miércoles, 27 de junio de 2018

Exigen proteger cuencas que no cubrieron decretos de Peña


Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 26
La Alianza Mexicana contra el Fracking, la Red de Acción por el Agua y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua exigieron a las autoridades establecer medidas para proteger los volúmenes del líquido que quedaron sin protección con los 10 decretos emitidos a principios de este mes y con los cuales se eliminaron la vedas que impedían la explotación de 300 cuencas ecológicas, equivalentes a 55 por ciento de lagos y ríos del país.
Aseveraron que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña el 5 de junio, cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y publicados un día después, dejaron sin protección casi 70 por ciento del volumen de las cuencas, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas, lo que constituye un retroceso en materia ambiental y deja en entredicho el derecho humano al agua.
Incluso advirtieron que con las nuevas disposiciones hay casos en que el gobierno federal liberó porcentajes mayores para extraer agua, como es el caso del río Pánuco 2, donde se fijó en 91.5 por ciento. El gobierno federal debió actualizar los datos sobre disponibilidad de agua en todo el territorio nacional antes de hacer cualquier modificación al respecto, ya que la información más reciente sobre el tema data de 2011.
Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las declaraciones de esta institución, lejos de tranquilizarnos, reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua, al declarar que la gestión de ésta es un problema meramente técnico, puntualizaron.
A diferencia de lo que los impulsores de esa medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más de 30 por ciento para conservación ecológica y menos de uno por ciento para uso doméstico y público urbano, señalaron.

Fuente

CFE invertirá 1,413 mdd para llevar gas natural a Sinaloa

El gas natural llegará a Sinaloa en la segunda quincena de julio a través del nuevo gasoducto El Encino-Topolobampo, anunciaron la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual que implicó una inversión de 1,413 millones de dólares, y que marcará “un antes y un después” en la entidad, reconoció el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coopel.
Durante el evento “Desarrollo en Sinaloa con el suministro de gas natural”, sostuvo que a Sinaloa le va a cambiar totalmente el mapa económico, porque al tener gas natural ya dejará de estar en desventaja con respecto a otras entidades que ofrecen el suministro de dicho servicio para la industria, e impulsará el desarrollo económico con la llegada de nuevas empresas generadoras de empleos y mejor pagados.
“Con la ubicación estratégica que tiene Sinaloa, con la llegada del gas natural nos va a representar no sólo mantener empresas y ser más competitivos, sino poder atraer a nuestra entidad a la industria que tanto nos hace falta para dar un brinco de la economía primaria que tanto depende nuestro estado a la economía secundaria”.
El gobernador también reconoció el apoyo y la voluntad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quienes en todo momento apoyaron este proyecto, el cual tenía años sólo como un anhelo para los sinaloenses, sueño que se empezó a cristalizar en los últimos cinco años que duraron los trabajos de introducción de la tubería.
El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, detalló que el gasoducto conectará el sur de Texas y Chihuahua con Topolobampo y con Mazatlán, tendrá una longitud de 982 kilómetros con una capacidad máxima de transporte de 670 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
Indicó que al finalizar el sexenio, pasaremos de 11 mil 347 kilómetros de ductos de gas natural que teníamos en 2012 a más 18 mil 800 kilómetros, un incremento cercano al 70 por ciento, la mayor expansión de la historia realizada en tan solo seis años.

En el caso de Sinaloa, dijo, se podrán atraer empresas y nuevas inversiones privadas para generar empleos y favorecer la derrama económica en el estado. El gas natural pronto llegará a los comercios y a los hogares y propiciará competencia con el gas LP, con lo que los consumidores podrán beneficiarse con tarifas más accesibles.
“Tendrá un impacto y una importancia semejante a la que en su momento tuvo la del ferrocarril, los gasoductos que ahora se están construyendo no serán tan vistosos, ya que operarán bajo tierra, pero su contenido tendrá una huella relevante para impulsar la vitalidad económica de ese estado del Noroeste de la República”.
El director general de la CFE, Jaime Hernández, destacó que siete de los proyectos de infraestructura eléctrica que promueve la CFE, se desarrollan en el estado de Sinaloa, se trata de tres gasoductos, la conversión de dos centrales para que usen gas natural y la construcción de dos nuevas centrales de ciclo combinado.
Estas obras que significan una inversión mayor a los dos mil 200 millones de dólares permitirán que Sinaloa cuente con una capacidad para generar energía eléctrica, a partir de gas natural, mayor a los dos mil 200 mega watts lo que sería suficiente para cubrir toda la demanda de electricidad de un millón y medio de hogares en el país.
Además, con la nueva infraestructura se logrará evitar la emisión anual de 2.4 millones de toneladas de dióxido de carbono lo que equivale a sacar de circulación a aproximadamente 500 mil vehículos, es decir, alrededor de la mitad de todos los vehículos que circulan en el estado de Sinaloa.
(Visited 32 times, 3 visits today)
 

