeres de cada 100 mil mueran por embarazo o parto y por causas previsibles. Además, el aumento en la esperanza de vida se está revirtiendo en jóvenes que fallecen a consecuencia de la violencia y los problemas sociales. En eso y la prevención de las enfermedades nos vamos a enfocar.
–De prevención se habla mucho, pero pasa muy poco...
–Es que no se le ha dado el enfoque y la enfermedad es una complejidad, (pues) intervienen una gama de factores y sectores. Está en manos de todos la atención de la salud: desde asegurar la existencia de vías de comunicación y transporte entre las comunidades y los hospitales hasta aumentar la oferta de éstos y de clínicas. Tenemos el plan de construir 500 centros de salud, 64 hospitales generales y más de 30 de especialidad.
Habrá un nuevo modelo de atención primaria en salud integral (APS-I), cuya base estará en equipos de 10 a 14 profesionales de la salud y miembros de las comunidades que irán con las familias para atender a los enfermos y realizar acciones de prevención y detección de padecimientos en el resto de sus integrantes. Esto ha tenido éxito en Canadá e Inglaterra.
Atender el nivel primario
Se incluirá a los participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, también propuesta del próximo gobierno. El objetivo es crear conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud, porque hoy no nos ocupamos de ella hasta que la perdemos y en el nivel comunitario –el primero–, se pueden resolver 80 por ciento de las enfermedades. Iniciaremos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, donde se impulsará el desarrollo agrícola y el consumo de los alimentos originarios en cada región.
–Hay lugares donde la atención médica se resuelve con brigadas de salud…
–Las zonas que siempre han estado rezagadas. Eso va a cambiar, lo mismo que la forma de evaluar. Aquí contarán lo resultados, no los números, porque éstos los inventó Dios para poder contar las tonterías de los hombres. Y los resultados se verán en los niños que conocerán sus derechos, la forma de cuidar su salud y las razones por las que no deben comer productos chatarra.
–¿Y los enfermos?
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▲ En entrevista para La Jornada, Jorge Alcocer aseguró que antes de una nueva reforma de salud, hay que construir cimientos para que no quede en un parche más.Foto Cristina Rodríguez
–Los vamos a curar con un servicio fortalecido, (pues) se han perdido la calidad y el humanismo. Hay centros de salud y hospitales que no funcionan, algunos desde los sismos del año pasado y otros (57) que se construyeron, pero están cerrados o subutilizados en Oaxaca y el estado de México.
Se impulsará, como en India, la producción nacional de medicamentos biotecnológicos y la investigación en inmunología, que es el futuro de la ciencia médica. En el país hay alrededor de 60 mil expertos en esas áreas, cuyas capacidades están desaprovechadas.
–Todo eso cuesta y en el sector ha habido constantes recortes del presupuesto.
–Con nosotros la salud no va a aceptar recortes. Actualmente se invierte 2.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el sector, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea de 6 por ciento y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de 8.
El cambio será evitar que 8 por ciento de los recursos se vayan, como ahora, en la corrupción que permea contratos y compras. Se terminará el derroche por plazas duplicadas, que representan 25 por ciento de la estructura actual, mientras en el área clínica hacen falta médicos y enfermeras.
La suma de los ahorros ascenderá a 50 mil millones de pesos y con el aumento anual de 8 por ciento en el presupuesto nos acercaremos a la inversión de 6 por ciento del PIB.
El Seguro Popular no ha dado resultados
–¿Cambiará el Seguro Popular?
–Se va a transformar paulatinamente en el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos, al mismo nivel de la seguridad social. Como está no ha dado resultado. Las personas siguen pagando por los servicios que están fuera del catálogo y alrededor de 20 por ciento de la población carece de atención, lo que va contra el derecho constitucional a la protección de la salud. Aunque se han hecho ajustes, la corrupción sigue.
–¿Implica dar marcha atrás en la descentralización de los servicios?
–Habrá mayor integración con los estados y la reorganización del Fondo contra Gastos Catastróficos sin afectar la cobertura actual de enfermedades de alto costo. El dinero llegará a los servicios de salud, ya no a los gobernadores ni a las secretarías de finanzas, con mecanismos regionales de control y vigilancia, en las que también participarán los usuarios.
–¿Está prevista una nueva reforma del sector salud?
–Es una recomendación internacional. Para que no sea sólo un parche, primero hay que poner los cimientos: un sistema único con acceso igual para todos, ampliar la capacidad real de atención, fortalecer los servicios de primer contacto e iniciar el cambio legal de las condiciones de los trabajadores que hoy impiden cualquier posibilidad de integración. Unos son del apartado A y otros del B. Eso implica negociar con los sindicatos y con el Congreso.
–De manera constante se menciona el riesgo de la privatización de los servicios de salud…
–Eso no pasará y tampoco habrá injerencia de la iniciativa privada en las políticas públicas. En todo caso que los hospitales particulares se sumen a la oferta del sector público y los médicos tengan empleo y un buen salario.
–Estar al frente de la Secretaría de Salud es un reto grande para un médico, que también debe ser político y administrador: ¿usted cómo se siente?
–Hace 20 años vi que era importante estar cerca de la toma de decisiones y en algún momento pensé que podía hacerlo, pero nunca busqué un puesto. Recibí el Premio Nacional de Ciencias, que tampoco busqué, y con los números no tengo experiencia. En casa eso lo hace mi esposa (la investigadora Margarita Castillejos), pero tengo la seguridad de mis principios y tampoco voy a resolver yo solo todo. Es como en el ajedrez: no hay una pieza clave, única, lo que vale es la estrategia. Y yo pensé: si pudo Pepe Narro, ¿yo por qué no?
 
