jueves, 7 de junio de 2018

¡¡ALTO A LA REPRESIÓN A LA CNTE !!


• Responsabilizamos al Gobierno de la CDMX de la violenta represión en contra del magisterio democrático.
• Exigimos el castigo a los responsables de la cobarde agresión del cuerpos de granaderos, que hace unas horas, golpearon salvajemente a maestras y maestros de la CNTE.
• Exigimos al Gobierno Federal de EPN la instalación de la Mesa de Negociación con la Coordinadora para darle solución a las justas demandas del magisterio democrático.
• Llamamos a las organizaciones populares independientes a redoblar la solidaridad activa con el paro indefinido la CNTE.
Fraternalmente.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
Sindicato Mexicano de Electricistas.
Nueva Central de Trabajadores.
www. sme.org.mx
Ciudad de México a 7 de Junio de 2018.



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Chocan CNTE y policías frente a Televisa

 
 
Una valla de ganaderos impidió a maestros de la CNTE acercarse a estas instalciones de la televisora como parte de su jornada de protestas. Los docentes se dirigieron a su plantón en la SG para reagruparse.
Ciudad de México. Profesores disidentes que se manifestaban frente a Televisa Chapultepec informaron que hubo un enfrentamiento con elementos de la policía capitalina, cuando intentaban solicitar que se le permitiera el acceso a una comisión de maestros.
“Desde que llegamos a la Ciudad de México hemos constatado que la orden de las fuerzas de seguridad es hacer usar la violencia contra el magisterio y tratar de impedir nuestras acciones de protesta”, aseguró uno de los docentes que participó en el acto de protesta.
Agregó que esta mañana, cuando se encontraban sobre avenida Chapultepec, frente al inmueble de la televisora, se formó una valla de granaderos que impidió cualquier acercamiento de los profesores inconformes.
En el incidente con los uniformados, aseguró, que “no sabemos sí hay compañeros heridos o detenidos, por lo que determinamos reagruparnos y regresar al campamento en las calles de Bucareli y avenida Morelos”.
En estos momentos, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se dirigen al plantón que mantienen en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, por lo que marchan por avenida Balderas hasta la calle de Morelos.

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La CNTE dice que no se marchará de CDMX; no los atenderá Gobernación

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Maestros de la CNTE pretendieron llegar a la embajada de Estados Unidos, donde fueron repelidos por granaderos, por lo que realizaron un mitin en carriles laterales de Paseo de la ReformaFoto Alfredo Domínguez
Laura Poy Solano y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de junio de 2018, p. 37
Maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos como parte de su jornada de lucha e insistieron en que no abandonarán la capital del país hasta lograr que se reinstale la mesa nacional de diálogo con el gobierno federal.
Poco después de las 9 horas, los inconformes comenzaron a arribar a las inmediaciones de la sede diplomática en operación hormiga. Efectivos del cuerpo de granaderos colocaron vallas frente al edificio, las cuales fueron retiradas por los manifestantes, quienes querían acercarse al inmueble.
Los uniformados también formaron una valla para impedir que los manifestantes bloquearan el carril del Metrobús que transita por Paseo de la Reforma, por lo que los integrantes de la CNTE realizaron un mitin en los carriles laterales de esa vialidad.
Poco después de las 11 horas, y antes de regresar en marcha hasta su plantón en las calles de Bucareli y Morelos, sus dirigentes lanzaron un llamado a sus afiliados nacionales para que lleguen a Ciudad de México y accionar con mayor contundencia.
Por casi tres horas, los profesores inconformes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz corearon consignas en las que exigían ser escuchados y que la administración federal reinstale la mesa nacional única de negociación.
En conferencia de prensa, Pedro Gómez Bamaca, de la sección 7 de Chiapas, dijo que desde su llegada el pasado lunes, hemos vivido el acoso y las agresiones de la policía capitalina, y aseguró que ante el llamado para que docentes de los estados se integren al plantón que mantienen en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en las terminales preguntan si son maestros y si lo son, no viajan.
Víctor Manuel Zavala, secretario general de la sección 18 de Michoacán, afirmó por su parte que no vamos a irnos de la CDMX hasta en tanto no tengamos una respuesta. Reiteramos que buscamos un diálogo honesto y sincero, porque los maestros queremos ser escuchados.
No serán recibidos: Navarrete
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no serán recibidos en la dependencia que encabeza porque el diálogo y la atención a sus demandas son del ámbito estatal.
Cuando ellos quieran tener diálogo en sus estados, en las secretarías de educación estatales, ahí con mucho gusto la Secretaría de Gobernación los va a acompañar; aquí no tengo espacio para poderlo hacer porque el problema está en los estados, dijo en entrevista.