Migrantes, recluidos en estaciones de media y alta seguridad en México: Jarab


Laura Gómez Flores
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 14
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que en México sí hay privación ilegal de la libertad de los migrantes, quienes son enviados a estaciones de carácter carcelario de media y alta seguridad, resguardadas por hombres armados, donde pueden ser objeto de otras violaciones graves a sus garantías, como la tortura.
En la conferencia Detención migratoria y tortura: del estado de excepción al estado de derecho, señaló que hay contradicción entre la capacidad de la sociedad mexicana de generar crítica a lo que hace Estados Unidos con la separación de niños y la falta de una crítica a su propia política respecto de las condiciones de los migrantes en tránsito y quienes desean vivir en México.
Consideró necesario impulsar un nuevo paradigma en la migración, pues está enfocada en el control y las tres D: detección, detención y deportación, así como avanzar hacia una política social inclusiva.
Las malas condiciones de las estaciones migratorias fueron corroboradas por el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, que visitó México a finales de 2016, y son una forma de disuadir o forzar a los migrantes a no solicitar asilo o retirar sus solicitudes.
En su informe dio fe del hacinamiento y las malas condiciones en que se encontraban las personas detenidas, con comida de mala calidad, niños no acompañados detenidos en cuartos muy fríos sin la ropa adecuada y hasta la amenaza de separar a los menores si no dejaban de llorar y enviarlos al DIF.
El consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Christian Rojas Rojas, exigió a su vez suspender las detenciones y confinamiento en las llamadas estaciones migratorias, donde sistemáticamente se violan los derechos de los indocumentados.
Explicó que existen 32 estaciones migratorias, 15 provisionales tipo A para permanencia máxima de 48 horas y 12 provisionales tipo B para estadía máxima de siete días, además de un sinfín de garitas con jaulas, donde estos tiempos de detención son superados y el trato es cruel y persistente, lo que configura condiciones de tortura.
De 2013 a 2017, casi 700 mil personas fueron detenidas y 597 mil 602 permanecieron en esa condición hasta ser deportados, pues el modelo mexicano responde a un estado de excepción, de generar sensación de miedo entre la población para legitimar la violación de los derechos de los migrantes.
Las detenciones de migrantes ocurren en todo el país y desde 2014 se realizan operativos denominados de rescate, que en la práctica son encarcelamiento, afirmó el también integrante del Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura. Al igual que el miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Fernando Ríos Martínez, exigió condiciones mínimas de dignidad para los migrantes y suspender las detenciones y confinamiento en las estaciones.

Fuente

Padres de los 43 prevén reunirse con magistrados para conocer operación de la Comisión de la Verdad


Familiares de los estudiantes desaparecidos hicieron una parada en el antimonumento a los 43. Foto: Alejandro Saldívar

PROCESO 


CIUDAD DE MEXICO (apro).- Una comisión de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres años acudirá en esta semana a Tamaulipas en busca de un encuentro con los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, instancia que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala.
De acuerdo con Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asencio Bautista, a más tardar este jueves 28 un grupo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acudirá a la sede del Tribunal Colegiado acompañado de sus abogados, con el fin de que los magistrados “expliquen cómo va a funcionar la Comisión de la Verdad”.

Entrevistada durante la marcha por los 45 meses de desaparición de los jóvenes, movilización que partió del Ángel de la Independencia y llegó a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Cristina Bautista informó que sólo está por definirse quiénes de entre las 43 familias acudirán a Reynosa en busca de entrevistarse con los magistrados.
“Lo primero que queremos es agradecer que hayan visto los expedientes, que hayan visto que todo está mal hecho por la Procuraduría General de la República, y también queremos ir para ponernos de acuerdo en la creación de la Comisión de la Investigación para la Verdad y para la Justicia, y van a estar presentes nuestros abogados y los que decidamos que estén presentes”, comentó Cristina Bautista a Apro.

