miércoles, 30 de mayo de 2018

SME NCT Foro Presente y futuro del trabajo Humberto Montes de Oca 30may18

SAIPEM / SAIMEXICANA gana licitación para rehabilitar planta H-Oil en Tula

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy). -La asociación de empresas integrada por SAIPEM S.P.A / SAIMEXICANA S.A. de C.V, ganó la licitación para los trabajos de la obra de rehabilitación y puesta en operación de la Planta H-Oil ubicada en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en el procedimiento donde participaron nueve consorcios, SAIPEM S.P.A / SAIMEXICANA S.A. de C.V, fue la que ofreció las condiciones técnicas y económicas más favorables para Pemex, con un importe de 779.11 millones de pesos, 9 por ciento menor respecto del segundo lugar.
Con este proyecto se incrementará la producción de gasolina de ultra bajo azufre, en cumplimiento de las regulaciones ambientales y se eficientará el manejo de petróleo crudo para la producción de otros productos como diésel y turbosina.
SAIPEM es líder mundial en servicios de perforación, ingeniería, rehabilitación, construcción e instalación de plantas industriales, gestión y ejecución de proyectos integrales en tierra y costa afuera.

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Durango tiene parados 500 mdd en proyectos fotovoltaicos por falta de líneas de transmisión

Durango prevé un mínimo de inversiones por 500 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos –principalmente-, en los próximos años. Sin embargo, Efraim Castellanos Frayre, director de Energía de la Secretaría de desarrollo Económico de la entidad, sostuvo que los proyectos están siendo frenados por la falta de líneas de transmisión, así como la falta de agilización de los estudios de factibilidad. “Para detonar el potencial necesitamos un mecanismo permanente y de mayor rapidez, eso también sería una ventaja para atraer inversiones”.

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El arancel con el que Peña benefició a Odebrecht… y fracturó a Pemex

 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 6 de enero de 2016, un año antes de estallar el escándalo de corrupción de Odebrecht, el mandatario Enrique Peña Nieto cumplió una promesa que la administración de Felipe Calderón hizo a una filial de la empresa brasileña en 2010: mediante decreto presidencial, el priista estableció un arancel de 5% a las importaciones de polietileno de baja densidad para favorecer la producción de este hidrocarburo en el complejo Etileno XXI, operado por la misma empresa brasileña.
El arancel que Peña Nieto decretó formaba parte de una cláusula contenida en el contrato de suministro de etano que celebró Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB, hoy Pemex Transformación Industrial) con el consorcio Braskem-Idesa el 19 de febrero de 2010, con Calderón Hinojosa y el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como testigos de honor.

Al firmar este contrato, que fue enviado de manera anónima a través de la plataforma digital Méxicoleaks, Pemex se comprometió a vender 66 mil barriles de gas etano a Braskem –una filial de Odebrecht– y su socio mexicano Grupo Idesa durante 20 años, por un precio inferior a los estándares del mercado.
En el mismo documento, estas empresas se comprometieron a construir y operar el complejo Etileno XXI –para transformar el gas en etileno y su derivado polietileno– en Coatzacoalcos, Veracruz.