 
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El TEPJF prevé adelantar la entrega de la constancia de mayoría a López Obrador

 
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CIUDAD DE MEXICO (apro).- Este lunes 9 y martes 10 vence el plazo para que algún partido impugne los cómputos de la elección presidencial y, si no hay reclamos, “entonces ya podremos ver, en efecto, la posibilidad de adelantarnos a la validez de la elección presidencial, primero, y a la entrega de la constancia de mayoría” después, aclaró Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Otálora Malassis aclaró que el plazo límite es el 6 de septiembre para la adjudicación de la constancia y la calificación de la elección presidencial, pero se podría entregar mucho antes. También precisó que no se ha formado alguna comisión al interior del Tribunal porque no se ha pedido la nulidad de la elección.

Luego afirmó que el 100% del personal del tribunal estará concentrado tanto en la elección presidencial, como en la de diputados y senadores. Las impugnaciones en el caso de los comicios federales a diputados empezarán el próximo domingo en las salas regionales y van a tener tres semanas de plazo.
–¿Entonces ya no habrá los 50 mil asuntos que esperaban? –se le cuestionó.
–Con esto podemos pensar que va a bajar sensiblemente el nivel de judicialización de esta elección de manera excepcional. Y qué bueno, es una prueba de gran madurez de todos. Panal y PES, contra pérdida de registro
Por otro lado, tanto el presidente del partido Nueva Alianza (Panal), Luis Castro Obregón, como el dirigente de Encuentro Social (PES), Hugo Erik Flores Cervantes, advirtieron que impugnarán la pérdida del registro de esta agrupación ante el TEPJF, tal como prevé el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Según el dirigente del Panal, este partido registró irregularidades en el conteo de votos realizado por los escrutadores, referentes a la coalición que realizó con el PRI y el Verde, en varios distritos federales, por lo que expresó su confianza en alcanzar el porcentaje mínimo de 3% de sufragios para mantener su registro.
Flores Cervantes, dirigente del PES, informó que Andrés Manuel López Obrador le expresó su interés de que este partido mantenga el registro. “Nos dio su respaldo, por lo que el equipo de abogados de ellos está colaborando con nosotros, vamos a iniciar impugnaciones para defender el voto de los electores”, agregó.
De acuerdo con declaraciones realizadas a la prensa, el PES impugnará al menos 15 mil casillas del país para que recuenten los votos y el partido pueda mantener su registro.