Al recordar que, en la conformación de la comisión los padres y madres de las víctimas estarán representados a través de sus representantes legales con el fin de “vigilar las investigaciones”, Cristina Bautista consideró que “por más que quiera el gobierno defender su verdad histórica, ésta ya se está cayendo, ya no la pueden defender, ya no les queda más que cumplir la sentencia que ordenó el tribunal”.
Los padres y madres fueron arropados por decenas de simpatizantes, miembros de organizaciones sociales, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes marcharon bajo la fuerte lluvia por las calles del centro de la Ciudad de México.
En entrevista, Mario González Contreras, padre de César Manuel González, recordó que para deslindarse de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “en la PGR nos decían que iban a hacer valer lo que dijeran los tribunales mexicanos”.
Explicó: “En este mes 45, la demanda es que se cumpla cabalmente la resolución de los magistrados que se tomaron el tiempo y vieron las fallas que había en las carpetas de investigación, queremos que la PGR cumpla con su palabra, tienen que acatar porque es una orden, no una recomendación”.
Mario González reprobó las voces que han criticado a los padres y a sus abogados, así como a los mismos magistrados por su resolución, siendo que, de los representantes del Estado mexicano, “en realidad son los primeros que han querido llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa”.
Luego cuestionó el reciente pronunciamiento de los 32 procuradores del país en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, al considerar que se extralimitó en sus atribuciones constitucionales al ordenar la creación de una comisión de investigación.
“¿Dónde estaban los 32 procuradores para buscar a nuestros hijos? Ahora que sale una resolución para buscar a los muchachos, se ponen en contra; no entiendo por qué esos procuradores tienen la desfachatez, el descaro y el cinismo de oponerse a que se busque a los muchachos y a saber la verdad”, apuntó.
En vísperas del proceso electoral presidencial, Mario González señaló que la única petición que los padres y madres de los desaparecidos tienen, “es que el que llegue tiene que retomar la resolución de los magistrados, porque en su momento le pedimos a Enrique Peña Nieto que, si tenía dignidad, acatara la resolución, pero desgraciadamente ya vimos que no le queda dignidad y está tratando de combatir la sentencia”.
El abogado de los 43 familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra, sostuvo que, pese a los recursos interpuestos en contra de la sentencia, los mismos “están condenados a la improcedencia”.
Entrevistado en una parada de la marcha, frente al “antimonumento a los 43”, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que, por los tiempos electorales, “es muy probable que la sentencia tenga que ser implementada hasta el próximo gobierno”.
Rosales Sierra consideró que, por los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Colegiado, “hay una clara intención de dilatar el proceso y mantener en la misma dirección la investigación, que ya fue hecha pedazos”.
Al mencionar que, “a menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se preste para revertir la sentencia”, el abogado puso en duda la posibilidad de que se cambie el sentido de la resolución que, insistió, podrá materializarse hasta el siguiente sexenio.
“Si en 2015 y 2016, con el GIEI el gobierno dejó ir la oportunidad de avanzar y corregir la investigación, es improbable que a pesar de que hay una sentencia quiera cambiar de dirección”, observó.
Al resaltar que es “una sentencia sumamente garantista”, Rosales Sierra puntualizó que lo que “asusta a las voces conservadoras es que el Ministerio Público tenga contrapesos, siendo que no es la primera vez que ha realizado investigaciones irregulares; los magistrados lo que hicieron fue declarar la ilegalidad de toda prueba arrancada por tortura, pero no dejaron en indefensión a las víctimas, y es por eso que, amparados en el Protocolo de Minnesota, ordena la creación de una comisión, dentro de las facultades del MP, donde las víctimas son coadyuvantes de por sí, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que tiene una investigación en curso”.

