miércoles, 6 de junio de 2018

Atención. Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL de LF del CENTRO.


Los tratados comerciales y la regresión laboral



 
La ratificación en el Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11), el pasado abril, revive el debate sobre la afectación a los derechos laborales en México tras la firma de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), que en el balance de los años arrojan ganancias y beneficios a un reducido grupo de empresarios nacionales y extranjeros pero no así a los millones de trabajadores que al paso de las décadas han visto acrecentarse la brecha de la desigualdad ante la apatía y desinterés de una clase política que ha hecho suyo el apotegma que reza: Candil de la calle y oscuridad de su casa.
Tras una larga discusión en la tribuna de la Cámara Alta, terminó por imponerse una vez más el absurdo mayoriteo que con 73 votos a favor por 24 en contra y cuatro abstenciones, desoyó una vez más las voces de alerta sobre las afectaciones que este nuevo acuerdo comercial traerá a la debilitada industria nacional y diversos sectores sociales que enfrentarán riesgos en su salud por las medidas proteccionistas a las transnacionales de industrias como la farmacéutica, elevando el costo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer.
A los legisladores al servicio de la tecnocracia neoliberal no les importó dejar en situación de desventaja a industrias ya de sí golpeadas y en franca desventaja ante el mercado asiático como la del vestido y el calzado; también, dejaron en el limbo el asunto de los golpeados ingresos y derechos de los trabajadores, como ha ocurrido con el TLCAN, cuyo capítulo laboral fue relegado como tema prioritario de la agenda del equipo de negociación del gobierno mexicano, luego de que Donald Trump ubicó al acuerdo al borde del colapso.
El TTP y el TLCAN siguieron la misma génesis del árbol que nació torcido; sus ramas nunca podrán enderezarse al dar sombra a la opacidad; ambos tratados no fueron puestos en la mesa del debate nacional y los sectores sociales y productivos se han remitido a ser meros espectadores a los que la tecnocracia neoliberal nunca toma parecer. De hecho, cuando en octubre del 2015 la actual administración firmó el acuerdo con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos, trascendió que la negociación se había dado en secrecía. El texto del TPP no fue público, por lo que nadie conoció con exactitud su contenido. La historia del TLCAN se repitió 24 años después con el TTP.
La firma de estos acuerdos ha implicado diversas modificaciones constitucionales para adaptar las leyes de México a modo de los intereses de las trasnacionales, poniendo en entredicho y en la ruta de las involuciones históricas a derechos laborales como la jornada de 8 horas; el derecho a huelga, la contratación colectiva, la libre sindicalización y la seguridad social, sin dejar de mencionar el abatimiento del régimen solidario de las pensiones que ahora coloca en situación vulnerable el retiro de las nuevas generaciones, condenándolas a ser ancianos en situación de insalvable miseria.
Para la tecnocracia instalada en el poder desde hace más de 3 décadas, el tema del bienestar de la clase trabajadora no ha figurado como prioritario en su agenda política, razón por la cual no la ha importado precarizar las condiciones laborales de las mayorías para que la clase empresarial y sus socios de las multinacionales acumulen más riqueza.
Tras la firma, en 2015, de las naciones involucradas en el TTP, premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, alertaron que la puesta en marcha del acuerdo transpacífico representaría daños a la calidad de vida de los ciudadanos y consumidores de las naciones involucradas, sobre todo las más pobres.
Stiglitz refirió que con el acuerdo, por ejemplo, el acceso a los medicamentos genéricos por parte de la población con menores recursos, se tornaría inaccesible. “Los pobres no serán capaces de costearlos, los seguros médicos se encarecerán; es decir, afectará a todos los grupos en la sociedad y ninguno de ellos están en la mesa negociando”.
Paul Krugman, señaló en su momento que el TPP, no era precisamente un acuerdo sobre libre comercio, pues si bien los precios de algunos artículos bajarían, en su esencia estaba implícita la intención de “endurecer los derechos de la propiedad intelectual en campos como la medicina”. Y abundó que la organización Médicos sin Fronteras estaba sumamente preocupada de que con el acuerdo los medicamentos serían “incosteables” para las naciones en vías de desarrollo, México incluido.
Organizaciones sindicales de la Unión Americana como la AFL-CIO, denunciaron que el acuerdo beneficiaría de manera exclusiva a las grandes corporaciones pero no a los trabajadores. En su momento el entonces aspirante demócrata a la presidencia estadunidense, Bernie Sanders, comentó: “Wall Street y otras grandes corporaciones han ganado nuevamente. Necesitamos políticas comerciales que beneficien a los trabajadores y consumidores de Estados Unidos, no sólo a los presidentes de grandes corporaciones multinacionales”.
Ahora que el TLCAN se columpia de la cuerda floja es viable proponer a los aspirantes a la Presidencia, como un tema obligatorio en sus campañas, el llevar al debate nacional después de las elecciones del primero de julio próximo, el contenido de estos tratados donde los trabajadores deben tener, como otros sectores, una participación activa.
No debe aceptarse que en un sistema democrático sea un reducido grupo de tecnócratas y ambiciosos empresarios los que decidan qué conviene o no a México; hasta la fecha, ha quedado más que demostrado la forma ventajosa y mezquina como han firmado no únicamente acuerdos comerciales sino todo tipo de modificaciones legislativas a la Constitución para atentar contra los derechos de los trabajadores pero también contra las riquezas del subsuelo y los recursos naturales del país.
Los mexicanos debemos exigir la revisión a fondo de estos tratados que nunca han reportado los beneficios sociales prometidos por sus impulsores. La pobreza y marginación de las mayorías así lo demuestra. Los responsables de acrecentar la brecha entre ricos y pobres deben rendir cuentas a la nación.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Maestros de la CNTE bloquean la BMV; apretarán acciones en estados; advierten