El contrato, diseñado con evidentes desventajas para Pemex, generó pérdidas multimillonarios a la empresa mexicana: tan sólo en 2016, la petrolera perdió casi 2 mil millones de pesos, dejó sin etano a sus plantas procesadoras y actualmente compra en el extranjero parte de la materia prima que está obligada a entregar por 20 años a la empresa brasileña, como lo documentó la reportera Jesusa Cervantes en Proceso en febrero pasado.
“Al daño financiero hay que sumarle el costo de construcción de un ducto especial que rebasó los 6 mil millones de pesos. Pero además un barco arrendado por Pemex va de regreso a Houston, Estados Unidos, luego de entregar 4 mil toneladas de etano que el gobierno compró para abastecer a Odebrecht”, señala el reportaje de este semanario.
Desde diciembre de 2016, Odebrecht se encuentra en el centro de un escándalo internacional, estigmatizada por sus prácticas de corrupción en distintos países de América Latina y África. En México, directivos de la empresa confesaron ante la justicia brasileña que pagaron unos 10.5 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero mientras éste coordinaba los asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y en un segundo tiempo ya como director general de Pemex.
La cláusula VII de los inversionistas, en el contrato obtenido por Apro y los demás medios que conforman la Alianza Méxicoleaks, establece:
“Es fundamental para la economía de las Instalaciones del Proyecto que el Gobierno de México incremente las tarifas aplicables a la importación de toda clase o tipo de polietileno a México desde otros países distintos a aquellos con los que México ha celebrado Tratados de Libre Comercio a tarifas que sean al menos similares a las tarifas aplicables a las importaciones de dicha clase o tipo de polietileno en los Estados Unidos de América o Canadá (actualmente 6.5%)”.
Contrato ventajoso. Foto: Especial
Y no sólo esto: el gobierno aseguró que ayudaría el consorcio en “agilizar la obtención de permisos”, y que realizaría “los esfuerzos comercialmente razonables para apoyar a (Braskem-Idesa) en sus esfuerzos de obtener un incremento por el gobierno de México en las tarifas de importación de polietileno”.
Por Pemex firmaron los entonces subdirectores Arturo Arreguí García, de Planeación; Armando Arenas Briones, de Producción; Fernando Amor Castillo, de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, y Víctor Domínguez Cuéllar, de Ductos. Y aunque su jefe directo era el panista Jordy Herrera –quien fue secretario particular de Calderón cuando éste fue director de Banobras–, aquél no figura en el contrato.
Seis años después de firmarse el contrato, Peña Nieto impuso un arancel de 5% sobre el precio del kilo de polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) importado desde países distintos a Canadá y Estados Unidos, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El 22 de junio de 2016, el entonces secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell inauguró Etileno XXI, con prácticamente un año de retraso respecto del contrato inicial, y cinco meses después que Peña Nieto firmara el decreto presidencial.
En estas fechas, la investigación Lava Jato ya era conocida y los nombres de Marcelo Odebrecht y su empresa empezaban a ser familiares en la región.
Dos años después, el escándalo de corrupción arrasó en la región: en Perú, Pedro Pablo Kucynski tuvo que renunciar a la presidencia y el expresidente Ollanta Humala está preso, en Ecuador fue detenido el vicepresidente Jorge Glas, en Colombia el exgerente de campañas del presidente Juan Manuel Santos fue enviado a prisión provisional…
En México, la Procuraduría General de la República afirma que sigue investigando el caso, sin embargo, pese a los señalamientos directos hacia Lozoya, la dependencia dejó de informar sobre los avances de sus indagaciones. Es más: en abril pasado, la PGR se negó en entregar información al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues aseveró que ésta tiene un carácter reservado.
Estafa a Pemex
En el momento de firmar el compromiso para el suministro de 66 mil toneladas diarias de etano a Etileno XXI, Pemex no sólo se comprometió a venderlo a 16 centavos de dólar por galón –mientras que el valor en el mercado es de 50 centavos de dólar por galón–: no calculó que no tendría suficiente etano para abastecer a sus dos plantas transformadoras “Cangrejera” y “Morelos”, que a la fecha trabajan al 40% de su capacidad.
Por ello, desde su primer año de entrada en vigor, el contrato le salió mal a Pemex: la petrolera no entregó a Braskem-Idesa todo el etano que debía y, en consecuencia, le pagó a la filial de la brasileña 283 millones de pesos.
Actualmente, Pemex tiene que comprar etano a precio de mercado y en dólares, según la convocatoria publicada en abril de este año, pero lo vende a Braskem-Idesa por debajo del precio mínimo y en pesos, de acuerdo con la filtración recibida vía Méxicoleaks. “El precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos”, señaló la ASF en su revisión de la Cuenta Pública 2016.
Y no sólo esto: el contrato fue utilizado como aval para que el gobierno mexicano, a través de Bancomext, participe a la construcción de Etileno XXI –que representó una inversión de 5 mil 100 millones de dólares– con una línea de crédito de 120 millones de dólares “y como estructurador de un crédito sindicado con otros 17 bancos del mundo”, según el documento.
Nacional Financiera (Nafin), por su parte, estableció tres líneas de crédito por 620 millones de dólares entre 2012 y 2016 para que Braskem-Idesa pudiera financiar Etileno XXI, e incluso el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que debió pagar durante los cuatro años de construcción, según los informes anuales de la dependencia.
Se buscó a varios funcionarios de Nafin para que explicaran las cifras de sus propios informes y exactamente cómo es que Nafin financió el IVA del proyecto, que debió pagar Braskem-Idesa por sus propias actividades, pero no hubo respuesta a los requerimientos de información.
Domínguez Cuellar, uno de los funcionarios de Pemex que firmó el contrato, salió de Pemex, pero no del sector energético: trabaja ahora en la consultora DM Integración Energética, especializada en el asesoramiento del mercado de gas y petróleo en México.
Arenas Briones, quien fungió como director de PGPB hasta 2014, fue señalado en 2009 por ser parte de una red de corrupción en la asignación de contratos con Pemex a empresas de sus familiares.
Por el lado de Idesa, uno de los firmantes fue José Luis Uriegas Uriegas, como director general, quien antes de entrar en Idesa era funcionario en Nafin, la dependencia que prestó 620 millones de dólares a Braskem-Idesa para el proyecto del cual se benefició en demasía.

