martes, 26 de junio de 2018

Tempestades sobre México




Devastación social y ambiental, racismo, corrupción, guerra permanente, arbitrariedad, violencia estructural… Así llega México a las elecciones. El fraude ya está en marcha. La violencia no se debe únicamente al narcotráfico, sino a la voracidad del gran capital. Y en el horizonte, la Revolución se ve lejos aún… pero la generación  que la hará probablemente ya nació


México que hizo dos o tres revoluciones en un siglo no tiene por qué temerle a una más; y la próxima, si tendrá lugar, presentará, sin duda, un carácter excepcional, porque esta vez  tendrá que resolver problemas fundamentales
Antonin Artaud
En México, la dominación tiránica y la explotación brutal coexisten desde siempre con una enorme riqueza de luchas sociales, utopías y grandes movimientos de innovación cultural. Se pueden citar, entre muchos ejemplos, las múltiples rebeliones indígenas que marcan su historia y la creación del movimiento obrero, impulsado por socialistas que, como Victor Considerant, Albert Owen y Plotino Rhodakanaty, llegaron a México con la idea de crear un mundo nuevo.
El Siglo XX, un siglo de revoluciones traicionadas, comienza con las epopeyas campesinas de Villa y Zapata y la utopía transnacional de Ricardo Flores Magón para terminar en 1994 con la rebelión indígena de Chiapas. A lo largo de ese tiempo, el país fue cuna de movimientos culturales de gran calado y alcance universal, como el muralismo y el normalismo rural. Fue, asimismo, el último refugio de disidentes que huían de las dictaduras totalitarias: Otto Rühle, Alice Gerstel, León Trotsky, Victor Serge, Vlady, Traven… Pero también lo fue de soñadores y poetas malditos que, como Malcolm Lowry, DH Lawrence, Artaud, y Jack Kerouac, entre tantos otros, buscaron aquí el paraíso, aunque a veces encontraron el infierno. A partir de la década de 1970, México se enriqueció con la llegada de los exiliados de las dictaduras latinoamericanas: uruguayos, chilenos, brasileños, colombianos, argentinos, guatemaltecos y salvadoreños que trajeron consigo nuevos saberes y el pálpito de sus pueblos martirizados.

Devastación social

¿Qué queda hoy de todo esto? No mucho. Vivo en México desde finales de la década de 1970, y en más de 40 años no he conocido peor momento. En 1935, Rosa E King, una mujer de negocios de origen inglés, publicó en Estados Unidos el relato de sus experiencias como testigo ocasional de la Revolución Mexicana en el estado de Morelos. El título, Tempestad sobre México, evoca de alguna manera la realidad actual. Hay, sin embargo, una enorme diferencia. La tempestad que describe King es la de una revolución social en ascenso para la cual –dicho sea de paso– la autora no experimenta más que simpatía, a pesar de su condición burguesa. En la actualidad, ninguna revolución está en el horizonte y sobre el país se ciñen no una, sino varias tempestades, ninguna de la cuales acarrea vientos de regeneración.
Veamos. México siempre ha sido un país de grandes contrastes, de unos cuantos millonarios y de muchos pobres; pero hoy, la polarización alcanza niveles insoportables. Integrada por los propietarios y gerentes del capital trasnacional, la exigua clase capitalista –¡apenas el l.1 por ciento de la población! – acumula una riqueza equivalente a la del 95 por ciento de los mexicanos. Dos terceras partes de los bienes y propiedades del país se encuentran en manos del 10 por ciento de los habitantes. Recordemos que aquí hizo su fortuna Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones, que vale cerca de 55 mil millones de euros y figura a menudo como el hombre más rico del mundo en la lista Forbes.
Quince mexicanos más la integran. Uno es Germán Larrea, el señor del cobre, propietario de Grupo México, la compañía minera responsable del mayor desastre ambiental en la historia del país: el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora (2014) que causó la muerte de toda forma de vida, además de que siete municipios de la región ya no tienen agua. ¿La causa? Falta de mantenimiento de una máquina. Larrea es también dueño de la mina de carbón Pasta de Conchos, donde el 19 de febrero de 2006 murieron 65 trabajadores por negligencia de la empresa.
Otro multimillonario, Alberto Baillères –de Industrias Peñoles, la segunda minera más importante de México– es responsable del envenenamiento por plomo, cadmio y arsénico de los pobladores de la Comarca Lagunera en el norteño estado de Coahuila. La mujer más acaudalada, María Asunción Aramburuzabala, heredera de la legendaria cervecería Modelo, y la primera dama en ocupar un sitio en el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo patrimonio alcanza “sólo” los 5 mil millones de euros, que invierte en distintas actividades económicas: telecomunicaciones, biotecnología, bienes raíces, educación…
Frente a la riqueza obscena, se yergue una pobreza escandalosa que no ha cesado de crecer a partir de 1994, cuando entró en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. Se dijo, en ese momento, que México pasaría rápidamente a formar parte del selecto club de los países desarrollados. El gobierno privatizó todo lo que pudo: el petróleo, la industria eléctrica y ahora también el agua  (justo mientras la Selección Mexicana le ganaba a Alemania en el Mundial de Futbol). Realizó, a la par, una reforma laboral que carcome los pocos derechos que los trabajadores habían conquistado en décadas de lucha, una reforma educativa que culpa a los maestros del fracaso escolar y, más recientemente, una Ley de Seguridad Interior cuyo único objetivo es reprimir la protesta social.
Con el objetivo de favorecer las empresas agroexportadoras, el gobierno renunció a implementar políticas ambientales, con el resultado de que México es ahora de los peores deforestadores y destructores de biodiversidad en el mundo; siembra, con muy pocas restricciones, todo tipo de organismos transgénicos, especialmente, aunque no exclusivamente, soya, algodón y, sobre todo, maíz, del cual –hay que enfatizarlo– es el principal centro de origen. La contaminación de origen petrolero siempre ha sido muy alta, pero la reciente entrega de la industria extractiva a la iniciativa privada amenaza con implantar aquí las peores prácticas contaminantes y destructivas de las trasnacionales de la rama.
México pertenece ahora a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo el salario mínimo actual de 88.36 pesos diarios (menos de cuatro euros al cambio de 24 pesos) es uno de los más bajos del mundo, equivalente en términos reales a la tercera parte de lo que valía en 1994. En un país de 132 millones de habitantes, donde un litro de leche cuesta un promedio de 18 pesos y 1 kilo de carne (de mala calidad) 150 pesos, 61.3 millones de personas viven –o, mejor dicho, sobreviven– con menos de 95 pesos diarios y de éstas las franjas más bajas con apenas 24.5 pesos.
La paradoja es que la virtual cancelación del TLCAN por parte de Estados Unidos, lejos de mejorar este terrible escenario, lo empeora. La economía mexicana depende en gran parte del vecino del norte y al impulsar su guerra tarifaria y una mayor protección del mercado interno estadunidense, Donald Trump está ocasionando una crisis de la industria maquiladora de México. El resultado es que después del desastre de la globalización, ahora viene el cataclismo de la desglobalización que amenaza, entre otros, a los cientos de miles de trabajadores empleados en los sectores de exportación.