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AMLO: gasolinas bajarán en el cuarto año de gobierno

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▲ Andrés Manuel López Obrador señaló que si no hay un plan emergente para la industria energética, se nos puede producir una crisis de mayor intensidad.Foto La Jornada
Enrique Méndez y Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de julio de 2018, p. 3
Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que en los primeros tres años de su gobierno las gasolinas sólo aumentarán conforme la inflación y, una vez logrado el rescate urgente del sector energético, a partir del cuarto año bajará el precio de los combustibles y la energía eléctrica.
Reunido con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ofreció gobernar juntos, lograr de manera conjunta el desarrollo del país, así como elevar a 4 por ciento anual el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el doble que en el periodo neoliberal, con el propósito de romper con el inadecuado promedio de los 35 años recientes y salir del estancamiento económico.
Ayer, como la semana anterior con los empresarios, López Obrador obtuvo el respaldo de los industriales a su proyecto, y el presidente de Concamin, Francisco Cervantes Díaz, detalló que se confeccionará con la próxima administración un plan para el sureste: que el cambio que viene vea frutos y resultados.
Cervantes Díaz, a quien el virtual presidente electo definió como un empresario con dimensión social, en favor del cambio verdadero, sostuvo que en el encuentro se logró una comunicación increíble con el ganador de las elecciones.
En conferencia de prensa posterior al encuentro, en un hotel de Polanco, López Obrador anunció que se analiza la posibilidad de otorgar estímulos fiscales a proyectos específicos, y confirmó sus compromisos de campaña de no aumentar impuestos en términos reales y bajar las tasas de IVA e ISR en la frontera y además en el Istmo de Tehuantepec.
También habló del objetivo de la descentralización de las secretarías de Estado: que el desarrollo del país sea parejo, horizontal; no queremos que sólo sigan creciendo ciertas zonas del territorio.
Sostuvo que la tasa de crecimiento de 2 por ciento del PIB es el promedio nacional, pero en regiones como el Bajío y la Riviera Maya, y algunas ciudades fronterizas grandes, es de 5 u 8 por ciento, pero en otras está abajo de cero.
Afirmó que el bajo crecimiento ha impedido que se puedan crear empleos en el país; a eso se debe en mucho el fenómeno migratorio y también problemas de pobreza, inseguridad y violencia.
Lo que se busca, agregó, es que la inversión pública o privada no se concentre sólo en algunas regiones, y para ello se necesita el esfuerzo de todos. No se podría hacer sólo con la participación del sector público; se requiere del sector privado y social de la economía, resaltó.
Explicó que la descentralización de las secretarías comenzará con las de Medio Ambiente, en Mérida, Yucatán, y de Turismo, en Chetumal, Quintana Roo.
Al respecto, y luego de que López Obrador también se entrevistó por la tarde con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el próximo jefe de gabinete, Alfonso Romo, explicó que el programa de descentralización será paulatino, sin que se afecte al personal y sus familias: no será algo irresponsable, será cuidadoso, para que con un plan de trabajo esas personas puedan encontrar un lugar. Será sumamente lento, para no generar molestias; definitivo, pero lento, para evitar el desequilibrio familiar, indicó.
Dijo que entre agosto y septiembre se presentará el presupuesto y en ese momento se conocerá el costo del traslado de las dependencias.
Asimismo, respecto de su oferta de campaña de frenar los gasolinazos, López Obrador detalló: Tres años sin aumento en términos reales y tres años, cuando tengamos infraestructura, vamos a bajar los precios y los insumos, porque no sólo vamos a producir las gasolinas, sino que vamos a a generar más energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Porque, explicó, ya no cerrarán las plantas de CFE y se va a utilizar toda la capacidad de las hidroeléctricas para producir energía limpia y barata.
Indicó que si bien no le gusta la palabra, la industria energética atraviesa por una crisis severa, sobre todo en producción de petróleo crudo y gas. Si no intervenimos, si no hay un plan emergente, se nos puede producir una crisis de mayor intensidad, concluyó.

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Nuevo gobierno recibirá un Estado rebasado