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Profesores de la sección 22 toman centros comerciales en Oaxaca

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Los mentores recorrieron plazas comerciales e impidieron trabajar a trasnacionalesFoto Jorge A. Pérez Alonso
Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de mayo de 2018, p. 36
Oaxaca, Oax.
Profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron centros comerciales e impidieron la operación de tiendas trasnacionales en esta capital, como parte del segundo día del paro indefinido de labores que demanda la abrogación de la reforma educativa y el cumplimiento de un pliego petitorio entregado el pasado primero de mayo.
Desde las ocho de la mañana y hasta las 20 horas, los mentores recorrieron plazas como Oaxaca, Cristal y Macro, entre otras, y sabotearon las actividades de empresas como Walmart, Sears, Fábricas de Francia, Cinépolis y Domino’s Pizza; sin embargo, permitieron laborar a negocios locales.
Mario Martínez Cruz, representante del sector Periferia de la gremial, explicó que la asamblea plenaria de la sección 22 de la CNTE acordó mantener las protestas para presionar al gobierno de Oaxaca a que dé respuesta a sus peticiones.
Refirió que hasta el momento no hay ninguna comunicación por parte de las autoridades estatales para la instalación de una mesa de diálogo que aborde temas como la contratación de profesores, la aplicación de la bilateralidad, la cancelación de demandas en contra de docentes de la CNTE y el congelamiento de las cuentas de la seccional aseguradas desde 2015.
Agregó que de no haber respuesta en los próximos días, las acciones del magisterio podrían incrementarse y para ello tienen contempladas actividades como bloqueos carreteros; no obstante, esto será determinado por la asamblea permanente, aclaró.
Señaló que hay profesores que aún no se han ido al paro indefinido, debido a que hay localidades donde no existen condiciones para realizarlo, como en el Istmo de Tehuantepec.
 
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Damnificados del 19-S bloquean Tlalpan tras plantón de Amieva y secretarios

 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familias damnificadas del Multifamiliar Tlalpan denunciaron la falta de compromiso del jefe de Gobierno José Ramón Amieva y de los secretarios involucrados en el proceso de reconstrucción para asistir a las mesas de negociación con los afectados y en las que se discute el proceso para acceder a los fondos gratuitos.
Los damnificados por el sismo del 19 de septiembre se manifestaron esta mañana en el Multifamiliar ubicado en la colonia Educación en la delegación Coyoacán, donde realizaron cortes viales en calzada de Tlalpan, desde las 9:00 hasta las 10:00 horas.