Hecatombes

La crisis no sólo es económica; es también política, social y ambiental. La situación de los derechos humanos es catastrófica. Hay un número sin precedentes de periodistas asesinatos: 133 en 18 años (50 tan sólo en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto), lo cual hace de México el país más peligroso para ejercer la profesión en América, y el segundo en el mundo después de Siria. “¿Cuántos feminicidios más puede soportar México?”, titula el diario español El País del 7 de marzo del año en curso. Las cifras son de terror y no sólo en la tristemente famosa Ciudad Juárez. Cada día, más de siete mujeres son víctimas de la violencia machista a nivel nacional y 23 mil 800 lo han sido en el curso de los últimos 10 años, en la mayoría de los casos sin que se haya hecho justicia.
Es indudable que la política de Donald Trump hacia los migrantes, llamada de “tolerancia cero” –separar a los niños de sus padres y criminalizar a cualquiera que cruce la frontera de manera ilegal– es de corte xenófobo y fascista. Pero no está por demás preguntarse qué pasa del otro lado. Mientras en el pasado México abría sus puertas a miles de refugiados, los desplazados latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos que hoy cruzan el país con la esperanza de alcanzar los Estados Unidos padecen el tiro cruzado de la delincuencia organizada y de los agentes de migración.
Cada año, más de 800 mil personas atraviesan el río Suchiate para emprender el arriesgado viaje hacia el norte. En números gruesos, 600 mil logran la meta, 50 mil son deportadas y 150 mil son secuestradas en el camino. De estas, una parte es rescatada por sus allegados, pero entre 5 mil y 10 mil son víctimas de muerte violenta. Las cifras precisas nadie las conoce porque los familiares no se atreven a hacer denuncias por temor a represalias. ¿Más datos? Una de cada seis mujeres migrantes es prostituida por los cárteles criminales y en un sólo lugar, San Fernando, Tamaulipas, 72 personas fueron masacrados en 2010 y 193 en 2011.
Los atropellos a los derechos humanos y las muertes violentas aumentan día tras día en todo el país. La tortura, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales son prácticas corrientes de las llamadas fuerzas del orden, a menudo en complicidad con los cárteles criminales. Veinticinco mil 339 personas fueron asesinadas tan sólo en el curso de 2017 (la cifra más alta en dos décadas) y 104 mil 64 desde 2007. Según Amnistía Internacional, hay más de 34 mil desaparecidos; otros manejan  cifras superiores a los 50 mil. Les llaman “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico, pero reflejan una realidad terrible si pensamos que a lo largo de la década de 1970 del siglo pasado, en plena guerra sucia, el total de los desaparecidos no llegó a 1 mil.
Dichas muertes, secuestros y desapariciones forzadas carecen de motivos aparentes, ya que en muchos casos las víctimas son ciudadanos inocentes. Pero resulta que criminales y policías son a menudo la punta de lanza de empresas que buscan apropiarse de materias primas, bosques, aguas y tierras. México tiene la mala suerte de poseer enormes riquezas naturales. Además de contar con grandes yacimientos de petróleo y gas natural, es el primer productor mundial de plata, el undécimo de oro y el duodécimo de cobre; extrae también, cantidades importantes de fluorita, carbón, bismuto, hierro, arsénico, estaño, plomo, mercurio, manganeso, cadmio, antimonio…
La industria extractiva es un negocio extremadamente jugoso que moviliza cantidades descomunales de capital y deja utilidades anuales de unos 170 mil millones de euros. Poco o nada de esta riqueza llega a los mexicanos de a pie quienes, en cambio, padecen las consecuencias de la devastación ambiental. Una modalidad especialmente tóxica es la minería a cielo abierto que está prohibida en Europa, pero es cada vez más frecuente en México. Las empresas remueven la superficie de la tierra usando grandes cantidades de explosivos y extraen el mineral con tecnología basada en cianuro, una sustancia química letal que produce altos impactos ecológicos. Emplean además cantidades enormes de electricidad y agua que almacenan en lagunas que permanecerán contaminadas durante siglos y que desde ya infectan los mantos acuíferos, acabando con la biodiversidad y ocasionando enfermedades terminales a la población aledaña.
Nada de lo anterior preocupa al gobierno mexicano que ofrece a las mineras nacionales y extranjeras leyes a modo, privilegios fiscales e inmensas extensiones de territorio: más de 50 millones de hectáreas en concesión, equivalentes a la cuarta parte del territorio del país. De estas, al menos el 70 por ciento son para explotaciones a cielo abierto, lo cual ha dado pie al surgimiento de movimientos de resistencia, especialmente en las regiones indígenas. La represión no se ha hecho esperar: en sólo un año, el 2016, fueron asesinados 47 opositores a los proyectos mineros: especialmente en Oaxaca, Guerrero Veracruz y Chihuahua.