Fuente

INE, sin legitimidad en elecciones presidenciales



 

Pese al enorme gasto, el INE llega a este 1 de julio sin legitimidad: al dilatar al menos 12 horas el resultado de la elección presidencial contribuye a la incertidumbre. Además, mientras dice estar “preparado” para el “peor escenario” –una elección “muy cerrada”–, compra marcadores que se borran con facilidad. El proceso, lejos de ser imparcial: el Instituto ha solapado la guerra sucia de partidos y empresarios contra AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) –una de las instituciones más caras del país, cuyo presupuesto supera este año los 24 mil millones de pesos– terminó por profundizar su crisis de legitimidad en el proceso 2018 y llega a este 1 de julio totalmente desautorizado.
A su actual desprestigio han contribuido las decisiones de sus consejeros, especialmente la de dilatar al menos 12 horas el resultado de la elección presidencial, supuestamente para cumplir con la ley que establece el modelo de casilla única.
También han hecho su parte los graves “errores” descubiertos en las semanas previas a la jornada electoral, como la compra de marcadores para las boletas que, de tan baja calidad, permiten borrar totalmente las inscripciones, lo que daría lugar a la ilegal manipulación de la papelería electoral; o el uso de domicilios falsos para la recepción del voto desde el extranjero (Contralínea 596), lo que habría vulnerado directamente la seguridad de esa votación.
Al ambiente de incertidumbre se suman las propias declaraciones del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. Por ejemplo, el 9 de mayo pasado advirtió que el INE se preparaba para el “peor escenario”: una elección presidencial “muy cerrada”, cuando las tendencias en las encuestas ya daban una amplia ventaja al morenista Andrés Manuel López Obrador.
Otra muestra es lo que dijo el 24 de junio pasado cuando, tras anunciar que el resultado del conteo rápido se sabría hasta el 2 de julio después de las 8 de la mañana, aseguró que no habría fraude electoral. Según Córdova Vianello, la garantía de ello es porque “la elección será operada por millones de ciudadanos, vigilada por el mayor número de representantes de los partidos políticos, y observada por miles de visitantes extranjeros”.
No obstante, en la experiencia más próxima se observó exactamente lo contrario: a pesar de los observadores y la vigilancia, en 2017 se operaron dos mega fraudes electorales en el Estado de México y en Coahuila. Todas las irregularidades, documentadas por la oposición, fueron omitidas: el Instituto avaló los resultados en ambos casos.
“El INE arrastra un problema de credibilidad desde 2006”, advierte el doctor en ciencia política Mario Zaragoza Ramírez. A diferencia de lo que sucede en la actualidad, indica, el Instituto Federal Electoral –que se formó a partir de luchas ciudadanas– tenía en el año 2000 mucha fortaleza, porque era autónomo y se nutría desde la academia y la sociedad civil.
Para el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ese IFE de José Woldenberg se fue desgastando desde que Luis Carlos Ugalde asumió la presidencia de su Consejo General, en 2003, y luego durante la gestión de Leonardo Valdés Zurita, en 2008.
El politólogo advierte que “el gran tema es cómo una institución sin legitimidad quiere darle credibilidad a un proceso electoral. Esto es un problema muy serio, porque se han juntado muchos problemas menores y al final tenemos un problemón”.