En entrevista con Apro, Juan Pablo Guerrero, del comité de comunicación de los damnificados del Multifamiliar, explicó que la principal exigencia es que el jefe de Gobierno y los secretarios de Obras y Servicios, Gerardo Báez Pineda; de Desarrollo Social, Alejandro Piña Medina; Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, y el Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí Rodríguez, asistan a la reunión que se tiene pactada hoy a las 19:00 horas y que se reorganizó luego de que el mandatario y los secretarios faltaron al encuentro que se tenía agendado para el lunes 28, a la misma hora.
En el encuentro se haría entrega de un certificado CEDRA (Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados) a los vecinos del edificio 1C, inmueble que colapsó tras el movimiento telúrico, además se avanzaría en la ruta para el acceso al fondo para la reconstrucción sin créditos y sin redensificación de inmuebles.
Todo mal
Juan Pablo denunció además que no sólo no asistieron a la reunión el jefe de Gobierno y los secretarios, sino que el certificado que pretendían entregar por medio de enlaces de segundo nivel tenía errores en la dirección del inmueble, el código postal, el número de departamentos y los metros cuadrados del edificio eran menores.
“El llegar con documentos erróneos es un insulto a ocho meses del terremoto. El certificado es uno de los pasos necesarios para que los vecinos del 1C puedan acceder a los fondos y se contrate a la empresa que levante el edificio. Es un documento importantísimo, que no podíamos permitir que se entregara con esas deficiencias”, dijo el también damnificado.
Y añadió: “Decidimos tomar las calles para recordarles a los funcionarios que no estamos jugando, queremos que los acuerdos se cumplan, venimos de mil mesas con funcionarios de menor rango, que no nos resuelven, que todo se lo llevan de tarea y que cuando vemos que se empieza a establecer una ruta para la reconstrucción no se cumplen los compromisos”.
Los vecinos también repudiaron que desde el pasado 4 de mayo el comisionado para la Reconstrucción Edgar Tungüí no “les ha dado la cara” y que en el último encuentro que tuvieron simplemente “se los dejó” al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna.
“El comisionado ya no llegó a las reuniones, y él es el que tiene que presentar los proyectos de reconstrucción”, comentó Juan Pablo.
Los vecinos señalaron que actualmente los damnificados se encuentran en la fase de la concreción de obtener el dinero público para los trabajos de reconstrucción y reforzamiento.
“Ya cumplimos con la parte técnica de documentación, ya sólo falta voluntad del gobierno de la Ciudad y de la Asamblea Legislativa para tener el acceso al fondo de reconstrucción”.

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Imposible haber cremado a los 43 alumnos de Ayotzinapa

Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de mayo de 2018, p. 5
Un estudio experimental realizado por especialistas internacionales en materia de fuego, dirigidos por Luis Yerman, integrante de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland, Australia, en el cual participó José Luis Torero, ratificó que no es posible la destrucción total de la materia orgánica en la cremación de cuerpos por medio de una pira abierta, como presuntamente ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
En el estudio publicado en la revista Fire Safety Journal, se señala que mediante pruebas realizadas con cuerpos de cerdos –que no forman parte de alguna investigación forense– se descubrió que se requiere un mínimo de nueve veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica, siempre y cuando el fuego esté siendo alimentado durante todo el proceso.
El estudio acerca de los requisitos de combustible para la degradación térmica de los cuerpos mediante la cremación de pira abierta fue realizado por Luis Yerman, Harrison Wall, Jerónimo Carrascal, Aidon Browning, Devduni Chandraratne, Christina Nguyen, Andy Wong, Tristan Goode, Daniel Kyriacou, Margaret Campbell, Julian Cao, Tam Do, Diana Casimiro-Soriguer, Andrea Lucherini, Sergio Zrate, Hons K. Wyn, Aarón Bolaños, Ángela Solarte, Carmen Gorska, Ba-Dinh Le, Son Tran, Quang Le y José Luis Torero.
Cómo validar una hipótesis de cremación
En su texto, los especialistas argumentan que en el caso de incendios no deseados que resultan en muertes, los cuerpos térmicamente degradados pueden ser una evidencia vital y un elemento clave de las investigaciones forenses es la identificación de los cuerpos de los restos de cremación.
Además, mencionan que “la degradación de los cuerpos tiene que correlacionarse con la dinámica del fuego para completar una investigación forense. La consistencia entre el nivel de destrucción de un cuerpo y la eficiencia de quemado, la intensidad y la duración de los posibles incendios debe demostrarse para inferir la validez de una hipótesis de cremación.
“Un ejemplo de alto perfil donde esta correlación se convirtió en clave para establecer la validez de una hipótesis forense se relaciona con lo que se ha denominado la ‘Verdad histórica’ en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México. Una investigación forense concluyó que varios cuerpos (hasta 43) fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.
Los restos humanos descubiertos en el basurero no mostraron restos de ADN debido al alto nivel de exposición al calor. Posteriormente, un panel de expertos concluyó que era necesario llevar a cabo experimentos realistas para determinar las características detalladas del incendio necesarias para lograr los niveles de cremación observados (es decir, la intensidad del incendio, la cantidad de materiales combustibles necesarios, etcétera).
Para llegar a esta conclusión, el panel verificó que los datos experimentales necesarios no estaban disponibles. No es raro que después de un incendio –quienes realizan la investigación– encuentren que los datos cuantitativos necesarios no están disponibles. Según lo establecido por el panel de expertos (4), un área donde hay pocos datos cuantitativos es la interacción térmica entre un incendio y aquellos individuos expuestos al fuego.
El estudio se realizó, señalan en la publicación, para proporcionar datos adecuados que permitan inferir la interacción entre un cuerpo y el combustible durante el proceso de pira abierta, y concluyen que es necesario un mínimo de nueve veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica (<10%) cuando la pira desaparece.
De acuerdo con el texto, en condiciones ideales (cuerpos más pequeños y alimentación continua de combustible) es necesario un mínimo de cinco veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica (<10%).
Sin embargo, en todos los casos estudiados todavía quedaba materia orgánica importante en todos los animales incinerados. En tanto que, de acuerdo con lo ocurrido en el basurero de Cocula según la PGR, el fuego no dejó rastros de ADN en la mayoría de los restos localizados.
 
 
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Sin concluir contrato, serán cesados mil 500 asesores de San Lázaro


Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de mayo de 2018, p. 17
Unos mil 500 trabajadores y asesores de todas las bancadas y de las comisiones de la Cámara de Diputados dejarán de laborar mañana por los recortes anticipados acordados por los grupos parlamentarios.
A pesar de que esos empleados realizaron una protesta en abril, las negociaciones no rindieron fruto y serán despedidos tres meses antes de lo que señalaban sus contratos.
El despido ya se dio; nosotros sólo estamos rotando turnos, pero ya estamos guardando nuestras cosas. Nos vamos esta semana; ya no hubo interlocución después de la protesta y no se logró nada, señaló una asesora de una de la 56 comisiones ordinarias, quien se encargaba de realizar parte de los dictámenes presentados por los diputados federales en su nombre ante el pleno.
El testimonio concuerda con el de otros ocho asesores de distintas comisiones: Nos dicen que ya hay una lista (por)que a quienes protestaron ya no los van a contratar, pero vamos a regresar para pedir empleo en septiembre. Así es cada tres años, señaló otro.
Aseguraron desconocer incluso si contarán con algún apoyo o finiquito de la administración de la cámara, ya que no sólo trabajaban para el órgano legislativo, sino que muchos de ellos fueron contratados directamente por los grupos parlamentarios.
En abril al menos 400 asesores protestaron en la plaza central del recinto legislativo y señalaron que sus contratos seguirían vigentes hasta concluir la legislatura, el 31 de agosto, pero fueron notificados de que serían despedidos de forma anticipada al concluir mayo por la disminución de actividad, pues los diputados federales ya no tendrán otro periodo de sesiones y los nuevos legisladores asumirán su cargo el 1º de septiembre.
El problema no es sólo para quienes se van, sino para los que se quedan, agregó un secretario técnico que también pidió no revelar su nombre. Señaló que sólo estos trabajadores seguirán laborando, pero ahora deberán realizar las labores de nueve personas.
Explicó que cada semana recibe 10 iniciativas rezagadas que debe archivar, atender cuatro solicitudes diarias de gestión de recursos, realizar los trámites de entrega-recepción, elaborar el inventario de mobiliario por final de legislatura y reportes de transparencia. Además, por falta de personal tuvieron que cancelar foros programados.