Economía criminal

Las organizaciones criminales ya no se dedican únicamente al narcotráfico, sino que diversificaron sus actividades y son ahora parte de una extensa red de negocios legales e ilegales que involucra lo mismo a funcionarios gubernamentales que ejecutivos empresariales.
En Michoacán, uno de los estados más destrozados por la criminalidad, los grupos delictivos obtienen sus ganancias extorsionando a los productores de aguate y limón y vendiendo protección a empresas como la multinacional Ternium –subsidiaria de la italo-argentina Techint– que explota la mina de hierro más grande de México. Iguala, Guerrero, la ciudad donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra en el llamado “cinturón de oro”, un auténtico El Dorado enclavado en una región de pobreza extrema. En complicidad con Guerreros Unidos y los Rojos –los grupos delictivos que están involucrados en la desaparición de los normalistas– las mineras canadienses Goldcorp y Torex Gold extraen ahí cantidades fabulosas del metálico: se dice que en 20 años se apropiaron de más oro que los españoles durante 300 años de Colonia.
La conclusión es evidente: la violencia que impera en el país no se debe únicamente al narcotráfico, que ciertamente es un grave problema, pero no es el único. La violencia se relaciona también con la voracidad del gran capital, una renovada y siniestra versión de lo que Marx llamó acumulación originaria: el despojo de los productores y la expropiación de los bienes comunes.
Habría que añadir que este tipo de economía funciona porque la corrupción es endémica y empieza en la Presidencia de la República expandiéndose hacia abajo en todos los poros de la sociedad. Veinticuatro exgobernadores están envueltos en diferentes escándalos; ocho de ellos se encuentran detenidos y dos están prófugos. México es, junto a Rusia, el país peor evaluado de la  OCDE; en 2017, se ubicó en 29 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el peor país en materia de corrupción y 100 es el mejor evaluado. Profundamente corrupto, el grupo gobernante, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, se ha hundido en profundidades de impopularidad y desprestigio, como pocas veces se ha visto en la política mexicana.
El caso tal vez más emblemático es de la “Casa Blanca”. En noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui reveló que la primera dama, Angélica Rivera,  había comprado una casa de 5.5 millones de euros a Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, un contratista del gobierno, cercano a Peña. Poco después, se supo que el entonces secretario de Hacienda y ahora de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, también había comprado una residencia millonaria a la misma persona. Peña y Videgarary tuvieron que ofrecer “disculpas”, pero salieron indemnes, mientras que Aristegui fue despedida de la televisora en la cual trabajaba. En 2016, dicha periodista –que ahora dirige un noticiero en línea– reveló que Peña Nieto plagió por lo menos las dos terceras partes de su tesis de licenciatura, a lo cual el inefable presidente contestó que se trataba de únicamente de “errores de estilo”.
Aunque sintomáticos de la impunidad de que gozan los poderosos, los casos citados son poca cosa comparados con la llamada “estafa maestra” que suma unos 170 millones de euros e involucra 11 dependencias gubernamentales que desviaron dinero público a través de 186 empresas (de las cuales 128 son fantasmas) a las que otorgaron contratos irregulares. Y está por supuesto, el mayor escándalo de corrupción global de la historia contemporánea, el de la constructora brasileña Odebrecht que admite haber pagado sobornos millonarios a funcionarios de 12 países para ganar contratos de obras públicas. Varios presidentes temblaron. Y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, tuvo que renunciar antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso. En México, en cambio, a pesar de que la constructora ya reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales, la administración de Peña sigue intacta.
¿Alternativas?
México es hoy un concentrado de las desgracias que agobian a la humanidad en el siglo XXI: la devastación social y ambiental, el racismo, la corrupción, la guerra permanente, la arbitrariedad, la violencia estructural… En este horizonte tempestuoso, algunos apuestan a las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo primero de julio. Lo primero que destaca es que esta ha sido la campaña electoral más violenta de la historia: 112 candidatos de todos los colores han sido asesinados en unos cuantos meses debido a la presencia del crimen organizado. Decenas han optado por renunciar.
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, la candidata independiente postulada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), recorrió 30 estados llevando la palabra de las comunidades en resistencia a los cuatro rincones del país. Juntó 281 mil 955 firmas, un número nada despreciable considerando el momento político. No alcanzó, sin embargo las 800 mil que se requerían para figurar en las boletas electorales y no tendrá derecho a ser candidata a presidencial. ¿Cuál es el balance? Si bien es cierto que Marichuy dio una lección de dignidad al llevar a cabo una campaña de contenidos y no de descalificaciones, es necesario recordar que en 2001 el EZLN movilizó 1 millón de personas tan sólo en la plaza mayor de la capital.
El fracaso tiene diferentes explicaciones. Está, en primer lugar, el desgaste natural de un movimiento que ha ocupado la escena mediática durante casi un cuarto de siglo y que ahora se encuentra en gran parte reducido a ser una expresión local en el estado de Chiapas. Pero está también la política errática del EZLN con respeto a las elecciones presidenciales: en 1994 llamó a votar por Cuauhtémoc Cárdenas; en 2001 ofreció el beneficio de la duda al panista Vicente Fox; en 2006 y 2012 estigmatizó a los que pretendían votar y se sumó a las campañas contra López Obrador. Desde un punto de vista libertario, siempre habrá razones para no votar y puede que en ocasiones las haya también para votar, pero lo cierto es que el EZLN no ha sabido explicar el sentido de dichas piruetas. La notoria ausencia de Marichuy, del CNI y del propio EZLN en el debate nacional después de que no lograron las firmas no les ayuda a salir del aislamiento.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de otros partidos minúsculos (uno, el Partido Encuentro Social, declaradamente homófobo y de derecha), tiene buenas probabilidades de ganar ya que gran parte de las encuestas lo ubican unos 20 puntos por encima de sus contrincantes: José Antonio Meade, del gobernante y desprestigiado Partido Revolucionario Institucional (PRI) que va en alianza con el Partido Verde Ecologista –un partido que indigna a los verdaderos ecologistas desde que nació en 1986–, y Ricardo Anaya, abanderado del conservador Partido Acción Nacional (PAN), pero también del agonizante Partido de la Revolución Democrática (PRD) que está al borde de la desaparición.
