viernes, 29 de junio de 2018

Movilizaciones en BC, Jalisco y Veracruz

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▲ Activistas protestaron ayer frente a Conagua en defensa de 51.5 mil millones de metros cúbicos anuales del líquido que están a disposición de concesiones mediante las vedas que se liberaron en alrededor de 300 cuencas del país.Foto Carlos Ramos Mamahua
Antonio Heras, Juan Carlos G. Partida y Eirinet Gómez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 35
Organismos ciudadanos defensores del medio ambiente se manifestaron este jueves ante oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California, Jalisco y Veracruz contra la posible privatización del agua resultado de los decretos presidenciales que levantaron la veda en regiones hidrológicas.
En Mexicali, Baja California, más de cincuenta integrantes de grupos civiles protestaron frente a instalaciones de la Conagua como parte de la movilización que promovió la organización Agua para Todos, Agua para la Vida. Reclamaron que entre las cuencas implicadas en los decretos del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra la del río Colorado, que abastece de agua a Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada.
Los inconformes expresaron su repudio a lo que consideraron pésima administración del agua para con triquiñuelas privatizar el líquido. Aseguraron que la firma de los 10 decretos de Enrique Peña para eliminar la veda de 295 cuencas hidrográficas es un engaño del gobierno federal.
Indicaron que un caso emblemático en la frontera es la veda que existe en Baja California por la sobrexplotación de agua en el Valle de Mexicali, prohibición por la cual la Conagua no pudo otorgar concesiones de agua a la empresa cervecera estadunidense Constellation Brands.
En Guadalajara, Jalisco, los manifestantes sostuvieron que levantar las vedas es en realidad una forma de disfrazar la posibilidad de que las cuencas sean privatizadas al renovar concesiones. Aseguraron que entre las cuencas hidrológicas que serían afectadas al levantarse las vedas estarían la número 12, que incluye 19 ríos; la de la región 14, en la que se hallan nueve ríos, y la región 15, ubicada en la zona costa de Jalisco.
Hubo también una protesta en Xalapa, Veracruz, donde Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (La Vida) dijo que con los decretos de Peña Nieto, los ríos corren el riesgo de ser explotados por empresas extranjeras dedicadas al sector energético y de extracción.
Rodríguez Almazán dijo que al igual que con la reforma energética, no se pronuncia la palabra privatización, los decretos sobre las cuencas tampoco la mencionan, pero permiten que ésta se dé.

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Damnificados del Multifamiliar denuncian amenazas y agresiones físicas por parte de “desconocidos”


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan denunciaron que anoche, mientras realizaban su reunión semanal de valoración del proceso de reconstrucción y reforzamiento de edificios, fueron intimidados, amenazados y agredidos física y verbalmente por un grupo de personas no identificadas.
En un video difundido en redes, en el que se aprecian 12 miembros de la asamblea, enviaron una advertencia al gobierno de la Ciudad de México, a quien responsabilizan de cualquier agresión posterior al hecho.

En su posicionamiento, se reservaron cualquier acción para garantizar la seguridad de todos los integrantes de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
A través de un comunicado, explicaron que durante la reunión de anoche -alrededor de las 22:15 horas-, estas personas “desconocidas” los videograbaron y lanzaron amenazas directas en contra de Francia Gutiérrez e Israel Ballesteros, entre otros representantes del Multifamiliar Tlalpan.
La agresión contra Israel obedece a un “intento de intimidación por su aportación a la lucha de las y los damnificados por el derecho a la vivienda y de distraer los avances que hemos logrado recientemente”, subrayaron.
Ante tal situación, decidieron terminar la asamblea, pero al tratar de irse, las “provocaciones escalaron y golpearon directamente a nuestro compañero Israel, quien sufrió lesiones en el rostro”.
Agregaron que, al tratar de separar a los agresores, también recibieron algunos golpes y nuevas amenazas.
“Es muy claro que estos hechos forman parte de una estrategia para amedrentar a nuestros representantes y advertimos que no aceptaremos ningún acto que atente contra la integridad física y emocional de ninguno de los compañeros y compañeras de la asamblea”, señalaron.

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Los bancos no escuchan, considera 90% de usuarios

Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 23
Nueve de cada diez mexicanos en edad productiva considera que los bancos no escuchan a los usuarios ni entienden sus necesidades, reveló un estudio de HSBC que sirvió de base para generar una nueva estrategia de acercamiento a la población.
La mayoría de la gente piensa que no tiene control de sus finanzas ni de su dinero, señaló ayer Juan Parma, director general de banca de consumo.
La institución lanzará una nueva línea de productos para la población joven y familias el 2 de julio, un día después de la elección presidencial, una acción deliberada con la que, explicó el directivo, pretende dar el mensaje de que vamos a trabajar con quien resulte electo.