La suma de errores

En el proceso 2018 el INE, en vez de realizar un proceso limpio e imparcial, ha ido sumando yerros. Entre éstos destaca su falta de apego a la legalidad frente a los llamados empresariales que se escudan en un supuesto ejercicio de la libertad de expresión.
Por ejemplo, el caso del spot de Mexicanos Primero: “Y si los niños fueran candidatos”, sancionado de manera ilegal el pasado 30 de abril. Ese día, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió negar las medidas cautelares que solicitó el partido Movimiento Regeneración Nacional, pese a que el anuncio de radio y televisión violaba la ley, que prohíbe a particulares influir en el voto ciudadano a través de propaganda pagada.
El INE tampoco censuró los llamamientos de empresarios a sus subordinados para que no elijan al “populista”. Entre ellos han destacado Germán Larrea, Claudio X González, José Antonio Fernández Carbajal, Alberto Bailleres, Andrés Conesa, José Elizondo, Héctor Hernández Pons y Eloy Vallina, sin que la autoridad les haya frenado su activismo para incidir en la intención del voto.
Para Zaragoza Ramírez, el problema del INE radica precisamente en esas “pequeñas”  equivocaciones. Ello, indica, porque cuando el árbitro se equivoca los electores piensan: “¿qué o quién nos garantiza que no se equivoquen en otra cosa? Y entonces el tema se pone mucho más complejo”.
El Instituto que encabeza Lorenzo Córdova ni siquiera fue capaz de mostrarse imparcial en los debates de la contienda 2018: además de favorecer la visión de país que promueve una fracción del sector empresarial, seleccionó como moderadores del segundo debate entre candidatos presidenciales a dos de sus voceros.
Pese a que son abiertos opositores a López Obrador, Yuriria Sierra y León Krauze fueron los elegidos del INE. Ello incluso a pesar de que en múltiples espacios mediáticos se habían manifestado por una votación contraria al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
En Change.org incluso se promovió una acción civil para que el Instituto sustituyera a ambos opinadores, aunque sin éxito. En ésta se señalaba que Sierra y Krauze apoyaban al priísta José Antonio Meade al tiempo que habían “manifestado abiertamente su antiobradorismo [sic], de manera reiterada, en las últimas semanas y meses. Y si bien nadie cuestiona su libertad de opinar lo que quieran de las campañas y sus candidatos, es una afrenta mayor y un atentado a la democracia que ambos sean considerados por el INE para ser moderadores de un debate presidencial”.
El rechazo y descontento por la elección de esos opinadores también se manifestó en redes sociales, una arena pública en la que el INE siempre ha perdido cuando se le escruta.
Carlos Heredia Zubieta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera que el Instituto “ha hecho un buen trabajo; sin embargo, no está exento de la desconfianza que los mexicanos tenemos, ya no en el sistema electoral, sino en el sistema político en su conjunto”.
El doctor en economía agrega que la confianza aumentará en la medida en que la política en México sea dignificada y reivindicada para servir a los ciudadanos y no al revés.
“Hoy la política ha sido secuestrada por intereses facciosos de grupos que controlan los partidos políticos, e intereses económicos. Cuando la política sirva a los ciudadanos, aumentará la confianza en el sistema electoral”, señala el investigador.

La desconfianza

Pero, a lo largo de la campaña presidencial de 2018, el INE habría sumado más puntos negativos que positivos. Y a ello contribuyó especialmente la Comisión de Vigilancia al avalar los spots de la llamada guerra sucia.
Así sucedió el 1 de mayo pasado, cuando consintió la transmisión de la propaganda del Partido Revolucionario Institucional que llamaba a López Obrador “títere de los delincuentes”, “al servicio de los narcotraficantes”. Según los consejeros, esas acusaciones no calumniaban al candidato.
No obstante, durante la misma sesión, ordenaron al Partido del Trabajo retirar un promocional de la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde aparecía, además de la candidata Claudia Sheinbaum, el político Andrés Manuel. Para el árbitro electoral, este último incurría en sobreexposición.
El politólogo de la UNAM Zaragoza Ramírez considera que en el INE “vamos de errores chiquitos en errores chiquitos, hasta que los problemas son más graves porque no se resolvieron desde que eran pequeños”.
El doctor advierte que en el fondo de esta crisis está la impunidad: “el problema es que el Instituto es juez y parte: él pone las reglas, él se equivoca y él se autocastiga”. El riesgo, añade, es que “nos hemos acercado a un terreno muy peligroso, que es donde se solapan o se justifican pequeños errores. Pero todos los errores cuentan porque empieza a haber esta idea de desconfianza. Y el asunto no es que se equivoquen, todos nos podemos equivocar; sino cómo y en qué se equivocan”.
Otro punto que ha restado credibilidad al árbitro electoral es su pasividad frente a las campañas telefónicas masivas que llaman a un voto del miedo contra López Obrador, y que se intensificaron horas antes de que inicie la veda electoral previa a la jornada del 1 de julio.
Según las denuncias, empresas como la encuestadora Massive Caller –contratada por la campaña del panista Ricardo Anaya– formaría parte de esa campaña ilegal.
Para el profesor Zaragoza Ramírez, las equivocaciones del Instituto lo desgastan y esto repercute en los resultados finales. “Además de que el INE tiene también una carga de ilegitimidad importante desde 2006, en estos últimos 2 años no le ha ido mejor. El consejero presidente Lorenzo Córdova ha tratado de tapar ciertos problemas, pero lo cierto es que sólo ha dado paliativos, por eso no hay certeza en la gente que vota que se vaya a hacer bien [la elección]”.
En un país como México, agrega, los problemas que ha presentado el INE deberían resolverse de forma inmediata e impecable: “si te equivocas, haces todo [lo necesario] para enmendarlo, pero de verdad, con mucho argumento, para que cuando llegue el momento [de la elección] no haya ninguna sospecha”.