¿Cómo definir a López Obrador? La etiqueta de “populista” que le adjudica la derecha recalcitrante no explica nada, pero difícilmente se le podría definir anticapitalista. Pragmático le viene mejor, aunque es verdad que una parte de la clase dominante lo sigue tildando de “peligro para México”. Expriísta, experredista, exalcalde capitalino (2000-2005), dos veces candidato (ésta es la tercera), en 2006 ganó las elecciones, pero la banda presidencial se quedó con Felipe Calderón, del PAN, gracias a un fraude descarado y en 2012 con Peña Nieto, gracias a la compra masiva de votos.
En la actualidad, AMLO ha suavizado su discurso declarando que sólo pretende limar las aristas más filosas del neoliberalismo y volver a implantar alguna forma de estado social. Promete barrer el sistema mexicano de arriba para abajo, como las escaleras, y asegura que al no ser él corrupto, el problema de la corrupción quedará resuelto, lo cual es francamente poco creíble. Asevera, además, que no todos los burgueses son deshonestos y que no es lo mismo un capitalista corrupto que un capitalista “honrado” (¿existe algo así?). Plantea, por tanto, una alianza con los sectores progresistas de la burguesía.
Algunos de dichos burgueses “progresistas” son conocidos exintegrantes de la “mafia del poder”, mote con el cual López Obrador define al grupo de empresarios, banqueros y políticos que le han cerrado el paso a la silla del águila. Alfonso Romo, hoy coordinador del proyecto de nación de Morena, es presidente de Grupo Pulsar, uno de los principales emporios empresariales del país (medios de comunicación, telefonía, bienes raíces, agronegocios y transgénicos) y tiene un pasado de activista del Opus Dei. Esteban Moctezuma, propuesto como Secretario de Educación Pública, es presidente de Fundación Azteca y fue Secretario de Gobernación en 1995, cuando se desató la persecución contra los neozapatistas. Víctor Manuel Villalobos, indicado como Secretario de Agricultura, es un académico que en 2004 fue el arquitecto del llamado TLC (tratado de libre comercio) de los transgénicos con Estados Unidos y Canadá. La lista de conversos podría seguir, pero me limitaré a mencionar tres más: los expanistas Gabriela Cuevas, Germán Martínez y Manuel Espino, los últimos dos con un pasado de activistas de extrema derecha.
Un hecho incontestable es que el candidato de Morena logró dar la vuelta a su imagen mediática. Televisa y TV Azteca, las empresas que en 2006 y 2012 instrumentaron las campañas anti-AMLO, cambiaron radicalmente su postura. La primera es más bien neutral y la segunda es indirectamente aliada de Morena, por el papel que juega en el equipo de López Obrador, el ya mencionado Esteban Moctezuma, uno de sus principales directivos. Antonio Solá, el estratega mediático que en 2006 lanzó la campaña: “López Obrador es un peligro para México”, ahora afirma que la misma persona ya no peligrosa y será el próximo presidente de México.
Si bien es claro que para una parte de la oligarquía es una garantía contra la amenaza, siempre presente, del incendio social, López Obrador no la tiene tan fácil. En mayo, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) –que agrupa a un selecto grupo de empresarios muy poderosos– publicó en distintos diarios de circulación nacional “Así no”, un desplegado en respuesta a las declaraciones del candidato morenista de “soltar al tigre” (léase: encabezar la protesta social), en caso de que le vuelvan a hacer fraude. Algunas organizaciones patronales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se solidarizaron con el CMN, aunque admiten de mala gana que su candidato, Meade, no tiene ninguna posibilidad de victoria. Carlos Slim, que es crítico de Peña Nieto y anteriormente gustaba coquetear con López Obrador, se distanció de él por tener intereses en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Éste es uno de los cuestionados megaproyectos de Peña Nieto, al cual López Obrador se opuso en un primer momento, para luego dar marcha atrás.
En resumidas cuentas, a pesar de que el candidato de Morena pactó con distintos sectores de la clase dominante, es evidente que el PRI y sus aliados ya activaron la máquina del fraude. Recordemos que este es un rasgo característico del sistema político mexicano. En 1988, hubo fraude contra el entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas, mientras que en 2006 y en 2012 lo hubo contra el propio López Obrador. Puesto que en la actualidad, la manipulación electoral difícilmente puede rebasar el 5 o 6 por ciento, todo depende del diferencial de votos. Como sea, y gane quien gane, el próximo presidente de México deberá hacerse cargo de una economía semidestruida y de un Estado en descomposición, controlado por el gran capital extranjero y, a escala de muchos estados, por la delincuencia organizada que forma parte integrante del capital financiero internacional (Guillermo Almeyra, La Jornada, 24 de junio).
No quiero concluir estas notas demasiado esquemáticas con un mensaje desalentador. Así como México es uno de los principales laboratorios del capitalismo más salvaje, también lo es de valiosas resistencias. Los zapatistas siguen siendo un polo de referencia y el movimiento organizado más poderoso del país, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación –que agrupa a varios cientos de miles de maestros especialmente en las regiones indígenas– se mantiene vivo, a pesar de los múltiples intentos por desarticularlo. Diseminados por la abigarrada geografía mexicana una multitud de movimientos locales, comunidades, colectivos y frentes luchan por la reconstrucción contra las compañías mineras, las maquiladoras la devastación ambiental, la privatización de la educación…
Es verdad que la coyuntura es desfavorable y no sólo en México; pero también los es que puede cambiar en cualquier momento. Quiero citar el ejemplo luminoso de los niños migrantes enjaulados que dieron un fuerte golpe a las políticas xenófobas de Donald Trump: en unos cuantos días, ellos lograron lo que no pudo hacer el Grupo de los Siete con los aranceles: obligaron al presidente estadunidense a comerse sus palabras, firmar una orden de no separación y, aunque éste no abandona sus intenciones persecutorias, consiguieron el objetivo limitado, pero para ellos crucial, de estar con sus padres (Hugo Aboites, La Jornada, 23 de junio). Esos niños y sus amiguitos del otro lado de la frontera, serán los protagonistas de la próxima revolución que, como vaticinó el poeta Antonin Artaud hace más de 80 años, presentará, sin duda, un carácter excepcional, porque esta vez tendrá que resolver problemas fundamentales.
Tlalpan, 24 de junio de 2018.
Claudio Albertani