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Favorable al Sindicato Minero, juicio sobre CCT en San Martín

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 16
El Sindicato Minero aclaró que le ha sido favorable el proceso por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la mina San Martín, en Zacatecas. Esto al hacer una serie de observaciones sobre la información publicada ayer por este diario.
El gremio encabezado por Napoleón Gómez Urrutia detalló en un comunicado que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Explotación, Exploración y Beneficios de Minas de la República Mexicana (SNTEEBMRM), celebró el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que valida el resultado del recuento por la titularidad del CCT de la mina San Martín.
“Conforme lo establecido en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, el pasado 28 de febrero de 2018 en la ciudad de Sombrerete, Zacatecas, decenas de trabajadores acudieron libremente a las urnas para elegir a su representación sindical, con la intención de poner fin a uno de los paros laborales más prolongados en la historia del país.
El proceso se llevó a cabo de forma ordenada y transparente, en cumplimiento a la normativa general vigente, y fue favorable al SNTEEBMRM, de Gómez Urrutia.
Recordó que el pasado 26 de junio, la JFCA notificó a las partes involucradas sobre el laudo para finalizar el juicio de titularidad del CCT, el cual ha resultado a nuestro favor en todas las instancias en que se ha ventilado, prueba de que nuestro sindicato se ha conducido con absoluto respeto a la ley.
Los habitantes del municipio de Sombrerete, donde se ubica la mina, se verán favorecidos por la reapertura de San Martín, lo que traerá consigo la reactivación de la economía local para beneficio de cientos de familias que dependen de la minería como su fuente de ingresos, señaló el sindicato.

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El gran negocio de detener a los menores

 
PROCESO 
 
EL PASO, Texas (Proceso).- Nadie arriesga la vida cruzando la frontera entre México y Estados Unidos para después suplicarle a un juez la deportación. O casi nadie. Pero María, inmigrante salvadoreña, se vio obligada a hacerlo.
La mujer de 40 años –cuyo nombre real no es revelado– llegó a principios de junio al puente internacional de El Paso, después de una huida desesperada de su país. Venía con sus tres hijos, de cinco, siete y ocho años, escapando de la violencia doméstica y de las amenazas de la Mara Salvatrucha.