Recuperar la credibilidad

El doctor en ciencia política Zaragoza Ramírez considera que el INE sí puede ser una institución legítima, con credibilidad. “El éxito de las instituciones electorales está en hacer bien su trabajo, aunque suene a obviedad”.
Pero para ello, considera el académico de la UNAM, el más preocupado porque la elección sea limpia debe ser el propio INE: “esta institución es la única responsable y tiene que mostrar que su trabajo está bien hecho”.
Y agrega: “Si queremos que los procesos electorales en México tangan un cauce de normalidad, el INE tiene que limpiar todos los errores: hacerse cargo de esos errores y tratar de resolverlos en la mejor de las medidas posibles”.
El investigador señala que, en tanto eso suceda, aumentará la desconfianza. “Cuando la institución trate de hacer los procesos electorales de manera más rigurosa, con menos errores –no digo que no se equivoquen, sino que bajen la cantidad de errores–, la gente va a confiar mucho más en ellos”.
Sin embargo, el INE parece avanzar en sentido contrario. A 6 días de la jornada electoral, avaló la entrega masiva de monederos electrónicos hecha por el Partido Acción Nacional, que prometía un saldo de 1 mil 500 pesos mensuales para todos los mexicanos, para favorecer a su candidato Ricardo Anaya.
Ello a pesar de que los propios consejeros se dijeron en contra de este tipo de presiones hacia los electores. No obstante, se escudaron en lo dictaminado por el Tribunal Electoral en torno a permitir las promesas económicas con tarjetas de prepago o monederos electrónicos.

INE, una de las instituciones más caras y menos transparentes del país

Para recuperar su legitimidad, el Instituto Nacional Electoral está obligado no sólo a llevar a cabo elecciones limpias, sino también a transparentar su gasto y hacer un uso racional de los recursos públicos que maneja.
Tan sólo en 2018, su presupuesto ascendió a 24 mil 215.33 millones de pesos. El doctor en economía Óscar Enrique Díaz Santos señala que además de todos los “errores humanos” cometidos por el árbitro electoral en esta contienda, también afecta a su credibilidad la falta de transparencia en el ejercicio de su multimillonario presupuesto.
“Al INE se le da un presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y se supone que corresponde precisamente a todas las actividades de procesos electorales tiene que financiar, primordialmente las federales. En este caso, el problema es que el presupuesto se hace con base en los ejercicios pasados y de acuerdo con los procesos electorales se va incrementando, y eso implica  que se pongan recursos en partidas que no lo necesitan.”
Como ejemplo de ello, recuerda el llamado cochinito del Instituto: un supuesto ahorro por más de 300 millones de pesos que guardó en un fideicomiso destinado a la construcción una lujosa sede, en vez de reintegrarlo a las arcas de la nación.
“Ese cochinito no lo permite la Ley de Responsabilidad Hacendaria: lo que exige la ley es que reintegren lo que no gastaron y vuelvan a solicitarlo en el siguiente ejercicio justificando la necesidad de los recursos.”
La ausencia de transparencia va más allá del propio Instituto, y toca a los partidos políticos que el INE debería vigilar y sancionar. “Siempre he estado en contra de que al INE se le dé tanto dinero, incluso que a los partidos políticos se les den tantos recursos, porque hacen un cálculo y dependiendo de los votos que obtuvo el partido le dan un monto”, refiere el académico de la UNAM.
Experto en presupuesto público, indica que “el partido gasta pero muchas veces no comprueba el destino lícito del recurso”. Al respecto, critica que aunque el INE tiene la facultad de multar a los partidos políticos si éstos no comprueban sus gastos, pocas veces lo hace.
Díaz Santos observa que en México “los ciudadanos estamos pagando las elecciones y en ningún país del mundo se hace eso; aquí el pretexto es que no se permiten financiamientos de particulares, pero de todos modos se presentan, porque el hecho de que el INE financie las campañas con nuestro dinero no quiere decir que se va a evitar que los recursos de procedencia ilícita estén presentes”.
Ese afán de evitar que dinero del crimen organizado u otros particulares financien a los políticos también debería aplicarse a impedir el ejercicio indebido de los recursos públicos y a reducir los gastos, considera el doctor en economía. Y es que, señala, debería de existir un sistema de costos: “éste evitaría que se dieran recursos excesivos a la institución y a los partidos políticos”.
Pero, critica, en el país no hay un análisis serio sobre el gasto. En Chile, ejemplifica, “se hace un sistema costeo y se evalúa el gasto público por fases; pero aquí no, aquí se evalúa al final, 1 o 2 años después se fiscaliza y hasta entonces se encuentran las estafas maestras”.
Nancy Flores/Fabián Vega/ Marcial Yangali