Juez prohíbe importación de papa de EU por razones de seguridad nacional

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que impida el ingreso de papa fresca de Estados Unidos y tomar medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de su importación porque puede generar una plaga para otros cultivos.
Según el juez, la importación de papa fresca estadunidense puede poner en riesgo el cultivo de chile, tomate, berenjena y tabaco, además de condenar a la desaparición de la producción de papa en México.

El juez José Francisco Pérez Mier, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en los Mochis, emitió su fallo por razones de “riesgo a la soberanía y seguridad nacional y el derecho a la alimentación”, así como por “los peligros potenciales de dependencia alimentaria”.
Las medidas fueron ordenadas por el juez al resolver un amparo a favor de productores de papa del norte del país que impugnaron dos artículos del Reglamento de Sanidad Vegetal, publicado el 15 de julio de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, los titulares de las secretarías de Agricultura, José Eduardo Rovirosa Calzada; Economía, Ildefonso Guajardo; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano; y de Salud, José Narro.
El juez argumentó que los productores de papa estadunidenses tienen superioridad económica y reciben apoyo de su gobierno, condiciones que consideró como “falsas premisas emanadas de la ideología relativa a que es mejor importar alimentos básicos que incentivar su producción”.
Aseguró que su fallo es consistente con las medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos a México y acordes con la regulación internacional.
Estados Unidos, “en épocas recientes ha institucionalizado políticas hostiles hacia México”, y en una hipótesis de obtener dominio sobre el mercado nacional sería la única proveedora del tubérculo, a la par de la desaparición de un sector productivo estratégico para nuestro país”, señaló.
La autoridad abundó que abrir las fronteras sin control alguno, como lo pretende hacer la autoridad responsable, bajo la bandera del libre comercio y sin considerar las consecuencias fitosanitarias, la pérdida de soberanía alimentaria es un escenario posible.
Como parte de su argumentación sobre la seguridad nacional, señaló que las autoridades mexicanas deben defender la producción nacional frente a presiones comerciales que buscan evitar el control fitosanitario y generar condiciones para ejercer el control alimentario sobre México.
En su posición dominante, ese país estaría en aptitud de modificar el precio del producto como lo estime pertinente, continuó en su elaboración.
Prosiguió al decir que es un asunto de seguridad nacional proteger la planta productiva de alimentos de primera necesidad, como lo es la producción de papa, ya que se destrucción debilita al Estado mexicano como nación, haciéndola depender de otro país para satisfacer la demanda alimentaria.
El juez Pérez Mier explicó que su fallo tomó en cuenta no solo a los peritos de los productores que buscaron el amparo, sino a los terceros perjudicados y a las propias autoridades que coincidieron en el “riesgo evidente, cierto y altamente perjudicial” de las plagas de la papa fresca, “cuya importación de puertas abiertas se defiende a ultranza por las autoridades” de la Sagarpa, según informó el Consejo de la Judicatura Federal.

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Sener y BM destinan 130 mdp para modernizar alumbrado público de Cozumel

Ciudade de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Como parte del Programa de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), la Secretaría de Energía (Sener), con el apoyo del Banco Mundial, llevarán a cabo la modernización de alumbrado público de Cozumel que implicaría una inversión aproximada de 130 millones de pesos, 70% será aportado por la Sener y el 30% restante se financiará con el ahorro de energía que le generará al Ayuntamiento el uso de nuevas luminarias con tecnología de punta.
El Programa referido implica la implementación de las siguientes acciones:
  1. Retiro de 7,852 lámparas consideradas ya ineficientes;
  2. Instalación de 7,986 nuevas lámparas de alta eficiencia con uso de la tecnología conocida como “LEDs”;
  3. Instalación adicional de 280 postes en vialidades del municipio;
  4. Instalación adicional de 140 postes especiales tipo “Farol Colonial” en parques públicos, y
  5. Instalación adicional de 952 brazos metálicos que complementan postes existentes de 1.5 m de longitud.
Además, se reemplazará el cableado desde las lámparas hasta la red de distribución y se instalará un sistema de tele-gestión para control y monitoreo de 7,986 nuevas luminarias.
El Programa contempla realizarse en 44 Colonias, 14 Avenidas, 58 parques, un fraccionamiento, una carretera transversal del municipio de Cozumel.
Dicho Programa implicará un ahorro energético de 3.8 GWh/año, equivalente al consumo de 2,450 casas-habitación durante un año.
La implementación del Programa está sujeta a la autorización del H. Ayuntamiento de Cozumel y del H. Congreso del Estado de Quintana Roo.
Esta Programa ha resultado exitoso en otras partes de la República, como es el caso de la ciudad de León, Guanajuato, ciudad pionera en llevarlo a cabo. Otros municipios que están en proceso de diseño e implementación son la ciudad de Oaxaca de Juárez y Huajuapan de León, en Oaxaca; Huamantla, Tlaxcala, y las ciudades de Puebla, y Mérida, entre otros.
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Energía (Sener), y con el apoyo del Banco Mundial, puso en marcha en septiembre de 2014 el Programa de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM).
Dicho Programa contempló en su fase inicial el diagnóstico energético en 34 municipios de México, entre los cuales se incluyó al municipio de Cozumel.
El diagnóstico referido determinó que Cozumel era elegible para ser beneficiario de dicho Programa de Eficiencia Energética, cuyo objetivo es modernizar el alumbrado público con tecnologías de punta, iluminar con mejor intensidad las calles del municipio y reducir el pago de la factura eléctrica para el Ayuntamiento.
A invitación de la Sener, el 23 de mayo de 2017 el Ayuntamiento de Cozumel manifestó su interés para participar formalmente en el Programa. El 11 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Cozumel y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal firmaron el convenio de inicio de actividades y comenzaron los trabajos para recolectar información para el desarrollo del proyecto ejecutivo.
La propia Secretaría encomendó al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, órgano con toda la experiencia y capacidades técnicas para llevar a cabo el proyecto ejecutivo citado. El 12 de marzo de 2018, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica concluyó la primera versión del proyecto ejecutivo y lo presentó para su autorización a la Sener, la cual ya lo aprobó.