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Tras investigación, la Cofece regula a proveedores de oxígeno, nitrógeno y argón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las compañías Cryoinfra, Infra y Praxair México se comprometieron a restituir el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados de distribución y comercialización de oxígeno, nitrógeno y argón líquido industrial a granel, informó la Comisión de Competencia Económica (Cofece).
Al dar por concluido el procedimiento de investigación, dichas empresas tendrán que cumplir los siguientes términos:

De entrada, eliminar la exclusividad en el suministro de los gases que comercializan. También, limitar la exclusividad al uso del tanque criogénico y demás infraestructura en donde haya inversión por parte de estas empresas.
“Esto permitirá que otros competidores puedan instalar tanques en el mismo predio, para que la exclusividad no se extienda a la totalidad de la planta del cliente ni a otras instalaciones de sus compradores”, señaló el organismo antimonopolios.
Además, las tres compañías en cuestión se ven obligadas a limitar a un año la renovación automática de los contratos de suministro, con la posibilidad de que el cliente interrumpa la relación contractual. En caso de terminación anticipada, el cobro por penalización será por montos que permitirán a los competidores disputar cada contrato.
“Todos los compromisos serán exigibles y aplicables a todo el universo de contratos (vigentes y nuevos) entre estas empresas y sus clientes”, advirtió la Cofece.
En su resolución, el pleno de la Cofece también estableció una serie de medidas para verificar el cumplimiento de los compromisos, entre los que destacan que Cryoinfra, Infra y Praxair deberán publicar en su página de Internet y en periódicos de circulación nacional los compromisos adquiridos para el conocimiento de sus clientes.
Además, deberán poner a disposición de los clientes un correo electrónico y una línea telefónica en caso de que deseen modificar sus contratos; entregar a la Comisión una lista inicial de los contratos vigentes para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos; mientras que en caso de que las empresas incumplan los compromisos podrían ser sancionadas con multas hasta por el equivalente a 8% de sus ingresos.
La historia
En abril de 2014, la Autoridad Investigadora inició un procedimiento indagatorio por denuncia (DE-006-2014) por prácticas monopólicas relativas en el mercado de estos gases que se venden mediante pipas y se descargan en contenedores criogénicos en el domicilio de los clientes, los cuales son utilizados en diversas industrias como la siderúrgica, del vidrio, del plástico, de cerámica, minera, de hidrocarburos, avícola, agropecuaria, textil, cementera, metalúrgica, farmacéutica, química, de la construcción y de tratamiento de aguas.
La investigación concluyó preliminarmente que las empresas contaban con poder sustancial y probablemente realizaban conductas anticompetitivas. En específico, se encontró que establecían cláusulas de exclusividad que podrían constituir conductas sancionadas por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
Algunas de ellas son:
El consumidor debía adquirir de estas empresas, de manera exclusiva, la totalidad del producto requerido; cualquier compra adicional al volumen contratado, fuera en el mismo domicilio o en otra instalación del cliente, en el mismo contenedor u otro distinto, tenía que adquirirse con estos proveedores.
Además, renovaban de manera automática el contrato, que incluía plazos forzosos y penalizaciones con altos costos por terminación anticipada.
Durante el trámite de este asunto Cryoinfra, Infra y Praxair México ejercieron su derecho de presentar compromisos para restituir el proceso de competencia, con el fin de cerrar el expediente de forma anticipada, como lo marca la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) vigente al momento del inicio de la investigación.