 
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Crímenes de lesa humanidad, impunidad, corrupción y desigualdad social, principales riesgos político-institucionales y amenazas a la seguridad nacional de México que enfrentará el gobierno de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador recibe al país en la mayor crisis de su historia moderna. La fragilidad institucional no soportará tropiezos del nuevo grupo gobernante… como los que ya empieza a mostrar, consideran expertos en seguridad nacional.
Los factores de riesgo que enfrenta el país, al concluir los comicios presidenciales, están directamente relacionados con la fragilidad institucional y con el proyecto de Estado y de gobierno con el que se buscaría darle gobernabilidad y respuesta a la compleja agenda nacional de riesgos y amenazas, advierten expertos en seguridad nacional.
“La propagación del crimen organizado, corrupción sistémica, secuestros, lavado de dinero, violencia intrafamiliar y feminicidios, han desbordado las capacidades institucionales del Estado”. Lo peor es que actualmente “no hay respuestas por parte de las instituciones públicas para enfrentarlos”, advierte el doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Alfredo Carlos Victoria Marín.
“Es imprescindible plantear acciones encaminadas a dar respuesta al reclamo social por seguridad, sobre todo en un contexto de incertidumbre, fragmentación social, feminicidios, desaparición forzada de personas, impunidad, corrupción, pobreza y desigualdad, que afectan la vida cotidiana de las personas”, subraya.
En su análisis Los riesgos político-institucionales de la inseguridad nacional para la permanencia y estabilidad del Estado Mexicano, apunta que el nuevo gobierno mexicano tiene el reto de construir políticas públicas eficaces para asegurar la estabilidad y permanencia del Estado.
Y es que, de acuerdo con cifras oficiales, desde diciembre de 2006 (cuando asumió la Presidencia de la República el panista Felipe Calderón), en México se han registrado más de 280 mil asesinatos, 38 mil desaparecidos y 300 mil desplazados. A lo anterior se suma una corrupción enquistada en todas las esferas gubernamentales y a todos los niveles.
Nelson Arteaga Botello, doctor en sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, considera que el nuevo gobierno debe centrarse en los mayores retos: la violencia, la desigualdad y la corrupción.
Aduce que en México se requiere de un gobierno que trabaje para hacer de este sistema menos desigual mientras hay una mejor alternativa. Considera que López Obrador se propone reducir las desigualdades, no acabar con el sistema capitalista.
Advierte que el nuevo gobierno se va a equivocar. “Por supuesto que se va a equivocar; equivocarse es parte del ciclo de la toma decisiones. El tema es que López Obrador no se equivoque; y cuando lo haga, reconocerlo y corregir el rumbo”.
Explica que visualizar un mundo mejor implica un cuestionamiento de aproximación crítica a lo que tenemos, pero hay que entender que a veces eso no es posible.
No hay ningún país que haya obtenido todo redondo. Hay algunas experiencias más positivas que otras. Es parte del equilibrio del gobierno de países democráticos, donde la crítica siempre será el elemento clave, y donde hay sociedades diferenciadas con posiciones diversas sobre cómo deben de orientarse las instituciones.
Nelson Arteaga Botello indica que la corrupción es el gran reto de López Obrador frente a la maquinaria estatal que tendrá que enfrentar una estructura de funcionamiento del Estado mexicano que ha permeado desde la institucionalización de la Revolución Mexicana.
“Se trata de desmontar la maquinaria patrimonialista y de corrupción que caracterizó al Estado mexicano, lo cual no es una tarea sencilla. Habrá que ver cómo plantea López Obrador la estrategia”, subraya.
Descarta que el combate a la corrupción sea el hilo conductor y causa única para combatir todos los males de una sociedad compleja y diferenciada como la mexicana. “No es posible que la desigualdad social y la pobreza tengan como causa un solo fenómeno: la corrupción”.
Sin embargo, Nelson Arteaga, doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana acota que en términos de operación política y administrativa, la madeja de la corrupción para López Obrador es la que debe jalar para combatir las redes patrimoniales y de corrupción del Estado mexicano.
Señala que desde la creación de las instituciones posrevolucionarias el patrimonialismo y la corrupción en diversos niveles del gobierno son parte de la estructura del Estado, por lo que su combate será un reto de larga duración.
Nicolás Lazo Otero, doctor en ciencias sociales por el Colegio de México, profesor e investigador de tiempo completo en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), coincide con Arteaga al señalar que la corrupción no es el principal factor de la desigualdad social; pero enfatiza que sí la agrava como el neoliberalismo.
“Hemos tenido distintos modelos de desarrollo que han agravado la pobreza en México a lo largo de su historia”. Reconoce que en la etapa más reciente, la corrupción se tradujo en mayor pobreza y desigualdad. “López Obrador tendrá muchas decisiones que podrán atenuar la corrupción, pero no va a ocurrir en el corto plazo”, arguye.