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Pemex y el STPRM acuerdan incremento salarial de 3.42 por ciento

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron, en el marco de la revisión salarial 2018, un incremento del 3.42 por ciento al salario ordinario que estará vigente a partir del 1 de agosto de 2018 y hasta el 31 de julio de 2019
El acuerdo fue firmado por el director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, y el secretario general del Comité Ejecutivo General del STPRM, senador Carlos Antonio Romero Deschamps, donde se incluyó cuotas y prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.
Conscientes del contexto económico por el que atraviesa la empresa, ambas partes llegaron a un acuerdo que refleja las justas demandas de los trabajadores y permite a Pemex afrontar los retos futuros.
En su mensaje, tanto el senador Romero Deschamps como el director general Carlos Treviño, destacaron la excelente relación entre empresa y sindicato, gracias a la cual se seguirán construyendo los acuerdos que necesite la empresa para su engrandecimiento.
Este evento contó con la presencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, así como del subsecretario de Hidrocarburos, Aldo Flores Quiroga.

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El agua es para quienes más la necesitan


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un gobierno capturado, trabaja para quienes lo controlan. Sus acciones no buscan el beneficio colectivo, sino incrementar el poder del sector dominante. Muchas de las veces, incluso las leyes se encuentran dispuestas para legitimar ese tipo de acciones. Nuestro gobierno actual ha dado constantes muestras que me llevan a pensar que no trabaja para el bien de la mayoría de la gente, ni para la protección de sus derechos, sino para establecer privilegios para algunos grupos de interés.
Al parecer, la política hídrica nacional no es la excepción. A esta fecha ya son tema de polémica los decretos de reservas de agua expedidos por el presidente de la República. En ellos se nos recuerda que hay disponibilidad del agua, por lo que procede redistribuirla para su mejor aprovechamiento en consonancia con la garantía del equilibrio ecológico. Su fin es suprimir vedas preexistentes para luego ordenar que el agua disponible se destine parcialmente para usos doméstico y público urbano o para uso ambiental o de conservación ecológica en las diferentes cuencas, así como que el agua disponible no comprometida bajo estas reservas parciales, sea concesionada o asignada para quien la pida primero. Ello sin afectar a nadie al reconocer las concesiones o asignaciones previas y con títulos vigentes.

Ante la crítica, el gobierno postula que con tales decretos no se privatiza el agua ni se otorgan beneficios indebidos a nadie, además de que son producto de un largo proceso de participación de los usuarios organizados en los Consejos de Cuenca respectivos. Por el contrario, indica que permitirán preservar el medio ambiente y asegurar el agua para las futuras generaciones, y nos presume que con ellos se superan incluso recomendaciones internacionales del caudal ecológico del agua.
Supongamos por un momento que no fueran cuestionables los datos sobre la disponibilidad del agua en las distintas cuencas hidrológicas, asumamos que las formas de participación empleadas respetaron el derecho a la consulta informada al menos de comunidades indígenas y equiparables, demos crédito a la autoridad de los organismos internacionales que acompañaron al gobierno e imaginemos que, efectivamente, la disposición que se dará al agua en los términos de los decretos está en armonía con la sustentabilidad de este recurso vital, vulnerable y finito. Con todo y eso, dichos decretos, desde ahora, resultan inconstitucionales.
Su inconstitucionalidad tiene una explicación: se apoyan y comparten una lógica establecida en la Ley de Aguas Nacionales que no es consistente con la visión integral de nuestra Constitución. Parte de la culpa, hay que reconocerlo, recae en el Congreso de la Unión, que en este tema ha caído en otra omisión legislativa injustificable. Desde febrero de 2012 fue reconocido el derecho humano al agua en el artículo cuarto constitucional, y el Congreso no ha expedido la ley que debía.
El agua es muchas cosas, y ciertamente, constitucionalmente hablando, la visión inicial establecida en el artículo 27 constitucional es que se trata de un bien apropiable, el cual se puede concesionar a particulares –o dar en asignaciones–. Pero eso no es todo, ni es lo más importante. Lo fundamental es que tenemos un derecho humano al agua y que el gobierno, por medio de sus actos y sus leyes, tiene la obligación de garantizar el acceso a los recursos hídricos y su uso, de manera “equitativa” y “sustentable”. Y para entender lo que conlleva esa equidad, en el texto constitucional existen una serie de elementos que deben de acatarse.
De entrada, una prioridad es el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El día que todo mundo tenga eso asegurado en sus hogares, ya podremos pensar en redistribuir lo que sobre, libremente y bajo el principio de primero en tiempo. Pero no solamente es eso. Hay otras prioridades constitucionales, como las de comunidades indígenas y equiparables –artículo segundo–, que tienen el derecho a acceder al uso y disfrute preferente del agua en sus territorios. O bien, la de contribuir y promover las actividades económicas del sector social, como ejidos, cooperativas, organizaciones de personas trabajadoras, o hasta empresas mayoritaria o exclusivas de ellas –artículo 25–. Sin olvidar, que se debe especial protección para los núcleos de población ejidales y comunales, respecto del aprovechamiento de sus aguas –artículo 27 fracción VII–.
Estas indicaciones de nuestra Constitución no son gratuitas, no están pintadas nada más para ser desatendidas por el gobierno. Al contrario, lo obligan a darle cierta orientación a sus actos. No cualquiera, sino la que en todo tiempo favorezca a las personas y comunidades, la protección más amplia –artículo primero, párrafo segundo–. Esas otras disposiciones constitucionales dotan de sentido al término “equitativo”. No será entonces equitativo que el agua se le dé a la primera persona que la solicite. Menos, si con ello se atenta contra la sustentabilidad de tal recurso.
Por eso es que los decretos de reservas de agua del Ejecutivo federal resultan inconstitucionales, porque a final de cuentas, inclusive si se salvaran todas las otras dudas que generan, siguen la lógica de primero en tiempo –la cual de hecho se apoya en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales–. Lógica que no es acorde a la Constitución, pues por el contrario, de ella se puede seguir que el agua es para quienes más la necesitan. Así que jugando con las cartas del gobierno, será interesante atestiguar los que los juzgados y tribunales de amparo tengan que opinar respecto de las demandas que se presenten con tal argumento.
Preferentemente en los siguientes días, porque lo más aconsejable es interponer esas demandas de amparo con interés legítimo colectivo en el plazo de quince días hábiles posteriores a la publicación de los decretos, que vence el 27 de junio. Sí, el día que juega la selección mexicana su tercer encuentro en el mundial de fútbol. Por supuesto se podrían presentar más demandas cuando un acto concreto fundado en alguno de los decretos presidenciales afecte específicamente a alguna comunidad o grupo de personas. Pero la verdad, para qué esperar, si desde ya se puede pedir la suspensión de los efectos de esos decretos y sus consecuencias. Si el gobierno actúa con buen propósito, como públicamente salió a defenderse, seguro no le molestará que nos apropiemos de lo que es nuestro, que el agua que es de todas las personas, beneficie primero a las personas que la necesitan más.