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Conceden 11% de aumento a mineros de Cerro de Mercado, en Durango


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de mayo de 2018, p. 17
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana obtuvo para su sección 42, en Cerro de Mercado, Durango, un incremento global de 11 por ciento al salario y prestaciones de sus trabajadores.
Una vez concluidas las negociaciones y tras aprobar por unanimidad la propuesta de aumento a sus ingresos, los integrantes de esta sección enviaron un saludo y agradecimiento a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, quien encabezó el diálogo.
En un comunicado, el sindicato minero informó que los aumentos se desglosan en 7 por ciento directo al salario y 4 por ciento en prestaciones. Además, se consiguieron 31 recategorizaciones de plazas con 4 a 5 por ciento adicional a sus salarios.
Los miembros de la sección 42 manifestaron su apoyo a la postulación de su dirigente sindical como candidato al Senado por la vía plurinominal por el Movimiento Regeneración Nacional, que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Al mismo tiempo, dieron su respaldo y se adhirieron a la candidatura a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
La sección 42 trabaja para el Grupo Acerero del Norte, dedicado a obtener concentrados de hierro para la elaboración de productos de acero en la empresa Altos Hornos de México, también integrante del consorcio.
Se obtuvieron aumentos en días de vacaciones, aguinaldo, vales de despensa, apoyo para funerales de familiares directos, seguro de vida para muerte natural y por accidente de trabajo, apoyo a actividades deportivas, útiles escolares, becas y ayuda para festejos del 11 de julio, Día del Minero.

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La utopía de elecciones libres y auténticas: vivencia yucateca