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Asolmex crea la Iniciativa de Generación Solar Distribuida

Ciudad de México (Pilar Sánchez Molina /  pv magazine / Energía Hoy).- La Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) ha presentado un estudio sobre la Iniciativa de Generación Solar Distribuida, según el cual la incorporación de más de 6 mil MW de GSD para 2024 –que equivale a la electricidad necesaria para atender la demanda de 1.2 millones de hogares–, tendría diversos beneficios económicos, ambientales y sociales, entre los que destacan:
  • Inversiones por más de 150 mil millones de pesos en los próximos seis años, lo que representaría 4% de la Inversión Extranjera Directa.
  • La reducción de 27 millones de toneladas de CO2, equivalente a 43% de los objetivos de reducción de emisiones INDC (Contribución Prevista y Determinada a nivel nacional) de generación de electricidad al 2030.
  • Reducción de uso de agua en 27 mil millones de litros, lo suficiente para darle de beber a un millón de personas durante toda su vida.
  • Creación de 77 mil nuevos empleos en seis años, lo que representaría el 9% de los empleos formales generados en 2017.
Para promover el óptimo desarrollo de la GSD en México sin necesidad de incentivos o subsidios en la cadena de valor, Asolmex hace algunas propuestas concretas:
  • Avanzar en la regulación con la industria sobre las modalidades en las que las redes se desarrollarán, para permitir un mayor aprovechamiento de la generación solar en techos en los siguientes años.
  • Mecanismos para reemplazar progresivamente el subsidio eléctrico al consumo, por un financiamiento para la generación solar en techos, lo que daría mayor competitividad.
  • Promover una nueva figura diseñada para impulsar la energía solar en techos, con el fin de apoyar a usuarios de bajos recursos o que se encuentren en condiciones de pobreza energética.
El enfoque del análisis se basó en tres elementos clave: entendimiento del marco regulatorio actual en México y dinámicas del mercado para la GSD y baterías; una comparación del estado de la GSD en otros países tomando en cuenta mejores y peores prácticas; y, por último, el análisis costo-beneficio de una mayor instalación de la GSD combinada con almacenamiento en el mercado nacional, tomando en consideración el impacto a lo largo de la cadena de valor del sector eléctrico.

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4ta Revolución Industrial cambia paradigma de la ingeniería: IPN

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- Ante los retos y desafíos que presenta la Cuarta Revolución Industrial, la ingeniería en México debe asumir las implicaciones sociales, ecológicas y éticas en los proyectos que se realicen y así contribuir al desarrollo nacional, destacó el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas.
Al clausurar los trabajos del VIII Congreso Bienal Más Ingeniería para un México más preparado, adelantó que presentarán al próximo Presidente de la República la propuesta de la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a través de esta Academia de Ingeniería, se buscará promover y difundir la vocación, formación y ejercicio profesional, la investigación e innovación en la ingeniería, refrendando con ello nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de México”, subrayó.
También destacó la importancia de redimensionar el valor de la ingeniería y hacer el máximo esfuerzo para formar a las jóvenes promesas, con base en esquemas curriculares pertinentes que les faciliten integrarse a esa Revolución Industrial.
Rodríguez Casas señaló la necesidad de desarrollar líneas de investigación acordes a los retos y áreas de oportunidad del futuro inmediato, además el desarrollo tecnológico y la innovación, como dos de los principales cimientos de la economía nacional.
 “La ingeniería está demandando mentes innovadoras, respaldadas por sistemas educativos de excelencia para desarrollar y transformar entornos cada vez más complejos e inestables y con demandas sociales que crecen aceleradamente”, consideró el director general.
En este sentido, dijo que es necesario revisar y adecuar el currículo de las ingenierías con el propósito de que las nuevas generaciones adquieran las competencias técnicas necesarias para innovar en áreas tradicionalmente fuertes como la mecánica de suelos, ingeniería sísmica, ingeniería civil, ingeniería química industrial, la aeronáutica, las telecomunicaciones, la ingeniería electrónica, los nuevos materiales y la agricultura, entre otras.