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Sólo ingresará a la UAM 17.4% de aspirantes

José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de junio de 2018, p. 33
De los 38 mil 703 aspirantes que se registraron para realizar el fin de semana pasado el examen de admisión a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sólo se quedarán 6 mil 743, es decir 17.4 por ciento. Este será el cupo para el trimestre de otoño.
Esa casa de estudios informó que los resultados serán publicados el 12 de julio. Las cinco unidades (Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Cuajimalpa y Lerma) imparten 82 planes de estudios de licenciatura. El 10 de septiembre se dará a conocer una lista complementaria.
Los nombres de quienes aprobaron el examen de admisión, así como los requisitos de inscripción serán dados a conocer en la página www.uam.mx, informó el departamento de admisión de la rectoría general.
El número de lugares en la UAM fue una determinación del consejo divisional de cada unidad académica que establece de manera oficial la sumatoria de la oferta educativa. En esta ocasión se cubrirá el 50 por ciento de la disponibilidad, ya que en el proceso anterior se llenó la mitad restante.
Las licenciaturas más demandadas, con 70 por ciento del total, son: administración, medicina, diseño de la comunicación gráfica, arquitectura, derecho, enfermería, economía, sicología, química farmacéutica biológica, nutrición humana, medicina veterinaria y zootecnia, diseño industrial, ingeniería en computación, biología, sociología y estomatología.
En tanto, entre las menos solicitadas están educación y tecnologías digitales, ingeniería en recursos hídricos, ciencias atmosféricas, ingeniería hidrológica, políticas públicas, tecnologías y sistemas de información, humanidades y estudios socioterritoriales.

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Después de recluirlos, gobierno de Peña deportó a 127 mil niños migrantes



 

En todo el mundo se da un trato indigno e inhumano a los migrantes pobres. No sólo son las jaulas y la separación de familias en Estados Unidos, que han provocado el rechazo internacional; también son las cerradas fronteras europeas hacia los africanos y árabes. O, para peor, la violencia extrema con la que México recibe a los centroamericanos.
Si quien migra es un magnate, no importa su tono de piel o su nacionalidad: ningún gobierno lo rechaza por mucha política de cero tolerancia que aplique a la migración, porque para el capital no hay fronteras. En cambio, si quien migra es pobre, no sólo se le impide el paso, sino que se le violenta de todas las formas posibles.
El miedo hacia la pobreza y hacia los pobres tiene nombre: aporofobia. Su significado implica “repugnancia y hostilidad ante los pobres, sin recursos o desamparados”. Y esa repugnancia pareciera que es la que mueve las políticas migratorias que repatrian a todo aquel que no lleva capital consigo.
Las políticas de México no son excepción. A pesar de ser un país expulsor de su propio pueblo –tanto por los niveles de pobreza como por los de violencia–, aplica medidas deshumanizadas y crueles contra los indocumentados.
Los menores de edad que pasan por este país reciben un trato igual o peor que el que da Donald Trump. Aquí, los niños también son separados de sus familias, se les maltrata, se les tortura. En Contralínea he documentado casos de violaciones sexuales cometidas en las propias “estaciones migratorias”, e incluso muertes no naturales durante su retención.
Tras el ilegal encarcelamiento, que puede durar más de 3 meses en condiciones infrahumanas, México acaba expulsando a esos niños migrantes a los contextos de violencia y pobreza de los que están huyendo.
La Secretaría de Gobernación informa que, entre enero de 2013 y abril de 2018, el gobierno de Enrique Peña deportó a 127 mil 140 menores de edad que se habían internado al país sin documentos migratorios, principalmente procedentes de Centroamérica. En ese mismo periodo, Estados Unidos repatrió a este país 69 mil 755 niños mexicanos que habían cruzado la frontera de forma irregular.
Por eso la “condena” externada por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en torno al escándalo de los niños migrantes enjaulados en bodegas ubicadas en Texas, fue tan tibia. El canciller seguramente sabe que aquí el trato hacia los niños no es mejor y, en ocasiones, es mucho peor.
Por eso a México se le conoce como el infierno. Y es que aquí, para capturar a los indocumentados –sean menores de edad o adultos– se permite todo: golpes, insultos, tortura, vejaciones.
Una vez atrapado por autoridades migratorias, policías o personal militar, el migrante es encerrado en las prisiones que para ese fin se han construido, denominadas “estaciones migratorias”.
Pero también se les llega a encarcelar en sitios clandestinos, al igual que sucede en Estados Unidos según se evidenció en los videos que la propia Patrulla Fronteriza entregó a la prensa de ese país.
La “Estancia Migratoria Fortín” es uno de esos inmuebles que ilegalmente utiliza el Instituto Nacional de Migración para retener migrantes. Ubicado en Fortín de las Flores, Veracruz, el lugar no está reconocido legalmente como recinto migratorio y antiguamente era utilizado como cárcel municipal, refiere información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El organismo autónomo considera que el alojamiento de migrantes en ese lugar es, por lo menos, indebido, pues, además de no ser legal, tampoco reúne las características que debe tener un alojamiento migratorio para otorgar una estancia digna.
Pero estancia digna en México jamás reciben los migrantes. Las “estaciones migratorias” son cárceles de máxima seguridad: en vez de tener habitaciones, tienen celdas. Y aunque las opera personal del Instituto Nacional de Migración, las vigila el Ejército Mexicano, como si en ellas se albergaran los peores delincuentes del mundo.
En esos lugares, las autoridades no proporcionan asistencia consular, atención médica, ni acceso a llamadas telefónicas con familiares y consulados.
La Red Jesuita con Migrantes México señala que la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes representa no sólo el lado más cruel de las políticas migratorias en el mundo, sino también constituye una grave violación a los derechos humanos, contraria a lo establecido en instrumentos internacionales que velan por el interés superior del menor.
Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece que ningún menor de edad debe ser criminalizado y sujeto a medidas punitivas y de privación de su libertad por su estatus migratorio o el de sus padres. También, que los Estados tienen la obligación de brindar alternativas a la detención. Algo que nuestro país incumple.
La Red Jesuita con Migrantes México critica las declaraciones del secretario Videgaray Caso, quien se refirió a la política migratoria de Estados Unidos como cruel e inhumana, porque –recalca– “la política migratoria de México no dista mucho de estas mismas características”.
Agrega que en México existen aproximadamente 59 centros de detención migratoria y, tan sólo en 2016, 40 mil 522 niñas, niños y adolescentes fueron detenidos en ellas. De éstos, el 43 por ciento viajaba solo. Además, el 95 por ciento fue deportado a su país de origen.
La Red señala que “la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes es una práctica constante en este país y muchas veces viene acompañada de abusos, e incluso violaciones de menores al interior de los centros de detención migratoria”.
Actualmente, al menos 3 mil 471 niñas, niños y adolescentes solicitan la condición de refugiados en México, pero el gobierno les suspendió sus trámites. Esto implica que se encuentren sin posibilidades de acceder a derechos básicos –como salud y educación– porque no cuentan con un documento migratorio que reconozca su estatus de refugiados. Así la tragedia que pasa en México, pero aquí no hay videos.
Nancy Flores