Políticas públicas y crimen organizado

El doctor Alfredo Carlos Victoria Marín, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que México está lejos de contar con políticas públicas eficaces contra el crimen organizado, por lo que plantea que el nuevo gobierno “debe apostar a una política de Estado que ponga el acento en prevención del delito y recuperación de territorios y espacios públicos cooptados por grupos delincuenciales”.
Al examinar el resultado de las políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña (2012-2018), Victoria Marín indica que las fuerzas de seguridad del Estado han transitado por una crisis de operatividad –bajos salarios y deficiente infraestructura de inteligencia– y graves problemas asociados a los controles de confianza, “además de señalamientos de que éstas han sido infiltradas por los cárteles de la droga”.
En ese sentido, advierte que “el problema apuntaría a que el mismo Estado no cuenta todavía con suficientes capacidades institucionales, para detectar oportunamente a grupos y personas que desde el interior del propio Estado estarían patrocinando, protegiendo y organizando actividades del crimen organizado”.
Explica que la inseguridad nacional en México, se han identificado variables más críticas que amenazan a la gobernabilidad democrática, las cuales deben ser consideradas dentro de las políticas públicas, a efecto de mitigar sus efectos y consecuencias para que no ingresen en zona de crisis o ingobernabilidad y con ello pongan en riesgo la estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
En su análisis, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) a finales de junio pasado, el doctor Victoria Marín refiere que las políticas públicas eficaces contra el crimen organizado en México radican en la capacidad gubernamental para crear las fuerzas policiales federales y locales, además de generar insumos de información para desactivar y detener a los grupos y células del crimen organizado que han desafiado a las instituciones del Estado mexicano.
“Una política pública nace precisamente cuando un problema social tiende a manifestarse de forma desbordada. Este es el caso de la inseguridad, ya que las autoridades civiles tienen que explicar y explicarse en público, lo relacionado con las acciones y medidas que han de instrumentar, así como los recursos disponibles para ejecutar ciertas tareas”, enfatiza.
Advierte que en la aplicación de políticas públicas, el nuevo gobierno puede correr riesgos, pero aclara que lo que lo que no le estaría permitido es construir modelos de política pública hechos a modo para la clase gobernante.
“La acción de la administración pública no debe circunscribirse a actuar reactivamente frente a contextos complejos y dinámicos, donde el crimen organizado, las redes de narcotráfico, de trata de personas, tienden a reacomodarse de acuerdo a las alianzas y pactos que los cárteles de la droga y otros grupos delincuenciales llevan a cabo en diversos territorios de la geografía nacional”, anota.
Y alerta que una efectiva política pública en materia de seguridad pública será posible en tanto los tomadores de decisiones estén exentos de incurrir en conflictos de interés y colusión con el crimen organizado. Los insumos de inteligencia de información deben ser operados con cierta dosis de secrecía y manejo responsable que ayuden a encontrar las mejores alternativas.
Al respecto, Martin Barrón Cruz, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) plantea que en México las políticas públicas desafortunadamente sólo son ocurrencias de los gobernantes, no hay políticas transexenales. Por ejemplo, dice, en seguridad pública nunca ha habido en más de 100 años una política transexenal.
“Desde Ernesto Zedillo a la fecha –agrega– cuántos cambios ha habido. Eso indica que no hay política transexenal. Y ahora viene López Obrador y plantea que con la Guardia Nacional va a brindar paz y seguridad. No es más que una ocurrencia. Y así se puede ver en otros temas. Entonces qué va a pasar con el país.”
Asimismo, Victoria Marín estima que la presencia creciente de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública se ha convertido en una “militarización” abierta, en la que los gobiernos estatales y municipales perciben como una acción necesaria para el mantenimiento del orden público.
Destaca que el fenómeno de la corrupción político-policial tiene aristas más complejas, ya que uno de los retos que enfrentan las autoridades federales, estatales y municipales, es atenderlas con políticas integrales: empleo, educación cívica, recreación, deporte y salud.
En este sentido, señala que la temporalidad de las políticas para el combate a la corrupción dependerá de la profundidad con la que se quiera frenar desde los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno. No es solamente un problema que se encuentre en las calles, ya hay una interrelación entre crimen organizado y aparatos de seguridad e inteligencia del propio Estado.
Así, explica el catedrático, dentro de un contexto tradicional, pero no por ello menos importante, el narcotráfico afecta la seguridad del Estado. Esta seguridad debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, incluyendo la soberanía política, la integridad territorial y la protección de la vida de los ciudadanos.
Agrega que aun cuando el plano electoral se registraron avances relacionados con la operación de un sistema electoral supervisor y garante de la funcionalidad de los procesos a su cargo, esto no ha significado que los órganos electorales garanticen que los políticos no cumplan con su oferta política, toda vez que para que esto ocurra se requiere una sociedad crecientemente demandante y participativa.
La aprobación de las reformas estructurales ha contrastado con los resultados obtenidos por las políticas públicas contra la pobreza y la desigualdad, por lo que, si se le añade el fracaso de las políticas contra el combate a la criminalidad en sus diversas manifestaciones, se tienen circunstancias cotidianas en las que se transita entre una crisis de gobernabilidad e ingobernabilidad permanentes.
Una estrategia económica que apueste por el crecimiento económico y desarrollo económico con inclusión social puede originar cambios en la concepción de seguridad nacional que se tiene al día de hoy. Y es que la polarización y la desigualdad social que perdura en México durante estas primeras décadas del siglo XXI, obedece a que nunca se atendieron las causas estructurales de la violencia, la impunidad y la corrupción en México.
Nicolás Loza Otero, doctor en ciencias sociales por el Colegio de México e investigador en la Flacso, explica que el reto de López Obrador será cumplir con las expectativas que ha generado. “Será una especie de carrera entre lo que pueda hacer y el tiempo en que la población esté dispuesta a tolerar que esto no cambie de manera radical”. El académico señala que aun teniendo éxito, no va ser en lo inmediato. Incluso hay posibilidad de que no sólo no cambie para bien, sino para mal.
Lo más importante en este momento es la preocupación de la gente y la naturaleza de la acción pública. “No creo que tengamos un entorno internacional adverso, como tampoco un entorno económico adverso”.
El especialista considera que en menos de 1 mes se va a presentar la propuesta de presupuesto. Será el primer examen. Ya le ha dicho al circuito económico ha dicho que va a ser muy disciplinado en términos fiscales y que la inflación va a ser de un dígito porcentual.
Señala que fracasó toda la actual estrategia de combate a las drogas. No sólo la Iniciativa Mérida, sino todas las propuestas y acciones que se han llevado a cabo con la fuerza de las armas desde hace más de una década. Explica que esta situación dota al nuevo gobierno de toda la autoridad moral para buscar nuevos caminos de solución a este problema.