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Granaderos de la capital del país encapsularon ayer a maestros de la CNTE que pretendían cerrar los carriles centrales de Paseo de la ReformaFoto Alfredo Domínguez
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2018, p. 16
En su segundo día de paro indefinido, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en la capital del país frente a la sede de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde bloquearon por varias horas los principales accesos, en demanda de la reinstalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal.
Desde las primeras horas de este martes, los profesores disidentes determinaron protestar en las inmediaciones de la glorieta de La Palma, en Paseo de la Reforma, donde se concentraron desde las 6:00 horas. Minutos después, elementos del cuerpo de granaderos encapsularon a los manifestantes para formar una valla frente a la BMV e impedir el cierre de carriles centrales de la citada vialidad.
Amieva ofrece apoyo
En conferencia de prensa, la dirigencia del magisterio disidente insistió en que no abandonarán la capital del país hasta que la administración federal dé respuesta a su demanda de reinstalación de la mesa nacional única de diálogo.
Los secretarios generales de las secciones 22 de Oaxaca, Eloy López Hernández; de Chiapas, Pedro Gómez Bamaca, y de Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, señalaron: estamos ante un gobierno que sólo quiere bajar la cortina e irse sin responder por los desaparecidos, los muertos, los detenidos y los maestros cesados.
En medio de decenas de elementos de la policía capitalina, los dirigentes de la CNTE insistieron: no vamos a volver a nuestros estados hasta que el gobierno federal abra la mesa de diálogo con los maestros.
Lo que hemos pedido, destacó Zavala, es negociación abierta y sincera, en la que incluso puedan estar los medios de comunicación, porque no venimos a pedir nada que no corresponda al maestro. El punto central es la abrogación de su mal llamada reforma educativa y la instalación de una mesa de diálogo, así como la reinstalación de nuestros más de 500 compañeros cesados.
Sin embargo, los secretarios generales de la CNTE reconocieron que hasta el momento no existe contacto alguno con la Secretaría de Gobernación (SG), por lo que desde aquí les decimos que nos hemos declarado en alerta máxima por cualquier acto de represión de la autoridad, pero también les informamos que en los estados vamos a apretar con las acciones para que se nos escuche, indicó Gómez Bamaca.
Cientos de maestros de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero permanecen en plantón en las inmediaciones de la SG, en espera de que una comisión de sus dirigencia nacional sea atendida.
Maestros de la región Lagos, de Chiapas, en la comunidad de Las Margaritas, señalaron: no estamos aquí por gusto o por querer dar molestias.
El mandatario capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, afirmó que su administración buscará minimizar el impacto de las marchas que realicen los integrantes de la CNTE en la ciudad y apoyará a los docentes a que tengan contacto con la SG y así puedan regresar pronto a sus estados de origen. Tenemos más o menos mil 700 profesores, estamos tratando de dar condiciones para que se mantengan en los alrededores del Palacio de Cobián y no se trasladen a la Ciudadela, explicó.
(Con información de G. Romero)

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Padres de víctimas denuncian lucro con la tragedia de la Guardería ABC

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de bebés víctimas del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, anunciaron movilizaciones para continuar exigiendo justicia por el fallecimiento de 49 pequeños y unos 70 lesionados hace nueve años, por ellos que lo que consideraron “crimen de Estado”.
En conferencia de prensa, en donde informaron de una marcha del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en memoria de los menores, algunos de los padres de las víctimas hicieron un recuento del caso que conmovió a todo el país, y en el que se vio involucrada una pariente de la entonces primera dama Margarita Zavala, su prima Marcia Matilde Gómez del Campo, exonerada por los hechos.