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Faltaba una docena de minutos para pasar del meridiano del día 15 de mayo de 2018, cuando llegó una mujer a la puerta del domicilio –fuera de la capital de Yucatán– presentándose como supervisora de encuestadores. No portaba ninguna insignia laboral o símbolo partidario, pero le permitimos que nos hiciera las preguntas que requería para cumplir con su responsabilidad.
Primero preguntó por nuestros nombres, los cuales escribió en su hoja de trabajo. Me permití la curiosidad de asomarme para mirar el formato, y contenía una lista de folios al costado izquierdo de donde apuntaba los nombres. Prosiguió con la segunda pregunta relacionada a nuestra edad, respondimos sin problemas. Al formular su tercera interrogante, inmediatamente cavilamos la procedencia de la mujer; ella preguntó: “¿Conocen al candidato Mauricio Sahuí?”. Nuestra respuesta fue sencilla: “Sí”. Posteriormente, cuestionó si apoyábamos a un partido político, al cual respondimos con seguridad que no somos militantes de ningún partido. Cuando pasamos a las dos últimas preguntas, el ambiente se tornó incómodo porque formuló las siguientes: “¿Apoyan a Sahuí?” y “¿apoyan al PRI [Partido Revolucionario Institucional]?”.
En el momento que terminó de expresarlas, mi esposa y yo nos miramos mutuamente con sorpresa. Esta reacción no fue por ingenuidad, sino por la manera tan directa de haber realizado la pregunta. De manera lenta pero firme, yo primero respondí negativamente y la mujer apuntó. Mi esposa contestó de la misma manera, pero la mujer pausó el movimiento de su mano para no escribir. Levantó la mirada y dijo: “No debo comentarlo, pero esta encuesta se va directamente a Mérida y los que dijeron que no apoyan a Sahuí se les dará de baja su folio y cuando ustedes soliciten algún programa social no se los aceptarán. Ahora hay apoyos de construcción de casa para quienes estuvieron apoyado al candidato”. Nuestra sorpresa se tornó ominosa. Sin embargo, no era justo descargar el enojo con esta mujer. Percibimos que su comentario fue para salvaguardar un beneficio tangible que, desde su perspectiva, resultaría deseable para cualquier persona.
No obstante, creímos necesario compartirle que la labor que le mandaron realizar sus dirigentes partidarios es un delito electoral. El sudor comenzó a descender en el rostro de la mujer, al mismo tiempo que bajaba la mirada. Prontamente, le preguntamos si sabía que este acto es un delito electoral, y el desconcierto nos invadió cuando respondió: “Sí sé que esto es un delito electoral, nos lo dijeron nuestros capacitadores”. Sobraba preguntar por qué tomó el trabajo, pues seguramente para una madre desempleada ésta es una oportunidad de empleo temporal. La mujer prefirió despedirse y salió con paso apresurado.
En efecto, este acontecimiento personal refiere a un delito electoral por condicionamiento del voto, el cual está penado por el artículo 7, fracción VII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y para el caso de funcionarios públicos en el artículo 11, fracción II. Tanto la Constitución mexicana en el segundo párrafo del artículo 41, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21, numeral 3), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23, numeral 1, inciso b) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25, inciso b) son instrumentos jurídicos relevantes que exigen que los procesos electorales sean libres, auténticos y periódicos.
Cuando el voto es condicionado con programas sociales y cuando se utilizan personas para realizar esta actividad se ha perdido la libertad y la autenticidad del proceso. El elector no refleja su voluntad de manera cierta y positiva, porque su acción estuvo determinada por la amenaza –o advertencia– de perder o no recibir un programa gubernamental. Estas estrategias son efectivas cuando la población se encuentra en condiciones socioeconómicas precarias. Por este motivo, cuando los representantes del PRI-Yucatán advierten que tienen la seguridad de victoria o cuando proclaman: “Mi compromiso es hacer todo, todo, todo lo que me corresponda para que gané el PRI en el año 2018” –gobernador actual de Yucatán– no es para nada trivial. Cabe aclarar, que estos vicios políticos no son exclusivos de un partido político, sino también de la llamada oposición.
Otra vez, Yucatán es un tema aparte de los acontecimientos nacionales. Por un lado, esta narración no es para nada extraña en el centro del país, pero sí indignante en esta coyuntura de elecciones históricas; sin embargo, el tema de los delitos electorales en Yucatán no es de interés primordial a los intelectuales locales. Se sabe que ocurre, pero se ha naturalizado debido a la hegemonía priísta a nivel estatal y municipal. Por el otro, mientras a nivel nacional el candidato de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] no tiene quién lo detenga, en nuestra entidad la disputa se realiza entre el PRI y PAN [Partido Acción Nacional], aunque el candidato del PRI tiene la ventaja por la tradición política rural. Según Arias Consultores, en el mes de abril Mauricio Sahuí se mantiene con 44.8 por ciento, Mauricio Vila (PAN) con 29.9 por ciento y en tercer lugar Joaquín Díaz con 14.37 por ciento (Morena); en contraste con la encuesta de El Universal que coloca al PAN con 33.4 por ciento, PRI con 30.5 por ciento y Morena con 12.2 por ciento (27 de abril de 2018). Tengo que admitir que la encuesta de Arias me parece más creíble y acorde a la realidad. Por tanto, es pertinente hacerse la pregunta: ¿qué porcentaje de las preferencias del candidato del PRI y del PAN se han obtenido a través de este tipo de estrategias como la antes relatada? En Yucatán aún vivimos en un sólido bipartidismo, ni siquiera el candidato del partido Morena, que representa el cambio en esta coyuntura, está alejado de su pasado cercano panista. Como ciudadanos, supongo, deseamos que Joaquín Díaz se morenice mucho más, no viceversa.
Este es un llamado a la comentocracia yucateca: no nos enfoquemos exageradamente en los discursos y en la retórica de los candidatos –no digo que abandonemos esta tarea. En la realidad, la población rezagada en Yucatán  no necesariamente examina su voto por medio de un ejercicio de diferenciación y contraste de las propuestas, sino a través de las maquinarias clientelistas eficientes (según el Coneval, en 2016 el 41.9 por ciento está en situación de pobreza a nivel estatal). Por ende, nuestra labor es denunciar y promover la denuncia para dirigirnos hacia unas elecciones libres y auténticas. Yucatán no puede seguir con esta utopía cuando a nivel nacional se está luchando con fuerza por conseguir un proceso electoral genuino.
Ezer R May May*
*Antropólogo social e historiador