La nueva “mafia del poder”

Para el académico Barrón Cruz Morena puede convertirse en la “nueva mafia del poder”. De entrada, políticos alrededor de López Obrador han sido acusados de malversación de recursos públicos y otros delitos, desde Marcelo Ebrad, Martí Batres, Bejarano e, incluso, Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz.
“La gente votó por hartazgo, porque el PRI que se alzó con Peña Nieto es el más corrupto de la historia de México, por los escándalos de su sexenio, por los goberladrones acusados de fraude, en su mayoría del PRI. Y obviamente la gente voto por el menos peor, Andrés Manuel López Obrador, quien lo único que representa es un aspecto más de la corrupción del PRI”, asienta el catedrático del Inacipe.

Seguridad nacional e inteligencia

Para el doctor Martín Barrón Cruz, el equipo de López Obrador no tiene idea de lo que es seguridad nacional, al plantear desaparecer el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y crear la Guardia Nacional para el combate al crimen organizado.
“En cualquier país del mundo debe haber un aparato de inteligencia que le sirva al Estado y al gobierno para la toma de decisiones, como en Estados Unidos con la CIA [Agencia Central de Inteligencia]; o en España, que cuenta con un cuerpo de inteligencia”, señala el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Experto en temas de seguridad, el investigador se pregunta: “¿Qué pasaría si hay un atentado? ¿De quién va a ser la culpa, porque no hay un cuerpo de inteligencia? ¿Dónde está la Agenda Nacional de Riesgos? ¿Quién va a encabezar los temas relevantes de la agenda de riesgos si desaparecen el Cisen? Necesariamente tienen que crear otro cuerpo de inteligencia, con el riesgo de que puede pasar lo que ocurrió en el Siglo XX de crear una policía política y volver al autoritarismo”.
Barrón insiste en que de seguridad nacional y seguridad pública el equipo de López Obrador no tiene ni la menor idea. “Basta con revisar el proyecto de nación de Morena [Movimiento de Regeneración Nacional] y de lo que ha dicho Alfonso Durazo respecto de la Guardia Nacional”.
El también experto en Fuerzas Armadas cuestiona: “¿En qué momento histórico del país hubo tranquilidad y paz como ellos pregonan? Y ¿qué implica el pacto de seguridad nacional y seguridad pública?”. No tienen idea de qué es la Guardia Nacional; y la forma en que la quieren conformar es desvirtuar todo lo que implica la Guardia Nacional, la cual va a quedar casi al mando del presidente de la república, asienta.
Considera que formar un cuerpo de policías al mando directo del presidente de la república es muy grave y refleja un claro autoritarismo centralizado con el mando único, cuya propuesta fue de Felipe Calderón desde 2010, “con García Luna y sus muchachos”, pero nunca pudieron hacer ni mando mixto ni mando único, porque en realidad no existe nada que diga que eso funciona.
Por ejemplo, dice Barrón, en Estados Unidos no hay mando único, hay cuerpos de policía que funcionan de forma independiente y, de acuerdo con la gravedad del delito, alguna autoridad asume la responsabilidad de la investigación y el resto de instancias se van sumando. Es una forma de actuar, no es un mando único.
Tampoco en España existe mando único, sino la policía nacional, la guardia civil y las policías autonómicas, pensar en eso es una utopía, es pensar en tener el control de la policía con la restauración de la Secretaría de Seguridad Pública retomando el modelo panista. ¿Dónde está la congruencia e ideas propias de Morena?
La desaparición del Cisen –dice por su parte Nelson Arteaga Botello– es un planteamiento que López Obrador ha dicho en entrevistas a bocajarro, así como que no desaparece el Estado Mayor Presidencial (EMP), sino que se reincorpora al Ejército. Es decir, tendrá que haber más que una reestructuración de los mecanismos de seguridad del Estado, porque ningún país puede funcionar sin órganos de inteligencia.