Los padres recordaron que el Poder Judicial mantiene pendiente una resolución sobre si el caso es atraído por la SCJN, en tanto que se mantiene libres a una veintena de funcionarios públicos estatales y federales, así como propietarios de la guardería en la que perdieron la vida 49 menores.
Tras nueve años de los hechos, los padres de las víctimas consideran que han padecido por “la injusticia, engaño y maltrato de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de la Unión y de organismos con una supuesta autonomía constitucional”.

En instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se quejaron de no ser atendidos por los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Luis Raúl González Pérez y Jaime Rochín, respectivamente, así como por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Avante.
A los titulares de los organismos autónomos los acusaron de defender y actuar en “complicidad con las autoridades violadoras” de sus derechos humanos, en tanto que a la SCJN le achacan “la injustificada e ilegal revictimización”, al no impartir justicia expedita.
“Una vez más exigimos a las autoridades mexicanas que dejen de burlarse de la memoria de nuestros hijos e hijas, cuya muerte sigue en la impunidad”, manifestaron los padres en su pronunciamiento, en el que acusaron a la gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, de mantenerse “distante e indiferente”, al igual que la alcaldesa Lourdes Muñoz.
Aunado a la indiferencia de las autoridades, uno de los padres, Roberto Zavala, denunció que durante estos años hay funcionarios que “se han enriquecido a costa de la tragedia de la Guardería ABC” sin que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Areli Gómez, investigue y sancione a los responsables del saqueo.
De acuerdo con Zavala, el caso ha dado lugar a corrupción por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la adquisición de medicamentos a sobreprecio para atender a los padres de las víctimas y a los pequeños sobrevivientes que se encuentran afectados de por vida.
Según Zavala, durante casi una década funcionarios del Centro de Atención Inmediata de Casos Especiales del IMSS “han lucrado con la tragedia”, adquiriendo medicamentos a sobreprecio, sin facturación y con irregularidades, sin que hasta ahora haya actuado la SFP para corregir la situación, “provocando con ello impunidad de la probable responsabilidad administrativa, y penal de los responsables”.
Tras señalar que, a nueve años de la tragedia la herida sigue abierta, los padres de familia llamaron a los tres poderes y órdenes de gobierno a procurar justicia, verdad y reparación, “actuando en todo momento con respeto a nuestra dignidad” para que se garanticen los derechos fundamentales de la niñez”.
Además de Zavala participaron en la conferencia de prensa Loana Cabanillas, Lucio Valenzuela, Martha Lemas, Mayra Valle, María Josefina Carretas y Fabián Gongueta.

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La orden de reponer el caso Iguala es inatacable: juristas

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Aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, reclamo permanenteFoto Yazmín Ortega Cortés
Gustavo Castillo y César Arellano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2018, p. 3
La resolución del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, que ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala, la reposición del procedimiento para los solicitantes de amparo y la nueva aplicación del Protocolo de Estambul para determinar si hubo o no actos de tortura, es inatacable, afirmaron abogados e integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los juristas señalaron que la creación de una comisión de la verdad no viola la división de poderes, sino que amplía la posibilidad de la investigación, debido a que la llamada verdad histórica ha enfrentado múltiples descalificaciones y errores, y en la resolución se precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) será quien la encabece, con apoyo de los familiares de las víctimas y de organizaciones internacionales.
Los entrevistados señalaron que la resolución de los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Sánchez es una sentencia de última instancia para el MPF, por lo cual lo único que podría promover la Procuraduría General de la República (PGR) es un recurso de queja contra los impartidores de justicia, pero faltaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera entrada para analizar si hubo algún exceso en lo resuelto.
El jurista Clemente Valdés, el ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León José Luis Prado Maillard y Óscar Fidel González Mendívil, especialista en derecho y ex director del campus Culiacán de la Universidad de Occidente, sostuvieron que son cosa juzgada los juicios de amparo del 203/2017 al 206/2017, en los cuales se concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva o Duvalín; Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos.
Los funcionarios del PJF resaltaron que la sentencia no significa que los beneficiarios del amparo vayan a obtener su libertad, sino que se reponga el procedimiento y se practiquen nuevos peritajes para determinar si se cometieron actos de tortura en su contra, y con base en las pruebas que aportó el MPF y los resultados de los peritajes que se apliquen, se dicte una nueva resolución en el juzgado que conoce del caso, y que todas las diligencias las realicen personas que no hayan participado antes en las indagatorias.
Hasta el momento hay 130 detenidos vinculados con lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014; al menos 34 de ellos han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones; sin embargo, los efectos del amparo sólo aplican para quienes suscribieron las solicitudes resueltas en la sentencia.
Acerca de la resolución del tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, relativa a la creación de una comisión que investigue el caso Iguala, los entrevistados resaltaron que ese órgano del PJF no viola la división de poderes, pues es una decisión fundada y motivada en los artículos 17, 20 y 21 de la Constitución para fijar su criterio.
Indagatoria exhaustiva
Además, agregaron, refiere numerosos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso Favela Nova Brasilia vs Brasil, en el que se determinó crear una comisión de indagatoria especial si la investigación del Estado pudiera no ser independiente.
E invoca el llamado Protocolo de Minnesota, que es modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de la Organización de las Naciones Unidas, que recomienda establecer una comisión indagatoria especial cuando se sospeche que no es posible una investigación objetiva e imparcial a cargo del Estado.
Por tanto, ordena que se cree la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia mediante una investigación exhaustiva con participación de las víctimas, que también han exigido que se indaguen los datos surgidos recientemente en Estados Unidos acerca de la intercepción de mensajes entre integrantes del cártel Guerreros Unidos que viven en ese país y que conocieron de la desaparición de los 43 normalistas.