Contundente paro en Argentina ante el fracaso del diálogo y la política, señala líder de la CGT

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▲ Aspecto de la avenida 9 de Julio, ayer en Buenos Aires, donde no hubo servicio de transporte público y la mayoría de comercios permanecieron cerrados en acato al paro general contra la política económica del presidente Mauricio Macri.Foto Xinhua
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de junio de 2018, p. 22
Buenos Aires
El paro general contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste, los despidos, la pobreza, los tarifazos, la inflación, el intento de reforma laboral y para exigir la apertura de negociaciones salariales (paritarias) libres, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) con el apoyo de todas las centrales sindicales y gremios independientes, fue contundente en toda Argentina; los sindicatos y partidos de izquierda bloquearon por un momento los accesos a la ciudad y marcharon luego hacia el obelisco, en el centro de esta capital, ante la vigilancia por parte de un megaoperativo de fuerzas de seguridad.
Fueron acompañados por trabajadores y directivos de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con el persianazo (cierre de comercios), productores y otros sectores que nunca habían participado, considerándose el paro más grande en años recientes, mientras partidos y gremios de la izquierda más radical se manifestaron en diversos lugares y convergieron en el Obelisco para un acto final.
No hubo trenes ni autobuses, ni aviones, ni Metro... las calles estaban vacías y gran cantidad de negocios y restaurantes permanecían cerrados. Hubo un altísimo nivel de acatamiento en toda Argentina y un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política, dijo Juan Carlos Schmid, dirigente de la CGT.
Añadió que su gremio llegó a esta determinación después de haber agotado todas las instancias en los diversos plazos institucionales para encontrar alternativas. Y para que nadie tenga dudas, ¿saben por qué paramos? Paramos para poder seguir trabajando, expresó.
El presidente Mauricio Macri y sus funcionarios se refirieron de manera despectiva al paro. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que no sirve para nada.
Yo he escuchado a lo largo de toda la mañana una pregunta de manual que hace el periodismo, ¿y mañana qué? y este paro cuesta tanto. Miren, en el último mes se han perdido 11 mil millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿De la CGT?, expresó, y concluyó: El gobierno tiene que corregir su programa económico.
Héctor Daer, del gremio de la Sanidad, que integra el triunvirato de los dirigentes de la CGT, recordó que desde diciembre de 2015 hasta hoy hubo una inflación de 95 por ciento. Fueron favorecidos impositivamente los sectores que más ganan y más tienen: el agropecuario y las mineras, y nosotros seguimos siempre tributando desde nuestro salario, desde el IVA, desde el impuesto a las ganancias. Destacó las propuestas que se intentaron con el gobierno al que le planteamos que cuidara el empleo, el poder adquisitivo del salario, que cuidara la salud de los trabajadores, y no hubo respuesta porque no tiene la voluntad política de proteger a los trabajadores.
Carlos Acuña, el tercero del triunvirato dirigente, habló de que hay una nueva oportunidad y agregó que esperan que el gobierno haya leído bien el paro de hoy. Si la gente está bien no va a parar. Hoy la gente está mal, uno tiene que saber interpretar esta situación y tiene que convocar al paro cuando se agota el diálogo. El hambre no espera, la tenemos ahí en la mesa de muchas familias de la República, concluyó.
Con mayor firmeza hablaron los dirigentes de las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA), como Hugo Yasky, para quien el paro fue una señal de rechazo absoluto al FMI y advirtió: garantizamos que no vamos a abandonar la calle ni un instante.
Su colega de la CTA autónoma, Pablo Micheli, expresó su satisfacción por la respuesta contundente de los trabajadores y trabajadoras y aseguró que no pararon por los dirigentes sindicales (como afirmó el ministro Triaca), sino porque tienen conciencia de que hay que frenar este modelo económico que nos lleva a la destrucción de Argentina.
La cúpula de la Iglesia católica recordó que el paro es un derecho cuando no hay respuestas de los que tienen la responsabilidad de hacer algo. El obispo Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal, señaló: cuando vemos que en una democracia hay excluidos, hay pobres, hay quienes pasan hambre viviendo en condiciones infrahumanas, sin trabajo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no está funcionando bien.
Lugones, jesuita como el papa Francisco, consideró que una democracia sana supone la participación de todo el pueblo: la inclusión, la integración que implica dar oportunidad, ser corresponsable. Es una responsabilidad y un compromiso de todos, en especial de los dirigentes, y agregó que cuando en una nación como la nuestra, en la que hay tierra suficiente para que todos seamos propietarios, riqueza suficiente para que todos tengamos una vida digna, alimentos para un número de personas varias veces mayor que el número de sus habitantes, y sin embargo, hay muchos argentinos que no tienen techo ni tierra, ni trabajo, que comen menos de los necesario y donde hay una grave desnutrición infantil, es obligación llamar fuertemente la atención de los gobernantes y de todos los sectores de la sociedad acerca de esos problemas, porque por algún motivo la democracia y la sociedad están fallando.

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