El Cisen, dice el doctor en Sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, debe de operar en función de garantizar la seguridad nacional y no para el control político del país. Ningún país funciona sin un sistema de inteligencia, sino que algunos países desarrollan mecanismos de operación de inteligencia transparentes y abiertos para que la sociedad pueda entender cómo operan.
“El presidente electo está soltando ideas aún no elaboradas sino declaraciones sobre las que no se puede fundar una crítica y un soporte a un aparato gubernamental; hay que ver cómo se está diseñando la Guardia Nacional, cómo se presenta y cuál es la idea central, la dinámica, el sistema de operación y el criterio constitucional”, subraya el catedrático de la UNAM.
José Réyez

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"No al FMI", el grito en los festejos del Día de la Independencia argentina

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▲ Movilización ayer en Buenos Aires para celebrar la independencia y de paso condenar el modelo económico del presidente argentino, Mauricio Macri.Foto Ap
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 10 de julio de 2018, p. 23
Buenos Aires
Una mutitudinaria marcha en la que participaron diversos sectores con la consigna: la independencia no se negocia. No al Fondo Monetario Internacional (FMI), se desplazó ayer del Obelisco a la Plaza de Mayo, llenando varias calles adyacentes de banderas argentinas en el Día de la Independencia, festejo del que estuvo notablemente ausente el gobierno, después de suspender el desfile militar por un visible descontento en las fuerzas armadas por problemas salariales y otras medidas tomadas por una administración que se había comprometido con ellos muy en especial.
La movilización fue convocada por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Argentina de Actores y una serie de organizaciones políticas, sociales, sindicales y ciudadanas que marcharon para expresar su rechazo no sólo contra el FMI y las políticas gubernamentales, los despidos y la pobreza que crece cada día, sino también contra la construcción de bases militares de Estados Unidos en el país.
En tanto, el presidente Mauricio Macri viajó a Tucumán, la provincia donde se juró la independencia el 9 de julio de 1816, pero no asistió al tedeum religioso por temor al sermón crítico de la Iglesia, que se ha expresado con fuerza en los últimos días ante la tragedia social que se vive y los compromisos asumidos por el gobierno que lesionan la soberanía nacional y afectan a la población.
No asistió tampoco al desfile popular en el que estaban las autoridades tucumanas, sino que dio una breve declaración en el acto oficial, lejos del público, y confirmó el rechazado rumbo económico y político de su gobierno, aunque reconoció que se está pasando por una tormenta económica fruto de muchas circunstancias, entre ellas temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos, de las políticas de gobiernos anteriores y destacó el apoyo que recibió del FMI con el que el 20 de junio pasado se firmó un crédito stand-by por 50 mil millones de dólares para fortalecer el programa económico. Hasta ahora se han entregado 15 mil millones, pero la crisis se agudiza y la corrida del dólar continúa ubicándose casi en 30 pesos.
El ajuste es sólo para los pobres, los trabajadores, los maestros, los médicos, los pequeños productores, todos, como la pequeña y mediana empresa asfixiados por las tarifas insólitas que deben pagar, señalaba un comunicado de los afectados de distintos sectores.
El FMI ya tiene funcionarios en los ministerios claves, lo que se añade al nuevo ajuste sobre el ajuste que ha significado miles de despidos no sólo en el sector público, sino también en el privado, como lo destacó la Unión Industrial Argentina (UIA) con la pérdida de más de dos mil 300 empleos por día.
Por eso ayer militantes de distintos sectores, jubilados, vecinos y artistas callejeros que son parte de la vida de esta ciudad, vencieron el frío extremo en un día gris y ocuparon largamente la avenida 9 de Julio desde el mediodía y ganaron las calles, que este gobierno nunca pudo ocupar.