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Organizaciones de jubilados buscan se derogue el actual sistema de pensiones


Enrique Méndez y Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de junio de 2018, p. 37
En busca de lograr una iniciativa ciudadana que derogue el actual sistema de administración de fondos para retiro (afores), la Coalición Nacional de Jubilados Elpidio Domínguez Castro y el Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de Agosto, del IMSS Puebla, comenzaron a unificar propuestas para presentar un proyecto en la siguiente legislatura del Congreso de la Unión.
Aunque la mayoría de sus integrantes tienen pensiones bajo el sistema anterior, se dijeron preocupados porque sus familiares no tendrán pensiones dignas, ya que según sus estimaciones, la mayoría de los pensionados que comenzaron a laborar a partir de 1997 recibirán montos mensuales de 25 por ciento de su salario actual y no tendrán atención médica por enfermedades graves.
Durante un foro desarrollado en la Cámara de Diputados, María Cristina González García, integrante de la comisión coordinadora de la agrupación 15 de Agosto, afirmó que con la reforma de 1997 se perdieron muchos derechos.
Los trabajadores ya no van a tener la pensión que existía porque aumentaron los años de cotización, antes eran 500 semanas y ahora son mil 500, pero la pensión ya no la da el Seguro Social, sino se tendrán que comprar dos seguros: uno de renta vitalicia y uno de sobrevivencia. Eso se basa en cálculos que hacen de cuánto van a vivir con retiros programados; es condenar a nuestros hijos a la miseria.
En cuatro años habrá una primera generación de jubilados con el sistema actual de afores, quienes sólo podrán contar con los recursos que hayan ahorrado. El diagnóstico es que aumentarán los casos de personas que tendrán que irse a vivir con los hijos, los que puedan, y otros no tendrán nada.
Al respecto, María Arias Vargas, secretaria de organización de la coalición de jubilados, sostuvo que las nuevas generaciones desconocen el impacto que tendrá el actual sistema de pensiones, ya que tienen como referente el sistema anterior. Agregó que la propuesta que preparan busca que los jubilados tengan un sistema de repartición solidario en el que, además del ahorro, la empresa aporte para su retiro y otro porcentaje lo haga el gobierno federal.
Las organizaciones señalaron que para presentar la propuesta buscarán el apoyo de otras agrupaciones de jubilados y trabajadores.

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La CIDH sepulta la “verdad histórica” del gobierno de Peña en el caso Ayotzinapa

 
PROCESO 
 
WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala.

El órgano jurídico autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado del estado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado del estado de Guerrero.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala.

“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, sentenció Vargas Silva.
El informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que cumple con las recomendaciones que hiciera en julio de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la misma OEA, es contundente al exponer la falta de interés del gobierno de Pena en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe de la CIDH.
La exigencia general del órgano autónomo de la OEA es que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes”, indicó Abrāo.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva, por ejemplo, mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el exfuncionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

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Primordial, papel de los padres en la nueva comisión

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 7 de junio de 2018, p. 12
Chilpancingo, Gro.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que trabaja con organizaciones no gubernamentales las propuestas que presentarán a la comisión de la verdad para el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
En entrevista, explicó: se van a diseñar de manera conjunta las rutas y caminos para la nueva investigación que ordenó el tribunal federal. Estamos discutiendo cómo se integrará dicha comisión, en la que tendrán un papel primordial los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Rosales Sierra mencionó que “sería irresponsable de nuestra parte dar una respuesta al vapor. Las organizaciones sociales y no gubernamentales estaremos reunidas hoy y mañana para fijar una postura unitaria.
Sin duda, una de las líneas de investigación a seguir es lo relacionado con la participación de los militares (del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala), como propuso desde un principio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y que ahora reconoce la Procuraduría General de la República, subrayó.