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Reportan explosión en Tultepec… otra vez por pirotecnia; hay cinco muertos y ocho heridos

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos cinco muertos y nueve lesionados dejó el estallido en una vivienda que almacenaba material pirotécnico en la Ampliación La Piedad y Tepetlixco, en el municipio mexiquense de Tultepec.
La Cruz Roja local informó que unidades de Cuautitlán, Ecatepec y Tecámac se trasladaron alrededor de las 2:00 horas de este miércoles al sitio de la explosión, en un inmueble ubicado en calle Azalea esquina con Hortensias.

Autoridades de Tultepec reportan 23 viviendas dañadas, cinco de ellas destruidas, y 12 vehículos afectados.
Las víctimas fatales fueron identificadas como María Juana “N”, de 69 años de edad; José “N”, de 22; María Estela “N”, de 37, y dos más de identidad desconocida.
Las ocho lesionadas son María del Carmen “N”, de 38 años; Alexis “N”, de 7; Brandon Antonio “N”, de 9; Areli “N”, de 15, y Daniel Arturo “N”, de 15, trasladados al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, mientras que al hospital Vicente Villada de Cuautitlán fueron llevados Eduardo “N”, de 31 años; Marisela “N”, de 23; Arely “N”, de 24 años, y Amalia “N”, de 34.
Hasta el momento autoridades estatales y municipales no han informado oficialmente sobre las causas de la explosión.
Tultepec cuenta con la zona de La Saucera, autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para instalar talleres de pirotecnia, aunque gran cantidad de artesanos labora en sus domicilios.
En diciembre de 2016, una explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito dejó cerca de 50 muertos.

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Pánico en Escuintla por nueva erupción del Volcán de Fuego

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Vista aérea de la zona devastada en Escuintla, Guatemala, por la erupción del Volcán de FuegoFoto Ap/ Policía Nacional Civil de Guatemala
Reuters, Ap, Afp y Dpa
 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2018, p. 30
El Rodeo, Guatemala.
Material volcánico ardiente fluyó nuevamente este martes por la ladera sur del Volcán de Fuego, lo que obligó al desalojo de las comunidades de La Reyna, El Rodeo, Cañaveral I y IV, Hunnapu y Magnolia, dos días después de la erupción del coloso que dejó al menos 70 muertos, 192 desaparecidos y más de 1.7 millones de afectados, de acuerdo con cifras actualizadas por el presidente Jimmy Morales.
Además, la carretera Ruta Nacional 14 fue cerrada, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conared).
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó en Twitter que se trató de un flujo piroclástico, el cual está compuesto por ceniza, lodo, agua, palos y rocas. El coloso tiene 3 mil 763 metros de altura y está ubicado 35 kilómetros al suroeste de la capital.
Según el Insivumeh, la nueva erupción ocurrió a las 14:25 (hora local) por la barranca Las Lahas y El Jute.
Un fotógrafo de la agencia Afp dijo que se escuchó un estruendo y luego una gran columna de ceniza se elevó de la cima del volcán.
El aumento de la actividad volcánica provocó pánico en la ciudad de Escuintla, cercana al Volcán de Fuego, donde pobladores salieron huyendo.
El Insivumeh también advirtió que a partir de este miércoles podrían registrarse lluvias en todo el territorio de Guatemala, algo que genera preocupación, ya que las precipitaciones podrían provocar que el material que quedó sobre el cuerpo del volcán descienda en un gran flujo que atente contra las personas que viven en las colonias de Escuintla.
La erupción del domingo pasado mató a 70 personas, dejó 46 heridos y provocó el desalojo de 3 mil 271 personas de los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.
La presidencia anunció que se comenzará a definir el plan de acción para iniciar cuanto antes la tarea de reconstrucción de las zonas devastadas.
El papa Francisco expresó su pesar por las víctimas y dijo que reza por sus familias y por los equipos de rescate que brindan ayuda a los sobrevivientes.

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