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Si quieren evitar la separación “no vengan como indocumentados”: Trump a migrantes

 
PROCESO 
 
WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la solución más efectiva para ponerle fin a la crisis migratoria y a la separación de familias en la frontera con México es que los extranjeros lleguen legalmente a la Unión Americana.
“Tengo una solución; no vengan como indocumentados, no vengan como indocumentados”, dijo Trump en la Casa Blanca, momentos antes de salir para Bruselas, Bélgica, donde participará en la reunión anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Claramente molesto por el asunto de la crisis migratoria y los fallos de una Corte Federal en contra de su gobierno, Trump sostuvo que los inmigrantes indocumentados deben dejar de llegar a Estados Unidos si quieren evitar las consecuencias de la aplicación de las leyes.
“Sin fronteras no hay país… vamos a respaldar al buró de Aduanas e Inmigración (ICE), los demócratas quieren fronteras abiertas y no les importa el crimen. No queremos crimen y queremos que las fronteras signifiquen algo”, puntualizó Trump la mañana de este martes.

Este 10 de julio se cumplió el plazo que le dio una Corte Federal en California al gobierno de Trump, para que reuniera con sus padres o familiares adultos, a los niños menores de cinco años que de mayo a junio capturó como inmigrantes indocumentados en la frontera sur y los envió a centros de reclusión migratoria.
Bajo la política de Tolerancia Cero que implementó el gobierno de Trump en materia migratoria, de mayo a junio los agentes de ICE separaron de sus padres o familiares adultos a poco más de tres mil menores de edad y por la orden de la Corte de California está tratando de reunificar a las familias, pero carece de la información y los métodos para hacerlo.
Hasta el momento el gobierno de Trump ha reunido con su familia a poco más de un centenar de menores de edad y ha pedido una prórroga de tiempo para cumplir el mandato judicial.
Nuevo revés judicial
La noche de este lunes la Casa Blanca recibió otro revés por parte del sistema judicial federal de los Estados Unidos.
La juez federal Dolly M. Gee, de la Corte del Distrito de Los Ángeles, California, emitió un fallo en contra de un pedido del Departamento de Justicia que pedía enmendar al decreto judicial conocido como Flores.
El decreto Flores emitido en 1997, ordena mantener en albergues migratorios y separados de sus padres o familiares adultos, 20 días como máximo, a menores de edad detenidos en calidad de inmigrantes indocumentados.
Después de esos 20 días el gobierno federal está obligado a reunir a los menores con sus padres o familiares que tengan residiendo en Estados Unidos, para que esperen su proceso ante una corte de inmigración.
En el caso de que la familia haya sido detenida en la frontera sur como inmigrantes indocumentados, al grupo completo se le debe mantener unido a la espera de su proceso migratorio ante un juez que debe determinar su estancia o deportación de Estados Unidos.
Devin O’Malley, vocero del Departamento de Justicia, indicó en un comunicado de prensa que el gobierno de Trump no está de acuerdo con el fallo de la Corte Federal de Los Ángeles.
“La decisión de la Corte de no enmendar el decreto Flores, niega reconocer la crisis que viven familias que hacen un peligroso e ilegal viaje a nuestra frontera sur.
“La Corte parece no entender que los padres que crucen la frontera (como indocumentados) no serán liberados y deberán elegir el quedarse bajo custodia familiar con sus hijos esperando a su proceso migratorio, o solicitar la separación de sus hijos y con ello los niños serán entregados a un patrocinador”, indicó O’Malley.

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