Al cruzar la frontera fue detenida por agentes migratorios y conducida a la cárcel del condado, acusada de “entrada ilegal”. Entonces dejó de ver a sus hijos. No supo a dónde los llevaron o quién se hace cargo de ellos. Se aferraba a su abogado de oficio, Ray Lauser, para obtener respuestas, pero nadie podía dárselas.
“Un agente de la Patrulla Fronteriza le dijo que se los habían llevado a Florida, pero no le dio detalles”, recuerda Lauser.
Cuando finalmente fue enviada al centro de detención de inmigrantes donde debería enfrentar su proceso para conseguir asilo, ella sólo quería pedirle al juez que la deportara “para poder reunirse con sus hijos”, dice Lauser a Proceso.
El abogado ha representado en la corte federal a más de 20 inmigrantes que, como María, cruzaron la frontera sin documentos. En la mitad de esos casos los niños fueron separados de sus padres y trasladados a diferentes albergues o campamentos improvisados en varios lugares de Estados Unidos. Ni los padres de los menores ni sus abogados o las organizaciones civiles que tratan de ayudar a los inmigrantes reciben información sobre el paradero de los menores.
“No te dicen nada, ni a nosotros los abogados ni a los jueces. Cuando los padres te preguntan ¿dónde están mis hijos? es muy duro repetirles: ‘No sé, no sé, no sé’”, afirma Lauser.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que entre abril y junio de este año unos 2 mil 300 menores fueron separados de sus padres al entrar ilegalmente en la frontera, pero el número exacto se desconoce. Funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron a la prensa que se preparan para albergar en algunas de sus bases militares hasta 20 mil niños migrantes.
Las imágenes de menores llorando al ser separados de sus padres y un audio dado a conocer por el medio digital Político, en el que se escucha a un pequeño llorar mientras llama a su papá, generaron una crisis política y mediática para el gobierno del presidente Donald Trump, quien como respuesta firmó el miércoles 20 una orden ejecutiva para detener la separación de familias.
La orden generó un rechazo inmediato por parte de abogados y activistas, porque no canceló la política de tolerancia cero, que ordena la detención y procesamiento de todos aquellos que cruzan la frontera sin documentos, incluidos los solicitantes de asilo político. Además, la orden pretende unificar a las familias, pero encarcelándolas indefinidamente.
“Ahora tendrás a niños detenidos y torturados –psicológicamente– junto con sus padres”, dice a la reportera Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso. “Esta orden mantendrá a los niños en detención indefinidamente, lo cual está mal y va contra nuestros valores fundamentales”.
La orden además no especifica cómo será el proceso de reunificación de aquellos niños que han sido separados de sus padres, algo que el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas durante la administración de Barack Obama, John Sandweg, considera extremadamente complicado. Primero, dijo, habrá que saber dónde están los padres, si aún están en un centro de detención o si ya fueron deportados.
“Hay que entender que cuando estos niños son puestos en custodia del Estado, entran también en un proceso de deportación, pero a diferencia de los adultos, el caso con los niños avanza muy despacio porque no están en corte migratoria y el proceso puede llevarse entre dos y tres años”, dijo Sandweg en una entrevista con NPR.
“Cuando el niño termina bajo la tutela del Estado entran en juego muchas leyes estatales que complican las cosas. Un niño de tres años no puede hablar por sí mismo, así que un tutor será el encargado de velar por su bienestar. Mientras tanto, tienes a sus padres (deportados) en Honduras… quizá no hablan inglés, no tienen dinero para un abogado y su hijo está cautivo en el sistema de seguridad social de Estados Unidos, donde su tutor quizá decida que por la violencia que se vive en ese país o por la pobreza, no es conveniente que el niño regrese”, señaló Sandweg.
Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Américas, un centro de apoyo a inmigrantes en El Paso, ha visto de cerca el caos y la desesperación que ha provocado la política de tolerancia cero.
Rivas dice a Proceso que no existe una base de datos que facilite el proceso de localización. “Uno pensaría que si detienen al padre en El Paso, el niño se quedará en El Paso, pero no es así, se los están llevando a Chicago, Detroit, Florida. Los padres llevan semanas o hasta meses sin saber dónde están sus niños, y si acaso los logran encontrar, sólo les dan permiso de hablar con ellos una vez por semana”.
Un problema adicional, apunta la abogada, es que ahora los niños deben llevar su caso separado de los adultos. “Tienen que pelear su caso solos, sin tener abogado y eso complica mucho las cosas”.
Las cortes migratorias dan prioridad a los casos de personas que están en centros de detención, pero si la persona está en custodia del Estado –como un menor– el caso se puede retrasar años. Según estimaciones del TRAC, una base de datos de la Universidad de Syracuse, las cortes migratorias tienen un atraso de más de 700 mil casos.
Ciudades campamento
Desde finales de mayo el gobierno anunció que habilitará algunas de sus bases militares para albergar a niños migrantes. En Texas, al menos tres podrían ser usadas así: Fort Bliss, en El Paso; Dyess Air Force Base, en Abilene; y Goodfellow Air Force Base, en San Angelo. Las dos últimas están a unos 640 kilómetros de la frontera. Hasta el viernes 22 no era claro si las bases militares albergarán sólo a niños no acompañados o a familias enteras.
Además, el gobierno ha habilitado campamentos para inmigrantes en áreas como Tornillo, a unos 60 kilómetros de El Paso, donde decenas de menores han sido captados en imágenes caminando en fila entre enormes tiendas de campaña. En el verano, las temperaturas en esta región desértica llegan hasta 40 grados centígrados.
Es incierto cuántos menores están recluidos. El congresista federal Beto O’Rourke aseguró que 96 permanecían ahí, pero aclaró que algunos llegaron solos a la frontera y otros fueron separados de sus padres. Otros reportes indican que el campamento tiene capacidad hasta para 360 personas.
El jueves 21, alcaldes de varias ciudades llegaron a las afueras del campamento de Tornillo, pero no se les permitió el acceso. Demandaban la inmediata reunificación de familias y la aprobación de una reforma migratoria. El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que no tenía información sobre el número de niños detenidos ahí. “No sé de dónde son esos niños, no sé quiénes son sus padres y no sabemos qué está pasando”.
Las ciudades campamento o tent-cities son la respuesta del gobierno a la falta de espacios donde albergar a los menores inmigrantes detenidos. La Oficina de Reubicación de Refugiados tiene bajo su custodia a unos 11 mil 517 menores en una red de aproximadamente 100 albergues en 17 estados. Muchos de esos albergues son privados, contratados por el Estado.
En una nota publicada el jueves 21 The New York Times reveló el negocio multimillonario detrás de los centros o albergues a los que son llevados los menores cuando son separados de sus familias. El diario indicó que sólo en Texas alrededor de una decena de contratistas operan más de 30 albergues para niños en custodia federal, que reciben fondos federales.
“La orden del presidente Trump de mantener a las familias unidas mientras están en detención significará probablemente millones de dólares más en contratos para los albergues privados”, indicó el rotativo.

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