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De los Estados-nación a los plurinacionales




Autor:
A diferencia del Estado-nación, que promueve lo homogéneo, el Estado plurinacional da el mismo estatus jurídico-político a diferentes nacionalidades y respeta la interculturalidad. Esto implica reconocer que los pueblos indígenas cuentan con organizaciones socioeconómicas y políticas propias; culturas e idiomas particulares, y presentan resistencias y luchas particulares
Las demandas de los pueblos no son utopía. Los pueblos también tienen una historia que reivindicar, como parte de la historia de ese ente abstracto llamado Estado, pero que lo conforman seres concretos.
La plurinacionalidad resume las luchas y reivindicaciones que en el nivel político, económico, sociocultural se plantean desde amplios sectores, en especial desde los pueblos indígenas y afros de Latinoamérica y el Caribe. Este término va íntimamente ligado al de interculturalidad.
Es más, comprender y aceptar la plurinacionalidad en las prácticas sociales garantiza un adecuado ejercicio de interculturalidad. En esta perspectiva, en la interculturalidad se resume la relación equitativa entre culturas, mientras que la plurinacionalidad es la convivencia armónica y justa entre distintas nacionalidades.
Los principios filosóficos que amparan la interculturalidad y la plurinacionalidad como un todo complementario e indivisible son los de relacionalidad y complementaridad, presentes en pueblos y nacionalidades de la región, aunque vale precisar que, a nivel político, no sólo se habla de “nacionalidades” sino también de “naciones”.
Estas nacionalidades y naciones han sido marginadas de los procesos seguidos en el esquema Estado-nación vigente. Se las encasilla en modelos organizacionales (tribus, reservas, comunas, comunidades, pueblos, etcétera) percibidos como inferiores frente al Estado-nación.
A ello se suma que se las enmarque dentro de un mismo patrón cultural, como si las nacionalidades fueran homogéneas. Éstos y otros factores conducen al error de minimizar su capacidad de organización política y, por tanto, negarles los derechos que se exigen entre los Estados-nación formales.
La plurinacionalidad indica la presencia de varias nacionalidades al interior de un Estado-nación. Pero su aceptación en las constituciones de los diferentes países ha requerido un amplio debate y de luchas, sobre todo porque hay pronunciamientos en el sentido de que ello equivaldría a la división del país, de la nación.
Sin embargo, la idea de separación obedece, ya sea al desconocimiento de lo que se está proponiendo o a la oposición a la propuesta, por intereses de grupos determinados, hegemónicos. Además, existe una separación ya dada, en clases sociales por ejemplo.
Por tanto, en cualquier intento de incluir la plurinacionalidad en una constitución, hay que tomar en cuenta lo que implica un Estado plurinacional pues, a partir de ello, las políticas que tracen los países tendrán que incorporar ciertos principios, prácticas y filosofías no occidentales, evidenciados dentro de las demandas de los movimientos sociales y culturales que abogan por lo plurinacional.
Si no existe un adecuado entendimiento de los contenidos de la interculturalidad y la plurinacionalidad, ello provocará malentendidos y tropiezos a la hora de construir el Estado plurinacional, lo cual puede incidir negativamente en el objetivo mayor: la unión y la paz entre las diversidades existentes.
Cuando se asume que el Estado está conformado por varias nacionalidades, se supera la idea del Estado-nación y la lógica política acuñada en los países mal llamados del “primer mundo”, en los cuales se percibe la identidad como algo compacto y uniforme. En América Latina y el Caribe, la realidad siempre fue otra, pero los Estados-nación no la tomaron en cuenta para trazar sus nacionalismos.
Es más, en cuanto a decisiones, ciertos actores sociales (mujeres, pobres, indios, negros…) fueron marginados. El propio paso de la etapa colonial a la republicana no cambió la condición de discriminación para muchos grupos sociales, y la identidad de una sola nación se estableció sobre una base de cultura occidental hegemónica, de dominación. Vale agregar: patriarcal.
Por su parte, el término nación”, en líneas muy generales, considera como factores de identidad el idioma, la cultura, el territorio común, aspectos comunes religiosos, históricos, etcétera. En la región, la mayoría de Estados-nación resumieron la identidad a una sola lengua oficial, a la cultura occidental, al territorio en términos de propiedad privada, a la religión católica.
Como consecuencia, a las “nacionalidades” se las ha evaluado –cuando menos– en proceso de asimilación a la “única nación” (monoculturalismo). Incluso se ha llegado a negar el devenir histórico, con anterioridad a la colonia, como sustento de las actuales reivindicaciones de pueblos, naciones y nacionalidades. A la par, los Estados-nación han sobrevalorado lo uniforme y despreciado la identidad distinta, incluso desconociendo las transformaciones que a nivel teórico tienen los pueblos con respecto a su propia identidad.