Fuente 

Despiden a 400 trabajadores de la agencia Télam en Argentina


Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 29
Buenos Aires
Un día después del paro general del lunes en el país, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la jefatura de gabinete, decidió el despido de unos 400 periodistas y trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam, mediante un comunicado  firmado por el directorio de la empresa en el que se acusa directamente a los despedidos de hostigamiento, por haber advertido lo que iba a suceder.
Lombardi es el responsable de miles de despidos en todos los medios públicos del país y está encargado del desguace de los mismos, además de emprender acciones amenazantes contra todos los periodistas que siguen trabajando.
Junto con la destrucción de todo medio crítico al gobierno derechista de Mauricio Macri, también se está persiguiendo y obligando a renunciar a los jueces que el Ejecutivo no maneja o que tienen alguna de las tantas causas de corrupción por la cuentas off shore, tema en el que están involucrados desde el presidente hasta  una mayoría del gabinete.
La Oficina Anticorrupición, que dirige la macrista Laura Alonso, quien trabaja para Fundaciones de Estados Unidos, relacionada con el representante republicano Marcos Rubio, asesor del presidente Donlad Trump y de los grupos cubano-estadunidenses de Miami, hasta ahora sólo actuó para salvar de los juicios a Macri y sus allegados.
En tanto, los trabajadores de Télam apoyados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y por sus colegas de los medios oficiales y otros, que como el caso de la televisión pública, están en la mira de los despidos masivos, continúan en asamblea permanente.
La agencia estatal de noticias Télam es dirigida por Rodolfo Pousá, quien comunicó los despidos con la justificación de modernizar la empresa y la acusación de que los trabajadores pretenden apropiarse de la línea editorial como si fuera un botín político, lo cual es falso, ya que había una denuncia previa de los periodistas  por aprietes.
Los trabajadores decretaron un paro por tiempo indeterminado. En el caso de la Televisión Pública, los periodistas  que están bajo presión, fueron  impedidos de continuar con los informativos que transmitía la televisora del Estado y decidieron reunirse y continuar  por fuera de sus horas de trabajo  y, como forma de resistencia, lanzar un informativo que va por redes.
En la mira del gobierno de Macri están medios escritos como Página/12 y el semanario Tiempo Argentino, que mantiene una edición diaria por la web, y también a los detenidos  preventiva e ilegalmente dueños de la empresa Indalo, Cristibal López y Fabian de Souza, que tienen el canal C5N y radios importantes, con programas que trasmiten la verdad de los hechos cotidianos, que silencian los grandes medios oficialistas.
Aunque López y su socio han querido pagar una deuda de impuestos con el Estado con la venta de una petrolera, se les ha impedido. Recientemente, en marzo, ambos fueron liberados por la sala I de la cámara federal (tribunal) porteña, que votó en su favor, pero ésta fue desintegrada: el camarista Eduardo Farah fue trasladado intempestivamente al Tribunal Oral Penal Económico 1, y Jorge Ballestero se tomó una licencia médica y después pidió su jubilación.
Ante esta situación los remplazaron  los jueces Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia, que en abril dejó sin efecto la liberación de López y De Souza, como lo pidió el juez Julían Ercolini, todos amigos del gobierno ante un pedido público y directo del presidente Macri.
El abogado Carlos Beraldi, defensor de los dueños del Grupo Indalo, consideró que no debía hacerse lugar a la detención y que la misma violentaba el principio de igualdad ante la ley, recordando que  la cámara federal porteña había ordenado la excarcelación y también había modificado la calificación legal.  Sin medios y sin jueces se ha convertido en un dicho muy popular.

Fuente