Varios discursos y planteamientos sobre la plurinacionalidad pretenden aferrarse a este esquema, en que la paternidad de la nacionalidad y el nacionalismo se ejercen desde una supuesta igualdad de identidad y cultura que, a la larga, ha querido justificar las relaciones sociales y económicas inequitativas.
El haber asumido que tal o cual país pertenece a una sola lengua, a una sola cultura, a una sola identidad, ha impedido ver que existen otros sujetos sociales también protagonistas de la historia. Por el contrario, se les ha invisibilizado y ejercido coerción sobre ellos para que acepten una identidad que no les corresponde. Y aquí una diferencia fundamental con el Estado plurinacional, donde se acepta y acogen las diferentes nacionalidades, dándoles el mismo estatus jurídico-político y estableciendo una relación equitativa, una interculturalidad.
Hoy los portadores de las distintas identidades nacionales emergen para poner de manifiesto la existencia de la diversidad y la diferencia. Ello no implica declarar la guerra al Estado-nación, sino volverlo defensor del derecho a vivir con dignidad, para lo cual se demanda el derecho a la ciudadanía dentro de la plurinacionalidad y bajo el amparo de la interculturalidad.
La sola aceptación de la pluriculturalidad no resulta suficiente, pues los Estados con poder y autoridad continúan concibiendo a la nación como proyecto de un solo grupo hegemónico, asumido como gestor de la cultura, la economía, la organización social y política, que ha visto el progreso y el desarrollo netamente en términos capitalistas.
De esta forma, desde el poder político, en la actualidad se pretende afirmar la identidad emulando al mundo europeo y estadunidense. Hasta el mestizaje es visto como uniforme. Frente a ello, las nuevas tendencias en la región tornan a entender la nación desde otros parámetros y, por ende, plantean la superación del Estado-nación por el Estado plurinacional.
En torno a ello ha habido varios pronunciamientos como antecedentes. El indigenismo en el siglo pasado, por ejemplo ­–que atravesó América Latina, si bien con cierta carga de paternalismo– comenzó a traer a la luz la cuestión indígena e impactó también en las instancias estatales, lo cual antes no había sido posible. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970 todavía no se tomaban en cuenta las voces propias de las diferentes culturas.
En el caso de Ecuador, a partir de 1980 emerge con fuerza el discurso y la posición de hombres y mujeres que hablan con su propia voz sobre su situación y se pronuncian con identidades distintas; más aún, demuestran que están y han estado presentes con sus propios idiomas y lenguajes, con sus propias lógicas culturales exigiendo un trato igualitario y justo, una aceptación a su nacionalidad diferente.
Tales sujetos históricos han cuestionado el proyecto de nación ecuatoriana, al constatarlo como proyecto de un grupo hegemónico, que se fue asumiendo en las distintas etapas del quehacer político hasta llegar, en la década de 1990, a la emulación del modelo neoliberal de desarrollo.
La respuesta fue el surgimiento de la educación intercultural y el afianzamiento del concepto de interculturalidad. En 1986, tras largos debates sobre el significado de nación y nacionalidad, se resolvió dar paso a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Es con esta organización que la idea de plurinacionalidad empezó a difundirse, a expresarse políticamente, por lo cual no se debe desligar el término de sus gestores y su historia en Ecuador.
Quedó demostrado, así, que los pueblos indígenas cuentan con organizaciones socioeconómicas y políticas propias; culturas e idiomas particulares, con resistencias y luchas. En la actualidad se han reforzado sus identidades discriminadas y cada vez más se delinean las nacionalidades en oposición a lo oficializado por los Estados-nación.
El cuestionamiento a éstos no es exclusivo de los indígenas de la región. Existen otros grupos que, sin declararse “nacionalidades”, también han vivido historias de opresión y explotación y ven en la plurinacionalidad la posibilidad de zafar esas cadenas. Y como las fronteras culturales son flexibles, dentro del propio mestizaje no hay una tónica única que indique la pertenencia o identidad a una nacionalidad exclusiva.
La unidad en la diversidad (interculturalidad) y la plurinacionalidad son planteamientos que atañen a la sociedad en su conjunto: a los sectores populares, por haber sido menoscabados en su participación en las decisiones del Estado; a los luchadores, por una sociedad igualitaria y justa; a las organizaciones y movimientos sociales. La aceptación de lo plurinacional, sin duda, es un reto hacia Estados más desprejuiciados, más solidarios.
María Eugenia Paz y Miño*/Prensa Latina
*Escritora y antropóloga ecuatoriana.